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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

¿Quién tiene el mando en Contraloría?

El cargo más codiciado (la Contraloría) de los que hasta ahora corresponde elegir a la Cámara de Diputados se lo llevó Avanza País, un partido con apenas dos de los ochenta miembros en esa cámara. El Partido Colorado se quedó con la subcontraloría y con la Defensoría del Pueblo, la titularidad y la adjunta.
Los colorados cartistas habían perdido la unanimidad de la bancada en Diputados y a pesar de los esfuerzos por reincoporar a los disidentes y de las amenazas de expulsión no quedaba otra opción que abandonar el intento de la unidad para jugar a la atomización de los otros con el objetivo de perder menos.

Entregan la corona para evitar que todos los demás cargos se les fuera de las manos y se quedan con la subcontraloría, la Defensoría del Pueblo y la adjunta de la misma. Ni los tres cargos juntos alcanzan a la Contraloría. ¿Por qué lo hicieron?

En primer lugar el cartismo necesitaba dar una lección al PLRA por contribuir a matar la reelección por la vía de la enmienda. En segundo lugar para romper el frente opositor mayoritario creado a partir de las fugas en el cartismo de Diputados, y en tercer lugar para tener una Contraloría frágil que se sustenta en apenas tres votos: dos del partido del contralor y uno prestado de Encuentro Nacional, y que por consiguiente será fácil recuperar en el futuro mediante nuevas alianzas estratégicas.

Las incógnitas que plantea esta jugada tienen que ver con los beneficios para cada sector. El gran ganador es Camilo Soarez, el líder de izquierda que mayor soporte da a Avanza País y que como nada tiene de tonto habrá incluido en la agenda su caso particular en la justicia; luego Mario Ferreiro por ganar un contralor propio para el manejo municipal de Asunción, y tercero el contralor José Enrique García, metido en varios y confusos líos judiciales, de los cuales podría desligarse momentáneamente por aquello de que todas las escobas nuevas tienen derecho a barrer sin molestias por lo menos durante cien días.

¿Qué ganan los aliados? El derecho de entregar al contralor la “lectura política” para la toma de sus decisiones, de manera que los ministros, intendentes y gobernadores cartistas pueden dormir tranquilo, lo cual en cambio no ocurrirá con los enemigos azules.

Entonces, ¿quién dictará la orden de qué hacer a favor o en contra de alguien desde la Contraloría? ¿A alguien le queda alguna duda de que será Horacio Cartes? ¿O alguien cree realmente que “el chino” García hará lo que quiera? El nuevo patrón dará la pauta de lo que se debe hacer: cómo controlarse a sí mismo con generosidad y cómo controlar severamente al enemigo. Cada vez que “el chino” pretenda desobedecerlo, pensará que solo hay tres o cuatro votos para defenderlo en todo el Congreso de un probable juicio político. Ahh, y por de pronto Camilo tendrá que gastar más en saldos del celular para devolver llamadas de ordenadores de gastos.

Por Edwin Brítez

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/quien-tiene-el-mando-en-contraloria-1534450.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

3 comentarios en “¿Quién tiene el mando en Contraloría?

  1. Enrique García

    Salió a la luz pública una información según la cual el actual defensor del Pueblo, Miguel Godoy, acaba de revocar una resolución del anterior titular de ese cargo, Manuel María Páez Monges, por la cual se adjudicaron unos 100 millones de guaraníes de indemnización a una supuesta “víctima de la dictadura”, Hugo Ortiz, que, en realidad, fue una persona aprehendida por tráfico de drogas, según el informe oficial recogido del Archivo del Terror y remitido a Páez Monges, en 2010, por la delegada del 5º Turno de la Defensoría, Nancy Frachi. En dicho informe se dejaba bien claro que, según esos archivos, el candidato a ser indemnizado nunca fue un perseguido político, sino un sospechoso de tráfico de drogas, que fue lo que motivó su apresamiento.

    Pese a estos antecedentes, Páez Monges ni siquiera detuvo el expediente por tratarse de un caso dudoso que merecía mayor investigación, sino que le dio trámite a la solicitud, consiguiendo el aval del entonces procurador general de la República, José Enrique García, indispensable para convalidar el otorgamiento de la indemnización a la falsa víctima, en una maniobra que, por supuesto, huele a lo que tiene que oler algo así en nuestro país: podredumbre.

    Páez Monges fue sustituido después de muchos años de detentar irregularmente la titularidad del cargo, y, si bien ahora no ocupa otro cargo público, tampoco está procesado por las numerosas denuncias de irregularidades que van saliendo en las auditorías a su gestión.

    Sin embargo, José Enrique García, con la llegada de Mario Ferreiro a la intendencia, pasó a ser asesor legal de la Municipalidad de Asunción y, después, agraciado nada menos que con el cargo de contralor general de la República, uno de los puestos más importantes para los intereses del país en las altas estructuras del aparato del Estado.

    Este nombramiento se realizó contra todo el sentido común, porque pesaba sobre este individuo la grave sospecha de haber entrado en colusión dolosa con una empresa concesionaria de la Municipalidad, Ivesur, consistente, resumidamente, en omitir presentar en tiempo y forma la apelación judicial de una sentencia que favorecía a su contraparte, la citada concesionaria, y obligaba a pagar a esta más de 3 millones de dólares. Por ende, perjudicó a su cliente, acto que, de ser constatado, implicaría para García haber incurrido en una omisión injustificable, incursa en el Código Penal.

    Lo cierto es que, en el caso recientemente denunciado de la Defensoría del Pueblo, el entonces procurador general, José Enrique García, habría convalidado una “matufia” orquestada por Páez Monges, destinada a despojar al Estado del equivalente a unos mil jornales mínimos de entonces, con el fin supuesto de beneficiar a una persona que se presentaba como víctima de la dictadura sin serlo. Lo que hicieron en realidad ambos, entonces, según esta información, fue inventar una falsa víctima, convirtiendo al Estado –al contribuyente– en la verdadera víctima.

    En un país medianamente serio, el caso que involucra al actual contralor general en su paso por la Municipalidad es lo suficientemente grave como para desplazar de su cargo de inmediato a cualquier funcionario.

    Este nuevo episodio viene a empuercar aún más la historia personal del contralor. ¿Cómo es posible que se haya elegido a una persona con tales antecedentes para ocupar tan importante cargo? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que, una vez que se hayan ventilado sus trapisondas, las autoridades superiores de la Nación lo mantengan en su lugar como si nada?

    Es fácil explicar esta y otras situaciones similares: es la impunidad que carcome toda la estructura de nuestras instituciones la que permite que inescrupulosos, ladrones y desfachatados ocupen altos cargos públicos, basureando con sus atracos la Constitución y las leyes.

    Mientras el Paraguay continúe siendo desgobernado por gente de esta calaña, y las evidencias de tal desgracia sigan sin tener consecuencia alguna, no podemos quejarnos de que falten medicamentos en los hospitales, sigan cayendo techos de escuelas y puentes, y que las esquinas de nuestras ciudades sigan siendo el lugar de “trabajo” de nuestra juventud.

    La culpa la tenemos los ciudadanos y las ciudadanas que soportamos con indiferencia estas situaciones, en vez de salir a las calles para protestar con indignación en cada ocasión en que políticos sinvergüenzas nos meten tan descaradamente las manos en nuestros bolsillos. Esta del contralor Enrique García ya es el colmo.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/enrique-garcia-1559127.html

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    Publicado por jotaefeb | 31 enero, 2017, 8:27 am
  2. Vendieron la Municipalidad

    El abogado José Enrique García, ex asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, fue electo recientemente contralor general de la República. Todo indica que, cuando ejercía el primer cargo mencionado, incurrió al menos en una negligencia culposa, que puso a la Comuna en estado de indefensión, al no apelar oportunamente el laudo arbitral que la obliga a indemnizar con 18.975.014.366 guaraníes a la empresa Ivesur, encargada de la verificación de vehículos. La asesora jurídica interina de la Municipalidad, Emilia Yugovich, afirma que el recurso de nulidad parcial fue presentado a tiempo, el 6 de octubre de 2016, en la Mesa de Entrada de la Cámara de Apelaciones, Primera Sala. Sin embargo, el cargo puesto al pie del escrito no lleva el sello ni la firma de la actuaria Viviana Cabrera, quien informó a sus superiores que en dicha instancia no se recibió el pedido de nulidad, lo que hace suponer que la firma obrante al pie del escrito es un simple garabato y que el sello de la Cámara fue usado en forma indebida. Es más, en virtud de una Acordada de la Corte Suprema de Justicia, que el abogado García no podía ignorar, el escrito debió haber sido entregado en la Mesa de Entrada de los Tribunales de Apelación y del Tribunal de Cuentas de la Capital. La coordinadora de esta última Mesa, Martha Machuca, informó que la Municipalidad no realizó ninguna presentación contra el laudo arbitral, y denunció que intentaron sobornar con 20 millones de guaraníes a sus funcionarios para antedatar el documento, para que pareciera como que fue entregado en tiempo oportuno.

    O sea que la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción trató de jugar a dos puntas, incursionando en ambos casos en el Código Penal y exigiendo así la intervención de oficio del Ministerio Público, que ya se está haciendo esperar. Se podría incluso presumir que entre los abogados de Ivesur y de la Municipalidad hubo la colusión habitual de los juicios en los que una entidad pública resulta “vencida” a propósito por culpa de la deshonestidad de sus representantes legales, que luego reciben una porción de la suma cobrada por la parte “vencedora”, una infame práctica utilizada para desangrar a las arcas del Estado.

    Lo referido ya basta para concluir que el daño patrimonial causado a la Municipalidad, así como la aparente comisión de los delitos de falsificación de firma y de intento de cohecho activo, presuntamente cometidos por funcionarios que estaban a su cargo, le privan al contralor general de la República de toda autoridad moral para auditar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades.

    En verdad, el flamante contralor general García debería tener la decencia de renunciar al cargo para el que fue nombrado gracias a una componenda entre los diputados colorados “cartistas” de la ANR y los de la concertación Avanza País, cuyas filas integra, al igual que el jefe comunal capitalino, Mario Ferreiro. Es deplorable que los vecinos de Asunción, quienes habían confiado en que la nueva administración municipal fuera mucho más honesta y eficiente que la anterior, hayan sido tan vilmente defraudados. El intendente Ferreiro sigue defendiendo a ultranza a su “correligionario”, pese a las comprometedoras evidencias publicadas, comportándose como cualquier intendente de los partidos tradicionales que tratan de justificar “a priori” las posibles fechorías de sus subordinados. Este nauseabundo asunto revela que en la administración comunal solo ha habido una alternancia de nombres y equipos, pero no un cambio de la vieja mentalidad politiquera tradicional.

    El concejal Orlando Fiorotto (ANR) sostiene que está en juego la transparencia de la administración. El problema es que si ella admitiera que el recurso de nulidad no fue presentado como corresponde, no solo estaría inculpando al ex asesor jurídico, sino también admitiendo implícitamente que se falsificó una firma y que sus funcionarios trataron de sobornar. Si la Justicia entendiera que en este caso hay responsabilidades penales y civiles que atribuir, el intendente municipal tendría que cargar con la responsabilidad política. Eso de que la Comuna no pagará ni un centavo a Ivesur, según el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Max Rejalaga, no pasa de ser una bravuconada, que tarde o temprano puede costar aún más dinero a los contribuyentes de Asunción.

    Quien tiene la función constitucional de velar por la buena gestión de los fondos en la Administración Pública no puede estar indiciado de haber actuado negligente o dolosamente en perjuicio de los contribuyentes. El intendente Ferreiro, por su parte, haría bien en no seguir poniendo las manos en el fuego por su ex asesor jurídico hasta que se aclare su sospechosa actuación. Más bien, debería esforzarse por vigilar el comportamiento de quienes ocupan cargos de confianza, pues su nombramiento es de exclusiva responsabilidad suya.

    La práctica del infame “cuoteo” no es excusa para liberar al intendente de la responsabilidad política que le corresponde ni disculparlo ante la ciudadanía, que creyó ver en él a una persona que daría lustre a la administración municipal por su idoneidad y su honestidad. Demasiados recursos que pertenecen al pueblo ya se han escurrido por la sucia alcantarilla de la corrupción, por lo que los ciudadanos y las ciudadanas deben reclamar públicamente que se aclare este fétido asunto.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/vendieron-la-municipalidad-1535964.html

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    Publicado por Anónimo | 9 noviembre, 2016, 4:44 pm
  3. Contralor o blanqueador

    Por Edwin Brítez

    Somos exageradamente pasivos o no nos damos cuenta de la extrema gravedad de haberse elegido a un funcionario, cuya identidad debe inclinarse más hacia la probidad que a la idoneidad, que accede al cargo ya con dos serios cuestionamientos (sobrefacturación y negligencia) y en el mismo día que jura y asume se descubre que probablemente haya falsificado documento o cuando menos aceptado una falsificación como algo auténtico.

    La Constitución es hasta si se quiere demasiado rigurosa con los deberes y atribuciones del contralor. Uno de los artículos se refiere a la obligación de denunciar a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo “todo delito del cual tenga conocimiento en razón de sus funciones específicas, siendo solidariamente responsable por omisión o deviación, con los órganos sometidos a su control, cuando estos actuasen con deficiencia o negligencia”.

    En virtud de este artículo constitucional, no entiendo realmente cómo hicieron los anteriores contralores (excepto Fretes Ventre) para evitar la cárcel porque si deben denunciar “todo delito del cual tenga conocimiento en razón de sus funciones…” y la Constitución les obliga a controlar, vigilar y fiscalizar a exactamente todo lo que sea público, no hay forma de escaparse.

    La Constitución no dice que controle, vigile o fiscalice solamente a algunas instituciones o hasta donde pueda o lo permitan los recursos disponibles. Además, el contralor es solidariamente responsable por omisión o desviación, con los órganos sometidos a su control “cuando éstos actuasen con deficiencia o negligencia…”.

    Desviación, según averigüé, quiere decir ejercicio de potestades administrativas para fines distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico.

    La cantidad de hechos de corrupción que estalla en la jurisdicción del Estado es abrumadora, algunos de ellos detectados por la Contraloría, otros no. Tenemos conocimiento de denuncias de corrupción elevadas por la Contraloría a la justicia pero nunca escuché que ningún contralor haya asumido responsabilidad solidaria ante casos de negligencia.

    Como puede verse, el contralor debe ser nuestra garantía, nuestra seguridad para poder confiar y creer en las autoridades que hemos elegido, para que nos sintamos tranquilos frente a la rendición de cuentas que como ciudadanos no estamos en condiciones de revisar por cuenta propia y necesariamente debemos confiar en un intermediario.

    El hecho de que el nuevo contralor haya surgido de una transa entre el oficialismo colorado y un partido muy minoritario, sin necesidad de miramiento sobre la cualidad del elegido y menos aún de su propuesta para ejercer tan delicado cargo, es tan grave como los antecedentes del flamante funcionario.

    Enrique García, contralor general de la República, necesita con urgencia liquidar favorablemente el pleito judicial en el cual se lo acusa de sobrefacturar la compra de una fracción de tierras para indígenas, además de aclarar suficientemente el entredicho entre la Municipalidad y el Tribunal de Apelaciones con respecto a un pago millonario a la empresa Ivesur que a su vez tuvo una derivación en probable caso de falsificación de documento.

    Si no lo hiciere en corto tiempo, tendremos al frente de la institución que debe transmitirnos garantías de credibilidad, no a una persona íntegra y confiable sino a un sospechoso más de los múltiples casos de corrupción que soportamos todos los días y que además justificaría las múltiples especulaciones populares con respecto a quién dará las órdenes sesgadas y desde dónde para denunciar a los corruptos o para blanquearlos.

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    Publicado por Anónimo | 6 noviembre, 2016, 4:36 pm

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