Por Hugo Ruiz Olazar –
Las más descabelladas hipótesis hemos escuchado sobre la Masacre de Curuguaty. El veredicto contra los acusados se conocerá este mediodía en sede tribunalicia. La fiscalía pide la máxima pena para Rubén Villalba, la cabeza visible de los civiles armados que iniciaron la matanza. La defensa atribuye las muertes a “fuerzas desconocidas” que tuvieron por objetivo final un “golpe” contra el presidente Fernando Lugo.
Nuestro diario ya advertía desde los comienzos del gobierno luguista en 2008 lo que pasaría con esa conducción si seguía tolerando complaciente las ocupaciones arbitrarias, violentas y armadas, fenómeno pocas veces visto en nuestro país.
“La complacencia con estas organizaciones violentas posiblemente acabará con el Gobierno”, predecía un editorial en noviembre de 2008 bajo el título: “La violencia campesina está arruinando el país”.
Otro editorial, de febrero de 2012, cuatro meses antes de la desgracia, hacía referencia al caos que se vivía a esa altura del gobierno de Lugo en el sector rural.
En Pindó, Curuguaty, los campesinos tomaron como rehenes a tres asistentes fiscales que intentaron intervenir en un conflicto entre labriegos y “brasiguayos”. En Lima, San Pedro, centenares de campesinos impidieron la fumigación de una parcela de soja en la propiedad también de un “brasiguayo”, pese a que este tenía como protección a 70 policías antimotines. En Capiibary, los campesinos amenazaron con quemar silos si no se liberaba a otros militantes que estaban presos. Y el viernes último, los diarios publicaron en tapa patéticas fotografías de centenares de campesinos derribando alambradas en la propiedad de Favero…”.
“Una turba de violentos ‘carperos’, respaldada por el entonces intendente municipal (liberal-luguista) Ramón Vega Barreto, intentó tomar por asalto la sede del Ministerio Público (…). Un grupo de ‘carperos’, de la mano del polémico dirigente José Rodríguez, arrojó petardos hacia las oficinas de la Fiscalía”, rezaba la crónica.
Descarada impunidad
Un editorial de ABC denunciaba: “El apoyo político ofrecido hasta ahora por el Presidente de la República a los cuestionados líderes ‘carperos’ y sus muy condenables métodos de ‘reivindicación social’ es algo absolutamente indisimulado”.
“Está claro que es él, junto con sus estrechos colaboradores expertos en agitación social José “Pakova” Ledesma y Sixto Pereira, quienes dan sustento y blindaje político a los que cometen atropellos. De allí la descarada impunidad con la que actúan”, sentenciaba.
Para el 2012, el debate sobre “el referendum” y la reelección en el 2013 ya se habían instalado, o la suspensión del cronograma electoral y hasta un autogolpe. Había una campaña de descrédito contra los parlamentarios. Con razón o no, se tildaba de “dipuchorros” a los diputados y de “senarratas” a los senadores. Una vez tuvieron que huir por la Costanera. Entre los manifestantes había hasta ministros del Ejecutivo.
Epílogo sangriento
“El proyecto, es menester saberlo, se va cumpliendo por etapas, pero de manera sistemática y sin pausa. De modo tal que los acontecimientos registrados el martes en Curuguaty (se refería al asalto a la fiscalía en febrero) son un eslabón delineado en la ejecución del conjunto de la trama. No pasará mucho tiempo para que veamos cuál es el próximo…”, predecía con certeza el comentario editorial.
En el holocausto de Curuguaty hay centenares de fotos y filmaciones en los que se identifica perfectamente a los protagonistas.
Se observa a policías rodeados por civiles apuntando directamente a sus cabezas. Sus cuerpos presentaban balas en el cuello, asesinados con alevosía, según los investigadores. Entre las víctimas estaba el comisario Erven Lovera, de meritorio currículum profesional.
La fiscalía acusó a los supuestos asesinos liderados por Rubén Villalba –declarado admirador de Lenin– de asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso, y como móvil el odio y resentimiento por cuestiones ideológicas.
La máxima leninista reza: “La violencia es instrumento del movimiento social para abrir camino y romper las formas políticas…”.
Desprecio hacia la vida
Para los acusadores, a los asesinos no les importó que sus propios compañeros sean auxiliados, mucho menos el personal policial. “Actuaron con total desprecio hacia la vida. Cuando se pretendió ingresar patrulleras y ambulancias, no se les permitió. Por el contrario, se siguió efectuando disparos para impedir el auxilio. Muchas de las personas pudieron haberse salvado si se les auxiliaba a tiempo, incluso los campesinos…”.
El enfrentamiento duró una hora y media.
“Deben ser absueltos”
La defensa sostiene que la acusación no tiene pruebas de sus acusaciones, “y pretende que este tribunal condene con las penas más altas a inocentes, quienes apenas fueron víctimas de un plan perverso para perjudicar políticamente a un gobierno que no era del agrado de los conspiradores (…) Los procesados deben ser absueltos”, reclama el abogado Alberto Alderete.
Vale recordar que los órganos de seguridad estaban en manos de los hombres de confianza de Fernando Lugo. Carlos Filizzola era ministro del Interior.
Los jefes policiales responsables del operativo fueron ascendidos antes de la caída del Gobierno.
A pesar de la precipitada llegada de los cancilleres sudamericanos a Asunción para apoyarlo y de las arengas de Nicolás Maduro a los militares en el Palacio de Gobierno para que defendieran a su comandante en jefe, el expresidente aceptó públicamente su destitución declarándola un acto jurídicamente irreprochable.
Tiempo después buscaron inútilmente adulterar lo sucedido pasando a invertir las culpabilidades, apoyados por una parafernalia propagandística nacional e internacional, que fue apagándose al ritmo del desgaste de los regímenes bolivarianos.
Lugo “flojo”
El club de gobernantes adictos trató de aislar al Paraguay durante el gobierno de Federico Franco, pero no hizo más que fortalecer las fibras de la nacionalidad, las que desde hace siglos mantiene la identidad nacional íntegra e indestructible.
No dejan de llamar la atención las observaciones de Marco Aurelio García, lugarteniente de Lula y Dilma Rousseff, en un artículo escrito más tarde en la revista “Política Externa”, donde virtualmente trata de “flojo” a Lugo “por no lograr construir una base parlamentaria de sustento y no haber convocado a los ‘movimientos sociales’ para presionar…”.
García decía que Lugo no fue capaz de instalar el “nuevo orden” que ya regía en Venezuela, Ecuador y Bolivia además de su país, Argentina y Uruguay.
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Curuguaty: Dura sentencia tras una cuestionada investigación
Las elevadas penas impuestas ayer por un Tribunal de Sentencia a los campesinos acusados por la masacre de junio de 2012 no aportan respuestas esclarecedoras acerca de lo que realmente pasó en Curuguaty. El organismo convalidó la cuestionada actuación de la Fiscalía, criticada, entre otras cosas, por no investigar las muertes de los 11 campesinos, centrándose solamente en las de los 6 policías, en un proceso que desde el principio fue considerado parcial, politizado y muy poco riguroso. Al no haber podido garantizar una investigación solvente y ecuánime sobre el más grave hecho violento en un conflicto agrario en el Paraguay, y pese a ello haber llegado a la etapa de juzgamiento con la aplicación de altas penas, la Justicia deja un funesto precedente.
Lo que se anunciaba como una sentencia cantada en el controvertido proceso judicial sobre la masacre de Curuguaty finalmente se confirmó ayer con la lectura del fallo por parte del Tribunal de Sentencia, condenando a los campesinos acusados por la muerte de 6 policías a elevadas penas de prisión, convalidando, en gran medida, la cuestionada investigación realizada por la Fiscalía.
La sentencia dictada por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero, condenando a Rubén Villalba a 30 años de prisión, más 5 por seguridad; Luis Olmedo, a 20 años de cárcel; Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez, 18 años; Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López, a 6 años; Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería, a 4 años, deja sensaciones de decepción y de indignación en un amplio sector de la ciudadanía, que esperaba una actitud más ecuánime de los magistrados ante las reiteradas y fundamentadas críticas a la labor fiscal, vertidas no solamente por grupos cercanos a los acusados, sino incluso por organismos especializados a nivel internacional.
El propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 2013, había recriminado al Paraguay por violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por la manera en que se estaba encarando la investigación fiscal del caso Curuguaty, exigiéndole «investigar los hechos y garantizar la imparcialidad del proceso».
Más recientemente, durante el 32 periodo de sesiones, el Paraguay fue sometido al Examen Periódico Universal por las Naciones Unidas, oportunidad en que pidió que se realicen «investigaciones imparciales e independientes y procesos penales de conformidad con la legislación vigente» en el caso Marina Cué, exigiendo la formación de una «comisión independiente» para investigar la muerte de los 11 campesinos, además de las de los 6 policías. Llamativamente, los representantes del Gobierno paraguayo han respondido ante la sede de las NNUU, en Ginebra, que «ya se están investigando las muertes de los campesinos» en Marina Cué, lo cual, según el desarrollo del cuestionado juicio sobre el caso Curuguaty, es falso.
Aunque ahora quedan instancias de apelaciones a nivel local y también ante la Justicia internacional, el Poder Judicial paraguayo ha dejado pasar, una vez más, la brillante oportunidad de recuperar parte de su deteriorada imagen.
Al no haber podido garantizar una investigación ecuánime sobre el más grave hecho violento en un conflicto agrario ocurrido en la historia reciente, la Justicia paraguaya deja un preocupante precedente: Se ha llegado a la etapa de juzgamiento y con altas penas tras un proceso de investigación de muchas inconsistencias.
Me gustaMe gusta
Victoria
Por Elías Piris
Desde el vamos, la sentencia estaba prácticamente «cantada», pero quedaba un pequeño halo de esperanza con respecto a la sentencia del circo romano apodado Juicio del Caso Curuguaty.
Desde el vamos, el hecho de procesar solamente a los campesinos que participaron en la invasión de tierras que derivó en la masacre que enlutó a 17 familias paraguayas dio a entender de qué lado estaban la Fiscalía y el Poder Judicial.
El mensaje es claro: Nosotros tuvimos, tenemos y seguiremos teniendo el poder político y económico de la República del Paraguay. El statu quo sigue inalterable, vivito y coleando, gozando de buena salud.
No importaron las investigaciones paralelas, haber sido papelón internacional. No bastó tumbar en 24 horas a un presidente legítimamente electo. Ellos –los que mueven los hilos con habilidad– se tenían que ensañar y lo hicieron.
Condena a los que luchan por un pedazo de tierra, condena a los movimientos sociales, condena a los que tienen la osadía de enfrentar al Poder Judicial y sus brazos mafiosos.
Condena a los que amenazan constantemente con tambalear una estructura demasiado antigua, demasiado podrida, demasiado vigente.
Una vez más asistimos a un lamentable espectáculo que nos demuestra que en este país las insolencias se pagan caro. Disentir, desafiar, luchar son cuestiones que para el establishment nunca pasará por alto.
Victoria de los que siempre tuvieron todo contra los «nadies» –me tomo el atrevimiento de prestar el término acuñado por don Eduardo Galeano–, victoria del latifundio, de la tierra que sigue sangrando.
Victoria de la prepotencia, la fuerza bruta, de la represión, del poder de fuego, de las mentiras descaradas. Victoria del odio y de la intolerancia.
Victoria de los poderosos, condena de los oprimidos. Se cierra otra página amarga de vencedores y vencidos.
El mensaje del poder es claro, la sentencia también es bastante clara. Lo más penoso de esta oscura historia es que una pregunta sigue sin ser esclarecida: ¿Qué pasó en Curuguaty?
Esta pregunta seguirá interpelándonos, seguirá zumbando en los oídos de los obsecuentes como las balas percutidas en esa fría mañana de junio en Marina Cué.
Por la farsa, por los oportunistas de siempre, por el golpe parlamentario, por la ridiculez de las pruebas, por el parcialismo manifiesto, por Jalil Rachid siendo premiado por el gobierno de Horacio Cartes, por las filmaciones del helicóptero que desaparecieron, por eso hoy pedimos ¡Absolución ya!
Me gustaMe gusta
No esperaba nada…
Por: Samuel Acosta –
Aquel viernes soleado del 15 de junio de 2012 el ritmo normal del programa informativo de radio que estaba conduciendo se interrumpió con los primeros datos de un corresponsal desde la zona de Curuguaty.
Esta vez no era uno de los tantos desalojos por invasión de tierra al que –de alguna manera– estábamos acostumbrados a contar. Aquí había un enfrentamiento entre policías y campesinos con un altísimo saldo de vidas humanas.
Recordé la conversación con compañeros que estuvieron en la zona poco después de la masacre, y me mostraron las fotos y los videos que habían tomado. Imágenes que evidenciaban la manera en que el lugar donde ocurrieron los hechos se había trastocado.
Rememorando todo esto es que de verdad les digo, nunca esperé ninguna absolución para estos campesinos; sencillamente, creo que estaba cantada la sentencia.
«Esta gente estuvo condenada desde antes que inicie este juicio, no esperes un milagro», le dije a un compañero que me preguntó cómo creía que saldría la sentencia.
Por un momento, tras la lectura de la condena de los acusados mientras veía cantar consignas a familiares de los sentenciados, protestar a los activistas sociales, y que hasta gente indignada se sumó a la sede del Palacio de Justicia a manifestarse, no pude evitar pensar en otro emblemático caso como el del incendio del Ycuá Bolaños.
La misma escena, la misma indignación de la gente, la misma historia de una justicia paraguaya que solo te alcanza cuando tienes la suficiente plata en el bolsillo.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ya hace un par de años demostró que las tierras de Marina Cué son propiedad del Estado paraguayo, pero igual el Tribunal de Sentencia resolvió condenar por «invasión de propiedad privada».
Cuando escuché esa parte fue como recibir una patada al estómago, como revivir todos los fantasmas de aquellos casos emblemáticos en este país donde el más débil está de entrada condenado a perder, aún si todas las evidencias se muestren a su favor.
¿Doctor… y cómo queda la muerte de aquellos once campesinos asesinados a manos de los policías? le preguntó ayer una colega al presidente del Tribunal de Sentencia, Ramón Trinidad Zelaya a lo que le responde: «esa… es una buena pregunta…».
El magistrado resaltó ayer poco antes de lanzar su veredicto que se respondería la famosa pregunta que muchos nos hicimos en los últimos cuatro años: ¿Qué pasó en Curuguaty?
Tenía razón… en Curuguaty pasó lo que sucede siempre, sin poder y sin dinero, ya estás condenado de entrada.
Me gustaMe gusta
Sentencia, pese a las presiones
12 Jul 2016
Tras un proceso que se extendió por más de un año, la Justicia finalmente dictó fuertes sentencias para los principales implicados en el caso de la masacre de Curuguaty, donde murieron seis agentes de la Policía y 11 campesinos.
El tribunal se allanó a los alegatos del Ministerio Público y dejó constancia ayer que los acusados eran culpables por distintos hechos punibles que se suscitaron en este espinoso caso ocurrido el 15 de junio del 2012, uno de los días más sombríos de la historia reciente del Paraguay.
Aquella fatídica mañana un grupo de agentes de la GEO participó de este fallido operativo policial que tuvo la anuencia del entonces ministro del Interior Carlos Filizzola, que era el encargado de la seguridad interior bajo el gobierno de Fernando Lugo.
Ese operativo fue el que desencadenó la masacre que enlutó a varias familias de labriegos y policías y que aún hoy esa herida está en proceso de cicatrización. Ninguna autoridad de ese entonces se ha hecho cargo de la responsabilidad histórica, producto de ello es que precisamente ayer el responsable político de la masacre, el senador Fernando Lugo, se paseaba entre los manifestantes en las adyacencias del Palacio de Justicia tratando de limpiar en parte su conciencia.
Diversas organizaciones de lucha por los derechos humanos así como entidades y activistas consideraron el juicio una manipulación a la medida del Ministerio Público para criminalizar la lucha social. Sin embargo, ayer el Tribunal de Sentencia, presidido por Ramón Trinidad Zelaya, dejó constancia que todas las pruebas fueron evaluadas y sopesadas y que la sentencia es un reflejo de las mismas que fueron arrimadas por los agentes fiscales.
Más allá de los cuestionamientos al proceso, los fallos de la Justicia no se cuestionan, simplemente se acatan. Hay que recordar aquí que el fallo es apenas de primera instancia y que la ley prevé el mecanismo para contestar, oponer, reclamar u objetar la decisión ante un tribunal de alzada, primero; ante la Corte Suprema y ante la misma Corte Interamericana.
Y para alcanzar este fallo no pueden interponerse obstáculos que vulneren la esencia de buscar justicia ante una situación de la magnitud de la matanza ocurrida hace 4 años. Esa mañana nefasta llevó el luto a decenas de familias, tanto entre las fuerzas públicas como entre los labriegos. A este afán de equidad no pueden interponerse ni presiones ni intimidaciones, así como injerencias de ninguna laya.
Ayer, el magistrado Trinidad, al comenzar el acto donde se anunciaba las sentencias del caso Curuguaty, indicó que los magistrados se declaraban competentes para atender el caso, pese a que durante el proceso la defensa cuestionó la actuación a través de recusaciones –y de chicanas, habría que añadir– y criticó a organizaciones políticas, sociales y eclesiásticas porque durante todo el proceso “tergiversaron y crearon conjeturas que no condicen con la realidad” y aclaró que “no recibieron injerencia ni orientaciones de otro órgano, señalando que, como corresponde, “las sentencia se basó en las pruebas presentadas por los fiscales”.
De hecho, la presión de esas organizaciones estaba presente en todo el entorno del Palacio de Justicia, con manifestaciones, aunque se olvidó de mencionar a las de derechos humanos, que notablemente han actuado más al estilo de las patotas y las barras bravas que de gente de derecho y humanistas.
No hubo ni siquiera tiempo para que se anunciaran las sentencias cuando gran parte de los que ocupaban la sala judicial interrumpieron a los gritos la exposición. No habían asistido, evidentemente, para escuchar la sentencia y actuar de acuerdo a lo que corresponde a un proceso, sino para presionar, de forma que el acto terminó convertido en una bolsa de gatos, con acciones que violaron todas las medidas de comportamiento y seguridad que corresponden en tales circunstancias en derecho, medidas que se supone las organizaciones de derechos deberían conocer sobradamente.
Es decir, que quienes denuncian que hay presiones para condenar a los procesados ejercen presión, y fuerte, para amedrentar a los jueces, exigiendo que sean declarados inocentes.
En general y en teoría, todos estamos de acuerdo en criticar a la Justicia por su vulnerabilidad ante las presiones de los poderosos, así como proclamar públicamente que hay que respetar la independencia de los jueces como máxima primordial del ejercicio de impartir justicia. Es una de las condiciones básicas para garantizar el principio fundamental de la igualdad ante la ley.
En este caso, como ha venido ocurriendo desde el inicio del proceso, los defensores de derechos y principios han venido presionando abiertamente, sin el mínimo pudor, a los jueces para que se asusten de la presión pública, que es también un poder.
En la práctica, pareciera que, más que respetar el derecho y tratar de agotar las alternativas procesales, la gran mayoría opta por la vieja ley del mbareté que sigue vigente, pese a la caída de la dictadura, recurriendo al uso de la fuerza que tiene a disposición para presionar y hasta violentar, como en este caso, los procesos judiciales.
Me gustaMe gusta
La sentencia de Curuguaty
11 julio, 2016
Por Santiago González
En los noticieros de aquel viernes 15 del 2012 los canales mostraban tropas enteras que se dirigían a Curuguaty para incursionar en el lugar en el que habían muerto 11 campesinos y 6 policías. La promesa era tratar de esclarecer lo que había pasado ya que se mencionaba que luego del enfrentamiento aún quedaban campesinos armados en el lugar.
Con los integrantes de “AAM” llegamos a las 4 de la mañana del sábado a Marina Kue; imaginábamos encontrar a cientos de policías y decena de fiscales en el lugar… pero nada más alejado de la realidad. Los medios de prensa eran los únicos presentes en el lugar mismo de la masacre. Cerca de las 5 Rolando Rodi, periodista en aquel entonces de Unicanal, dijo que no quedaba otra que atropellar el cuartel en el que se encontraban los policías y exigirles que hagan algo.
Ante la ausencia de fuerzas públicas (fiscales y autoridades judiciales), ya cerca de las 8 los pobladores de la zona decidieron ingresar al lugar de la matanza. Quedamos fríos al encontrar dentro de Marina Kue a campesinos que habían sido ejecutados y cuyos cuerpos fueron abandonados en el lugar. Fiscales y forenses no llegaron hasta cerca de las 13 horas.
La investigación de Jalil Rachid no pudo demostrar en ningún momento qué fue lo que pasó en Curuguaty. Se acusó a campesinos sin tener un solo elemento de prueba que demuestre, como exige el derecho, quién mató a quién aquel viernes. La Fiscalía decidió investigar solo la muerte de los policías ignorando a muerte de 11 campesinos.
Hoy se dicta sentencia y la justicia tendrá en sus manos la oportunidad de evitar otro crimen. Avalar una nefasta investigación que no fue capaz de aclarar nada o absolver a campesinos cuya culpabilidad jamás fue demostrada será el desafío del tribunal.
Condenar a campesinos sin siquiera saber si estuvieron o no en el lugar de la matanza sería imperdonable y expondría al Estado a tener que afrontar otra demanda a nivel internacional. La incompetencia de fiscales que jamás llegaron a tiempo y que juntaron pruebas ridículas no nos permite saber hasta hoy qué pasó en Curuguaty.
Me gustaMe gusta
Mensaje para zurdos y derechosos
Por Brigitte Colmán
Tu opinión sobre el caso Curuguaty dependerá del lado de la vereda en donde estés ubicado.
Dependerá de tu carné de zurdito, patotero ideologizado, o derechoso, fascista que cobra un salario de Cartes. Es obvio que tu opinión sobre lo que sucedió en Curuguaty dependerá de tu ideología (perdón por la mala palabra).
Pero la verdad es que ya nada de eso importa ahora.
Como si el Paraguay no hubiera estado desde el principio de sus tiempos dividido; como si la desigualdad entre los muy ricos y los demasiado pobres ya no nos hubiera dividido hace rato; ahora también estamos divididos entre los que nos preocupamos por cómo se juzgó el caso Curuguaty, y los que no tienen una mínima idea (o interés) del peligro en el que viviremos a partir de ahora.
Lo que hicieron los jueces en el caso Curuguaty es muy grave para todos.
Es grave para los zurdos, derechosos, barrabravas de Cerro Porteño, los de la FNC, los de la ARP (bueno, forzando un poco la imaginación, sí); liberales y colorados pobres (que los hay, y muchos), periodistas, monjas, estudiantes universitarios con barba a lo Che Guevara, secretarias de oenegé, taxistas, profesores de inglés, vendedoras de yuyos en el Mercado 4, choferes de la Línea 27, proscriptos limpiavidrios, modelos y futbolistas; a todos nos afecta por igual.
A todos, algún día a partir de ahora, nos puede llegar a pasar, y ya podemos comenzar a preguntarnos si cuando ese día llegue, ¿alguien se animará a reclamar por nuestra libertad?
No sabemos bien lo que pasó en Curuguaty aquel 15 de junio de 2012.
Pero sí sabemos que murieron seis policías y once campesinos; que hubo denuncias de ejecuciones extrajudiciales que nunca fueron investigadas, que no se hicieron autopsias, que desaparecieron evidencias y que nadie puede decir quién mató a quién.
El juicio duró cuatro años y ni fiscalía ni jueces pudieron presentar pruebas contra los campesinos; no pudieron probar lo que hizo el campesino Rubén Villalba, condenado hoy a 30 años de cárcel, más cinco de seguridad.
Pero el tipo va a pasar los próximos 35 años de su vida en Tacumbú sin que nadie haya podido probar que él disparó contra el policía Erven Lovera.
Decime si no es como para preocuparte –seas de derecha o de izquierda– de que mañana a vos también te puedan condenar sin tener una sola prueba.
Porque a partir de ahora solo rige la ley del más fuerte, y nosotros los ciudadanos quedamos huérfanos de la justicia.
Me gustaMe gusta
Curuguaty: Justicia del nuevo rumbo
Por Guido Rodríguez Alcalá
La acusación nos divirtió al presentar, como prueba de la matanza de Curuguaty, un rollo de papel higiénico. Con eso no se mata a nadie, se comentaba; ¿por qué no presentaron un arma? Por cierto, se presentaron armas: un rifle de aire comprimido, tres escopetas que no se habían disparado, una que no se podía disparar. Como no podían matar a nadie, la Fiscalía debió plantar pruebas, como una escopeta calibre 12, que sí podía matar («Escopeta presentada como evidencia fue robada 7 días después de la masacre», ABC, 2/8/13). También se ocultaron pruebas, como las cápsulas vacías de balas de la policía encontradas en el lugar del hecho (video «¿Qué pasó en Curuguaty?», entrevista de Carlos Peralta al fiscal Rachid, Radio 780, 3 de octubre de 2012); la filmación del operativo del 15 de julio de 2012 (http://nanduti.com.py/2016/06/10/roque-fleitas-le-mintio-al-tribunal-juzga-la-masacre).
Si recogieron hasta papel higiénico, ¿por qué se olvidaron de dos cadáveres?, preguntaban los críticos durante el proceso. Se referían a los encontrados al día siguiente de la intervención fiscal, hallados por los parientes, vecinos y periodistas. En rigor, se olvidaron de once: de esos dos y de los levantados el día del operativo fiscal. No está de más recordar el artículo 268 de la Constitución, sobre los deberes y atribuciones de la Fiscalía. El inciso 1 dice: «Velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales». Mataron a once, hirieron, torturaron y apresaron y procesaron arbitrariamente a otros campesinos más; la Fiscalía, aparte de pedir condenas arbitrarias, debió investigar más. El inciso 2 dice que la Fiscalía debe: «Promover acción penal pública para defender el patrimonio público»; también se lo violó. El terreno de Marina Cué es del Estado; la Fiscalía declaró propietario Blas N. Riquelme; así lo premió a Riquelme, mientras echaba a balazos a los campesinos, que lo ocuparon con apoyo del Indert. Es una interpretación muy curiosa del artículo 46 de la Constitución, que establece el principio de la igualdad.
Con la Constitución, se dejó de lado el Código de Procedimientos Penales, cuyo artículo 4 dice: «Ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable, o brindará información sobre él en este sentido a los medios de comunicación social». Desde el primer momento, la Fiscalía dijo a los medios que los imputados eran culpables. Artículo 280: «La Fiscalía recogerá todas las pruebas a favor y en contra del imputado»; hizo lo contrario. Artículo 315: «La Fiscalía no imputará cuando no tenga fundamentos»; imputó a su gusto.
No está de más recordar que el capitán Napoleón Ortigoza, el preso político más antiguo de América, pasó 25 años preso (1963-1988). Era la justicia de Stroessner. La Justicia del nuevo rumbo la superó al condenar a 35 años a Rubén Villalba, que ya lleva cuatro años preso. ¡Felicitaciones por el récord!
Me gustaMe gusta
Serpiente venenosa
13 Jul 2016
Por Richard E. Ferreira-Candia
No será nuevo ratificar que el Poder Judicial, independientemente a las posturas políticas e ideológicas que se puedan dar en un contexto cada vez más polarizado, nunca demostró voluntad de acompañar la complicada tarea de lograr una verdadera justicia.
La crítica no es nueva, como se sabe, pero es necesario enfatizarla y ratificarla una y otra vez, acompañando el justo reclamo ciudadano de contar con un sistema judicial que garantice igualdad y no se centre solo en castigar a los ladrones de gallinas, sino también a los responsables de los robos al Estado, y a los que, amparados en el poder, nunca son investigados.
Esta Justicia tiene una enorme deuda con la sociedad, que ya es un grave problema. Pero además de eso, se suma la ceguera de los propios administradores de ese poder, que sostienen un esquema que privilegia el interés político en contramano a la imparcialidad que debe existir en todas las instancias y para todos los casos.
Cuando se habla de impartir justicia no solo debemos referirnos a los fallos judiciales a cargo de los jueces, sino al conjunto del proceso judicial, en el que también está como primer eslabón el Ministerio Público, con los fiscales que tienen a su cargo investigar, procesar y acusar a los que infringen las leyes. La actuación de este estamento, en buena parte de los casos, es lamentable.
El problema no solo está en la estructura judicial, sino también en el sistema político, desde donde se intenta y se logra manejar un poder que debería ser independiente. La inclinación de la balanza hacia un sector está generalmente cargada por los favores políticos, porque el mecanismo de integración y designación de magistrados permite una directa injerencia de la clase política.
El caso de la matanza en Curuguaty fue una gran prueba para la Justicia de los últimos tiempos. Fuera del fallo del Tribunal de Sentencia, que tiene sus defensores y detractores, se debe afirmar con claridad que la Justicia se ha aplazado, una vez más. No hay otra forma de describir la actuación de un poder que antes que generar confianza, causa dudas y rechazos. Una Justicia con credibilidad, basada en un sistema que se ajuste estrictamente a los procedimientos, lograría que sus fallos sean aceptados y no cuestionados. Pero estamos lejos de esa Justicia y se demostró, una vez más, con una sentencia que tiene más olor político, ideológico e incluso racista, como describió un amigo.
El comandante analizaba así la condena a los 11 campesinos por el caso Curuguaty, que ha desatado una serie de cuestionamientos a la Justicia y a los poderes fácticos que, evidentemente, dominan el país. Compartiendo nuestro acostumbrado café negro, sin azúcar, en el Café Literario, nos preguntábamos en qué lógica puede darse condenas sin pruebas contundentes.
Decíamos la semana pasada, Ferreira, que “la justicia es como las serpientes, solo muerde a los que están descalzos”, dijo al recordar la frase de monseñor Romero, que habíamos analizado hace 8 días y que calza perfectamente en el caso Curuguaty. En la misma línea de análisis, coincidimos en que la propia Justicia reconoce que solo se investigó el caso de la muerte de los 6 policías, pero nunca la de los 11 campesinos, de entre ellos 7 u 8 ejecutados, según las investigaciones de organizaciones sociales.
Como sabe usted, Ferreira, la piel de la serpiente está cubierta de escamas y el organismo les hace cambiar periódicamente esa cobertura. Si tomamos esta descripción y la comparamos con lo que es la Justicia hoy, podemos señalar que hay cambios de hombres cada tanto, de la superficie, pero la “serpiente” sigue siendo la misma. No cambió nada.
Luego de tomar un poco de su café, señaló que la Justicia que tenemos en Paraguay es una de las más peligrosas. Es una venenosa. Explicó, como si fuera un experto, que las serpientes venenosas tienen un líquido mortal compuesto de proteína y enzima; que la primera causa efectos tóxicos y la segunda afecta al proceso de digestión de la presa. Algunas de ellas –añadió– pueden no solo morder, sino incluso escupir su veneno.
Ferreira, la Justicia actúa como una serpiente venenosa, aseguró luego el comandante, para luego agregar: En cualquiera de los casos, muerda o escupa a su presa, el veneno causa los mismos efectos de inmovilidad y actúa directamente sobre el corazón y el sistema nervioso, hasta llevar a la muerte. Es lo que pasó en el caso Curuguaty. Fuera de las especulaciones y fanatismos políticos e ideológicos, la condena a los campesinos fue un veneno que afectó directamente al corazón y causa una rápida muerte de ilusiones, de los condenados, de las víctimas y familiares, y de la esperanza, esa que tenemos de que este poder alguna vez actué con verdadera justicia.
El comandante siguió con la comparación. Una serpiente venenosa nunca dejará de ser lo que es, hasta que muera. La Justicia paraguaya, al parecer, tampoco. O encontramos la cura para cuando muerda, o se le debe quitar el veneno antes que lo haga. Las dos opciones son complicadas y peligrosas.
Nos vemos, dijo. Eso.
Me gustaMe gusta
Fracasamos como sociedad
13 Jul 2016
Por Pablo Noé
Cuando los errores son tan grandes, en pruebas que son cruciales, la nota es necesariamente un aplazo gigante. Si bien estas equivocaciones deberían impulsarnos a replantearnos las cosas, esta parece ser la peor parte, no aprendemos la lección, seguimos por un derrotero tortuoso que nos empuja al sufrimiento permanente. La causa Curuguaty nos mostró una vez más la distancia abismal que existe entre el intangible ideal de justicia y los dictámenes derivados de nuestro sistema judicial.
El último episodio de esta triste historia, la lectura de la condena a los acusados, no hizo más que completar el rompecabezas que increíblemente se fue elaborando para que la farsa fuera completa. No existe otra calificación posible para condenar a una persona a 35 años de pena privativa de libertad sin que exista un elemento objetivo que probara su culpabilidad, una realidad sostenida por el propio fiscal de la causa, Jalil Rachid, quien aseguró públicamente que no tenía forma de comprobar que quienes fueron imputados –y posteriormente condenados– mataron a los seis policías abatidos.
No podemos olvidar a los 11 campesinos abatidos en aquella fatídica jornada del 2012. La investigación directamente negó su existencia, denigrando el dolor de las familias enlutadas y omitiendo a la sociedad de un elemento fundamental en una investigación seria, tomar todos los elementos de un hecho para sopesarlos. Es imperdonable que no se haya incluido en una carpeta fiscal la muerte de tantas personas, ocurrida en un suceso y lugar común al de los policías. Es inconcebible que se haya postergado o minimizado el hecho, cuando existen fuertes denuncias de ejecución.
Estas aristas son tal vez las más destacadas sin olvidar las pruebas irrisorias que planteó el Ministerio Público dentro de un proceso totalmente mal encarado; la propiedad de las tierras en cuestión que pertenecen al Estado; la acusación de asociación criminal contra una comunidad en busca de tierras para su subsistencia. Un montón de factores no menores que acompañaron a la causa desde el inicio y que cual historia predecible de bajo presupuesto todos sabíamos que decantaría en este final.
La partidización de las manifestaciones no hizo más que tergiversar el análisis, empobreciendo el debate. En esta causa emblemática no entran a tallar ideologías ni intereses sectarios, porque el tema de fondo es entender la manera en la que la Justicia paraguaya actúa con total arbitrariedad, y los perjudicados somos todos los ciudadanos. Evidentemente existe una fuerte influencia de grupos de poder que siempre tuercen los fallos hacia sus intereses, lo que también tiene que mover a la población para seguir exigiendo que estas prácticas definitivamente dejen de ser costumbre en el país.
Fracasamos como sociedad porque seguimos soportando una estructura política judicial que nos deglute impunemente, utilizando nuestros legítimos intereses como combustible que impulsa su voracidad, sin que existan límites para tanta codicia. Fracasamos porque somos títeres de un esquema que nos posiciona en segundo plano, un papel secundario en el que solo los privilegiados tienen garantía de satisfacción. Fracasamos porque todo parece que va a continuar de la misma manera y somos incapaces de emanciparnos a tanta injusticia.
Duele sabernos desprotegidos de todo respaldo legal, ya que en la instancia encargada de administrar justicia lo que menos existe es garantía de objetividad y ecuanimidad producto de un proceso. Ya lejos quedó en el tiempo aquella causa del incendio del supermercado Ycuá Bolaños, en donde el mal sabor de la injusticia quedó impregnado en miles de personas. Curuguaty sigue el mismo camino, rumbo al olvido, el que desnuda lo mal que estamos.
Me gustaMe gusta
Salvaje presión a la Justicia
11 julio, 2016
Tendrán que poner h… los miembros del Tribunal de Sentencia para emitir un fallo adverso a los campesinos acusados por la tragedia de Curuguaty, a la vista de lo que está ocurriendo.
En los últimos meses, semanas, días y horas, a medida que se acerca el momento de la sentencia, la presión crece, se vuelve insoportable, tremenda, intervienen cuántas entidades de idiotas útiles pululan en Paraguay, hay cientos de denuncias a nivel internacional incluso y el cerco de hierro parece cerrarse en torno a los camaristas.
Las advertencias suben de tono, se encadenan, pegan el grito a todos los cielos posibles, llegan a amenazas apocalípticas como el hecho de pedir la desobediencia publica, prevista en la Constitución Nacional, hasta resucitaron al fósil Laíno, quien salió de ultratumba portando anatemas de todo tipo.
Jamás, lo reiteramos, nunca, fue amenazado tanto y en los más variados tonos, un tribunal encargado de impartir justicia en nuestro país.
Y esto lo están haciendo a la vista y paciencia de todo el mundo. La mayoría silenciosa que no termina de entender el trasfondo de la masacre. La historia de que los policías murieron baleándose ellos mismos, no tiene pies ni cabeza. Solo para tontos, o ciegos como los que protestan. Alguien los mató y los únicos que pudieron hacerlo fueron quienes estaban delante de ellos, frente a frente, con amenazas antiguas de que iban a emplear la violencia y portando armas que habían confiscado recientemente.
Se jugaron por la violencia. Ahora son “aichinyaranga campesinos” no tienen la culpa de nada, hay que declararlos inocentes a como dé lugar, son poco menos que angelitos bajados del cielo.
El proceso sufrió también todo tipo de chicanerías, lo más salvaje que se haya visto igualmente en los últimos tiempos. Se resfriaba la abuela de alguno de ellos y el juicio sufría interrupciones por meses.
El fiscal Rachit, el primer investigador, por poco no fue corrido a patadas con el tremendo lata parará que se armó.
Y la izquierda tilinga enseñoreada en Ñandutí, desde el mediodía con Camilo “Koquito” Soares, quien se fue a transmitir desde “el lugar de los hechos”, siguiendo luego con el “diferente” Leo, batiendo el parche día y noche, olvidándose totalmente de la sagrada “otra campana” en el periodismo. Sin duda, la radio, al irse el viejo león, va a pasar las de Caín.
Así las cosas se llega hoy al momento de la sentencia. Si el resultado es “culpables”, ahhh, la que se va a armar. Ya pueden imaginarse los lectores el estallido de histeria incontrolable. Por supuesto, el culpable como siempre, será el Gobierno.
Es tremendo como hay un puñado de ciudadanos, en realidad son los mismos de siempre, pocos pero ruidosos, que siempre están equivocados, muchos de ellos de buena fe, quizás, en estos espinosos temas de derechos humanos y similares. Solo que está vez están llegando realmente al paroxismo y pueden hacerle un terrible daño al ya vapuleado sistema de justicia de la República.
Si tienen éxito, la próxima vez, cuando olisqueemos que un tema no nos va a ser favorable, salgamos a las calles hasta que nos declaren inocentes…¡ y listo el pollo ¡
Me gustaMe gusta
Descontrol periodístico y delirio de la izquierda
12 julio, 2016
En medio de un festival de disparates, que tuvo como actores principales a sectores de la prensa y grupos de izquierda, se conoció ayer el fallo condenatorio a los 11 campesinos procesados por el “caso Curuguaty”. Completamente descontrolados, las “estrellas” del espectáculo se rasgaban las vestiduras por “la muerte de la Justicia”, “el fin del Estado de Derecho”, “la vuelta a la indefensión ciudadana” y otras frases grandilocuentes, cada una más apocalíptica que la otra y todas ellas falsas por donde se las mire. La locura se apoderó de un reducido grupo afín a los condenados, que “tomó” la sala en la que se llevó a cabo la audiencia, emulando a los estudiantes del Colegio República Argentina, con la diferencia que éstos no desacataron ninguna resolución judicial y son tres a seis décadas más jóvenes. Las decisiones judiciales se respetan. Punto. Y si se considera que los magistrados se equivocaron o incurrieron en algún acto ilícito, existen los canales institucionales a los cuales apelar. Pero esto fue manipulado políticamente desde un comienzo. O mejor, fue producto de la irresponsabilidad política y criminal del gobierno de Fernando Lugo, que promovía ocupaciones a diestra y siniestra, instando a los labriegos a resistir “hasta las últimas consecuencias”.
Si no fuera porque se trata de un tema extremadamente delicado, escuchar a algunos “periodistas” causaba risa. Un respetable hombre de radio, como Humberto Rubín, habrá sentido vergüenza si oyó a conductores y cronistas de su estación. “Hay que llevarles frazadas y alimentos”, decían en referencia a los ridículos “ocupantes” de una sala de audiencia, o muy “combativos”, ellos, agitaban consignas tipo “todos al Palacio de Justicia”.
Por supuesto, entre las histeriqueadas que se escuchaban por doquier, no faltaron las que responsabilizaban del fallo a…Horacio Cartes!, presidente de otro poder del Estado y enfrentado a la cúpula del Poder Judicial. La enfermiza interpretación del dictamen de los magistrados se fundamenta, según sus sostenedores, en que con eso se blanquearía el “golpe” contra Fernando Lugo, que no fue tal y que por tanto no hay nada que blanquear, ni en el Paraguay ni en el resto del mundo.
El exobispo, fiel a su inconmensurable cinismo, hasta hoy se pregunta “qué pasó en Curuguaty”. Pero, ¿quién puede saber mejor que él, que era entonces presidente, y su ministro del interior, Carlos Filizzola ? ¿Quién mejor que él, que lideraba el sector que propiciaba todas las ocupaciones de propiedades privadas y públicas que se registraban a lo largo y ancho de todo el territorio?
El “caso Curuguaty” es la consecuencia de la irresponsabilidad política del luguismo, acostumbrado a tirar la piedra y luego esconder la mano, o en este caso, propiciar la ocupación ilegal de una propiedad del Estado y después “solidarizarse” con palmadas en los hombros a los que estarán en la cárcel entre 4 a 35 años.
En síntesis, los graznidos que escuchamos ayer, y que seguramente seguiremos escuchando por algunos días, puso al desnudo los grandes vicios y defectos que padece la prensa paraguaya, así como la decadencia política y moral de una izquierda que nunca se caracterizó por tener muchas luces, ni muchos huevos, ni muchos escrúpulos.
Me gustaMe gusta
Mi mundo imaginario
13 julio, 2016
Por Hugo Barrios
En mi mundo imaginario, aquel desalojo en Morombí de hace cuatro años se realizó de forma pacífica. Los policías hicieron su trabajo y los campesinos aceptaron abandonar los campos, sin renunciar después a su justa lucha por la tierra. No hubo heridos ni muertos. No hubo juicio político y el pastorcillo mentiroso siguió administrando los destinos del país, con más desaciertos que logros, hasta el final de su mandato constitucional.
Pero la realidad dista mucho de ese mundo imaginario. La realidad es que, en aquel procedimiento murieron seis policías y once labriegos tras un absurdo y lamentable enfrentamiento a tiros. El obispo devenido en desastroso presidente de la República fue destituido en un juicio político y asumió el florero llorón. Los buitres que escupieron “por la condena” por poco y no se sintieron héroes a costa de la sangre derramada allá en Curuguaty.
Después de ese mundo imaginario y la realidad, ahora nos toca vivir una pesadilla. La pesadilla hoy nos dice que la justicia castigó a los 11 acusados de la masacre de Curuguaty con penas que van hasta los 35 años de cárcel. Todo ello, en un proceso y un juicio que arrojaron más dudas que certidumbre.
Las pruebas fueron tan ridículas como las planteadas en el juicio político del sacerdote-papá. No hubo un exhaustivo criterio científico para demostrar que los acusados de homicidio fueron culpables. Las evidencias arrimadas son poco serias, traídas de los pelos (cortauñas, kepis, perfumes y hasta ¡papel higiénico!).
Claro, el presidente del Tribunal confía en que el veredicto al que llegaron es justo. “Hemos actuado conforme a las pruebas que se nos han presentado. Son pruebas testificales, fotográficas, reconstrucción de los hechos, informes y filmaciones”, argumentó el juez Ramón Trinidad Zelaya.
Claro, el magistrado cree que olvidamos que estuvo en el penal de Tacumbú en 2006 por estar involucrado en un caso de coima o que votó por la absolución de Simón Núñez y César Godoy, acusados de narcotráfico al encontrarse en su poder 571 kilos de marihuana prensada.
Esta es la justicia que tenemos. Una justicia tan vergonzosa como sus administradores, llena de dudas como sus jueces, corrupta como sus autoridades. Esta es la justicia de la realidad y no la justa como la de mi mundo imaginario.
Me gustaMe gusta
Raíces de un viejo conflicto
Toda la conflictividad que rodea el espinoso asunto de la tenencia de la tierra en el Paraguay tiene su origen en una misma causa: la pésima gestión del Estado de las tierras que le han sido confiadas para distribuirlas en lo que hoy es un espejismo: la reforma agraria. El simple reparto de lotes ha demostrado ser apenas una cortina de humo para ocultar el verdadero fondo de la cuestión: la histórica falta de un modelo de desarrollo rural convertido en política de Estado transversal a cualquier denominación que tenga el Gobierno de turno.
Todos, a su tiempo, han inaugurado su gestión con el verbo de la reforma en la boca para olvidarse después de cumplir lo prometido. El resultado está a la vista. Según datos del actual Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), antiguo IBR y antes IRA, habían sido adjudicados hasta 2015, 227.017 lotes agrícolas agrupados en 1.018 colonias cubriendo un total de 3.286.975 hectáreas. El último intento del instituto de organizar las estadísticas de este sector arroja cifras desalentadoras. Se hizo hasta ahora un relevamiento de datos en 157 colonias, es decir, un 15% del total, de las cuales sólo 40 –es decir, un 25% de lo relevado- tiene un informe final. “Del total de lotes registrados –informa el Indert en su web oficial- solo un 6,6% está titulado. La asistencia técnica llega únicamente al 4,1% de los lotes con viviendas y personas presentes. La asistencia crediticia del sector privado (5,4%) es superior a la otorgada por el sector público (4,4%)”. Después de 75 años de “reforma agraria”, esto es todo lo que se ha logrado. El resto del reparto es un embrollo entre títulos duplicados y triplicados, transferencias espurias, ocupaciones de hecho, invasiones dirigidas, venta de “derecheras”, alquileres a terceros y en general, un caos dominial del cual se benefician los especuladores de siempre, incluidos los agitadores sociales que saben qué teclas tocar para generar reacción inmediata y sacar réditos políticos. El “sonado” –nunca mejor dicho- caso Curuguaty es un didáctico ejemplo de las derivaciones de este fracaso rotundo que puede adjudicarse, con base suficiente, a un Estado fallido. Son casi incontables los episodios de violencia en los que invasiones y desalojos fueron coronados con muertos y heridos de los cuales el de Curuguaty es un sangriento emblema.
Paraguay es el último –a lo sumo, el penúltimo- país de la región en donde se torna casi imposible saber quién es el poseedor legítimo de un determinado pedazo de tierra, cuáles son sus límites y porqué hay terceros reclamando su propiedad aun cuando existan papeles de aparente impecable legitimidad. En el Paraguay, todo propietario es sospechoso de ser un usurpador mientras no demuestre lo contrario. Basta que un grupo de personas invada su terreno, plante la bandera de la “reforma agraria” y exija a quienes “dicen ser sus dueños” que prueben fehacientemente esa calidad, para garantizar un largo conflicto. De nada servirán los títulos del Registro Público ni los informes de peritos agrimensores. Lo que sí estará asegurado es un largo y doloroso camino de conflictos.
Me gustaMe gusta
Si no te gusta el fallo, haz un “juicio paralelo”
13 julio, 2016
La pirotecnia mediática y política que rodea al “caso Curuguaty” se encuentra en su máximo apogeo. Periodistas exaltados y dirigentes de izquierda se irguieron en jueces de un “juicio paralelo” que está en pleno desarrollo ante la opinión pública con el objetivo de embarrarla cancha, sembrar todo tipo de dudas y, así, restarle credibilidad a la legitimidad del proceso, tal como lo vienen haciendo desde hace un año, pero ahora con más fuerza. Lo peor de todo es que juegan en cancha libre, ante el mutismo de la Fiscalía y de los propios magistrados que emitieron la sentencia, así como de los organismos que tienen a su cargo la comunicación del Ejecutivo, blanco de ataques de todo tipo, por más que no tuviera “vela en el entierro”.
La situación nos recuerda a la estrategia utilizada en su momento por Lino Oviedo y el oviedismo, inspirada en una de las viejas fórmulas del propagandista del nazismo, Joseph Goebbels, según la cual lo importante es instalar la idea de que lo que se dice sobre un hecho es “como piensa todo el mundo”, creando una falsa impresión de unanimidad, aunque los que difunden el mensaje sean unos cuantos gatos locos. Y lo grave de esta historia es que si se salieran con la suya, el resultado sería la consagración de la impunidad, sentando precedente para otros casos, como el juicio oral que debe enfrentar Camilo Soares en febrero, por sus famosos “coquitos de oro”.
Los defensores de los ahora condenados, juristas o no, afirman que “todos” coinciden en que el juicio es nulo y que, consecuentemente, debe realizarse uno nuevo, lo cual de concretarse abriría las puertas a que el segundo sea calificado del mismo modo, si la sentencia no se ajustara a sus deseos, y a que en otras causas se procediera del mismo modo.
Oviedo hizo algo parecido cuando fue apresado y procesado por el Tribunal Militar de las Fuerzas Armadas. Dijo que sus decisiones eran nulas, pues su caso debía desarrollarse en la justicia ordinaria. Y así se hizo, pero, cuando ésta se expidió en el mismo sentido que el Tribunal, desarrolló una amplia campaña contra “la manipulación política del Poder Judicial”, convirtiendo en “nulas” sus decisiones. O sea, dado que el fallo no salió a su medida, había que desconocerlo…, como ahora.
Esa política destinada a restar toda credibilidad al proceso judicial, el Oviedismo acompañó de otra hasta si se quiere siniestra, pero mintiendo tan escandalosamente que hasta el presente algunos tienen dudas acerca de si Luis María Argaña no había muerto en el atentado o “en brazos de su amante” y si no fueron los propios “argañistas” los que asesinaron a los jóvenes que estaban en las plazas del Congreso durante el marzo paraguayo. Completamente descabellado, ¿no? Tan descabellado como la que sostienen quienes afirman que en Campo Morumbí los policías fueron asesinados por francotiradores que la misma Policía Nacional había desplegado en la zona.
Por último, en cuanto a comparaciones se refiere, tanto el “oviedismo”, como ahora el “luguismo”, eran poder cuando se produjeron los acontecimientos de la “semana trágica”, en el primero de los casos, y de “Curuguaty”, en el segundo. Pero vaya paradoja, ambos atacaron ferozmente a las instituciones encargadas de la seguridad del Estado, que estaban bajo el mando de ellos mismos.
Como dijimos antes, si los condenados y sus defensores consideran que la decisión es injusta o que los jueces y fiscales intervinientes obraron transgrediendo la Ley, tienen todo el derecho de recurrir a los canales institucionales previstos en nuestro ordenamiento jurídico. A lo que no tienen ningún derecho es a mentir, confundir, sembrar un mar de dudas e inventar “verdades” supuestamente unánimes; y menos aún a llevar adelante un “juicio paralelo” para burlar el Estado de derecho y dar riendas sueltas a la impunidad.
Me gustaMe gusta
Otro intento de someter al Poder Judicial
Con base en una propuesta inicial del senador del Frente Guasu Sixto Pereira, el presidente de la Cámara Alta, Robert Acevedo, designaría a profesionales del Derecho –paraguayos y extranjeros– para que emitan un dictamen sobre el caso Curuguaty. La sugerencia se enmarca en la fuerte campaña, de innegable connotación política, desatada contra el fallo del Tribunal de Sentencia, que también incluye la ocupación ilícita de la sala en la que se realizó el juicio. Si la iniciativa de Pereira fuera aceptada, el Senado asumiría una facultad no prevista en la Constitución y, de hecho, atentaría contra la independencia del Poder Judicial.
En efecto, el art. 3º de la Ley Fundamental dice que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial ejercen el gobierno “en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control”. En lo que al Congreso y a la magistratura respecta, ese control recíproco es ejercido mediante los mecanismos previstos en diversas normas constitucionales. El Poder Judicial controla al Legislativo en la medida en que la Corte Suprema de Justicia puede “conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes (…), declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto, y en fallo que sólo tendrá relación con este caso” (art. 260). Como se ve, no tiene el efecto “erga omnes”. El hecho de que la inaplicabilidad no tenga un alcance general, sino particular, denota la intención de preservar el equilibrio de poderes, impidiendo que una ley sancionada por uno de ellos y promulgada por otro sea lisa y llanamente anulada por el Poder Judicial.
Por su parte, las Cámaras del Congreso pueden controlar a la magistratura solicitándole informes (art. 192) o instalando “comisiones conjuntas de investigación” (art. 195) sobre asuntos de interés público que no tengan relación con la actividad o materia jurisdiccional. Es decir, las Cámaras pueden pedir por separado al Poder Judicial informes sobre cuestiones administrativas o constituir una comisión conjunta para investigar algún caso de corrupción, pero no pueden pedir explicaciones o inmiscuirse en un proceso, como es el notorio propósito de la propuesta del senador Pereira.
La limitación de no abordar cuestiones jurisdiccionales concuerda con la prohibición de que los miembros de los otros poderes se arroguen atribuciones judiciales no expresamente previstas en la Constitución, revivan procesos fenecidos, paralicen los existentes o intervengan “DE CUALQUIER MODO EN LOS JUICIOS” (art. 248). Por eso mismo también, los magistrados no pueden ser citados ni interpelados ni, desde luego, sometidos a un voto de censura.
Estas disposiciones garantizan la plena independencia del Poder Judicial en materia jurisdiccional, la que está amenazada seriamente por la propuesta referida. En efecto, ella implica intervenir en una cuestión sobre la cual incluso no existe cosa juzgada, ya que la defensa de los condenados puede aún plantear los recursos de nulidad o de apelación, o bien una acción de inconstitucionalidad, como anunció el abogado Pablo Aguayo. O sea que, mientras el caso aún sea debatido en sede judicial, la Cámara Alta recibiría ya el “dictamen” jurídico encargado, para luego divulgarlo y presionar así a los jueces, manipulando de paso a la opinión pública, que es lo que evidentemente se persigue en este caso. Es de suponer que los senadores reaccionarían indignados, con toda razón, si el presidente de la Corte Suprema de Justicia pidiera a unos expertos su opinión sobre si una ley recién promulgada es conveniente o no para el interés general.
La separación de los poderes exige que los legisladores, los magistrados y el presidente de la República respeten las competencias delimitadas por la Constitución y que no interfieran en las ajenas, salvo en los casos previstos expresamente en dicha normativa. Por si hiciera falta decirlo, el grave problema que se podría plantear no radica en el contenido que el documento a ser solicitado a los juristas pueda tener, sino en el hecho mismo de que vaya a ser solicitado, pues conllevaría violar la norma constitucional que prohíbe a los senadores “intervenir de cualquier modo en los juicios”.
El presidente del Senado no puede encargar a nadie que dictamine sobre un proceso judicial; no le autorizan ni la Constitución ni, como no podría ser de otra manera, el art. 41 del Reglamento Interno de la Cámara, que menciona taxativamente sus deberes y atribuciones.
La crítica de los fallos es libre, pero debe estar desprovista de un ropaje institucional que apunte a revisarlos en sede judicial. Cada uno de los senadores puede emitir su opinión, aunque tenga la intención de explotar políticamente un trágico episodio. Ya lo ha hecho Fernando Lugo, al sostener que el proceso del caso Curuguaty “tuvo muchas falencias y muchos vicios”. Lo que ni él ni sus colegas están autorizados a hacer es encomendar al presidente del Senado que designe a unos juristas para que emitan un dictamen que sirva, eventualmente, para influir en una decisión judicial. Si los miembros del Tribunal de Sentencia desempeñaron mal sus funciones o hasta prevaricaron, el órgano que debe intervenir es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y no el Senado, aunque más no sea a través de un dictamen externo.
Lo que aquí está en juego es la independencia del Poder Judicial, o sea, la vigencia de la Constitución en un asunto de singular relevancia para el Estado de Derecho. Esta intervención que se propone desde el Senado no busca otra cosa que manejar el Poder Judicial desde el ámbito político, una deplorable práctica de larga data a la que se debe poner fin.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/otro-intento-de-someter-al-poder-judicial-1499066.html
Me gustaMe gusta
Todos condenados
Por Miguel H. López |
Decía Montesquieu: Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Y remataba Martin Luther King: La injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos lados. El fallo del tribunal que juzgó y condenó a los 11 campesinos en la causa por la matanza en Curuguaty se inscribe en esta línea de lo más ignominioso, permisivo y peligroso para la sociedad en su conjunto; y atentatorio contra las instituciones democráticas, como derivación del quiebre del estado de derecho al haberse avasallado no solo la presunción de inocencia, sino el debido proceso al aplicarse sentencia sin pruebas concluyentes.
Muchos abogados, en estos días, tratan de darnos lecciones de Derecho. Se escudan en las formalidades, apelando a la desfasada concepción de lo jurídico. No asumen que existe el principio de progresividad y que una sentencia judicial no es hacer justicia. Es un documento que condena o absuelve, sin que en rigor sea haber sido justo, ni del derecho ni del revés. Y que en el caso que comentamos, hasta el menos lego entiende que es insostenible la decisión de los tres jueces: Ramón Trinidad, Samuel Silvero y Benito González.
Esta es una de esas sentencias a medida, como cuando uno se manda coser un traje. O como cuando los lacayos hacen al pie de la letra lo que el patrón ordena.
Entendamos ahora por qué, no habiendo ni pruebas ni debido proceso, la causa arriba a sentencia. Porque si llegare la absolución –cosa que corresponde, cuando de fondo incluso procede la nulidad– se cae todo el argumento que provocó el golpe parlamentario contra el gobierno constitucional de Lugo en junio de 2012. Quedarían en evidencia los hilos que movieron las marionetas del montaje en Marina Cué (donde saltan incluso nombres de parlamentarios y prominentes figuras del poder nacional) Y desnudaría la mentira político-judicial-fiscal-policial hurdida en esta historia.
Todo el manejo del caso Curuguaty –uno logra descubrir releyendo periódicos a lo largo de estos 4 años– constituye una clara prueba de cómo lo ilegal se entroniza y recibe ropaje de justicia, para congraciarse –rendir pleitesía y cumplir como mandado– con los patrones políticos y los jefes de bandos.
El caso es típico para los tribunales internacionales. Aunque el stronista canciller Eladio Loizaga se haga el desmemoriado y alegue que no existe posibilidad de que el fallo sea cancelado a nivel internacional, sabe que la condena final de la Corte Interamericana de DDHH sobrevendrá sobre el Estado paraguayo y que las multimillonarias multas la terminaremos pagando todos con nuestros impuestos, con los fondos públicos.
Esta sentencia abre las compuertas para más abusos contra cualquiera. Es condenar sin pruebas, aunque los defensores de lo indefendible aleguen lo contrario. Es aquello que decía el político alemán Willy Brandt: Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen.
Me gustaMe gusta
UN PLAN SINIESTRO
Estuvimos en la plaza con mi señora venciendo nuestros achaques de los años que ya llevamos encima, el lunes 11 de julio, en el día de la sentencia del juicio de los 11 campesinos acusados por la masacre de Curuguaty. Cargábamos a cuesta la ingenuidad que nos alentaba tener alguna esperanza de que el juicio se anule y que todos los acusados fueran absueltos. Pero bajó el telón del primer acto con todo su dramatismo. La implacable condena de los acusados, prácticamente confirmaba los mismos términos del pedido de pena de la Fiscalía. Nos sumamos a los gritos de reclamos. Primero fue “Rachid, tu mano tiene sangre” después ya fue también “Cartes tu mano tiene sangre” Tampoco faltaron los de “Hijos de p…” Los rosarios de las monjas fueron acallados por los gritos y las manos crispadas. La decisión de seguir en la lucha por la libertad de los inocentes era palpable y reiterada. Continuarán las vigilias. Después ya supimos que la misma sala de la Corte había sido tomada. No podemos saber cómo seguirá el proceso, pero todo lo ocurrido hasta aquí nos llevó al pleno convencimiento de que estos hechos responden a un terrible plan siniestro donde no importan quienes mueren o quiénes son condenados, que se va cumpliendo con muy pocas variaciones. ¿Quién o quiénes maquinaron este plan? No lo sabemos. ¿Quiénes financiaron? Tampoco. . El guión de la película de lo que pasó en Curuguaty fue escrito mucho antes del acontecimiento mismo. Ya se hablaba de que los campesinos tenían armas, que podrían estar relacionados con grupos rebeldes, que estaban dispuestos a resistir todo intento de desalojo. A su vez desde la prensa se atacaba a la policía por no cumplir un mandato judicial. Desde el parlamento se conminaba al Ministro del Interior a cumplir con la orden judicial, que ningún protocolo de procedimiento justificaba el excesivo retraso del operativo. Hasta el propio Obispo de Caacupé en su homilía del 8 de diciembre de 2011, reprochaba al gobierno por no hacer cumplir la ley. Casi no se mencionaba que MarinaKue no pertenecía ni nunca perteneció a la familia Riquelme. El entramado judicial estaba montado por el juzgado y la fiscalía de la zona, manejados por el supuesto propietario eventual. Las tres imputaciones ya estaban previstas antes de los acontecimientos: 1) Emboscada y muerte de policías 2) Invasión de propiedad privada y 3) Asociación Criminal. Estas tres imputaciones llegaron a ser utilizadas en la sentencia condenatoria, con muy pocas variaciones del guión principal. El primer objetivo del operativo se refería a la muerte de policías, no de uno sino de unos cuántos. La teoría de la emboscada fue muy forzada. 320 policías altamente pertrechados, ubicados por los menos en dos o tres lugares estratégicos antes de la intervención del grupo policial encabezado por el Sub-Comisario Erven Lovera que – a propósito – sobrevoló el lugar con el helicóptero de la policía y comunicó al comandante de las operaciones, que no eran más de 50 personas. Fácilmente se podía dispersar y desalojar a los campesinos con balines de goma o gases lacrimógenos. Pero al parecer no era eso lo que se quería. Se hablaba de allanamiento, pero nunca se les presentó a los campesinos la orden respectiva, si es que existía. Todo hacía pensar que el siniestro objetivo era facilitar la muerte de los mismos policías. Para el instinto policial del Sub-comisario Erven Lovera, algo raro existía en el ambiente, pero ante sus dudas se le ratificó la orden. No sabía que estaba condenado al sacrificio junto a otros camaradas. ¿Quién produjo el primer disparo que desató la masacre nunca pudo ser determinado? Las precarias armas que fueron arrimadas como pruebas por la Fiscalía en el juicio, no tenían capacidad de matar y herir a tantos policías. Solamente algunos dispararon sus balines. Murieron 6 policías, y que hayan muerto también 11 campesinos no importaba mucho para el siniestro plan. Para el siguiente paso se procedió a difundir la versión de la masacre filmada desde la posición de los policías, con el sonido de fondo de sirenas del helicóptero y los incesantes repiqueteos de metrallas. Dramáticos pedidos de auxilios de policías heridos. La prensa sostenía la idea de la emboscada y que los policías entraron sin armas. La sistemática difusión en todos los medios televisivos y radiales por varios días comenzaba a impactar y se puso en marcha la idea del juicio político. La Cámara de Diputados aprobó el juicio por mala gestión y la responsabilidad de la masacre que son de público conocimiento. El Senado tuvo que aprobar un Reglamento de Juicio Político previendo un tiempo breve para la acusación y la defensa. Tres días después de iniciado el juicio, el 22 de junio del 2012, prestaba juramento el Vice-Presidente. El verdadero objetivo estaba consumado. El libreto ya estaba escrito de antemano. Los personajes que actuaron fueron adecuadamente seleccionados. Ramón Trinidad Zelaya, Presidente del Tribunal, cuando era Fiscal fue acusado de recibir coima. La ex fiscala del caso, que actuó en la parte inicial, fue premiada. Hoy es jueza en San Pedro. Jalil Rachid, joven abogado, provenía de una familia de confianza republicana, tuvo a su cargo la investigación de la muerte de los policías, no así la de los 11 campesinos. Una investigación parcial y deficiente. No protegió la escena del crimen, ni se preocupó por el hallazgo de otros dos campesinos muertos, encontrados por la prensa y los vecinos al día siguiente de la masacre. No se hizo la autopsia de los policías muertos. Le presentaron en una bolsa casquillos de las balas disparadas que nunca fueron analizados como elementos de pruebas. Desapareció la filmación hecha desde el helicóptero de la policía porque no se pudo destrabar el chip – dijeron – pero nunca se presentó ese chip. Había dos versiones de médicos forenses. El doctor Flaviano Irala afirmó que los policías fueron muertos por heridas causadas por balas de arma de grueso calibre y el forense de la Fiscalía doctor Pablo Lemir afirmó que extrajo balines de los cuerpos presentando las placas correspondientes. Las placas desaparecieron. La Fiscalía se opuso a la exhumación de los cadáveres que podría confirmar el tipo de proyectil utilizado y el Tribunal confirma la oposición. El mismo Jalil Rachid, reconoce públicamente, que no tenía forma de probar quién mató a quién y por ello propuso como carátula de la imputación, “Homicidio en grado de tentativa”, totalmente insostenible habiendo 17 personas fallecidas. A Rachid se le premia con el cargo de Vice-Ministro de Seguridad, y se retira del caso. Los Fiscales que le sustituyen cambian la carátula de acusación por la de “Homicidio doloso” sin intervención de la defensa. El Tribunal acepta este cambio y sobre esta base dicta su sentencia condenatoria. Aquí hay que señalar también otro leve cambio en el guión. Consiguieron cambiar a los defensores originales con alguna artimaña y así evitaron la fuerte internacionalización del caso que se había conseguido a través de la defensa. Las otras dos imputaciones tampoco resisten los cuestionamientos tan contundentes de la defensa. La invasión de inmueble es insostenible. MarinaKue, nunca fue de Campo Morumbí ni de la familia Riquelme. Fue donada a la Marina Paraguaya por la Industrial Paraguaya y aceptada por Decreto del Gobierno Nacional. Por otro decreto del Poder Ejecutivo, este inmueble fue destinado para la reforma agraria. Los ocupantes tenían una Comisión Vecinal reconocida por el INDERT, Instituto de Bienestar Rural y de la Tierra. La asociación criminal tampoco fue demostrada. En el alegato de la Fiscalía se habla de un listado de personas y de aportes que no fue arrimado como prueba porque – dicen – que se cayó al agua y desapareció. Nada de las argumentaciones de la defensa tuvo en cuenta el Tribunal de la causa. No importó la condena de 11 campesinos inocentes, porque nada pudo probarse contra ellos. Tampoco importó demasiado la muerte de los policías y los campesinos en el día de la masacre. Quedan flotando las preguntas siguientes: ¿Quién o quiénes maquinaron este plan siniestro que indudablemente tenía como fin el derrocamiento del gobierno constitucional? ¿Quiénes lo financiaron? ¿Quiénes serían los actores intelectuales? A nivel local, existiría la posibilidad de que estén involucrados ganaderos, sojeros y terratenientes y algunos políticos que tuvieron protagonismo en el juicio político, como Blás Llano que manejaba el voto de la bancada liberal, Juan Carlos Galaverna que lideró el proceso parlamentario, Horacio Cartes que ya tenía fuerte incidencia en la bancada colorada y Federico Franco que nunca ocultó su ambición de acceder al cargo. A nivel internacional, habría que averiguar quiénes estuvieron y están involucrados en los casos de Honduras, Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Finalmente podríamos preguntarnos qué puede pasar de aquí en adelante. Se medirá la temperatura de la presión local e internacional por parte de los que manejan este caso. Si la presión local e internacional es fuerte, todavía podría anularse el juicio, de lo contrario se mantendrá la sentencia. De ahí la importancia de que la ciudadanía siga participando en la protesta. Ojala que del juego de intereses más la suma del imperativo de la razón se pueda impedir que estos 11 campesinos compatriotas, cuya culpabilidad no fue demostrada, carguen con una condena tan grave, totalmente injusta e inmerecida. Y que este hecho, por más sombrío que pueda ser, se transforme en una oportunidad para que todos juntos, fortalecidos por una ética política diferente, nos comprometamos a cambiar el destino y la institucionalidad de la República.
Publicado por Ladislao Mello
Me gustaMe gusta
La pobreza no da fueros
Luego de conocerse la sentencia que condenó a varios campesinos en el “caso Curuguaty”, dirigentes del sector del departamento de San Pedro realizaron en la colonia Agüerito una “asamblea popular” para preparar una movilización de alcance nacional, que tendrá lugar en agosto próximo, según informaron. Sus objetivos serán exigir el retiro inmediato de la Fuerza de Tarea Conjunta de la zona, la liberación de los hermanos Víctor y Gregorio Morales, sospechados de brindar apoyo logístico al EPP, la derogación de la ley de seguridad interna, la reincorporación de los beneficiarios del programa social Tekoporã y la anulación del juicio sobre el caso Curuguaty. Uno de los dirigentes del sector, Eulalio López –condenado por estafa y fundador de la liga de “carperos”–, informó que los organizadores se hallan en un “proceso de articulación de fuerzas (…) para seguir luchando por una justicia mejor”. Otro de ellos, Narciso Villamayor, dijo que están “calentando el ambiente, coordinando con algunos miembros de la Iglesia y juntando adherentes con sectores que están en contra de la represión actual del Gobierno”.
Dejando de lado las cuestionables exigencias específicas, así como el vocabulario más bien propio de agitadores o de militares dispuestos a una batalla, viene al caso recordar que la primera parte del art. 32 de la Constitución declara que “las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho de no ser obligadas a participar de tales actos”.
Es innegable la licitud, aunque no la sensatez, de los reclamos mencionados, así que solo cabe esperar que quienes participen en las marchas lo hagan voluntariamente, sin recurrir a la violencia contra las personas y sus bienes, ni portar armas de cualquier tipo, aunque no lleguen a emplearlas. Los organizadores deberían precaverse, por cierto, de que no aparezcan “infiltrados”, como los que supuestamente actuaron en Marina Cue. Estas acotaciones vienen al caso porque jefes policiales que dirigieron operativos en esa zona manifestaron que en varias ocasiones, personas armadas, como el hoy condenado Rubén Villalba, conminaron a los efectivos del orden a abandonar el lugar, en un claro acto contra la ley.
Por otro lado, se puede confiar en que también los feligreses de la Iglesia Católica que estén presentes en las movilizaciones se ocupen de que ellas sean pacíficas. Los manifestantes deben respetar no solo la norma antes citada, sino también el derecho de los demás a “transitar libremente por el territorio nacional”, reconocido en el art. 41 de la Constitución.
La segunda parte del art. 32 –concordante con esta disposición– dice que la ley solo podrá reglamentar el ejercicio de la libertad de reunión y de manifestación “en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público…”. Existe una ley que la regula en Asunción, pero no una que se refiera a las rutas nacionales. No obstante, es obvio que el cierre de las carreteras, como medida de presión ejercida sobre las autoridades públicas, es intolerable y que, dado el caso, la Policía Nacional debe actuar con premura, haciendo un uso adecuado del monopolio de la fuerza legítima que tiene el Estado. Los manifestantes no tienen ningún derecho a bloquear la libre circulación, impidiendo, por ejemplo, que un enfermo ingrese en un hospital o que la gente acuda al trabajo. Vale la pena insistir en esta penosa cuestión, porque el ejercicio de un derecho no debe conllevar la violación de otro, tal como ocurre con tanta frecuencia. Los “piqueteros” rurales son tan prepotentes como los urbanos y deben ser combatidos con el rigor de la ley.
Dicho todo lo cual, conviene dirigir la mirada hacia quienes no son agricultores, sino políticos inescrupulosos que no intervienen directamente en las manifestaciones sino que desde las sombras manipulan a los labriegos como carne de cañón, en función de sus propios intereses. Alguno, como Elvio Benítez, funge de concejal departamental por el Frente Guasu, y otro, como José Ledesma (Pakova), es diputado por el PLRA. El uno controlaba en el departamento de San Pedro una “zona liberada” en la que las fuerzas del orden público no podían ingresar, según denunció cierta vez un jefe policial, y el otro, siendo gobernador, reivindicó públicamente ocupaciones de tierras, incluso fuera de ese mismo departamento.
De hecho, los reclamos anunciados poco o nada tienen que ver con las necesidades propias de los campesinos, sino más bien con asuntos judiciales y de seguridad interna, y pueden ser compartidos o no por los ciudadanos en general. Por lo demás, la liberación de dos procesados y la anulación de un juicio, lo mismo que la derogación de una ley de seguridad interna, no dependen de la voluntad del Gobierno, contra el que apuntan los organizadores de las movilizaciones, menos familiarizados con la separación de poderes que con la agitación y la propaganda.
A este paso, resulta preocupante que las demandas y protestas formuladas en nombre de los pequeños labriegos, de consecución imposible en la forma en que se plantean, parezcan apuntar más bien a provocar crisis políticas en beneficio de la izquierda radical.
La pobreza no da fueros y, por tanto, no es excusa para violar la ley. Por esta vía no se conseguirá jamás la justicia social que pregonan los promotores de estas manifestaciones, sino más bien se agudizarán las necesidades que soportan nuestros compatriotas del sector rural.
Me gustaMe gusta
Cargar con el muerto
Posteado por Edwin Britez el 07-07-2016
El profesor de lengua española para extranjeros, Alberto Buitrago, escribió un libro sobre la frases hechas, algunas de las cuales son muy populares en España y en este continente, aunque no siempre son utilizadas correctamente.
Una de ellas, que conocemos aquí, es la famosa frase “Cargar con el muerto” que algunos utilizan con el agregado de “Cargar con el muerto ajeno”.
En su libro “Diccionario de dichos y frases hechas”, el mencionado catedrático ilustra que en la Edad Media solía ocurrir que si aparecía dentro de los límites de un pueblo o distrito el cadáver de una persona a quien asesinaron violentamente y el caso no se resolvía, el pueblo recibía a manera de castigo una multa.
Es por eso que cada vez que se producía esta situación, los pobladores se las ingeniaban para cargar con el muerto y trasladarlo a otro distrito con lo cual no solo evitaban pagar la multa en caso de que el asesinato no llegara a resolverse, sino que tambíén dejaban a los pobladores del otro municipio la responsabilidad que implicaba tener en su territorio el cadáver de una persona asesinada.
Aunque esto sucedía en la Edad Media, creo que algo similar ocurrió en nuestro país, no con un pueblo sino con los gobiernos en el caso Curuguaty.
Hubo, no uno, sino varios asesinatos y para evitar el “pago de la multa”, los que estaban de turno trasladaron “al muerto” para que lo carguen otros.
Me gustaMe gusta
¿Justicia que ajusticia?
A los paraguayos nos agradaría que los partidos políticos paraguayos, prestos para opinar sobre reelecciones, subsidios a sus organizaciones y cosas banales o particulares que preocupan solo a sus referentes principales, emitan públicamente en extensos comunicados escritos, sus impresiones fundamentales sobre lo sancionado por la Justicia de este país, con relación al debido proceso judicial y a las penas a campesinos, vinculados con la masacre de Curuguaty registrada el 15 de junio del 2012.
Pese a que algunos dicen que solo para condenar a inocentes sirvió esa punición, su alcance fue profusamente superior, pues sirvió para aleccionar a otros agricultores pobres y desprotegidos a no luchar por mejorar sus inmerecidos destinos, poniéndoles bestiales bozales para que afecten sus aparatos pulmonares o traqueales. Igualmente, para que al común de la gente les engendre dolores abdominales nada accidentales.
Valió, además, para que los angustiados terratenientes locales y extranjeros, especialmente aquellos que se han hecho de áreas importantes de tierras durante la paradigmática Reforma Agraria de la última dictadura, desde la divulgación de la condena, puedan vivir más alegres y tranquilos, y conciliar el sueño durante las noches pese a que muchos de ellos deberían dormir en celdillas.
¿Es un país de maravillas, aquel que tiene a su gente temerosa y de rodillas?
Aníbal Reinaldo Pangrazio
Me gustaMe gusta
El prontuario de “Su Señoría”
“Su Señoría no tiene curriculum, tiene prontuario…” Qué vergüenza para la Justicia paraguaya tener como juez a una persona que en su época de fiscal había sido acusada de recibir cinco mil dólares de coima para liberar un cargamento. Es este hombre, Ramón Trinidad Zelaya, el polémico juez del caso Curuguaty.
¿Cómo es posible que alguien que fue apresado y esposado hoy esté sentado en la silla de un magistrado dictando sentencias? ¿Dónde está la ética, la condición moral, para poder imponer respeto y justicia? Carece absolutamente de las condiciones básicas de honorabilidad para ocupar el cargo de juez, amén de su escasa preparación intelectual. Se notaba que apenas podía leer lo que estaba escrito en la resolución judicial del caso Curuguaty.
El hoy llamado “Su Señoría” Ramón Trinidad Zelaya había sido investigado por el estonces fiscal Arnaldo Giuzzio, en el año 2006, por supuestamente haber recibido una coima de US$ 5.000 para liberar un camión. En aquella ocasión ingresó esposado a la cárcel de Tacumbú, pero fue inmediatamente liberado. Hoy, este personaje es quien tiene a su cargo dictar justicia. ¿Quién puede creer en sus veredictos? Nadie en su sano juicio podría confiar en esta clase de nefastos personajes ¡Qué vergüenza!
Francisco Martínez Rivas
Me gustaMe gusta
¿Qué Estado tenemos?
Un Estado inteligente jamás debe abandonar a su suerte al campesinado, porque los campesinos son tres veces más en la población; y el futuro del país no puede prescindir a las tres cuartas partes de sus habitantes. Una nación así, es una nación mutilada, que no puede pretender ningún progreso; qué triste y desolada es la tierra que habitamos, y me pregunto: ¿qué podemos hacer ante esta desgracia ignominiosa de negar justicia a los más débiles? Siento vergüenza por donde vivo, donde la supuesta justicia encierra en prisión como esclavos a los verdaderos dueños de la tierra y no a los usurpadores capitalistas que solventan a policías para cometer barbaries contra campesinos inocentes; como ejemplo: la voz de un campesino de 75 años de edad antes de ser ejecutado por policías, arrodillado suplica que no lo maten; alegando que él estaba ahí luchando por un pedazo de tierra para sus hijos, durante la Masacre de Curuguaty.
Esta flagrancia tan miserable que desprecia el Derecho y la Justicia se está exhibiendo ante los ojos del mundo. Solamente me resta exhortar a la gente a que se manifieste por cualquier medio y que no actúe como siempre, llorando sobre las sepulturas de campesinos muertos por la injusticia reinante en nuestro país. Pero no vamos a perder la esperanza, tarde o temprano habrá justicia para nuestro País; porque no hay cosa más nefasta para un pueblo que haber perdido la fe en la justicia.
Carlos Saldívar Orué
Me gustaMe gusta
Curuguaty
La justicia no es ni pronta ni barata para los pobres. Y es rápida y pagada por la corrupción para los ricos.
Nuestro Poder Judicial carece de credibilidad e imparcialidad.
En el caso Curuguaty no me digan que los campesinos no estaban armados. Sabrá Dios quién fue capaz de idear una masacre como esta utilizándolos con la promesa de tierras, resultando víctimas policías POBRES y campesinos POBRES. Pero ¿quién puede contar la historia tal cual fue, quién puede saber quién disparó? ¿Se puede demostrar la legalidad del título de propiedad?
Lo más probable es que haya inocentes pagando por los actores intelectuales maquiavélicos.
No estuve de acuerdo con el juicio político a Lugo, pero no me pidan defenderlo; es un león vestido de cordero. ¡Qué hubiera sido si seguía en el poder!
Con su inacción y complacencia alentaba las ocupaciones. Y es que siempre hay pescadores en río revuelto, que sacaron provecho del caos.
Nuestra “Dama de la Justicia” tiene los ojos vendados, pero no para la objetividad, la balanza inclinada y desequilibrada por la parcialidad… y la espada politizada.
Mirna Alfonso
Me gustaMe gusta
Por cargar a su bebé
La “Justicia” paraguaya te puede declarar culpable, solo por andar con tu bebé a cuestas. Es una de las muchas conclusiones que se pueden sacar de la sentencia del caso Curuguaty. El exfiscal Jalil Rachid –quien es privilegiado con un cargo en el Poder Ejecutivo violando toda ley– dijo en su momento que el delito de las mujeres hoy condenas fue “generar un ambiente de confianza”, por estar en el sitio de la invasión (las tierras invadidas por los Riquelme) con sus bebés a cuestas.
Esta presencia les cuesta hoy penas privativas de prisión. Este mismo hombre dijo en su momento que “las balas vinieron de todos lados”, por ende no se podía probar quién mató a quién. ¿Entonces, cómo se atreven a condenar, si no pueden probar nada?
Otro mensaje de exclusión que envía la justicia a los habitantes de esta sufrida tierra es que la vida de los campesinos no vale nada, ni un papel, ni una intención, nada. Es por eso que hoy han sido condenados campesinos y campesinas cuyo gran delito fue anhelar un pedazo de tierra y hay también once campesinos asesinados –algunos ejecutados, porque se comunicaron con sus familias luego de l tiroteo y después aparecieron muertos– y sus muertes están impunes y ni siquiera fueron investigadas.
Son días de gran tristeza y temor. No estamos seguros en nuestro propio país con una justicia a la que no le interesa llegar a la verdad, administrada por jueces como Ramón Trinidad Zelaya que –a duras penas– leyó la sentencia y cuyos antecedentes nefastos salen a la luz ahora.
Tania Salinas
Me gustaMe gusta
Curuguaty tenemos todos los días
15 julio, 2016
Por Sergio Etcheverry
Terrible semana en Paraguay, confirmatoria del delicado equilibrio jurídico, social y político en el que estamos inmersos. Lo que mal empieza, mal termina: la increíble historia de la invasión a una propiedad privada que era pública y de una masacre en la que solo se investigan 6 muertes y no las 17, sin saber exactamente quién mató a quién, perdurará en la historia como el registro de cómo no se deben hacer las cosas.
Se me ocurre que, quizás, las únicas personas que queden satisfechas con el resultado sean los familiares y los camaradas de los policías muertos, aunque debemos agregar, seguramente, a los que sacaron rédito político y económico de todo esto.
A las muertes y el dolor, a las sospechadas condenas sumaremos, como siempre, el descrédito y la desconfianza hacia un poder judicial que parece sacado de alguna novela. Para atender a uno de los casos más importantes por sus implicancias de todo tipo, tenemos un magistrado con antecedentes de procesos por coimero. ¿No tenemos nada mejor?
Pero por supuesto, esto no es nada nuevo: los pequeños Curuguaty son cosa de todos los días. Las actas de accidentes de tránsito arregladas según quien la consigne en el momento son una muestra y las sospechas y denuncias de fallos dirigidos por oscuros intereses llegan incluso hasta nuestras más altas instancias judiciales, donde hasta los integrantes de la Suprema Corte están en la mira y pendientes de juicio político, que no se termina de concretar justamente, por motivos políticos.
Y el carnaval seguirá: el lunes sabremos los fundamentos de la resolución y vendrán las acciones de la defensa. Una vez más, seguramente, el Paraguay estará mencionado a nivel internacional como un país donde la justicia no es tan justa o por lo menos, no parece serlo.
Los políticos hablarán de las presidenciales y nosotros del aumento de sueldo. Y en el país de la desconfianza, de todos y de todo, seguiremos desconfiando seguramente.
Me gustaMe gusta
Cosecharás tu siembra
Por Guillermo Domaniczky
De los tres Poderes del Estado, el Judicial es el menos controlado y el que más depuración necesita. Desde 1989 hasta hoy, medios, periodistas y la opinión pública en general nos encargamos de vigilar y controlar mayormente a los responsables de la administración o las leyes del país, mientras son los responsables de impartir justicia quienes cargan sobre las espaldas de nuestra sociedad el mayor de nuestros problemas: la impunidad.
Es en tribunales donde los casos se cocinan a fuego lento, cuando la novedad de cada causa va siendo desplazada tras los flashes iniciales y las rimbombantes imputaciones, para dar lugar al silencio, el olvido y la extinción.
Por eso es que hubo tantas voces críticas de las sentencias del caso Curuguaty esta semana, porque la que debía haber sido una investigación ejemplar y rigurosa de un caso tan sensible, fue apenas una que hizo agua por todas partes, desde el momento de las imputaciones iniciales por el entonces fiscal Jalil Rachid, aquel domingo 16 de diciembre de 2012.
Recuerdo que ese día que transmitíamos unas internas en la 730 AM, habíamos escuchado la presentación de las imputaciones por parte de Rachid, quien daba en una conferencia de prensa algunas confusas explicaciones sobre ello; le pedí al reportero de la radio que nos permitiera hablar con él, y en la entrevista terminó admitiendo en ese entonces que no estaba en condiciones de elaborar una hipótesis sobre quién había matado seis meses antes a alguno de los 17 caídos en Curuguaty.
Rachid siguió con la misma postura hasta que dejó el caso en manos de otros fiscales, pero continuó mintiendo ya en su nueva función, cuando al ser cuestionado esta semana sobre por qué no investigó la muerte de los once campesinos, con ejecuciones incluidas, dijo que lo estaba haciendo la fiscalía de Derechos Humanos, cuyo titular lo desmintió en pocos minutos.
Claro que hubo oportunistas políticos en este caso, que incluso olvidaron que el propio Fernando Lugo, presidente en ese entonces, había dicho que tenía la certeza de que la policía actuó con vocación pacifista y fue sorprendida en medio de un protocolo de diálogo y negociación, discurso que le recordaron estos días en medio de su amnesia selectiva.
Pero al oportunismo político hay que responder con una investigación seria y rigurosa, que no deje lugar a dudas, algo que no hubo; con un presidente de tribunal que empezó sus alegatos diciendo que el tribunal iba a decir lo que pasó en Curuguaty, pero terminó dejando más dudas que obligaron a recordar la oscuridad de sus antecedentes, detenido por cobro de coimas y cuestionado por liberar a narcotraficantes.
En síntesis, hasta aquí una justicia que le da argumentos a quien quiera cuestionarla porque generalmente inclina su balanza ante quien tiene poder y recursos.
Solo es cuestión de mirar cómo están algunos procesos y recordar otros.
Observar cómo está paralizado desde hace cinco meses el caso en el que está procesado el diputado José María Ibáñez por haberse quedado con la mayor parte del dinero que le hacía pagar al Estado a sus peones.
O ver cómo se vuelve eterno el análisis para imputar a una ministra electoral que cobró indebidamente un dinero por un trabajo realizado en el país, cuando en realidad estaba fuera de él.
O recordar cómo un expresidente nos hizo pagar un auto, que no solo se lo habían regalado, sino que fue robado en Brasil y que debimos devolvérselo a una empresa aseguradora en medio de un bochorno internacional, mientras los responsables de la estafa al Estado quedaban impunes porque la rosca judicial permitió la extinción de la causa.
Y podríamos seguir mencionando en un suplemento especial en este diario una cantidad de casos en los que el poder político se traduce automáticamente en impunidad judicial. Por eso no extraña la reacción de descreimiento y desconfianza hacia nuestra justicia, una que nos hace recordar aquella famosa frase del talmud que sostiene que es desgraciada una generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
Me gustaMe gusta
Sentencia y consecuencias
Por Marcos Cáceres Amarilla
Casi nadie de los que siguieron el proceso de la masacre de Curuguaty cree que la sentencia dictada el pasado lunes por un histriónico Juzgado tenga algo que ver con la Justicia. La excepción son quienes consideran que los campesinos y los pobres en general no tienen derecho a protestar ni a nada, y que no deben reaccionar ni afanarse en cambiar las condiciones injustas en que viven.
Nadie cree tampoco que este fallo “judicial” concluya aquí. Saben que traerá consecuencias varias, a nivel jurídico, político y social.
Dejando de lado cualquier teoría conspirativa en el caso Curuguaty, la masacre fue aprovechada para impulsar en 2012 el juicio político y la posterior destitución del presidente electo en 2008. La iniciativa del juicio fue llevada adelante previo pacto político entre los dos principales partidos del país: el PLRA y la ANR.
El PLRA estuvo representado en esa negociación por sus tres líderes visibles: Blas llano, Federico Franco y Efraín Alegre. En cuanto al Partido Colorado, los mismos liberales eligieron con quién acordar. No fue con su entonces presidenta, la senadora Lilian Samaniego, ni con ningún otro representante oficial del partido. Fue con un personaje que aún no tenía la más mínima representación institucional, pero que ya “mandaba” y tenía el poder real dentro de la ANR: Horacio Cartes.
El propio Cartes contó en una entrevista el 1 de abril de 2013 que la senadora liberal Zulma Gómez, “con botas hasta las rodillas, felpudas y en jeans” (sic), fue la enviada para negociar con él los votos colorados del Congreso y le preguntó qué quería a cambio. Según Cartes, él respondió: “un carajo”. En ese acto, el PLRA entregó a Cartes, tal vez sin darse cuenta en toda su dimensión, sus futuras chances electorales. Esos dirigentes liberales dejaron en claro que eran capaces de cualquier cosa para llegar al poder. Una decisión y una imagen con la que siguen y seguirán cargando quién sabe por cuántos años más.
Esta vinculación con el caso Curuguaty le sirvió a Cartes como un trampolín hacia el poder.
Para él y para quienes pasaron a dominar el escenario político a partir de ese momento y hasta ahora, dejando de lado a los partidos tradicionales, era importante el mensaje que surgió de la sentencia judicial leída el lunes.
Por un lado, fue un recordatorio y/o advertencia a las organizaciones campesinas y sociales en general, acerca de quién “manda” en este sistema y cuáles son las consecuencias de querer oponerse al orden establecido. Por otro lado, es muy importante para el cartismo justificar con un castigo ejemplar esos hechos: la masacre y el juicio político, que sirvieron aquella vez para su consolidación como actor político.
Desde la caída de la dictadura, hubo tragedias y conmociones sociales que marcaron a la sociedad paraguaya y motivaron cambios a mediano plazo: el robo a Argaña en las elecciones de 1992, el marzo paraguayo de 1999, la tragedia del Ycuá Bolaños en 2004, la masacre de Curuguaty de 2012. Todas tuvieron consecuencias en el ámbito político, posteriormente.
La sentencia del pasado lunes no motiva hasta ahora reacciones violentas en forma masiva, como hubo en otras oportunidades. Pero eso no debe llevar a pensar que existe una indiferencia general.
Las consecuencias de ese fallo judicial injusto se verán. Con más fuerza, si el Poder Judicial en las próximas semanas concreta, por ejemplo, la impunidad de algunos políticos como los diputados José María Ibáñez y Óscar Núñez, la del senador Víctor Bogado o, si la Cámara de Diputados evita la intervención de la administración de la intendenta Sandra McLeod. Se engañan a sí mismos quienes creen que en nuestro país la gente no se da cuenta de nada de lo que ocurre y que pueden hacer pasar todo el tiempo la mentira como si fuera verdad y la arbitrariedad como si fuera justicia.
Me gustaMe gusta
La masacre de Curuguaty y el canibalismo político
17 Jul 2016
A medida que aparecen las pruebas sobre los responsables de la masacre de Curuguaty, ridiculizando a quienes tratan de tergiversar los hechos luctuosos registrados y documentados en su momento por las cámaras de televisión, las fotografías y los testimonios recogidos, coincidentemente, por los medios de prensa y los fiscales y difundidos a todo el país, va difumándose la imagen de un abuso de la Justicia, en un supuesto caso de enfrentamiento entre “pobres campesinos” y terratenientes, con criminalidad de parte de la Policía.
Los policías, en este caso, sin lugar a dudas, fueron las víctimas. Actuaron por orden del Gobierno Nacional, del ministro del Interior, en comunicación y con anuencia del presidente de la República, es decir, como fuerzas del orden del Estado, de la nación paraguaya, en cumplimiento de su obligación de obediencia a sus superiores, en contra de su propio criterio ante las circunstancias, de lo que hay constancia, ya que los documentos visuales testimoniales mostraban en el lugar y en el momento de los hechos que no estaban dadas las condiciones para un “diálogo” con “ocupantes” dispuestos, según las propias declaraciones, a matar y morir, lo que no se trasuntaba solo en declaraciones verbales, sino en la formación defensiva y agresiva de los conjurados, ante policías desarmados y con los brazos en alto.
La prudencia, la lógica más elemental y la responsabilidad de gobierno de las autoridades nacionales obligaban a postergar el operativo, como tantas veces se hizo, en circunstancias menos amenazantes y explosivas.
La orden “superior” fue de irresponsabilidad absoluta y criminal. Los “conjurados” cumplieron la amenaza “de matar y morir”, aunque los principales voceros siguen vivos, pese al intento de diálogo, por orden del Gobierno Nacional, de los policías desarmados.
Esos fueron y son los hechos filmados, testimoniados y documentados. No dejan lugar a la duda.
La tragedia desencadenó la renuncia –aunque tal vez habría de decir la huida– del entonces ministro del Interior, Carlos Filizzola, para volver a su seguro asiento en el Senado, sin la rendición de cuentas necesaria. Fue base también del juicio político y la consecuente destitución del presidente de la República que, en el ínterin, tampoco mostró voluntad de explicar la decisión que desencadenó los trágicos acontecimientos. Y, vale constatarlo, tampoco en los años que han pasado desde su curul parlamentario y como líder de una fuerza política con representación en el Congreso.
La única acción del gobierno “responsable” de la masacre fue un intento de golpe parlamentario propiciado por los cancilleres del Mercosur, encabezados por el entonces canciller venezolano Nicolás Maduro, convocando al Palacio de López a los jefes militares con la clara y aviesa intención de un golpe de Estado, un fujimorazo contra el Congreso Nacional.
La gran arremetida “mediática” que se ha producido recientemente, ante la sentencia judicial, va perdiendo fuerza en la opinión pública ante la contundente documentación que indica que en Curuguaty se produjo un acto criminal alevoso, anunciado y consentido, si no propiciado por las autoridades nacionales. Que no fue un acto de “represión” policial, sino que los policías fueron las víctimas fusiladas a discreción por los asesinos, que no fueron pobres campesinos, en defensa espontánea de su lucha por la tierra, sino gente entrenada y preparada de antemano para matar a compatriotas desarmados, cumpliendo con su deber, bajo las órdenes de las autoridades nacionales, que los mandaron al frente sin considerar las objeciones que, entre otros, ellos mismos plantearon, de que iban a una emboscada y no a un diálogo. Y así se produjo la masacre.
Paradójicamente, los mismos defensores del gobierno de entonces, y los miembros del gobierno que dio la orden que desencadenó la masacre, el mismo ex presidente Lugo, hoy marchan entre los protestatarios, y son quienes tratan de defender la impunidad de una masacre de la que fueron los responsables principales.
Al drama de la tragedia de los muertos, policías y campesinos, hay que sumarle el canibalismo político.
Me gustaMe gusta
Curuguaty es solo la consecuencia
Por Luis Bareiro
No creo en los tribunales populares. Según el relato bíblico, una multitud exculpó a Barrabás condenando a Jesús. Anécdotas como esa abundan en la historia. La culpabilidad o inocencia no se define a los gritos, en las calles, con pancartas o estribillos de protesta. Un crimen no se dilucida con activistas sociales ni políticos dando cátedra de derecho en los medios.
Eso es lo que está pasando con el caso de Curuguaty en el que se investiga la muerte de 17 personas en un hecho cruento que tuvo tremendas repercusiones políticas.
El proceso se convirtió en un partido de fútbol donde todos opinan sin haber siquiera presenciado el encuentro. En este caso, escuchamos todos los días sesudos análisis de boca de personas que jamás asistieron al juicio, un juicio oral y público que duró casi un año.
La mayoría de las consignas se basan en afirmaciones realizadas por algunas de las partes sin que hayan sido sometidas al rigor de las pruebas. La integración de las filas de los partidarios de una u otra versión de los hechos no puede ser más reveladora. Es obvio que la mayoría de quienes quieren creer en la culpabilidad de los campesinos a como dé lugar abonan la tesis de que los asesinatos formaban parte del avance de una izquierda violenta dispuesta a imponer su modelo a la fuerza.
En la vereda de enfrente, muchos de quienes afirman que no hay dudas sobre la inocencia de los acusados están convencidos de que el triunfo de su versión confirmará que la masacre fue un montaje para destituir a Lugo.
Y en medio de esta ensalada ideológica, están quienes tienen críticas realmente jurídicas y razonables sobre un proceso que adolece de todos los males que aquejan a nuestra justicia.
Y quiero arribar ahora al problema de fondo del caso Curuguaty, a la razón por la que la investigación sobre una matanza se convierte fácilmente en materia de juzgamiento de tribunales populares y mediáticos.
Es simple y obvio: nadie cree en la justicia paraguaya.
Curuguaty es apenas un síntoma más. Hay ciento de miles de casos Curuguaty. La sentencia carecía de credibilidad incluso antes de que fuera dictada. Si el fallo hubiera sido la absolución de los acusados, igual habría un sector convencido de que los liberaron solo por la presión mediática.
El caso estaba podrido antes de comenzar. Es imposible conseguir credibilidad en un fallo mientras no reformemos la justicia. ¿Cómo puede un fiscal, por más argumentos que esgrima, convencer a una población de la veracidad de su acusación, cuando los acusados son pobres y su contraparte poderosos latifundistas? ¿Cómo creer que los jueces no se vendieron cuando el dinero, el tráfico de influencias, los vínculos políticos y el sexo siguen siendo los mejores argumentos para conseguir una sentencia?
¿Cómo creer en un juez que apareció esposado, acusado de una coima? ¿Cómo creer en un ministerio público cuyos miembros necesitan de la clase política para ser nombrados, para seguir en el cargo o para no ser destituidos?
La cuestión no es si los campesinos del caso Curuguaty son hallados culpables o inocentes, la cuestión es que como sea no creeremos en el fallo, porque sencillamente no creemos en la justicia.
Me gustaMe gusta
Nunca antes, tan pocos, mintieron a tantos
18 julio, 2016
En realidad antes de ser criticado el así llamado Caso de la Masacre de Curuguaty, deberá ser admirado. Se trata de un ejemplo de manipulación perfecta. Su síntesis podría plasmarse en la siguiente sentencia: NUNCA ANTES, TAN POCOS, MINTIERON A TANTOS, DURANTE TANTO TIEMPO.
El caso Curuguaty fue una alquimia de mentiras, de cinismo extremo, el más refinado, sin fisuras, con el rostro pétreo proclamando inocencia pese a que en su fuero íntimo los inculpados sabían que estaban mintiendo, de la manera más artera posible, y la pena que lo hacían ante mucha gente bien intencionada (aunque no todos), los bien definidos como idiotas útiles, gente sensible, de avanzada, defensores fervientes de los derechos humanos, varios de ellos con experiencias marcantes en la tenebrosa época de Stroessner, como el caso de “Nenena” Kannonikoff, cuyo marido Mario Schaerer Prono, fue muerto por torturas en Investigaciones. “Nenena” perdió los estribos durante la lectura de la sentencia, le dio un paroxismo de furia, daba pena una luchadora como ella, que se había tragado hasta el fondo el anzuelo de la farsa campesina, tan bien hecho estuvo el sainete que hasta debería figurar en el libro “Guiness” de los récords.
Nunca antes, tan pocos, mintieron a tantos y durante tanto tiempo.
Manipulación perfecta. Todo estuvo preparado. La “previa”, como dicen los peloteros, con las interminables chicanas que emplearon para alargar el asunto más allá de lo razonable mientras subían de tono las protestas del vocinglero grupo de sus defensores a ultranza.
A los tumbos, escándalos, marchas y contramarchas, se llegó al día de la lectura de la sentencia. La agitación estaba cantada. Pese a la intimidación y la terrible presión, el Tribunal se mantuvo firme. Ordenó la lectura de la sentencia a los gritos y se marchó, para no arrojar más leña al fuego. Se lo vio al abogado Amelio Cisco, un jumento perfecto, as de la defensa de los labriegos, como uno de los más vociferantes, con el puño en alto.
Esta mañana, darán a conocer las razones de la sentencia y el carnaval se prepara de nuevo. Sólo que esta vez las fuerzas del orden están mejor preparadas. Habrá que ver qué sucede.
Un caso para ser analizado por los estrategas de los gabinetes de inteligencia de todo el mundo. La gran mayoría silenciosa de la población, que en principio condenaba a los campesinos por su actitud violenta, empezó a tener dudas, a “no entender más lo que pasa”, ante tanta avalancha de acciones estratégicas fogoneadas salvajemente por los medios de comunicación, día y noche, “en vivo y en directo”.
Unas líneas para el justiciero que llegó de ultratumba y está desnudando una de las falacias claves del proceso. Pablo Medina, el periodista asesinado posteriormente por los narcos, probó con una foto que el asesino del Jefe del Operativo Policial, el que disparó primero, etc, fue el cínico Rubén Villalba, justamente condenado por el Tribunal con la pena máxima.
Cuando cae el telón de esta tragicomedia paraguaya, un hombre entre bambalinas, se retira satisfecho. Él sabrá sacar provecho de todo esto. Prohijó la tragedia, fue el responsable de todo lo que pasó, pero nadie lo señala con el dedo acusador. Fernando Lugo sonríe mefistofélicamente y sueña con volver.
Me gustaMe gusta
Después de la sentencia
Por Fernando Boccia
Tras la condena a 11 campesinos por la matanza de Curuguaty, reacciones de distintos sectores de la sociedad y de los mismos actores del juicio revelaron aún más elementos para entender el caso en todas sus implicancias.
Eduardo Felippo, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), lamentó que «una manga de infelices» pretendan desestabilizar al país, esto con referencia a las personas que salieron a las calles a protestar contra la sentencia impartida.
El mismo día, varios gremios empresariales criticaron a los que buscan «instalar la lucha de clases». Para ellos, que aún creen que la lucha de clases se refiere, literalmente, a una batalla campal de ricos contra pobres, salir a protestar contra una sentencia injusta es desestabilizar al país y demostrar infelicidad. Solo consiguieron mostrar la hilacha autoritaria que persiste entre los más poderosos del país.
Distintos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos explicaron cómo siguen las investigaciones sobre torturas y ejecuciones extrajudiciales en Curuguaty. Una fiscala dijo que no consiguió ningún testimonios ni pruebas –a pesar de que la Codehupy y la prensa recolectaron varios relatos de testigos presenciales– y otro fiscal se escudó señalando que él investiga una denuncia de hace apenas un mes. El desinterés del Ministerio Público en esclarecer la muerte de 11 campesinos es cada vez más evidente y todo apunta a que en algún momento el Estado va a tener que responder por esta criminal desidia ante organismos internacionales.
Un video comenzó a circular nuevamente en canales y redes sociales: se trata del discurso dado por el entonces presidente Fernando Lugo, dos días después de la tragedia, en el que lamenta la muerte de 6 policías «sorprendidos en medio de un protocolo de diálogo y conversación». Sirve para recordar que Lugo, así como el ex ministro Carlos Filizzola, tiene su cuota de responsabilidad en lo ocurrido.
Luego de escucharlo dictar sentencia, supimos que el juez Ramón Trinidad Zelaya tiene quizás más antecedentes que todos los procesados juntos. El senador Giuzzio contó que en su época de fiscal anticorrupción montó un operativo para detener al entonces fiscal Zelaya por coima, pero su asistente decidió asumir la culpa. Algunos portales también relataron otras supuestas andanzas suyas y su fuerte respaldo político. Desde el casi sobrino de Blas N. Riquelme, que empezó a investigar el caso, hasta el magistrado con foja limpia pero con un pasado tenebroso, los campesinos nunca tuvieron chance alguna.
Me gustaMe gusta
Mamotreto de sentencia
18 julio, 2016
Por Santiago González
El entender un crimen no es tarea fácil, menos aún si este encierra tantos intereses no solo penales, civiles sino también sociales y políticos. Los elementos objetivos para ir uniendo pistas que consoliden hipótesis de los investigadores son lo más preciado de un proceso.
En esa línea, la escena del crimen es pieza clave, ya que si está bien custodiada y cuidada puede hablar hasta el punto de resolver un caso. Cualquier estudiante de derecho sabe que manipular o destruir evidencias anula las chances de llegar a conclusiones certeras y por ello constituye un delito.
Curuguaty es un ejemplo claro; el día de la masacre los fiscales a cargo poca importancia le dieron a los elementos relevantes, al rastrillaje del lugar y a la custodia del predio que sus evidencias en lugar de armas fueron alicates, petacas de caña y a 24 horas de la masacre ni siquiera habían olido que dentro de Marina Cué todavía quedaban cuerpos de campesinos asesinados, armas y cartuchos que podían ser levantados con el fin de entender lo que pasó el día anterior.
Que hoy la sentencia no tenga ninguna consistencia, que el propio Jalil Rachid (principal investigador del caso) haya reconocido que era imposible llevar a juicio el supuesto de homicidio doloso y responsabilizar a Rubén Villalba de la muerte de Lovera, demuestra lo mal que se condujo todo el proceso.
Es lógico que alguien es responsable de esa matanza, es lógico que alguien tuvo que matar a 11 campesinos y 6 policías, ¿pero cómo sostener una sentencia que no es capaz de explicar cómo se dieron los hechos, que no tiene la capacidad de mostrar las armas que se utilizaron en el lugar y que dice haber llegado a los responsables del hecho solamente por medio de las testificales?
La verdad procesal de Curuguaty no tiene ninguna relación con la verdad real, el mamotreto que se produjo como resultado y la confusión social que genera el caso es consecuencia directa del poco interés de los investigadores en el esclarecimiento del caso que tuvieron a su cargo. Hasta el más fanático sabe que en puro derecho la sentencia del caso Curuguaty es insostenible.
Me gustaMe gusta
Institucionalidad
Luego de un año de intensas audiencias, de numerosos y desgarradores testimonios, después de maniobras dilatorias y chicanas de la defensa que intentaban sostener razonamientos sin ningún fundamento en hechos, finalmente el Tribunal de Sentencia presidido por Rubén Trinidad Zelaya logró arribar a una condena para los 11 procesados del caso de la matanza de Curuguaty, una masacre que dejó 17 muertos en junio del 2012.
El arribo de una sentencia en el caso más grave de los últimos años ha sido posible gracias a la institucionalidad e integridad del Poder Judicial, que se impuso pese a la enorme presión ejercida por diversos sectores políticos y organizaciones sociales por invalidar y reprobar el juicio oral y público.
Concluida la lectura de los argumentos que llevaron a los jueces a imponer penas de entre 4 y 35 años de prisión a los procesados, cabe resaltar que con el fallo los magistrados han tenido por probado que el principal acusado en este proceso, Rubén Villalba, es el responsable de haber disparado contra la humanidad de un brillante oficial de la Policía, como lo fue en vida Erven Lovera, y que este hecho desencadenó la trágica masacre que acabó luego con 17 compatriotas.
Asimismo, los argumentos expuestos por el Tribunal dan su total respaldo a la labor llevada a cabo por los agentes del Ministerio Público (desde Jalil Rachid –que inició la investigación– hasta Liliana Alcaraz y Nelson Ruiz, que fueron los que culminaron el proceso) en la colosal recolección de pruebas, testimonios, fotografías, autopsias y la reconstrucción de los hechos que determinaron sin dejar dudas sobre quiénes recaía la autoría de los hechos.
Este no es un dato menor. Durante los últimos cuatro años, luego de producida la matanza en la que el gobierno del entonces presidente Fernando Lugo tuvo una enorme responsabilidad política, el Ministerio Público se ha ocupado de acopiar la mayor cantidad de evidencias y de perseguir a quienes surgían como sospechosos y cómplices, respetando en todo momento el principio de la presunción de inocencia. Sin embargo, desde el día 0, los agentes fueron blanco de acusaciones y agravios que pretendían sin éxito entorpecer su labor y echar un manto de duda sobre la investigación, cuestionando procedimientos y contaminando el ambiente social.
Y en esto, mucho han tenido que ver algunos movimientos sociales, organizaciones políticas y anodinas figuras que se han erigido en “caudillos” de esta causa, con el mero afán de manipular y deslucir la investigación, cuando ésta se hallaba en plena ejecución, o el juicio, una vez que este había arrancado.
Faltos de argumentos, y hasta con muy poca creatividad, estos movimientos pretendían claramente contaminar el proceso. Pero la fortaleza de las instituciones de nuestro país, que ha tenido al sistema judicial como un verdadero bastión, ha impedido con argumentos claros y pruebas convincentes que esta burda artimaña prospere. Una señal de que este proceso ha tenido pocos reparos es la escasa reacción social a la que tanto han apelado los sectores políticos interesados en empañar el juicio; apenas un grupúsculo de contados activistas de sectores de izquierda se han manifestado –con marchas e incluso con la quema de cubiertas– sin ningún tipo de resultados.
Otro aspecto que refuerza la institucionalidad de la República tiene que ver con el trabajo de soporte que en todo momento dio la Policía Nacional. Desde el inicio de las investigaciones, los agentes estuvieron dando acompañamiento de los diversos procedimientos así como el cerco de seguridad desplegado tanto el lunes 11 de julio pasado, cuando se dio a conocer la sentencia, así como el 18, cuando el proceso culminó con la lectura de 2.312 páginas que contenían los argumentos jurídicos de la condena.
Una democracia sólida funciona con reglas y principios simples. Una de ellas es que sus instituciones funcionen y el Poder Judicial, sobradamente, ha mostrado en el caso Curuguaty su robustez.
Me gustaMe gusta
Una sentencia para debatir de verdad
19 julio, 2016
Por: Dr. Mario R. Centurión (*)
El país entero se pregunta si le resolución dictada en el llamado Curuguaty por el Tribunal de Sentencia es correcta o no, o si es justa o no. Como se sabe, la misma aplicó altas penas carcelarias a los ahora condenados. La pregunta es de coyuntura, sin embargo hay que señalar que hay una pregunta mucho más importante que le precede en forma ontológica si se quiere conocer la verdad de las cosas: ¿se puede esperar justicia de la justicia estatal? Para responder esta pregunta hay que correr el eje del debate con nuevos argumentos, ideas, conocimientos teóricos y razones.
La sentencia recaída es la consecuencia lógica de la aplicación simplemente del llamado positivismo jurídico vigente desde hace más de cien años en el Paraguay y en el mundo entero, con el agregado de que el caso es considerado “complejo”, o sea es un caso con tinte político. Cabe recordar que al mismo tiempo que Kelsen hacia su teoría, Karl Schmitt, teórico nazi, había formulado en su momento que “el derecho únicamente proviene del Estado”, y esa fórmula se aplicó en forma sistemática en todos los estados naciones desde entonces, luego de la Primera Guerra Mundial.
Hitler organizó, mediante la ley y el estado, los hornos crematorios, Mussolini hizo otro tanto, Stalin mató como a 40 millones bajo esa estela mediante el Estado, la justicia y la ley. Con lo cual nadie puede estar de acuerdo.
Dicho esto, cabe señalar que el positivismo jurídico en manos de quien esté producirá daño, y el daño y la agresión serán mayores si caen en manos de déspotas amorales. En nuestro país ya tiene rancio abolengo los desastres del positivismo jurídico. El Estado, en su momento, cuando el Partido Liberal estaba en el poder absolvió al presidente Guggiari y los suyos cuando se produjo la matanza de estudiantes el 23 de octubre de 1931 y así se podría citar varios otros ejemplos. De modo que el asunto no pasa por hacer “análisis” coyunturales para reclamar, protestar y anhelar una verdadera justicia; el asunto pasa por cuestionar corriendo el eje debate de si la justicia en manos del Estado o del juez funcionario realmente puede hacer justicia. Personalmente creo que no, porque es incompatible contra la naturaleza humana, que es contraria a todo tipo de agresión.
No obstante, cabe apuntar que la sentencia recaída hubiera sido de la aprobación de un fiero republicano como el gran Cicerón que combatió con la retórica y le derrotó al tirano Catilina bajo la fórmula de que “la salud de la
república es la suprema ley”. Esta sentencia de alguna manera tiene ese efecto, habría salvado la república, porque de haber sido lo contrario, lo más probable es que se iban a multiplicar revueltas y desmanes de todo tipo y en conocimiento de la naturaleza de quienes desde detrás estaban potenciando el malestar con acciones hasta directas, y que iban a traer como correlato represiones violentas que nadie quiere, pues con la violencia no se consigue nada bueno.
(*)Abogado y periodista. Es autor de 7 libros, su último libro del 2016 se llama “Miseria de la justicia paraguaya”.
Me gustaMe gusta
La lógica del conflicto
17 julio, 2016
José Rojas.
Las organizaciones sociales; campesinas, en su papel de fortalecedores de los objetivos del sector, se ven debilitadas por organizaciones políticas afines que subyacen y copan los niveles de decisión y utilizan situaciones, como el caso Curuguaty para establecer un estado de confusión primero; y de violencia después.
Estos políticos y sus posibles conexiones con el paramilitarismo, la guerrilla (si la hubiere) todos estrategas de la lógica del conflicto ven a los campesinos como eslabón sensible, elementos que pueden fortalecen acciones políticas y hasta de enfrentamiento con el objetivo final de instalar un estado de caos y desestabilizar al poder constituido. Enervar a las masas es un camino para hacerse del poder cuando se comprende que por otros medios –las urnas por ejemplo- saben que no llegan.
El conflicto llevado a extremos podría amenazar al sistema y desactivar las fuerzas políticas democráticas, los partidos reconocidos.
El gremio empresarial ve al caso Curuguaty como caldo de cultivo donde se cuecen actitudes que están a punto de estallar si es que el Estado, en este caso la Justicia no resuelve cuanto antes y ejecute de inmediato sus sentencias.
Los dirigentes sociales devenidos en dirigentes políticos y agentes portadores de mensajes violentos ven a las organizaciones de campesinos debilitados e incluso rotos y aprovechan para intentar alimentarlos y potenciarles con mensajes de violencia. De ahí a convertirlos en grupos armados hay un solo paso.
El mensaje de los empresarios agremiados quizás apunte al Frente Guasu, de Fernando Lugo. De ser así, el espectro debería ampliarse, pues en los montes están otras fuerzas, agazapadas, amenazantes, esperando que llegue el mensaje, el gesto que los habilite a abrir fuego.
También está la posibilidad de la exageración de los empresarios y solo levantan polvareda para proteger sus intereses. Sin embargo, no dejan de tener razón cuando critican los movimientos de los dirigentes campesinos y sus abogados que azuzan a las masas y promueven el desacato a las determinaciones judiciales.
Las posibles consecuencias tergiversadas generadas a partir de las sentencias del caso Curuguaty pretenden instalar el punto de partida: la lucha de clases; botón rojo que al activarlo con criterios violentos pondrá a prueba a las fuerzas reconocidas por la Constitución Nacional y las leyes y que deben ser respaldadas con todo el imperio de la Ley aplicada y con energía por la Justicia.
Apuntando desde otro rincón. Los que están siendo apuntados como dirigentes sociales metidos a políticos buscando levantar a las masas, podrían ser meros delincuentes.
Existen ejemplos cercanos. El origen del EPP fue una banda asaltabancos desarticulada por la Policía y cuyo objetivo fue llevarse dinero de los productores guardados en el Banco Nacional de Fomento, en Choré.
Detuvieron, entonces a Carmen Villalba, Alcides Omar Oviedo Brítez, Gustavo Lezcano, Lucio Silva y Pedro Maciel Cardozo y un día antes a Gilberto Setrini, el topo del grupo. Estas detenciones daban inicio a los “luchadores armados por la Justicia social del campesino”. Simples delincuentes que hoy industrializan el secuestro y actúan de guardias de seguridad de los narcos, en el norte y cada tanto emiten proclamas para seguir con el teatro.
Lo que no debe pasar desapercibo es la ‘coincidencia’ que apunta a Fernando Lugo, líder del Frente Guasu como principal referente de todas estas movidas.
El momento político también se presta. Comienza a cobrar fuerza el debate de la posible reforma o enmienda de la Constitución. Tres dirigentes políticos están comprendidos en las prohibiciones; Lugo, Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos y dependiendo de hacia dónde soplen los vientos de las movilizaciones ciudadanas y campesina empujará a tal o cual proyecto político.
Hoy los comandantes de la lógica del conflicto buscan instalar una confusión de la que emerja, probablemente el exobispo, como ‘el salvador del pueblo contra el opresor’.
Intentarlo a través de las urnas no resulta; pero tampoco resultarán los hechos de violencia, sea verbal y menos física; ya no es tiempo.
Me gustaMe gusta
El caso Curuguaty
22 Jul 2016
Por Óscar Germán Latorre
Ex fiscal general del Estado
La capacidad comunicacional con la que actúan ciertos grupos políticos y grupos sociales resulta sencillamente digna de destacar. Han utilizado los distintos medios de prensa y las redes sociales para sostener que la investigación fiscal con motivo de la muerte de 6 policías y 11 campesinos en Marina Cué ha sido amañada, que la Fiscalía ha plantado pruebas contra los acusados y que tiene el interés de ocultar la verdad sobre lo acaecido.
La hipótesis de la defensa, sin embargo, desconoce:
Que el día en que se produjeron tan lamentables crímenes, el presidente de la República del Paraguay era Fernando Lugo Méndez y el ministro del Interior era Carlos Filizzola. En ese procedimiento policial tuvo participación una representante del Ministerio Público y un juez penal de Garantías expidió la orden de allanamiento a tal efecto.
Lo irónico del caso es que, quienes tenían el control de la fuerza pública son los que hoy aparecen entre los principales cuestionadores del procedimiento policial, de la investigación fiscal y del desarrollo del juicio oral.
Es imposible negar la inexistencia del hecho punible de invasión de inmueble ajeno. El inmueble se halla inscripto a nombre de Blas N. Riquelme o alguna de sus empresas y aunque la validez del título se encuentra judicialmente impugnada, tal circunstancia no convierte a los campesinos en propietarios ni les permite a ingresar al inmueble sin la autorización correspondiente.
La defensa técnica desde un primer momento para confundir a la opinión pública recalcó la supuesta nulidad del título de propiedad, con el propósito de sostener que, si el título era falso, no podría existir invasión de inmueble ajeno.
La verdad es que si se declarase judicialmente la nulidad del título de propiedad, Marina Cué pertenecerá al Estado paraguayo, el que deberá decidir sobre el destino y uso de aquél.
En el caso, solo hay dos alternativas posibles, que el inmueble pertenezca a la familia Riquelme o que el Estado recupere su derecho de dominio sobre el mismo y no existe una tercera alternativa que permita a los campesinos acusados o a cualquier otra persona invocar derecho alguno sobre el inmueble en conflicto.
No se trata de una Res Nullius y tampoco cabe duda que el ingreso de esos campesinos al inmueble era absolutamente ilegal.
Las pruebas aportadas por el agente fiscal acusador y, fundamentalmente, el testimonio de testigos presenciales del crimen acreditan con grado de certeza que el comisario Erven Lovera y sus acompañantes se acercaron a los invasores sin portar arma alguna y que fueron cobardemente asesinados por algunos de los acusados que salieron a su encuentro.
A mi criterio, el relato sobre lo ocurrido y la forma en que los primeros policías fueron asesinados, consolida la hipótesis de que la muerte de esos policías se encontraba prevista y constituía un episodio más para iniciar en varios puntos del país una grave crisis política y una verdadera lucha armada en reivindicación de supuestos derechos que al menos en el caso de los hoy condenados, no existía ni aparece por ningún lado.
Y que quede bien claro: la Policía se encontraba cumpliendo sus funciones y actuaba con la orden judicial respectiva mientras los invasores del inmueble cometían un delito al introducirse en el inmueble.
Una campaña comunicacional tendenciosa, cargada de falsedades y ella involucra a grupos sociales y hasta a políticos y organizaciones de otros países, que responden a una ideología común, el caso Curuguaty dejó de ser una causa penal y se convirtió en escenario de una lucha de fuerte e indisimulado contenido político.
Nos convertimos en una nación donde el resentimiento prevalece sobre la razón y eso facilita que cualquier afirmación, por más ridícula que sea, sea aceptada como la verdad.
Cuando los que ejercen la defensa técnica se prestan a dilatar el juicio sin importar las vías y recurren a argumentos contrarios a la razón, cuando pierden seriedad y la mínima dignidad que exige el ejercicio de la profesión de abogado, cuando buscan imponer confusión y una falsa idea en la opinión pública por sobre su obligación de desarrollar la mejor estrategia de defensa posible, el proceso penal necesariamente quedará enrarecido y se creará el terreno fértil para vender la versión de que no existe debido proceso y que el derecho de defensa de los acusados ha sido groseramente quebrantado.
La defensa técnica y las organizaciones políticas y sociales que la vienen apoyando han ejecutado muy cumplidamente la estrategia de la mentira, expresada por Joseph Goebbels de la manera siguiente: “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.
Me gustaMe gusta
La sentencia más larga del mundo
Por Guido Rodríguez Alcalá
Si no la más larga del mundo, con sus 2.312 páginas, la sentencia reciente no puede estar muy lejos del récord mundial. Aunque no estoy de acuerdo con su contenido, por no decir que estoy totalmente en desacuerdo, estuve a un paso de admirar la laboriosidad de los jueces que la escribieron: ¡2.312 páginas en una semana! Sin embargo, después de haber comentado la resolución con unos amigos, que la estudiaron con atención, me di cuenta de que buena parte de la tarea fue la de cortar y pegar textos con un simple programa de computadora.
Por eso, en la página 2.234 de la sentencia se afirma: «También se tiene que el informe balístico Nº 81/12, introducida en su debida y legal forma, que fuera ratificada por el Lic. Derlis Spaini y la Lic. Violeta Rodríguez, han llegado a concluir que la evidencia M85A, M85B, M85D, M85E, vainas servidas y percutidas, son atribuibles como percutidas por el arma escopeta identificado como M3, calibre 28, sin marca legible».
Informe. Perdonando la redacción, resulta inaceptable que, en la página 2.237, se repita lo mismo: «También se tiene que el informe balístico Nº 81/12, introducida en su debida y legal forma, que fuera ratificada por el Lic. Derlis Spaini y la Lic. Violeta Rodríguez, han llegado a concluir que la evidencia M85A, M85B, M85D, M85E, vainas servidas y percutidas, son atribuibles como percutidas por el arma escopeta identificado como M3, calibre 28, sin marca legible».
¿Inaceptable por qué? Porque la repetición se refiere a dos personas diferentes, a Rubén Villalba y Luis Olmedo, que no pudieron haber hecho lo mismo, en el mismo momento, con la misma arma. Debo explicar que M3 se refiere a una escopeta calibre 28, y que M85A, M85B, M85D, M85E se refieren a vainas servidas (cartuchos usados) de la misma escopeta; con esa escopeta, y con esos cartuchos, Villalba y Olmedo perpetraron designios criminales el 15 de junio de 2012, en Marina Cué (Curuguaty). Por ese motivo, Villalba fue condenado a 35 años de cárcel, y Olmedo, a 20 años. Si, como afirma la sentencia, los condenados formaban parte de una gavilla criminal que, con premeditación y alevosía, emboscaron a un contingente policial para matar a varios agentes del orden, no es plausible que se prestaran la escopeta para tirar por turno.
Ni plausible ni posible, de acuerdo con las pericias efectuadas por la Fiscalía, que los jueces aceptaron sin cuestionar. Según esas pericias, la escopeta 28, numerada M3, no había disparado en la matanza de Marina Cué. En realidad, tampoco habían disparado las demás escopetas presentadas por la Fiscalía como instrumento del delito, con lo cual la acusación queda sin fundamento.
Pasando por alto ese pequeño detalle, y que el tribunal no sepa qué es el calibre de una escopeta, resulta imperdonable que no entienda algo muy simple: las escopetas son armas de ánima lisa, y por eso no se puede determinar cuál de las presentadas pudo haber disparado los perdigones presentados por la acusación.
Por otra parte, los perdigones presentados (1,45 gramos) pudieron haberse disparado con cualquier calibre de escopeta. Estando la información en internet, ¿por qué no la consultaron los magistrados de la causa?
Me gustaMe gusta