Curuguaty es una desigualdad. Es la quijotesca lucha de un grupo de campesinos que ocupó tierras donadas al Estado pero pretendidas por un poderoso grupo empresarial decidido a apoderarse de ellas. Es la desequilibrada mirada de un fiscal que, ni bien tomó el caso, concluyó que seis policías murieron en una emboscada en la que fueron abatidos a balazos 11 criminales ocupantes. Es la decisión tomada por el Ministerio Público apenas se esfumó el humo y el olor a pólvora: la investigación solo se enfocará en la muerte de los policías.
Curuguaty es la desidia y el olvido. Es el hallazgo, el día siguiente de la matanza, de los cuerpos de Luis Paredes y De Los Santos Agüero en la escena misma del crimen. Aquellos que los mataron (o repelieron, desde la óptica fiscal) no reportaron sus decesos, ni siquiera repararon en sus cadáveres. Un grupo de familiares y vecinos preocupados por su desaparición los encontraron el 16 de junio.
Curuguaty es el sistema judicial paraguayo con toda su crudeza. Es el proceso de cuatro años que enfrentan 11 personas y que ahora se exponen a penas de hasta 40 años de cárcel. Es la acusación fiscal que pesa sobre la mayoría de los procesados por tentativa de homicidio doloso, a pesar de que 17 personas fueron asesinadas. Es la noticia que recibieron Luis Olmedo y Rubén Villalba recién en los alegatos finales de la Fiscalía durante el juicio oral y público: ambos están acusados de haber disparado y matado al subcomisario Erven Lovera.
Curuguaty es la hipocresía gubernamental. Es la negligencia de los distintos políticos y funcionarios de turno que nunca hicieron la transferencia de título de una propiedad donada al Estado. Es el cinismo con el cual el Congreso y el presidente Horacio Cartes decidieron aceptar la «donación» de Marina Cué al Estado por parte de Campos Morombí, que no es ni nunca fue dueña del inmueble. Aceptar esa ofrenda fue echar por tierra la teoría sostenida por el mismo Estado sobre las tierras.
Curuguaty es un misterio. Es todas las denuncias no investigadas de ejecuciones extrajudiciales, omisiones de auxilio y torturas. Es la contradicción entre testimonios de policías que se dicen emboscados y campesinos que relatan, desde la clandestinidad, cómo sus compañeros ya entregados fueron asesinados por policías tras el primer tiroteo. Es la desaparición de evidencias y la ausencia de autopsias. El video del helicóptero que sobrevoló el campamento y nunca apareció. Es la incógnita que se plantean tanto fiscales como abogados defensores: ¿Exactamente quién mató a quién? Es la certidumbre de que esa pregunta nunca será respondida fehacientemente.
Por Fernando Boccia
http://www.ultimahora.com/curuguaty-al-final-del-camino-n1005165.html
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Curuguaty: El escopetazo jurídico
Por Guido Rodríguez Alcalá
Supongamos que usted va a un negocio donde venden armas y pide un revólver calibre 38 milímetros; el vendedor le responderá que no existen revólveres de ese calibre.
Como estamos en plena crisis comercial, no se vende nada y los negocios están desiertos, es probable que el empleado del que visita usted, para pasar el tiempo, le explique que el calibre es el diámetro interior de las armas de fuego, y que se puede medir en pulgadas o en milímetros; que el calibre 22 (0,22 pulgada) es el calibre 5,6 milímetros; el calibre 32 (0,32 pulgada) es el de 7,65 milímetros; que el calibre 38 no tiene 0,38 pulgada, pero se lo llama 38; 38 a secas.
Supongamos que usted, curioso, pregunta si tienen escopetas calibre 12 milímetros. Calibre 12 sí, pero no 12 milímetros, responderá el vendedor, que se llama Pérez (se lo ha dicho en el curso de la conversación). Como usted es el único cliente, Pérez le explicará que, en las escopetas, el calibre no se mide en centímetros milímetros; que se trata de una medida convencional, y con esta característica: cuanto mayor el número, menor el calibre (el calibre 10 es dos veces mayor que el calibre 20).
El vendedor se sorprende cuando usted le habla de rifles calibre 22 milímetros y escopetas 28 (0,28 pulgadas), y termina por preguntarle: ¿de dónde ha sacado usted esos calibres? Usted le contesta: son calibres legales. ¿Legales por qué?, pregunta el otro. Porque figuran en un documento público, el expediente del caso Curuguaty, y de acuerdo con informes periciales. Pérez piensa antes de replicar: por lo visto, existe una marcada diferencia entre lo legal y lo real. Señor Pérez, ¿entonces están mal esas pericias? Amigo, yo no voy a opinar porque no quiero problemas legales; usted, si quiere informarse, busque «calibre» en la Wikipedia, ¡no me meta en líos!
¡No se enoje, señor Pérez, que aprendo tanto hablando con usted!
¿Cómo se distinguen las municiones de los distintos calibres de escopeta? Pérez, apaciguado, le contesta: no se las puede distinguir.
Pacientemente, el comerciante le explica que las municiones son unos balines o pelotitas de plomo que se pueden disparar con los distintos calibres de escopeta; la munición perdiguera, por ejemplo, se puede tirar con un calibre 10 o un calibre 20; por el contrario, una pistola 22 solo puede tirar balas de 22; una pistola 32, de 32. ¿Por qué la Fiscalía habló de municiones calibre 12 en el caso Curuguaty?, pregunta usted. ¡Porque la Fiscalía hace lo que quiere, pero no diga usted que se lo dije!
Usted piensa: si ni siquiera acertaron en el calibre de las armas, ¿qué clase de proceso es ese? Después se dice: el calibre es lo de menos, porque no han probado que ningún procesado tuviera, ni que hubiera disparado una escopeta; estamos en el Paraguay.
Me gustaMe gusta
De justicia y serpientes
06 Jul 2016
Por Richard E. Ferreira-Candia
Periodista, analista y docente
El joven caminaba junto con otros cientos sobre la avenida Rodríguez de Francia, ya cerca de la calle Chile, en una de las tantas marchas ciudadanas organizadas en Asunción para reclamar la libertad de los campesinos presos por el caso Curuguaty.
Seguía el ritmo de los pasos y los cánticos de protesta hasta que se detuvo, como lo hizo la masa de manifestantes. Los gritos empezaron a ser cada vez más fuertes ya frente a la sede de la Fiscalía General, el lugar elegido en aquella ocasión para la protesta.
Él, de pelo medio largo, con un jean gastado, una remera negra y mochila también de mismo color colgada por la espalda, decidió subir a la carrocería de una camioneta que acompañaba la movilización, probablemente para observar mejor el escenario dibujado por la marea furiosa que, amenazante, se ubicó frente a una dotación bien equipada de la policía especializada, que custodiaba celosamente el local.
Pude ver que llevaba pegado a la mochila un papel en el que se podía leer “¿Qué pasó en Curuguaty?”, pregunta que ya se había vuelto famosa en ese momento. Pero ese cartel, de los muchos que había, era diferente. Tenía, además, otra frase que llamó mi atención. Una que la conocía con una palabra distinta, pero con el mismo sentido. Fue en diciembre del 2012.
En el Café Literario, ya con nuestro acostumbrado café negro, sin azúcar, contemplando una tarde que empezaba a ponerse gris, le comentaba al comandante los entretelones de una fotografía que había captado en una de las tantas movilizaciones a favor de los campesinos presos por el caso masacre.
No tengo idea de quién es el joven, aunque pude ver luego que llevaba una cámara en mano, así que probablemente es uno que está vinculado a algún medio de comunicación, le indiqué. Pero aquí, independiente a quién es, lo importante para mí, le dije, era el mensaje que estaba escrito.
“La justicia es como la culebra, solo muerde a los que andan descalzos”, era la frase que acompañaba a la pregunta que todos nos hacemos desde los trágicos sucesos en Marina Cué.
Como decía, ya la conocía, pero con pequeñas diferencias de palabras: “La justicia es igual a las serpientes. Solo muerden a los que están descalzos”. Monseñor Romero, dijo rápidamente el comandante.
Y efectivamente, la frase pertenece al obispo salvadoreño, hoy beato, Óscar Arnulfo Romero, más conocido y mencionado en la lucha por los derechos humanos simplemente como monseñor Romero. Fue un incansable defensor de las clases sociales asesinado con un balazo el 24 de marzo de 1980. El 23 de mayo del 2015 fue beatificado, ya durante el pontificado de Francisco. Es un símbolo de lucha.
La abrumadora cantidad de información que circula hace imposible a la gente determinar cuáles son los temas más importantes, como en el caso Curuguaty, reflexionó seguidamente. Muchos creen que las noticias consideradas interesantes son las importantes, pero no es lo mismo, agregó.
Afirmó después que, particularmente, el caso Curuguaty es importante y emblemático, no solo por el negro hecho de muerte y luto, sino también por el precedente que deja la justicia al manejar un caso tan sensible de una manera realmente irresponsable.
Hablaba sobre el proceso judicial. El lunes 11 se dará el veredicto para los procesados, todos ellos campesinos que estuvieron aquél fatídico 15 de junio del 2012, día en que murieron 17 personas, 11 campesinos y 6 policías. Irónicamente, la misma cantidad de muertos campesinos, 11, son los que esperan, el 11, una absolución.
El caso Curuguaty –aseguró el comandante– es la más ridícula actuación judicial en Paraguay de los últimos tiempos; y la imagen que captó, Ferreira, es el reflejo de lo que hoy representa la justicia: una serpiente que solo muerde a los que andan descalzos, y no a los que tienen botas.
El comandante, bastante molesto por lo que aparentemente viene con la sentencia, recordó que monseñor Romero decía, además, que “de nada sirven las reformas si van teñidas de tanta sangre”. No tenía ganas de tomar otro café, anunció que se iba y antes de despedirse aseguró:
En Paraguay, la clase política y la justicia se llenan la boca de buenas intenciones de reformas sociales y judiciales que nunca llegan, mientras la sangre y el dolor de los más débiles siguen pegados a una sociedad violentada y pisada por los poderosos. Una absolución, podrá ser un paso importante para empezar a cambiar la historia. Eso.
Me gustaMe gusta
Tiempos de absolución
Por Miguel H. Lopez
Concluyeron los alegatos de la acusación y la defensa en la causa Curuguaty. Si bien el hecho no debió haberse dado porque en la práctica el caso no existe por nulo, por violaciones al debido proceso, por falta de pruebas, por impericia y un largo y prolongado etc., ahora el juicio entró en su fase más delicada y peligrosa: el juzgamiento de lo arrimado al expediente. El poder lo tienen los jueces.
¿Por qué delicada? y ¿por qué peligrosa?
Delicada, porque conociendo la experiencia paraguaya en términos de «gestión de Justicia», todo sigue siendo pasible de ser vulnerado. Más aún en esta causa en donde el juzgamiento es más político que jurídico y donde el actual Gobierno tiene mucho que maquillar, porque justamente el presidente de la República, Horacio Cartes, fue el principal impulsor –entonces como precandidato desde el Partido Colorado– del juicio político al gobierno constitucional de Fernando Lugo, que terminó cayendo por un golpe parlamentario revestido de legalidad. No son pocas las voces locales e internacionales que acusan de que la matanza –11 campesinos y 6 policías– fue una estratagema para provocar la salida del poder de factores progresistas que impedían discrecionalidad a grupos y mafias económicos y del agronegocio.
Peligrosa, porque la Justicia paraguaya y sus agentes no son confiables. Y no por antojadiza la afirmación. Décadas de demostraciones prácticas sostienen argumentadamente que el Poder Judicial, atravesado por la corrupción profunda, ni ejecuta justicia pronta ni barata ni equitativa ni justa. Entonces –pese a que los jueces de este caso se merezcan el beneficio de la duda a que juzgarán con lealtad a las leyes– el hecho de haber continuado un juicio sin elementos ni pruebas e insostenible jurídicamente, no habla muy bien de su gestión.
Terminaron los alegatos. La Fiscalía no logró demostrar algo concreto. Por momentos, las aseveraciones de los agentes del Ministerio Público parecían berrinches de adolescentes; chismes de cuadra.
La vida y la libertad, el presente y el futuro de 11 compatriotas y sus familiares, dependen del antojo de un puñado de personas que juraron hacer justicia. Si condenan, violarán su juramento. Si absuelven, habrá esperanzas de cambio en el país. Veremos…
Me gustaMe gusta
Masacre de Curuguaty: ¡Que viva la impunidad!
10 Jul 2016
Cualquiera sea el fallo que emita la justicia el próximo lunes sobre la masacre de Curuguaty generará descontento de una u otra parte y seguirá la polémica; en primer lugar, por las posiciones polarizadas de los bandos en discordia, ya que el caso se ha politizado, mediatizado y callejerizado, en una serie de chicanerías interminables, que ha dilatado el proceso por años, hasta convertirlo y degradarlo en uno de esos interminables culebrones cuyo curso nadie puede entender ni cómo va a terminar la serie de enredos de los guionistas que han manejado y manipulan la información, contaminando a la opinión pública que ha recibido más gritos y protestas que argumentos jurídicos, más alharacas que reflexiones.
Es el típico enredo de nuestra política criolla de entrecasa, que se fundamenta más en el barullo que en los hechos y las razones.
Numerosos “documentales” han “tendenciosizado” la información, hasta el extremo que ya el punto de partida, la masacre de Curuguaty, ha quedado en segundo plano para convertirse en un litigio candente, entre tantos otros, entre un empresario poderoso y unos campesinos sintierra, por unas tierras que, aunque aún sigue confusa la propiedad y hasta el catastro, resultan ser del Estado.
Conflictos como éste han abundado y siguen abundando en nuestra reciente historia democrática, con una sola gran diferencia: no han provocado enfrentamientos sangrientos ni dejado un tendal de muertos.
Otra gran diferencia es que aquí se decidió un procedimiento cuyo “protocolo” se salió del libreto habitual, marchando los policías desarmados y con los brazos en alto, hacia un grupo de “campesinos” armados, perfectamente distribuidos perimetralmente, para recibir a los dialogantes representantes del Estado paraguayo.
Como se puede apreciar en las imágenes, había campesinos con las precarias armas que suelen portar, pero también otros protagonistas más enmascarados y mejor armados, formando el cerco de resistencia contra el desalojo.
El hecho fue filmado desde un helicóptero y transmitido por la televisión en directo; en este caso habría que hacer una macabra precisión “en muerte y en directo”, en vez de en vivo y en directo, manteniendo en vilo a una buena parte de la ciudadanía.
Los hechos, de lo que pronto dejó de parecerse a los habituales conflictos de ocupación y desalojo, porque iban tomando características de tragedia, fácilmente perceptible en la filmación testimonial, son los siguientes: un juez da la orden de desalojo de los ocupantes; el Ministerio del Interior, que se supone tenía a esas alturas ya duchos especialistas en este tipo de acciones, decide por orden del ministro Carlos Filizzola que, se supone, habrá consultado con el presidente de la República, mandar a los policías al frente, desarmados, sin ninguna garantía, pese a que policías con experiencia en la materia piden que se recapacite sobre tal decisión. Incluso hay más de uno que, por si acaso, se despide de su familia, no por premonición sino por la inminente tragedia anunciada.
Ante un escenario de gente armada y, por lo que se podía ver, no era sólo con mbokavichos, la orden de que los policías entraran desarmados era un acto de irresponsabilidad criminal; era obvio que la prudencia y la inteligencia recomendaban postergar el desalojo como tantas veces se ha hecho en estos casos, inclusive por circunstancias baladíes.
El otro desenlace ya lo conocemos, aunque visto a la distancia y entre tantas chicanas, protestas y confusiones, ya parece que no tiene nada que ver el efecto con la causa, pese a que los hechos fueron desencadenantes del juicio político al entonces presidente de la República, que hoy, al igual que el ex ministro del Interior, siguen gozando de los cargos y privilegios de tener una banca en el Senado.
El presidente, que aceptó el juicio político, fue destituido por una contundente mayoría en el Senado, aunque el proceso constitucional estuvo a punto de recibir un golpe de Estado por parte de los países bolivarianos, en ese entonces bloque todopoderoso de la izquierda autoritaria antidemocrática.
La decisión de este disparatado “protocolo ministerial” fue la causa principal de la masacre de Curuguaty.
Sin embargo, no es el eje del juicio que hoy se disputa en las calles más que en los tribunales, en la verborragia politiquera, más que en los acontecimientos.
Así se ha convertido el proceso en una propuesta pública de impunidad, buscando que el fallo sea “no hay culpables”. Los muertos no fueron matados por nadie. Murieron de muerte natural, nadie disparó las balas asesinas. No hay responsables. No hay asesinos.
¡Viva la impunidad!
Me gustaMe gusta
Curuguaty: ¿De qué se queja el abogado?
El abogado Amelio Sisco fue condenado a pagar siete millones de guaraníes. ¿Por qué? Por su conducta como defensor de los campesinos de Marina Cué (Curuguaty). El castigo se le impuso por incidentar demasiado, aunque sus incidentes no impidieran las irregularidades del proceso.
No está de más recordar que un proceso penal debe tener una lógica que permita explicar cómo y por qué se ha tomado cada decisión; tiene sentido que se impute a una persona apresada cuando cometía un delito, pero ese no ha sido el caso aquí. Las imputaciones de Marina Cué, en lo básico, se justificaron con que los nombres de los imputados aparecieron en la lista de un cuaderno hallado en el lugar. ¿Dónde está el cuaderno? Según el expediente, se mojó, quedó completamente ilegible y por eso ya no se lo pudo presentar como medio de prueba; sin embargo, debemos confiar en el testimonio de los policías que intervinieron en el operativo de Marina Cué en junio del 2012; murieron once campesinos, pero no se investigaron las muertes. Aun confiando en la Policía, ningún artículo del Código Penal dice que sea un delito aparecer en una lista; nadie puede ser procesado ni castigado por algo que la ley penal no prohíbe.
No importa. La Fiscalía les atribuyó a los de la lista el propósito criminal de invadir una propiedad de Blas N. Riquelme, Marina Cué. Riquelme murió durante el juicio, pero transfirió Marina Cué a sus herederos, según la Fiscalía. ¿Cómo? Riquelme no tenía título, ni lo tienen sus herederos. Debe decirse que el difunto reclamó como propiedad suya Marina Cué, en un proceso civil iniciado en el 2005 y que no ha terminado hasta hoy, ni después de la condena de los campesinos acusados de invadir una propiedad privada. En rigor, se trata de una propiedad pública, y por eso Nicanor Duarte Frutos decidió destinarla a la reforma agraria; Fernando Lugo y Federico Franco quisieron hacer lo mismo, y no pudieron a causa de las chicanas en el proceso civil. Chicanas aparte, Sisco tenía razón en insistir en que, estando pendiente la cuestión civil, el tribunal penal no podía adjudicarle Marina Cué a los Riquelme, como hizo.
Además de asociación criminal e invasión de una propiedad privada, a los campesinos los imputaron por tentativa de homicidio, sin ninguna prueba. Como no se puede probar que hubieran matado a nadie, se los imputa por tentativa de homicidio, dijo la Fiscalía. Estaba mal, pero peor estuvo, a último momento, condenar a dos de los campesinos por homicidio doloso, que no estaba en el libreto. ¿Cuál fue el arma homicida? Una escopeta que, según las pericias del juicio, no se había disparado. Estas y otras barbaridades irritaron a Sisco, que cumplió su deber de defensor. ¿Se trata de una advertencia a los abogados que, en lo sucesivo, intervengan en un caso político?
Guido Rodríguez Alcalá
http://www.ultimahora.com/curuguaty-de-que-se-queja-el-abogado-n1045806.html
Me gustaMe gusta
Curuguaty: Regalo de reyes
Por Guido Rodríguez Alcalá
En julio del año pasado, un tribunal de primera instancia dictó una sentencia absurda en el caso Curuguaty, apelada por los defensores de los campesinos procesados.
Para diciembre pasado, y ya con retraso, se esperaba la resolución del tribunal de segunda instancia, que solo volverá a ocuparse del caso a partir del 17 de marzo de este año. Comprendo que una integrante del tribunal tiene licencia de maternidad, pero ¿no se podía nombrar a un reemplazante? Parece que todo se hace para dilatar los procedimientos en perjuicio de los procesados, y lo peor del caso es que no solo parece, sino que es.
Para comenzar, murieron once campesinos en un tiroteo en Curuguaty (Marina Cué), en junio de 2012, sin que las autoridades se hubieran tomado el trabajo de investigar cómo murieron. Sin embargo, murieron también cinco policías en aquel tiroteo y este, supuestamente, es el meollo del proceso. Me parece muy bien que se investigue quiénes los mataron; no que se haga como si se lo investigara para justificar una mala actuación fiscal ni, mucho menos, que se condene sin pruebas, y encima que se condene para intimidar al campesinado. ¿De qué otra manera se puede entender esa absurda sentencia condenatoria de julio del año pasado?
Como antecedente de la sentencia, recuérdese que el fiscal Rachid, a finales de 2012, dijo que no podía probar que ninguno de los campesinos procesados hubiera matado a ningún policía y, por eso, no los imputaba por homicidio, sino por tentativa de homicidio. Era absurdo, era el mal menor. La base de las imputaciones era endeble: Dolores López, imputada porque se encontraba con su hijo en brazos al momento de comenzar el tiroteo y salió corriendo; Adalberto Castro, imputado porque fue torturado por la policía (se ha comentado el punto en varias publicaciones). Con todo, la imputación por tentativa de homicidio era el mal menor, porque aparejaba penas menores.
Los fiscales que reemplazaron a Rachid fueron más lejos, pues descubrieron una conexión entre la Revolución Rusa y la matanza de Curuguaty. No la descubrieron, pero actuaron como si la hubieran descubierto y, en consecuencia, decidieron que dos de los acusados, Rubén Villalba y Luis Olmedo, no eran reos de homicidio intentado, sino de homicidio consumado. El tribunal de primera instancia se plegó a este nuevo rumbo, y condenó a Villalba y Olmedo por homicidio doloso. Lo pintoresco es que los acusa de haber matado con las mismas balas y con la misma escopeta.
¿Cómo supo el tribunal que ellos dispararon esas balas? Esas balas, cuatro en total (presentadas en el expediente como M85A, M85B, M85D, M85E, vainas servidas y percutidas) no pudieron haberse disparado dos veces. Es dudoso que los dos hubieran usado la misma escopeta (M3, calibre 28) para disparar solamente cuatro balas en un tiroteo prolongado: un comunista profesional, cuando se propone organizar una guerrilla, usa su propia arma, sin necesidad de pedirla prestado. Por lo demás, según la pericia agregada al expediente, la escopeta M3 no había disparado ningún tiro. ¿Cuánto tiempo puede llevarle a un tribunal de apelación descubrir este disparate, que no es el
Me gustaMe gusta
Cuatro preguntas sobre Curuguaty
Después de víctima (asesinado, torturado, condenado) de Curuguaty, lo que menos me gustaría ser es juez de apelación de Curuguaty.
Lo digo considerando personas razonables a los tres funcionarios del tribunal integrado para expedirse sobre la sentencia de primera instancia; para expedirse es necesario comprender, y es imposible comprender lo incomprensible. ¿No me creen? ¡Que alguien conteste estas preguntas!
¿Quiénes fueron los homicidas? Supuestamente, los campesinos condenados. Sin embargo, el fiscal Jalil Rachid dijo que no tenía ninguna prueba de que ninguno de sus imputados hubiera matado a nadie, y por eso los imputaba solamente por tentativa de homicidio; una manera de acusar sin pruebas, y no fue lo peor. Rachid ascendió en el escalafón burocrático, y quienes lo reemplazaron cambiaron tentativa por hecho consumado.
Para matar hay que matar con algo: el tribunal sentenció que Rubén Villalba y Luis Olmedo mataron (aún sin explicar a quién) con la misma escopeta y las mismas balas (cuatro balas en total) el 15 de junio de 2012. Sin embargo, según la pericia del proceso, esa escopeta no había disparado. Como no había una escopeta para cada procesado, a los desarmados se los condenó por tentativa de homicidio y por asociación criminal.
¿Cómo se probó la asociación criminal? Con una lista donde aparecían todos los nombres de los delincuentes; por desgracia, una fuerte lluvia se llevó el papel al arroyo. Como compensación, la Fiscalía presentó otros argumentos de igual tenor: Dolores López, imputada porque recibió un tiro en la pierna, presumiblemente de la Policía, aunque no se lo comprobó; se presumió también que la Policía siempre tiene razón. Fani Olmedo fue imputada porque, al comenzar el tiroteo, salió corriendo con el hijo que llevaba en brazos.
¿De quién era el inmueble? Para acusar a alguien de invadir un terreno ajeno sin permiso del dueño, como acusaron y condenaron a los campesinos de Curuguaty, es necesario determinar primero de quién era el terreno en cuestión. El terreno se llama Marina Cué porque allí estuvo un destacamento de la Marina Paraguaya hasta el año 2004, cuando Nicanor Duarte Frutos decidió destinarlo a la reforma agraria.
En el 2005, Nicanor ordenó que se lo mensurara, pero se le opuso Blas N. Riquelme, dueño de la empresa Campos Morombi, diciendo que él era propietario del terreno por usucapión. No existe usucapión contra el Estado y Riquelme no tenía el título; sin embargo, él inició un juicio en el fuero civil, proseguido por sus herederos y sin terminarse hasta hoy. Esta fue la cuestión prejudicial planteada por los abogados defensores de los campesinos y campesinas de Curuguaty, que el tribunal no se dignó a tomar en cuenta.
¿Por qué no se investigó el cruce de llamadas? Fermín Paredes y Delfín Duarte, dos de los once campesinos caídos en Marina Cué, llamaron con sus celulares a sus parientes para decirles que se encontraban en un grave peligro; se los halló después, ejecutados con disparos a corta distancia, sin que se investigaran las muertes de los campesinos ni las torturas a las que fueron sometidos varios sobrevivientes. Y estas son solamente algunas de las preguntas sin respuesta del bochornoso expediente judicial.
Guido Rodríguez Alcalá
Me gustaMe gusta
Lecciones de Curuguaty
¡Sorpresa! Se puede matar con un arma que no ha disparado. A esta conclusión llegó, después de largas deliberaciones, la Cámara de Apelaciones de Canindeyú el 29 de mayo de 2017. Por respeto a la magistratura no digo, como Roosevelt, un día que quedará en la infamia.
La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia, dictada el 11 de julio de 2016. La originalísima sentencia condenó a Rubén Villalba y Luis Olmedo a 35 y 20 años de cárcel, respectivamente, por matar al oficial Éver Lovera con la misma escopeta y con las mismas balas, cuatro en total, lo cual hubiera sido un homicidio al alimón. Corrida al alimón es aquella en que dos toreros torean al mismo toro con la misma capa. ¿Puede dispararse una escopeta entre dos? No en este caso: según las pericias efectuadas en el proceso, la escopeta identificada como el arma homicida no se había disparado. No hay manera de confirmar este absurdo, como lo confirmó la segunda instancia.
Ahora bien, en Curuguaty murieron diecisiete personas el 15 de junio de 2012, ¿podemos suponer que las cuatro balas mataron a los diecisiete? No, porque condenaron a otros acusados sin decir con qué mataron ellos. Es habitual hacerlo, pero no se comprobó que ninguna de las armas presentadas por la Fiscalía perteneciera a ninguno de los imputados; que ninguno las hubiera utilizado; que ninguna hubiera matado. Tampoco fue necesario hacerlo: Arnaldo Quintana y Néstor Castro fueron condenados a 18 años de cárcel, por homicidas, por haber recibido sendos balazos; no porque balearon, sino porque los balearon a ellos. A Quintana lo apresaron desarmado, en la ruta de Curuguaty (se lo puede ver en un video); a Castro, en el hospital de Puente Kyha, al día siguiente, a kilómetros del lugar del tiroteo del 15 de junio de 2012
Hubiera sido mejor que, en el lugar y el día del tiroteo, también apresaran a Fermín Paredes y a Delfín Duarte, quienes estaban allí. Ellos hablaron con sus familiares con sus celulares, para decirles que necesitaban ayuda, porque estaban heridos. Los mataron después con disparos a quemarropa y ocultaron el crimen, que fue descubierto por el grupo de investigación dirigido por Laíno, sin que el tribunal lo tuviera en cuenta.
Tuvo más suerte Lucía Agüero, porque la condenaron solamente a seis años de cárcel por haber recibido un balazo en la pierna. Según la Fiscalía, Lucía estaba con un niño en brazos y salió corriendo cuando comenzó el tiroteo, prueba irrefutable de culpabilidad. También fueron condenadas a seis años Fani Olmedo y Dolores Peralta, aunque no estuvieran heridas y fueran apresadas a kilómetros de distancia del lugar del hecho.
Además de los once condenados, hay casi cincuenta imputados, que pueden ser condenados en cualquier momento. La marihuana paraguaya es la mejor, la Justicia paraguaya está a su altura.
Por Guido Rodríguez Alcalá
http://www.ultimahora.com/lecciones-curuguaty-n1088613.html
Me gustaMe gusta
A siete años de la masacre
El sábado se cumplieron siete años del día en que once campesinos y seis policías murieron en un tiroteo, durante un desalojo ilegal en un inmueble en litigio entre el Estado y una empresa privada en Curuguaty. El episodio no solo tumbó un presidente y modificó drásticamente el curso del país, sino cambió para siempre la vida de más de una centena de personas directamente involucradas en todo lo que ocurrió: Esposas quedaron viudas, hijos huérfanos y proyectos de vida truncados para siempre. Para estas personas, no hay reparación que restituya plenamente lo que perdieron y la justicia es la única esperanza de, por lo menos, alcanzar cierta paz.
La Fiscalía tomó una decisión institucional ni bien ocurrió la matanza: Enfocarse exclusivamente en la muerte de los policías y dar por hecho que los campesinos murieron por los disparos de los policías que reaccionaron en legítima defensa. A pesar de las denuncias y los indicios de que varios de ellos fueron en realidad ejecutados después del enfrentamiento inicial, el Ministerio Público se apegó a su historia y, con el aval de varios jueces, llevó a juicio a un grupo de campesinos. La investigación nunca pudo determinar quién mató a quién o siquiera quién intentó matar a quién, pero de todas formas la Fiscalía logró la condena que deseaba y el fallo se ratificó en segunda instancia.
Fue finalmente la Sala Penal de la Corte Suprema –que tuvo que ser integrada por camaristas ante la inhibición masiva de ministros de Corte– la que frenó las intenciones de la Fiscalía y de un importante sector de la clase política que pretendía convertir a los acusados en los chivos expiatorios del caso.
La liberación y el sobreseimiento de los campesinos no quedarían sin consecuencias: Dos de los tres camaristas que firmaron la sentencia fueron denunciados por la propia Fiscalía ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Uno de ellos, Arnaldo Martínez Prieto, planteó una inconstitucionalidad para suspender el proceso pero en seis meses la Corte Suprema no movió un dedo para siquiera atender el caso. El magistrado terminó renunciando, cansado de la falta de apoyo de la Corte a los magistrados.
Aún es muy pronto para saber cuáles serán los efectos de la renuncia de Martínez Prieto. El mensaje para los jueces de todo el país es claro. Es el mismo mensaje que tuvo la destitución del juez Gustavo Bonzi por sobreseer por falta de pruebas a 14 personas acusadas de ser parte del EPP. Es la lógica que hace casi dos décadas se adueñó del sistema penal: A los jueces se los destituye por liberar a presos, nunca por condenar a inocentes. Es la misma lógica que nos convirtió en uno de los países con los índices más altos de presos sin condenas en todo el mundo.
En contrapartida, la Fiscalía también corrió con una suerte similar. Días atrás, la Corte Suprema de Justicia decidió no confirmar en el cargo a Jalil Rachid, el fiscal que lideró la investigación de la matanza. Si bien es una potestad de la Corte, son muy pocos los fiscales que no son ratificados en sus puestos una vez finalizados sus periodos. El único argumento que se pudo escuchar en la sesión en que decidieron la salida de Rachid de la Fiscalía vino del ministro Manuel Ramírez Candia, quien calificó de desprolija su actuación en el caso Curuguaty.
Tenemos entonces que más de un lustro después de la masacre, la máxima instancia judicial decidió sobreseer y liberar a los acusados y luego sacó del Ministerio Público al agente que estuvo a cargo de la investigación, que por cierto nunca recibió sanción alguna de parte del Jurado de Enjuiciamiento por las desprolijidades que la Corte sí observó.
Por todos lados la masacre de Curuguaty nos recuerda la miseria de nuestras instituciones. Una vez más, el Poder Judicial no estuvo a la altura de las circunstancias. Las tierras que motivaron todo esto siguen en disputa. Hace unos años familiares de los campesinos muertos en la matanza decidieron volver a ocupar Marina Cué, cansados de que la justicia sea un concepto tan difuso, tan inalcanzable.
Por Fernando Boccia
https://www.ultimahora.com/a-siete-anos-la-masacre-n2826353.html
Me gustaMe gusta