La producción de soja de Paraguay, el cuarto exportador mundial, podría llegar a un récord de 8,6 millones de toneladas este ciclo y superar todas las proyecciones si el buen tiempo se mantiene las próximas semanas, dijo el viernes la multinacional de semillas Monsanto.
A diferencia de su vecino Argentina, donde los rendimientos de la soja se vieron afectados por meses de lluvias inusualmente fuertes, Paraguay parece encaminarse a una cosecha récord.
Eso sería una buena noticia para los países consumidores, que sufrieron este año el aumento de los precios a medida que la sequía castigaba las cosechas de Estados Unidos y Rusia.
«Paraguay no se vio afectado por las inundaciones pero hemos tenido mucha lluvia», dijo a Reuters Fernando Giannoni, gerente de Monsanto en Paraguay, en una entrevista telefónica.
Las condiciones de humedad retrasarán ligeramente la cosecha de soja del ciclo 2012/2013, que suele comenzar en la primera semana de enero.
La firma con sede en Estados Unidos espera que Paraguay produzca un promedio de 2,8 toneladas de soja por hectárea esta temporada.
Pero Giannoni dijo que el promedio podría subir a 3 toneladas por hectárea si el tiempo sigue siendo favorable. Esto aumentaría la cosecha por encima de las 8,4 millones de toneladas proyectadas por el Gobierno y de la actual estimación de Monsanto, que es de 8,1 millones de toneladas.
La última cosecha récord en Paraguay fue de 7,4 millones de toneladas en el ciclo 2010/2011.
Las cifras son pequeñas comparadas con la producción de Argentina, el primer exportador mundial de aceite y harina de soja y el tercer proveedor de porotos de soja, donde la cosecha 2012/2013 llegaría a cerca de 50 millones de toneladas.
Pero con las existencias mundiales agotándose, los mercados buscan toda la oferta posible.
Los futuros de la soja en Chicago subieron un 23 por ciento en lo que va del 2012.
POLITICAS FAVORABLES
El área de siembra de soja en Paraguay se expandió alrededor de 6 por ciento desde el año 2001, dijo Giannoni, porque los ganadores se fueron de las zonas más fértiles para dar paso a la agricultura de alta escala.
Monsanto estima que en esta campaña la superficie cultivada de soja será de 2,8 millones de hectáreas.
A pesar de las quejas de los productores que se han resistido a pagar regalías a Monsanto por el uso de semillas de soja genéticamente modificadas Roundup Ready, Giannoni dijo que Paraguay es una buena apuesta para los inversores ya que todo el espectro político quiere mejorar la producción.
Paraguay, que exporta la mayor parte de su soja en semillas, podría procesar hasta 4 millones de toneladas en aceite y harina en el 2013, luego de que Archer Daniels Midland, Bunge y Louis Dreyfus abran las plantas procesadoras que motan en el país .
El ex presidente izquierdista Fernando Lugo, quien tenía una visión escéptica sobre la soja transgénica, fue destituido por el Congreso a mediados de este año.
La presidencia quedó en manos de Federico Franco, quien tiene vínculos estrechos con el sector de la soja, hasta que el país elija a un nuevo líder en las elecciones de abril.
«El gobierno actual apoya mucho la producción y la tecnología. Paraguay es un país con reglas claras y una carga fiscal baja», dijo Giannoni.
Esto marca una diferencia con Argentina, donde el sector agrícola mantiene una larga enemistad con la presidenta Cristina Fernández por sus políticas intervencionistas, que incluyen un impuesto de 35 por ciento a la exportación de soja.
«Todos los candidatos para la elección presidencial de abril están orientados a la producción», dijo Giannoni. «Así que no veo una amenaza para el clima de negocios», agregó.
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Marchascontra Monsanto
Este sábado 25 de mayo se realizarán manifestaciones contra Monsanto en varios países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Israel, Suecia, Suiza y varios más. Esas manifestaciones se llevarán a cabo en más de 360 localidades.
Las razones que dan los organizadores son: (1) Investigaciones científicas comprobaron que los transgénicos producen cáncer, infertilidad y deformaciones genéticas. (2) La FDA, organismo norteamericano encargado de cuidar la calidad de la comida, tiene entre sus directivos exejecutivos de Monsanto. (3) La aprobación de la llamada Ley Monsanto, que prohíbe a los tribunales norteamericanos impedir la venta de productos transgénicos, aunque comprueben que se permitió la venta por error. (4) Los subsidios y privilegios gubernamentales que favorecen a Monsanto, en perjuicio del pequeño y mediano agricultor orgánico. (5) Los efectos negativos de los transgénicos en el medio ambiente: por ejemplo, la mortandad de las abejas, necesarias para la polinización.
¿Qué se quiere conseguir con las manifestaciones? Entre sus reclamaciones están: (1) La abolición de la Ley Monsanto. (2) El etiquetado de los productos transgénicos, para que el comprador pueda elegir, prohibido en los Estados Unidos por presión de Monsanto. (3) Crear conciencia de la ventaja de los productos orgánicos, y alentar a la gente a consumirlos en vez de los transgénicos.
A lo anterior quiero agregar dos comentarios. El primero, la presión ejercida por diplomáticos norteamericanos para hacer aceptar los transgénicos de su país (incluyendo los de Monsanto) en el resto del mundo. Las presiones tendían a impedir que se etiquetaran los transgénicos norteamericanos, y a que se prohibiera su importación. Algunos diplomáticos propusieron tomar represalias contra los países que se opusieran a la colocación de los transgénicos norteamericanos. El asunto se descubrió con las revelaciones de Wikileaks. Una directiva de la ONG Food and Water Watch comentó: «Es lamentable que la diplomacia norteamericana apoye de esa manera los intereses económicos de las grandes empresas, y que interfiera en los asuntos internos de otros países».
El segundo comentario es que existen estudios científicos sobre los efectos negativos de los transgénicos (el argumento de Monsanto es que se trata de prejuicios). El más reciente lo efectuaron los investigadores Anthony Samsel y Stephanie Sineff del MIT, prestigiosa universidad norteamericana. Según el estudio es peligroso el glifosato, ingrediente del herbicida Roundup utilizado en cultivos transgénicos. El glifosato interfiere en la digestión humana y en la biosíntesis de los nutrientes, provocando enfermedades graves e incluso fatales, según el estudio.
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Las cosechas del futuro
Marie-Monique Robin estuvo en el Paraguay en abril de 2009, para presentar su libro El mundo según Monsanto. Este best seller mundial es uno de los logros de la periodista y escritora francesa nacida en 1960, autora de veinte películas y ganadora de treinta premios. En El mundo, Robin presenta la historia de la empresa química norteamericana, pasada al campo de la producción de comida por razones de conveniencia. El siguiente libro, de una serie dedicada a la industria alimentaria, es Nuestro veneno de cada día, donde afirma que el cáncer es la epidemia de nuestra época, y se debe en gran medida a la invasión de unas 100.000 sustancias químicas en nuestra comida y nuestro entorno a partir de la Segunda Guerra Mundial. El tercero es Las cosechas del futuro, publicado el año pasado. Los tres libros, en formato de video, se encuentran en internet.
En Las cosechas del futuro, la autora dice que sí existen alternativas al sistema de producción basado en el agrobusiness, guiado por el afán de lucro y sin mayor interés en la conservación del medio ambiente. Siguiendo el parecer de Olivier de Schutter, alto funcionario de la ONU, ella dice que la agricultura ecológica puede ser rentable porque (1) es muy productiva para las propiedades chicas; (2) ofrece una respuesta a la pobreza rural; (3) ofrece una respuesta al cambio climático; (4) tiene ventajas nutricionales, por permitir la diversidad en la alimentación.
Tradicionalmente, según el libro, se considera que el único sistema productivo es el de la explotación agrícola mecanizada que utiliza gran cantidad de agroquímicos. Sin embargo, el rendimiento de los cultivos ha bajado en ese tipo de explotaciones, que además tienen un costo ecológico alto y requieren grandes inversiones de capital. Ese capital no existe en los países pobres, donde la masa campesina vive en propiedades chicas, y que puede obtener un rendimiento mayor con la agricultura ecológica.
Como apoyo de esta afirmación, la investigadora cita varios ejemplos, como el de Malawi, un país africano muy pobre, que probó los dos sistemas: el de las semillas híbridas e insecticidas importados y el alternativo de la agroforestación, que combina los cultivos de consumo con la plantación de árboles. Entiéndase de la gliricidia, árbol procedente de América, cuyas hojas sirven para fertilizar el suelo sin necesidad de productos químicos, y también de forraje para los animales domésticos. Con este sistema, muchos propietarios de media hectárea de tierra pudieron comer tres veces al día, después de haber comido solamente una. El otro, el más “moderno”, empobreció el suelo y a los campesinos, sin dinero para comprar las semillas más caras y los fertilizantes también caros para ellos.
La agroforestación, el sistema agrícola que también utiliza el árbol como factor de producción, ha dado resultados positivos también en países europeos, y no es la única alternativa. En Alemania, por ejemplo, se han dado experiencias muy exitosas con la siembra directa, que no utiliza productos químicos ni tampoco ara el suelo. Y aquí termino la reseña de un libro cuyo mensaje puede resumirse así: no siempre lo más nuevo es lo mejor.
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Paraguay: Vamos a echarle a Monsanto
José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)
Dos docenas de organizaciones campesinas y movimientos sociales, encabezan desde hace días una amplia campaña en todo el territorio nacional bajo la consigna “¡No a la entrega del Paraguay!: ÑAMONSËKE (vamos a echarle a) MONSANTO”!, intensificando la creciente movilización ciudadana de repulsa a la política del gobierno de oferta de las empresas públicas y los recursos naturales al corporativismo inversor transnacional.
La campaña, promovida por la Plataforma Heñoi jey (en guaraní, Renacer en español), comprende diversas acciones de información y difusión del tema del agronegocio y sus paquetes tóxicos, que envenenan el ambiente y la producción de alimentos para las personas y animales sin ningún control científico, así como la megaminería, actividades que avanzan incontenibles en el país estimuladas por el gobierno y ante el desconocimiento de la ciudadanía acerca de la magnitud de ese drama.
Punto destacado del programa ha sido una audiencia pública en la bicameral del Congreso, efectuada en la tarde de este martes, con participación de numerosos activistas sociales y unos pocos parlamentarios, convocada por el Frente Guasu, alicaída agrupación progresista encabezada por el exPresidente Fernando Lugo, que vería en la actual coyuntura una ocasión para intentar recuperar el terreno perdido en los últimos meses.
Los temas más relevantes en los talleres, conferencias y seminarios que se realizan en todo el país, abarcan extractivismo y ambiente, salud y seguridad, producción alimentaria, pérdida de patrimonio fitogenético, ambiental y cultural, política fiscal, criminalización de la resistencia social, violencia en el campo, cumplimiento de los marcos normativos y el sistema agroalimentario, como factor estratégico de control económico, social y político.
Muy fundadas razones tiene la reacción ciudadana, en un país de profunda desigualdad social, cuya mayoría electoral apostó en abril pasado por Horacio Cartes, candidato del Partido Colorado sin ser colorado, quien ganó la presidencia por una fuerte inversión de dinero y beneficiado por la voluntad de cambios que expresa el grueso de los siete millones de paraguayos, a los que prometió un “Nuevo Rumbo” para corregir las deplorables condiciones de subsistencia que sufre el 40 por ciento de los habitantes.
A poco andar, apenas en los primeros 100 días de asumir, el acaudalado empresario comienza a horadar el crédito conseguido y se está convirtiendo en blanco de un malestar ciudadano en aumento, como lo demuestra la reacción en su contra de todo el abanico de las organizaciones populares pero también, en un hecho singular, de buena parte del empresariado y de la Iglesia Católica, en este mes que se celebra la mayor celebración cristiana del país, con la peregrinación de miles de personas hacia la Virgen de Caacupé.
Decenas de empresas transnacionales operan en el país, en particular en el agronegocio, sector que arropa la intensa actividad del narcotráfico y llena grandes espacios de la prensa comercial con el cuco del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una guerrilla mediática, sin ningún enfrentamiento con el pesado aparato represivo conjunto de policía y ejército, desplegado en el centro y noreste del país, con asesoría de Estados Unidos, Israel y Colombia y de la que se sirve muy bien la oligarquía para reprimir la movilización campesina en reclamo de tierra, pagando con la vida de cerca de 150 dirigentes asesinados por mercenarios contratados por los latifundistas.
Ultimamente está ingresado la maquila, muy estimulada por Cartes, quien presenta ese rubro como la solución al desempleo de una población económicamente activa que registra el 86 por ciento inactivo, consecuencia del nefasto modelo económico imperante y responsabilidad de un empresariado vetusto, entreguista, con fuerte insensibilidad social, que el propio mandatario califica de inútil y pieza fundamental del contrabando a gran escala de mercaderías que se ofrecen por todas las calles del país, en un negocio que algunos estudiosos del tema consideran alimentado por el propio supermercadismo.
Por primera vez en varias décadas, el gremio de los empresarios siente que su longeva asociación con el mandamás de turno se está acabando, desplazado por las hordas de inversionistas extranjeros que están aterrizando en Asunción desde hace semanas, invitados por el Jefe del Ejecutivo que ofrece el país como “mujer fácil y linda”.
Ello provoca ira y decepción entre numerosos capitalistas locales, que se consideran abandonados y traicionados por un amigo que, apenas meses atrás, ayudaron a subir a Presidente, lo cual explica que muchos comerciantes se han sumado en los últimos días a la repulsa popular contra la corrupción, centrando los dardos en el Parlamento y Poder Judicial, con afiladas indirectas al Ejecutivo.
La campaña por expulsar del país a las transnacionales del agrotóxico, está ganando terreno en términos de concientización sobre las consecuencias nefastas del actual modelo productivo, en particular la soja transgénica y su fumigación aérea, la cual se está realizando sin protección de las poblaciones vecinas e, incluso protegida por la policía desde que se produjo el quiebre institucional en junio del 2012 y los gremios de la agroexportación impusieron un cambio radical en la política del Servicio Nacional de Calidad y Seguridad Vegetal y de Semillas (SENAVE).
En las 40 millones de hectáreas que tiene Paraguay, cinco millones de personas ocupan apenas 2.5 millones en cultivos de subsistencia, frente a más de tres millones dedicadas a la soja transgénica que, en los últimos 10 años, ha provocado el desplazamiento forzoso de un millón de mujeres y hombres, víctimas de la fumigación aérea, la presión y el chantaje económico, y el matonaje de los mercenarios contratados por los latifundistas.
Las corporaciones han convertido la región oriental, inmensamente rica en bosques y millones de seres vivos diez años atrás, en “un desierto y un mar sojero”, casi exonerado de impuestos, pues apenas aportan el 2 % de la carga total tributaria y se llevan más del 30 por ciento del total de la riqueza generada anualmente en el país, consigna la documentación distribuida por la Plataforma Heñoi jei.
El 19 por ciento del territorio nacional, equivalente a los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, Amambay y Concepción, está en manos de capitalistas extranjeros, 68 por ciento brasileros y 32 por ciento de otras nacionalidades, y el 96 por ciento del Chaco, inmenso territorio que el discurso oficial presenta siempre como propiedad fiscal y legítima de los pueblos originarios, ha sido vendido a inversionistas foráneos, precisó Inés Francesquelli, una de las responsables más activas de la Campaña Ñamosëke Monsanto.
Informes médicos, además de diagnosticar numerosas enfermedades provocadas por los productos tóxicos que se utiliza en la fumigación de los cultivos transgénicos, denuncian la alarmante pérdida de calidad alimenticia en Paraguay, donde ha desaparecido de la mesa familiar la mayor parte de la producción tradicional, obra de los campesinos e indígenas.
Documentos de SENAVE, difundidos antes del Golpe de Estado que se produjo el 22 de junio del 2012, consignan que entre el 2008 y el 2010, aumentó considerablemente la importación de cereales en el país en un 35 por ciento, consecuencia de la mejoría que se produjo en el consumo familiar con el Gobierno de Fernando Lugo, pero también al abandono de la siembra familiar, con la expulsión de los labriegos de su tierra.
En frutas, se está importando 220 por ciento más, 315 en hortalizas, 320 de legumbres, 40 por ciento de tomates, 70 de cebolla y 98 de papas, según información del servicio de prensa del Mercado de Abasto.
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Brasiguayos: odiados o adorados
POR MAURICE LEMOINE ⋅ ENERO 21, 2014 ⋅
Enclaves coloniales en tierra guaraní. Reportaje publicado en el El Dipló – Le monde diplomatique Cono Sur.
Alrededor del 19% del territorio nacional paraguayo, es decir 7,7 millones de hectáreas (el 32% del total de las tierras cultivables), está en manos de propietarios extranjeros. Y unas 4,8 millones de hectáreas pertenecen a brasileños, sobre todo en las zonas fronterizas del Alto Paraná, Amambay, Canindeyú e Itapúa (1). Así lo indica un estudio realizado a partir del censo agrario 2007-2008 y dirigido por Marcos Glauser, de la organización BASE Investigaciones Sociales, y Alberto Alderete, del Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario (SEIJA).
Dos períodos favorecieron la llegada de quienes fueron bautizados “brasiguayos” (mitad brasileños y mitad paraguayos, uno u otro o los dos a la vez). Las leyes que permitían vender las tierras públicas fueron aprobadas después de la guerra contra la Triple Alianza, que entre noviembre de 1864 y marzo de 1870 enfrentó a Paraguay contra una coalición integrada por Brasil, Argentina y Uruguay, con desastrosas consecuencias para aquel. Luego, en la década de 1970, marcada por el bajo costo de la tierra, resultaba mucho más fácil deforestar de modo salvaje en la medida en que el dictador Alfredo Stroessner no tenía nada que negar a sus homólogos del país vecino.
El proceso seguirá cuando la “dictadura” sea sustituida en 1989 por la “dictablanda”: los colonos brasileños, con la agricultura mecanizada en el equipaje, serán la punta de lanza de la introducción de la soja. Montarán las empresas de agronegocios más importantes y… entrarán en conflicto directo con los campesinos locales.
En materia de “domesticación” de la población, los recién llegados ya habían hecho buena escuela en su país (2): “La gran mayoría llega con la ‘mentalidad de frontera’, para hacer fortuna fácilmente, y se impone por medio de la violencia, modificando las costumbres, las normas, las reglas medioambientales… sin hablar de las leyes laborales”, denuncia Miguel Lovera, ex presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senaves). Aunque emplean poca mano de obra, por la mecanización de los cultivos, estos colonos –cuyas propiedades van de un centenar de hectáreas a las 140.000 hectáreas del “rey de la soja”, Tranquilo Favero– suelen infligir a sus trabajadores un régimen de semiesclavitud. “Tienen su propia seguridad –precisa Jorge Lara Castro, ministro de Relaciones Exteriores del ex presidente Fernando Lugo–. Pero, muy a menudo, utilizan a campesinos locales como matones, por poco dinero.” En conexión directa con sus militantes de campo, Esther Leiva, coordinadora nacional de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), se muestra más precisa: “Si pasás por sus tierras, te pueden disparar”.
“Entre ellos hay de todo –confirma el economista Luis Rojas–. Brasileños ‘de pura cepa’, naturalizados, hijos de la segunda o tercera generación. Pero, tengan o no documentos paraguayos, todos mantienen una fuerte relación con su nación de origen.” En distritos donde todas las radios y televisores emiten en portugués, se expresan en esa lengua, tienen sus propias escuelas, sus iglesias, se mantienen económicamente muy vinculados a las empresas del país vecino. “Nosotros no vemos bien esto –nos confía Isebiano Díaz, campesino de un asentamiento del departamento de Caazapá, resumiendo el sentimiento de su comunidad y muchas otras–. Ponen ideas extrañas en la cabeza de la gente.”
¿Xenofobia? “Hay rechazo –admite Rojas–, pero es muy complejo: mientras que los campesinos son abandonados, los brasiguayos están muy presentes en los ambientes de negocios que los expolian.” En efecto, si bien la comunidad brasileña como tal se implica poco en la vida de los partidos políticos, ejerce fuertes presiones cuando considera que se afectan o amenazan sus intereses. Y consigue lo que busca, gracias al apoyo incondicional de los círculos dirigentes. “A mediano plazo –considera Alderete–, sus tierras se convertirán en enclaves brasileños en el territorio paraguayo.” Si ya no lo son…
Maurice Lemoine: Periodista, autor de Sur les eaux noires du fleuve, Don Quichotte, París, 2013.
Traducción: Gabriela Villalba
Artículo publicado en El Dipló – Le monde diplomatique Cono Sur
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1. ABC Color, Asunción, 22-08-13.
2. Véase “Le Brésil des hommes marqués pour mourir” y “Les nouveaux forçats du travail-esclave au Brésil”, Le Monde diplomatique, París, diciembre de 1990 y agosto de 1993, respectivamente.
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El reino del latifundio
POR MAURICE LEMOINE ⋅ ENERO 21, 2014 ⋅
“Sojalandia”, un Estado dentro del Estado paraguayo. Reportaje publicado en el El Dipló – Le monde diplomatique Cono Sur.
Hoy establecido como cuarto exportador mundial de soja, Paraguay consolida su modelo agrícola con el avance de este cultivo sobre las tierras lateríticas rojas de la región oriental, al tiempo que deja sin tierra a unas 300.000 personas en un país de 6,7 millones de habitantes.
Maurice Lemoine: Periodista, autor de Sur les eaux noires du fleuve, Don Quichotte, París, 2013.
Traducción: Gabriela Villalba
Artículo publicado en El Dipló – Le monde diplomatique Cono Sur
Asentamiento campesino en Paraguay. Foto: Maurice Lemoine
Un viento helado lacera los rostros. Es el 24 de agosto de 2013. Divididas en cuatro “brigadas”, ciento ocho familias vuelven a ocupar la tierra de colonia Naranjito (Canindeyú), de donde las fuerzas de seguridad ya las expulsaron en cuatro ocasiones. Bajo un refugio, se levantan unas carpas precarias, en medio de bolsos y paquetes. “A partir de mañana, sembraremos cultivos de subsistencia”, anuncia el dirigente Jorge Mercado, con una seguridad que no termina de sentir del todo. La fuerza del recuerdo lo barre como una ola. La última expulsión fue especialmente violenta: “Los policías quemaron 184 casillas. Robaron los animales, los pollos y mataron a los chanchos”.
En 1967, el dictador Alfredo Stroessner regaló esta tierra a un alemán, Erich Bendlin. Sus hijos, Reiner y Margarita, la “heredaron”. Pero siguió perteneciendo al Estado. “Verificamos en las instituciones lo que es legal, y lo que fue mal adquirido –detalla Mercado–. Tenemos años de experiencia en recuperar, palmo a palmo, el territorio paraguayo. “Mientras se explaya sobre la rapacidad de los terratenientes y los sojeros, una capa de tinieblas engulle el esbozo de campamento. Arrodillados en torno a unos braseros enrojecidos, los campesinos sorben sus mates, bebiendo lentamente la infusión reparadora.
Dos días después, con la brutalidad habitual, la policía volverá a echarlos.
La tierra… En este país de 6,7 millones de habitantes, unas 300.000 familias de campesinos pobres carecen de ella. Sin remontarnos a la prehistoria paraguaya, el modelo del latifundio se consolida a fines del siglo XIX. Con Stroessner (1954-1989), grandes superficies de “tierras libres” pertenecientes al Estado y legalmente destinadas a la reforma agraria, como en Naranjito, se reparten entre amigos, cómplices, militares y compromisos. Y más aun, a partir de fines de los setenta se produjo un cambio sustancial: la agricultura mecanizada, proveniente de los estados del sur del vecino Brasil, cruza la frontera con su producto estrella: la soja.
Una convulsión sacude los campos. Los pequeños y medianos productores que, históricamente, alimentan el país, entorpecen la expansión del sector, volcado a la exportación. Ahora bien, hay muchas maneras de echar a quienes impiden sembrar. “La más simple es comprarles la tierra –comenta el economista Luis Rojas–. Le ofrecen al campesino una suma que nunca ha visto en su vida. Él piensa que es una fortuna, se va a la ciudad, gasta todo en tres o cuatro meses y pasa a engrosar los cinturones de pobreza, porque no tiene trabajo.”
Y la soja despliega sus serpientes de púas.
Una marea devastadora
Comunidades enteras migran a causa de los estragos que provoca la deforestación. La aspersión aérea de pesticidas en las tierras cercanas afecta los cultivos limítrofes, envenena los cauces de agua, obliga a los animales a recorrer kilómetros en busca de pastos, a raspar las últimas matas, a mugir penosamente. Vómitos, diarreas, dolores de cabeza, etc. Impotentes, los vecinos malvenden sus parcelas de campos.
Y la soja devora pueblos y caseríos.
En 1996, su variedad transgénica, la semilla “roundup ready”, de Monsanto, surge en Argentina, desde donde dirige una guerra de conquista, sin aprobación gubernamental, en Brasil, Bolivia y Paraguay, recurriendo ampliamente a pesticidas mortales para el medio ambiente (1).
Y la soja inunda planicies y llanuras (implacable marea).
Islotes de indomables intentan hacer valer sus derechos. “Con el pretexto de satisfacer sus reivindicaciones, el gobierno los desplaza –afirma con un rictus Perla Álvarez, de la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri) –. “Los meten en medio de un bosque que deberán desbrozar, a ochenta kilómetros de la primera ruta, sin un puesto de salud, sin nada…” Cuando algunos, a pesar de todo, se afianzan o reagrupan las tierras fértiles que les confiscaron, el agrobusiness suelta a sus perros. “Desde que comenzó el período democrático, en el año 1989, hasta hoy –denuncia el abogado Hugo Valiente, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy)–, se registraron 116 casos de asesinatos o desapariciones de líderes o militantes de organizaciones campesinas.” Además de los agentes del Estado, los guardias privados de los grandes propietarios –los “matones”– actúan con total impunidad.
Y la soja trepa, trepa; la soja avanza sin fin.
Los terratenientes, muy influyentes, muy organizados e insertos en el corazón de los dos grandes partidos tradicionales –la Asociación Nacional Republicana (ANR o Partido Colorado, que se mantuvo ininterrumpidamente en el poder entre 1946 y 2008 y lo recuperó en 2013) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)–, viven fastuosamente, poseen sus propias pistas de aterrizaje y aviones. El grupo del brasileño Tranquilo Favero, el “rey de la soja” (véase recuadro), posee 140.000 hectáreas en ocho departamentos (Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, Caaguazú, Caazapá, San Pedro, Central y Chaco), nueve empresas (tratamiento y distribución de semillas, elaboración e importación de agroquímicos y fertilizantes, financiación a productores, provisión de maquinaria y combustibles, etc.), al igual que un puerto privado sobre el río Paraná, un cauce de agua clave para los grandes proyectos de infraestructura del continente. Los ocho miembros de la Central Nacional de Cooperativas (Unicoop) controlan más de 305.000 hectáreas. El Grupo Espíritu Santo se contenta con 115.000… En síntesis: según el censo de 2008, el 2% de los propietarios monopolizan el 85% de las tierras del Paraguay.
Los gigantes que mandan
Por su parte, las multinacionales sacan su buena tajada. Con los estadounidenses Cargill (veinte silos, una fábrica, tres puertos privados) (2), ADM Paraguay Saeca (treinta silos, seis puertos privados) y Bunge (cinco silos con una capacidad total de 230.000 toneladas), Louis Dreyfus (Francia) y Noble (Hong Kong), que obtienen con la soja sus mayores ganancias, controlan cerca del 40% de todas las exportaciones del país. BASF y Bayer (Alemania), Dow (Estados Unidos), Nestlé (Suiza), Parmalat (Italia) y Unilever (Países Bajos y Gran Bretaña), por sólo citar algunos, completan la explotación reiterada (3). Porque cabe mencionar un detalle: aunque a través de sus actividades generan el 28% del producto interno bruto (PIB), latifundistas y transnacionales apenas contribuyen al 2% de los ingresos fiscales del país (4).
Interminables filas de maquinarias agrícolas y camiones surcan las rutas con fuertes bocinazos, mientras la soja avanza sin fin sobre las tierras lateríticas rojas de la región oriental, incluidas las de los ganaderos (que crían 14 millones de cabezas de ganado, empujados hacia la rústica región del Chaco). Al hacer de Paraguay el cuarto exportador mundial de soja, las superficies invadidas por este “oro verde” pasaron de 1,5 millones de hectáreas en 1993 a 3,1 millones en la actualidad. Cerca del 60% de esta soja se envía a Europa para alimentar ganado y producir biocombustibles.
Sin embargo, ni dóciles ni tontos, los campesinos no extienden el cuello ante el cuchillo del matarife. “Ya recuperamos muchas tierras” –precisa Esther Leiva, coordinadora nacional de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) –. “Más de trescientos compañeros están realizando ocupaciones en las zonas de Itapúa y Caazapá.” Entre 1990 y 2006, en el marco de 980 conflictos, se contaron 414 de estas ocupaciones, la manera de presionar más utilizada para “sensibilizar” a las autoridades. Rebautizadas “invasiones” por los propietarios, dieron lugar a 366 expulsiones y 7.346 detenciones (5). Pero, según cálculos de Dominga Noguera, coordinadora de las organizaciones sociales de Canindeyú, “sólo para este departamento, se han reconquistado 130.000 hectáreas”.
En estos campos de caminos apenas transitables, sólo se puede acceder a las colonias agrícolas –los asentamientos– con enjambres de motos de baja cilindrada. Aquí, en el centro del departamento de Itapúa, en el asentamiento 12 de Julio, recuerdan cómo, en 1996, setenta personas fueron encarceladas durante seis meses por haber intentado sitiar por la fuerza esta finca de 1.600 hectáreas que supuestamente pertenecía a Nikolai Neufeld, un menonita alemán (6). En este país sin catastro, paquetes enteros de títulos de propiedad fraudulentos fueron entregados por un sistema judicial que permaneció bajo el mando de magistrados vinculados con la dictadura de Alfredo Stroessner y el Partido Colorado. Un caos administrativo tal que una misma tierra puede aparecer en tres o cuatro títulos diferentes. Así, Paraguay es, si se suman estos documentos, el único país del mundo que se extiende en al menos… dos pisos.
En 2005, los del asentamiento 12 de Julio retomaron la lucha, con el apoyo de la OLT y de la Mesa Coordinadora Nacional de las Organizaciones Campesinas (Mcnoc). Cuatro veces “ocuparon”, cuatro veces fueron violentamente desalojados por la policía, los militares y los matones, ante la mirada de los enviados especiales de los medios de la oligarquía –ABC Color (7), La Nación, Última Hora–, que se acercaron para asistir deleitados al incendio de los ranchos de aquellos “criminales” de pies desnudos.
Sin embargo, el combate dio sus frutos. Hoy 230 familias viven legalmente en el lugar, donde plantaron mandioca, maíz, legumbres, batatas, maní y sésamo. En efecto, en 2009, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert), el organismo encargado de la reforma agraria, terminó recomprando su propia tierra a Neufeld, quien luego fue condenado a cinco años de cárcel, por vender, entre 2007 y 2011, terrenos que no le pertenecían a inmigrantes alemanes por 14 millones de euros. Pero sobre todo, precisa Magno Álvarez, robusto dirigente de la comunidad, para explicar el feliz desenlace, “en 2009, las tensiones habían disminuido; era el período del presidente [Fernando] Lugo”.
En efecto, el 20 de abril de 2008, hartos de los 61 años de autoritarismo del Partido Colorado, el 40,8% de los votantes depositaron sus esperanzas en la figura del ex “obispo de los pobres”, socialmente muy comprometido. A falta de una base política organizada, fue llevado al poder por la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), una coalición de movimientos sociales y ocho partidos, entre los que se diferenciaba el PLRA, una formación conservadora incapaz hasta entonces de doblegar el dominio de la ANR (8). El matrimonio duraría poco.
Disparen sobre Lugo
Aunque cercano a los gobiernos progresistas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) (9), Lugo implementa una política muy moderada. Pero de todas formas es demasiado. ¿Acaso no rechazó la instalación de una base militar estadounidense en Mariscal Estigarribia (Chaco)?, ¿no se negó a otorgar a la multinacional canadiense Rio Tinto Alcan –que buscaba instalar una planta de aluminio a orillas del Paraná– subsidios en energía que llegaban a los 200 millones de dólares anuales?, ¿no aumentó el gasto social y permitió el acceso gratuito de los pobres a los hospitales?, ¿no habló de reforma agraria y expresó su empatía con los movimientos campesinos que, gracias a la fuerza de este apoyo explícito, multiplicaron las ocupaciones y las manifestaciones? Luego de apoyarlo por mero oportunismo electoral, el PLRA, con el vicepresidente salido de sus filas a la cabeza, Federico Franco, se vuelve contra el jefe de Estado. En connivencia con el adversario colorado de la víspera (ambos partidos gozaban de mayoría absoluta en el Congreso), juega abiertamente a la desestabilización.
La Unión de Gremios de la Producción (UGP), apoyada por una prensa ganada para su causa, da la alarma. El conflicto se agrava cuando el poderoso lobby pide que se introduzcan nuevas variedades genéticamente modificadas de maíz, algodón y soja. “El ministro de Agricultura, el liberal Enzo Cardozo –recuerda Miguel Lovera, entonces presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) – actuó en total conformidad con los intereses de Monsanto, Cargill y Syngenta. Era literalmente su empleado, al mismo tiempo que el portavoz de la UGP”. Sin embargo, la autorización no fue concedida: la ministra de Salud, Esperanza Martínez, y el de Medio Ambiente, Oscar Rivas, al igual que Lovera, del Senave, se oponen. ABC Color se enfurece, iniciando una campaña en su contra de una violencia inusitada. Y, por milésima vez, el vicepresidente Franco habla de destituir a Lugo a través de un “juicio político” (el equivalente al impeachment en Estados Unidos). Sólo resta encontrar el pretexto.
Unos 400 kilómetros al noreste de Asunción, cerca de Curuguaty –tres avenidas angostas, unas diez calles perpendiculares y, en cada esquina, un banco donde se amontona el dinero de los sojeros–, en Marina Kue, los “sin tierra” ocupan pacíficamente una propiedad de la que se apropió Blas N. Riquelme, ex presidente del Partido Colorado (al que representó en el Senado entre 1989 y 2008) y propietario de las 70.000 hectáreas de la empresa Campos Morombi. Nadie ignora que las cerca de 1.000 hectáreas disputadas en Marina Kue pertenecieron al ejército paraguayo hasta fines de 1999, ni que el 4 de octubre de 2004 el decreto Nº 3.532 las declaró “de interés social”, para luego transferirlas al Indert. Sin embargo, el 15 de junio de 2012, 324 policías fuertemente armados irrumpen para desalojar –¡por séptima vez en diez años!– a los 60 campesinos presentes en ese momento en el campamento que habían instalado.
¿Qué sucede luego? “Queríamos la tierra y tuvimos una guerra”, suspira Martina Paredes, miembro de la Comisión de Familiares de Víctimas de Marina Kue, que perdió a su hermano. Ese 15 de junio, después del primer tiro, se desencadena un intenso tiroteo, en el que pierden la vida once campesinos y seis miembros de las fuerzas de seguridad. Aún hoy, se desconoce quién disparó primero. “Yo hablé con algunos policías –nos confía Paredes–, ellos no saben más que nosotros.” Uno de los líderes campesinos de Marina Kue, Vidal Vega, anunció que iba a declarar sobre lo que sabía de la presencia de infiltrados y matones de Campos Morombi en la zona de la masacre. Fue asesinado el 16 de diciembre de 2012. Además, la grabación realizada por un helicóptero de la policía, que sobrevoló permanentemente la escena de los hechos, desapareció misteriosamente.
La presencia de mujeres y niños en el campamento quita toda credibilidad a la hipótesis de que los campesinos habrían tendido una emboscada a las fuerzas de seguridad. Sin embargo… El 22 de junio de 2012, Lugo, acusado de exacerbar la violencia contra los grandes propietarios terratenientes, fue destituido al cabo de un “juicio político” de veinticuatro horas, cuando, según el Artículo 225 de la Constitución, debería haber dispuesto de cinco días para organizar su defensa. Algo que, más allá de las argucias, se llama “golpe de Estado”.
La venganza de los poderosos
Cuando Franco finalmente logra apoderarse de la Presidencia, su gobierno desactiva inmediatamente la comisión independiente nombrada para investigar los hechos de Marina Kue con la asistencia de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y sólo hay que esperar una semana para que, por decreto y sin ningún tipo de procedimiento técnico, se autorice el desembarco del algodón genéticamente modificado. En los meses siguientes, se agregan otras siete variedades de maíz y soja transgénicas.
Como se suele decir, las elecciones del 22 de abril de 2013 marcan el “regreso a la normalidad” de Paraguay, que luego del golpe había sido excluido del Mercado Común del Sur (Mercosur), de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Cuando efectivamente toma sus funciones como jefe de Estado, el 15 de agosto, en nombre del Partido Colorado, Horacio Cartes, el hombre más rico del país –que tiene como principal asesor al chileno Francisco Cuadra, ex ministro y portavoz de Augusto Pinochet–, se desplaza del Palacio de Gobierno a la catedral a bordo del Chevrolet Caprice descapotable blanco que solía utilizar Stroessner… Anticipando el tono de su futuro mandato en un desayuno de trabajo en el que participan “ciento veinte” (La Nación) o “trescientos” (ABC Color, página 2) o “cuatrocientos” (ABC Color, página 3) “entusiastas empresarios nacionales y extranjeros”, promete que no tolerará “que los inversionistas sean maltratados por los funcionarios públicos”.
Dos días después, provocando torrentes de indignación mediática, cinco guardias privados de la estancia (10) Lagunita son ejecutados por el misterioso Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupúsculo –antes que una guerrilla– al que se atribuyen 31 secuestros y asesinatos desde 2006, en zonas de difícil acceso de los departamentos de Concepción y San Pedro, los más pobres del país. La investigación revela que una de las víctimas, Feliciano Coronel Aguilar, un suboficial de la policía, dirigía de modo encubierto, en su “tiempo libre”, la empresa de seguridad San Jorge, encargada de la vigilancia del establecimiento. Por su parte, el EPP afirmó en Facebook que sus objetivos “formaban parte de un grupo parapolicial que mató a veinte campesinos”. Hecho que confirma implícitamente el ex diputado colorado Magdaleno Silva: “Se debe investigar cuáles son los verdaderos trabajos que realizaba la empresa de seguridad San Jorge” (11). Por su parte, el padre Pablo Cáceres, de la diócesis de Concepción, afirma: “Estos tipos que se murieron, esos guardias de seguridad, por ahí dicen ‘pobrecitos trabajadores’ […], en realidad eran matones” (12).
En abril de 2010, el presidente Lugo, regularmente acusado de tener vínculos con el EPP, había decretado el estado de excepción durante un mes para intentar erradicarlo –sin resultado probado– en cuatro departamentos. El 22 de agosto pasado, con una velocidad meteórica, el Congreso adopta una ley que permite a Cartes ordenar operaciones militares, esta vez sin necesidad de declarar el estado de excepción. La policía nacional pasa bajo control operativo de los militares que se despliegan en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, apoyados por helicópteros y blindados. ¿Para terminar con un movimiento de oposición que, si bien es armado, no cuenta con los miembros suficientes como para formar dos equipos de fútbol?
En la comunidad de Tacuatí Poty –por sólo tomar un ejemplo–, reina una atmósfera de fin del mundo. En este asentamiento de setecientas familias rodeadas por la soja, se ha luchado mucho, primero por la tierra, luego por el centro de salud, la escuela, el colegio, el agua potable, el camino. A ocho kilómetros de allí, un rico terrateniente, Luis Lindstrom, fue secuestrado entre julio y septiembre de 2008 por el EPP, liberado por una recompensa de 130.000 dólares y luego asesinado el 31 de mayo de 2013 por dos francotiradores supuestamente pertenecientes a la “guerrilla”. Acusado de constituir uno de los campos de base de la subversión, Tacuatí Poty vive el infierno de los allanamientos nocturnos y sin orden judicial realizados por militares encapuchados, las intimidaciones, las pruebas falsas plantadas por la policía en las viviendas de quienes ha decidido inculpar y las detenciones seguidas de imputaciones que no tienen más fundamento –en los casos de Ireneo Vallejos, Damacio Miranda, Gustavo Cardozo– que las declaraciones, fantasiosas y contradictorias, de una pareja de comportamiento más bien turbio y de una niña de 6 años…
“La gente tiene miedo –se alarma Victoria Sanabria–. No confiamos en la justicia ni en las instituciones que deberían proteger nuestros derechos. Los acusados son padres de familia, luchadores que se levantan a las 5 de la mañana para trabajar. La casualidad hizo que también sean dirigentes comunitarios. Pensamos que el fondo del problema es nuestra tierra. En nuestra ignorancia, eso es lo que sentimos. Piensan que decapitando a los líderes van a terminar con nosotros.”
En suma, se trata de un gran clásico latinoamericano. Una herida mal curada termina infectándose. Grupos, pequeños o grandes, condenables o no, se radicalizan. El poder llamado “democrático” se escandaliza y, al dar la orden de capturar a los presuntos culpables, criminaliza ante todo… a los movimientos sociales. Para mayor provecho, en el caso de Paraguay, de los sojeros.
Lea además: Brasiguayos: odiados o adorados
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1. En 2004 y “ante el hecho consumado”, el gobierno paraguayo legaliza la soja transgénica sin hacerse rogar demasiado.
2. En la actualidad, Cargill se encuentra en el centro de un escándalo en Colombia, donde está acusado de apropiarse fraudulentamente de 52.000 hectáreas devueltas por el Estado a campesinos pobres.
3. Luis Rojas Villagra, Actores del agronegocio en Paraguay, Asunción, BASE Investigaciones Sociales, 2012.
4. E’a, Asunción, 19-9-13.
5. “Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue”, Asunción, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2012.
6. Los menonitas son una congregación evangélica de origen europeo (básicamente alemana) que emigraron a Paraguay en la década de 1920. Son alrededor de 30.000 y producen más del 80% de la producción láctea nacional.
7. Aldo Zuccolillo, propietario de ABC Color, es el principal asociado de Cargill en Paraguay.
8. Véase Renaud Lambert, “Au Paraguay, l’‘élite’ aussi a voté à gauche”, Le Monde diplomatique, junio de 2008.
9. Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras (hasta el golpe de Estado de 2009), Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Venezuela.
10. Finca agraria dedicada a la cría vacuna.
11. E’a, 21-8-13.
12. Radio Ñanduti, Asunción, 6-9-13.
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Monsanto Bayer
La empresa Monsanto se unió a la empresa Bayer. Esa unión puede conducir al acaparamiento de semillas por un reducido grupo de multinacionales, lo cual puede atentar contra la soberanía alimentaria de varias naciones. Sobre la soberanía alimentaria, un concepto aceptado por las Naciones Unidas, hay suficiente información en internet.
Monsanto, Bayer y las mayores empresas del agronegocio, además de fabricar semillas genéticamente modificadas, han adquirido mayor influencia en la venta de las semillas en general. Eso ha provocado quejas de agricultores que quieren plantar semillas orgánicas, pero que tienen dificultades para conseguirlas. De más en más, lo que se encuentra en el mercado son las transgénicas. Sobre la dificultad para conseguir semillas de maíz nativo, véase Con la soja al cuello, el libro publicado por Base IS.
Además de la disponibilidad, está el problema de la patente. El que planta semillas de Monsanto debe pagarle regalías a Monsanto. Sin embargo, también puede verse obligado a pagarle regalías el que planta semillas orgánicas. Por efecto de la polinización, los transgénicos de Monsanto pueden invadir cultivos orgánicos; aunque no los quieran para nada, agricultores orgánicos se han visto obligados a pagar regalías a esa empresa, según refiere Marie-Monique Robin, en El mundo según Monsanto. Esta es una consecuencia de la propiedad intelectual de las semillas transgénicas, que afecta incluso a quienes no se han propuesto violarla.
Esa propiedad intelectual equivale a una privatización de la naturaleza, algo muy discutible. La idea de que se pueda patentar un organismo vivo nació en los Estados Unidos, para favorecer a empresas multinacionales (Monsanto y otras), a causa de una colusión entre el sector privado y el público. Una vez ganado por la influencia de intereses privados, el Gobierno norteamericano emprendió una campaña para imponer los transgénicos en el resto del mundo; el punto, comentado por El mundo según Monsanto, se ha visto confirmado por ciertas revelaciones de WikiLeaks.
La ley paraguaya, que no aceptaba la privatización de un ser vivo, se ignoró en beneficio de los intereses de ciertas empresas empeñadas en convertir en sus clientes a todos los agricultores del mundo. Con los transgénicos, se aprobaron los agrotóxicos correspondientes, incluyendo el dicamba, autorizado en el Paraguay antes de que comenzara a utilizarse en los Estados Unidos.
¿Qué ganamos con eso? ¿El progreso? Las semillas transgénicas no rinden más. En los Estados Unidos, entre 1960 y 1996 (sin transgénicos), el rendimiento de los cultivos aumentó 130%; entre 2000 y 2009 (con transgénicos), aumentó 18% (datos de Chris Cantham, Deconstructing Monsanto).
¿Son seguros los transgénicos? No es garantía que los haya aprobado el Gobierno norteamericano, que también aprobó el DDT, el PCB y la dioxina. Más bien deberíamos imitar a ese gobierno en la política nacionalista con que protege a su agricultura, porque no quiere depender de nadie en materia de alimentación.
Por Guido Rodríguez Alcalá
http://www.ultimahora.com/monsanto-bayer-n1038343.html
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