Editorial La Jornada –
Nada lesiona ni corroe tanto la integridad de una República como las marcadas asimetrías de la Justicia, las que excluyen y tornan indefinida la genuina ambición de igualdad. Este es, sin dudas, uno de los grandes déficits, una deuda insoslayable que arrastra el Paraguay desde hace muchos años.
Trasunta la sensación de que los jueces y fiscales achacan todo el rigor de la ley por delitos ínfimos, y atenúan cuando se trata de personajes influyentes que soportan oprobiosos delitos de corrupción. Bajo casos de significancia mínima en cuanto a daño patrimonial, los agentes del Ministerio Público han impulsado procesos penales contra varias personas por haber hurtado, por ejemplo, tres kilos de asado, o el robo de 32 gallinas, delitos considerados “bagatelarios” o de reproche reducido.
Sin embargo, las denuncias contra ex altos funcionarios de gobiernos anteriores, incluso legisladores que están cumpliendo mandato popular, demandados por supuestamente haberse quedado con dinero del erario público, siguen “estancados” y siguen impunes.
Entre los casos más emblemáticos se encuentra el del ex ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo, que soporta dos procesos por lesión de confianza por presuntamente ocasionar perjuicios por valor de 71 mil millones de guaraníes; Rafael Filizzola, ex ministro del Interior, que está a punto de enfrentar juicio oral por supuesta malversación de G. 51 mil millones; Camilo Soares, ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional, acusado por un presunto desfalco de G. 1.224 millones, entre otros sonados casos, pero para ellos la justicia sigue sin aparecer.
Solo en estas tres causas el perjuicio patrimonial para el Estado paraguayo supera los 123 mil millones de guaraníes (unos 22 millones de dólares al cambio actual). Una cifra colosal. Frente a este nivel de daño aparecen casos como el de un humilde parrillero que hurtó 3 kilos de asado, que luego de reconocer su error se comprometió a resarcir el daño. Pese a esta predisposición el mismo fue imputado tras la aplicación severa y rigurosa de la ley de parte de la fiscala del caso.
Desproporcionalidad, asimetría, desequilibrio. Caben todos los términos aquí, pues casos como éstos encierran una enorme desproporción a la hora de juzgar un hecho y que evidencia que entre uno y otro lo que menos se juzga es el hecho. O simplemente se juzga como se quiere.
Sobre la actuación y el desempeño de jueces y fiscales, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por boca de su flamante titular, Óscar González Daher, ha dicho que tomará intervención bajo su mandato de este aspecto en donde los magistrados entienden causas donde por delitos irrisorios se envían personas a la cárcel. Al menos, una instancia busca ofrecer algún tipo de solución, aunque las vías no serán fáciles.
Por los casos de delitos bagatelarios y la falta de sanción en sonados casos de corrupción resulta más que evidente que en nuestro país el tiempo no ha pasado y que escasos han sido los avances de la autoridad que aplica la ley.
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
La “rabieta” de Bacchetta
El senador disidente Enrique Bacchetta está convencido de que el mundo se terminará, el país se hundirá en un pozo sin fin si es que se impide que él asuma como integrante del Consejo de la Magistratura. Es tal el escándalo que armó, que la mesa directiva de la Cámara Alta, como si no tuviera mejores cosas que hacer, ayer convocó a una conferencia de prensa para amenazar con un quiebre institucional si los oficialistas persisten en su acción judicial.
Lo único que ni Bacchetta ni sus compinches pudieron hacer fue rebatir el argumento utilizado por el cartismo para realizar esta acción, que la Ley que crea el Consejo, la 296/94, establece claramente que los miembros pueden ser reelectos una sola vez, y él ya lo fue como representante del gremio de abogados. Así que un tercer periodo, esta vez como representante del Senado, es ilegal desde todo punto de vista.
Hace demasiado tiempo que en este país tienen más fuerza las mayorías circunstanciales que lo que disponen las normas vigentes y es tiempo de que esto cambie, porque, de lo contrario, estaremos siempre al arbitrio de los que tienen la sartén por el mango, por más ilegales e ilegítimas que fueran sus decisiones.
El 15 de junio pasado, haciendo uso y abuso de su mayoría coyuntural, la disidencia colorada y la izquierda impusieron a Robert Acevedo como presidente del Senado e integraron las ternas de candidatos a la Contraloría y la Defensoría. Dentro de todo, por más cuestionables que parecieran los nombres de quienes resultaron electos, no hay nada ilegal en estas decisiones, aunque se pudiera cuestionar la feroz falta de ética de esta unidad que ya tantos problemas ha causado a la institucionalidad de la República.
Pero también, ese mismo día, eligieron a Bacchetta como representante del Senado en el Consejo, y esto sí es ilegal. No hay ninguna duda de que todos los que votaron por él sabían que su elección violaba la ley mencionada. Pero no les importó, porque lastimosamente en este país nos hemos convencido de que el que tiene la mayoría es el que manda y hace lo que le da la gana, por encima de las leyes y los intereses ciudadanos.
En la conferencia de ayer, Bacchetta dijo que con la acción en su contra se estaba anunciando la derrota del Partido Colorado en el 2018. En el supuesto caso de que esto ocurra, se deberá a lo mismo que pasó en 2008, cuando un sector del partido se negó a trabajar por las candidaturas coloradas. Así que lo del senador disidente más que un anuncio suena como una amenaza para el oficialismo. Algo así como, si no dejás que me quede en el Consejo, votaré en contra tuya. En cualquier lugar del mundo esto sería catalogado como chantaje sucio y vulgar.
El mundo no se va a acabar porque Bacchetta no asuma como miembro del Consejo de la Magistratura; tampoco habrá ningún quiebre institucional ni el país sufrirá ninguna catástrofe. Al contrario, será muy sano que la Justicia actúe con razón y equidad, y se limite a exigir la aplicación de la ley. No hay tercer mandato en el colegiado que participa en la selección de los ministros de la Corte y los magistrados del Poder Judicial. Y esto rige para Bacchetta y para todos. Lo que rige en este país es la ley y no la mayoría de los prepotentes.
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La cachetada de la Justicia
25 Jul 2016
Por Alex Noguera
Apenas transcurrieron 4 días desde que la sociedad polarizada recibiera la sentencia del caso Curuguaty y que los campesinos de frente al Palacio de Astrea reprobaban con gritos y amenazas los argumentos de los irreprochables encargados de impartir justicia, cuando otra eminencia en el campo legal dictó un fallo que para muchos es la verdadera bofetada para todo el sistema jurídico. Pero qué le vamos a hacer, si “juézama he´i”.
Esta vez no se desplegaron 1.500 efectivos para contener a los 300 peligrosos espartanos disconformes con la indiscutible sabiduría de los magistrados.
Tampoco hubo 11 pobrecitos inocentes acusados, sino una sola e indiscutible culpable quien, incluso en pleno juicio, admitió haber dado “bifes” a su interlocutora para corregirle en su error y para demostrarle que esa mano que formaba parte y extensión de ese cuerpo al que estaba calificando de “vieja” estaba fuerte aún.
Muchos letrados opinan que con semejante fallo se sienta un nefasto precedente. Los más exagerados proponen que el 22 de julio del 2016 ya sea luego declarado “de interés” por el enorme aporte a la sociedad, como Calle 7. Otros leguleyos más versados, con sabiduría superlativa concluyen en que, incluso, desde el viernes en la justicia hay un antes y un después.
Todos podemos sacar nuestras propias conclusiones, pero es menester analizar bien este nuevo y representativo ejemplo que la justicia criolla nos regala y al que los más creativos ya definieron como el caso Chipléki, que por su trascendencia marcará la historia per sécula seculórum. Más que el Watergate, más que el Fifagate.
Los que ven el vaso medio vacío es porque tienen una visión obtusa y se quedan en el mero concepto de fatuidad (entiéndase fatuo y no fato), sin embargo los visionarios, los prácticos, ya calculan las ventajas que reportarían el uso de este fallo como precedente.
Bastará mencionar el caso Chipléki y los más culpables saldrían libres, aunque hayan reconocido su culpabilidad en pleno proceso.
Todo es confuso en este momento dada la novedad y profundidad de la sentencia. Hay que desmenuzar los argumentos para no aplicar mal esta valiosa herramienta que será utilizada en todos los ámbitos. Quién sabe si hasta en la cocina surja algún éxito y del arcaico bife a caballo podrían innovar menús y cartas más finas como el bife pupu, o el bife popo o por qué no, el bife a la pepa.
En el ámbito judicial, solo los muy entendidos van a poder explicar cómo un ciudadano podrá darle un chipléki a un magistrado sin que este no lo mande preso.
Y es que desde el viernes, después de corregir a un juez, se puede aplicar esta metodología argumentando la nueva modalidad jurídica.
Claro, primero hay que ver cómo se debe dar el chipléki, si con la mano abierta o con las uñas pintadas, o si las manos deben estar desinfectadas o si pueden estar sucias, no sea que alguno de esos detalles tergiversen la intención inicial y sobre todo el camino del veredicto y el ciudadano en uso de sus derechos consiga un tour gratis a la carcerolita.
En el rubro educativo el proceso es menos oscuro ya que esta metodología fue descubierta por los maestros en la antigüedad. El chipléki en este caso no era dado directamente en la mejilla, sino que se utilizaba una vara para corregir conceptos, sobre todo en la parte posterior más carnosa del alumno, o a veces con una regla para descargarle una dosis extra de sabiduría.
Los grandes temas de la política también pueden ser fácilmente abordados desde ahora. En el Parlamento, cuando una bancada no esté de acuerdo con su par, en vez de levantar la mano y cumplir con el tedioso proceso de opinar, argumentar, debatir, este método abreviado que ofrece la justicia, hará que con un chipléki, los que no entienden puedan entran en razón.
Los eruditos vaticinan que la filosofía misma también va a dar un salto cuántico ya que con un simple chipléki se van a obtener respuestas que vienen de siglos y que ni los propios maestros griegos como Platón o Aristóteles fueron capaces de desentrañar.
Los grandes pensadores opinaron que la justicia en realidad no existe y lo único que hay es gente que aplica las leyes a su antojo. Quién sabe. Todo forma parte de la evolución. Tal vez mañana, del chipléki pasemos al shipush, pero eso será mañana. Hoy todavía hay mucho por analizar, pero con humor para no volverse locos.
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¿Seré procesado?
Por Guido Rodríguez Alcalá
Esta es la pregunta que se ha planteado más de un compatriota, considerando cómo van las cosas.
En enero de 2016, un juez de Capiatá, Manuel Saifildin Stanley, falló en contra de Manito Duarte, muerto en 2000. JAVC, cuyo nombre no se da para protegerlo por ser menor de edad (tiene 14), debió responder a un juzgado de Paraguarí por el presunto robo de un gallo. Jorge Benítez Almada, mayor de edad, pasó seis meses preso en 2004 por robo de gallinas; en abril de 2016, ya con medidas sustitutivas de prisión, decidieron llevarlo a un juicio oral y público. No sé cómo habrá terminado la historia; espero que mejor que el caso Curuguaty, en que el Tribunal de Sentencia decidió que Luis Olmedo y Rubén Villalba usaron las mismas balas para cometer el mismo crimen. Hasta donde podemos saber, una bala se usa una sola vez (salvo que se la recargue, que ya sería otra historia).
En mi caso, yo no estoy imputado ni he dejado de estar imputado; el caso pende sobre mi cabeza y otras más, como la espada de Damocles (espada de Pericles). Y conste que ya ha pasado bastante tiempo, porque la denuncia se presentó en abril de 2013; desde entonces, el fiscal del crimen no la ha tomado en cuenta ni la ha rechazado. Hasta el momento no pasa nada, exceptuados los gastos de abogado del principal denunciado; sin embargo, en cualquier momento sacan la denuncia de la congeladora y se vienen las imputaciones. Para Aristóteles, entre el ser y el no ser no existe término medio; eso porque no era paraguayo: aquí, entre el ser y el no ser existe el Poder Judicial.
¿Por qué se presentó la denuncia? Porque cayó Lugo y cayeron sus ministros; entre ellos, el de Cultura, Ticio Escobar. A Escobar lo reemplazó Graciela Bartolozzi, quien decidió denunciar los presuntos delitos cometidos en la Secretaría, antes de dirigirla ella. En la tarea, Bartolozzi contó con el apoyo de su asesor, un escritor inédito sexagenario de notoria trayectoria báquica.
No debe sorprender que la acusación errara el tiro. ¿Por qué se denunció penalmente a Escobar y a sus colaboradores? Entre los colaboradores estábamos el padre Bartomeu Melià, Margarita Durán y yo, con otras personas que habían trabajado en Cultura para los festejos del Bicentenario. Por una cantidad de supuestas faltas, como que Cultura no tomó contacto con la Secretaría de la Descentralización, que no existía. Porque los artistas no tienen IPS; no lo tienen hasta el momento, pero eso no depende de Cultura. Porque faltaba papel higiénico; se lo usó durante la gestión de Bartolozzi. En fin, se nos denunció por una venganza política contra la administración de Lugo, que puede comprenderse en su momento. Lo incomprensible es que, hasta el momento, el caso haya quedado en un limbo jurídico, que puede ser antesala de un infierno político.
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Barrer la Corte, no aniquilarla
El día en que el flamante presidente Nicanor Duarte propuso “barrer con la Corte Suprema”, despertando adhesión y entusiasmo en el Congreso, en los medios y en la ciudadanía, no sé si había calculado el significado doble del verbo que conjuga el uso de la escoba: si limpiarla o aniquilarla. Creo que los legisladores, acusadores y jueces, tampoco.
El juicio político, que se desarrolló vertiginosamente en el Congreso, logró el segundo significado: “Eliminar por completo una cosa o un conjunto de cosas o personas”, es decir barrió a los ministros, sin mirar a quién; en vez de limpiarla, en el primer significado: Limpiar un lugar arrastrando la suciedad con algo como una escoba”, se la aniquiló, como un juego de bolos, lanzando las acusaciones contra todos los ministros puestos en hilera. La suciedad, como hemos podido comprobar, con el correr del tiempo, no solo no desapareció, sino creció.
Valga la recordación, por aquello de que nuestro problema principal radica en no tener memoria, incluso de hechos tan cercanos, para pensar con qué sentido queremos “barrer” la Corte en este nuevo intento, para no cometer los errores de antaño; el primero fue hacer un juicio colectivo, como si hoy dijéramos “juzguemos al Congreso” o “juzguemos a los medios o a los periodistas.
El ambiente de condena previamente anunciada que se creó, no dejó lugar a que algún que otro miembro de la Corte, cuya trayectoria no estaba en la mira de los fusiladores políticos, legisladores o periodistas, decidieran no defenderse porque no daba lugar; el veredicto estaba anunciado.
El resultado de la Corte que salió de la barrida está a la vista, ya hay tres ministros acusados, otro grupo que quiere incluir a otros dos, con los que irían a cinco, y si seguimos dilatando y especulando, tal vez terminen todos enjuiciados, sin diferenciar curriculum o trayectoria de prontuario.
Así que parece que, aunque menos espectacular, es más cuerdo y serio hacer los juicios, causa por causa, ministro por ministro, precisando las acusaciones concretas contra cada uno, es decir, que el juicio sea a los ministros y no a la institución. Me dirán que es obvio, que de eso se trata, pero cuando se hace al barrer sin mirar a quién, el espectáculo circense que patentaron los romanos termina dominado por el alboroto feroz, más que el de los leones, de las barras bravas de las graderías que disfrutan delirantemente el espectáculo, y bajan el pulgar condenatorio sin mirar a quién.
La nueva propuesta comenzó, aprendiendo de la experiencia, quiero suponer, a hacer algo más prudente, juzgar a tres ministros que tienen acusaciones concretas. Incluso ya se propuso juzgar uno a uno, causa a causa. Pero no faltaron los que decidieron hacer el juicio al por mayor.
Es decir, a generalizar la barrida que terminó, como en nuestra anterior experiencia, sin barrer la suciedad de nadie, ni cambiar nada como nos indican los hechos. Como diría el gran poeta Don Félix Fernández, “Estamos peor que cuando estábamos peor”. No se trata de intercambiar ministro por ministro, este para mí y este para ti. Se trata de juzgar con justicia, sancionar o respetar en base a argumentos, y seleccionar con relativo consenso y buena dosis de cordura a los futuros ministros que vayan a integrar la Corte.
De uno en uno es menos espectacular y hasta dicen los pescadores en río revuelto, “por docena es más barato”; pero, como reza la sabiduría popular, “lo barato sale caro”.
¡Y así nos fue hace poco más de una década!
Por Toni Carmona
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El “caso Filizzola” sienta nefasto precedente en el sistema judicial
Días pasados, en una insólita decisión, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió por unanimidad los efectos de los fallos de primera y segunda instancias que confirmaron la imputación fiscal contra el exministro del Interior Rafael Filizzola, procesado por el delito de lesión de confianza (sobrefacturación) que habría cometido en la construcción de obras de ampliación inconclusas en veintidós comisarías.
La sorprendente resolución paraliza el juicio, hasta tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por los defensores del beneficiado para lograr su completa anulación. La gravedad de la decisión se acentúa cuando se considera que no interrumpe los plazos procesales, que en materia penal son perentorios e improrrogables, de modo que podrían operarse la extinción de la acción penal y la prescripción de la sanción.
De la indignante impunidad que se avizora sería finalmente responsable la máxima instancia judicial, tres de cuyos miembros –Sindulfo Blanco, César Garay y Miguel Óscar Bajac– fueron acusados por la Cámara Baja de mal desempeño de sus funciones, en el marco de un juicio político hoy congelado. No es casual que los dos últimos hayan integrado la Sala Constitucional que favoreció las pretensiones de Rafael Filizzola, marido de la senadora Desirée Masi.
Para entender en este asunto, reemplazaron a los ministros Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, apartados a instancias del imputado para que la decisión quedara a cargo de dos magistrados cuya continuidad en el cargo depende del voto de su esposa y del de sus colegas. Estos no tuvieron el decoro de inhibirse de entender en una causa en la que la legisladora tiene un interés evidente, en tanto que la recusación planteada por la Fiscalía fue rechazada de plano. La indefinición del juicio político a miembros de la Corte Suprema es como una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de estos, ocasión más que propicia para que los legisladores los tengan con el “cháke” permanente y les manden fallar de acuerdo a sus intereses. A la luz de lo que parece todo un contubernio, es imposible imaginar que la senadora Desirée Masi llegue a votar por la destitución de los ministros Bajac y Garay. De hecho, ya en abril de este año hizo depender su voto en tal sentido de la promoción de un juicio político contra los ministros Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, apartados por su esposo del caso en cuestión.
En declaraciones a la prensa, el fiscal adjunto Federico Espinoza señaló que este es quizá el primer caso en que un proceso es suspendido mediante una inconstitucionalidad. Puede, en efecto, que sea el primero, pero es de temer que no sea el último, sobre todo cuando la imputación alcance a algún político ligado de cierto modo al Congreso. El mecanismo abierto sería más efectivo que el de las descaradas chicanas a las que recurren sistemáticamente los ladrones de fondos públicos, y evidencia hasta qué punto el poder político puede influir en las resoluciones judiciales.
Garantizando la impunidad de los corruptos, la Corte Suprema de Justicia viola no solo la conciencia moral de nuestros compatriotas, sino también el principio constitucional de igualdad ante la ley: el común de los ciudadanos puede ser sancionado si roba una gallina, pero quien causa un perjuicio al Estado por valor de más de 1.131 millones de guaraníes, como el que se le atribuye al exministro del Interior, puede quedar libre de culpa y pena por el mero transcurso del tiempo, gracias a que la magistratura distingue entre paraguayos de primera y de segunda.
http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/
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La Cámara de Senadores pretende proteger la corrupción pública
Con la evidente intención de asegurar la impunidad de peces gordos del crimen organizado y de la política, el Senado rechazó un proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados, que suspende durante dos años la entrada en vigencia de la Ley Nº 4669/12 que dispone que los procesos penales se extingan necesariamente al cabo de tres años. Esto significa que, dentro de nueve días, el próximo 7 de setiembre fenecerán, en palabras del senador Arnaldo Giuzzio, “grandes casos de corrupción pública, narcotráfico y secuestro”, salvo que cuanto antes los diputados se ratifiquen en su decisión por mayoría absoluta, que los senadores no obtengan la mayoría absoluta de dos tercios para volver a rechazarla y que el Poder Ejecutivo promulgue de inmediato la ley, antes de esa fecha.
Grandes nombres de la política y de la función pública están vinculados con sonados procesos, en la mayoría de los casos por presunta malversación de fondos públicos. Entre ellos figuran el extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Soares; los actuales senadores Víctor Bogado y Enzo Cardozo; los diputados Óscar Núñez y José María Ibáñez; el exministro del Interior Rafael Filizzola, y el extitular del Indert Luis Ortigoza, para citar solo algunos.
Dado el escaso tiempo que resta, es muy improbable que por la vía legislativa se logre impedir la impunidad de personas que habrían cometido graves delitos, dentro y fuera de la función pública. Por algo los juicios que involucran a los mencionados personajes han venido siendo trabados por repetidas chicanas, sin que la máxima autoridad judicial obligara a los jueces a aplicar estrictamente la ley para superar estos artilugios antijurídicos.
Sin duda, la seguridad jurídica exige que las causas penales concluyan alguna vez, aunque no se haya dictado una sentencia definitiva, por lo que se estableció para el efecto el plazo de cuatro años. En 2012, se promulgó la Ley 4669, que redujo dicho plazo a tres años, pero ese mismo año la Ley 4734 suspendió la vigencia de este último plazo, de modo que siguió el de cuatro años.
La ley suspendida debe entrar en vigencia este 7 de setiembre, por lo que, con buen criterio, ya que pretenden evitar la impunidad de varios importantes casos en que estaban en vigencia enormes “tragadas” de dinero público en diferentes conceptos y otros grandes delitos, los diputados colorados Julio Javier Ríos y Clemente Barrios y el liberal Jorge Ávalos Mariño presentaron el proyecto de ley para que continúe el plazo de los cuatro años para la extinción de los procesos. Los proyectistas manifiestan en su exposición de motivos que, ante la inminente vigencia de la ley en suspenso, a más del caos jurídico que generará, “muchas causas importantes sobre narcotráfico, corrupción y otros crímenes graves quedarían extintas si ello ocurriera, y, peor aún, quedarían impunes los responsables de cientos de hechos punibles sin llegar a la tan anhelada restauración de la paz social”.
Sin embargo, contrariamente a la plausible decisión de los diputados y con evidente mala fe, la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley, para dejar libre el camino a la extinción de las causas este 7 de setiembre, con las dolorosas consecuencias que eso tendrá tanto para las víctimas de los delitos como para las arcas estatales atracadas de diversas maneras por funcionarios deshonestos.
La única explicación de la premura de los senadores que rechazaron el proyecto de la Cámara de Diputados es que les urge que sean sobreseídos algunos procesados por los hechos punibles referidos por el senador Giuzzio y por los proyectistas.
Precisamente, un estudio realizado por la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia indica que los juicios por corrupción y narcotráfico son los más dilatados. En consecuencia, los acusados por esos hechos, cuyos abogados apelan una y otra vez a las chicanas, serán los principales beneficiarios de la reducción del plazo para que concluyan las causas. El dinero proveniente de esas dos grandes vertientes delictuales, sin duda alguna, “aceita” suficientemente la maquinaria judicial para que vaya parando en cada recodo del camino.
Irreflexivamente, ninguna de estas lamentables circunstancias fueron tenidas en cuenta por los senadores, sino que, como si no conocieran la burocracia estatal de la que son parte, se apoyaron en el infantil argumento de la “ineficiencia” del Ministerio Público para concluir las causas. Sin duda hay agentes fiscales haraganes o corruptos, que no se esfuerzan por cumplir con su deber de representar fielmente a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. De esos que cuando deben buscar la condena de algún político se muestran indolentes y ni qué decir cuando está de por medio algún legislador, que pudo haber influido en su nombramiento o que puede hacer que su representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo amenace con la remoción, si de pronto se ponen demasiado diligentes.
Pero ello no es suficiente para reducir un plazo y permitir la prescripción de las causas que afectan no precisamente a unos simples rateros de barrio o ladrones de gallinas o de bicicletas. En estos casos, si prevaleciera el espíritu de justicia de los senadores, deberían denunciar a los jueces y fiscales haraganes o negligentes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero no influir para que salgan impunes quienes traficaron con drogas o desvalijaron las arcas públicas.
Los ciudadanos y las ciudadanas tienen demasiadas razones para creer que a los legisladores que abogan por la rápida extinción de procesos criminales no les preocupa en absoluto la ineptitud de los agentes fiscales y jueces, sino la eventual condena de sus compinches acusados de “tragadas” monumentales o de tráfico de influencias, por cuya libertad abogan tan descaradamente.
Ante tamaño desafío al sentido común y la honestidad, que de concretarse dejará impunes a ladrones de guante blanco y narcotraficantes, la población en pleno debe salir a las calles para repudiar a quienes tan descaradamente pretenden burlarse de ella. Con esta acción, los legisladores están pasando la raya de lo tolerable.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-camara-de-senadores-pretende-proteger-la-corrupcion-publica-1513165.html
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La moda, los disfraces y la verdad de la milanesa
Un pantalón chupín que le quedaba algo ajustado fue motivo de risa por un par de buenas semanas. Que si parecía un chorizo mal cargado; que si “nada por delante, nada por detrás”; que un presidente no está para esas tenidas; que no tenía medias; que si nadie pa le asesora en su vestuario.
El otro que estuvo como para escandalizar a Oscar de la Renta fue el fiscal que ahora aparece como una especie de Sherlock Holmes remixado.
La verdad es que ambos sujetos están ejerciendo un derecho constitucional, hasta ahora vedado para muchos que por solo portar cara se van a parar a la comisaría, ya que la policía no entiende bien que toda persona puede formar su propia identidad e imagen (artículo 25 de la Constitución Nacional).
Así que aunque nos hagan reír, todos los que se crean o se sientan auténticos demócratas –el canciller está excluido– deberían defender la libertad de expresión que en este momento está simbolizada en el look algo ridículo de ambos ciudadanos con investiduras o sin investiduras.
Que se vistan como quieran, que se pongan la barba de Fidel, que usen la chomba de don Ramón, que se peinen como Pokémon, que se pongan un imperdible de Supermán, que usen chupín sin medias, que lleven vaqueros con zapatos de traje, pero que rindan cuentas a la ciudadanía por sus respectivas actuaciones.
Lo que los auténticos demócratas no pueden olvidar nunca jamás de los jamases es que ambos individuos, como les calificaría la policía stronista –que al canciller le gusta, pero niega–, tienen una misión y a ella se deben ceñir.
Hasta ahora no queda clara aquella actuación de la policía que eliminó a seis personas, entre ellas un adolescente, con el fiscal como compañero de los agentes y no como investigador objetivo de un caso. Esto no tiene nada que ver con su onda Rambo ni con su actualísima versión hipster.
Mientras, el otro sigue tan campante, aún después de la muerte de ocho militares y las 40 personas fallecidas en la zona del EPP solamente en este mandato presidencial.
Aunque nadie le juzgue ni pida juicio político, más allá de los carteles y grafitis que dicen 3 años y ya queremos que te vayas, la política al final se cobra el precio: no a la reelección y hablamos otro día.
Así que acá no importa cómo te vistas ni cuántos pelos tengas, lo único que importa es tu actuar en la función pública. Y punto final.
Pero esto dejamos para cuando tengamos un estado de derecho; mientras, vamos a llorar a nuestros muertos y a reírnos con los memes.
Por Lupe Galiano
http://www.ultimahora.com/la-moda-los-disfraces-y-la-verdad-la-milanesa-n1019921.html
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Justicia al servicio de la mafia fronteriza
Tres personas fueron condenadas el jueves último en el marco de una parafernalia de seudo investigación del Ministerio Público por lavado de dinero de unos 600 millones de dólares, presuntamente provenientes del narcotráfico y el contrabando en la frontera. Los sentenciandos son apenas los prestanombres de las empresas ficticias que fueron creadas para el envío ilegal de divisas al extranjero.
La condena recayó en Sady Elizabeth Carísimo con 4 años y seis meses de cárcel, Alcides González Bazán y Juan Rolón Servín a 3 años y seis meses, respectivamente. Esto por los hechos de lavado de dinero, asociación criminal, declaración falsa y uso de documentos no auténticos.
Un equipo del Ministerio Público había iniciado la investigación hace más de tres años y procesaron a cuarenta personas. Lo raro del caso es que ninguno de los imputados resultó ser dueño del dinero remesado, que según la propia investigación fue proveniente del mercado negro, del tráfico de drogas, armas y contrabando de todo tipo en la triple frontera. Porque nunca se identificó a los dueños del dinero y los verdaderos mafiosos que usaron el esquema para limpiar su dinero sucio.
La condena del jueves no pasa de una farsa, y la Fiscalía exhibe como trofeo de guerra a personas de bajo nivel económico, quienes probablemente agobiados por la pobreza, prestaban sus nombres por migajas o por tener un puesto de trabajo. Estos debían estar protegidos como testigos principales para llegar a los verdaderos lavadores de divisa.
Con eso, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, el fiscal adjunto Alejo Vera, los agentes Juliana Giménez, Carlos Giménez, Marcelo García de Zúñiga y los miembros del tribunal que dictó la sentencia, Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo pretendieron engañar a la opinión pública, poniendo el sistema judicial al servicio de la mafia. Presentan como trofeo de guerra a unos pobres pelagatos, hicieron rodar toda la maquinaria judicial para nada. Nunca hubo intención real de investigar a profundidad.
El lavado de dinero es un delito grave que introduce al mercado el dinero manchado de sangre y violencia. Este lamentable show demuestra hasta qué nivel la mafia domina al Estado paraguayo y cómo los funcionarios, responsables de combatir la ilegalidad y hacer cumplir las leyes y respetar las instituciones se prestan al juego. Larga vida para las organizaciones delictivas que operan en la frontera. Vergonzoso y lamentable!!!
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/48257-justicia-al-servicio-de-la-mafia-fronteriza
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La impunidad de la mora y la ineficiencia judicial
5 septiembre, 2016
Por: Abog. Jorge Rubén Vasconcellos
La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue el primer instrumento internacional ratificado por nuestro país, luego de instaurado el régimen de libertades políticas, posterior a la gesta que desalojó a Stroessner, el 3 de febrero de 1989.
No fue casualidad que la dicha llevara el Número 1/89. Se trataba de la aprobación de un acuerdo celebrado (veinte años antes) por los países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Su adopción supuso, que nuestro país asumiera el compromiso de velar por el cumplimiento de sus disposiciones y garantizar a todos sus habitantes el reconocimiento de derechos básicos, inherentes a la persona humana, por el solo hecho de serlo.
Entre tales derechos y garantías, denominados “de primera generación”, se incluyeron Garantías Judiciales, cuyo objeto principal era (y es) proteger al individuo ante los abusos y las arbitrariedades en que pudiera incurrir el Órgano Judicial del Estado.
En tal sentido, el Art. 8 de la Convención señala que: “…Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, fiscal o de cualquier otro carácter…” (8.1), dejando en claro, que el ciudadano que – por cualquier motivo – enfrenta un proceso judicial, tiene derecho a un pronunciamiento judicial sin dilaciones, y dentro de un plazo razonable.
Apenas, tres años después, el Paraguay, ratificó por Ley Nº 5/92, el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, celebrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1.966, que consagra idénticos derechos y garantías.
A partir de entonces, el compromiso del Estado Paraguayo, en virtud del cual asumía la obligación y responsabilidad de garantizar a los ciudadanos, “…el derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable…”, trascendía los límites de la comunidad de Naciones Americanas. Su compromiso era ya, ante todos los países del mundo.
Pero, como resultaba insuficiente el mero compromiso, era necesario adaptar nuestra legislación interna a las nuevas exigencias, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 2 de la Convención Americana. Con ese objetivo, se dictó el Código Procesal Penal, en el año 1.998 que, por primera vez, establecía límites temporales a la investigación y el juicio criminal.
Todo indicaba que -finalmente- las cosas comenzarían a ponerse en su lugar, imponiendo al Estado límites claros y precisos, para evitar que mantenga a los justiciables, de modo indefinido, sometidos a juicio.
Sin embargo, la falta de educación en valores destinados a sustentar un régimen de derechos que garanticen de manera plena y permanente la dignidad humana, impidió se avance hacia la consolidación de un sistema judicial eficiente, que fuera capaz de honrar el compromiso internacionalmente asumido por nuestro país, y cuando se hizo evidente que los procesos comenzarían a extinguirse por el transcurso del tiempo no se procuró el diagnóstico serio, ni una solución compatible con aquellos compromisos.
Por el contrario, se abrieron nuevamente las compuertas para consagrar la mora y la ineficiencia judicial, dejando impune a los morosos e ineficientes.
Se modificó el Artículo 136 del Código Procesal Penal, en 2003, se dictó la denominada “Ley Camacho”, en dudoso homenaje a su proyectista, por la cual, no solo se extendió el límite del plazo de duración máxima del proceso penal, sino además, se dispuso que “Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen”.
En otros términos, la ley castiga al procesado, extendiendo el plazo máximo de duración de su enjuiciamiento, al tiempo que sea, esperando que el Juez “resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen”. El Juez que no respete los plazos para resolver, o el funcionario que no actuara con diligencia, devolviendo el expediente al Juzgado de origen, consiguieron un valioso pasaporte a la impunidad.
Del mismo modo, se cargó sobre las espaldas del procesado, el “tiempo muerto” provocado por las recusaciones, incidentes, excepciones, o recurso promovidos por sus acusadores (públicos o privados). El “plazo razonable”, dejó de ser tal, se lesionó gravemente el compromiso internacional asumido por el país y se debilitó sensiblemente la vigencia de los derechos humanos en la materia.
Conscientes de ello, algunos legisladores pretendieron revertir la situación, aunque tímidamente, dictándose leyes que -en alguna medida- volvían a establecer límites temporales razonables al enjuiciamiento penal. Pero desde los órganos estatales encargados llevar adelante procesos penales con respeto a los derechos humanos, surgieron reacciones, alentando el fantasma de la impunidad.
Si el Estado no cumple con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los infractores de la ley penal, dentro de un plazo razonable, la solución del problema no pasa por extender el plazo, sino castigar a los que hacen posible dicha situación. A los jueces morosos, a los funcionarios ineficientes.
Pero, como es más fácil castigar al ciudadano común, sometido a proceso, y evitar el castigo al Juez moroso, al amigo, al correligionario, pariente, al compinche leal y obsecuente, la semana pasada, el Poder Legislativo ha dado un nuevo paso para impedir una mínima corrección a los abusos y a las arbitrariedades judiciales. Se ha dictado una ley que garantiza la impunidad de la mora y la ineficiencia judicial.
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Justicia regional
País por país, unos más, otros menos, tenemos sistemas de justicia deficientes. En las democracias de este continente la justicia suele ser, por decir lo mínimo, ineficiente, no ejerce la función que los pueblos desean. La causa principal parece ser la dependencia de la justicia del poder político. Desde los albores de nuestras repúblicas se predica la independencia del Poder Judicial sin que hasta ahora hayamos alcanzado el ideal. Y parece que estamos lejos, con países soberanos celosos de sus soberanías, como corresponde. En el plano económico hemos alcanzado acuerdos que funcionan, aunque sea a los trompicones. ¿Y entonces? ¿Habrá alguna solución? Seguro: es cuestión de buscarla. Propongo que se cree un Tribunal Regional para cuestiones administrativas (públicas) y políticas; un tribunal supranacional que reemplace o secunde las operaciones de los sistemas jurídicos nacionales.
Que se me excuse si uso términos incorrectos. Que se cree un mecanismo inmune a influencias de partidos y grupos; que se imponga la justicia o, por lo menos, la ley. Que no escapen los ladrones públicos, sobre todo; que no escapen los traficantes de influencias, los coimeros, y otros delincuentes escandalosos, como presidentes y altos funcionarios que no respetaron ni hicieron respetar la Constitución ni las leyes. No sé cómo diseñar la estructura que medio nebulosamente propongo, pero confío en que entre institutos de facultades de Derecho, juristas calificados y algunas cancillerías (o la nuestra sola para empezar), se podría concebir una tabla de salvación para la tan descreditada democracia.
Carlos J. Ardissone Valdés
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Una administración de justicia que nos preserve y proteja
Parece la puesta en escena de una telenovela, un guión de muy mala calidad y mal gusto, pero no es así, y no tenemos la opción de cambiar de canal. Se trata de la realidad, que nos da cuenta de celdas lujosas, intentos de fugas, incidentados traslados de reclusos, conspiraciones para atentar contra autoridades nacionales cuyo protagonista principal es algo así como “el Chapo Guzmán sudamericano”, con quien comparten escenario funcionarios estatales de distintos niveles.
Al capomafioso que encarna el papel estelar se atribuye responsabilidad en la destitución de la anterior titular del Ministerio de Justicia, seguida de una larga lista de funcionarios inferiores, y ahora pareciera es el turno del juez que tenía a su cargo la causa criminal que pesa sobre aquel.
El ambiente en el que se desarrollan los acontecimientos describe nuestra realidad como sociedad, como país, como República, desnudando debilidades institucionales e individuales.
Estos acontecimientos nos recuerdan que no contamos con las leyes necesarias para el adecuado tratamiento de poderosos criminales, miembros de organizaciones criminales trasnacionales, porque hemos dedicado los esfuerzos legislativos, desde todos los Poderes del Estado, a la persecución de delitos bagatelarios.
Nos recuerda que no contamos con una unidad penitenciaria de máxima seguridad, destinada a albergar a condenados de alta peligrosidad, para hacer efectiva la disposición constitucional que proclama como objeto de la pena “…la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad…” (Art. 20), porque nos hemos dedicado a construir precarios depósitos humanos destinados a la reclusión de procesados por robo de gallinas.
Nos recuerda que los niveles de formación académica, intelectual y moral exigidos para integrar el sistema judicial, no alcanzan para construir una sociedad que desarrolle sus actividades con libertad y seguridad, porque hemos privilegiado a los amigos, a los correligionarios, a los familiares, a los leales y a los compinches.
En el último capítulo de esta telenovela, cuyo final es aún incierto, el juez Rubén Ayala Brun fue enjuiciado y suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, mediante un procedimiento que nos recuerda, como hemos ido modificando la ley que regula el proceso de responsabilidad de jueces y fiscales, y como hemos retrocedido de manera vertiginosa.
El sistema diseñado al principio, por Ley Nº 131/93, que regulaba el procedimiento de enjuiciamiento y remoción de magistrados y fiscales, ha sido objeto de modificaciones sustanciales, provocando una verdadera expropiación de la acción, desplazando la titularidad de su ejercicio, privándose al ciudadano común a ejercer su reclamo contra jueces prevaricadores, dejándose en manos del Jurado la decisión de iniciar (o no) los procesos de responsabilidad de estos funcionarios.
Hoy, a veinte y tres años de vigencia del sistema, el ciudadano perjudicado por el mal desempeño de un juez o fiscal, en el ejercicio de sus funciones, ha perdido el derecho a promover su enjuiciamiento. Esta facultad se ha constituido en un privilegio propio del órgano juzgador, que tiene a su cargo decidir, sin recurso alguno, la “admisibilidad” (o no) de la denuncia, e iniciar el enjuiciamiento “de oficio”, es decir, sin denuncia previa.
El Jurado de Enjuiciamiento, tal como se encuentra regulado hoy, viola todos los principios constitucionales que consagran la regla “nemo iudex sine actore”, que representa la imposibilidad de enjuiciar a una persona (o funcionario), sin que exista una denuncia, un actor o acusador.
El Jurado, cuando inicia y tramita un enjuiciamiento “de oficio”, en virtud de una investigación preliminar, reúne en sí, el carácter de acusador y juzgador, en violación a las disposiciones del Art. 16 de la Constitución Nacional, que proclama como garantía, que “…Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales…”.-
Es cierto que otorgar a un tercero el derecho a denunciar o acusar no garantiza la calidad y la justicia del resultado del procedimiento. Lo hemos visto en reiteradas oportunidades, no solo en los trámites judiciales ordinarios, sino en los juicios políticos tramitados ante el Congreso. Pero, es absolutamente cierto – también – que si se reconociera al Senado la posibilidad de iniciar “de oficio” tales procedimientos, sin necesidad de una acusación previa de la Cámara de Diputados, el resultado permitiría la consagración del capricho del órgano juzgador.
La historia de la humanidad demostró acabadamente las injusticias del sistema inquisitivo, plagado de la condenas de inocentes y absoluciones de culpables, conforme a los gustos e intereses de los juzgadores. Pero, sin haber comprendido, y menos aprendido la lección, nosotros abrazamos el sistema para evaluar, enjuiciar y destituir a nuestros jueces, porque ello asegura y garantiza que prevalecerán los intereses de los mismos sectores que concurrieron a su designación.
El nuestro es un modelo destinado a asegurar la sumisión de los jueces a los actores políticos y los intereses dominantes. Ellos los han nombrado, conforme sus “criterios” y ellos los destituyen cuando han dejado de responderles, sin importar cuantas víctimas de sus injusticias hayan quedado por el camino.
Para que quede claro, si alguna duda o suspicacia pueden provocar estas reflexiones, ellas no se alzan en defensa del juez Ayala Brun. Por el contrario, si el sistema hubiere respetado los valores jurídicos universales y las reglas de nuestra Constitución, posiblemente, hace tiempo éste y otros jueces ya habrían sido sancionados. Los hechos señalados deben servirnos para comenzar a reencausar el sistema y construir una administración de justicia que nos preserve y proteja, como sociedad, de los riesgos del delito transfronterizo, de sus protagonistas, y de las autoridades que con su negligencia, desidia o complicidad, otorgan impunidad.
Por: Abog. Jorge Rubén Vasconcellos
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Indignación
Con una inusitada celeridad la fiscal Analía Rodríguez dictó la orden de detención del abogado Paraguayo Cubas, del concejal Celso Miranda y del activista Jorge Brítez. Previamente los tres habían estado en la oficina de la fiscal Cinthia Leiva, donde pretendían reclamar contra las dilaciones en las investigaciones de la muerte de la niña Sara Amapola Insfrán, que se encuentra a cargo de la referida agente. El abogado Cubas, munido de pintura en aerosol procedió a estampar algunos calificativos sobre las paredes de las oficinas del Ministerio Público.
La fiscal Analía Rodríguez trató de impedir la acción del abogado, que finalmente luego de un altercado con Rodríguez, abandonó el lugar y se dirigió hacia el Poder Judicial. Apenas llegó al Tribunal Penal también ya se acercaron varias patrulleras y efectivos policiales, quienes primeramente demoraron a Cubas y sus acompañantes, esperando que llegue la orden de detención. Según el escrito leído por el uniformado que estuvo a cargo del procedimiento, la detención se ordenó por la comisión de los delitos de “coacción y daños a cosas de interés común”.
Más allá de la discusión de si existió o no daño, lo que hizo el abogado Cubas, podría calificarse como un ejercicio de la libertad de expresión, aunque en algún sentido, llevado al extremo. No podría justificarse un hecho de esta naturaleza, bajo ningún sentido. Sin embargo, cuando sistemáticamente, los responsables de impartir justicia y sus auxiliares, se burlan de la ciudadanía fomentando la impunidad de corruptos y delincuentes, el escrache público es el único mecanismo que tiene la ciudadanía para expresar su indignación.
Desde hace tiempo, fiscales y jueces peligrosamente vienen prestandose a los objetivos de sus padrinos políticos, protegiendo a delincuentes. Nuestro diario viende advirtiendo desde de la gran corrupción reinante en el Ministerio Público del Alto Paraná, donde la mayoría de los fiscales (exceptuando uno o dos) jamás podrán justificar con su salario el nivel de vida que llevan.
La indignación ciudadana va subiendo de tono y los agentes fiscales, con el fiscal adjunto Alejo Vera, gran responsable del carnaval imperante en la institución a su cargo, al parecer viven en una burbuja y no se dan cuenta del hastío ciudadano.
El incidente de ayer, debe ser un llamado de alerta para rectificar rumbos. Aunque, es muy poco probable que ello suceda, porque estos funcionarios viven inmerso en un mundo de fantasía, regodeándose en el lodazal de la corrupción, amparados en el blindaje que le dan sus padrinos políticos, quienes son a los únicos a quienes finalmente les rinden pleitesía. Lamentable.
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La violencia jamás puede ser el camino para hacer reclamos y reivindicaciones
Resulta verdaderamente vergonzoso la manera de actuar del concejal municipal Celso Miranda alias Kelembu y los abogados Paraguayo Cubas y Jorge Brítez, quienes en el marco de alguna campaña de supuesta reivindicación social y de “anticorrupción”, están agrediendo, ofendiendo y violentando cuanta institución pública pueda existir en nuestra región. Lo hicieron en el Ministerio Público, ayer volvieron a hacerlo en la Gobernación. Sepan estos señores que la violencia y las agresiones, ya sean verbales o físicas, jamás pueden ser el camino para la obtención de los objetivos.
Es obvio que el reclamo ciudadano debe ser expresado y que también debe ser atendido por los gobernantes, porque, si así no se hace, es solo porque la democracia no está funcionando debidamente, porque los gobernantes no están representando cabalmente al pueblo o porque carecen de la aptitud política necesaria y de la lucidez que ella requiere.
Pero el reclamo por vías de hecho es en sí mismo totalmente negativo. No mira para nada al fondo de los problemas y a soluciones válidas, sino solo a la perturbación que pueda causar, que no es poca. Fuera de eso, la realidad es que con la violencia no se resuelve nada. Solo se vulnera la valía del derecho, se abre el camino -interminable- de la violencia, se confunde la fuerza con la justicia y lo útil con lo destructivo.
En nuestro país, se tiene para más que no parecería entenderse el sentido de lo que ya está sucediendo. Se ve cómo los distintos grupos violentos aumentan sin cesar sus supuestas “reivindicaciones”, pero no se advierte que son inacabables, y el Gobierno no atina sino a maniobrar (¿en busca de tiempo?) y a ceder más y más. Los campesinos por ejemplo, que hoy marchan nuevamente en Asunción, hacen reivindicaciones de imposible cumplimiento, como si no estuvieran demasiado interesados en sus propios reclamos, sino más bien se trataría de una “cortina de humo”, para contribuir a sumergir al país en el caos y la anarquía.
Nuestros gobernantes y políticos, además de las autoridades judiciales y fiscales, deben despojarse también del nefasto populismo con el que creen fortalecer su permanencia en el poder y su inacción, en todo caso, rechazando con madurez y firmeza todo intento de reclamar reivindicaciones apelando a la violencia y el desconocimiento de la ley.
No se puede seguir permitiendo que un puñado de personas recurran a la anarquía, a la prepotencia y al patoterismo para hacer reivindicaciones, alegando “estar cansados” de hacer sus reclamos por las vías legales. Nada justifica el triste espectáculo que Kelembu y sus consortes están propiciando en el Este; podemos estar de acuerdo o no con sus reclamos y reivindicaciones, pero con certeza estamos totalmente en contra de la manera en que plantean su “lucha”.
Y extraña sobremanera la postura de ciertos gremios de abogacía, que aplauden y aportan abiertamente este tipo de iniciativas, que buscan instalar un clima de caos y anarquía. En un país donde impera el Estado de Derecho, no hay lugar para este tipo de “manifestaciones”, en donde se lesiona la propiedad de la ciudadanía, se ofende y agrede gratuitamente a las personas y se embandera la violencia.
http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/
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PODREDUMBRE
La protesta realizada por el abogado Paraguayo Cubas, acompañado del Concejal Celso Miranda y el abogado Jorge Brítez, en sede de la Fiscalía de Ciudad del Este para expresar su indignación por la actitud complaciente y cómplice de los fiscales en casos que involucran a la familia Zacarías-McLeod, puede ser considerada como una medida extrema para manifestarse contra las autoridades. El abogado Cubas ingresó al Ministerio Público y procedió a pintar grafitis en las paredes con las inscripciones de “bandida” y “ladrona”, refiriéndose a la fiscal Cinthia Leiva, quien tiene a su cargo la investigación de la muerte de la niña Sara Amapola Insfrán, luego hizo lo mismo en la oficina del fiscal Alfredo Ramos Manzur, quien tiene que investigar las denuncias de sobrefacturaciones de la merienda escolar. En ambos casos las causas no avanzan.
La fiscal Analía Rodríguez, esposa de un funcionario de la Municipalidad de Ciudad del Este, procedió con una celeridad nunca vista en la Fiscalía y antes de que Cubas, Miranda y Brítez ingresen a la sede del Tribunal Penal, donde también pretendían hacer lo mismo, ya aparecieron patrulleras, con policías para detenerlos.
Lo que siguió después fue la demostración más terrible del abuso de poder, ensañamiento y de cómo pueden resultar peligroso para el estado de derecho que las instituciones estén en manos de personas absolutamente inescrupulosas que puede utilizar las instituciones y las leyes como garrote para cobrarse una venganza.
Es inaceptable la patoteada del abogado Paraguayo Cubas, pero no justifica absolutamente de ninguna manera que se haya procedido con una aparatosidad inusitada, utilizando un enorme despliegue policial y hacerles pasar dos días en el calabozo, por una cuestión que podría considerarse una falta administrativa y que se le podría haber abierto un sumario como abogado, para aplicarle las sanciones que correspondan.
Las actuaciones de los fiscales que estuvieron detrás de todo este procedimiento le dieron absolutamente la razón. Salta a todas luces que la Fiscalía está manejada por una camarilla de amigos, que pueden apelar a cualquier artilugio para perseguir a inocentes y proteger a delincuentes. La fiscal Rodríguez, por un mínimo de decoro y ética podría haber pasado el caso a otra fiscal, por ser esposa de un funcionario municipal y los casos denunciados afectan a la administración comunal. Sin embargo, la agente apeló a una Ley del año 55, ya derogada, para presentar su imputación y cometió errores hasta en la redacción de su escrito solicitando “la obligación de salir del país”. En el primer caso, si es por ignorancia que apeló a la referida Ley la cuestión es grave porque la representación de la ciudadanía está en manos de una funcionaria no calificada, y si lo hizo a sabiendas es más grave aún porque demuestra la falta de escrúpulos para utilizar la justicia como garrote.
Es criticable la patoteada de Paraguayo Cubas, pero con su acto logró que la ciudadanía sea testigo de cuán podrido está el Ministerio Público de Ciudad del Este.
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/48653-podredumbre
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Payo: ¿un payaso exhibicionista o un ciudadano ejemplar?
23 septiembre, 2016
Por Sergio Etcheverry
Esta semana Ciudad del Este se vio sacudida por la poca ortodoxa protesta hecha por Paraguayo “Payo” Cubas y el concejal Celso “Kelembu” Miranda, acompañados por el abogado Jorge Brítez. Payo y Kelembu hace tiempo que están denunciando supuestas irregularidades en la comuna esteña, salvada de la intervención por los parlamentarios.
Hartos de expedientes cajoneados por fiscales omisos (por decir algo liviano), decidieron realizar pintatas con aerosoles en las oficinas de los fiscales.
En la posterior detención, Payo decidió no hablar y en un acto que demuestra una locura total o un profundo simbolismo, decidió quedarse como Dios lo trajo al mundo y cubrir sus partes pudendas con lo que una periodista definió como una “diminuta toalla”. (Luego, Paraguayo Cubas fue detenido, ha de tener un récord en detencionescuando pretendía llegar a Asunción para seguir con sus pintatas).
La “opinión pública” se dividió entre los que dicen que Payo y Kelembu son unos payasos y los que sostienen que representan la indignación general ante la justicia inclinada hacia un lado. Una cosa es cierta: estamos tan acostumbrados a las palabras “corrupción”, “coimas”, “jueces comprados”, “fiscales comprados”, que ya ni nos conmueven.
¿Alguien se hubiera fijado si los mencionados presentaban un escrito?
Por otro lado, no son originales: en Estados Unidos, varios famosos anunciaron que se desnudarán si gana Hillary (entre ellos Scarlett Johansson). Para los que dicen que es poco apropiado e indigno que un abogado (como Payo) ande mostrando sus carnes, me parece que son más indignos los encorbatados que regulan millonarios honorarios al estado o que pierden casos a propósito pero siempre ganan plata.
Lo de Payo es un golpazo a nuestra anquilosada rebeldía. Muchos estamos hartos, pero no decimos nada, salvo unas líneas en el Facebook o en mi caso, en este diario. Y ni hablar de enfrentarnos a la policía con simples pinturas. Y somos tanto o más lindos que Payo, que conste.
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Justicia genuflexa
Escandalosa y manejable. Así opera la Justicia paraguaya para bailar al compás que le marca el poder de turno. El viernes, el medio para el cual trabajo desde el 2005 (Canal 13) fue sentenciado a restituir a una persona que pidió un permiso por 4 meses en el 2000 y apareció 8 años después. Sí, en el 2008, pidiendo ocupar de nuevo su lugar.
La mujer alega que al retornar fue destituida por un directivo que sin embargo según documentos de Migraciones no se encontraba en el país. El tribunal de segunda instancia (ya que en la primera la denuncia no prosperó) integrado por Santiago Brizuela, Ramón Insfrán Giménez y Víctor Caballero decidió no admitir esa prueba a pesar de su contundencia porque se le desmoronaba la farsa.
La persona en cuestión no es cualquier denunciante. Se llama Giselle Mousques y es la esposa de Darío Filártiga, vicepresidente de la ANR y principal asesor político de Horacio Cartes.
La mujer es conocida como “20%”, supuestamente por el porcentaje que pedía en los negociados en el Instituto de Previsión Social (IPS), cuando su marido fue titular de dicha institución durante el gobierno de Luis Ángel González Macchi, según publicaciones textuales del diario ABC Color.
Mousques tuvo que renunciar además al TSJE luego del escándalo por toda la parentela de Filártiga que fue encontrada cobrando jugosos salarios del Tribunal.
Entre esas personas se encontraba la esposa, quien incluso luego de su renuncia quiso seguir asistiendo a su oficina pero la orden del presidente del TSJE, en aquel entonces Alberto Ramírez Zambonini, fue que no la dejen entrar.
Luego de toda la presión ejercida desde el poder, usando este caso como shake permanente para tratar de frenar las críticas hacia el Gobierno, la CSJ integrada por Myriam Peña, leal a Cartes y los camaristas Carlos Escobar y Alejandrino Cuevas, decidió rechazar la inconstitucionalidad planteada ante semejante aberración por los abogados del medio.
El rechazo se dio sin tan siquiera estudiar el fondo de la cuestión. Ni un sastre hubiera terminado un traje tan a la medida como el Tribunal de Sentencia y la CSJ con resoluciones ajustadas a los intereses del poder y lejos de toda lógica.
Así se maneja el poder. A tener cuidado que con este precedente, 10 años después cualquiera que sea esposa de ministro o tenga algún padrino podría presentarse diciendo que acabó su licencia y está de regreso. Para consumar algo tan descabellado solo hace falta un tribunal obediente o una Corte genuflexa.
Por Santiago González
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Justicia para la gallina
Para los locos todos somos locos, menos él. Así me enseñaron en psicología. Y en este mundo loco -es una metáforauno ya no se sorprende de lo que pasa a su alrededor. Aún así, no salgo de la sorpresa y la indignación al leer ayer en la noticia policial un hecho, por demás repugnante.
Ya me acostumbré a enterarme sobre enfrentamiento policial con bandas de asaltantes, condena por falta de pago por prestación alimentaria, el asalto nuestro de cada día a cargo de motochorros y hasta sobre los colorados tratando de poner el palo a la rueda reeleccionista de Lugo.
Pero violar a una indefensa gallina, eso ya es terrible y raya la locura. Me pregunto nomás qué pasará por la cabeza de un ser humano para cometer semejante acto. Sabemos que entre la normalidad y la anormalidad existe una sutil barrera. Pero este ebrio de Villa Hayes causó realmente estupor en sus vecinos al traspasar al otro lado donde solo el trastorno puede ser una explicación.
En una sociedad donde prácticamente ya no se respeta el derecho de los demás, hablo en término humano, menos se puede esperar un trato de humano para con los animales. En este punto me viene en la mente el planteamiento de una “sociedad de locos” o la “locura social”.
¿Por qué digo social? A diario vemos y experimentamos locura expresada en sus diversos matices. Asaltos, abusos sexuales, indigencia, homicidios, abandonos y diversos otros hechos que solo puede deberse a un disloque social de valores. Cada vez la convivencia social se hace más difícil e inexplicable.
Ante tantas cosas que ocurren en estos últimos tiempos muchos ya han perdido la capacidad de asombro. Ya no se sabe cuál es el límite o la frontera entre “el loco” y los otros. Mientras tanto, yo solo pido “justicia” para la gallina abusada.
Por Jorge Paredes
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–La jueza investigada por el JEM tiene un esposo imputado por recibir sobornos para influir en un caso bajo su jurisdicción, y su hijo enfrenta acusaciones de abuso sexual a una menor. Es la misma jueza que otorgó arresto domiciliario al pastor acusado de abuso sexual infantil. Según ABC Color, el pastor evangélico Geremía Quiñónez (71) de Capiatá, enfrenta dos acusaciones por presunto abuso sexual en niños. Las dos menores asistían a la iglesia con sus familias. La primera data de julio de este año y la segunda de octubre. El pastor acostumbraba a escribir por WhatsApp a la niña (esto la incomodaba), aprovechando la cercanía con la familia. El pastor llega a la casa donde se encuentra la menor y convence a su familiar de que la dejara llevarla al mercado, pero en lugar de eso la lleva a un motel. La menor se encontraba de visita en la casa de su familiar y este familiar, la deja ir con un hombre de 71 años… (?)
¿Qué compartíamos hace poco sobre Judith Turriaga y sus 12 Ciencias, con aval del MEC? «Las niñas deben buscar la figura masculina en los pastores», decía la educadora. En el motel, el portero notó a la menor pero eligió ignorarla. Una vez adentro, el hombre intentó persuadirla. La niña comenzó a llorar, y finalmente el pastor optó por salir del lugar para evitar sospechas. La menor relató el incidente a un familiar, quien presentó una denuncia. La segunda denuncia es del mes de octubre, tres meses después del primer hecho. El pastor violó su prisión domiciliaria para acudir al templo y presuntamente agredir sexualmente a una niña de 11 años. La besó y apretó contra su voluntad, afortunadamente la menor logró escapar. El pastor fue detenido cuando intentaba violar su prisión domiciliaria nuevamente. Intentó sobornar a los agentes. Sin embargo, hoy nos enteramos de la noticia de que la cuestionada jueza Norma Salomón de Capiatá lo dejó en libertad, eso sí, bajo «prisión domiciliaria». @livmediapy
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