Por Susana Oviedo
En pocos días más asumirán nuevos y reelectos intendentes, por un periodo de 5 años. Entre los primeros es probable que existan algunos que vienen con intenciones de administrar honestamente los recursos de los contribuyentes. Seguramente habrá unos cuantos que hasta creen que contarán con el respaldo de oficialistas y opositores, porque ingenuamente estarán pensando que todos antepondrán los intereses ciudadanos a cualquier otro.
Es más, hasta podría haber alguno que espera convertirse en uno de los pocos jefes comunales respetados por propios y extraños, porque no está dispuesto a tolerar que sigan amañándose licitaciones, cobrando tasas por servicios que no prestan, o que sus funcionarios extorsionen a los ciudadanos, realizando simulacros de fiscalizaciones y controles o montando barreras con fines exclusivos de coimear antes que ordenar el tráfico automovilístico.
Seamos optimistas y pensemos que hay personas, aunque contadas con los dedos de las manos, que conservan ciertos ideales y valores y que están blindadas moralmente, por lo que podría esperarse que harán la diferencia.
Lastimosamente, la realidad es muy distinta. Aunque a la gran mayoría de los intendentes electos les asista el beneficio de la duda, lo más probable es que a la par de que están analizando cuáles serán sus prioridades en los primeros cien días, también están viendo cuáles son las posibilidades de negocios y de racaudación. No en función de generar mayores ingresos para beneficio de la Comuna y de las obras y mejoras que todos los municipios precisan en mayor o menor medida.
También estarán calibrando la correlación de fuerza que tendrán en el legislativo y qué porcentaje de los negocios podrán negociar con cada uno de ellos. En las municipalidades con funcionarios sindicalizados, el intendente también debe tener claro cuánto es el precio de la paz.
Es decir, cuánto cuesta ganarse a los dirigentes para evitar que estos le cuestionen los nombramientos de operadores políticos, que en cumplimiento del sistema clientelar que sigue vigente, seguro que harán tarde o temprano.
Los que fueron reelectos ya manejan esto al dedillo. Quizá solo precisan perfeccionar ciertos mecanismos y darle cierto ropaje de transparencia y legalidad. Los nuevos se encontrarán con cientos de sistemas y subsistemas de corrupción ante los cuales, más temprano que tarde, se resignarán a hacer la vista gorda para que todos, utilizando la función municipal, hagan sus «extras».
Entretanto, el ciudadano seguirá pagando por servicios que no existen o son deficientes y caerá continuamente en las extorsiones que desde el funcionario de menor rango hasta el intendente le plantearán como la mejor solución.
http://www.ultimahora.com/la-municipalidad-gran-sistema-corrupcion-n949666.html
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Culebrón
Por Juan Augusto Roa
Es llamativo el silencio del Ministerio Público ante la denuncia presentada el 22 de marzo de este año por el intendente de Encarnación, Luis Yd (Alianza) por presunto daño patrimonial contra la Municipalidad encarnacena cometido durante la anterior administración comunal. Las irregularidades fueron detectadas mediante una auditoría externa practicada entre febrero y marzo últimos.
Yd presentó formal denuncia por el presunto hecho punible de “daño patrimonial” por un monto de G. 2.000 millones en perjuicio del municipio, que comprometería seriamente a los administradores que se sucedieron durante el periodo 2010-2015: Juan Schmalko, Élida Bartonchelo, Joel Maidana y Hugo Barreto, todos colorados.
La denuncia estuvo acompañada de documentación y un análisis efectuado por un equipo de abogados a partir de una auditoría externa practicada a los 2013, 2014 y 2015, por lo que se supone que alguna argumentación valedera debe contener.
Dos semanas más tarde, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, resolvió remitir la causa para su investigación a la fiscalía de Encarnación. Designó como investigadores a los fiscales locales Rubén Lial Espinoza, Luis Alberto Albertini y Víctor Florentín, y a la fiscala especializada en delitos económicos, Josefina Aghemo. Desde entonces, el caso entró en un cono de sombra y hasta ahora no se sabe de trámite alguno que se haya realizado para ir dilucidando el tema.
Los “malpensados” de siempre sospechan que la idea es dejar transcurrir el tiempo y que la causa vaya juntando polvo en algún cajón del Ministerio Público, esperando que el piadoso olvido se trague el asunto.
El hecho de que uno de los principales protagonistas de un eventual proceso penal, Schmalko, tiene aspiraciones de ser gobernador, nada menos que por HC, sería uno de los condicionantes de peso para tan lento movimiento de la maquinaria fiscal, aceitada y eficiente cuando de cuatreros de poca monta se trata, pero notoriamente “estreñida” ante los ladrones de guantes blancos. Existen muchas dudas sobre el desarrollo de este culebrón, que para muchos ya tiene un final cantado.
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La corrupción no para
Por Liz Analia Acosta
Cada vez que llegan las épocas electorales, nuevamente escuchamos promesas de combatir la ilegalidad, sobre todo en las instituciones públicas, pero la realidad es que los actos de corrupción no dejan de sorprendernos.
Recientemente cayeron dos mujeres por expedir constancia de Vida y Residencia de una manera poco usual.
Como esto es requisito para la emisión de nuevos registros de conducir y para los casos de renovación, primeramente, la funcionaria de la Municipalidad de San Lorenzo ofrecía “agilizar” a los ciudadanos la gestión de este documento y pedía dinero a cambio.
Los contribuyentes pagaban entre G. 20.000 y G. 30.000 por una constancia que en la Policía Nacional te cuesta G. 10.000 o, en algunos casos, incluso te dan gratis.
La mujer cobraba y enviaba a una suboficial la foto de la cédula para que confeccione el documento, obviamente con testigos falsificados, según dijo el fiscal, quien en pleno Viernes Santo las imputó y pidió arresto domiciliario.
https://www.ultimahora.com/la-corrupcion-no-para-n3056821.html
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