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Hay que parar el descontrol de funcionarios del Congreso

Un total descontrol en el manejo de los funcionarios del Congreso Nacional, con masivas ausencias, falta de registros y documentaciones, ha sido revelado por una investigación interna. Es una situación que ya se conocía, pero ahora se reafirma oficialmente, relacionándose con varios casos denunciados sobre cobros indebidos de salarios, desvíos de recursos, planillerismo y otras graves irregularidades. Es de esperar que las nuevas autoridades del Poder Legislativo profundicen el proceso de saneamiento administrativo, implantando mejores sistemas de control que pongan fin a la deplorable imagen de clientelismo político y corrupción.

Desde que los organismos del Estado cedieron ante el reclamo de la prensa y de sectores ciudadanos, aceptando divulgar sus planillas de salarios, en el proceso de sanción de la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y de Transparencia Gubernamental, se detectaron varios casos de irregularidades y de corrupción, como los que involucran a legisladores que pagaban sueldos a sus niñeras o caseros particulares con rubros del Poder Legislativo, o de quienes favorecían con sueldos públicos a parientes, amigos, amantes u operadores políticos, en flagrantes casos de planillerismo.

A pesar del escándalo que aquellas denuncias periodísticas provocaron en su momento, el carnaval con el dinero público en el Congreso no se ha acabado.

Esta semana se han divulgado los resultados de una reciente evaluación realizada sobre la gestión de la Dirección de Recursos Humanos, que pone de resalto un total descontrol en el manejo de los funcionarios del Congreso, incluyendo masivas ausencias, violación de sistemas de control con el reloj biométrico, mala distribución de tareas, documentos incompletos desactualizados, entre otras muchas irregularidades.

Un primer intento de regularizar la situación y de ejercer un mayor control, dispuesto por el anterior presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez, a través del nombramiento de una nueva directora de Recursos Humanos, en marzo de este año, había provocado una ruidosa manifestación de funcionarios que se opusieron al proceso. Varios dirigentes del grupo, entre ellos la novia de un conocido senador liberal, acabaron procesados por perturbación de la paz pública.

Entre las múltiples irregularidades detectadas por la reciente evaluación sobresalen aspectos llamativos, como el hecho de que el director de Control de Personal del Congreso, Rubén Darío Torres, quien era el que debía controlar la asistencia de los funcionarios, es el que aparece con más ausencias en las planillas. El actual presidente del Congreso, Robert Acevedo, dispuso ayer abrir un sumario contra Torres, por sus acusaciones contra la actual directora de Recursos Humanos, Mirian Arroquia, vertidas en un audio filtrado en forma pública.

Todo este crítico panorama contribuye a deteriorar aun más la pésima imagen del Congreso Nacional, reafirmando la vigencia de casos de clientelismo político, con la consiguiente dilapidación de fondos y recursos públicos en provecho de algunos funcionarios y legisladores cómplices. Es de esperar que las nuevas autoridades del Poder Legislativo profundicen el proceso de saneamiento administrativo, implantando mejores sistemas de control, que ayuden a poner fin a esta lamentable situación.

http://www.ultimahora.com/hay-que-parar-el-descontrol-funcionarios-del-congreso-n1007374.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

8 comentarios en “Hay que parar el descontrol de funcionarios del Congreso

  1. Vergonzosa complicidad con funcionarios irresponsables

    La falta de sanciones ejemplares y ejemplificadoras a los funcionarios públicos que transgreden las normas en el ejercicio de sus labores cotidianas alienta a la irresponsabilidad y reproduce el esquema de la impunidad que reina en la administración de la cosa pública. Si bien la Ley de la Función Pública establece penas suficientemente duras como el despido y la inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto la práctica de penalizaciones muy leves para los empleados que no asisten reiteradamente a sus lugares de trabajo, faltan por motivos injustificados o marcan su presencia solo de manera simbólica. Una verdadera vergüenza.

    Desde la caída de la dictadura, en 1989, los trabajadores del sector público han ido mejorando sus ingresos de modo sistemático gracias a la lucha gremial o a la voluntad política expresada en periodos electorales, con el fin de mantener los votos cautivos del funcionariado. Esa mejoría, sin embargo, no se ha traducido en una calidad pareja de sus prestaciones a la ciudadanía. Si bien algunos gobiernos han intentado posicionar la idea de que los funcionarios estatales son servidores públicos, en la práctica no se expresa ese concepto, salvo contadas excepciones.

    A lo largo de todo este tiempo, amparados en normas excesivamente permisivas y condescendientes, los empleados públicos obtuvieron inmerecidos privilegios masivos que el Código Laboral –que rige la vida de los trabajadores del sector privado–, está lejos de contemplar. Ello atañe a ausencias sin comunicación, permisos y otras formas de desligarse circunstancialmente de las obligaciones diarias sin penalización alguna.

    A ello hay que sumar la política de complicidad de la SFP con los irresponsables, al designar a jueces instructores de sumarios que aplican penas muy leves a los transgresores de las normas que rigen en las instituciones solventadas con el pago de impuestos de los ciudadanos.

    Los recientes casos de sanciones muy suaves a funcionarios de la Cámara de Diputados que reiteradamente llegaban tarde o faltaban a sus lugares de trabajo, según las constataciones del reloj biométrico, que solo puede ser marcado por el empleado –evitándose así que otro lo haga por él– ponen de manifiesto, una vez más, el grave problema de la impunidad en la Administración Pública.

    El artículo 69 de la Ley de la Función Pública establece sanciones consistentes en la suspensión de promociones durante un año, el cese temporal en los cargos sin goce de sueldo de hasta 30 días y el despido con inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta cinco años.

    El juez que atendió el caso de los funcionarios de Diputados les aplicó sanciones muy benignas que blanquean a los transgresores y alientan a otros a seguir el mal ejemplo ya que las penas son insignificantes. De este modo, los irresponsables se burlan de su empleador que es el Estado y siguen campantes en sus puestos.

    Aquí no es la ley el problema. Son sus administradores. No hay voluntad de castigos ejemplares y ejemplificadores a los transgresores. Al contrario, hay condescendencia. Por eso la SFP se contenta nada más con cumplir con la formalidad de la instrucción del sumario. El día en que cambie la actitud de los que detentan el poder, los funcionarios públicos se van a ver obligados a cumplir indefectiblemente las normas. O van a quedar en la calle.

    http://www.ultimahora.com/vergonzosa-complicidad-funcionarios-irresponsables-n1067563.html

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    Publicado por jotaefeb | 5 marzo, 2017, 9:41 am
  2. “Smart buildings”

    Leemos en la web oficial del Parque Tecnológico Itaipú que la institución, operada bajo la figura de una fundación, “trabajará para convertir a la emblemática sede del Ministerio de Hacienda… en el primer edificio público inteligente (Smart building)”.

    Leemos en la web oficial del Parque Tecnológico Itaipú que la institución, operada bajo la figura de una fundación, “trabajará para convertir a la emblemática sede del Ministerio de Hacienda… en el primer edificio público inteligente (Smart building)”. Un funcionario del primer anillo del ministro de Hacienda transmitió el deseo de su titular de “aprovechar la genialidad que tienen en beneficio de nuestra labor cotidiana, explorar las experiencias que tienen en RRHH, en el uso de la tecnología y la eficiencia energética”. Fuimos a buscar una definición lo más clara posible de “edificio inteligente” y encontramos esta: “Son aquellos cuyas instalaciones y sistemas de climatización, iluminación, electricidad, seguridad, telecomunicaciones, multimedia, informáticas, control de acceso, etc. permiten una gestión y control integrados y automatizados, con el fin de aumentar la eficiencia energética, la seguridad, la usabilidad y la accesibilidad” (Endesaeduca.com.). La buena noticia es que un edificio de esta clase puede ahorrar hasta un 75% en el consumo de energía. La “mala noticia” es que bajo estos parámetros operativos, un “Smart building” puede necesitar hasta un 45% menos de personal, esencialmente, el que se dedica a controles de seguridad, operación de sistemas de mantenimiento, vigilancia y otras tareas manuales. Un edificio de estas características lo hace todo en forma robotizada, aumentando las áreas útiles hasta en un 20%. Para una empresa privada, estas ventajas son música de fondo para sus pautas de productividad y la decisión de adoptar esta tecnología se reduce a un cálculo de utilidades entre el costo de la transformación y los beneficios derivados. Pero en el sector público, semejante concepto se transforma de inmediato en una amenaza para la estabilidad laboral. Las legiones de sindicatos que inundan la función pública impondrán de inmediato sus condiciones: bienvenida la tecnología pero a los funcionarios no se los toca. Esto es comprobable hoy mismo en cualquier edificio público. Se instalan los controles biométricos que registran la entrada y salida de personal pero cerca del aparatito habrá dos o tres funcionarios que le dirán cómo hacerlo. La cinta transportadora de equipajes en el Aeropuerto Silvio Pettirossi debería entregarnos automáticamente la valija, pero si observamos atentamente, veremos a uno o dos maleteros cabalgando sobre las valijas para “ordenarlas”. A la entrada del estacionamiento del mismo aeropuerto hay un tótem con un botón que al ser oprimido, nos entrega el ticket. Pero un par de metros adelante, un funcionario nos saluda y nos indica donde está el estacionamiento.

    Bienvenida la era de los “Smart buildings” impulsada por el PTI. Pero si esa era no llega acompañada de un cambio de mentalidad, será apenas un derroche inútil y la genialidad de la que hablaba el funcionario de Hacienda no pasará de ser más que una mera anécdota.

    http://www.5dias.com.py/53971-smart-buildings

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    Publicado por jotaefeb | 27 febrero, 2017, 2:29 pm
  3. Otro caso de planillerismo que no debe quedar impune

    Una investigación realizada por periodistas de este diario sacó a luz un caso de estafa y cobro indebido de honorarios que involucra al diputado colorado Tomás Éver Rivas Benítez, quien paga a los caseros y empleados de su estancia, su local comercial y su residencia con sueldos de la Cámara de Diputados, los mantiene en planilla como contratados, aunque en realidad los emplea en tareas domésticas. Es un caso muy similar al que se le descubrió al diputado José María Ibáñez en 2013, por el cual fue imputado, pero hasta ahora ha logrado evadir a la Justicia con reiteradas chicanas judiciales. Es de esperar que este nuevo caso sea investigado debidamente por la Fiscalía y no quede en la impunidad, como otros delitos.
    Hace ya cuatro años que la prensa detectó un hecho delictivo, que produjo un gran escándalo, en torno al diputado colorado José María Ibáñez, quien fue descubierto en un sonado caso de planillerismo al detectarse que tres caseros de su casaquinta ubicada en la región de Itauguá, figuraban como empleados de la Cámara de Diputados y cobraban sus salarios com fondos del Estado, cuando en realidad estaban cumpliendo tareas domésticas para el legislador.

    Por este caso, finalmente la Fiscalía imputó a Ibáñez en diciembre de 2013 por los delitos de estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. La imputación, con algunas variantes, también alcanzó a los tres caseros, a la esposa de Ibáñez, Lorena Plabst, y a la jefa de gabinete del legislador, María Lis Gutiérrez.

    Hasta ahora, a pesar de haber transcurrido casi cuatro años desde la imputación, Ibáñez ha logrado sortear todos los requerimientos de la Justicia para presentarse a juicio, a través de chicanas judiciales como recusaciones, presentar certificado de estar enfermo, incluso llegó a admitir públicamente haber cometido el delito y a pedir disculpas, esperando beneficiarse con medidas para no ser condenado. El proceso continúa, con muchas dilaciones, y la percepción ciudadana es que Ibáñez está protegido por un manto de impunidad.

    Uno dirá que después de un caso como este los demás legisladores habrían aprendido la lección y se cuidarían de no cometer un delito similar. Sin embargo, no es así. Tras una paciente investigación, periodistas de Última Hora han descubierto un nuevo caso similar, que involucra al diputado colorado por Paraguarí, Tomás Éver Rivas Benítez.

    En un documentado reportaje, este diario reveló ayer cómo el legislador mantiene a tres personas –Nery Antonio Franco, Reinaldo Chaparro y Lucio Romero Caballero– trabajando como caseros y empleados en su local comercial en Ybycuí, en su estancia en Mbuyapey y en su residencia en Lambaré, pero los mismos figuran como funcionarios de la Cámara de Diputados, donde perciben sus respectivos salarios, mientras en realidad hacen trabajos domésticos para Rivas Benítez.

    Aunque el legislador se negó a responder a los requerimientos periodísticos, alegando ser víctima de “una persecución política”, los periodistas han confirmado plenamente la ilegalidad de la situación. Se trata de otro caso de estafa al Estado y cobro indebido de honorarios, igual que el famoso caso Ibáñez.

    Es de esperar que este nuevo hecho sea investigado debidamente por la Fiscalía y no quede en la impunidad, como otros delitos.

    http://www.ultimahora.com/otro-caso-planillerismo-que-no-debe-quedar-impune-n1065305.html

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    Publicado por jotaefeb | 27 febrero, 2017, 2:29 pm
  4. Empleados públicos esclavos de los caciques partidarios

    Un informe producido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), denominado “Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2017”, que fue publicado a principios del presente año, sitúa al Paraguay y a Honduras como los dos países con la gestión de rendimiento del funcionariado público más pobre de la región.

    El estudio abarcó dos áreas de cuatro ítems cada una: “Planificación de recursos humanos en el sector público” y “Méritos en servicio civil”. De los ocho ítems estudiados por dichas organizaciones, con puntuaciones o notas de 1 a 5, solo en uno nuestra Administración Pública consiguió un 2, mientras en los demás la nota fue 1, y en un ítem, la nota 0; este último, precisamente, en lo referente al monitoreo del desempeño del personal. Dicho esto en términos más sencillos, nos aplazamos en prácticamente todas las materias, porque en una obtuvimos un “regular” nomás.

    El estudio mencionado trata de la calidad general de nuestra masa burocrática, de cuán calificados técnicamente están nuestros funcionarios públicos, si el reclutamiento es abierto o está dirigido por criterios no profesionales, si los despidos son mayoritariamente por causas no atinentes al rendimiento, etc.

    En definitiva, lo que se “descubre” mediante un método sistemático es la prueba irrefutable que dan expertos en la materia de una verdad que para nosotros ya era evidente desde hace tiempo.

    Hay que suponer que nadie debe sentirse orgulloso de tener al Paraguay entre los peores de una extensa área que incluye a más de veinte países; pero ¿qué hacen para cambiar esta situación los que pueden cambiarla? Nada. Por el contrario, tratan de empeorarla, pues el manoseo partidario y sectario de los funcionarios públicos –que a sus líderes sindicales les importa un bledo– goza de renovada salud con cada administración que surge de las últimas elecciones, y en la actual, la del presidente Horacio Cartes, está alcanzando ribetes solo comparables con la época de la dictadura de Stroessner. Estos políticos inescrupulosos mantienen adrede a estas personas en constante estado de dependencia, con el temor de la pérdida de sus puestos, porque esta es la técnica para conservar intacto su sometimiento a la voluntad y el capricho de los caciques.

    Mirando desde el otro lado, se observa que, en este perverso sistema, la mayoría de los funcionarios del Estado, de las gobernaciones y municipalidades le deben su cargo y su permanencia, y a menudo también el nivel de sus remuneraciones, a un padrino, a quien deben permanecer leales y agradecerle permanentemente. Si el padrino tropieza políticamente, sus apadrinados van a la cuneta, motivo por el cual deben trabajar intensamente por su estabilidad, lo que implica participar en forma activa en el proselitismo, las campañas y, obviamente, la concurrencia puntual a las votaciones.

    Así se degrada la dignidad personal del funcionario, que sabe íntimamente que no se lo contrata ni se le paga por sus virtudes personales ni por sus merecimientos laborales, sino por otros motivos. Se siente un indefenso peón en un tablero donde siempre será el primer sacrificado si la partida va mal. No es raro que personas que se tienen en tan baja estima, además de tener que volverse aduladores y serviles, cedan fácilmente a la tentación de corromperse, de rendir lo mínimo en su trabajo y de sustraer beneficios indebidos en cuanta ocasión se les presente.

    Los políticos que manejan la administración pública, por otra parte, valoran los votos de “sus” funcionarios y el apoyo que de estos puedan recibir en sus campañas electorales, premiándolos con prebendas especiales que no forman parte, técnicamente hablando, de sus remuneraciones reales. Así surgen las gratificaciones, horas extras, viáticos, adicionales por títulos universitarios, bonificación familiar, antigüedad, doble o triple aguinaldo, y algo francamente ridículo como el “presentismo”, o sea, se les paga más ¡por asistir a su lugar de trabajo! Con estos instrumentos se privó al Estado de más de 1,6 billones de guaraníes (US$ 280 millones) durante el año 2014. Existen otros beneficios, como, por ejemplo, para los funcionarios de la ANDE pagar solamente la mitad por la energía eléctrica que utilizan en sus residencias y negocios. Obviamente, la otra mitad del costo se carga en las facturas de los demás usuarios, esa inmensa mayoría que no está bendecida con un puesto en esa institución.

    Este es el paradisiaco mundo de nuestro funcionariado. Esos aumentos y beneficios se dispensan en general, con total desprecio por la formación profesional y técnica o por la cualificación ética de cada uno. En estas condiciones, ¿cómo pretendemos los paraguayos obtener notas siquiera aceptables en los exámenes a que nos someten organismos internacionales?

    Mientras tanto, para nuestras autoridades, sean del partido que fueren, cada cargo equivale a un voto. Eso explica que con cada Gobierno que pasa la burocracia engorde más y más. No nos extrañemos, pues, si después de esta borrachera política pro rekutu encontramos una administración pública aun más obesa.

    Así como los organismos internacionales aplazaron a nuestra administración pública, los ciudadanos y las ciudadanas que cada día sufren la ineficiencia de los burócratas también deben aplazar a los funcionarios deficientes, y oponerse públicamente en las calles cada vez que los capitostes políticos propongan más beneficios para su clientela partidaria.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/empleados-publicos-esclavos-de-los-caciques-partidarios-1563977.html

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    Publicado por jotaefeb | 14 febrero, 2017, 10:27 am
  5. CONTINÚA EL CARNAVAL CON EL DINERO PÚBLICO

    De acuerdo con los preceptos constitucionales, los funcionarios públicos están al servicio del país. Un convencional constituyente expresó en su momento que, desde el punto de vista laboral, los trabajadores del sector público “deben gozar al igual que los del sector privado, de todos sus beneficios laborales, y que no debe haber exclusiones”. En la práctica la política salarial del Estado ha ido más allá de esa equiparación, hasta el punto de que los funcionarios gozan hoy de unos beneficios considerables bajo la figura de las “remuneraciones extraordinarias”, que los trabajadores del sector privado solo pueden envidiar.

    En otros términos, no solo han conquistado el derecho a sindicalizarse y a declararse en huelga, sino también el de apropiarse de una buena parte de los ingresos del fisco: el 72% de la recaudación se destina al pago de los llamados “servicios personales”.

    La Constitución rige desde el año 1992, pero en todo este tiempo no se pudo desmantelar la desigualdad de trato que el Estado otorga a los funcionarios por las más diversas razones, ocasionando de hecho la existencia de ciudadanos de primera y de segunda. En efecto, se observa un verdadero caos en la distribución de las “gratificaciones” que se dispensan con generosidad a los funcionarios, sin previa evaluación de sus respectivos desempeños. De hecho, quienes las perciben gozan de uno o más “aguinaldos” adicionales o, lo que es lo mismo, de un sobresueldo que los convierte en funcionarios que, en algunos casos, pueden tener ingresos superiores, incluso, a los del presidente de la República.

    Con base en las presiones de los sindicatos que realizan constantes movilizaciones programadas y amenazas de todo tipo con tal de lograr sus objetivos, los Gobiernos fueron fortaleciendo los privilegios de los trabajadores del sector público, hasta el punto de que los paraguayos son, en términos relativos al ingreso per cápita, los mejor retribuidos en América Latina, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo divulgado en noviembre de 2014.

    Hace unos días el Estado destinó 2,8 millones de dólares al pago del “aguinaldo extra” de funcionarios de unas cuantas instituciones. No es la primera vez que se produce este pago extraordinario ya que en años anteriores algunas instituciones llegaban inclusive a pagar hasta cinco gratificaciones anuales.

    El propósito de los convencionales constituyentes de 1992 era terminar con la desigualdad existente entre los trabajadores del sector público y del privado, dado que en aquella época los funcionarios, si bien es cierto accedían en la generalidad de los casos a través del padrinazgo político, carecían de los beneficios sociales de los que sí disfrutaban los trabajadores del sector privado.

    Es deseable que todo trabajador, sea público o privado, acceda a una buena base salarial, más los beneficios legales. Sin embargo, el caso es que estamos frente a una situación donde “la patronal” de los funcionarios públicos es el país, tal como lo consigna la Constitución cuando se refiere a la naturaleza de la función pública. El empresario puede otorgar a sus empleados los salarios y las gratificaciones que crea convenientes, pues al fin y al cabo el dinero es suyo. En los organismos estatales, sin embargo, se maneja dinero público y, en consecuencia, quien lo administra está obligado a hacerlo responsablemente, sin incurrir en derroches al solo efecto de granjearse la simpatía de los subordinados o de evitar los problemas que puedan crearle.

    Se dirá que la ley de presupuesto autoriza el pago de gratificaciones anuales o premios al personal por servicios o labores realizadas, pero dicha autorización está condicionada a una mejor y mayor producción o a resultados de la gestión administrativa y financiera u otros indicadores de gestión institucional, que deben estar bien establecidos. La ley es clara en el sentido de que las gratificaciones no deben ser superiores al equivalente a un mes de sueldo, pero ocurre que, como las partidas ya están incluidas en el presupuesto nacional, los jerarcas “premian” a los funcionarios de una manera rutinaria, sin discriminar entre los haraganes y los laboriosos, los torpes y los eficientes. Simplemente, gastan el dinero público ya previsionado, aunque no concurran las circunstancias que la “gratificación” exige. Los ordenadores de gastos recompensan a todo el mundo, sin intentar siquiera realizar evaluación alguna para conocer los indicadores de gestión de los funcionarios que puedan hacerlos merecedores de recibir el beneficio.

    En su proyecto de presupuesto del año en curso el Poder Ejecutivo había propuesto destinar 1,26 billones de guaraníes (US$ 225 millones) a bonificaciones y gratificaciones del sector público, lo que denotan la predisposición política al derroche y la voluntad de ser complaciente con el dinero ajeno. No debe creerse, desde luego, que los funcionarios vayan a esforzarse más para merecer las gratificaciones, ya que lo consideran un sobresueldo normal, que debe abonarse cualquiera sea su rendimiento.

    La política clientelar y prebendaria que sigue caracterizando al Estado paraguayo y que se traduce en un desequilibrio presupuestario y otorga un privilegio indebido a unos funcionarios que tienen la suerte de estar instalados en ciertas entidades muy generosas, golpea a la población en general que, además de financiar el festival de repartos, debe sufrir las consecuencias directas de una baja inversión social para mejorar la salud, la educación y otros servicios ofrecidos en pésimas condiciones por el Estado a los sectores más carenciados de la población.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/continua-el-carnaval-con-el-dinero-publico-1501868.html

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    Publicado por jotaefeb | 25 julio, 2016, 9:59 am
  6. La complicidad de los encubridores.

    Mucho se ha dicho sobre la corrupción. A estas alturas no quedan demasiadas dudas acerca de la enorme responsabilidad que le cabe a los que comenten esos delitos cuando se apropian indebidamente del dinero que la gente aporta permanentemente al Estado vía impuestos.

    Esa vil canallada, que se replica a diario en casi todo el mundo, tiene culpables directos que deben asumir las consecuencias de sus decisiones, pero también existen alrededor de ellos, otros ruines personajes cuya participación resulta imprescindible para que aquellas andanzas sean tan cotidianas.

    El bandido siempre está rodeado de personas que juegan un rol preponderante y que normalmente se prefiere pasar por alto, a veces por excesiva ingenuidad, otras tantas por subestimar la relevancia de esas actitudes adicionales y en otras ocasiones simplemente por compasión, evitando involucrar demasiado a quienes se considera sujetos secundarios de estas trasgresiones tan patéticamente habituales.

    En primer lugar habría que observar detenidamente el accionar de los colaboradores directos, esos que conocen con precisión los movimientos de ese funcionario que transita el camino indebido. Ellos saben perfectamente que hace, con quienes habla y cuáles son sus rutinas específicas. No son necesariamente personas de gran jerarquía. A veces un ayudante de escalafón inferior se convierte en conocedor pleno de la realidad, cuando no en coparticipe, de cada una de las correrías de ese crápula.

    Es trascendente también no desligar a los propios superiores de los corruptos que también tienen contundentes incumbencias respecto de lo sucedido. Es que se puede delegar tareas en subalternos, pero jamás se transfiere la responsabilidad final. Quienes deben supervisar no pueden jamás aducir desconocimiento absoluto. Por acción u omisión, ese error tiene un costo, y desentenderse como sin más, no parece ser aceptable. No existe excusa que justifique dejar pasar semejantes despropósitos.

    Pero tampoco es saludable hacerse los despistados frente a tanto descaro y habrá que decir entonces que la sociedad en su conjunto también debe asumir con hidalguía su significativa cuota de responsabilidad frente a lo sucedido en cada circunstancia sombría que se termina descubriendo.

    La ciudadanía en general, con su indisimulable apatía, su indiferencia evidente, su inocultable desinterés, construye paso a paso los pilares vitales que se terminan convirtiendo en los aliados estratégicos centrales de los que cometen fechorías adueñándose de las arcas del Estado. Nada de eso podría ocurrir, de ese modo tan burdo, si la sociedad tuviera menos tolerancia frente a estos inaceptables delitos.

    El funcionario corrupto no toma la decisión explícita de delinquir graciosamente para enriquecerse, sino que lo hace porque tiene un contexto enormemente favorable y tiene entonces en cuenta que contará con la valiosa colaboración de algunos que expresamente contribuyen con la consumación del ilícito, con otros que se harán sistemáticamente los distraídos y obviamente también supone que la abúlica comunidad en la que reside hará su parte renovando su eterno silencio.

    Se sabe que la corrupción no es un fenómeno coyuntural, sino que obedece a causas mucho más profundas que explican su complejo entramado estructural. Es por eso que su ocurrencia no depende solo de la voluntad del delincuente, sino de otras circunstancias que lo posibilitan y facilitan.

    La red de corrupción que gira en torno al Estado y los gobiernos no será desmantelada gracias a la optimización en la selección de funcionarios más honestos e íntegros. Pretender que así sea no solo demuestra un infantil voluntarismo sino que se constituye en una demostración de ingenuidad intelectual e incomprensión de la evidencia empírica que se verifica a diario.

    Si realmente se quiere destruir la matriz de la corrupción se debe ir a fondo y hacer reformas con mayúsculas, para que robar no sea posible, para asegurarse que todo no dependa de la moral media del funcionario de turno, sino de la efectiva inviabilidad para concretar delitos contra los contribuyentes.

    Hasta tanto se comprenda acabadamente la dinámica de la corrupción y se encare con inteligencia la batalla final que logre destruir su núcleo duro, se debe empezar a trabajar concomitantemente en otros aspectos, que no resolverán el problema pero ayudarán a mitigar su gravedad durante algún tiempo.

    Nadie puede esperar que seres esencialmente corruptos cambien su concepción moral de la noche a la mañana. Evidentemente estos cínicos criminales creen que saquear al resto de los ciudadanos es algo correcto, por eso lo hacen, apelando al recurso de “salvarse para siempre” con esos dineros que intentarán acumular durante sus acotados mandatos.

    Pero si se puede apelar a una severa y genuina autocrítica de los ciudadanos que periféricamente colaboran, tácita o explícitamente, con ese temible delincuente de “guantes blancos” que parapetado en un escritorio, vistiendo ropa elegante, se atribuye la potestad de quedarse con lo ajeno.

    Ellos pueden revertir parcialmente la historia. Lo pueden hacer mañana mismo, denunciando a esos corruptos sin pudor, exponiéndolos descaradamente, quitándoles la protección que a diario le suministran, a veces sin querer y otras veces por temores infundados.

    Combatir la corrupción requiere de coraje, de valor y de determinación. Los refinados forajidos que pululan en la administración estatal cuentan con que nadie tiene la valentía suficiente para confrontarlos. Tal vez sea este el momento de elegir entre seguir dándoles la razón y esconderse nuevamente, como tantas otras veces, o definitivamente dar vuelta la página abandonando para siempre la complicidad de los encubridores.

    Alberto Medina Méndez

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    Publicado por jotaefeb | 17 julio, 2016, 8:20 am
  7. Los rabiosos de siempre

    El miércoles 6 ha sido un día pletórico para la infame prepotencia. Unas funcionarias del Senado agredieron verbalmente a la compañera Diana González. Las iracundas usaron parte de su extenso tiempo libre para increpar a la compañera, como reacción ante las publicaciones del diario sobre los funcionarios que marcaban sin trabajar.

    Más tarde, el periodista Richard Villasboa, cronista del Canal 13, fue hasta la casa del titular de la UIP, Eduardo Felippo, para entrevistarlo. Villasboa recibió las mordidas del can de Felippo. Cuando el periodista solicitó al entrevistado los papeles para saber si el perro estaba vacunado, en tono arrogante y denigrante Felippo le respondió. “Él tiene más documentos que vos”.

    Estas son dos simples muestras de actitudes que se repiten a diario: La prepotencia de quienes por tener más o estar en un puesto de poder creen que pueden avasallar a quien sea. En el caso de las rabiosas del Senado, las publicaciones del diario denuncian a los funcionarios que van a cobrar sin hacer lo que todo el mundo hace normalmente: Trabajar.

    Felippo ya es un clásico. Es conocido públicamente por sus reiteradas posturas contra todo lo que represente reivindicaciones del trabajador (solo recordemos su tenaz oposición a la ley de lactancia materna e incluso un fallido feriado).

    No sería raro que en algún momento se deberá trabajar media jornada por lo menos el Día del Juicio Final. También ha demostrado su particular simpatía al aplaudir y agradecer abiertamente quiebres institucionales.

    Una de las aristas más patéticas fue ver cómo un grupo de equis intenta justificar lo injustificable, como si una palabra no golpease tanto o como si el tamaño del perro importara.

    Y ya que estamos, no olvidemos las reiteradas agresiones de los guardias de Cartes a los trabajadores de la prensa. Pareciera que causa mucho escozor en el poder actual que los comunicadores hagan su trabajo.

    Por encima del hecho en sí, lo que grave es la actitud. Sobre todo como se sienten impunes al tener ese tipo de reacciones. Es la rabia de los rabiosos de siempre que cercanos o en el mismo círculo del poder se sienten intocables e incuestionables con el derecho de llevar todo por delante.

    Por tal motivo el silencio y la justificación cómplice, incluso de colegas es deleznable. Solo dando a conocer estos hechos poco a poco el país dejará atrás el comportamiento mbarete ignorante y prepotente. Cuando logremos esto, habremos dado otro paso para evolucionar como sociedad.

    Por Carlos Elbo Morales

    http://www.ultimahora.com/los-rabiosos-siempre-n1006676.html

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    Publicado por jotaefeb | 14 julio, 2016, 8:16 am
  8. Marilut Lluis O’Hara
    ·
    Debe ser contagioso
    Siempre me sorprende la facilidad que tiene un líder loco para contagiar su locura a un amplio sector de la ciudadanía. Cuando más loco es, más contagiosa parece su locura. Allí está el caso de Hitler. Suelo preguntarme cómo pudo lograr que una mayoría del pueblo alemán se contagiara de su odio irracional hacia los judíos y se prestara a todo tipo de abuso, convirtiéndose todos en los que tenía influencia en asesinos desalmados.
    Los que estaban cerca de Stroessner fueron asesinos y ladrones, igual que él. Los que seguían a Lino Oviedo soñaban con un golpe de Estado, que volviera nuestro país al estado de barbarie en el que estaba durante la dictadura.
    Sigue ocurriendo lo mismo, aunque ya no hablemos de asesinos desalmados, pero sí de corruptos, badulaques y sinvergüenzas (no me importa que los 3 adjetivos signifiquen lo mismo. Así mismo son).
    Allí está, por ejemplo, lo que ocurre en el Congreso. Ha quedado bastante demostrado que muchos senadores y diputados han conseguido una banca no porque les interese la tarea legislativa ni el bien común, sino porque son investigados por hechos de corrupción y utilizan el Legislativo para guarecerse de la mano de la Justicia, logrando impunidad, disfrazada de inmunidad.
    Pues bien, estos legisladores badulaques tienen a su cargo funcionarios tan badulaques como ellos. Y esa es la parte que no entiendo. Por qué no puede alguna persona honesta conseguir un trabajo en alguna de las cámaras del Congreso y mantener su honestidad aunque su jefe sea un soberano badulaque?
    Miento y soy injusta. Yo sé que hay unos poquitos que se mantienen honestos a pesar de sobrevivir rodeados de basura. Tengo una amiga por la que doy fe de ello. Pero son claramente la excepción a la regla. La gran mayoría actúa igualito que sus jefes. Y no entiendo si es que ya vienen corruptos o si tienen un espíritu tan débil que hace que se les contagie la corrupción de los legisladores.
    Ahora vemos que hay funcionarios del Senado que siguen planilleando con la anuencia de los legisladores a cuyo cargo están. Sin importar que se hayan recrudecido los controles, con relojes biométricos y la mar en coche, lo cierto es que el pillaje sigue siendo más efectivo que cualquier control que se pudiera implementar.
    Los tipos siguen marcando la entrada en el reloj y desapareciendo hasta la hora de marcar la salida. Algunos llegan más tarde a marcar, dando gua’u la impresión de que se quedaron trabajando hasta después de hora y cobran horas extras!!!! Me daría risa si no tuviera ganas de llorar.
    A lo mejor en serio la corrupción es contagiosa. Lo que me da por ya saben dónde es que el mismo contagio no pueda tener la honestidad. A lo mejor así podríamos por lo menos competir en igualdad de condiciones y no tener que soportar que los badulaques nos hagan 6-0 en cada enfrentamiento.
    Publicado en el Diario ADN Paraguayo

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    Publicado por jotaefeb | 13 julio, 2016, 12:00 pm

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