El peor pobre es el endeudado

El presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, en un interesante y fundamentado artículo publicado por nuestro colega Última Hora (“Ser o no ser (deudor), esa es la cuestión”, ÚH, 24-10-16), defiende la sostenibilidad del acelerado ritmo de endeudamiento del país y exhorta a discutir con números. Yo propongo hacerlo con sentido común.
Carlos Fernández es un economista de alta formación, a quien conozco hace tiempo y a quien respeto y aprecio. En su análisis, por un lado, proyecta un posible saldo neto (préstamos menos amortización) de la deuda a 2023 y, por el otro, un posible aumento acumulado del Producto Interno Bruto (PIB) para ese año.

Su conclusión es que, si se tomaran de aquí a 2023 nuevos préstamos por US$ 6.000 millones, lo que en términos nominales pareciera una enormidad y supondría una nueva duplicación de la deuda pública, en términos relativos solo tendría un efecto mínimo en el ratio deuda/PIB, que es el que se utiliza para medir la capacidad de pago y la sostenibilidad del endeudamiento.

Según su cálculo, tal ratio pasaría de 19,8% del PIB expresado en dólares (solo deuda de la administración central) a 21,1%, muy por debajo de lo que internacionalmente se considera riesgoso.

El problema con los números es que con ellos se puede argumentar prácticamente cualquier cosa, dependiendo de qué se ponga a cada lado de la ecuación.

El cálculo de Fernández presupone que habrá un aumento sostenido del PIB en dólares del 5,75% por año, resultante del crecimiento económico, más la inflación interna, menos el diferencial de inflación con Estados Unidos.

Es como que alguien se endeudara por encima de sus posibilidades suponiendo que todos los años le van a subir el sueldo, que no tendrá ningún imprevisto, que nadie de la familia se va a enfermar y que no surgirán nuevas necesidades.

Tendríamos que aceptar que el país va a crecer con baja inflación ininterrumpidamente, que no nos tocará ninguna crisis, que el gasto público se mantendrá bajo control, que se reducirán la corrupción, la evasión, la informalidad, que mejorará drásticamente la gestión de este y los siguientes gobiernos, que no crecerá exponencialmente la presión por servicios públicos y seguridad social.

Y tendríamos que aceptar que todo eso se va a mantener no solo hasta 2023, sino por muchos años más, hasta que se cancelen las obligaciones, porque aquí no estamos hablando de cuáles van a ser las consecuencias del endeudamiento para el próximo gobierno, sino para las próximas generaciones.

La matemática me podrá decir que sí. El sentido común me dice que no.

Por supuesto que el país necesita infraestructura, eso nadie lo puede negar. Al respecto, en una ocurrente alegoría, el exministro Manuel Ferreira dijo que tenemos que decidir si nos endeudamos para hacer la casa o si la construimos a lo Petrocelli, el abogado de la serie de televisión que, cada vez que podía, iba y ponía una hilera de ladrillos. Yo diría que hay cosas peores que no tener una linda casa, como tenerla pero estar con la soga al cuello. Como bien saben muchos en carne propia, no hay peor pobre que el endeudado.

Creo que nadie está planteando suspender completamente el endeudamiento. Lo que se pide es cuidado. La capacidad de pago, en definitiva, no va a depender de los números ni de las proyecciones, sino de la prudencia y de la correcta política fiscal. Parte de la casa la podemos hacer con deuda, pero parte la tenemos que hacer con buena administración, paciencia y ahorro. La idea debería ser dejarle la casa a nuestros hijos, no la cuenta.

Por Armando Rivarola

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/el-peor-pobre-es-el-endeudado-1532796.html

Competencia e innovación

En un mundo en el que la globalización en todas las áreas es cada vez más acelerada, hay dos factores que deben ser tenidos en cuenta cuando se pretende lograr un crecimiento sostenido. Hablamos de la competitividad y la innovación. Estas dos acciones están unidas estrechamente una a la otra.

En la medida en que crece la competencia, necesariamente debe darse de manera permanente la innovación, tanto en el sector privado como en el público, para lo cual el Estado debe promover mecanismos que permitan compartir las consideradas mejores prácticas y experiencias en la calidad y la innovación.

Esto permitirá que más empresas tengan la intención de innovar lo que realizan para beneficio propio y, en un plazo determinado, será también beneficioso para sus clientes, para sus usuarios, en definitiva, para la gente.

La competencia y la innovación si bien se dan mayormente en el sector empresarial, deben ser extendidas en otras áreas, como la social y la educativa, donde las estructuras de trabajo siguen atadas a viejos modelos.

Hay que decir que se entiende como innovación cuando se habla de cambio, desarrollo y transformación que pueden ser aplicados en las empresas. Si vamos a la definición de la palabra misma, para la Real Academia Española (RAE) es “la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado”.

Es bueno entender que el mundo tiene un acelerado proceso de cambios por lo que las empresas (tanto públicas como privadas) no pueden dejar de considerar tener como norte la innovación constante para mejorar sus condiciones para competir en el mercado.

Si no lo hacen, corren el riesgo de quedar estancadas mientras otras crecen de manera acelerada.

Con esta visión, a nivel local, el Gobierno, mediante organismos dependientes como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Comisión Nacional de Calidad (CNC), impulsa acciones que permitan promover la competencia y la innovación. En ese contexto, se entrega por primera vez un reconocimiento a las 10 empresas finalistas del denominado “Premio a la Calidad y Excelencia en la Gestión – 2016”.

El evento de distinción se realizó ayer en el Banco Central del Paraguay (BCP), oportunidad en la que también se hizo el lanzamiento del IV Foro Nacional de Calidad e Innovación que irá hasta el viernes. Los impulsores de esta premiación sostienen que el reconocimiento sirve para resaltar las gestiones de aquellas empresas que realizan sus actividades con esmero para obtener buenos resultados, mediante un enfoque de cambio hacia la gestión de calidad total.

De acuerdo a la argumentación, el premio es un reconocimiento a las empresas para que puedan mejorar aún más en sus gestiones y obtener la mejor calidad posible, y sean ejemplos de otras que deben zambullirse en el mundo de la innovación. Las 10 organizaciones y empresas finalistas de la primera edición de esta premiación fueron Envaco SA, Pronet SA, Transformadores Paraguayos SA, Industria Paraguaya de Gases SA, Arcondo SA por el sector privado; mientras que los finalistas del sector público fueron Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Social (STP), Universidad Nacional de Concepción, Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Para la elección, según se explicó, se hizo un proceso de evaluación de las organizaciones que se postularon y en setiembre de este año se realizaron las visitas de verificación técnica a las organizaciones que llegaron a esa instancia del proceso. La evaluación estuvo a cargo de 5 jueces y 20 evaluadores provenientes de Uruguay. Es decir, la premiación se realizó con un estricto control y verificación.

Este tipo de acciones sirve para resaltar el esfuerzo de las empresas y empezar a socializar la importancia de la innovación para el proceso de crecimiento del país. Sobre el punto, se debe indicar que es importante trabajar en una política nacional de calidad, que se convierta en un instrumento de gestión para la competitividad y la innovación.

Un país como el nuestro, golpeado por la ineficiencia pública heredada por gobiernos incapaces de levantar al país, debe redoblar el esfuerzo para que esta línea de competitividad e innovación permanente esté entre las prioridades de las empresas, sean éstas públicas o privadas.

http://www.lanacion.com.py/2016/10/27/competencia-e-innovacion/

Urge política de prevención ante los azotes climáticos

Ante los efectos del cambio climático, las fuertes tormentas han dejado de ser fenómenos ocasionales para volverse cada vez más habituales, causando graves daños a la ciudadanía, cuantiosos perjuicios económicos al país e incluso ocasionando lamentables pérdidas de vidas humanas. Hasta ahora, desde el Gobierno central y los gobiernos locales no existe una política de prevención que ayude a la población a estar mejor protegida ante los azotes climáticos, ni tampoco existe un plan de obras públicas para mitigar las desastrosas consecuencias.

Durante mucho tiempo permaneció la idea de que el Paraguay estaba a salvo de las catástrofes naturales que azotan a otras regiones del planeta, como terremotos, tornados, huracanes o maremotos. Cuando se producían algunas tormentas, se consideraba que eran fenómenos ocasionales. Durante mucho tiempo, hasta mediados de la década del 70, el Almanaque Agrícola Paraguayo, elaborado en 1901 por el científico suizo Moisés Santiago Bertoni, fue capaz de predecir los días de lluvia en el año con precisión casi matemática.

Pero a partir de los años 70 algo cambió. En poco más de medio siglo, el Paraguay perdió más del 80% de su superficie boscosa, reemplazada por pasturas extensivas para cría de ganado y cultivos mecanizados de soja, maíz, girasol y trigo. De las más de 8 millones de hectáreas que cubrían la superficie del país en 1945, parte del sistema del Bosque Atlántico del Alto Paraná, hoy quedan poco más de un millón de hectáreas, según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

En la zona del Chaco paraguayo, la deforestación alcanza un volumen de mil hectáreas de bosques talados en forma diaria, según una investigación de la organización Guyrá Paraguay, realizada en octubre de 2015.

Esta situación es uno de los factores que a nivel local inciden en el cambio climático. Las fuertes tormentas han dejado de ser fenómenos ocasionales, para volverse cada vez más habituales en nuestro país, causando graves daños a la ciudadanía, cuantiosos perjuicios económicos al país e incluso ocasionando lamentables muertes de personas.

Un nuevo dramático caso se vivió en la noche del lunes, cuando las intensas precipitaciones pluviales, junto a los vientos huracanados, ocasionaron graves destrozos, causando la muerte de un albañil que fue arrastrado por los raudales y de una joven mujer que falleció aplastada por un árbol que cayó sobre la camioneta en que viajaba. Son dos lamentables pérdidas humanas que quizás podrían haberse evitado si la población tuviese un entrenamiento adecuado acerca de cómo actuar en situaciones de catástrofes, como sucede en otros países.

Sin embargo, hasta ahora desde el Gobierno central y desde los gobiernos locales no existe una política de prevención que ayude a la población a estar mejor protegida ante los azotes climáticos.

Las reacciones gubernamentales ante las tempestades siguen siendo puramente asistencialistas. Lo cables del sistema eléctrico siguen siendo muy vulnerables ante cualquier viento fuerte y la energía se corta ante cualquier vendaval, con todo el efecto negativo que eso conlleva. No hay avances en instalar sistemas de cables subterráneos, ni tampoco existe un plan de obras públicas para mitigar las desastrosas consecuencias. Hay que pensar que las tormentas llegaron para quedarse, y hay que enfrentarlas con más planificación y mentalidad proactiva.

http://www.ultimahora.com/urge-politica-prevencion-los-azotes-climaticos-n1034897.html

La institucionalidad se va declarando so’o

Declarar “so’o” algo significa, en el lenguaje popular, dejar de lado toda seriedad, respeto o formalidad sobre alguna cuestión en particular. Es un término aplicable a lo que algunos dirigentes del oficialismo, con la complicidad de otros de la oposición, intentan hacer respecto al tema de la reelección presidencial y la institucionalidad del país.
La Cámara de Senadores rechazó el 25 de agosto pasado el proyecto de enmienda constitucional que pretendía incluir en la Constitución la posibilidad de la reelección presidencial, que actualmente está prohibida.

Sobre el tratamiento del proyecto de enmienda en el Congreso, el artículo 290 de la Constitución dice en un párrafo que “si en cualquiera de las cámaras no se reuniese la mayoría requerida para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volver a presentarla dentro del término de un año”.

El rechazo del Senado implica que recién se puede volver a presentar en agosto del año próximo un proyecto de enmienda para la reelección.

Sin embargo, con una interpretación que raya lo ridículo, diputados oficialistas pretenden estudiar una propuesta de enmienda constitucional sobre el mismo tema de la reelección presidencial, argumentando que se trata de “otro” proyecto y no del mismo.

El presidente Horacio Cartes, que en numerosas oportunidades dijo que no le interesaba ni perdería su tiempo buscando la reelección, sale ahora, por medios de sus voceros, con el viejo cuento stronista de que “el pueblo se lo pide”.

En vez de parar este desatino, el Mandatario les da vía libre a los legisladores colorados para hacer lo que quieran, mostrando una vez más su desapego a las reglas democráticas.

Tal vez no cabe esperar otra cosa de alguien que ejerció el derecho ciudadano a votar por primera vez en su vida en unas elecciones generales en 2013, cuando él fue candidato a Presidente.

Además, para que pudiese ser candidato del Partido Colorado, sus amigos políticos de entonces adecuaron el estatuto partidario a su medida, dejando de lado la disposición que establecía un tiempo mínimo necesario de afiliación.

Ya en ejercicio de la Presidencia de la República, impulsó la modificación de la Ley de Defensa Nacional para disponer a su antojo de las Fuerzas Armadas en la zona norte del país, lo cual, en la práctica, significó instalar allí un estado de sitio permanente, cuestión de dudosa constitucionalidad.

También, vía decreto, en febrero de 2014, eliminó la reunión periódica del Consejo de Ministros, figura con rango constitucional y la reemplazó por un “Centro de Gobierno” compuesto por gerentes de sus empresas que coordinan y controlan la labor de los ministerios, como si fuese una empresa privada.

Es posible que la actual arremetida presidencial por la reelección, cuando las encuestas nacionales e internacionales lo colocan como uno de los mandatarios con menor popularidad ciudadana, solamente sea una estrategia para evitar el desbande anticipado de los dirigentes colorados que hasta ahora lo acompañan por interés y que, cuando se confirme que no podrá intentar la reelección, correrán a encolumnarse detrás del próximo “líder” que asome con posibilidades.

Sin embargo, el daño que están haciendo quienes se prestan ahora a violar la Constitución es muy grande.

Esa actitud seguirá retrasando la consolidación del sistema institucional que el país necesita justamente para evitar que oportunistas sin convicciones democráticas, sin una mínima formación cívica y con el único “mérito” de su poder económico lleguen al poder y pretendan después, por medios torcidos, quedarse más allá de lo que la Constitución les habilita.

Por Marcos Cáceres Amarilla

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/la-institucionalidad-se-va-declarando-soo-1531901.html

Rebaja del gas, otra buena señal

Desde mañana, una garrafa de 10 kilos de gas costará 50 mil guaraníes en las estaciones de servicio de Petróleos Paraguayos (Petropar). En este momento, ese mismo producto, imprescindible en las viviendas paraguayas, cuesta entre 70 y 80 mil guaraníes y son proveídas por el sector privado aglutinado en la Cámara Paraguaya del Gas, cuyos representantes intentaron impedir esta reducción por todas las vías posibles.

Esta decisión del Ejecutivo es absolutamente legal y legítima puesto que afecta exclusivamente a la empresa estatal, Petropar, que desde ahora también incursionará en la venta del Gas Licuado de Petróleo (GLP) así que todas las trabas que intentaron imponer las empresas que conforman el cartel que de toda la vida han manejado los precios, en claro detrimento de los consumidores, es solo lamento inútil e inservible.

Por la regla de la oferta y la demanda, resulta claro que una vez que Petropar fije su precio del gas en 5 mil guaraníes el kilo, los demás emblemas no tendrán manera de conservar los astronómicos precios actuales y tendrán que adecuarlos al mercado. Es por eso que lloran y se quejan, denunciando al gobierno por arbitrariedades que existen solamente en su imaginación, porque perjudicarán a sus bolsillos.

Pero no es precisamente que empezarán a trabajar a pérdida. El viceministro de Industria, José Luis Rodríguez, informó que, aún con ese precio, Petropar ganará más de 1.000 guaraníes por kilo, e igual cosa ocurrirá con las empresas privadas, lo que demuestra a las claras que las ganancias que reciben con los precios actuales son hasta groseras y no condicen con las condiciones generales del país.

No es extraño que estas empresas pataleen ya que poco o nada les interesa el bienestar de la gente. Ellas se metieron al negocio de la venta del gas para hacerse millonarias, y si para ello debían aumentar varias veces el costo del producto, pues mejor que mejor.

Para colmo, hasta ahora habían tenido como cómplice a todo el sector oficial del país, que, posiblemente, recibía grandes coimas como pago por hacer la vista gorda y no disponer ningún beneficio a la ciudadanía. Por poner un ejemplo, no hace mucho que los medios de comunicación se quejaban de que, a pesar de la disminución del precio del petróleo a nivel internacional, aquí no bajaba el precio del combustible. En realidad, aquí nunca hubo disminución del precio de nada; al contrario, contra todos los pronósticos, las subas eran una constante y la única perjudicada era la ciudadanía que, como consumidora final, debía adecuar sus escuálidos bolsillos a los intereses económicos de los poderosos.

Por lo tanto, pareciera hasta natural que los sectores afectados reaccionen ahora con susto y preocupación porque están viendo, por primera vez, un gobierno al que le gusta reducir el precio de las cosas y buscar el beneficio de la gente. Los transportistas se rebelan por la disminución del costo del pasaje del transporte público y los emblemas que venden gas patalean indignados porque la incursión del Estado a través de Petropar les obligará a reducir sus precios y disminuir –no demasiado- su porcentaje de ganancias.

Y por si fuera poco, allí nomás están los empresarios que observan espantados como hay cada vez más posibilidad de que el salario mínimo aumente anualmente, adaptándolo a la realidad. Y si el Congreso no decide patear en contra, esto también beneficiará a las clases sociales más necesitadas del país.

Estos pataleos nos recuerdan de que “Ladran Sancho, señal de que cabalgamos”, lo que significa que el gobierno ha tomado en las últimas semanas unas decisiones destinadas a paliar la feroz asimetría que existe entre las clases sociales de este país. Bien hecho.

http://www.adndigital.com.py/rebaja-del-gas-otra-buena-senal/