Sabemos que desde la mirada política, el Paraguay planificador no existe. Aclaremos: hay organismos como la Secretaría Técnica de Planificación, la Administración Nacional de Electricidad, Itaipú Binacional y otras oficinas del Gobierno que han elaborado proyecciones sobre el comportamiento de las diversas variables de la economía por lo menos hasta el año 2030 y, en algunos casos, hasta el 2050. Pero una cosa es lo que los organismos técnicos proyectan en el papel y otra muy diferente lo que los gobiernos, a su turno, están decididos a llevar a la acción.
Hasta ahora, la praxis política en el Paraguay ha sido el corto plazo, para ser exactos, cinco años, la duración de un periodo presidencial. Si no es posible encajar dentro de una administración una obra en la cual el Presidente de la República pueda dar la palada inicial y cortar la cinta simbólica de la inauguración antes de entregar el mando, el proyecto pasa a segundo término, lo cual puede significar su postergación indefinida. Por eso los políticos optan por emprendimientos cortos, de entre dos a cuatro años, realizables durante una gestión. Y salvo que se apruebe la reelección presidencial, esta va seguir siendo la tónica en cada “acción de gobierno”: obras de corta duración en su ejecución y bien a la vista. Nada de construir drenajes pluviales, extensión de agua potable o alcantarillados sanitarios porque eso significa “enterrar obras” que el elector no tiene a la vista y que dejan la impresión de que el gobierno no hace cosa alguna.
Por lo tanto, pensar que éste –o el siguiente- Gobierno piense en emprender grandes obras de generación de energía cuya culminación y puesta en servicio no van a ver desde el Palacio de López es casi impensable. Y si el actual habitante del palacio gubernamental, o quien le suceda, no lo hace, el Paraguay se verá dentro de quince años en la necesidad de comprarle energía a Brasil o a Argentina. Itaipú y Yacyretá no son inagotables. Para el 2030, a más tardar, habremos alcanzado la curva de consumo que agote nuestras reservas de potencia en ambas centrales. Si ahora no se inician esos proyectos, estaremos en serios apuros. Planear y poner en marcha una obra como Corpus, por ejemplo, lleva de cinco a diez años. Deberán invertirse otros 10 en construirla y ponerla en servicio comercial. Eso nos lleva a 2036. Para entonces ya estaremos en déficit de producción y el país deberá gastar enormes recursos en comprar electricidad a nuestros vecinos. El hasta entonces orgulloso, autosuficiente y exportador de energía será un país consumidor mendicante y dependiente de terceros.
A este Gobierno no le alcanza para emprender una etapa semejante. Invertirá los dos años que le quedan en decidirse si va a impulsar la reelección presidencial o elegir un delfín que continúe su esquelética política, en cuanto a estrategia-país se refiere. El incómodo paquete pasará al siguiente. Y nada hace presumir que para entonces, las cosas serán diferentes.
http://www.5dias.com.py/48094-suicida-politica-cortoplacista
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Importante
Este es quizá el último año en que el presidente Horacio Cartes podrá lograr la aprobación de leyes económicas importantes, antes de que las elecciones dominen totalmente la agenda parlamentaria hasta el final de su Gobierno.
Casi una decena de leyes económicas esperan tratamiento en el Congreso Nacional, sin que hasta ahora consigan siquiera, en algunos casos, análisis y aprobación en las distintas comisiones parlamentarias. Y otras dos normativas importantes fueron retiradas del Parlamento, una por falta de consenso y otra para ser mejorada.
Entre las normativas que requieren revisión y renovación se encuentran la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay (BCP), así como la modificación de la Ley de Bancos (que tiene media sanción de la Cámara de Senadores).
Además, se encuentra en el Congreso el proyecto de ley “De los juegos de azar y su regulación”, que sustituye a la Ley 1016/97 “Que regula los juegos de suerte o azar”.
En la era de los avances tecnológicos, ni la banca matriz ni la banca estatal pueden seguir teniendo leyes del siglo pasado, donde los mecanismos de supervisión y control financiero cambiaron notablemente.
También es necesario mejorar los controles sobre los apostadores de juegos de azar y sobre las empresas que explotan los juegos, de manera no solo a incrementar la recaudación sino además buscar políticas públicas de juego responsable y de prevención de la ludopatía.
Los otros dos proyectos que deben ser elevados a consideración del Parlamento son: el que incrementa multas y endurece sanciones para infractores tributarios y el que crea la Superintendencia de Pensiones. En el primero de los casos, es necesario aumentar las sanciones a quienes evaden o eluden al fisco, pues es la única forma de ir cerrando el círculo de evasión impositiva. En el segundo, no solo urge la creación de una entidad que controle los fondos de pensiones, sino además se debe profundizar en las reformas de las cajas de jubilaciones, tanto estatales como la del Instituto de Previsión Social (IPS).
Es necesario que avancemos como sociedad con el resto del mundo, con normas claras, cumplibles y actuales. Más allá de la apetencia por cargos públicos, los legisladores necesitan entender que deben aprobar leyes que perduren en el tiempo para beneficio de todos.
Así también, el presidente Cartes debe centrar sus esfuerzos en dejar leyes que sobrevivan cualquier Gobierno. Solo con mejores normativas se podrá lograr el crecimiento ordenado de la economía, por y para el beneficio de toda la población.
Por Wendy Marton
http://m.ultimahora.com/importante-n1008021.html
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Fondos públicos dilapidados por el exacerbado egoísmo político
Siempre se ha dicho que en Paraguay existe poca memoria y que este hecho hace que en el círculo político deambulen tranquilamente aquellos que han dilapidado oportunidades o usaron los bienes públicos para beneficios sectoriales o personales, sin que reciban, al menos, miradas inquisidoras de la gente.
Así como la Justicia debe demostrar mayor compromiso en la lucha contra la impunidad, la sociedad no debe perder de vista los procesos en los que por desidia o intereses externos a la función del Estado se perdieron buenas alternativas de lograr el mejoramiento de un país que tiene como herencia una delicada situación social.
Desde los tres poderes se debe velar por la transparencia en la administración pública. Para lograr que las instituciones sean cada vez más abiertas y transparentes, igualmente, la propia sociedad tiene un rol sumamente importante. Debe ser la primera contralora en el uso del dinero público.
El presidente de la República, Horacio Cartes, en su informe presentado ante el Congreso Nacional y la ciudadanía, hizo mención a la necesidad de insistir con la transparencia estatal y no dejó escapar la oportunidad para hacer un análisis sobre la actuación de gobiernos anteriores que, afirma, son responsables de la tamaña tarea que aún queda para solucionar los problemas sociales.
Utilizó la frase “carnaval de contrataciones” para describir que Paraguay tuvo un momento económico sumamente bueno durante el período 2003-2016, pero que no pudo ser aprovechado para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de ciudadanos, sino más bien se prefirió tratar de armar estructuras electorales mirando candidaturas y elecciones.
A decir del Presidente, los ingresos adicionales que el sector privado generó durante los 10 años de crecimiento económico fueron dilapidados por aquellos que contrataron funcionarios no para servir al pueblo, sino para construir esas estructuras.
Sobre esta línea se basó su mensaje en lo que respecta al tema político. Insistió en varias ocasiones al decir que “el déficit de infraestructura que hoy sufre la gente es consecuencia directa de la contratación descontrolada de funcionarios públicos para consolidar estructuras políticas electorales a costa del Estado”. Afirmó que “este es el vicio de la historia, y la principal causa del sufrimiento de los paraguayos”.
En un país en donde existe una indiscutida legalidad política y se vive una democracia plena, la responsabilidad de encontrar el camino que permita salir del atolladero heredado, no solo es del Poder Ejecutivo, sino también de los otros dos poderes. Y la tarea debe ser acompañada con un estricto control de la gente, con mayor participación activa. No se debe olvidar que los que ocuparon el cargo presidencial en ese período tenían entre algunas de sus prioridades potenciar estructuras políticas que les permita seguir en el poder. Los que salieron perdiendo fueron los ciudadanos, en especial aquellos que tenían la esperanza de una vida mejor con la bonanza económica. Se dilapidaron sueños de miles de compatriotas.
http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/
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