El asesinato de ocho militares integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) por parte de miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ocurrido ayer en la zona de Arroyito, distrito de Horqueta, en el departamento de Concepción, constituye otro acontecimiento trágico, no solo para sus familiares y amigos sino para todo el país, que siempre tuvo a su Ejército como símbolo de identidad nacional y expresión de sus más elevados valores patrióticos.
La emboscada en que perdieron la vida el subteniente Félix Fernando Fernández, el suboficial Lucio Dejesús Torrasca y los sargentos Robert Fabián Cañete, Genaro Dejesús Arias, Sergio Daniel López, Éder Arias, Hugo Candia y Pablo Farías constituye una catástrofe sin precedente para las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, y para el Gobierno del presidente Horacio Cartes.
Mientras el cuestionado comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Garcete, y el ministro de Defensa, Diógenes Martínez, guardaban llamativo silencio, fue el anodino ministro del Interior, Francisco de Vargas, quien tuvo que informar a la ciudadanía acerca del atentado perpetrado por el EPP contra una patrulla militar y de su trágico resultado: ocho muertos.
Este grave atentado –descrito en detalles por los medios de comunicación– no es un incidente trivial o una escaramuza entre grupos armados. Tratándose de una operación militar llevada a cabo en un área bajo control de la FTC, la máxima responsabilidad institucional corresponde al alto mando militar, no al Ministerio del Interior ni a la Fiscalía. Y a la cabeza de ellos, a su Comandante en Jefe.
“El EPP no me va a marcar la agenda”, había manifestado el presidente Cartes durante su discurso de asunción al cargo, alusión que, aunque breve y poco precisa, despertó esperanzas en la ciudadanía, pues daba a entender que estaba decidido a mostrar una actitud mucho más enérgica contra la banda criminal que la que habían tenido sus predecesores. Pero, según se comprueba ahora, no se trató más que de una frase hecha o de una simple manifestación de deseos, no de real voluntad política, porque, en este caso, tuvo que haber estado basada en proyectos de acción pensados y diseñados con expertos y entendidos en la materia. Por este motivo, en su último mensaje de gestión ante el Congreso, Cartes tuvo que rever la ligereza de su manifestación anterior confesando que la lucha contra los delincuentes agavillados en el EPP y la ACA “llevará mucho tiempo más”.
Es que hay un dato trágico e inocultable: que bajo este Gobierno se está acumulando la mayor cantidad de víctimas causadas por los terroristas en su luctuosa historia de casi una década. Muchos muertos y heridos, millones de dólares recaudados por la banda en rescates, extorsiones y robos; y varias personas secuestradas, de las cuales tres aún permanecen en esa condición –el suboficial de policía Edelio Morínigo y los colonos menonitas Abrahán Fehr y Franz Wiebe–, el primero de ellos batiendo el récord de tiempo de privación de su libertad en nuestro país. De los diez secuestros de personas perpetrados por la banda, seis se cometieron durante este período gubernamental, que todavía está lejos de concluir.
Como se sabe, la solución pensada por el Ejecutivo fue la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), agrupación que reúne a contingentes militares, de la Policía Nacional y del servicio antidrogas, para que juntos, concertadamente, ejecuten un plan de trabajo eficaz. Su accionar, pese a haber costado ya un dineral al erario –un promedio de 3.200 millones de guaraníes mensuales, desde el año 2013–, no puede exhibir una carta de triunfo importante en comparación con los contundentes golpes que dan los ilegales. Sin duda alguna, la FTC fue rebasada por los criminales, nunca dio en el clavo y, por si no fuera suficiente, algunos de sus miembros soportan denuncias por malversación, corrupción y otros presuntos delitos, lo cual, junto con lo anterior, favorece enormemente la popularidad del grupo criminal y alimenta los argumentos que dirigentes campesinos de izquierda, así como algunos políticos que habitualmente marchan junto a estos, utilizan para exigir la disolución de dicha agrupación, con lo cual se daría vía libre a la reanudación de algunos males que azotaban con mayor fuerza a esa zona norteña antes de la presencia de la FTC, como las invasiones de tierra, los ataques a comisarías y otros sucesos similares.
Este grave hecho ocurrido ayer en Arroyito aumentará el entredicho y los cuestionamientos a la mencionada fuerza militar-policial, pues es grande la indignación de la gente que piensa cómo es que un grupo minúsculo de no más de 20 o 30 hombres pone en jaque a un contingente de cerca de un millar de efectivos pertrechados para la lucha que se les asigna.
En la zona, la gente común, el campesino, el comerciante menor, el pequeño o mediano productor que reside en su campo o granja, el transportista, los conductores de maquinaria agrícola y tantos más, se sienten a merced de los bandidos. Los habitantes se limitan a cerrar la boca ante lo que sucede a su alrededor, algunos porque ya vieron lo que les pasa a quienes cooperan con las autoridades, otros porque están pagando el precio del chantaje a los criminales; y muchos más, hay que decirlo con la mayor decepción, porque reciben algunas dádivas de estos y no sienten ningún cargo de conciencia por ello.
En resumen, los malvivientes siguen perpetrando estos graves crímenes en las narices de la FTC. En otras palabras, le continúa marcando la hoja de ruta al Gobierno de Horacio Cartes, mientras este prometió ahora, una vez más, que “los culpables pagarán” por su criminal acción.
Si el Primer Mandatario no cumple su promesa, comenzando por adoptar medidas enérgicas que motiven a la gente a recuperar la confianza, como ser la remoción de quienes han demostrado total ineficacia, como el ministro del Interior y el comandante de las Fuerzas Militares, y su anillo que cobraba un plus por estar en la zona de operaciones mientras, en verdad, se quedaban en Asunción, la ciudadanía lo seguirá incluyendo en la lista de presidentes pusilánimes e inútiles como los que han desfilado en los últimos tiempos por el Palacio de López.
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Aliado político del EPP
Por Miguel H. Lopez
El EPP (autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo) es una banda criminal armada que crece y se reproduce gracias a la inacción del Gobierno de Cartes y de los que le antecedieron. Aunque esta sea una verdad de perogrullo, los voceros cartistas y demás sucedáneos hacen lo imposible para que no lo parezca. Enredan los más disparatados dislates; y se erigen en acusadores de la más variopinta pavada y del hazmerreír.
Hace más de 1 semana, 8 militares de la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) fueron abatidos. Según los organismos del Estado, por miembros del EPP, aunque ningún grupo reivindicó el hecho ni hay indicios concretos de que fueran ellos, salvo declaraciones políticas de los encargados del caso y explicaciones -sin exhibición de pruebas concluyentes- de voceros del Ministerio del Interior que cita a cierto servicio de Inteligencia.
Hasta el momento no hay avances reales en el grave caso de muertes; y el Gobierno se ocupa más de buscar distraer la atención del foco del asunto y de evitar asumir su gran responsabilidad en el caso, tirando piedras a fantasmas que él mismo se inventa, teniendo como telón de fondo las generales de 2018 y la catastrófica caída de la popularidad de Cartes y del Partido Colorado, soporte de su gestión.
En ese afán, meridianamente torpe, estigmatiza y criminaliza a sectores de oposición, cargando el punto en los de izquierda; y acusando a diestra y siniestra sin promover acciones judiciales concretas como se espera de gente seria, si es que existen indicios, responsables o eventuales vínculos con los criminales.
El EPP salió a la luz en 2004 bajo el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos; entonces los registros hablaban de 3 muertes. Siguió operando bajo la administración del centroprogresista Fernando Lugo, con 14 muertes en 4 años; cobró vuelo estando en el poder tras el golpe parlamentario, el liberal Federico Franco, con 4 muertes en 1 año; y con Cartes, en 3 años, van 40 muertes registradas.
Los voceros oficiales y extraoficiales del Gobierno acusan al exministro del Interior Rafael Filizzola, a Lugo y a prácticamente toda la oposición progresista de ser brazo político del EPP. No hay pruebas. No hay elementos reales. No hay documentos serios.
Mirando en retrospectiva, en 2014 el EPP tiene un desdoblamiento -según los datos del Gobierno- y se conforma el ACA (Agrupación Campesina Armada) y en 2016, surge el llamado -por el mismo Gobierno- EPP de Ramos.
Entonces, es con Cartes que el grupo criminal se fortalece, reproduce y asesta los más duros golpes. Esto convierte al actual Gobierno, por su inacción, sus errores o falta de política de seguridad, etc. en el principal aliado político del EPP. No hay otra explicación.
Un buen entendedor, entiende…
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El dinero, no es problema
8 septiembre, 2016
Por Mariano Nin
Un militar desaparece y unos días después aparece ejecutado en una chacra. Desde el Gobierno apuran un: “es responsabilidad del EPP.” Aún no hay mayores datos, pero no hay dudas, los criminales lo ejecutaron con un disparo en la cabeza, así como lo hicieron hace poco con ocho militares en un lugar descampado de Arroyito, la zona más vulnerable y quizás violenta del país.
Las autoridades ya lo sabían, y se apuran en decirlo. En realidad refleja una cortina de humo. El militar prestaba servicios de guardia en el Banco Nacional de Fomento, allá en Campo 9 y según fuentes del Departamento de Investigación de Delitos se dedicaba en paralelo a la venta de armas de fuego. Sí, armas de fuego… y custodiaba un banco. Cuando desapareció llevó dos fusiles M-16 y su arma reglamentaria.
Hay cosas que nunca voy a entender. Supongo que muchas de las situaciones son por desinteligencia y que algo no funciona como debería. De todas maneras, la Cámara Baja en sesión extraordinaria aprobó una ampliación presupuestaria para el Ministerio del Interior de 3.000 millones de guaraníes, recursos que en su mayoría serían utilizados para el pago de recompensas por informaciones que conduzcan a los criminales de la zona.
No van a ir a salud o educación, terminarán en una de las instituciones más cuestionadas por su falta de resultados.
Y me pregunto ¿quién investiga las muertes? ¿Quién paga por la desidia de mandar a trabajadores al frente de batalla sin armas? ¿Quién paga por las armas robadas al militar?. Sé que hay preguntas que cada uno se contestará, pero para las que, oficialmente, nunca habrá respuestas.
No importa, muchos están ocupados preparando el festejo de aniversario del Partido de Gobierno. La ANR gastará en las celebraciones más de 700 millones de guaraníes. Un chiste si pensamos en el descontento social que crece como un reguero de pólvora, pero al final… EL DINERO, NO ES PROBLEMA.
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¿Por qué no se enfrenta al EPP con contundencia? Tres posibles razones
El surgimiento de grupos violentos suele darse ante la ausencia del Estado. La zona norte del país es una zona pobre y olvidada, por ello, es posible decir que las causas últimas del surgimiento y afianzamiento de estos grupos criminales tienen que ver problemas económicos tales como la desigualdad económica, la pobreza, el desempleo, la ignorancia y las numerosas injusticias socioeconómicas características de nuestro país y que de hecho, se sufren con mayor intensidad en esa zona del país.
Para eliminar el EPP sin duda se requiere, además de una buena política pública de seguridad, políticas públicas en materia de economía, educación, salud, infraestructura, de justicia, entre otras. La adopción o no de estas políticas públicas requieren de decisiones políticas. Estas decisiones políticas van más allá de la Presidencia de la República, pues también involucra al Poder Legislativo, el Poder Judicial, al Ministerio Público, y los diferentes actores de la sociedad civil.
Conviene ahora, en honor al análisis, abandonar esta mirada holística del problema a fin de enfocarnos en la política de seguridad. Antes de adentrarnos en el análisis, debo reconocer que mi área de conocimiento se limita a la economía y la política, por lo que me propongo no opinar sobre cuestiones de estrategia militar.
Habiendo manifestado mi incompetencia en cuestiones militares, ¿hay algo que se pueda aportar desde la economía para entender los desafíos de la política de seguridad? Si nos referimos a aspectos relacionados las estrategias y tácticas militares probablemente la respuesta sea “no”, pero no se puede ignorar el hecho de que las diferentes problemas sociales están inextricablemente conectados, por ende la economía si puede aportar algunas observaciones que deberían ser consideradas en el ámbito de la lucha contra el grupo criminal.
EPP y narco política.
El EPP es un grupo guerrillero con vínculos probados con el narcotráfico. Este no es un dato menor, pues el narcotráfico puede invertir parte de sus ingentes recursos económicos a la compra de armas, equipos y elementos necesarios para sostener la lucha del EPP. A cambio, el EPP ofrece tranquilidad y protección al narcotráfico.
Por otra parte, quizás el detalle más importante del vínculo EPP-narcotráfico está en que el narcotráfico también financia proyectos políticos. Una efectiva política de seguridad implica una efectiva lucha contra el narcotráfico, y esto supone un grave perjuicio para diversos sectores políticos tanto en la zona norte como en diversos puntos del país.
El narcotráfico también hace metástasis en las diversas administraciones e instituciones públicas, muchas de ellas directamente relacionadas con la política de seguridad como el ejército, la policía, el ministerio público, jueces, y la misma SENAD.
Esta situación hace que la decisión política no cuente con la suficiente voluntad real de resolver el problema, y por otra parte hace que quienes deben ejecutar esa decisión política no se empeñen lo suficiente y de hecho en muchos casos que terminan saboteando la ejecución de las acciones.
Economía de guerra.
El conflicto genera lo que se denomina “economía de guerra”; esto es: se está invirtiendo mucho dinero en el combate al grupo guerrillero ya que se compran vehículos, alimentos, armas, y una gran cantidad de otros bienes y servicios necesarios para movilizar las fuerzas de seguridad. Toda esta provisión de bienes y servicios a las fuerzas de seguridad generan beneficios para un grupo de personas y empresas proveedoras, así como a los administradores de los abundantes recursos.
Las economías de guerra tienen como consecuencia que un grupo de personas se benefician económicamente del conflicto, y si existen vínculos entre los beneficiados y la clase política es posible que la decisión política no cuente con la suficiente contundencia requerida para una lucha efectiva.
Comercialización del servicio de seguridad.
En la zona se requieren servicios de seguridad, lo cual genera la posibilidad de prestar servicios privilegiados a cambio de pago a los comandantes. Es así que antes que defender a toda la población, es posible que podamos ver a las fuerzas del orden protegiendo el patrimonio de aquellos que puedan pagar por el servicio.
La situación se complica cuando quienes pagan por el servicio son los narcotraficantes y se produce el tremendo absurdo de que las fuerzas de seguridad provean de protección a quienes en teoría combaten. Nuevamente, la clase política también tiene un papel en esta tragedia.
Como vemos, en las tres observaciones que expusimos, la relación dinero y política es la constante y quizás la base de todas las dificultades. El financiamiento de proyectos políticos a través de dinero mal habido nos ha arrebatado el Estado a sus legítimos dueños: los ciudadanos. El Estado y sus recursos han sido rendidos y entregado a la billetera de las mafias.
Urge recuperar al Estado; por ello urge impulsar un mayor control sobre el financiamiento de los partidos y movimientos políticos. Esta iniciativa sin duda no será apoyada por una parte importante de la clase política, la más sospechosa y cuestionada, y de allí la importancia del papel de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil para apoyar a los políticos que impulsen esta medida.
Por José María Ayala Cambra.
Vicepresidente Nacional del Equipo Joven PPQ
@ayalacambra
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Fotografía de la semana
12 Sep 2016
Por Augusto dos Santos
EL TIEMPO PRESENTE ES MEJOR. El entusiasmo amateur por la historia del nuevo Ministro de Cultura lo llevó a construir un relato que envidiaría el diácono, fotógrafo y escritor inglés Charles Lutwidge Dodgson, luego conocido como Lewis Caroll a los tiempos de escribir “Alice’s Adventures in Wonderland”.
Paraguay es un país que nació poblado de múltiples debilidades y su historia oficial ocultó bajo la alfombra tales hechos para construir lo que se llama “el síndrome de la edad dorada”, con lo cual creó generaciones de paraguayos sin educación y sin el más mínimo nivel de autocrítica.
De hecho, mentimos al decir que en el Paraguay algún pasado fue mejor. Con sus luces y sus sombras, el presente es el mejor tiempo en la historia del Paraguay. Los registros de desarrollo integral de los últimos 50 años son –aún deficitarios- incomparables.
NO MÁS CONFLICTO. La polarización de la política en Paraguay amenaza con llegar a un sitio cada vez más peligroso. La movilización de sectores sociales que se oponen a la gestión de Cartes e incluso piden su renuncia, agregará una fuerte tónica de tensión a esta temporada, en un asunto que bien podría haber continuado en las mesas de diálogo. Alguien que no se encuentre en el juego de los intereses políticos en contra y en favor tiene que mediar. ¿Hay alguien…?
EL ARTE DE RENUNCIAR. Si el Presidente fuera aquel que levanta una pared con el sacrificio de ir anexando ladrillos, podría caracterizarse a los miembros más cuestionados de su gabinete como aquellos que cada tanto vienen y patean, destruyendo lo construido. En tales condiciones no tendría que ser el Presidente de la República el que pide la renuncia de aquel miembro de su staff que -en la opinión de todos – lo está condenando a la impopularidad. Tendrían que ser tales colaboradores los que se adelanten a renunciar: es el arte de renunciar para proteger a un Presidente.
Pero, al parecer, no se llega a entender esta ecuación que así funciona en todas partes.
PROTEGER A PERIODISTAS. Los periodistas de las zonas de alta influencia mafiosa están en situación de riesgo. En gran medida porque son la carne de cañón de los debates que confrontan desde sus propios medios a tales sectores. El Gobierno debe implementar protocolos de protección a periodistas que lleguen más allá de los enunciados. De hecho, hay métodos muy consolidados en la Unesco, por ejemplo, respecto a procedimientos de protección de trabajadores. De nada sirve la procesión dolorosa en la que nos metemos luego periodistas, gremialistas, autoridades, etc, cuando se trata de llevar un ataúd a su morada final y recordar la valentía periodística de alguien. No les devuelve la vida.
¿NO NOS VAMOS A RUSIA? La KGB inventó el club de fútbol Dínamo, mientras el Spartakus quedó para el Partido Comunista. Mientras el Real Madrid era imagen del franquismo (y debía ser atendido como selección nacional en las embajadas) el Barcelona era la contestación antifranquista. Berlusconi llegó al poder en propiedad del equipo de Milano. Kennedy nombró en 1961 al popular Charles “Bud” Wikilson, entrenador de fútbol americano como su asesor personal. Frei hizo creer a sus votantes chilenos en 1964 que era apoyado por Pelé. Cartes alcanzó niveles de reconocimiento nacional gerenciando Libertad y la Selección Nacional. Y todavía discutimos si tiene o no valor político ir a un mundial.-
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Denuncias mediáticas le restan seriedad al partido de gobierno
Las reiteradas denuncias mediáticas de algunos dirigentes del Partido Colorado, acusando a políticos de la oposición de tener vínculos con el grupo armado criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), hasta ahora no se han sostenido en ninguna evidencia a ser tenida en cuenta. La pretensión de que las versiones sean investigadas de oficio por el Ministerio Público ha sido desmontada por el propio fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, al afirmar que «en política se dice cualquier cosa», y que para abrir una investigación se requiere contar con indicios serios, lo cual hasta ahora no se ha demostrado. Se espera que por ser la ANR el partido de gobierno, sus directivos tengan más responsabilidad al hacer tan graves acusaciones. De lo contrario irán perdiendo más credibilidad ante la ciudadanía.
Tras el grave atentado en que murieron 8 militares de la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona de Arroyito, Concepción, en un ataque atribuido al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), varios voceros del Gobierno y directivos importantes del Partido Colorado han insistido en acusar a dirigentes de la oposición de tener vinculaciones con el grupo armado criminal.
El propio ministro del Interior, Francisco De Vargas, acusó a los dirigentes del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola y Arnaldo Giuzzio, de estar vinculados al EPP, en el primer caso por aparecer en una antigua foto con uno de los actuales integrantes del grupo armado, y en el segundo caso por haber visitado en la cárcel a dos personas enjuiciadas por secuestro. A pesar de que ambos casos han sido debidamente explicados, la denuncia es reiterada cada tanto por otros dirigentes de la ANR y voceros del Gobierno, pero solo por los medios de comunicación, sin acercar ninguna denuncia formal ante la Fiscalía o la Justicia.
Javier Zacarías Irún, vicepresidente del Partido Colorado y asesor político del presidente Horacio Cartes, fue más enfático tras una reunión en Mburuvicha Róga, al acusar al Frente Guasu, organización política liderada por el ex presidente Fernando Lugo, de ser «el brazo político del EPP», sin mencionar más fundamentos que antiguas versiones ya desechadas en los propios juicios por secuestro, por no aportar ninguna evidencia concreta.
Otro caso que tuvo gran resonancia mediática fue el discurso que el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, pronunció durante la inauguración de la Expo Norte, en Concepción, al amenazar con «fumigar a todas las ratas», incluyendo al EPP y a sus «amigos políticos», a quienes acusó de «legionarios del siglo XXI».
En ninguno de los casos, sin embargo, han presentado denuncias concretas ante la Fiscalía y la Justicia, pero han demandado que el Ministerio Público abriera investigaciones de oficio ante las graves acusaciones. Esta pretensión ha sido respondida por el propio fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien ha calificado las versiones de «poco serias», al afirmar que «en política se dice cualquier cosa», y además asegurar: «En el momento en que tengamos elementos de convicción que signifiquen la posibilidad cierta de la comisión de un ilícito, vamos a abrir una investigación de oficio».
Ante esta situación, resalta la gran irresponsabilidad de los exponentes del Ejecutivo y sobre todo de los dirigentes colorados. Se espera que por ser la ANR el partido de gobierno, sus directivos tengan más seriedad al hacer tan graves acusaciones. De lo contrario irán perdiendo más credibilidad ante la ciudadanía.
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Diálogo sobre la seguridad
13 Sep 2016
Las sociedades se construyen con al menos consensos mínimos entre los actores principales sobre temas esenciales que hacen a la situación de la misma sociedad. Para que estos consensos se den indefectiblemente primero debe existir una voluntad para el diálogo y tolerancia, dejando de lado las posturas individuales y grupales. Para que el diálogo sea efectivo, debe darse en el marco del respeto de las personas y de las instituciones. Todo intento de lograr consensos a través del diálogo, sin que este sea sincero, será en vano.
La clase política debe dar muestra que es capaz de sentarse a dialogar para buscar consensos, porque así lo requiere hoy la sociedad, especialmente aquella que sufre por la desidia histórica que permitió que el crimen y la delincuencia se apoderen de algunas zonas.
Los últimos acontecimientos en el norte del país con el asesinato de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el atentado en Pedro Juan Caballero a la radio del presidente del Congreso Nacional, Roberto Acevedo, y otros anteriores, hacen obligatorio establecer un diálogo entre los poderes del Estado y los actores principales de la sociedad, para que, juntos, se consensúe una acción que permita a los organismos de seguridad actuar acorde a las necesidades para poner fin a un drama que arrastra el país desde hace décadas.
Los grupos de delincuentes y criminales que generan luto al país, aquellos que usan la ideología como excusa y los que se sustentan con la mafia de todo tipo, deben ser derrotados por los organismos de seguridad cuanto antes, pero para que esto ocurra primero debe ser derrotada la incomprensión ciudadana y política sobre un hecho sumamente importante: esta lucha debe ser de un país unido, sin banderías políticas. Y la única forma de lograrlo será a través, primero, de un gran consenso político y ciudadano.
Muchos de los esfuerzos que desarrollan los organismos de seguridad son cuestionados por intereses políticos y presentados ante la sociedad como errores, sin que se mida la gravedad de lo que se hace. En la medida en que se cuestione el trabajo, por ejemplo, de la FTC, lo que se hace es disminuir la credibilidad en esta fuerza, debilitando a los mismos integrantes del grupo especial y poniendo a la gente en contra de quienes están dando sus vidas para lograr seguridad en una zona que fue abandonada por mucho tiempo.
Es cierto, se debe reconocer que la FTC ha cometido errores, pero también se debe admitir que consiguió importantes logros.
No se puede desconocer que gracias al despliegue en la zona conflictiva hoy los productores y ganaderos pueden trabajar al menos con una protección.
Si no fuera así, estarían a merced de la voluntad de los criminales. Para sacar una evaluación sobre lo que hace y se dejó de hacer, es necesario poner en la balanza los números reales, y no lanzar meros discursos mediáticos.
En el marco de este contexto, y comprendida la urgencia de un diálogo entre todos los sectores, el Poder Ejecutivo ha decidido realizar una serie de encuentros con las instituciones que están involucradas en la lucha contra la delincuencia, como la Fiscalía General del Estado. Igualmente, la ronda de diálogo incluye a los sectores de la producción, la ganadería y la industria, que son los motores económicos en las zonas consideradas de conflicto. Habrá que incluir también a las representaciones sociales, para que compartan sus inquietudes sobre el tema.
Desde el Congreso, igualmente, se ha iniciado paralelamente una acción que pretende coordinar los trabajos que ayuden a impulsar un combate mucho más frontal contra la mafia. Así, la semana pasada autoridades de este poder convocaron a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general y al titular de la Senad. El objetivo trazado fue analizar las herramientas legales que se tienen para la lucha contra todo tipo de delincuencia, especialmente en las zonas azotadas en este momento por grupos criminales como los vinculados al narcotráfico.
Todo lo que se pueda aportar en este momento debe ser bienvenido. Hay que resaltar el esfuerzo del Congreso como del Ejecutivo en buscar un camino a seguir para la urgente necesidad de devolver tranquilidad a las zonas más conflictivas. No puede rechazarse ningún tipo de análisis sobre la situación y sobre lo que se debe hacer de cara al futuro.
Hay que señalar, sin embargo, que todo aporte y discusión tienen que estar sustentados, como decíamos más arriba, en el marco del respeto, de la tolerancia y dejando de lado las posturas individuales y grupales que tanto daño ya ha hecho al país. Los enemigos no son las instituciones o los representantes del pueblo, sino aquellos que atentan contra el mismo pueblo.
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No defraudar el voto de confianza
El presidente Horacio Cartes y el fiscal General del Estado Javier Díaz Verón mantuvieron ayer una reunión con empresarios donde trataron la falta de seguridad para trabajar e invertir en el norte del país, como San Pedro y Concepción, por la presencia de miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Al finalizar el encuentro Díaz Verón reiteró el compromiso de las autoridades de redoblar esfuerzo contra el grupo criminal, para tener más seguridad en el norte del país.
Según las publicaciones el fiscal general expresó que apoya el trabajo que realiza la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), encargada de combatir al EPP. “Las personas que han sido imputadas, acusadas por el Ministerio Público y detenidas dentro de procesos de secuestros que haga relación al EPP, se tuvo un 100 por ciento de resultado, a las 106 personas imputadas”, aseveró.
La presencia del EPP en el norte del país es una espina que molesta a toda la sociedad paraguaya desde el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y que hasta ahora ningún presidente pudo ponerle freno, a pesar de que los voceros siempre hablan de que está integrado por un reducido grupo, y que se tienen pistas concretas, que están a punto de desmantelar y otros tantos anuncios. Por ello, cuando el presidente Horacio Cartes, habló en su discurso de que los grupos criminales no les habrían de marcar su hoja de ruta, fue recibido con mucha satisfacción por la ciudadanía, que desde un principio apoyó sus propuestas para el combate, con la modificación de la Ley de Defensa Nacional, para permitir la conformación de la Fuerza de Tarea Conjunta y la asignación de recursos para llevar adelante la campaña.
Por ello el nuevo anuncio de redoblar esfuerzo, no tiene ningún sentido, al contrario, decepciona más porque en el norte hay tres secuestrados y solo hace unos días murieron ocho militares. Lo máximo que atinaron los voceros del gobierno fue acusar a cualquiera de cualquier cosa, con tal de desviar la atención al problema, sin proponer ninguna solución, ni desarrollar acciones efectivas en la zona conflictiva. La lamentable aparición de Javier Zacarías Irún en el escenario, tratando de culpar al Frente Guazú de ser brazo político del EPP, lo único que consiguió fue aumentar la desazón y la desconfianza de que desde el gobierno no se tiene idea ni planes para el combate efectivo contra el grupo criminal.
Cuando se generan grandes expectativas sobre promesas difíciles de cumplir las decepciones llegan mucho más rápido y sus consecuencias suelen ser más negativa. Más que discursos y anuncios, la sociedad está esperando resultados en el combate. Todavía la opinión pública le sigue dando el voto de confianza a las Fuerzas de Tarea Conjunta y esa confianza es un valor que las autoridades deben valorar en su justa medida y actuar en consecuencia, dejando de lado a charlatanes, que poco aportan para solucionar un problema de extrema gravedad.
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Surge el EEPP (Enemigos del EPP)
Por: Telmo T. Ibáñez Jara
Con el último atentado en Arroyito, distrito de Horqueta, departamento de Concepción, se puede decir que surgió el Ejército de Enemigos del Pueblo Paraguayo (EEPP), como respondiendo al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que viene aterrorizando a toda la zona norte del país con una decena de víctimas fatales, en su mayoría de humildes orígenes.
Nunca antes el EPP cayó tan bajo tras el cobarde como vil atentado que segó la vida de 8 militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), a dos semanas de aquella tétrica mañana, aún retumba en el ambiente nacional el repudio generalizado de la ciudadanía paraguaya como desde el exterior por tan tremendo como grave suceso.
Al aparecer un grupo subversivo armado en la zona boscosa del norte del país, que se autodenominó inicialmente como Ejército Popular Paraguayo con las mismas siglas (EPP), llamó poderosamente la atención, incluso se ganó de numerosos adeptos y hasta se aplaudió algunos de sus ataques. Varios de sus reclamos coincidieron con los anhelos de una gran mayoría.
Los integrantes del nuevo grupo de seguidores al estilo de Robin Hood, personaje que asaltaba a los ricos para repartir a los pobres o directamente a los cobradores de impuestos en Inglaterra para restituir al pueblo, se ganó muchos adeptos por complicidad, comodidad o el terror que éstos infunden.
A pasos agigantados los “revolucionarios defensores del pueblo” fueron cultivando el miedo, con sus terroríficos ataques, sin respetar tan siquiera a mujeres ni personas de avanzada edad, colateralmente sin importarles a los huérfanos o desamparados que dejaban a su paso.
Pero el peor crimen lo cometieron aquella negra mañana del sábado 27 de agosto, cuando un grupo de uniformados se dirigía a Concepción para compartir con sus respectivas familias una jornada de franco y a su vez realizar trabajos inherentes a la FTC, pero la comitiva fue emboscada, dejando el peor saldo de un atentado contra los militares en los últimos tiempos, 8 víctimas fatales.
Puede que sea el origen del EEPP, ahora quizás se tome en serio este flagelo que hace ya casi 2 décadas azota con dureza al norte del país luego de una tímida aparición entre los departamentos de San Pedro como Canindeyú.
Es momento de que la ciudadanía honesta sume esfuerzo para iniciar una lucha frontal contra este peligroso grupo que rebasó y sobrevivió a varios gobiernos nacionales, probablemente ya mezclado con el narcotráfico y otros grupos de delincuentes.
A su vez la FTC debe obrar con mayor responsabilidad y madurez, enviar a hombres más preparados profesionalmente, castigar a quienes solo buscan las bonificaciones y peor a los que protagonizaron hechos bochornosos como los comprobados en fotografías publicitadas en los grupos virtuales y de ahí a los medios masivos de comunicación.
Ya no es momento de experimentar zozobras, sobresaltos, amenazas, amedrentamientos en nombre del EPP, pero para ello la FTC debe recuperar la credibilidad con verdaderos patriotas que tienen la gran responsabilidad de revertir tan mala publicidad que por tanto tiempo se ha promocionado sin importar los daños negativos causados.
Momento oportuno para que el Gobierno Central insista con una lucha a brazo partido contra el EPP, con más programas sociales que aliviarán las necesidades que hace añares se sufre en ésta parte del país, solo de ésta forma se podrá desalentar la ideología de quienes desde la clandestinidad buscan por todos los medios desestabilizar.
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A raíz de los últimos acontecimientos en la zona de Arroyito, es un ejemplo que deja al desnudo la total inoperancia de la FTC a quienes se les otorgó todo lo necesario a través de los poderes del Estado, para que funcione eficiente y efectivamente, llámese recursos económicos, apoyos legales y por qué no también apoyo moral.
Pero de qué sirve todo esto dado que parte de estos recursos que debieran usarse en la zona, entre ellos el equipo de escucha que debe estar en lugar, se utiliza en la ciudad para espiar a periodistas que tienen el deber hacer conocer la realidad a través de la prensa. Pareciera que esto es su peor pecado.
Nuestras autoridades queriendo explicar lo inexplicable de lo acontecido toman como una cuestión numérica, como si los ciudadanos comunes no nos diéramos cuenta que el resultado hasta hoy es totalmente negativo, porque hoy los Enemigos del Pueblo Paraguayo son los que van a la ofensiva y la FTC prácticamente lucha a la defensiva; esto debería ser al revés, dado que el que va a combatir a estos delincuentes debe tomar la iniciativa de buscarlos o emboscarlos a ellos. Pero siempre sucede al revés.
Hoy, indignado por todo esto, mi opinión es que estos delincuentes no deben llamarse Ejército del Pueblo Paraguayo, sino “Enemigos del Pueblo Paraguayo”.
Gumercindo Adorno P.
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