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Morosos del Fonacide merecen altas sanciones por irresponsables

Aun cuando las municipalidades conocen perfectamente que deben rendir cuentas a la Contraloría General por el destino que le dieron al dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), 104 de ellas siguen sin cumplir con esa exigencia legal. Esa omisión injustificable hace sospechar que no pueden redactar su informe porque han dado otro destino a los 17 millones de dólares que recibieron en su conjunto esos municipios morosos. Mientras no haya sanciones fuertes para los intendentes irresponsables y posiblemente corruptos por faltar a la norma de trasparentar el uso de los fondos, esta situación va a seguir quién sabe hasta cuándo. Es hora de ponerles freno de una buena vez.

En los papeles, parece sencillo lo que se les pide: Hacienda les transfiere a los 249 municipios y a las 17 gobernaciones lo que les corresponde a cada uno en virtud de lo que establece la Ley 4758, que crea y organiza el manejo de los recursos destinados a infraestructura escolar.

Siguiendo el proceso, las municipalidades, de acuerdo a la Ley de Contrataciones Públicas, escogen a las empresas que realizan los trabajos que se les encarga. Y cada cuatro meses rinde cuentas acabadas a la Contraloría de la forma en que emplearon los recursos que les fueron asignados. Una vez que lo hacen y se aprueban sus informes, quedan habilitadas a recibir nuevas partidas presupuestarias para obras en instituciones de enseñanza públicas. Antes, no.

Como la ley está vigente desde agosto del 2012, se supone que tres años y medio hubieran sido suficientes para adecuarse a las exigencias del Fonacide.

Las evidencias, sin embargo, son lo suficientemente alarmantes, ya que hasta ahora el 40 por ciento de las municipalidades de los 17 departamentos todavía no cumplieron con su responsabilidad de presentar a la Contraloría su informe para conocer de qué modo usaron el dinero hasta octubre del año pasado.

Podrían alegar los atrasados que con el cambio de intendentes y el proselitismo preelectoral hubo una demora en la preparación de los documentos requeridos. De que esa excusa se desmorona por inconsistente lo prueba el 60 por ciento de los municipios que sí pudieron hacerlo habiendo estado en las mismas condiciones.

Con el nefasto comportamiento de algunos municipios se pone en entredicho la eficacia de la descentralización administrativa puesta en marcha en la era democrática. El argumento era que los gobiernos locales conocen mejor que el Gobierno central las necesidades de cada distrito y departamento. Por lo tanto, debían estar en sus manos los fondos públicos para sus comunidades.

La experiencia, hasta ahora, no ha sido feliz. Lo único que desnudó esa forma operativa es, en muchos casos, incapacidad, falta de trasparencia y corrupción. Evidencia de ello es que ni siquiera pueden presentar en tiempo y forma sus informes sobre uso de los recursos del Fonacide.

Es posible que varios municipios no hayan presentado aún sus informes porque no pueden justificar sus gastos y no están encontrando los corruptos que les proporcionen comprobantes falsos. Esto agrava más aún la falta de rendición de cuentas.

La conclusión es que el actual estado de cosas no puede seguir. El Fonacide era una oportunidad para ir paliando paulatinamente las grandes carencias de infraestructura de la educación pública. Tal como se lo administra, el país está perdiendo en vez de ganar terreno.

Además de revisar los sistemas de control establecidos, es necesario que el Parlamento sancione una ley que disponga penalizaciones más fuertes para los que no cumplen su obligación de contar en qué emplearon el dinero que se les entregó. Solo así pueden aprender a ser responsables.

http://www.ultimahora.com/morosos-del-fonacide-merecen-altas-sanciones-irresponsables-n962925.html

 

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

15 comentarios en “Morosos del Fonacide merecen altas sanciones por irresponsables

  1. Roban el futuro
    7 enero, 2017

    Cualquier persona que tuviera un mínimo de conciencia debería saber que en un país en donde la educación ha sido tan postergada durante décadas, cualquier recurso que pudiera ser destinado a mejorar aunque sea de manera paliativa la infraestructura de escuelas y colegios, es sagrado.

    No es extraño que los paraguayos tengamos la desgracia de que los que lleguen al poder sean, casi siempre, personas sin escrúpulos y con serios problemas de honorabilidad. Así que el simple hecho de que la mayoría de gobernadores e intendentes haya utilizado la plata de Fonacide en hacerse más rica, no es de extrañar. Quizás ni siquiera hacerse más rica, pero sí aumentar la clientela de empleados públicos, entre ella amantes, punteros, recomendados diversos, etc. Cosas de la política criolla que definitivamente van a tardar en desaparecer. Pero cuando pensamos que esa plata era para el sector educativo de cada región del país, la indignación y la impotencia se vuelven mucho más profundas.

    En Paraguay, no solamente la calidad educativa es deficiente y hace que nuestros jóvenes estén muy por detrás de los de la región, con pocas condiciones de competir con solvencia en un mundo globalizado que exige capacitación y eficiencia. Lo más grave es la situación de la infraestructura edilicia de escuelas y colegios, que, literalmente, se cae a pedazos en un porcentaje aplastante.

    No se puede “tirar vito” el dinero que debía ser destinado al mejoramiento edilicio del sector educativo en un país en el que los techos y paredes de escuelas y colegios a los que asiste el sector más carenciado de la población, se derrumban sobre las cabezas de los alumnos! Si hasta ahora no hubo ninguna muerte que lamentar es un verdadero milagro, pero los milagros no son eternos.

    Se “esfumó” la plata del Fonacide, la plata que debía mejorar el lugar donde estudian miles de niños y jóvenes a los que ellos prometieron servir y sus necesidades cuidar. La mayoría de los gobernadores e intendentes, sin distinción de color, manejaron muy mal estos recursos y lo siguen haciendo. En este mismo momento la Fiscalía sumó una serie de denuncias de irregularidades que se deben adosar a otras que se produjeron anteriormente sin solución de continuidad. Y pensar que estos señores, en virtud de un ok parlamentario, seguirán ocupándose de “invertir” ese dinero. Terrible.

    Lo trágico además es que todo el proceso está contaminado. Si por ahí a alguno se le ocurrió realizar alguna mejoría, fue más que nada para disimular tanto desmadre, lo hizo de cualquier manera, con malos materiales y con la obra sobrefacturada.

    Es inadmisible que uno robe al que tiene menos. Sin justificar el robo de ninguna clase, hay grados y grados. Robar al pobre debería merecer que al ladrón se le corte una mano, por lo menos, como hacen en algunos países islámicos.

    Para colmo, ninguno de estos ladrones está en la cárcel. Cada vez que algún fiscal imputa a uno de ellos, se expone a que los partidos políticos lo denuncien ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, porque esta rosca está integrada por todos, si no son autores directos del robo, son cómplices y encubridores.

    Sin duda, esta es una materia pendiente. Estos señores deberían aprender la lección. Se los va a controlar y se los va a denunciar. Falta solamente que lleguen al Gólgota: Se los va a procesar, a condenar y tendrán que pagar sus culpas en la cárcel. Es lo que falta. Nada más.

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    Publicado por jotaefeb | 8 enero, 2017, 8:58 pm
  2. Irresponsabilidad de municipios impide mejorar la educación

    De un total de 250 municipios del país, hay 79 en observación por no rendir cuentas sobre el dinero que se les entregó del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Aunque la cantidad es menor que en años anteriores, en que el número de infractores llegó a más de 150, es llamativa la falta de responsabilidad de muchas autoridades municipales que, al no cumplir con los requisitos exigidos, desaprovechan la oportunidad de mejorar la infraestructura en educación y desarrollo en sus comunidades. La propia ciudadanía debe involucrarse más activamente en exigir a sus autoridades que utilicen adecuadamente dichos fondos y que rindan cuenta a tiempo, para poder seguir disponiendo de los mismos y realizar más obras.

    Un informe de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, presentado el pasado 19 de setiembre, revela que 79 municipios del país se encuentran bajo observación por no haber presentado adecuadamente durante el primer, segundo y tercer cuatrimestre del 2015 la rendición del dinero que recibieron, proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), para invertir en proyectos de infraestructura en educación (50%), almuerzo escolar (30%) y el remanente en proyectos de inversión pública y desarrollo.

    En el Departamento Central, más de la mitad de los municipios están en rojo, en lo que respecta a sus rendiciones del 2015, según el informe, incluyendo a destacadas comunas como las de Ñemby, Capiatá, Fernando de la Mora, Itá, Itauguá, J. Augusto Saldívar, Lambaré, Mariano Roque Alonso y Limpio. Además de municipios de importantes departamentos como Alto Paraná, donde 13 de 22 municipios están en falta, o Itapúa, donde hay 14 municipios bajo observación por no rendir cuentas adecuadamente.

    Fonacide es un fondo de desarrollo creado por la Ley N° 4758, en el año 2012, en busca de asignar en forma racional y eficiente los ingresos que el país recibe en concepto de compensación por la cesión de la energía de la Itaipú Binacional al Brasil, principalmente tendiente a mejorar la educación, involucrando en la administración y ejecución del 25% de estos recursos a los municipios (que reciben el 80%) y a las gobernaciones (que reciben el 20%).

    Sin embargo, desde que se inició su implementación, han sido numerosas las denuncias con respecto a intendentes y gobernadores que han incurrido en hechos de corrupción, que han desviado estos fondos, o que los han utilizado inadecuadamente, o que han incurrido en financiar construcciones de infraestructuras de mala calidad, con paredes o techos de colegios que acabaron derrumbados sobre las cabezas de los estudiantes.

    Esta crítica situación obligó a modificar la Ley del Fonacide este año, introduciendo dos artículos, en donde se agregaron mayores exigencias a los municipios y gobernaciones para recibir nuevos desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda, lo cual ayudó a reducir significativamente el número de municipios y gobernaciones en falta a la hora de rendir cuentas.

    Aún así, la cantidad de los infractores es alta. La irresponsabilidad de estas autoridades municipales, al no cumplir con los requisitos exigidos, hace que se desaproveche la oportunidad de mejorar la infraestructura en educación y desarrollo en sus comunidades.

    Ante esta situación, la propia ciudadanía debe involucrarse más activamente en exigir a sus autoridades locales que utilicen adecuadamente dichos fondos y que rindan cuenta a tiempo, para poder seguir disponiendo de los mismos y realizar más obras que ayuden a mejorar la educación.

    http://www.ultimahora.com/irresponsabilidad-municipios-impide-mejorar-la-educacion-n1027816.html

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    Publicado por Anónimo | 1 octubre, 2016, 10:22 am
  3. Castigo a los que se roban la educación

    Dos alumnos sufrieron lesiones al derrumbarse la pared de un baño en la escuela San Antonio de Padua de Hernandarias, el viernes pasado. Además, en esta escuela fueron clausuradas varias salas ante el peligro de derrumbe. Igualmente esta semana se denunció que varias casas de estudios de Ciudad del Este tienen deficiencias en el estado estructural de las aulas, como el caso de la escuela República Oriental del Uruguay donde clausuraron un pabellón por las condiciones inseguras. También en la escuela Villarrica del Espíritu Santo del Km 7 barrio Ciudad Nueva de la capital departamental no se usan aulas por peligro de derrumbe.

    Es criminal que las instituciones encargadas de la ejecución de construcción de salas no exijan a las empresas adjudicadas que las obras sean de buena calidad. Con salones en este estado, miles de niños y docentes peligran sus vidas al asistir a escuelas con riesgos de derrumbe.
    Con la declaración de emergencia educacional, en mayo pasado, el ministro Enrique Riera había anunciado la reparación de 1.000 instituciones educativas en diez meses con una inversión de US$ 70 millones.
    Lo primero que se necesita es una radiografía completa, por municipio de las escuelas que requieren refacción inmediata. Las autoridades locales, centro de estudiantes, comunidad educativa y padres de familia deben tener a mano cuáles son las escuelas que requieren atención de forma urgente.
    Sin embargo, no solo debe quedar en las reparaciones de emergencias, sino que se debe identificar a los responsables de las obras mal hechas y deben responder por ellas. Pues, constituyen pruebas de la más absoluta inconsciencia e irresponsabilidad, cuando no corrupción de quienes tuvieron a su cargo llevar adelante las obras.
    Están identificados, la comunidad sabe quiénes son. Se presentan como empresarios, pero son delincuentes que se roban el futuro y los sueños de nuestros niños. Pero los principales responsables son los políticos, también delincuentes, que aprovechan su cargo para enriquecerse, robarse las meriendas de los niños y después ostentar groseramente ante la sociedad el dinero sucio que amasaron gracias a la corrupción y la impunidad.

    http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/45581-castigo-a-los-que-se-roban-la-educacion

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    Publicado por Anónimo | 22 junio, 2016, 9:47 am
  4. Controlar a las autoridades locales

    El nuevo ministro de Educación y Cultura, Enrique Riera, desea que los recursos del Fonacide que deben destinarse a obras de infraestructura educativa sean temporalmente centralizados por razones de emergencia, es decir, que sean gestionados por el organismo que él encabeza y no por los gobiernos departamentales y municipales, tal como lo dispone el art. 4° de la Ley N° 4758/12. La centralización pretendida implicará volver a un viejo modelo de gestión que no sirvió para que los centros educativos estén bien construidos y equipados, sino para que los burócratas capitalinos, tan ineptos como corruptos, manejen deficientemente el dinero público.

    Lo que nunca funcionó bien durante décadas no funcionará mejor ni siquiera para paliar una situación de emergencia que, por cierto, ya existía antes de la promulgación de la citada ley. Sencillamente, el Ministerio es incapaz de atender a los 4.800 colegios y escuelas distribuidos en 250 municipios, como lo demuestra el hecho de que, según el Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas (Sinadi), hasta el año pasado había realizado la inspección técnica de solo el 1,4% de ellos. Si no puede cumplir a cabalidad con ese deber, sería necio agregarle el de realizar los procedimientos de contratación de obras públicas.

    Como tampoco la gestión de los gobernadores y de los intendentes ha sido eficiente y honesta, se entiende que se pretenda restarles esa competencia legal. Pero la solución propuesta, sin embargo, no es la más conveniente, ya que de lo que se trata es de controlar mucho mejor el empleo de los fondos. Los resultados logrados hasta ahora por la administración descentralizada fueron deplorables no solo porque el Ministerio no controló la realización de los trabajos como debía, sino también –y sobre todo– porque a los docentes, a los padres de los alumnos y a estos mismos les importó un bledo que los gobernadores y los intendentes manejaran los recursos a su antojo, con la complicidad de los concejales departamentales y municipales. ¿Ignoraban que las autoridades locales habían recibido dinero público para que la enseñanza se impartiera en instalaciones apropiadas? No es creíble, pero a estas alturas es de suponer que ya están mejor informados y que, en consecuencia, podrán controlar a quienes desvían recursos en perjuicio de la educación pública.

    Sin duda alguna, la ciudadanía local es la que mejor puede supervisar el desempeño de los gobernadores y de los intendentes que el lejano Ministerio. Lo que hace falta, nomás, es que los pobladores de cada municipio y de cada departamento vigilen de cerca el empleo del dinero público, considerando que está en juego nada menos que la educación de sus hijos. Es de absoluta necesidad que sean conscientes de la importancia de que el dinero de todos no sea despilfarrado y de que denuncien públicamente a los corruptos o incapaces.

    Nuestro diario ha venido sosteniendo que los problemas locales pueden ser mucho mejor solucionados sobre el terreno, mediante la participación de vecinos atentos a la gestión de las autoridades. No hay que esperar que todo se resuelva en Asunción. Por de pronto, es alentador que, en el acuerdo homologado hace unos días por el Poder Ejecutivo, los estudiantes se hayan comprometido a participar activamente en el control de los recursos del Fonacide. Es de esperar que, junto con los respectivos pobladores, sepan cumplir con ese importante compromiso.

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    Publicado por jotaefeb | 20 mayo, 2016, 7:27 am
  5. El destino de los royalties

    Gran parte del desencanto ciudadano con sus autoridades, aquellos que están obligados por el mandato popular de administrar adecuadamente la cosa pública, se debe en buena medida a la mala utilización de los recursos que proporciona el Estado para cumplir sus fines.

    Así como lo señaló a La Nación Roberto Izurieta, experto en asuntos internacionales, cuando la gente pasa por “situaciones económicas muy duras, su nivel de atención a los procesos políticos y de tolerancia respecto a las fallas del sistema político y los errores de sus líderes es muy limitado”.

    Este límite es el que los mandatarios, tanto intendentes como gobernadores, no deben olvidar. Ocurrió en la Argentina en el 2001. Ocurrió en Brasil en el 2016. Cuando los administradores públicos distraen dinero que debe ser destinado a obras públicas o a educación se transita por el peligroso sendero que lleva al latrocinio.

    Y pese a los elocuentes ejemplos de la región, los administradores de la cosa pública parecen no comprender la urgencia del caso. Y como muestra basta el último informe de la Contraloría General de la República sobre la rendición de cuentas de fondos de royalties destinados a municipios y gobernaciones del país.

    Un informe divulgado ayer por el órgano contralor revela que solo 84 municipios habían presentado su rendición de cuentas, 14 fueron rechazadas y un total de 152 municipios ni siquiera se ocuparon en presentar algún documento.

    De un total de 250 municipios que posee la República, más del 60% de las comunas no presentaron rendición. O lo que vale decir, seis de cada diez municipios simplemente ignoraron lo que dispone la ley. La situación entre las gobernaciones, donde la cantidad de administraciones es notoriamente inferior a la de las municipalidades, hubo una leve mejoría, aunque tres de los 17 departamentos no hicieron los deberes.

    Este estado debe llevar a las autoridades regionales a tomar conciencia sobre la importancia de su rol y de los recursos financieros que gestionan. Según el presupuesto estimado para este año 2016, municipios y gobernaciones deberían recibir unos 584 mil millones de guaraníes (más de 104 millones de dólares al cambio actual) en concepto de royalties de parte de las binacionales.

    Las transferencias de dinero en concepto de royalties tienen por objeto esencial el desarrollo de la producción local y regional, además de mejorar la infraestructura de las localidades, como, por ejemplo, en la transformación de vías de comunicación así como para la construcción y equipamiento de hospitales y, en general, para impulsar el bienestar de los paraguayos.

    Aunque también se presentan problemas en cuanto a los plazos de las transferencias de los recursos de royalties, que provoca un desfase en lo que una comuna ha planificado y lo que no, y que pone en serios aprietos a los gestores de estos fondos, no debiera interponerse en el genuino anhelo que tiene la ciudadanía de un país más previsible, más digno; donde los hospitales tengan insumos, que haya carreteras de todo tiempo así también incentivos para la producción.

    Sin dudas que estos fondos que otorgan las binacionales en compensación financiera por la utilización del potencial hidráulico del río Paraná por su utilización en la generación hidroeléctrica son muy importantes para los gobiernos locales y regionales porque oxigenan su alicaído erario. Pero estos recursos deben ser destinados a los ámbitos que la ley determinó; no puede tolerarse que los mismos sean desviados a otras áreas como gastos corrientes o solarios y no para las que fueron concebidas.

    No se sabe con certeza si estos 152 municipios hayan malversado fondos, pero es un hecho, por lo menos, llamativo que las documentaciones no hayan llegado a tiempo.

    Por ello, aquí es clave una activa participación ciudadana para erigirse como contralor así como también en activo componente en estas decisiones, lo que debería ser una prioridad en cada rincón del país.

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    Publicado por jotaefeb | 20 mayo, 2016, 7:27 am
  6. El Ministro Enrique Riera deslizó la posibilidad que los fondos del FONACIDE, sean administrados finalmente por el Ministerio de Educación y Cultura, y no por los municipios y gobernaciones como hasta la fecha, para lo cual se debe modificar la ley que rige actualmente y que deriva esos recursos a estas instituciones, con un criterio que son los municipios y las gobernaciones los entes que se encuentran más cerca de la gente en las comunidades y son los que saben sus necesidades y prioridades, también como una forma de dar autonomía y hacer respetar la independencia de estas instituciones que aunque el Paraguay sea un país unitario se fomenta la descentralización buscando llevar mayor eficiencia a las comunidades terminando con la macrocefalia tan común en el país.

    La verdad que cuando se puso en vigencia la ley de los fondos del FONACIDE, que se formó con el aporte de excedentes de la usina de Itaipú, se hablaba de fondos complementarios no de los únicos recursos destinados para la construcción de obras en las instituciones de enseñanzas, sin embargo en la actualidad y practicamente desde que se implementó paso a ser el único recurso destinado a la construcción, borrándose inclusive este rubro del presupuesto general de gasto en el área del ministerio del ramo, lo que contradice grandemente el objetivo inicial, ya que queriéndose y reclamándose mas recursos económicos, terminó siendo menor los fondos destinados para educación.

    Al final todo el fardo fue tirado sobre Intendentes y Gobernadores que con tan poco se espera que hagan mucho, damos el caso de varias escuelas que en reiteradas ocasiones fueron denunciadas como ruinosas pero al no figurar en la lista del Ministerio de Educación no se puede tocar. Esto la gente no sabe y protesta, creyendo que es la Municipalidad la que no ejecuta por desidia o lo que fuera, sin embargo son causas que impiden ejecutar el proyecto. Existen casos donde los municipios son responsables del mal uso de los recursos existen documentos en la contraloría de la republica con montones de anomalías que deben ser corregidas en el menor tiempo posible evidencias de corrupción de municipios que deben ser investigadas y castigadas con todo el peso de la ley como las de Lambaré.

    Por eso creemos correcto que sea otra vez el Ministerio de Educación el que impulse los proyectos de construcción de aulas y otras obras adicionales en los colegios y escuelas del país y que los recursos del FONACIDE, sigan formando parte de un complemento y no el único recurso destinado a la construcción edilicia de las instituciones de enseñanza, es la mejor forma de cumplir con todos los compromisos contraídos por el gobierno nacional ante el estudiantado secundario que demostró estar firmes y vigilante en su pretensión de una mejor calidad educativa en el país.

    Andrés Granje

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    Publicado por jotaefeb | 17 mayo, 2016, 5:34 am
  7. Ladrones tras nuevo botín

    País pintoresco éste. De caraduras en realidad. Resulta que los intendentes y gobernadores que hicieron un desastre con el dinero del FONACIDE,comprobado y ventilado en todos los ámbitos, por la Contraloría, la Fiscalía y cuanto ente de control haya, están operando fuertemente para que no se modifique la ley, y sea el MEC el que administre directamente esos fondos.

    Están presionando en todos los niveles y posiblemente contarán con la complicidad de sus correlíes los nunca bien ponderados parlamentarios, por lo que podrían salirse con la suya.

    De modo que el país, su educación, un punto clave en la formación de la juventud, la ciudadanía que tendrá que administrar el país mañana, será escamoteada nuevamente y se perderán en sumideros de corrupción, los sumamente vitales aportes previstos en la mencionada ley, para que despegue ese costado tan sensible y postergado del país.

    Los ladrones, los que creyeron sencillamente que ese dinero era una vulgar repartija de plata, para sus ávidos bolsillos y los de sus amigotes,quieren volver a hacerse con el botín.

    Botín habría que darles, pero en el sentido de calzado, en las sentaderas para que vuelen como dice el pueblo, se apartendel asunto y no vuelvan nunca más.

    Tuvieron su oportunidad estos sinvergüenzas que no ven el aggiornamiento del país, en todo sentido, que está logrando- hay que decirlo con todas las letras- el gobierno del presidente Cartes, quien personalmente no tolera ningún tipo de latrocinio, en el nuevo rumbo que efectivamente está imprimiendo al Paraguay.

    No tienen que volver a administrar ese dinero. Los parlamentarios por más corruptos y prebendarios que sean, no pueden jugar así con una causa nacional como es la mejora de los niveles de educación. Tienen que recapacitar. Los resultados de los intendentes y gobernadores, salvo poquísima excepciones, son vergonzosos. Si no los apartan del queso como exige la gente, estos ratones serán corresponsables de los nuevos chanchullos que seguramente van a perpetrar estos caraduras sin remedio.

    En realidad lo que habría que hacer es impulsar la reforma de la Constitución para suprimir las Gobernaciones que han resultado cuevas de bandidos, fuente de empleo sin funciones, para planilleros, amantes y operadores, y para nada más. Lastres de la administración pública.

    ¡No más botín para estos ladrones! Así de sencillo.

    http://www.adndigital.com.py/index.php/impreso/editorial-impreso/16084-ladrones-tras-nuevo-botin

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    Publicado por Anónimo | 13 marzo, 2016, 7:29 am
  8. Es dinero público

    Por Rafael Montiel

    El reclamo de intendentes y gobernadores de seguir administrando dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública para el Desarrollo (Fonacide) tiene su talón de Aquiles.

    La falta de rendición de cuentas de la mayoría por los jefes comunales y la calidad de las obras en las escuelas y colegios, cuyas paredes y techo, si no caen a pedazos, se deterioran a pocos meses de ser inauguradas.

    Las autoridades municipales de Misiones, encabezadas por el presidente de la Asociación de Intendentes Municipales, Michel Flores (ANR), reiteró ante el presidente del Congreso Nacional, Mario Abdo Benítez (ANR), la necesidad de que los municipios sean los administradores del Fonacide que deben ser destinados a mejorar la educación.

    Se ajusta a derecho el pedido de descentralización y de administrar recursos del Fonacide y de royalties. Pero, hay que rendir cuentas y otras exigencias de la ley del Fonacide.

    La otra falencia a simple vista y más lamentable aun es la calidad de las obras en locales escolares. Si no es el techo que se desploma, son las maderas que se rompen, son las paredes y el piso que se deterioran.

    Nadie está en contra de la descentralización. El problema está en el manejo politiquero y criollo de los fondos destinados a mejorar la infraestructura de instituciones educativas, así como de la merienda y almuerzo escolar.

    El Fonacide tiene nobles objetivos que quedaron en el plano de las ideas. El manejo desprolijo y la mala utilización ocasionaron los cuestionamientos. Algunas autoridades culpan a la prensa, “porque las autoridades fueron duramente atacados por los medios y fueron tapa de diarios”.

    Esto evidencia que la clase política y algunas autoridades no tienen la suficiente madurez para tomar conciencia de sus actos y de la responsabilidad que tienen de manejar con honestidad el dinero público. Fonacide es dinero público y se tiene que utilizar como manda la ley y rendir cuentas.

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    Publicado por Anónimo | 13 marzo, 2016, 7:01 am
  9. Gobernadores e intendentes deben administrar los recursos del Fonacide

    La Cámara de Diputados trata hoy un proyecto de ley, que ya cuenta con la media sanción del Senado, en virtud del cual el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) pasará a administrar los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) que los gobiernos departamentales y municipales deben destinar al almuerzo escolar y a proyectos de infraestructura educativa. Los diputados harán bien en ratificarse en su postura inicial, contraria a la centralización pretendida, que implica volver a un viejo modelo manejado desde escritorios burocráticos ubicados en Asunción, y que no sirve para atender las necesidades de la gente a beneficiar sino más bien para satisfacer la sed de poder –y de llenarse los bolsillos– de burócratas capitalinos.

    La iniciativa de los senadores obedece a la indignación que causa en la ciudadanía el manejo escandaloso que muchos gobernadores e intendentes hicieron de los mencionados recursos en los últimos años.

    La reacción es comprensible, pero la solución pretendida NO es conveniente. Resulta ingenuo confiar en que el MEC gestionará con eficiencia el dinero público a ser invertido en los 250 municipios del país, distribuidos en diecisiete departamentos, salvo Asunción. Dejando de lado el hecho de que tampoco ese ministerio escapa a la corrupción generalizada, de ninguna manera está en condiciones de atender las necesidades de los 4.800 colegios y escuelas a los que debe llegar el dinero del Fonacide. Basta señalar que, según el Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas (Sinadi), hasta el año pasado había hecho la verificación técnica de apenas el 1,4% de los centros educativos.

    Por lo tanto, no hay motivos para suponer que el MEC podría realizar las contrataciones y controlar la ejecución de las obras en cada uno de los locales que necesitan mejorar su infraestructura y equipamiento, es decir, en la enorme mayoría de ellos. Y conste que, según el modelo actual, el MEC debe aprobar los proyectos y examinar su ejecución. Mucho menos cabe esperar, entonces, que administre con solvencia el almuerzo escolar, de tal modo que los niños consuman alimentos variados, nutritivos y suficientes durante todos los días de clase.

    Hoy mismo las capacidades del MEC –acaba de descubrir que tiene centenares de planilleros– ya están desbordadas por el manejo de los famosos “rubros” y por la distribución del “kit” escolar. Sería demasiado pedirle que también se ocupe todo el año de hacer lo que en cada uno de los municipios y departamentos podrían hacer mucho mejor los padres, las madres y las organizaciones cívicas, quienes pueden vigilar de cerca el desempeño de gobernadores, intendentes y concejales. Son los pobladores mismos quienes mejor pueden saber, sobre el terreno, a la vuelta de su casa, si alguna obra fue bien construida en tiempo oportuno o si se distribuyó un almuerzo escolar de buena calidad. Ellos están ahí, y lo que se hace o no se hace está a su vista. ¿Creen los senadores, por ventura, que el Ministerio podría enviar regularmente inspectores para controlar las obras o la comida de los alumnos de las 4.800 escuelas y colegios del país? ¿Esperan, tal vez, que los docentes y directores de escuelas y colegios hallen en Asunción un interlocutor más o menos influyente que pueda impulsar con prontitud medidas necesarias para corregir los errores o forzar la realización en forma de las tareas de la cocina?

    No cabe duda de que los padres y las madres están mucho más interesados que los distantes funcionarios de Asunción en que sus hijos reciban la educación que se merecen gracias al adecuado empleo del dinero público. Si hubo tanta corrupción en su manejo fue, sobre todo, porque ellos ignoraban que las autoridades locales se habían cuidado muy bien de informarles sobre las transferencias de los recursos del Fonacide que recibieron. Hoy ya están enterados de ese financiamiento y, en consecuencia, podrán recurrir a los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Ley Orgánica Municipal para poner la administración de los recursos bajo la lupa. Incluso, de acuerdo a la experiencia, tampoco deben confiar tanto en que las Juntas Municipales y Departamentales ejerzan su función de control, pues algunos de sus miembros podrían ser negligentes o, por qué no, hasta cómplices en las malversaciones. Estando en juego nada menos que el futuro de sus hijos, es conveniente y necesario que los padres y las madres asuman un rol protagónico en la comprobación del funcionamiento del programa de almuerzo escolar y de los proyectos de infraestructura.

    Por consiguiente, este año y los siguientes precisan informarse primero del dinero público recibido y de su destino previsto, para luego verificar sobre el terreno cómo fue invertido.

    La perjudicial centralización que ha venido imperando a lo largo de nuestra historia es la que ha generado una mentalidad dependiente: se espera que todo se resuelva en Asunción. El proyecto de ley en estudio significa un grave retroceso y supone una desconfianza respecto a la madurez de los ciudadanos, que por lo visto –según los senadores– no serían capaces de tomar en sus manos la gestión de un asunto tan importante como la educación y la alimentación de sus hijos.

    Los paraguayos tenemos que aprender a solucionar los problemas locales en cada uno de los departamentos y municipios, tal como pretende el art. 1° de la Constitución, cuando habla de un Estado social de Derecho unitario, indivisible y descentralizado. Los habitantes deben sacudirse de su letargo y asumir el rol que les corresponde para manejar su propio destino. En ese sentido, la Cámara Baja debe darles una importante herramienta para el efecto, rechazando la insensata pretensión del Senado de que sigan siendo manejados por control remoto desde Asunción.

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    Publicado por Anónimo | 3 marzo, 2016, 8:17 am
  10. Capacitados para la corrupción

    Dos jornadas de capacitación sobre: “Uso de royalties y Fonacide” y de “Fortalecimiento del sistema democrático”, realizado entre el viernes y el sábado en Ciudad del Este, brindó la muestra cabal de la causa del atraso del Alto Paraná. La primera jornada fue convocada por el Ministerio de Hacienda y la segunda organizada por el Tribunal de Justicia Electoral, dirigidas a autoridades regionales, concejales, intendentes y dirigentes de comisiones vecinales. De los 22 distritos que tiene el Alto Paraná, el viernes asistieron 16, pero el sábado sólo cinco intendentes estuvieron en las jornadas de capacitación.

    “No sólo por la honestidad y la claridad en la gestión podrá juzgarse de positiva una administración municipal, sino también por la idoneidad en el cumplimiento del servicio. Por ello, la Justicia Electoral viene comprometida con este plan formador ya desde la fase pre-eleccionaria, con la capacitación brindada a quienes por entonces se postulaban como candidatos a los cargos municipales”, dijo María Elena Wapenka, ministra del TSJE, al hablar sobre la jornada.

    De los 22 distritos, ocho no presentaron su rendición de cuentas sobre el uso de los royalties y uno fue rechazado. Casi la misma situación se da con los recursos provenientes del Fonacide. Estos dos rubros significan extraordinarios ingresos a las municipalidades, provenientes de las compensaciones y regalías de las hidroeléctricas. Ambos rubros fueron destinados a los municipios con la intención de fortalecer los gobiernos regionales, potenciar las descentralización y dinamizar la economía mediante la inyección de fondos para obras públicas.

    Son escasos los municipios que utilizaron correctamente estos recursos. A diario llueven las denuncias de corrupción, malos manejos y obras precarias ejecutadas con los recursos entregados a los intendentes.

    No hace mucho uno de los intendentes argumentaba que su informe fue rechazado porque desconocía la forma en que tenía que presentar. Nuestras autoridades, lamentablemente, fruto de nuestro pésimo sistema educativo, no se destacan por su brillante preparación académica. Este tipo de cursos y jornadas de capacitación constituyen una excelente oportunidad para superar la ignorancia. Esa ignorancia que demuestran a la hora de hacer bien las tareas, pero que es prodigiosa para la corruptela y las avivadas, cuando se trata de enriquecerse a costa del erario.

    A nuestras autoridades no les interesa el fortalecimiento del sistema democrático, porque en ese escenario perderían los privilegios que ahora tienen sin mucho esfuerzo. El resultado de este desinterés por la capacitación ya lo conocemos todos: comunidades sumidas en el atraso y el subdesarrollo.

    http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/41693-capacitados-para-la-corrupci%C3%B3n

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    Publicado por Anónimo | 25 febrero, 2016, 4:52 am
  11. Consecuencias nefastas

    Claramente las medidas o acciones tendientes al mejoramiento administrativo del Estado, que se consideran recetas positivas por lo general, dependen finalmente del contexto y del desarrollo de los distintos estamentos de la sociedad.

    Me quiero referir puntualmente al caso de la descentralización que, si lo analizamos como método de administración de la cosa pública, concluiremos que en principio es recomendable apelar a tal sistema, confiando en que las instituciones públicas regionales y locales serán capaces de generar sus propias soluciones.

    Pero lamentablemente hemos aprendido a nuestras costillas que una descentralización, que significa transferir recursos derechos, autoridad y responsabilidad a los gobiernos locales y departamentales, sin que éstas estén debidamente preparadas, nos llevará al fracaso, donde finalmente “el remedio resultará peor que la enfermedad”.

    El caso del Fonacide es un claro ejemplo de buena intención, donde se han delegado recursos y responsabilidades a los gobiernos locales para llevar adelante mejoras en la infraestructura de la educación y los resultados están a la vista. Lo único que hemos descentralizado es la corrupción en manos de administradores ineptos y de dudosa honestidad que han dilapidado los recursos confiados a su administración.

    Tenemos que aprender algunas cosas básicas de administración y especialmente aquello de que “para delegar, hay que formar primeramente a la gente que recibirá esa mayor responsabilidad”. Este requisito administrativo básico no ocurrió en el caso de los municipios. Pero la idea de la descentralización se basa en argumentos como: “que estas instituciones están más cerca de la gente”; que “conocen acabadamente las necesidades de las mismas; que “tienen fácilmente las respuestas y las soluciones a esas necesidades de la comunidad”.

    El mal uso de estos fondos no es más que una consecuencia de un sistema de descentralización implementado de forma irresponsable, con cierto grado de populismo y sin medir los riesgos del manejo discrecional de recursos, por parte de organismos que no están preparados para administrar con eficiencia, semejante responsabilidad.

    Otro factor clave que falla en el sistema es la falta de participación ciudadana, que no reacciona y no interviene ante la dejadez de los gobiernos locales que son sus autoridades y no actúan como contralores y como grupos de presión para que efectivamente se atiendan los verdaderos intereses de la ciudadanía, se administren transparentemente los recursos y se asegure el desarrollo y el bienestar de la gente.

    Estas no son más que las consecuencias de una descentralización que no funciona. No funciona porque no hemos preparado convenientemente el terreno para delegar. En sociología he aprendido que la conducta humana actúa conforme a lo que se le deja hacer. Día a día nos lamentamos (desde lejos) del manejo corrupto de los recursos del estado y nos causa mayor indignación si esos fondos dilapidados eran destinados a la educación, pero la nobleza obliga a reconocer que nosotros “hemos permitido esto”, con nuestra falta de participación ciudadana de forma organizada.

    Los organismos de control también han fallado, porque es indudablemente cierto aquel principio administrativo que nos dice: “cuando más delego, más controlo”. Esperemos que las autoridades encuentren pronto la solución a estas verdaderas causas de la corrupción.

    Por Darío Colmán, socio ADEC

    http://www.lanacion.com.py/2016/02/12/consecuencias-nefastas/

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    Publicado por Anónimo | 15 febrero, 2016, 4:49 am
  12. “Lucir o fundir”

    Por Sara Beatriz Fleitas

    Siempre se dijo que quien hace bien su trabajo llega lejos. Esto da a entender que quien hace lo contrario puede ser amonestado, suspendido o hasta desvinculado de su labor.

    Pareciera que la mayoría de los intendentes de nuestro país no dimensionan esta realidad, considerando que todos los días se reciben denuncias de administradores comunales que utilizan mal el dinero público, principalmente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Estos recursos deben ser destinados a mejoras de la educación pública (50 por ciento a obras de infraestructura, 30% a almuerzo escolar y 20 por ciento a proyectos que beneficien al sector educativo).

    En Juan León Mallorquín, el intendente Mario Noguera (PLRA) usó G. 632 millones para construir ocho aulas en la facultad donde estudia, desde el 2012 hasta el 2015, dos aulas por año. Dejó de lado escuelas y colegios que urgen atención, como son los casos de la escuela San Agustín de la compañía Paz del Chaco Norte, ubicada a 3 Km de la Ruta VII “Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia” y el “Centro de Educación Especial Jesús de Nazaret” del casco urbano.

    La primera requiere de la urgente reparación del techo de un pabellón con tres aulas, ya que es una de las escuelas más antiguas, fundada en 1967. Además, precisa de dos aulas más porque la cantidad de alumnos aumentó con la implementación de la modalidad Iniciación Profesional Agropecuaria (IPA).

    La segunda alberga diariamente a más de 50 niños con discapacidad. Tiene dos aulas y solo una pueden utilizar para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la otra es destinada a la cocina comedor de los niños.

    Ya lo advirtieron hace unos días los intendentes de Areguá (Denis Torres, ANR), Itacurubí de la Cordillera (Hugo Meza, ANR) y Ypacaraí (Fernando Negrete, PLRA): Fonacide hace “lucir o fundir” a intendentes. Entonces, es hora de que trabajen atendiendo las necesidades más urgentes de sus comunidades.

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    Publicado por Anónimo | 7 febrero, 2016, 3:37 pm
  13. Indigna actitud de bancada liberal

    La fiscala de la localidad de J. A. Saldívar, Brígida Aguilar, cumpliendo con su función y su obligación, decidió investigar los documentos del intendente de Ypané, Horacio Ortiz (PLRA), por el hecho de existir denuncia de haberse desviado, durante el lapso de su gestión, unos 1.870 millones de guaraníes de los recursos del Fonacide, un ilícito que se repitió en numerosas municipalidades del país, en las que sus intendentes, con la inevitable complicidad de algunos concejales y directivos, se robaron el dinero que debió haberse destinado a proyectos de educación y de desarrollo comunitario.

    Como reacción puramente politiquera a esta decisión de la agente fiscal mencionada, casi todos los miembros de la bancada liberal de senadores, saliendo en descarada y prepotente defensa de su correligionario intendente, solicitaron que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados someta a proceso a esta funcionaria del Ministerio Público.

    El presidente de la asociación que reúne a los agentes fiscales, Ariel Martínez, se quejó de la ausencia de “garantías físicas y mucho menos jurídicas para que los fiscales investiguen a los políticos sobre hechos de corrupción”. “En poco menos de dos meses –agregó– hemos tenido sendos casos de patoterismo que involucran a los parlamentarios. Tenemos los casos de Lambaré, San Antonio y Ypané, en donde atropellan fiscalías y amenazan con llevar al Jurado (de Enjuiciamiento de Magistrados) a los fiscales que investigan hechos de corrupción”.

    Martínez aludió a que quienes amedrentan a los fiscales son emisarios agresivos enviados por dirigentes partidarios para intentar frustrar la investigación de hechos de corrupción, y que la ocurrencia de esto se debe a que el sistema lo tolera, ya que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura son organismos que también están manejados por políticos que comparten el método basado en tráfico de favores.

    Parece obvio que lo aseverado por el fiscal Martínez refleja claramente la realidad de estas gavillas de legisladores y dirigentes que se conforman en torno a un entramado de influencia político-partidaria, destinado a actuar como una fuerza clandestina que penetra y envicia a organismos públicos creados por la Constitución para proteger los intereses generales de la sociedad.

    En el caso de Tava’i, su exintendenta Alba Correa (ANR), acusada de lesión de confianza en la administración de recursos del Fonacide, emplea sus influencias partidarias para dilatar la audiencia preliminar que va a determinar si su caso es elevado a juicio oral o no. Y así en otros similares.

    La bancada liberal de la Cámara de Senadores, que pidió el procesamiento de la fiscala Brígida Aguilar, cometió un inocultable acto inmoral e ilegal. Si creen en la inocencia de su correligionario, ¿por qué simplemente no dejan que se lleve adelante la investigación y, de este modo, aseguran la verdad, la justicia y salvan su propia reputación?

    No es esta la primera vez que políticos influyentes recurren a represalias instrumentando o intentando servirse de organismos como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, lo que los pone en abierta evidencia moral y demuestra su vocación por el ocultamiento de “fatos” y la búsqueda de impunidad para sus peores correligionarios; y para ellos mismos, llegado el caso. Este episodio deja ver también que la corrupción inficiona todos los colores políticos.

    Es muy importante que la opinión pública respalde la acción de los fiscales que investigan actos de corrupción, manifestándose a través de las redes sociales y repudiando a los políticos inescrupulosos que matonean a la Justicia para evitar que se conozcan sus fatos.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/indigna-actitud-de-bancada-liberal-1448762.html

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    Publicado por Anónimo | 31 enero, 2016, 9:11 am
  14. De mal en peor

    Por Desiré Cabrera

    La dilapidación de los recursos del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide) por la mayoría de los intendentes de nuestro país ya no es el único problema que enfrenta la educación pública. Ahora nos encontramos con que un gran porcentaje de las obras realizadas no reúnen las condiciones mínimas de seguridad requeridas para alumnos y estudiantes.

    Es el caso de la escuela Daniel Ortellado, de Caacupé, donde la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) detectó graves deficiencias, como la construcción de pilares sin cimiento y rellenados con maderas podridas de pupitres que estaban en desuso.

    Según una nota firmada por la arquitecta Natalia Orihuela, titular de la Dirección de Infraestructura del MEC, las construcciones realizadas en 14 instituciones educativas de la capital de Cordillera tienen problemas estructurales, como la alteración de dimensiones de las varillas que van dentro de las vigas. Las vigas tampoco tienen la carga de hormigón armado requerida por las especificaciones técnicas del MEC. La firma responsable de las construcciones es Mes Trading y Service, representada por Juan Carlos Sánchez. El costo de los trabajos en las 14 escuelas supera los G. 1.053 millones, que ya fueron pagados en su totalidad durante la gestión del exintendente Roberto Franco (ANR), a quien le tocó administrar la Comuna en el periodo 2010-2015.

    Es imperativo que las empresas encargadas de las obras donde se comprueben deficiencias en la infraestructura, ya sea por la utilización de materiales de segunda o falta de pericia técnica, sean sancionadas como corresponde. Además, deben ser inhabilitadas e investigadas por justicia por poner en peligro la vida de niños y jóvenes de este país.

    Asimismo, los intendentes que dilapidan el dinero público, ya sea con sobrefacturaciones o malversaciones, deben ser sometidos a la justicia. Más aún los que se enriquecieron a costa del dinero de todos los paraguayos, en detrimento de la población.

    Son los mismos que ahora se burlan de la ciudadanía haciendo ostentación de su “milagroso” poder económico y político e incluso ya se perfilan para cargos electivos con miras al 2018.

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    Publicado por Anónimo | 31 enero, 2016, 8:14 am
  15. Sinvergüenzas

    Con la creación del Fondo Nacional de Inversión Publica y Desarrollo (FONACIDE) en el marco del cual se destina recursos para la “excelencia de la educación e investigación” a las gobernaciones y municipalidades había una gran esperanza de lograr la tan ansiada educación de calidad. Sin embargo, este dinero solo sirvió, mayormente para aumentar el patrimonio particular de las autoridades de turno, y nuevamente en este caso el Alto Paraná no es la excepción.
    Solo el año pasado, la gobernación del Alto Paraná, a cargo de Justo Zacarías (ANR), recibió G. 7.500 millones en concepto de Fonacide y la rendición de cuentas correspondiente al último cuatrimestre del 2015 fue rechazada por la Contraloría General de la República. Además otros siete distritos no presentaron su rendición de cuentas en el mismo periodo señalado y son: Raúl Peña, bajo la administración de Salvador Cano (PLRA); Hernandarias, a cargo de Rubén Rojas (ANR); Los Cedrales, dirigido por Aldo Marecos (ANR); Ñacunday, administrado por Everaldo Devitte (Unace); Presidente Franco, a cargo de Roque Godoy (PLRA), San Alberto, a cargo de Carlos Ramírez (ANR) e Itakyry a cargo Carlos Miguel Soria (ANR).
    En un departamento con tantas necesidades, con escuelas con techos llenos de goteras y consecuentemente aulas con moho, pisos rotos, y niños sentados sobre ladrillos o sillas rotas, el recurso de Fonacide se sigue despilfarrando a diestra y siniestra. En todos los municipios hay graves deficiencias en las escuelas y colegios públicos.
    La prueba más reciente de cómo se gasta este recurso es la que denunciaron concejales municipales de Presidente Franco, donde entre setiembre y diciembre del año pasado estuvieren como intendentes Alcides Fernández (ANR), Abrahan Alegre (ANR) y Roque Godoy (PLRA). En varias escuelas en construcción se constataron graves fallas estructurales que pondrían en peligro a niños y docentes. En uno de los escandalosos casos, la construcción de una aula que fue adjudicada por G. 979 millones, pero que al juzgar por los materiales utilizados costaría apenas G. 50 millones, es decir casi la mitad. En este caso, una viga de concreto con deformaciones, se había derrumbado en plena construcción e hirió a un obrero. En otros casos, se construyeron aulas en terrenos que no son de propiedad del Ministerio de Educación y otras irregularidades.
    Es inadmisible que en un país, con tanta necesidades y sobre todo en materia educativa unos cuantos sinvergüenzas e inútiles sigan dilapidando los recursos públicos, poniendo en peligro la vida de pequeños escolares. Ya hemos tenido la experiencia de Lambaré, donde un aula se derrumbó sobre alumnos en plena clase. A pesar de ello, las adjudicaciones se siguen haciendo en forma amañadas y fraudulentas y sobrefacturando el costo de las obras.
    Es en estos casos en los que a partir de las denuncias públicas, los fiscales de la región deben tomar el caso e investigar y llevar ante la justicia a los inescrupulosos que buscan convertirse en “nuevos ricos” a costa del futuro de nuestros niños.

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    Publicado por Anónimo | 30 enero, 2016, 8:16 am

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