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El desafío institucional

Editorial 5días

El nuevo gobierno de Asunción, que asume en unos días más, tendrá inevitablemente que poner a prueba la solidez institucional tanto del municipio como de la Nación en su conjunto. Las áreas en la que esa institucionalidad será probada son muchas. Por ejemplo, la ambiental. La ciudad padece un abandono total en la gestión de limpieza y recolección de residuos.

El descontrol es tal que todos los cursos de agua, terrenos baldíos, espacios deshabitados y hasta paseos centrales y calles están rebosantes de basura, como si nunca se hubiera ocupado nadie de ella. Tal vez la disposición final esté razonablemente encaminada con el relleno sanitario de Cateura y los nuevos módulos de Villa Hayes, pero la recolección y los vertederos clandestinos reinan en la ciudad. El nuevo gobierno tendrá que entendérselas con los carriteros que levantan y tiran basura en cualquier parte y con gancheros y recolectores clandestinos que pululan por toda la ciudad. Como capital de un país, Asunción muestra una cara verdaderamente deplorable en cuanto a higiene y limpieza ambiental. Aquí se verá la mano del nuevo intendente en una pulseada con la SEAM. La otra gran área de fricción institucional será la distribución de agua potable y de la cobertura cloacal, a cargo de Essap. El crecimiento explosivo de ciertas áreas inmobiliarias está creando una demanda multiplicada de estos servicios así como los que corren por cuenta del municipio, entre ellos el pavimento y los desagües pluviales. Tendrá que reordenar también el uso de espacios aéreos para el tendido de las redes de energía eléctrica, teléfonos, internet y video cable, que dan a Asunción un aspecto de intolerable atraso, algo que ya no se ve en otras ciudades de la región. Allí veremos si el gobierno entrante tiene cintura suficiente para concertar los intereses de todas las prestadoras de estos servicios con los del municipio como custodio del paisaje urbano. También quedará expuesto, en cuanto a su fuerza institucional, para reordenar el tránsito, recuperar las veredas para su función natural, limpiar de vendedores y usos inadecuados los paseos centrales y concertar una política de estacionamiento que elimine la privatización forzada provocada por los “cuidacoches”.

Quienes votaron al “lord mayor” que asume el 21 de diciembre esperan de él la mano firme del administrador que, con la ley y las ordenanzas en la mano, lleve a la ciudad capital por un nuevo camino de ordenamiento, limpieza y reconstrucción de una imagen que se ha deteriorado por una sucesión de administraciones que han ido desde la mediocridad hasta la más absoluta incapacidad acompañada de no poca corrupción.

Y tendrá que hacerlo desde el mismo día de la inauguración de su gestión. Porque lo menos que perdonarían al nuevo intendente los contribuyentes que lo eligieron serían excusas, dilaciones y postergaciones.

http://www.5dias.com.py/43282-el-desafio-institucional

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

Un comentario en “El desafío institucional

  1. Exigir informes sobre Municipalidades

    Editorial abcCOLOR

    Este momento, en que en todas las localidades del país se están realizando los procedimientos administrativos para el traspaso de mando y responsabilidades entre las antiguas y las nuevas autoridades municipales (excepto en los casos de “rekutu”), es el adecuado para que, en cada una de ellas, la comunidad organizada haga uso de las facultades que les otorga la Ley Nº 5282, vigente desde el 18 de setiembre de 2014, denominada “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, para conocer cuál es el estado en el que dejan a la institución los que van saliendo.

    Suele suceder que a la hora de quejarse verbalmente contra intendentes y concejales, contra funcionarios municipales inútiles o coimeros, nadie muestra pelos en la lengua ni retacea adjetivos, pero, cuando estas mismas personas, además de “plaguearse”, tienen en sus manos otros recursos, incluso mucho más efectivos y conducentes, como por ejemplo utilizar un instrumento legal para exigirles a dichos funcionarios que respondan por sus actos, parece que los críticos ya no se animan, les da pereza tomar la iniciativa legal o se inclinan por el mínimo esfuerzo.

    La ley citada fue, en su momento, celebrada como un triunfo del espíritu democrático y de la lucha de la sociedad civil contra un Estado omnipotente que, desde tiempo inmemorial, se consideraba amo y señor de sus actos, decisiones y documentaciones, que no tenía por qué compartirlos con nadie, salvo decisión voluntaria, y que no podía ser compelido a ello por ninguna autoridad –como, desde luego, era cierto– dada la tradición de autoritarismo que reinaba en nuestro país.

    Pero ahora tenemos la ley “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, que hasta hoy, sin embargo, no logra, como es de desear, cambios en el cuadro general del ejercicio concreto de los derechos de la ciudadanía.

    “Toda persona interesada en acceder a la información pública deberá presentar una solicitud ante la oficina establecida en la fuente pública correspondiente, personalmente, por correo electrónico, en forma escrita o verbal, y en este último caso se extenderá un acta”, establece esta disposición. ¿Qué herramienta más sencilla que esta se necesita para poner en marcha a las comunidades del país, a sus organizaciones civiles, a los dirigentes de partidos y movimientos políticos, a los líderes de organizaciones comunitarias o religiosas, para reclamar a sus autoridades municipales –antes de que se vayan a sus casas– informes detallados sobre los asuntos de interés común?

    Podrían preguntarles en qué gastaron el dinero que debían dedicar a las escuelas y centros de salud, a tal o cual obra pública o a servicios especiales. Podrían averiguar directamente cuántos funcionarios contrataron, para qué cargos se los requería, qué tareas cumplieron, su asistencia y puntualidad, si rindieron informes de su trabajo o no. Averiguar sobre las licitaciones, concursos y contratos directos, quiénes fueron beneficiarios y cuántas veces seguidas. En fin, todo lo que fue oscuro o dudoso, hechos que se denuncian a diario, podría someterse a indagación y esclarecimiento empleándose el instrumento que provee la Ley Nº 5282.

    Con toda seguridad, los vecinos de muchas localidades se encontrarán con una cloaca nauseabunda, cuyos responsables deben ir a parar a la cárcel.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/exigir-informes-sobre-municipalidades-1431643.html

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    Publicado por Anónimo | 2 diciembre, 2015, 6:48 am

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