Cuando el Presidente de la República pidió a la ANDE cambiar “suba de tarifas por privilegios” metió el dedo en la llaga y se le vinieron encima los sindicatos, las asociaciones y todas las organizaciones atrincheradas para defender los “derechos adquiridos” del personal. Fuimos a las planillas de personal del ente, tomamos un nombre cualquiera (debidamente identificado) y encontramos que cobra más de 33 millones de guaraníes en 18 conceptos diferentes, a saber: sueldo, 5.600.000; aguinaldo, 5.600.000. Hasta ahí todo bien. Pero después viene la fiesta, porque también cobra por: mayor costo de vida, 1.200.000; ayuda habitacional, 2.421.000; remuneración extraordinaria, 1.700.000; bono alimenticio, 750.000; ayuda vacacional, 2.900.000; ayuda alimenticia, 403.000; bonificación familiar, 99.000; bonificación por responsabilidad y disponibilidad, 1.300.000; personal prevenido, 1.500.000; complemento PCC, 2.870.000; anuenio, 1.600.000; otros promedios (¿?), 4.130.000; anuenio aguinaldo, 1.600.000; promedio bonificación por responsabilidad, 530.000; gratificación, 1.200.000; adicional por peligrosidad, 197.000. Eso, sin contar con que por ser empleado de la ANDE paga la mitad de la electricidad que consume. ¿Privilegios?
Los sindicalistas y demás defensores los llaman “derechos adquiridos”. Sigamos mirando el sueldo tipo percibido por el funcionario de la ANDE ya citado. Con lo que modestamente llaman “ayuda habitacional”, el beneficiario puede adquirir en cuotas, sin tocar su salario principal, una casa con dos dormitorios, baño, cocina-comedor y dependencias. Cuestión de revisar las ofertas que existen en el mercado. En tanto, con la “módica” ayuda vacacional puede pagarse un tour de 9 días por Europa, todo incluido y aún le sobrará dinero. Ni hablar del ítem denominado “otros promedios” de 4.130.000, la cuota de un auto de lujo.
Una cosa es remunerar un trabajo por lo que vale y otra rifar el dinero público sin ninguna racionalidad. El Presidente de la República se quedó corto cuando se refirió a los privilegios de que goza el personal de la ANDE. Haciendo uso y abuso de una muycreativa “semántica presupuestaria” se inventaron tipos de remuneración algunos de los cuales moverían a risa si no fueran trágicos. Si el usuario que revisa su factura –ya sea domiciliaria, comercial o industrial- y la coteja con las planillas de empleados -que puede visitar en el sitio http://www.ande.gov.py/documentos/ Ley 5189- se dará cuenta inmediata de por qué el ente necesita cobrar más por la energía que vende. Sencillamente porque no puede seguir sosteniendo la escala demencial de pagos salariales que bordea el escándalo y la dilapidación de dinero púbico.
Y no hablemos ya de encarar las obras de transmisión, transformación y distribución de energía que la empresa le debe al país, sometido a los cortes permanentes y la mala calidad de un servicio del que dependen millones de paraguayos, así como las inversiones que se pierden por falta de una energía de calidad y previsibilidad.
http://www.5dias.com.py/44138-no-son-privilegios-es-irracionalidad
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
A ciegas
Por Wendy Marton –
¿Cómo se calcula la tarifa del servicio de energía eléctrica? ¿Cuáles son los costos de producción del cemento? ¿Cuál es el grado de penetración del servicio de telefonía básica? A dos años y medio de haber asumido el gobierno Horacio Cartes la ciudadanía desconoce los costos reales de los servicios que ofrecen las empresas públicas. No se sabe la cantidad real de empleados, ni cuántos había cuando Cartes llegó a la presidencia de la República ni cuántos son ahora. Y lo más importante: se desconoce la capacidad de gestión de los administradores de estas empresas.
Hasta el momento, al igual que en gobiernos anteriores, solo se promociona la firma de contratos de gestión con la ANDE, ANNP, Copaco SA, Dinac, Essap SA, INC y Petropar, pero nunca se informa cuál es el cumplimiento del nivel de metas cuantitativas y cualitativas trimestrales, así como los avances registrados hasta la fecha.
De hecho nunca hubo un informe sobre las inversiones realizadas por todas las empresas públicas en un periodo de tiempo determinado, no hay un seguimiento sobre el trato a los clientes, sobre el tiempo de respuesta a los reclamos o sobre la calidad del servicio.
Resulta llamativo y preocupante que en vez de dar a conocer los avances logrados –independientemente a los recursos humanos con que cuentan– el Gabinete del presidente Cartes enfoque su atención solo en los contratos colectivos.
¿Son realmente un privilegio las conquistas laborales a las que accedieron los trabajadores de empresas públicas o el problema es que los demás trabajadores del país no tienen una entidad que los defienda de las violaciones laborales de las empresas para las cuales trabajan?
Todo lo que se informó hasta el momento da a entender que el problema de todas las empresas públicas es solo la cantidad de recursos humanos con que cuentan o los beneficios que poseen, y no los problemas de gestión de sus administradores de turno.
¿Cómo sabemos que quienes fueron puestos al frente de las empresas públicas desde que asumió Cartes no incorporaron a más personas o no negociaron mayores privilegios para sus empleados?
La estrategia de comunicación del gobierno de Cartes parece mayormente enfocada en atacar conquistas laborales, antes que en transparentar la administración de las empresas estatales.
Es necesario, para todos los que sostenemos las empresas públicas, conocer cómo se administran estas entidades, cómo y en qué se invierte, cuál es el nivel de control y sanción sobre aquellos que no pagan por los servicios o buscan pagar menos, cuáles son los planes a un año, a cinco años y a diez años. Necesitamos saber si hay intenciones de sembrar dudas sobre estas empresas para poder privatizarlas y si es así a qué precio. Los usuarios necesitamos saber si hay alguien que busca que se ofrezca un mejor servicio para todos.
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Sindicatos para avivados
Se hicieron tan mal las cosas en este país que resulta harto difícil corregirlas en el presente. Ni hablar de la dictadura, pero desde el advenimiento de la democracia se han sucedido presidentes inútiles, corruptos, demagogos, que han terminado por hundir todavía más lo poco que quedaba a flote luego de la partida de Stroessner y sus adláteres.
Arreglar todos esos entuertos se hace cuesta arriba. Sobre todo a la vista de la ira social que lo primero que provoca es una acusación al gobierno actual, de que “no ha hecho nada” para mejorar las cosas. Como si fuera fácil barrer toda la basura acumulada durante tantos y tantos años.
Uno de los graves problemas generados por la cobardía y displicencia de los malos gobernantes que ha tenido el Paraguay hasta el advenimiento de la era Cartes, es el tema del sindicalismo.
Por pusilanimidad, por complicidad o por corrupción, dejaron que engendros de todo tipo crecieran con la bendición del sector oficial, léase ministeriode Justicia y Trabajo.
Los supuestos líderes gremiales jugaron “arco libre”, se les permitió todo tipo de trapisondas lo cual sigue estallando en el presente.
Primero,todo el que quería formaba sindicatos. Hay entidades públicas que tienen una docena (¡!!!) de ellos. Tal es la profusión que hasta les resulta difícil hallar denominaciones, porque todas están ocupadas.
Y esto ocurre no solamente en los entes públicos, también por ejemplo, en las binacionales, donde cualquier sinvergüenza que estaba en riesgo de ser despedido formaba un sindicato, para blindarse con el fuero correspondiente. Así Yacyretá tiene más de una docena de supuestos gremios, aunque usted no lo crea, como diría el inefable Ripley.
Y después están los beneficios. Los de ANDE son fantásticos e incluyen que ellos paguen solamente la mitad de la cuenta de luz, ¡qué privilegio!, no como el común de los mortales que tiene que afanarse para que a fin de mes no le corten la luz. Eso sin contar con otros beneficios, como un par de aguinaldos, extras por “presentismo”, vaya, se les premia por asistir a su lugar de trabajo, habrá se visto mayor despropósito.
Y todofue consentido por gobernantes infelices, politiqueros baratos, que causaron un tremendo daño al país. Porque hoy día tocar esos beneficios, es vulnerar “derechos adquiridos”, lo cual está prohibido por ley.
Pasada la estupefacción que les produjo el anuncio de HC de racionalizar las cosas en su lugar de trabajo, para concederles un aumento de tarifas, ya se están armando rápidamente, hay pronunciamientos, saldrán a las calles, etc.
No tienen miedo que el pueblo les llame la atención por su caradurez. Aquí también vendrían bien los jóvenes de “UNA no te calles”. Alguna vez será.
Que miren nomás este maremágnum de cosas, aquellos que pretenden que el gobierno se “apure” en arreglar en un par de años, todo lo que los bandidos desarreglaron durante 30 o más años.
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Presentismo
Por Luis María Fleitas Vega (*)
“Premio por “presentismo”, ayuda alimentaria y subsidio escolar; doble aguinaldo, doble vacaciones y encima, cargos hereditarios”. ¡Déjense de Joder!”
“Paguen sus facturas de consumo como cualquier mortal; fácil es hacer caridad con dinero del pueblo. Ustedes son nuestros empleados. Si no les gusta, renuncien y trabajen en el sector privado. Haraganes”.
Son algunas de las centenas de expresiones publicadas en el Facebook, donde trasunta un profundo espíritu de hartazgo. La gente está aburrida de mantener a una pesada clientela estatal que absorbe el 92 % del presupuesto público y crece en cada elección.
Cuando ganan los colorados, despiden a los opositores, sin contemplación, pero solo para meter a sus correligionarios. Esto ocurrió en Itaipú, en Yacyretá, en la ANDE; también en el resto de la administración central y descentralizada. Cuando gana la oposición ocurre lo mismo, aunque con menor virulencia.
Los sindicatos del Estado son celosos defensores de sus “correligionarios-asociados”. Estoy convencido de que éstos se formaron solamente para darle una credencial de impunidad y una especie de inamovilidad a los empleados cautivos de la famosa trilogía: ANR-FF.AA.-AA.PP. Casi todos los sindicatos, capitaneados por la famosa CPT, del pintoresco Sotero Ledesma, fueron creados para defender a una clientela colorada que fue adquiriendo estabilidad laboral. El eterno “sindicalista” – tembiguái de Stroessner acostumbraba decir, entre bromas y de veras, que el Estado pertenecía a la ANR.
Hoy, con estas expresiones racionales, pero casi un sincericidio por parte del presidente y su equipo económico, la cuestión se pone negra para las futuras internas coloradas, pero da un respiro a la población. En líneas generales, pienso que Cartes avanzó un montón y está haciendo mejor sus deberes que su propio partido. El jefe del Equipo Económico Nacional (EEN), Santiago Peña, ministro de Hacienda, dijo que el mensaje del presidente fue claro, “mientras no se eliminen los planilleros y los beneficios discriminatorios, y no se sinceren los costos, no habrá aumento de las tarifas”. El ministro de Industria y Comercio fue aún más tajante cuando se refirió a los contratos colectivos y en sus expresiones: “Nosotros somos el sindicato del pueblo”, refiriéndose al gobierno.
Paraguay sigue ubicado entre los países más corruptos del mundo, de acuerdo a un ranking de Transparencia Internacional, dado a conocer este miércoles. Si bien nuestro país ascendió en la lista, es superado solo por Venezuela a nivel regional. De ahí que el término “presentismo”, extraído de la graciosa alquimia estatal, es causa de hilaridad para muchos. Es un premio por venir a trabajar; es decir, cobrás un premio por no ser un planillero. Si por lo menos lo disfrazaban como “premio a la producción”, “productividad”, “participación por resultados”, etc., y se daba solamente a los que merecen, me callaba.
Creo, desde lo más profundo de mi ser, que aquellos estoicos electricistas que están colgados de los postes bajo la lluvia, para tratar de reponer la energía a hospitales, industrias y mismo un estadio, merecen toda nuestra consideración y respeto. Pero, en la forma discrecional, masiva e irracional que hoy se regala, es un abuso de poder y una estafa a los que pagamos impuestos.
¿Por qué un funcionario de la ANDE solo paga 50 % de su factura de consumo eléctrico? ¿Y los empleados de Itaipú y Yacyretá, que le proveemos en forma segura y barata? ¿Y los policías y militares que arriesgan sus vidas luchando contra el EPP, el narcotráfico y bandoleros? ¿Y los trabajadores de blanco que están en los quirófanos o luchando contra el dengue? ¿Y los bomberos voluntarios que ni siquiera tienen salarios? ¿Y las maestras de Sierra León, Fortín Caballero, Pozo Hondo, Gral. Díaz y otros recónditos lugares de la frontera chaqueña que enseñan en plurigrados escolares?
Disculpen mi ignorancia. Me cuesta entender y creer que exista tanta desigualdad. En Itaipú también fui incomprendido por autocríticas similares, pero por lo menos me consuelo al pertenecer a un ente binacional que se maneja con un concepto de “isonomía”, es decir, a trabajos iguales, salarios iguales, con los brasileños. Muy estúpido sería ganar menos del que está a mi lado, estirando el mismo carro. Pero tampoco nos pagan por “presentismo”. Es más, hoy estamos marcando con biométricos, cuatro veces al día, con una tolerancia de 15 minutos, como en casi toda la administración pública.
(*) Exsuperintendente de energías renovables de Itaipú.
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ANDE = corrupción
Por Juan Augusto Roa
La ANDE es acaso la empresa más deficiente y corrupta que tenemos en el país. Sufre de una enfermedad muy extendida en el tejido social de las instituciones de la república: el cáncer de la corrupción.
Sus funcionarios gozan de privilegios que resultan irritantes y terminan siendo un vulgar saqueo a los recursos de la institución. A los “premios” y otros chanchullos inventados para sumar el dinero que se llevan, se autoasignan el privilegio de pagar solamente el 50 por ciento por el consumo de energía.
Alguna vez, alguno de los costosos, ineficientes y no menos elefantiásicos aparatos de que dispone el Estado paraguayo, como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la propia Procuraduría General de la República, deberían investigar a las mafias que operan en el interior de la ANDE.
Una de las formas de robo se da a través del lavado de cuentas de grandes consumidores. Existe una “rosca” que opera con total impunidad en el negocio del “borrón y cuenta nueva”, que también beneficia a “empresaurios”. Este perverso esquema ideado para esquilmar a la empresa es de larga data y goza de buena salud. Esa “carga negativa” es transferida al usuario común como energía cara, mal servicio y cobertura ineficiente.
La ANDE pidió hace días elevar la tarifa de la electricidad. El Ejecutivo nacional respondió, con buen criterio, condicionando a que primero se racionalicen los recursos y se haga más eficiente la empresa. En rigor, si el presidente Horacio Cartes quiere hacer eficiente la empresa, lo que debe es ordenar una investigación profunda, real y no de fachada, y barrer con los corruptos enquistados en la institución, desde funcionarios jerárquicos a falsos sindicalistas.
Es un paso imprescindible si pretende que la ANDE cumpla los fines para los fue creada: promover el desarrollo nacional. Hasta ahora lo único que promueve es el desarrollo particular de sus funcionarios deshonestos.
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La mirada del profe
Por Guillermo Domaniczky
La discusión comenzó, cuándo no, en la mesa de un bar. El grupo era el de siempre, capaz de resolver en una noche, desde la posibilidad de vida en Marte hasta la conveniencia o inconveniencia de los volantes cambiados en los autos Chileré.
En ese momento el tema iba en serio. El pago de los impuestos y cómo se gasta el dinero público.
El más crítico abrió fuego. “Estos tipos están locos”, dijo. “Les pagamos sus sueldos y encima cobran un premio por presentismo. ¡Estamos todos locos! O sea que ¿les pagamos porque se vayan nomás luego a trabajar?”, inquirió al resto.
En la mesa alguien enseguida avivó el fuego, recordando la cantidad de casos conocidos de amantes, parientes, operadores políticos y demás deudos que engrosan las planillas del Estado para quedarse con lo que este recauda a nuestras costillas.
“¿Y qué me dicen de la ayuda vacacional? Si yo pido eso en mi trabajo, me dan una patada”, dijo el más pintoresco.
“Pero si en el mismo Ministerio de Hacienda hay varios aguinaldos extras como premio para los funcionarios”, agregó otro, recordando que de cada 100.000 guaraníes que recauda el Estado, 70.000 van directamente al pago de salarios.
“Eso no es nada. La vez pasada escuché en la radio que heredan sus cargos a sus familiares; en Copaco, ANDE, Acepar o la Municipalidad de Asunción, por ejemplo”, prosiguió alguien más.
“No te olvides de que en algunos lugares como la ANDE también están la ayuda alimentaria y el subsidio escolar, y además allí pagan solo la mitad de la energía que consumen”, dijo otro.
“Dejemos de pagar nuestros impuestos”, propuso el más crítico. Pero los otros rápidamente le respondieron que en una sociedad desmovilizada lo único que iba a conseguir era que lo procesen por moroso junto a otros pocos osados que se sumaran a su idea.
“Entonces, estos sindicalistas nos van a liquidar a todos”, dijo desanimado, y asintió la mayoría.
Pero el más reflexivo de todos, el profe, que venía escuchando atentamente todos los divagues, paró la pelota.
“Los sindicalistas siempre van a pedir más reivindicaciones”, comenzó diciendo. “Pero el problema central no lo crearon ellos, sino los que les concedieron todos esos privilegios, firmando esos contratos colectivos con los que se despilfarró la plata de la gente. A esos hay que procesarlos o, en todo caso, escracharlos, para que por lo menos tengan vergüenza”, remató.
“Pero ¿y si la justicia no los procesa y los medios de comunicación no los escrachan?”, le inquirieron.
“¿Y para qué están las redes sociales y las movilizaciones de repudio?”, respondió rápidamente, generando un silencio como respuesta y sellando toda posibilidad de discusión.
El profe tuvo la paciencia de explicar, además, al grupo que si existiera voluntad de corregir lo que está mal hecho, siempre prevalecería lo que dice el artículo 128 de la Constitución Nacional, que establece que “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”.
La idea quedó instalada, aunque sea escrachar a todos esos administradores infieles de la cosa pública, para que por lo menos sientan vergüenza ante sus familiares y amigos, de haber jugado con el dinero público e hipotecado el futuro del país.
El grupo pidió rápidamente otras dos bien heladas, y se dispuso a meter otro tema menos serio en el menú. Ya no les era novedoso que el profe siempre tuviera la razón…
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Cultura del ayudomí
Por Edwin Brítez
Durante su visita a Posadas, mi hijo observó un hecho que parece una minucia pero que aquí adquiere de nuevo relevancia con la puesta en relieve de la ideología en la prestación de servicios básicos a la sociedad desde el Estado.
Salió a caminar de noche por la citada ciudad fronteriza y se acercó a un panchero de la calle, donde pudo notar un detalle que le llamó la atención: el carrito contaba con luz, pero la energía era propia del negocio, no tenía conexión directa al tendido de la “ande argentina” ni estaba enchufado a ningún domicilio cercano.
La pequeña empresa “atendida por su propio dueño” contaba con generador propio para iluminar sus pequeñas instalaciones y el entorno donde operaba discretamente. Además, todo estaba en orden con respecto al uso eventual del espacio público y la disposición de los residuos para que al día siguiente con la dinámica citadina del horario laboral, en ese lugar no haya absolutamente ningún obstáculo ni basura que recoger.
Era el más contundente contraste entre lo que sucede aquí respecto al espacio y los bienes públicos y lo que pasa allende nuestras fronteras. No había diferencia de trato entre los negocios grandes y pequeños en cuanto al servicio de energía y posiblemente tampoco existan privilegios en el trato que brinda el municipio a quienes explotan el negocio gastronómico.
No tengo muy clara la naturaleza de la propiedad del sector eléctrico en la Argentina, pero un resumen al que accedí habla de la participación privada en el 75% de la generación de la electricidad, nada en la transmisión y del 75% en la distribución a los usuarios.
Es probable que haya cambiado el sistema con la orientación populista del anterior régimen político, pero es evidente que a pesar de la generosa distribución que hizo el kirschnerismo de los fondos públicos, persiste en la Argentina mayor respeto al espacio y los bienes públicos que aquí. Nadie dice en Posadas: aichejára anga el panchero, a quien no le dejan usar la energía, como aquí lo hace cualquiera con el rótulo de pobre o con título de funcionario, para pagar solamente el 50%.
El prestigioso consultor Marc Vidal, en su libro “Contra la cultura del subsidio” y en blogs escritos sobre el tema (no tengo el libro pero leí fragmentos del mismo en internet), sostiene que desde la política “hay una voluntad ciega por crear un cuerpo social dependiente, supeditado a la dinámica administrativa y, fundamentalmente, poco crítico”.
Es famosa su frase sobre la consecuencia de lo que apunta: “En EE.UU. los estudiantes de Economía quieren crear su empresa. En España aspiran a ser funcionarios”, a lo que nosotros agregaríamos lo mismo ocurre en Paraguay, aunque aquí en realidad a lo que aspiran es a figurar en la planilla de la función pública y en caso de que no fuera posible, cobrar por “presentismo”.
La evolución lógica de esta ideología de sacar todo lo posible del Estado sin el menor esfuerzo es que el siguiente paso será el “ineludible deber” de las instituciones públicas de pagar un plus a sus funcionarios para no robar, lo cual transcurrido cierto tiempo se convertirá en “derecho adquirido” y por ende en bandera de lucha de los sindicatos.
Vidal se ha preguntado varias veces en sus blogs, tal como lo hacemos en editoriales y columnas, por qué ese afán de los políticos de servirse de la hacienda pública, por qué la permisividad de tolerar ese vicio, y por qué esa actitud tan extendida ahora de la sociedad en sus diferentes bloques de exigir subsidios sin procurar antes por sus propios medios y mucho menos sin medir las consecuencias.
Romper la planilla pública es buena iniciativa, premiar el esfuerzo podría ser otra, pero si no hacemos como el panchero de Posadas de procurar y esforzarse sin esperar “ayudo”, pronto será insuficiente que algunos paguemos por otros sino habrá que salir a buscar el trabajo perdido. Ha upéa la ijodídova hína.
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Los retobados
Por Benjamín Fernández Bogado –
Se puede decir con claridad que este es un país de egoístas que se llena la boca de solidaridad para afuera, pero que se rasca para adentro.
«El que puede… puede, y el que no, chiã», es una expresión popular que define a este país de castas donde los funcionarios públicos se nos han retobado. Ganan un 30% más que el 90% de la población económicamente activa que tiene que remar diariamente esperando colectivos de los que son accionistas en un 30%, pero no reciben los beneficios de sus socios, los transportistas, sino bofetadas y malos tratos.
No les pagan por «presentismo», por casarse, por días de vacaciones, por hijos, por títulos… nada. El 90% de los trabajadores paraguayos no tienen los beneficios que poseen los que viven a costa de ellos en el sector público.
Han perdido la vergüenza y Cartes dice que emprenderá la más grande patriada que puede convertirse en su mejor legado. Limpiar el Estado de parásitos, oportunistas y retobados. Se levantarán en armas de seguro, pararán actividades claves del país como lo hacen los sojeros cuando no les refinancian sus deudas o los campesinos cuando no reciben sus subsidios. Un país lleno de egoístas no puede funcionar así.
Si el poder sin amor es yermo, el amor sin poder es inútil. La tarea de servicio es el mayor acto de amor en cualquier sociedad ordenada y solidaria. Aquí esto último solo es entendido en relación con las amantes o parientes que cuando no consiguen lo que quieren del que manda, dicen: «Ndaikatúi jajevale hese» («No se le puede pedir favor»).
Mientras esa ecuación no cambie, lo único seguro es que nos meterán en cintura por la vía de los métodos radicales que pueden llegar a ser peores como lo demostró la rica y empobrecida Venezuela con Chávez.
Así era ese país que conocí y en el que viví en 1979: derrochadora, una burocracia despilfarradora, profundamente corrupta y visceralmente egoísta.
Aquí los contratos colectivos son mecanismos de coerción que han logrado dividir aún esta ya fragmentada e inequitativa nación. Es inmoral y aberrante para los niveles de pobreza del Paraguay los salarios de la casta de brahmanes de Itaipú y Yacyretá. ¡Los 25 mejor pagados de esos entes se llevan 12 millones de dólares al año! Los aguinaldos reiterados y caprichosos autootorgados en los entes estatales, los denominados «beneficios discriminatorios», como los califica el ministro de Hacienda a los demás sin devolver él los tres aguinaldos que se autoasignó.
Si el Gobierno Central quiere enviar un mensaje claro a la sociedad, debe cortar todos esos gastos superfluos de la administración pública; si no lo hace con los suyos, no tendrá autoridad moral para hacer con los demás. El anuncio es el fin de la discriminación y de la división en castas de este país: los privilegiados y los demás. O los retobados contra sus mandantes.
El Gobierno debe reflejar los duros tiempos que vive la gran mayoría de este país que sobrevive con un salario mínimo, cuyo valor es menor del 30% de hace 25 años.
Las matrices salariales deben ser completamente rediseñadas y el secretario de la Función Pública no debe recibir emolumentos fuera de los asignados si quiere dar la lección.
O nos enfrentamos a los retobados o ellos acabarán con nosotros y con la democracia.
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Del sindicalismo a la piratería criolla
Por Luis Bareiro
Siempre conviene recordar que una de las bases sobre las que se sostiene la economía más sólida del mundo, la alemana, es la participación directa de los trabajadores en los directorios de las empresas, donde cada año negocian con los empleadores y administradores los salarios, los beneficios, la creación de nuevos empleos e incluso –en periodos de crisis– el recorte de sueldos y hasta los despidos.
Por supuesto que no son negociaciones sencillas. Ni en Alemania. La democracia, aunque sigue siendo el mejor de los modelos políticos conocidos, nunca es fácil.
La sociedad alemana, sin embargo, ya sea de derecha o de izquierda, protege ese sindicalismo reconociendo que una verdadera democracia requiere que la relación entre empleados y empleadores se dé en condiciones de relativa igualdad, lo que solo es posible cuando la parte débil en cualquier negociación, la del trabajador, puede contar con el respaldo de sus compañeros mediante la sindicalización.
En Paraguay ese sindicalismo pragmático está prácticamente muerto. Con la excusa de exorcizar al fantasma del comunismo, el régimen stronista mató cualquier intento serio de sindicalización. Y la falta de un proceso de industrialización que generara la mano de obra «sindicalizable» completó la faena.
Para tapar ese vacío imperdonable en una democracia, la clase política creó el sindicalismo público. El internismo colorado provocaba despidos generalizados y contrataciones masivas en el Estado, haciendo de la incertidumbre una constante para el funcionario.
Para evitar ser barridos por algún cambio, cada facción política terminó creando su propio sindicato.
Luego, esta nueva generación de sindicalistas pasó a negociar contratos colectivos con administradores de turno que respondían a la misma lógica prebendaria y a los intereses coyunturales de su facción política y no a las necesidades de su institución, admitiendo beneficios absurdos, ajenos por completo a la realidad financiera del Estado.
De esta manera se invirtió la lógica de los sindicatos, ya que pasaron a defender los intereses del sector fuerte en cualquier negociación laboral dentro del Estado; el de los funcionarios, integrantes en su mayoría de la misma clientela política de la que también formaban parte los administradores de turno. Así las cosas, se perpetraron estos contratos laborales en contra de los intereses del sector más débil de la negociación, el de los propietarios; en este caso, los cientos de miles de contribuyentes a cuyas espaldas los políticos y su clientela acordaron el reparto de la plata.
Esta tergiversación del espíritu sindical explica el monstruoso presupuesto público que destina más del 90 por ciento de los impuestos a pagar salarios y beneficios.
Es la diferencia entre un sindicalismo que garantiza los derechos de una mayoría y uno que legitima la repartija del botín político en favor de una minoría corsaria.
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Guerra contra el planillaje
José Rojas
Nunca ocurrió; quizás algunos tímidos intentos que quedaron ahí, justo cuando reaccionaron los partidos políticos, sindicatos del Estado y grupos de presión, y el Estado siguió creciendo y se llevaba el 90% (sigue haciéndolo) del presupuesto, en salarios y bonificaciones.
Amaneció un día en la residencia presidencial corto de humor y comenzó la mañana golpeando la mesa. Ese mismo día se reunía el Equipo Económico y el ambiente reflejaba que ese día la ciudadanía recibiría un obsequio, ya lejos del día de Reyes: anunció el aumento de las tarifas de servicios públicos.
El que porta la lapicera dijo que no: rotundo. Pero antes pidió los documentos que justificaba tales aumentos, y hurgó en esos números y no encontró nada que haga referencia a recortes de gastos superfluos, propuestas de solución al robo de agua y luz y pidió también la lista de sueldos y bonificaciones de funcionarios de la empresa de energía.
No tardó tanto como en el primer intento y se escandalizó. Levantó el teléfono y del otro lado le atendió Sergio Peña y fue breve: No habrá aumento de nada mientras no limpien de planilleros y eliminen privilegios de sindicalistas. Estos últimos casi no trabajan porque deben recorrer el país controlando que sus adeptos estén bien atendidos; sino es así, de inmediato se anunciarán movilizaciones.
Cortó la comunicación con Peña y se le escuchó decir: “esta gente me está dejando sin dinero para invertir, de donde voy a sacar para pagar las obras que estamos haciendo”. Terminó de ponerse el traje y salió disparando. Todo este episodio se repitió vía teleconferencia desde Palacio de López hasta el Ministerio de Hacienda.
La postura gubernamental no solo se limita a la depuración de los recursos humanos improductivos, fue más allá: recomendó eliminar los gigantescos beneficios otorgados a los funcionarios contemplados en el contrato colectivo, como el subsidio al consumo de energía para el caso de la ANDE, que implica el pago solo del 50% del consumo energético por cada funcionario.
El subsidio para funcionarios en el consumo de electricidad representa cerca de G. 6.000 millones al año.
Parece que se pusieron de acuerdo. Del otro lado de la ciudad, el otro Ejecutivo, el de la capital, ojeaba las nóminas de funcionarios y encontró a por lo menos 400 funcionarios sin ocupación conocida. Le atacó el mismo humor que se apoderó del Presidente y repitió los mismos gestos y llamó a Max Rejala y le pidió que ubique a esa gente y calcule cuánto dinero se les entregaba todos los meses, por nada. No tardó y dijo la suma es de G. 1.000 millones por mes.
Mario pidió al director de Obras que le calcule qué se puede hacer con ese dinero y la respuesta fue suficiente para decidir deshacerse de 400 personas que no hacen nada en la Intendencia.
A esto le llamó “Abierta declaración de guerra al planillaje”. Es nuevo esto, lo que me da la ventaja para decir que no sé hasta dónde podría llegar. Los sindicatos están en pie de guerra también.
Lo que sí me parece muy importante es que al acabar de deshacerse de sus planilleros y de los privilegios, a Cartes y a Ferreiro les sobrará un poco más de dinero y probablemente no se hará necesario aumentar tarifas ni tasas para hacer frente a las inversiones que tienen ambos en carpeta.
No sé si lo hacen con segundas intenciones (electorales), y aunque aparente así sea, prefiero quedarme con la primera definición: ¡por fin lo están haciendo!
Cartes se mostró aún más agresivo; quiere saber el historial de contrataciones de funcionarios desde el 2003. Algunos dicen que este pedido tiene una carga electoral contra Nicanor y Lugo, pero eso ya lo explicará en su momento, lo importante en este tiempo es que está pensando transparentar una gestión que justifique su plan de Gobierno que arrancó con el slogan de “Nuevo Rumbo”.
Gustavo Leite no eligió frases difíciles de entender para enviar el mensaje a la ciudadanía:
El presidente quiere que los ministros, los presidentes de entes y la ciudadanía tengan clarísimo que este tema de las discriminaciones, el planillerismo, los privilegios de contratos colectivos se van a acabar; este plan va hasta el final, cueste lo que cueste.
Paraguay se lo merece.
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Planillerismo, cáncer de la sociedad paraguaya
Néstor Ojeda Mendoza
Actitud patriótica con tinte nacionalista, es la posición asumida por el actual gobierno de la nación en su afán de acabar con los privilegios de los haraganes, que desde hace años como garrapatas vienen chupando de las tetas del Estado Paraguayo, como en el caso de los famosos planilleros, bajo el padrinazgo cómplice de las dirigencias política corrompida de nuestro país.
La actitud enfrentativa y valiente del presidente de la República, Horacio Enrique Cartes Jara en esta gran cruzada de acabar con el planillerismo en todas las instituciones públicas de nuestro país, está en camino. Los cretinos haraganes y sinvergüenzas, están con el “Jesús en la boca”. Y…, esto justamente cuyos nombres de los sinvergüenzas que se mantienen del erario público sin trabajar tomará estado público. Vaya uno a saber las frescas virutas que recibía mensualmente sin que asistan a sus supuestos de trabajos que figuran en los documentos.
Es aberrante y lamentable, esta práctica corroída y corrupta instalada en todas las instituciones públicas del Paraguay, fehacientemente comprobada, pero que fue creciendo a través de los años con el silencio cómplice de los gobernantes de turno, debido que era una práctica común, salvos raras excepciones. A este último por pegar el grito al cielo, reclamando justicia por estos actos irregulares, se les reían y se les burlaban en la cara, pues los actos corruptivos de esta lacra se habían instalado institucionalmente en todos los niveles del Estado.
Pero, con actitud valiente el actual Ejecutivo número uno de la nación, está con el firme propósito de hacer desaparecer el planillerismo dentro de las instituciones públicas, y acabar de una vez por todas con estos privilegios de numerosos sinvergüenzas y haraganes.
El operativo ya está en marcha, una gran cruzada patriótica, que sin duda alguna ayudará a mejorar la imagen del Paraguay en el concierto de las naciones. Con esto, para el mundo pasaremos de una republiqueta bananera, a convertirnos en un país serio, responsable que tienen deseo de superar viejos vicios, con espíritu patriota y convertir nuevamente al Paraguay en una nación querida, admirada y respetada en el concierto de la naciones, similar al de los tiempos de la incipiente vida independentista imbuido e inyectado con gran espíritu nacionalista de los gobiernos del Dr. Francia y Carlos Antonio López.
Es hora de dejar estás viejas prácticas corruptas en nuestro país, sin duda alguna el gran ganador será el pueblo, la sociedad en su conjunto. Pues solo de esta manera la clase política nacional y de todos los colores, también se replantearán de forma seria y criteriosa su accionar que vaya a favor del pueblo votante en las horas de tomar decisiones al depositar su voto de confianza en los tiempos electorales.
La gran cruzada, con actitud patriótica asumida por el presidente de la Republica, es admirable desde todo punto de vista que se le mire y se le mide, pues no constituye ninguna caza de bruja, ni de persecuciones. Sencillamente llegó el momento de sanear las instituciones públicas de bandidos, haraganes y ladrones que chupaban y muchos siguen con estas acción lamentable, como murciélagos desangrando a las arcas del Estado, y por fin alguien se animó a decirles: ¡¡Basta a los ladrones!!
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El Héroe de la semana
Por Fernanda Robles
Después de varios meses bajo el mando de un presidente frívolo, que se dedicó prácticamente por completo a campañas políticas detrás de sus candidatos, dejando a un lado a un país sufrido por catástrofes climáticas, inseguridad y corrupción; esta semana nos despertamos con la nueva figura de un presidente casi completamente diferente al que nos veníamos acostumbrando. Una especie de héroe que vino a amansar la furia de muchos hartos de la incompetencia de las políticas del gobierno.
Quién sabe qué le habrá pasado al presidente Horacio Cartes que esta semana se puso a ejecutar algunas de sus promesas, velando por el bienestar de los paraguayos. El bondadoso mandatario reunió a su equipo económico para analizar los pedidos de dos entidades que “podrían perjudicar al pueblo con alzas en sus tarifas de servicios”.
El equipo del ejecutivo estudió ambos casos y no permitió las subas, logrando que la ciudadanía celebre con bombos y platillos la decisión del noble presidente. La fantástica acción no terminó allí. No conforme con impedir estas subas, ordenó a las entidades depurar su lista de funcionarios y barrer con los planilleros. Así lo informó su ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, quien trasmitió las órdenes del presidente, puntualizando sus intenciones de velar por los intereses de los ciudadanos.
“Que se baje todo lo que se tenga que bajar” afirmaba el héroe, que, además, ordenó reducir el precio del combustible. Y todavía todos estamos expectantes, ya que, extraoficialmente, se maneja la información de que bajarían el precio del pasaje. Algunos empresarios, como César Ruiz Díaz, lejos de su habitual empeño en contra de cualquier reducción, esta vez dijo que será Cartes quien decida.
Claramente no nos enojamos por estos beneficios, pero ya lo decía Rousseau: “La sospecha se esconde frecuentemente bajo el velo uniforme y pérfido de la cortesía”. A qué estrategia política nos estarán sometiendo? Seguro, pronto lo sabremos.
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No es un capricho, es inconstitucional
Un principio fundamental que distingue la juridicidad de los actos civiles (entre personas) de aquellos que son emanados de la administración pública (funcionarios) es el principio de legalidad, que funciona de distinta forma en ambos ámbitos. A las personas, sean físicas o jurídicas, les rige aquella coloquial premisa que dice que todo lo que no esté expresamente prohibido está permitido.
Sin embargo, en derecho administrativo, que es el derecho que rige a los actos que emanan de la administración, este principio funciona a la inversa. Los funcionarios públicos, cualquiera sea el rango del que gocen, no pueden ejecutar actos que no estén expresamente autorizados.
Como es de esperarse, ejemplos de cómo se viola sistemáticamente ese principio abundan. Por todas las entidades públicas han pasado administradores que se consideraron con más prerrogativas de las que en realidad tenían. Algo así ocurrió hace unos años en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cuando el entonces ministro Salyn Buzarquis contrató directamente los servicios de una consultora italiana –sin licitación– y como si fuera poco, comprometiendo fondos de Yacyretá. Por este caso está procesado por la Justicia actualmente, y se le atribuyen los delitos de estafa y usurpación de funciones públicas.
El caso es interesante analizar si se considera que el mismo se conoció tras una denuncia de sus sucesores en la administración del MOPC (que no pertenecen al mismo partido). Lo ideal hubiese sido que dentro de la organización del Estado existiese una institución que se ocupe de controlar la legalidad de los actos ejecutados por sus componentes. De hecho, esa institución existe, es la Contraloría General de la República, a la que normalmente vinculamos solo con auditorías y cuestiones directamente patrimoniales.
Constitucionalmente, la Contraloría tiene el deber de denunciar a los funcionarios que se extralimiten, sea por deficiencia o negligencia, como dice el inciso 7 del Art. 283 de la Carta Magna.
Pero como las extralimitaciones siguen ocurriendo impunemente en todas las reparticiones estatales, probablemente a los contadores les interese hablar de una en particular: la Secretaría de Estado de Tributación.
De un tiempo a esta parte la SET viene funcionando como una maquinaria productora de resoluciones violatorias de leyes y garantías constitucionales.
La última y más temeraria resolución de la titular de dicha repartición, Martha González, es una que siguió a una sentencia judicial que le ordenaba inscribir a auditores.
En lo que puede considerarse una actitud caprichosa –siendo generosos– o dictatorial, siendo realistas, la viceministra de Tributación anunció que los auditores cuya inscripción ordenó la Corte serán inscriptos, sí, pero en una lista paralela, una lista negra, en términos más sencillos. Los principios de igualdad, de no discriminación y la protección de las garantías constitucionales, enunciados noblemente en la Carta Magna, en la SET solo aparecen escritos en el papel de baño de las distinguidas oficinas que ocupan sus más altas autoridades.
Si a la Contraloría le interesa ocuparse alguna vez de controlar la legalidad de los actos de la administración, como constitucionalmente le corresponde hacerlo, ahí tiene a la SET, por si tenga dudas de por dónde debería comenzar.
Por Paula Carro
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/no-es-un-capricho-es-inconstitucional-1448959.html
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En el nombre del pueblo
La semana que culmina fue bastante movida en el ámbito económico, tal como se esperaba. El tema de debate fue el aumento de las tarifas de luz y agua, y la baja del precio de los combustibles. En el primer caso la intervención del presidente Horacio Cartes frenó cualquier suba del costo de la luz y el agua, pero al final de la semana se decidió la rebaja del precio del gasoil y de algunos tipos de naftas.
La incursión de Cartes en el Equipo Económico se dio el lunes pasado ya cuando los ministros debían tomar una decisión ante los argumentos técnicos de la ANDE y la Essap. La determinación fue no ajustar las tarifas hasta tanto las empresas públicas prestadoras de servicios limpien sus planteles de planilleros, revisen los beneficios que se pagan a los funcionarios y transparenten su estructura de costos.
Esta decisión de Cartes fue como patear el hormiguero y rápidamente ya se generó la reacción de los mismos presidentes de las empresas públicas, de los sindicatos y de las centrales sindicales, quienes también exponen sus argumentos.
De acuerdo a las declaraciones del ministro Gustavo Leite, la determinación presidencial fue para defender al usuario, al consumidor que no tiene un gremio que los represente y defienda sus intereses.
Esta decisión del titular del Ejecutivo lo dejó bastante bien parado ante la ciudadanía, pero toda determinación económica siempre tiene sus costos y lo interesante en este momento es saber si por cuánto tiempo será sostenible el congelamiento de las tarifas de las empresas proveedoras de agua y luz.
Las empresas públicas están presas en sus propias determinaciones, como los contratos colectivos, la cantidad de funcionarios que fueron incorporando a lo largo de los años y las pérdidas o fugas que hasta ahora no pueden ser controlados.
En las condiciones actuales es difícil determinar cuánto aguantarán las empresas estatales, y los mismos administradores ya hablan de un empeoramiento de los servicios, pues se quedan sin opciones para hacer las inversiones, por lo menos para el mantenimiento de un servicio medianamente aceptable.
Si bien todos los usuarios estamos de acuerdo en que se mantengan invariables las tarifas, también hay que pensar en el futuro de estas empresas, no sea que más adelante el costo de la reparación sea mayor.
Un punto sensible en el tema de las tarifas de la ANDE es el costo a que se le vende la energía a las industrias, centros comerciales y grandes residencias que consumen gran cantidad de energía. Según los estudios, en algunos casos las tarifas están por debajo del costo al que adquiere la ANDE.
Si es así, en el nombre del pueblo, el Gobierno también debe tomar cartas en el asunto y realizar los ajustes que se consideren necesarios y no tirar toda la responsabilidad sobre los obreros, planilleros y secretarias de las empresas estatales.
El tema de las tarifas trascendió más de los números. Se habla que tas la postergación del ajuste ahora se vienen cambios en la empresa proveedora de energía eléctrica. Tampoco se descarta que debido a la disparidad de posturas dentro del entorno presidencial, en los próximos días se den cambios de ministros en importantes carteras.
Esperemos que las decisiones que tome el Ejecutivo sean para bien del pueblo.
Por Luis Carlos Irala
http://www.ultimahora.com/en-el-nombre-del-pueblo-n963399.html
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No son derechos adquiridos, son privilegios indebidos
Uno de los principios que rigen la prestación de los servicios públicos en cualquier país es que todos los usuarios deben recibir el mismo trato, pero en el nuestro ocurre que los funcionarios de la ANDE, por ejemplo, solo pagan la mitad de la energía eléctrica que consumen, y los de Petropar reciben cada año gratificaciones por el supuesto “buen desempeño” que tuvo la empresa pública, lo que de hecho constituye un aguinaldo adicional o un aumento salarial encubierto.
Casos similares de irritantes privilegios en favor de los funcionarios se dan en muchas entidades públicas. Como el dinero no sale de sus bolsillos, a sus jerarcas no les cuesta nada otorgarse a sí mismos y a sus subordinados beneficios extraordinarios indebidos. Es la manera más fácil de evitar que los sindicalistas les causen problemas y de conseguir que hagan la vista gorda ante sus diversas corruptelas. En otras palabras, compran la paz laboral y el encubrimiento de sus fechorías a costa de los usuarios y de los contribuyentes. Ese comportamiento abusivo en beneficio propio responde a la errada convicción de quienes trabajan en una entidad pública de que son dueños de ella. Los sindicalistas, en particular, le quieren hacer creer a la ciudadanía que las empresas estatales pertenecen “al pueblo”, pero en la realidad se comportan como si ellos y sus jefes fueran los dueños. Nada les resulta más fácil que negociar contratos colectivos de trabajo abusivos u obtener gratificaciones exorbitantes. El grave problema es que así generan una discriminación odiosa en contra de todos los demás habitantes del país y un costo adicional que aumenta el gasto público, y que de hecho se traslada a los indefensos usuarios y contribuyentes, como se está pretendiendo ahora con los aumentos tarifarios solicitados por la ANDE y la Essap.
En efecto, quienes pagan por un pésimo servicio o abonan sus impuestos regularmente se hallan desprotegidos porque no están organizados, como bien acaba de señalar el Presidente de la República. A ellos no se los escucha. Es cierto que hay una Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay, que todavía está muy lejos de ser un grupo de presión influyente como lo es el agresivo sindicalismo del sector público, por lo demás estrechamente vinculado con la clase política.
Quienes desean mantener sus privilegios indebidos suelen invocar unos supuestos “derechos adquiridos”; varios de ellos se fundan en contratos colectivos de trabajo, firmados entre gallos y medianoche, que ni siquiera han sido aprobados por la Secretaría de la Función Pública, y que, por lo tanto, devienen ilegales. Pero, más allá del incumplimiento de este requisito, la cuestión de fondo es que las concesiones inicuas de las que goza el funcionariado no solo atentan contra la moral y contra el principio de igualdad, sino que también constituyen una pesada carga para el erario. ¿Por qué los funcionarios de la ANDE deben pagar menos que los usuarios en general o por qué los de Petropar deben recibir gratis combustible y gas doméstico por los que los demás deben pagar? Los paraguayos no son iguales ante esas empresas estatales, con el agravante de que los desfavorecidos, como si fueran esclavos, son los que pagan los absurdos privilegios de esos ávidos funcionarios. Los toman por idiotas porque los saben inermes, debido a la complicidad de quienes deberían precautelar sus intereses, empezando por los legisladores.
La ciudadanía no puede seguir atada a unas prácticas aberrantes de las que en las últimas décadas se ha venido haciendo gala en la administración pública y que han sido reconocidas por el propio Poder Ejecutivo. El presidente Horacio Cartes afirmó que no autorizará el reajuste tarifario solicitado por la ANDE y la Essap antes de que esas empresas eliminen los beneficios discriminatorios incluidos en sus contratos colectivos de trabajo. Es de esperar que se mantenga en esa atinada posición y que la medida se extienda a todo el sector público, incluyendo en la exigencia a las indignantes gratificaciones. Es hora de poner fin al repugnante desvío del dinero de todos a las faltriqueras de los supuestos servidores públicos. Quienes les pagan sus sueldos –los habitantes del país– rechazan continuar tolerando ser esquilmados aviesamente, bajo el pretexto de las remuneraciones “adicionales” o de los contratos colectivos de trabajo leoninos. No hay ni puede haber “derechos adquiridos” en contra de la ley.
Se debe poner fin al carnaval de derroche del dinero del pueblo que realizan los sindicatos con las instituciones del Estado paraguayo.
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Casi nada… pero mucho
Por Yan Speranza
En los últimos días, el Gobierno nacional ha tomado una posición muy interesante al exigir a la ANDE y Essap que primeramente saneen sus instituciones y eliminen ciertos privilegios especiales a sus funcionarios, antes de autorizar el aumento de las tarifas de los servicios públicos de la luz y el agua.
Por ejemplo, uno de los privilegios más comentados, se refiere a que los funcionarios de la ANDE, solo deben pagar el 50% de la tarifa de la energía eléctrica que consumen en sus hogares.
Como se trata de beneficios que están plasmados en sendos contratos colectivos de trabajo, no es tan sencillo deshacerse de los mismos y por supuesto, los beneficiados actuales han reaccionado con fuerza ante esta postura expresada oficialmente desde el Ejecutivo.
Uno de los argumentos esgrimidos en defensa de este privilegio especial al que hacía referencia, menciona que en definitiva el mismo representa menos del 0,1% del presupuesto anual de la institución.
Es decir, sería un ahorro irrelevante si lo que se pretende es racionalizar los gastos y mejorar sustantivamente las finanzas de la institución.
Las matemáticas no mienten y es verdad que este número es tan ínfimo que no cambia casi en nada la situación. Pero no se trata solo de matemáticas y si hablamos de elementos simbólicos que transmiten un mensaje potente a la ciudadanía, puede significar realmente mucho.
La mayor transparencia de la que estamos disfrutando actualmente, nos ha permitido ver con mucha claridad el nivel de deterioro al que ha llegado el manejo de la cosa pública en el Paraguay.
Se trata de un sistema perverso que se fue consolidando desde hace décadas desde el propio Estado y si bien sabíamos que esto existía, no deja de sorprendernos e irritarnos profundamente las tantas y diferentes formas de aprovecharse indebidamente de los bienes públicos.
De vuelta, se podrán calcular de alguna forma los costos directos que implican por ejemplo la presencia de planilleros en tantas instituciones o los variados tipos de privilegios especiales que han conseguido.
Pero eso es casi nada en comparación con el profundo daño que el prebendarismo y el clientelismo le han causado al servicio público en el Paraguay.
En los tiempos en que vivimos, la calidad de nuestra democracia ya no se mide solo por tener elecciones transparentes con resultados indudables o una libertad total de expresión –cuestiones importantes que ya hemos ganado como sociedad–, sino con los resultados concretos que la ciudadanía obtiene en términos de mejor calidad de vida.
Y lo anterior está muy estrechamente vinculado al funcionamiento eficaz y eficiente del sector público en un mundo moderno que exige un funcionariado preparado y con capacidades suficientes para enfrentar la dinámica compleja de nuestras sociedades.
Es precisamente esta ausencia de capacidades la consecuencia natural de un sistema tan prostituido por la influencia directa de la mala política y tal vez lo peor, fue configurando casi una suerte de cultura de la indolencia, el derroche y la mediocridad en el sector.
En la década pasada, la coyuntura internacional positiva nos permitió crecer de manera acelerada, aún con estas deficiencias bien marcadas. Esto ha cambiado radicalmente y hoy la política pública de calidad y su buena implementación es absolutamente esencial para continuar en la senda del desarrollo que todos anhelamos.
El proceso de transparencia es muy positivo y el gran malestar ciudadano con todo lo que nos vamos enterando, debe forzar cambios reales y profundos en la administración pública.
La presión ciudadana sobre las cosas mal hechas –no importa de qué sector provengan– irá aumentando cada vez más. Esto es algo que los verdaderos líderes políticos –particularmente la nueva generación– deben saber leer con atención y actuar en consecuencia.
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