El cargo más codiciado (la Contraloría) de los que hasta ahora corresponde elegir a la Cámara de Diputados se lo llevó Avanza País, un partido con apenas dos de los ochenta miembros en esa cámara. El Partido Colorado se quedó con la subcontraloría y con la Defensoría del Pueblo, la titularidad y la adjunta.
Los colorados cartistas habían perdido la unanimidad de la bancada en Diputados y a pesar de los esfuerzos por reincoporar a los disidentes y de las amenazas de expulsión no quedaba otra opción que abandonar el intento de la unidad para jugar a la atomización de los otros con el objetivo de perder menos.
Entregan la corona para evitar que todos los demás cargos se les fuera de las manos y se quedan con la subcontraloría, la Defensoría del Pueblo y la adjunta de la misma. Ni los tres cargos juntos alcanzan a la Contraloría. ¿Por qué lo hicieron?
En primer lugar el cartismo necesitaba dar una lección al PLRA por contribuir a matar la reelección por la vía de la enmienda. En segundo lugar para romper el frente opositor mayoritario creado a partir de las fugas en el cartismo de Diputados, y en tercer lugar para tener una Contraloría frágil que se sustenta en apenas tres votos: dos del partido del contralor y uno prestado de Encuentro Nacional, y que por consiguiente será fácil recuperar en el futuro mediante nuevas alianzas estratégicas.
Las incógnitas que plantea esta jugada tienen que ver con los beneficios para cada sector. El gran ganador es Camilo Soarez, el líder de izquierda que mayor soporte da a Avanza País y que como nada tiene de tonto habrá incluido en la agenda su caso particular en la justicia; luego Mario Ferreiro por ganar un contralor propio para el manejo municipal de Asunción, y tercero el contralor José Enrique García, metido en varios y confusos líos judiciales, de los cuales podría desligarse momentáneamente por aquello de que todas las escobas nuevas tienen derecho a barrer sin molestias por lo menos durante cien días.
¿Qué ganan los aliados? El derecho de entregar al contralor la “lectura política” para la toma de sus decisiones, de manera que los ministros, intendentes y gobernadores cartistas pueden dormir tranquilo, lo cual en cambio no ocurrirá con los enemigos azules.
Entonces, ¿quién dictará la orden de qué hacer a favor o en contra de alguien desde la Contraloría? ¿A alguien le queda alguna duda de que será Horacio Cartes? ¿O alguien cree realmente que “el chino” García hará lo que quiera? El nuevo patrón dará la pauta de lo que se debe hacer: cómo controlarse a sí mismo con generosidad y cómo controlar severamente al enemigo. Cada vez que “el chino” pretenda desobedecerlo, pensará que solo hay tres o cuatro votos para defenderlo en todo el Congreso de un probable juicio político. Ahh, y por de pronto Camilo tendrá que gastar más en saldos del celular para devolver llamadas de ordenadores de gastos.
Por Edwin Brítez
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/quien-tiene-el-mando-en-contraloria-1534450.html
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Contralor o blanqueador
Por Edwin Brítez
Somos exageradamente pasivos o no nos damos cuenta de la extrema gravedad de haberse elegido a un funcionario, cuya identidad debe inclinarse más hacia la probidad que a la idoneidad, que accede al cargo ya con dos serios cuestionamientos (sobrefacturación y negligencia) y en el mismo día que jura y asume se descubre que probablemente haya falsificado documento o cuando menos aceptado una falsificación como algo auténtico.
La Constitución es hasta si se quiere demasiado rigurosa con los deberes y atribuciones del contralor. Uno de los artículos se refiere a la obligación de denunciar a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo “todo delito del cual tenga conocimiento en razón de sus funciones específicas, siendo solidariamente responsable por omisión o deviación, con los órganos sometidos a su control, cuando estos actuasen con deficiencia o negligencia”.
En virtud de este artículo constitucional, no entiendo realmente cómo hicieron los anteriores contralores (excepto Fretes Ventre) para evitar la cárcel porque si deben denunciar “todo delito del cual tenga conocimiento en razón de sus funciones…” y la Constitución les obliga a controlar, vigilar y fiscalizar a exactamente todo lo que sea público, no hay forma de escaparse.
La Constitución no dice que controle, vigile o fiscalice solamente a algunas instituciones o hasta donde pueda o lo permitan los recursos disponibles. Además, el contralor es solidariamente responsable por omisión o desviación, con los órganos sometidos a su control “cuando éstos actuasen con deficiencia o negligencia…”.
Desviación, según averigüé, quiere decir ejercicio de potestades administrativas para fines distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico.
La cantidad de hechos de corrupción que estalla en la jurisdicción del Estado es abrumadora, algunos de ellos detectados por la Contraloría, otros no. Tenemos conocimiento de denuncias de corrupción elevadas por la Contraloría a la justicia pero nunca escuché que ningún contralor haya asumido responsabilidad solidaria ante casos de negligencia.
Como puede verse, el contralor debe ser nuestra garantía, nuestra seguridad para poder confiar y creer en las autoridades que hemos elegido, para que nos sintamos tranquilos frente a la rendición de cuentas que como ciudadanos no estamos en condiciones de revisar por cuenta propia y necesariamente debemos confiar en un intermediario.
El hecho de que el nuevo contralor haya surgido de una transa entre el oficialismo colorado y un partido muy minoritario, sin necesidad de miramiento sobre la cualidad del elegido y menos aún de su propuesta para ejercer tan delicado cargo, es tan grave como los antecedentes del flamante funcionario.
Enrique García, contralor general de la República, necesita con urgencia liquidar favorablemente el pleito judicial en el cual se lo acusa de sobrefacturar la compra de una fracción de tierras para indígenas, además de aclarar suficientemente el entredicho entre la Municipalidad y el Tribunal de Apelaciones con respecto a un pago millonario a la empresa Ivesur que a su vez tuvo una derivación en probable caso de falsificación de documento.
Si no lo hiciere en corto tiempo, tendremos al frente de la institución que debe transmitirnos garantías de credibilidad, no a una persona íntegra y confiable sino a un sospechoso más de los múltiples casos de corrupción que soportamos todos los días y que además justificaría las múltiples especulaciones populares con respecto a quién dará las órdenes sesgadas y desde dónde para denunciar a los corruptos o para blanquearlos.
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Vendieron la Municipalidad
El abogado José Enrique García, ex asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, fue electo recientemente contralor general de la República. Todo indica que, cuando ejercía el primer cargo mencionado, incurrió al menos en una negligencia culposa, que puso a la Comuna en estado de indefensión, al no apelar oportunamente el laudo arbitral que la obliga a indemnizar con 18.975.014.366 guaraníes a la empresa Ivesur, encargada de la verificación de vehículos. La asesora jurídica interina de la Municipalidad, Emilia Yugovich, afirma que el recurso de nulidad parcial fue presentado a tiempo, el 6 de octubre de 2016, en la Mesa de Entrada de la Cámara de Apelaciones, Primera Sala. Sin embargo, el cargo puesto al pie del escrito no lleva el sello ni la firma de la actuaria Viviana Cabrera, quien informó a sus superiores que en dicha instancia no se recibió el pedido de nulidad, lo que hace suponer que la firma obrante al pie del escrito es un simple garabato y que el sello de la Cámara fue usado en forma indebida. Es más, en virtud de una Acordada de la Corte Suprema de Justicia, que el abogado García no podía ignorar, el escrito debió haber sido entregado en la Mesa de Entrada de los Tribunales de Apelación y del Tribunal de Cuentas de la Capital. La coordinadora de esta última Mesa, Martha Machuca, informó que la Municipalidad no realizó ninguna presentación contra el laudo arbitral, y denunció que intentaron sobornar con 20 millones de guaraníes a sus funcionarios para antedatar el documento, para que pareciera como que fue entregado en tiempo oportuno.
O sea que la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción trató de jugar a dos puntas, incursionando en ambos casos en el Código Penal y exigiendo así la intervención de oficio del Ministerio Público, que ya se está haciendo esperar. Se podría incluso presumir que entre los abogados de Ivesur y de la Municipalidad hubo la colusión habitual de los juicios en los que una entidad pública resulta “vencida” a propósito por culpa de la deshonestidad de sus representantes legales, que luego reciben una porción de la suma cobrada por la parte “vencedora”, una infame práctica utilizada para desangrar a las arcas del Estado.
Lo referido ya basta para concluir que el daño patrimonial causado a la Municipalidad, así como la aparente comisión de los delitos de falsificación de firma y de intento de cohecho activo, presuntamente cometidos por funcionarios que estaban a su cargo, le privan al contralor general de la República de toda autoridad moral para auditar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades.
En verdad, el flamante contralor general García debería tener la decencia de renunciar al cargo para el que fue nombrado gracias a una componenda entre los diputados colorados “cartistas” de la ANR y los de la concertación Avanza País, cuyas filas integra, al igual que el jefe comunal capitalino, Mario Ferreiro. Es deplorable que los vecinos de Asunción, quienes habían confiado en que la nueva administración municipal fuera mucho más honesta y eficiente que la anterior, hayan sido tan vilmente defraudados. El intendente Ferreiro sigue defendiendo a ultranza a su “correligionario”, pese a las comprometedoras evidencias publicadas, comportándose como cualquier intendente de los partidos tradicionales que tratan de justificar “a priori” las posibles fechorías de sus subordinados. Este nauseabundo asunto revela que en la administración comunal solo ha habido una alternancia de nombres y equipos, pero no un cambio de la vieja mentalidad politiquera tradicional.
El concejal Orlando Fiorotto (ANR) sostiene que está en juego la transparencia de la administración. El problema es que si ella admitiera que el recurso de nulidad no fue presentado como corresponde, no solo estaría inculpando al ex asesor jurídico, sino también admitiendo implícitamente que se falsificó una firma y que sus funcionarios trataron de sobornar. Si la Justicia entendiera que en este caso hay responsabilidades penales y civiles que atribuir, el intendente municipal tendría que cargar con la responsabilidad política. Eso de que la Comuna no pagará ni un centavo a Ivesur, según el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Max Rejalaga, no pasa de ser una bravuconada, que tarde o temprano puede costar aún más dinero a los contribuyentes de Asunción.
Quien tiene la función constitucional de velar por la buena gestión de los fondos en la Administración Pública no puede estar indiciado de haber actuado negligente o dolosamente en perjuicio de los contribuyentes. El intendente Ferreiro, por su parte, haría bien en no seguir poniendo las manos en el fuego por su ex asesor jurídico hasta que se aclare su sospechosa actuación. Más bien, debería esforzarse por vigilar el comportamiento de quienes ocupan cargos de confianza, pues su nombramiento es de exclusiva responsabilidad suya.
La práctica del infame “cuoteo” no es excusa para liberar al intendente de la responsabilidad política que le corresponde ni disculparlo ante la ciudadanía, que creyó ver en él a una persona que daría lustre a la administración municipal por su idoneidad y su honestidad. Demasiados recursos que pertenecen al pueblo ya se han escurrido por la sucia alcantarilla de la corrupción, por lo que los ciudadanos y las ciudadanas deben reclamar públicamente que se aclare este fétido asunto.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/vendieron-la-municipalidad-1535964.html
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Enrique García
Salió a la luz pública una información según la cual el actual defensor del Pueblo, Miguel Godoy, acaba de revocar una resolución del anterior titular de ese cargo, Manuel María Páez Monges, por la cual se adjudicaron unos 100 millones de guaraníes de indemnización a una supuesta “víctima de la dictadura”, Hugo Ortiz, que, en realidad, fue una persona aprehendida por tráfico de drogas, según el informe oficial recogido del Archivo del Terror y remitido a Páez Monges, en 2010, por la delegada del 5º Turno de la Defensoría, Nancy Frachi. En dicho informe se dejaba bien claro que, según esos archivos, el candidato a ser indemnizado nunca fue un perseguido político, sino un sospechoso de tráfico de drogas, que fue lo que motivó su apresamiento.
Pese a estos antecedentes, Páez Monges ni siquiera detuvo el expediente por tratarse de un caso dudoso que merecía mayor investigación, sino que le dio trámite a la solicitud, consiguiendo el aval del entonces procurador general de la República, José Enrique García, indispensable para convalidar el otorgamiento de la indemnización a la falsa víctima, en una maniobra que, por supuesto, huele a lo que tiene que oler algo así en nuestro país: podredumbre.
Páez Monges fue sustituido después de muchos años de detentar irregularmente la titularidad del cargo, y, si bien ahora no ocupa otro cargo público, tampoco está procesado por las numerosas denuncias de irregularidades que van saliendo en las auditorías a su gestión.
Sin embargo, José Enrique García, con la llegada de Mario Ferreiro a la intendencia, pasó a ser asesor legal de la Municipalidad de Asunción y, después, agraciado nada menos que con el cargo de contralor general de la República, uno de los puestos más importantes para los intereses del país en las altas estructuras del aparato del Estado.
Este nombramiento se realizó contra todo el sentido común, porque pesaba sobre este individuo la grave sospecha de haber entrado en colusión dolosa con una empresa concesionaria de la Municipalidad, Ivesur, consistente, resumidamente, en omitir presentar en tiempo y forma la apelación judicial de una sentencia que favorecía a su contraparte, la citada concesionaria, y obligaba a pagar a esta más de 3 millones de dólares. Por ende, perjudicó a su cliente, acto que, de ser constatado, implicaría para García haber incurrido en una omisión injustificable, incursa en el Código Penal.
Lo cierto es que, en el caso recientemente denunciado de la Defensoría del Pueblo, el entonces procurador general, José Enrique García, habría convalidado una “matufia” orquestada por Páez Monges, destinada a despojar al Estado del equivalente a unos mil jornales mínimos de entonces, con el fin supuesto de beneficiar a una persona que se presentaba como víctima de la dictadura sin serlo. Lo que hicieron en realidad ambos, entonces, según esta información, fue inventar una falsa víctima, convirtiendo al Estado –al contribuyente– en la verdadera víctima.
En un país medianamente serio, el caso que involucra al actual contralor general en su paso por la Municipalidad es lo suficientemente grave como para desplazar de su cargo de inmediato a cualquier funcionario.
Este nuevo episodio viene a empuercar aún más la historia personal del contralor. ¿Cómo es posible que se haya elegido a una persona con tales antecedentes para ocupar tan importante cargo? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que, una vez que se hayan ventilado sus trapisondas, las autoridades superiores de la Nación lo mantengan en su lugar como si nada?
Es fácil explicar esta y otras situaciones similares: es la impunidad que carcome toda la estructura de nuestras instituciones la que permite que inescrupulosos, ladrones y desfachatados ocupen altos cargos públicos, basureando con sus atracos la Constitución y las leyes.
Mientras el Paraguay continúe siendo desgobernado por gente de esta calaña, y las evidencias de tal desgracia sigan sin tener consecuencia alguna, no podemos quejarnos de que falten medicamentos en los hospitales, sigan cayendo techos de escuelas y puentes, y que las esquinas de nuestras ciudades sigan siendo el lugar de “trabajo” de nuestra juventud.
La culpa la tenemos los ciudadanos y las ciudadanas que soportamos con indiferencia estas situaciones, en vez de salir a las calles para protestar con indignación en cada ocasión en que políticos sinvergüenzas nos meten tan descaradamente las manos en nuestros bolsillos. Esta del contralor Enrique García ya es el colmo.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/enrique-garcia-1559127.html
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Corte no debe seguir avalando descontrol del dinero público
La chicana jurídica a la que recurren más de 100 instituciones, incluyendo a municipios, gobernaciones, ministerios y a la propia Corte Suprema de Justicia y la Justicia Electoral, para evitar ser auditadas en el uso del dinero público por parte de la Contraloría, no solamente es una burla al sistema de control republicano dispuesto en la Constitución, sino una afrenta a la ciudadanía. ¿Qué tienen que ocultar para que con una acción de inconstitucionalidad logren evadir a la Contraloría y opten solo por el aval del Tribunal de Cuentas? Que el máximo organismo de Justicia en el país sea cómplice y también protagonista de esta irregularidad contribuye muy poco a la honestidad y a la transparencia en el manejo del erario público.
Ya son más de cien las instituciones públicas que han presentado recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –y las han obtenido– para evitar someter a las auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) sus respectivos ejercicios fiscales, quedando solamente sometidas al aval del Tribunal de Cuentas.
En esta larga lista de las instituciones que han logrado escapar al control de la CGR se encuentran numerosos municipios, gobernaciones, ministerios, incluyendo a la Justicia Electoral y a la propia Corte Suprema de Justicia, que así no solamente se vuelve cómplice de esta maniobra, sino que también se acoge a la misma.
La Contraloría ha sido creada por la Constitución Nacional para encargarse del “control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, los de las entidades regionales o departamentales, los de las municipalidades, los de la banca central y los de los demás bancos del Estado o mixtos, los de las entidades autónomas, autárquicas o descentralizadas, así como los de las empresas del Estado o mixtas”, según se establece en el artículo 283 de la Carta Magna, además de ocuparse de controlar la ejecución del Presupuesto General de Gastos de la Nación, entre otras funciones.
Sin embargo, esta función constitucional está siendo olímpicamente evadida a través de una chicana jurídica que viene siendo utilizada cada vez en forma más masiva, presentando una serie de acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 2248/2003, que resta atribuciones del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, para controlar las ejecuciones presupuestarias de los organismos del Estado. Según un informe de la Dirección Jurídica de la propia Contraloría, más de 100 instituciones han recurrido a esta argucia y han logrado que la Corte haga lugar a los pedidos de inconstitucionalidad, autorizando a que se sometan solo al Tribunal de Cuentas y no a la Contraloría. La propia Corte se benefició de esta misma argucia y no permite el control de la CGR.
Lo que sucede en la práctica es que se autoriza a un organismo que no fue creado por la Constitución, sino por una ley, como el Tribunal de Cuentas, y se desconoce el rol constitucional de otra, como la CGR. Es una argucia que permite evadir un control estricto, ya que la Contraloría generalmente escapa al manejo del sector oficialista en el Gobierno, mientras el Tribunal de Cuentas es manejado por el mismo grupo político en el poder. De este modo, que el máximo organismo de Justicia, como es la Corte Suprema, sea cómplice y también protagonista de esta irregularidad contribuye muy poco a la honestidad y a la transparencia en el manejo del erario público.
http://www.ultimahora.com/corte-no-debe-seguir-avalando-descontrol-del-dinero-publico-n1098366.html
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Auditar la Contraloría
La Contraloría General de la República y por directa responsabilidad el contralor general, Enrique García, evidenciaron que no entienden mucho sobre lo que trabajan. El famoso dictamen en el que recomiendan que los docentes de la Universidad Nacional del Este –que por extensión alcanzaría a las demás públicas– devuelvan el salario del mes de enero, alegando que es un mes no trabajado, constituye un error no solo legal, sino técnico.
La Constitución Nacional, el Código del Trabajo y la Ley de Educación Superior son solo algunas de las normativas que se pasaron por la tangente para concluir el error del tamaño de su ignorancia e incompetencia en el asunto.
Después del revuelo que se armó y las inacabadas críticas a lo largo y ancho del país, ahora anunciaron desde la CGR que todo está siendo sometido a revisión y que no será aplicada la conclusión del sumario a la UNE en lo que respecta al punto de los salarios de enero.
Yendo a lo más específico, la Ley 4995/13 de Educación Superior expresa en su artículo 45 que “Son derechos de los docentes de las instituciones de educación superior: Inciso G: Percibir sus haberes por los días de receso establecidos en el calendario académico, asuetos y suspensión de clases por causas ajenas a su voluntad”.
Si los técnicos de la Contraloría ignoran cosas básicas como esta, la de manejar una ley que regula a cierto sector que están interviniendo y auditando, ¿qué más queda? ¿En manos de quiénes estamos?
Imaginemos por un instante que todos los trabajadores que cobran salario por vacaciones caigan bajo la figura de lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, delitos tipificados y penados en la legislación nacional. Es eso exactamente lo que dijeron los técnicos de la Contraloría, palabras más, palabras menos.
Cuando estalló el caso, en diferentes plataformas la gente se acordó inmediatamente de los legisladores y sus tres meses de vacaciones. Que si se aplicara tal rigor a los docentes, que están amparados en ley, no obstante, también debería extenderse lo mismo a senadores y diputados, quienes además se ausentan, no concurren en tiempos electorales y trabajan casi nada.
También recordaron a los miles de planilleros que pueblan y abultan la función pública y que parasitan al erario estatal sin control ni rubor; los punteros políticos, las secretrias vip, los ahijados, los hijos de las amantes, los amigotes y los recomendados de toda laya. En fin, una población tan vasta que sin embargo pasa desapercibida para la Contraloría, cuando su función es justamente ocuparse de eso. Tal vez no lo hagan porque sería quemar con quienes los respaldan políticamente para mantenerse en el cargo.
Tampoco olvidaron el perjuicio de USD 3,6 millones que García, el hoy contralor general, le ocasionara a la Municipalidad de Asunción, cuando era asesor jurídico, al apelar negligentemente fuera de plazo un juicio por el caso Ivesur, dejando en estado de indefensión a los contribuyentes.
Semejante despropósito, torpeza profesional, abuso e impericia, es lo que estamos pagando con nuestros impuestos. No nos merecemos. La CGR, comenzando por la cabeza, debe ser sometida a una revisión y, tal vez, también ser auditada en su gestión. Mal no les vendrá y de paso nos enteramos en qué andan.
Por Miguel H. Lopez
http://www.ultimahora.com/auditar-la-contraloria-n1134869.html
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Hartazgo
Los concejales municipales de Ciudad del Este aprobaron en la última sesión del pasado martes la suspensión de las obras de la gradería del club Libertad, del Km 8 Acaray, de Ciudad del Este, por ocupar una calle vecinal. Los vecinos del club participaron de la sesión y solicitaron a los concejales la paralización de la obra, financiada por la gobernación. Tras un debate, los ediles ordenaron suspender la construcción.
La obra fue ejecutada en una plaza pública, según la queja de los vecinos, y se extiende 3 metros sobre la vereda y otros cuatro metros sobre la calle. Los afectados indicaron que no pueden sacar sus vehículos de su domicilio, porque la arteria quedó reducida. Además, los pobladores accionaron judicialmente para tratar de suspender la obra.
Según una información publicada por nuestro diario, el año pasado, el entonces gobernador y actual candidato a diputado Justo Zacarías (ANR) adjudicó la obra de gradería a la empresa Zavala Construcciones, por valor de G. 158.098.990.
Son éstos los casos en los que el Ministerio Público debe intervenir de oficio para salvaguardar el interés ciudadano e investigar la correcta utilización del dinero de los contribuyentes. Según la Ley de administración financiera del Estado los concejales municipales, departamentales, intendentes y gobernadores deben responder con sus bienes por la mala utilización de los recursos públicos.
Alguna vez cuando tengamos fiscales y jueces decentes, honestos y patriotas, los delincuentes empotrados actualmente en el poder deberán responder ante la justicia y pagarán con sus bienes las aberraciones cometidas. El candidato a diputado, Justo Zacarías, por ejemplo, tiene que responder con qué criterio adjudicó la utilización de la plata de todos los paraguayos en una obra irregular. Los concejales departamentales, quienes debieron estudiar el pliego de bases para la adjudicación, ¿acaso no tuvieron a la vista los planos para darse cuenta de que la obra estaba invadiendo un espacio público?
Por supuesto que los fiscales genuflexos, corruptos y haraganes de Alto Paraná no iniciarán ninguna investigación. Esperamos también que alguna vez cuando depuremos la justicia y el ministerio público, estos delincuentes que se hacen llamar representantes de la ciudadanía terminen en la cárcel por haber apañado durante años la ilegalidad, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el tráfico en la región.
La reacción de los vecinos está demostrando que la ciudadanía ya está cansada de los abusos, las arbitrariedades y la prepotencia. Y, que ya no está dispuesta a callarse cuando se avasallan sus derechos. Debería ser un llamado de alerta para quienes ocupan cargos públicos. El hartazgo de la gente está llegando a su límite.
http://www.vanguardia.com.py/2018/04/06/hartazgo-2/
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Contraloría, un palo en la rueda en la lucha contra la corrupción
La Contraloría General de la República, que adquirió rango constitucional en 1992 para vigilar las actividades económicas y financieras de las entidades públicas, tiene este año un presupuesto de más de 146.000 millones de guaraníes y unos 300 funcionarios. Como no está mal dotada en cuanto a recursos humanos y materiales, se habría podido esperar que cumpliera con su función de tal modo que el latrocinio y el derroche fueran minimizados. Es evidente, sin embargo, que en estos últimos 26 años ha hecho muy poco para cumplir con su importante misión, hasta el punto de que ella misma ha sido afectada por la podredumbre del sector público. Es sabido que allí se trafican influencias para que cierre los ojos ante malversaciones o enriquecimientos ilícitos y que un par de contralores han sido procesados por delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Por su parte, el actual –Enrique García– está imputado por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, que habría perpetrado antes, como director jurídico de la Municipalidad de Asunción. Fue, presuntamente, para ocultar que no apeló un fallo arbitral que condenó a dicho órgano al pago de 3,6 millones de dólares a la firma Ivesur SA.
Es inadmisible que el Senado aún no lo haya destituido mediante juicio político, habiendo sido acusado por la Cámara Baja el 14 de marzo de este año por la comisión de delitos y mal desempeño de sus funciones. Su destitución es requisito ineludible para que pueda ser procesado por los hechos punibles antes referidos. Entretanto, García sigue al frente de un organismo que se ha dedicado en los últimos meses a cohonestar las actuaciones de personajes que, según todos los indicios, se han valido de un cargo público para llenarse los bolsillos. Si ya resulta escandaloso que quien debe velar por el buen uso del dinero de todos esté sospechado por el Ministerio Público, el hecho de que además se ocupe de “blanquear” a presuntos delincuentes implica un encubrimiento liso y llano.
Uno de los beneficiados por la Contraloría es el exsenador colorado Óscar González Daher, recluido tras haber sido imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. En efecto, haciendo suyas las conclusiones de su propio perito e ignorando un informe clave de la Seprelad, el órgano dictaminó que “existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos obtenidos” por el magnate luqueño que solo tenía una cuenta en el Banco Nacional de Fomento, donde se le depositaba su dieta. Eso sí, creyó oportuno consignar que el susodicho –dueño de una colección de vehículos lujosos– no reportó un automóvil Mercedes-Benz, modelo 1999. Cumpliendo con su deber, los agentes fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz hicieron caso omiso del dictamen de favor.
El hoy senador colorado Javier Zacarías Irún también conoció la benevolencia de la Contraloría, pues el Ministerio Público desestimó una denuncia contra el potentado esteño por el delito de enriquecimiento ilícito, aceptando la opinión del organismo contralor de que el aumento “considerable” entre la primera declaración jurada de bienes (1.093 millones de guaraníes) y la tercera (2.747 millones), teniendo un ingreso promedio de 347 millones de guaraníes, ¡derivó de la compra de inmuebles “a través de una herencia familiar”! Felizmente, el Ministerio Público ha recapacitado y abierto una investigación sobre enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal con respecto a quien nunca creyó necesario pagar el impuesto a la renta personal.
También el extitular del Indert Justo Cárdenas sostiene que la Contraloría llegó a la conclusión de que existe una correspondencia entre sus bienes y sus ingresos declarados, pese a que en cinco años, con un salario inferior a los seis mil dólares mensuales se hizo de un patrimonio de cerca de cinco millones de dólares. Está siendo investigado por enriquecimiento ilícito desde 2017 por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, que ya detectó in situ sus multimillonarias inversiones en una estancia allanada en Pirayú.
La Contraloría no solo se ha ocupado de dar el visto bueno a la fortuna acumulada por esos “peces gordos” de la política, sino también a la que lograron los “peces chicos” del funcionariado. Es el caso de los aduaneros que han demostrado un notable talento para multiplicar su patrimonio con el salario que perciben. Uno de ellos es Luis Roberto Pintos, dueño de 4.300 millones de guaraníes, obtenidos al cabo de solo tres años: el órgano fiscalizador le reconoció “otros ingresos”, de unos diez millones de guaraníes mensuales, que el funcionario obtuvo de negocios montados tras ocupar la jefatura de Riesgos de la Dirección Nacional de Aduanas. O sea que los bienes declarados por él se ajustarían a sus ingresos, aunque no haya reportado un “spa” ni un inmueble valuado en 800 millones de guaraníes, que puso a nombre de su esposa.
Lo brevemente referido basta para ilustrar que la Contraloría no se destaca por perseguir a los corruptos de tomo y lomo, sino más bien por ser muy indulgente con ellos, por decir lo menos. No es raro que así sea, ya que ni siquiera ella escapa a la podredumbre reinante, lo que constituye una trágica paradoja: el mismo órgano encargado de perseguir a quienes se enriquecen robando en la función pública es un campo propicio para las fechorías. Tampoco falta un detalle grotesco: su directora de Declaraciones Juradas, Analy Valiente, es justamente esposa del hoy senador Dionisio Amarilla, el mismo que supo sacarle el jugo a su cargo de administrador de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) antes de convertirse en legislador. Hay buenos motivos para temer que también este genio financiero será “blanqueado” por la Contraloría.
A propósito: Enrique García sigue negándose a entregar a un periodista de este diario una copia de las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos entre 1998 y 2017, y no precisamente porque le importe mucho la ley, sino porque no tiene la autoridad moral suficiente para permitir que se eche un ojo al patrimonio de muchos legisladores que lo designaron como contralor o pueden destituirlo, algo que deben hacer cuanto antes.
En estas condiciones, la Contraloría, con Enrique García como titular, se convierte más bien en un palo en la rueda antes que en un instrumento para combatir la corrupción. Esta situación no debe tolerarse un minuto más.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/contraloria-un-palo-en-la-rueda-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-1750554.html
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