Se impone coordinar y controlar el uso de los recursos de Fonacide
Ante las dudas que surgieron por parte de algunas municipalidades del país en torno a la adecuada utilización de los recursos que forman parte del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), creado por la Ley 4758, se impone que dichas instituciones trabajen de manera coordinada con el Ministerio de Educación y Cultura, a fin de realizar las inversiones en infraestructura de manera racional y oportuna. Al mismo tiempo, deben utilizar el dinero asignado de forma transparente, y en estricto cumplimiento de las normas presupuestarias y administrativas vigentes.
El Fonacide está financiado por los ingresos adicionales que el país recibe por parte de la República Federativa del Brasil, en concepto de compensación de cesión de energía no consumida de la represa hidroeléctrica de Itaipú. Un 25% del total de esos dineros –unos 90 millones de dólares– es asignado por la norma a gobiernos departamentales y municipales. Este mecanismo permite, pues, una efectiva descentralización del Estado.
Según lo establecido por la ley, el 50% de los ingresos percibidos por departamentos y municipios –45 millones de dólares– debe destinarse al financiamiento de proyectos de infraestructura en educación, consistentes en construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos; y el 30% –27 millones de dólares– al financiamiento de proyectos de almuerzo escolar.
En relación con los recursos que correspondían al año 2012, el Ministerio de Hacienda ya transfirió un total de 84.298 millones de guaraníes a las municipalidades. Este año, la suma asignada será de aproximadamente 175.000 millones de guaraníes. Como puede observarse, se trata de una cifra muy significativa que debe ser utilizada con racionalidad y transparencia.
Ahora bien, ya sea por falta de coordinación entre el MEC, las gobernaciones y los municipios, o lisa y llanamente por desconocimiento, algunas intendencias del interior del país actuaron con criterios administrativos incorrectos, ya sea entregando los fondos a las comisiones de padres de las instituciones educativas o bien adjudicando las obras de manera directa, lo cual podría constituir una malversación del uso de los recursos mencionados.
Lo lógico y esperable es que el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales y locales actúen de manera coordinada, de forma tal a conocer mutuamente las necesidades de cada uno, compatibilizar prioridades y armonizar procedimientos administrativos, de acuerdo con las disposiciones contenidas en las leyes del presupuesto y de contrataciones públicas.
De hecho, la propia Ley 4758, en su artículo 4°, dispone que: “Las intervenciones serán realizadas conforme a las normativas vigentes y a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación y Cultura”.
A su vez, el artículo 8° prescribe que: “Los Órganos de Control, dentro del ámbito de sus competencias, controlarán la ejecución de los programas o proyectos financiados con recursos del Fonacide”.
Este punto es de particular importancia, puesto que ciertos políticos que desempeñan funciones en gobernaciones y municipios tienen la inaceptable tendencia a creer que los recursos del Fonacide son una suerte de “regalo” que se les hace, procediendo entonces a utilizarlo de manera absolutamente discrecional, incluso con finalidades que no son las estipuladas en la ley que dispuso la creación del mencionado fondo, como ser la contratación de funcionarios y el financiamiento de campañas electorales.
Para evitar esta “tentación”, y porque además es función que le asigna la propia Constitución Nacional, es menester que la Contraloría General de la República cumpla acabadamente con su rol como “órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades”, según lo dispuesto en el artículo 281 de nuestra Ley Fundamental.
Al mismo tiempo, la ciudadanía, ya sea de forma individual o a través de las organizaciones de la sociedad civil que la representan, debe ejercer igualmente su función contralora, reclamando a las autoridades departamentales y municipales que rindan cuentas acerca de las inversiones realizadas y el manejo de los recursos recibidos en el marco del Fonacide.
Del uso adecuado y transparente de los dineros contemplados por el Fonacide depende, en parte considerable, el mejoramiento de la educación que el Estado ofrece a los niños y niñas del país.
Corresponde, pues, que quienes están encargados de su administración la realicen de forma honesta y eficiente, haciendo el máximo esfuerzo posible para que se cumplan a cabalidad los loables objetivos contemplados en la ley que dispuso la creación del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo.
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Improvisaciones en el área de educación deben ser superadas
Si este iba a ser realmente un año de mayor inversión y significativos avances en el sector de la educación, empezamos mal. Desde el injustificable retraso en el inicio de las clases, hasta las contradictorias versiones de por qué no hay dinero para reparar los miles de locales escolares que se caen a pedazos, todo habla de mucha precariedad e improvisación en la gestión. De nada sirve destinar millones al Fonacide, si no existen mecanismos ni capacidad de control para garantizar que el dinero realmente se emplee en la finalidad prevista, y no se dilapide nuevamente en campañas políticas.
La expectativa ante el inicio del año lectivo 2013 era grande, ante la inusual disponibilidad de recursos, luego de que la acción de un grupo de ciudadanos y comunicadores obtuvo el blindaje por ley de por lo menos un 50% de los aproximadamente 360 millones de dólares que el Brasil abona a Paraguay por la energía excedente de Itaipú, para destinarlos a la educación.
La lógica llevaba a suponer que este iba a ser el gran año de la educación, en que se podría mejorar sustancialmente la infraestructura de escuelas y colegios, además de poder invertir en varios nuevos proyectos de excelencia educativa.
Pero a pocos días de iniciar las clases, los medios periodísticos mostraron un desolador panorama, reflejando el estado catastrófico en que se encuentran varios locales escolares, con techos rotos y muebles en pedazos, con paredes con grietas y en peligro de derrumbe.
El propio ministro de Educación y Cultura, Horacio Galeano Perrone, admitió que hay más de 6.000 instituciones educativas oficiales que necesitan urgentes reparaciones, pero reclamó que la cartera se quedó sin presupuesto para realizar obras de infraestructura, ya que, según el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, para ello está el dinero del recientemente creado Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que se transfieren a gobernaciones y municipios para invertir en el sector educativo.
Pero la mayoría de las gobernaciones y municipios, a pesar de que ya recibieron gran parte de este dinero (unos 84 millones) no se han ocupado de reparar los locales y colegios, ni existen señales de que lo vayan a hacer en la brevedad. Se habla incluso de impedimentos legales, debido a que la mayoría de los locales pertenecen al MEC, y no pueden realizar obras “en casa ajena”.
Al margen de las encontradas y confusas interpretaciones que dan los ministros Galeano Perrone y Ferreira con respecto al problema, se hace evidente la improvisada y precaria manera en que se viene manejando la gestión en el área educativa.
La sensación de improvisación se refuerza aún más con el sorpresivo anuncio que hizo el ministro Galeano Perrone, de que el inicio de las clases, previsto inicialmente para el 25 de febrero, quedó postergado para el 5 de marzo, con la justificación de que se procederá a la limpieza de los locales ante la epidemia de dengue y se terminarán de distribuir los kits escolares. ¿No se podían haber realizado ambas acciones con suficiente antelación, sin afectar negativamente al rendimiento escolar?
La contradictoria situación es que hoy existen más recursos destinados a la educación, pero la situación del sector aparenta ser mucho peor. Todo el esfuerzo ciudadano que se realizó por blindar los fondos para el Fonacide no servirá de mucho, si no hay mecanismos de control que aseguren que el dinero realmente se emplee para mejorar la educación y no acabe dilapidado en campañas políticas.
http://www.ultimahora.com/notas/602067–Improvisaciones-en–el-area-de-educacion-deben-ser-superadas
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Los árboles conservarán su protagonismo escolar
En los últimos meses del año pasado -con el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide)- parecía que por fin iba a iniciarse un proceso serio destinado a eliminar las escuelas yvyraguy, las aulas con pisos de tierra, los techos agujereados como coladores y los demás males consuetudinarios de la infraestructura física de los locales públicos de enseñanza.
La excusa para mantener en las remotas compañías, en los pueblos olvidados que se parecen al poblado fantasma de Pedro Páramo y hasta en algunos barrios de Asunción locales escolares heridos de muerte, era que no había plata.
Ahora que hay -en cantidad insuficiente dada la gran magnitud de lo que hay que construir, reconstruir y reparar-, para incrementar el largo infortunio educacional, cae en manos de políticos ineptos y/o corruptos.
Lo peor que le pudo ocurrir al dinero del Fonacide para la educación es ir a parar en manos de intendentes incapaces y/o sinvergüenzas.
Los ineptos son aquellos incapaces de administrar correctamente el dinero que cae en sus manos. Para utilizarlo, no saben si llamar a sus amigos para que hagan vai vai el trabajo, entregar los fondos a las comisiones de padres, llamar a un concurso de precios o poner en marcha el resorte de la licitación. Okañy.
Una de las mayores miserias de muchas de las casi 250 municipalidades existentes es la incapacidad de gestión. Muchos de los ejecutivos comunales no solo carecen de conocimientos para administrar la cosa pública sino también de la sabiduría para contratar a entendidos en la materia.
El otro mal nacional de una gran cantidad de comunas -donde, en materia de incapacidad, los concejales no se quedan atrás- es la corrupción. No hay royalties de Itaipú que se ven traducidos en empedrados, asfaltados y camiones recolectores de basuras. Sus fondos se “esfuman” por arte de desgracia para los vecinos.
Para colmo de desventuras, el dinero aparece justo dos meses antes de las elecciones generales. No será de extrañar que una parte de los recursos sirva para avivar la hoguera del proselitismo partidario y no para pintar las paredes de la pobre escuela pobre.
Tal como se presenta el panorama, el remedio será peor que la enfermedad. Lo mejor que pueden hacer los directores de escuelas y colegios es no podar los árboles de los patios de sus escuelas.
Mario Ruben Alvarez
http://www.ultimahora.com/notas/602332–Los-arboles-conservaran–su-protagonismo-escolar
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La importancia de un buen gerenciamiento
“Detrás de una mala gestión a nivel estatal quedan en el olvido muchas más cosas que dinero. Quedan relegados los sueños de cientos de miles que ven frustrados sus proyectos y la pérdida económica para los sectores productivos. En las oscuras zanjas de la mala gestión se entierran prematuramente la posibilidad de crear empleos genuinos; el aprovechamiento de los recursos en forma racional y, sobre todo, el acceso a muchos ingresos que llegan de la mano de proyectos viables, creados con visión país”.
Muchas, incontables veces, hemos hablado en las diferentes áreas del medio, sobre las graves consecuencias que una mala gestión gerencial puede causar en una empresa privada, cualquiera sea el tamaño de ésta. Hemos visto caer al suelo, derrotadas por esa mala gestión, a verdaderos “monstruos” de gran envergadura en todos los países del mundo, así como vemos crecer hasta convertirse en grandes referentes de calidad y buena gestión, a empresas que nacieron en una cocina o en el garaje de alguien que supo soñar en grande y trabajar incansablemente para crecer.
La buena gestión es la clave del éxito en la empresa privada, sin duda; pero imaginemos lo que será de valiosa en una institución estatal, ya que las medidas que se tomen en las mismas –o que no se tomen–, afectan a mucha más gente que la que suele desempeñarse en una empresa de gestión privada.
Detrás de una mala gestión a nivel estatal quedan en el olvido muchas más cosas que dinero. Quedan relegados los sueños de cientos de miles que ven frustrados sus proyectos y la pérdida económica para los sectores productivos. En las oscuras zanjas de la mala gestión se entierran prematuramente la posibilidad de crear empleos genuinos; el aprovechamiento de los recursos en forma racional y, sobre todo, el acceso a muchos ingresos que llegan de la mano de proyectos viables, creados con visión país.
Por eso es que vale la pena destacar el esfuerzo encarado por el Ministerio de Hacienda, al iniciar un interesante curso de formación de gerentes en ejecución de proyectos. Una necesidad urgente para el Estado paraguayo, si pretendemos construir un futuro que nos incluya a todos como actores.
La idea, de acuerdo a informaciones emanadas de Hacienda, tiene el objetivo de capacitar a funcionarios públicos profesionales para una adecuada gestión, desarrollo, gerencia y ejecución de programas de cooperación beneficiosos para el país. El curso está a cargo del propio ministerio mencionado, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ayer lanzaron la primera fase del Programa de Formación de Gerentes en Gestión de Proyectos de Inversión.
El propio ministro de Hacienda afirmó que Paraguay necesita inversiones, que a su vez generen empleos, y que por lo tanto se debe corregir y tender hacia una gestión más eficiente de las asistencias y recursos que disponemos.
Muchas oportunidades de crecimiento e inversión se han perdido en nuestro país durante décadas a causa de la inacción –o la mala actuación, que es peor aún– de quienes estaban en puestos claves en las diferentes instituciones del Estado. Muchas veces por incapacidad, ignorancia y falta de visión, se ha condenado al país al subdesarrollo en el más amplio sentido de la palabra: la que incluye la educación sobre cuestiones de interés nacional a quienes manejan dichos entes públicos.
Por ello, la posibilidad de contar con profesionales formados con una visión diferente, con información de alto contenido técnico y capacidad de manejar las responsabilidades con eficiencia, es una oportunidad que esperamos que no se desperdicie.
Para enfrentar el futuro del país con esperanzas ciertas, la capacidad de gerenciar correctamente los recursos que están al alcance de la mano abre un sinnúmero de puertas. También se dará un gran paso, al tener en nuestra propia casa, a funcionarios y profesionales que sepan desempeñar sus cargos y las responsabilidades que éstos les demanden, con una solvencia adecuada. Esto redundará en beneficios que llegarán a todos los sectores sociales, ya que los proyectos como la realización de nuevas rutas, la construcción de viviendas y otras obras públicas, generan inmediatamente una serie de beneficios que llegan a todos los estratos sociales.
Por ello es que este proyecto, que a decir de los representantes del BID, incluirá en esta primera etapa la capacitación intensiva de por lo menos unos 200 funcionarios estatales en alto gerenciamiento, desarrollo y sistema por el que se van aprobando todas las transacciones en los organismos, será de gran importancia para el desarrollo del país. Y esperamos que los profesionales elegidos sepan estar a la altura de lo que el Paraguay espera de ellos.
http://www.lanacion.com.py/articulo/113929-la-importancia-de-un-buen-gerenciamiento.html
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Las clavijas del intendente
Las escuelas y los colegios públicos están en ruinas desde hace más de una década, y eso es muy lógico porque el Estado viene gastando un promedio de no más de dos millones y medio de dólares por año para construirlos o repararlos.
Son menos de 10 mil millones de guaraníes por ejercicio para construir, agrandar o mantener cientos de miles de escuelas y colegios, desperdigados a todo lo largo y lo ancho del país. Sencillamente imposible.
Por su parte, a los gobernadores e intendentes jamás les importó que esas escuelas y colegios estuvieran cayéndose a pedazos, así estuvieran en su territorio, porque esa era una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
Que se vieran ellos. No era su problema.
Así, en los últimos diez años los mandatarios departamentales y municipales no invirtieron un solo centavo en esas instituciones educativas, pese a que en el mismo periodo recibieron de Itaipú más de 750 millones de dólares que, en teoría, deberían haber cubierto las necesidades más básicas de sus mandantes, como la salud y la educación.
La cifra en guaraníes da vértigo. Son más de tres billones de guaraníes, vale decir, tres millones de millones de guaraníes, con suficientes ceros como para haber forjado una legión de nuevos ricos.
Miseria por un lado y despilfarro por el otro. La historia de siempre.
Una ley, empero, puede haber cambiado por fin el escenario.
Desde este año, gran parte del dinero que gobernaciones y municipios reciben de la hidroeléctrica (el que corresponde a la compensación que paga Brasil por la energía que le cede Paraguay) se deberá invertir exclusivamente en la construcción, reparación y mantenimiento de aulas, escuelas y colegios.
Un solo guaraní que gasten en otra cosa será suficiente para que el administrador de turno sea procesado por lesión de confianza.
Se trata de la poco comprendida ley del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide), que lo único que hizo con relación a los municipios y gobernaciones es obligarles a destinar la mitad de todo el dinero, que de hecho ya estaban recibiendo, en las escuelas y colegios que están en su territorio, lo que significa que a partir de este año habrá más de 200 mil millones de guaraníes para invertir en ellos.
Pasamos, pues, de una inversión de dos millones y medio de dólares por año a una de 50 millones.
Por supuesto, no hay certeza de que se gastará bien la plata, nunca la hay.
El detalle es que ahora usted podrá saber cuánto recibió su municipio y revisar qué se hizo con la plata destinada a educación.
Y siempre será más fácil apretarle las clavijas a un intendente que vive en su municipio que a un desconocido administrador de alguna ignota oficina perdida en la selva burocrática de un ministerio.
Luis Bareiro
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FRANKIE FONACIDE
Ahora todos los creadores del monstruo quieren culpar a cualquiera de los errores cometidos… de las improvisaciones ejercidas con alevosía… del mejunje legal y el berenjenal presupuestario provocado…del malparido cuerpo legal hecho con buenas intenciones pero con males retazos y peores imprevisiones… Ahora… Ahora Paraguay…
Cuando algunos alzamos las voces críticas y señalamos los errores y las consecuencias nefastas que podrían tener varios artículos del proyecto de Ley FONACIDE, ciertos referentes del proyecto, que también de algunas de las ONGs muy “interesadas” en el mismo, se escandalizaron, se rasgaron las vestiduras, blandieron sus voces y plumas (las de escribir) y acusaron a los críticos de todo… hasta de supuestamente defender intereses multinacionales… Todo ello, con la misma inexactitud, liviandad e improvisación con las que promovieron el aludido proyecto de ley. Sin ton ni son. Sin mesura ni capacidad de previsión. Sin medir las consecuencias ni prever el descalabro que podrían causar.
Hoy día, y gracias a la pusilanimidad ya enciclopédica de los políticos y especialmente legisladores cuando algunos periodistas o cierta prensa blande sus páginas en pro o en contra de algo, el monstruo vive y goza de buena salud. Frankenstein Fonacide se pasea a sus anchas, mientras los majestuosos propósitos enarbolados con su creación siguen sin poder ser cumplidos. Y peor, habiendo causado incluso que nada menos que la política educacional del país se pulverizara y las responsabilidades sobre la misma se desperdigaran al punto de que nadie sabe qué hacer, cómo hacer y mucho menos para qué hacer. Quedó un archipiélago de responsabilidades que no tiene un timón, una conducción, una línea estratégica… y menos tendrá una ejecución. En este mejunje, resultan altamente culpables algunas organizaciones “de la sociedad civil”, con angurrias mal disimuladas y pretensiones de pontífices, apoyadas en algún que otro periodista con similares méritos. Tal vanidad hubo que ni expertos ni estudiosos de la educación, con aquilatadas experiencias, fueron consultados ni atendidos en sus críticas y advertencias.
El interés inicial, y no negado sino explícitamente admitido por algunos de los promotores de Frankie, ha sido sacar al MEC su presupuesto y sus atribuciones para decidir sobre política educacional… más explícitamente, según se podía ver en el proyecto original, en cuanto a la incorporación de TICs en la educación. Como esta última intención, tan burda, debió luego ser disimulada, quedó pendiente lo otro, el problema general de la política educacional. Un Ministerio de Educación que no puede ejecutar por sí un presupuesto que incluso no le dan, ¿qué política educacional puede desarrollar?
Nuevos chivos expiatorios
Pero la cosa no paró allí, como no pudieron hacerlo con el MEC, “tiraron” el fardo hacia Municipios y Gobernaciones, obligándolos por ley a supuestamente “ejecutar” el 80% de los royalties en infraestructura y almuerzo escolar para escuelas cuyas administraciones no pertenecen ni a municipios ni a gobernaciones, sin entender que el proceso burocrático de transferencias desde Hacienda a los gobiernos locales es mucho, muchísimo más complicado que a una entidad central como el MEC. Y sin medir que los mecanismos de ejecución, con sus procesos imbricados, se multiplicarían por 200. ¿No conocían esto los autores? Si lo sabían y actuaron adrede, culpables. Si no lo sabían y propusieron lo que se plasmó en la ley, improvisados. Zapatero a tus zapatos. Hoy dicen que el problema de la no ejecución está en los municipios y gobernaciones, tratando de salvar la propia irresponsabilidad-improvisación-negligencia-ineptitud demostrada a la hora de autoproclamarse legisladores.
De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno del Estado ineficiente. Y si los empedradores son referentes de la “sociedad civil”, algunos de los cuales lograron ubicarse luego como consejeros del FONACIDE, cómo no estarán contentos los ya de por sí ineptos políticos que con esto nos terminarán enrostrando, a la sociedad civil real, aquella que no presume ni pretende saberlo todo, las consecuencias de un monstruo legal que termina empeorando, en la práctica, la ya de por sí deteriorada situación de la educación.
Blindar fondos para la educación, o para cualquier necesidad real y urgente de la sociedad, es una buena idea. Como lo era la del Dr. Frankenstein al proyectar su criatura humanoide en la búsqueda de la supervivencia. Pero como en la novela decimonónica de Mary Shelley, la criatura legal superó a sus presuntuosos autores y causó estragos en la educación. Lección divina contra la vanidad humana. Lastimosamente, los inocentes niños y jóvenes pagan por los responsables, por los verdaderos responsables de este malparido monstruo.
José María Costa
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Proyecto “grande” pero con sospechosa letra chica
Posteado por Pepe Costa el 28-08-2012
Cuando el milagro es grande, hasta el santo desconfía. Cuando la filantropía es excesiva, hay que mirar la letra chica de la caridad… Con muy buenas intenciones, varios sectores están impulsando el Proyecto de Ley que crea el FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE). El problema es la letra chica del proyecto…
“Atar” la inversión para un sector a través de una ley es legítimo y hasta la Constitución dispone un mínimo presupuestario para ser destinado a educación. Sin embargo, cuando los proyectos se plantean “atados” hay que aguzar la inteligencia e incrementar el debate para que como sociedad no seamos sorprendidos en nuestra buena fe…
Es importante no dejarse arrastrar por los manifestaciones efectistas, emotivas declaraciones o campañas lacrimógenas que, como en este caso, se suelen estimular como “lobby” parlamentario y, por el contrario, hay que leer bien la letra chica antes de meter la pata o actuar de manera funcional para una causa oculta. El proyecto contiene propuestas interesantes: porcentajes presupuestarios para educación e investigación, un sistema fiduciario para el manejo de los fondos, etc. Pero también tiene “letras chicas” que hay mirarlas y debatirlas. Y más aún, se debe discutir abiertamente qué porcentajes deben destinarse a qué áreas. La educación es una gran necesidad en el Paraguay, pero también lo son la salud, el trabajo, la seguridad, la infraestructura. Y para decidir hay que debatir, no solo hacer campañas espectaculares.
La “letra chica” del proyecto parece evidenciar una solapada intención de facilitar el interés particular de ciertas organizaciones privadas que se constituirían en beneficiarios indirectos –o directos- de una inversión (¿negocio?) que podría estar gestándose con este aval legislativo en forma de “previsión presupuestaria atada”.
Me refiero precisamente al párrafo del proyecto que dice:
Artículo 12. El objetivo de “Educación 2030” es financiar única y exclusivamente los siguientes programas y proyectos:
a. La adquisición de una computadora por niño y por docente, que consistirá en un aparato a ser donado a cada alumno de la enseñanza en las escuelas y colegios públicos y facilitando a cada docente una computadora de acuerdo a sus necesidades, con los requerimientos y servicios conexos directamente relacionados a la aplicación de la misma, así como la última generación de software libre, priorizando a los alumnos de temprana edad y preferentemente de manera simultánea dentro de un mismo distrito, así como otros recursos tecnológicos complementarios, que aporten al mejoramiento de los procesos educativos y de sus contenidos a través del uso de las TIC (Tecnológicas de la Información y Comunicación) y el desarrollo en todos los estudiantes de las competencias digitales necesarias para participar y contribuir activamente en la sociedad, a lo que se destinará entre el 30% y el 40% del Presupuesto Anual del Fondo.”
Fíjense que el PRIMERO de los proyectos que deben ser financiados “única y exclusivamente”, y al que se destinará entre el 30 y 40 % de los fondos, es uno impulsado por una ONG, específicamente la ONG Paraguay Educa. Sumemos a esto que un párrafo antes, el proyecto se encarga de definir explícitamente que “el Ministerio de Educación y Cultura, en adelante denominado MEC, no podrá remplazar ninguna política universal de equipamiento, materiales escolares o subsidio a actividades educativas complementarias dentro y fuera del establecimiento escolar, con la asignación creada por esta Ley”.(sic)
Para “perfeccionar” todo, al proyecto sólo le faltaría estipular: “y se contratará a la ONG Paraguay Educa para el efecto”… Al parecer, algo de vergüenza quedaba al redactar esos párrafos.
Como ciudadano, me preocupa que este proyecto tan sustancial y legítimo sea presentado con este tipo de “letras chicas” que desvirtúan su magnanimidad y echan un manto de sospecha que sus autores y promotores deberían aclararlo. Creo que la educación es algo tan importante que no debe ser mezclada con el populismo, las intenciones sectoriales (por más vestidas de “sin ánimo de lucro” que aparezcan) ni con los afanes políticos o de figuración que pudieran existir en sus promotores.
Por cuestión de espacio no me referiré a la polémica existente –y en Paraguay poco difundida- respecto a si los programas de “Una computadora por niño” realmente contribuyen eficazmente a la mejora en el aprendizaje. En Paraguay hay investigaciones que señalan que nada de esto se ha podido verificar de manera concluyente. Y podríamos hablar de eso más adelante. Incluso podríamos convenir que el uso de las TICs en educación es conveniente y hasta imprescindible, pero no necesariamente con el modelo “uno a uno” que postula Paraguay Educa. Es de racionales analizar y evaluar las demás opciones existentes al respecto y sobre todo ver los efectos reales para la calidad educativa… si es esto lo que se pretende. Ahora, si lo que se busca es el negocio…
Mientras tanto y mientras los legisladores deban analizar este proyecto, debo manifestar, con mucho respeto a los que de corazón y con buena fe apoyan una iniciativa así, que por más que el negocio se vista de oenegé filantrópica, muchas veces negocio queda… Y no está bien que dicho objetivo particular se oculte bajo el ropaje de una necesidad tan sentida como la educación ni de un proyecto de ley que probablemente tiene intenciones magnánimas, pero también letras chicas que lo enturbian.
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Transparencia en el uso de los recursos del Fonacide
En la semana que pasó y a sólo días de que se inicien oficialmente las clases en todo el país, el uso del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) ha sido uno de los grandes temas del debate en la agenda noticiosa del país, lamentablemente.
Y decimos lamentablemente porque una vez más se ha constatado que el dinero, que en principio debió haber sido destinado mayormente a obras de infraestructura en educación y en proyectos de desarrollo educativo ha sido malversado a mansalva por las autoridades municipales en gran parte del país.
En su artículo cuarto la Ley del Fonacide dice que por lo menos el cincuenta por ciento de los ingresos recibidos por los gobiernos departamentales y municipales deberán destinarse al financiamiento de proyectos de infraestructura en educación consistentes en construcción, remodelación, mantenimiento y equipamientos de centros educativos.
Sin embargo, esto no ha sido respetado por las municipalidades, instituciones que los caudillos del interior convirtieron en sus negocios particulares. La Municipalidad de Ciudad del Este lamentablemente no ha sido la excepción. La administración comunal recibió en octubre del año pasado la suma de casi 10 mil millones de guaraníes en concepto de royalties y del Fonacide. Los montos exactos no se saben porque los manejos municipales lamentablemente son un misterio para la opinión pública, porque el juzgamiento de las actuaciones solamente lo realiza el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, parte de estos fondos habrían sido destinados al pago de sueldos atrasados de los funcionarios, según había denunciado en noviembre de 2012 el diputado de Patria Querida, Carlos Soler, a un medio radial de Asunción.
Dicho monto había sido entregado por el propio Federico Franco a finales del año pasado a la intendenta Sandra McLeod con el compromiso de darle un buen uso y ser controlado tanto por los concejales municipales y la propia Contraloría General de la República.
Verdadera o no, la denuncia de Soler, llama poderosamente la atención el accionar de la intendenta, más todavía que hasta la fecha no ha salido a mostrar foto alguna de obra o mejora de alguna escuela, inauguración de biblioteca o alguna cosa en beneficio de los niños, ya que sabemos que es su costumbre hacer propaganda de cualquier cosa que haga, hasta el más mínimo recapado de la más perdida calle esteña que suele anunciar con enormes carteles.
Nuestro diario se hizo eco en las últimas semanas de las lamentables condiciones en que se encuentran varias escuelas de Ciudad del Este, a escasos días de iniciarse las clases. Hace sólo algunos días también la Municipalidad anunció que llamará a licitación para el acondicionamiento de las escuelas para utilizar precisamente el presupuesto del Fonacide.
Una vez más se reacciona a último momento, postergando un derecho humano fundamental de los niños esteños: el derecho a la educación. Hasta cuándo van a seguir pisoteando la dignidad de los niños y niñas del Paraguay. Después nos llenamos la boca con discursos de que en ellos está el futuro de nuestra sociedad.
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0,06 por ciento
Extraño titulo para un editorial, convengamos. Pero es una cifra altamente indicativa. Es lo que invertimos en el Paraguay en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo: 0,06 por ciento del Producto Interno Bruto.
Visto así, a primera vista, podríamos concluir que esa es la importancia que se le da en el país a las investigaciones dirigidas a desarrollar las investigaciones que nos lleven a incorporar innovación y alta tecnología. Y es que esa es la importancia, la cifra del título.
Revisando los demás indicadores, encontramos los mismos retrasos y moras en aspectos clave para la calidad de vida tales como servicios de salud, educación, vivienda, infraestructura. Estamos muy atrasados. Pero al menos, hemos tomado conciencia del problema, lo hemos reconocido y de aquí en adelante, lo que queda es trabajar para mejorar esos indicadores.
Latinoamérica dedica entre un 0,5 y un 0,6 por ciento del PIB a todo lo relativo a desarrollo de tecnologías y a impulsar la sociedad de la información. Pero algunos países de la región han empujado sus índices más allá: Chile el 1% (2005) y Brasil, que en 2006 invertía el 1,2% del PIB (US$ 28.000 millones) se proponía alcanzar el 1,5% en 2012. Deben haber logrado su meta porque en 2016 van a botar el primer submarino atómico construido totalmente en Brasil.
Pero, ¿qué significa invertir en ciencia y tecnología? La conjunción ciencia, tecnología e innovación (C+T+i) es el disparador imprescindible para que una nación crezca económicamente de manera sostenida. Bajo este paraguas se refugia un concepto muy descriptivo: la búsqueda de conocimiento sistematizado, elaborado mediante observaciones, razonamientos y pruebas metódicamente organizadas que permitan llegar a conclusiones ciertas y aplicables al desarrollo humano.
¿Cuántos científicos tiene el Paraguay dedicados a esta actividad? No más de 1.700, solo 238 de ellos categorizados. Y esta es información oficial, del presidente de Conacyt. ¿Cuánto dinero le ha asignado el PGN? Ocho millones de dólares, que a la hora de la verdad no aparecen porque Hacienda no los transfiere con el simple argumento de “no hay fondos”. Sólo hay dinero para gastos fijos y con atraso.
El Paraguay debe asumir con seriedad su compromiso con el desarrollo científico y tecnológico. Para eso creó el Conacyt, que es de gestión público privada, de manera que no solo el Estado es responsable de su funcionamiento sino también el sector privado.
Japón destina 900 dólares por habitante y por año al desarrollo científico y tecnológico. Estados Unidos 1.500. Nosotros, 1,2 dólares. No nos extrañemos, entonces, que esos países sean líderes en la materia y nosotros, dependientes. Nos llevará años achicar esa dependencia y producir las tecnologías y métodos que necesitamos para continuar expandiendo nuestro desarrollo, de por sí ya importante. Meta difícil, si las hay, pero no imposible de alcanzar.
http://www.5dias.com.py/27321-006-por-ciento
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Fonacide será un fracaso si es devorado por corruptos
La ley del Fonacide nació con la loable intención de que el incremento por los ingresos que recibiría nuestro país por la cesión al Brasil de la energía de Itaipú que le correspondía, fuera destinado en buena parte (25 por ciento del total) a municipios y gobiernos departamentales con fines educativos. Sin embargo, a poco de su implementación no hay transparencia ni mayor control sobre los fondos que ya fueron entregados a tales gobiernos locales. Mientras, la educación sigue postergada. Hay que impedir que el Fonacide sea un nuevo foco de corrupción, y castigar severamente a quienes manipulan de manera dolosa tal rubro.
En el 2012 se promulgó la Ley n.º 4758 que creó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación.
Nacía así un instrumento jurídico que, se suponía, debía impulsar la educación desde la acción de municipios y gobernaciones, destinatarios de los rubros pertinentes para tales fines. Era una forma de efectivizar la descentralización y desplazar a la burocracia estatal para dar protagonismo a autoridades locales.
El Fonacide presume de ser el blindaje de por lo menos un 50% de los aproximadamente 360 millones de dólares que el Brasil debe abonar al Paraguay por la energía excedente de Itaipú, aplicado a la educación, con el fin de cambiar definitivamente el rumbo de nuestro país en materia formativa de sus ciudadanos.
Sin embargo, aparecieron síntomas de que la ley puede ser letra muerta ante la voracidad de muchas autoridades locales y departamentales, que utilizarían dichos fondos no precisamente para la educación, sino para otros fines espurios.
Además, comienzan a asomar ciertas imprecisiones, sobre todo en lo concerniente a la responsabilidad del Ministerio de Educación y de los municipios y las gobernaciones en el mantenimiento de estructuras edilicias de centros educativos.
Por una parte, el MEC sostiene que unos 6.000 locales necesitan reparación urgente. Pero Hacienda no le puede dar fondos, pues aduce que derivó los recursos al Fonacide. Por su lado, algunos municipios señalan que no pueden reparar las escuelas porque estas pertenecen al MEC y no al dominio comunal. Mientras, los fondos se evaporan.
El artículo cuarto de la ley expresa que por lo menos el 50% de los ingresos percibidos por gobiernos departamentales y municipales del Fonacide deberán destinarse a proyectos de infraestructura en educación (construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos); y el 30%, al almuerzo escolar.
En el contexto de las discordancias de la ley, días pasados el Sindicato de Directores del Paraguay (Sinadi) exigió al ministro de Educación que informara sobre el uso del dinero del Fonacide, en la presunción de que está siendo malversado. Pero el Fonacide ha sido concebido justamente para alejar del control ministerial ese valioso recurso financiero. Y los únicos que pueden responder son los intendentes y los gobernadores, sobre los cuales caen sospechas las más de las veces fundadas.
La Contraloría General de la República tiene la obligación de investigar, y la propia ciudadanía debe demandar enérgicamente que los recursos del Fonacide cumplan sus objetivos y que no acaben siendo otro foco más de corrupción en manos de los políticos.
http://www.ultimahora.com/notas/627203-Fonacide-sera-un-fracaso-si-es-devorado-por-corruptos
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Sinvergüenzas que lucran con merienda de los niños
En el año 1995, a través de la Ley N° 806 se creó el Programa de Complemento Nutricional Escolar, que propone que cada alumno de escuelas públicas pre-primarias y primarias de escasos recursos en zonas rurales y urbanas sean beneficiados diariamente con la provisión de 250 cc de leche.
Desde la creación de esa normativa, los que más se beneficiaron justamente no fueron los niños, sino unos cuantos que lograron enriquecerse aprovechando la situación.
Anualmente, las autoridades de las distintas regiones del país reciben miles de millones de guaraníes para que sean invertidos en la alimentación de niños en etapa escolar. En Paraguay, cientos de niños que viven en situación de pobreza acuden a la escuela sin una buena alimentación o en muchos de los casos sin probar siquiera bocado, y en esas condiciones es poco lo que pueden aprender. De ahí, la gran importancia de este programa para el desarrollo del país. El futuro del Paraguay depende de la calidad de la educación de nuestros niños.
Lamentablemente, desde la implementación de la merienda escolar siempre hubo denuncias de mala administración, así como la entrega de productos de mala calidad y otra serie de irregularidades en el manejo de los recursos. Un claro ejemplo de eso es la Gobernación del Alto Paraná, en el periodo de Nelson Aguinagalde, quien fue epicentro de varias denuncias de este tipo.
Lamentablemente, este caso y otros tantos registrados en otros puntos del país quedaron impunes, ya que los organismos de control no actuaron eficientemente sobre los que lucraron con la merienda de los niños.
Desde su creación, los recursos para la merienda escolar fueron administrados por las gobernaciones. Ahora con los fondos del Fonacide, las municipalidades también tendrán protagonismo en este servicio. Se espera ahora que las municipalidades que se adhieren a la administración de la entrega del complemento nutricional escolar no sigan con la mala práctica, que en vez de beneficiar perjudican, no sólo a los que en verdad lo necesitan, sino a toda la sociedad. – See more at: http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/7287-sinverg%C3%BCenzas-que-lucran-con-merienda-de-los-ni%C3%B1os#sthash.kFs0dtrg.dpuf
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Informe sobre el uso del dinero del Fonacide
Los miembros de la Asociación de Intendentes del Alto Paraná (AMOALPA) se reunieron la semana pasada con el gobernador Justo Zacarías en la Municipalidad de Minga Guazú. En la ocasión, dos de ellos expresaron su indignación contra el pedido de informe sobre la utilización de los recursos del Fonacide, iniciativa que provino del diputado Carlos Portillo (PLRA).
El principal tema a ser tratado, en un principio, había sido lo que ellos consideraban la excesiva burocracia para el uso de los fondos del Fonacide, pero en medio del debate el intendente de Iruña, Justo Gamarra (ANR), cuestionó la iniciativa del parlamentario. Dijo que manejaba la información de que en los próximos días sus colegas serían notificados sobre el pedido de informe solicitado por Portillo.
Por su parte, la intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod (ANR), confirmó que ya había recibido la nota, que calificó es una forma de amedrentamiento. También habló de persecución y de extorsión por parte de los diputados. Los intendentes expresaron su total descontento e indignación hacia el pedido, afirmando que es inconstitucional.
Los administradores públicos, sean estos intendentes, gobernadores o funcionarios de cualquier institución pública, deben entender definitivamente que el dinero que manejan no es de su propiedad particular y que es su obligación informar a la ciudadanía sobre el destino del mismo. Es más, no debería ser necesario un pedido de informe para transparentar el manejo de los recursos, sino que tiene que ser una iniciativa de los mismos intendentes para demostrar a la ciudadanía el manejo honesto y responsable de los recursos que fueron puestos en sus manos.
En algunos municipios de nuestro país ya se realizaron iniciativas interesantes de la transparencia en el manejo del presupuesto. Es el caso de Villarrica que había obtenido inclusive un reconocimiento internacional, por haber puesto en internet el presupuesto y todos los informes sobre el manejo administrativo de la institución.
En Alto Paraná, algunas municipalidades también han implementado iniciativas similares exponiendo a la entrada de la institución en un mural su informe de ejecución. No se entiende, por qué un pedido de informe puede significar amedrentamiento si es que los recursos fueron utilizados correctamente. Al contrario, los intendentes tienen en este pedido de informe una excelente oportunidad de lucirse ante la ciudadanía y demostrar públicamente que utilizaron correctamente el dinero del Fonacide, un recurso que se había logrado asignar justamente a la educación gracias al esfuerzo ciudadano.
– See more at: http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/9211-informe-sobre-el-uso-del-dinero-del-fonacide#sthash.ifbpxrz9.dpuf
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El Fonacide debe ser utilizado con justicia y racionalidad
Para que el dinero destinado por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) a la educación tenga el destino adecuado, es necesario que las gobernaciones y municipalidades respeten el listado de prioridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Tal cosa no ha estado ocurriendo en todos los casos, razón por la que los recursos han sido invertidos en locales de enseñanza que no están en situación crítica. Un Estado serio no puede seguir manejándose por argumentos ajenos a una disciplina de inversiones.
No hay casi semanas en las que nuestro diario no traiga en sus páginas el retrato de la miseria que reina en las escuelas de la Educación Escolar Básica (EEB) y los colegios de la Enseñanza Media administrados por el Estado a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Aulas con vidrios rotos, techos salpicados de agujeros, pisos de tierra y puertas rotas son los signos visibles de una educación pública abandonada a su desgracia durante años de gobiernos a los que nunca importó trabajar en serio por una mejor calidad de la infraestructura educativa.
Si no se ven clases bajo los árboles a esta altura en alguna remota y desolada compañía es sencillamente por el periodo de vacaciones. De lo contrario, las tapas de los periódicos hubieran traído con frecuencia esa evidencia rotunda del abandono y la pobreza.
Aunque el reporte de la miseria en la educación persista, hoy la situación –en los papeles al menos– ha cambiado. Según la ley de creación del Fonacide, el 30 por ciento de sus fondos provenientes de la compensación que el Brasil paga (360 millones de dólares anuales) en concepto de pago por la energía de Itaipú que utiliza a precio preferencial van destinados a las gobernaciones y los municipios.
De la suma global que reciben los gobiernos locales, al menos el 70 por ciento tiene que ser destinado “al financiamiento de proyectos de infraestructura para la educación consistente en construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos” (artículo 4° de la Ley 4758/12).
Es evidente que el dinero debe ser empleado en forma racional según una tabla de escuelas que están a punto de caerse y necesitan, más que otras, un urgente auxilio para que puedan seguir en pie y no se desplomen abruptamente sobre la cabeza de los estudiantes con una ráfaga de viento. Ese listado de prioridades fue elaborado por la Dirección de Infraestructura y Planificación del MEC conforme al levantamiento de datos realizado en los primeros meses de gestión de sus actuales administradores.
A pesar de ello, según datos del MEC, hubo unas 300 intervenciones realizadas por municipalidades y gobernaciones al margen de la grilla oficial. Esto, en el mejor de los casos, supone desorganización; en el peor, manejo arbitrario y discrecional en base a motivos políticos y amiguismo que están por lejos de una acción racional.
Para que la política pública del mejoramiento gradual de las condiciones en las que los niños acuden a las aulas funcione, urge que todas las instituciones vinculadas a la misma actúen en coordinación, en base a un plan con objetivos concretos. Las gobernaciones y municipalidades tienen que seguir los lineamientos pautados por el MEC que es el que conoce dónde están los problemas más acuciantes de la educación.
Sería un crimen imperdonable que la poca plata –porque el MEC dijo que se necesitan 500 millones de dólares más para poner en condiciones los locales educativos– disponible se despilfarre al dictado de los caprichos de los gobiernos locales perdiendo una excelente oportunidad de avanzar.
http://www.ultimahora.com/el-fonacide-debe-ser-utilizado-justicia-y-racionalidad-n762639.html
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Dinero del Fonacide debe ser administrado por el MEC
Nuestro diario publicó el sábado pasado una información que señalaba que el presidente de la Asociación de Educadores del Este (AEDE), Felipe Carlos Mora, exigirá al gobernador Justo Zacarías detalles sobre el uso de los recursos del Fonacide en los municipios del Alto Paraná, debido a las críticas sobre la utilización del dinero. El gremio también había solicitado a la intendenta Sandra McLeod informe sobre la ejecución de los fondos en Ciudad del Este, pero no recibió respuestas.
Según Mora, los educadores de la capital departamental se preparan para el regreso a clases con total ausencia de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública para el Desarrollo (Fonacide). El dirigente gremial agregaba que el almuerzo escolar nunca se vio en ninguna escuela de Ciudad del Este y que solamente se construyeron varias pistas de formaciones y algunas aulas.
A días del inicio de clases pueden verse en las instituciones educativas públicas que son los profesores quienes están realizando los trabajos de limpieza de los locales, la mayoría en lamentables condiciones, con paredes derruidas, techos con goteras y pupitres inservibles.
En estos días también se puede ver en los diarios nacionales, que en varios municipios del interior del país, las inversiones de los recursos que debían ser destinados a las escuelas fueron nulas, a pesar de que todas las municipalidades recibieron la ayuda. Nadie sabe a dónde fue a parar tanto dinero, mientras los niños siguen acudiendo a escuelas precarias, que son una vergüenza.
La entrega de los recursos del Fonacide a los municipios es un lamentable “error” de los parlamentarios, que debe ser subsanado en este periodo legislativo y volver a reasignar al Ministerio de Educación y Cultura la administración de los fondos.
Los intendentes desafortunadamente no se caracterizan por su transparencia en el manejo de los recursos públicos y en la eficiencia de su gestión. La mayoría de ellos no puede solucionar problemas tan elementales de sus respectivos municipios, como son los baches en las calles, los puentes precarios y la recolección de basura, y mucho menos estarán en condiciones de ofrecer respuestas adecuadas y válidas a un aspecto tan importante para el desarrollo del país como es la eduación de los niños.
– See more at: http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/13959-dinero-del-fonacide-debe-ser-administrado-por-el-mec#sthash.iGm4vM7Q.dpuf
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Frenar el caos en el uso de los recursos asignados al Fonacide
A escasos días del inicio del nuevo ciclo lectivo, es más que significativo el número de locales escolares que se encuentran en pésimo estado. Los recursos previstos en el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) están disponibles; sin embargo, la mala gestión de gobernaciones y municipalidades impide que los mismos sean utilizados adecuadamente, cuando no facilita directamente su malversación. Urge una acción más firme del Estado a través de sus instituciones de control para frenar el caos que hoy por hoy domina el empleo de este dinero público. En este sentido, la Contraloría debe cumplir con determinación el rol que le asigna la Constitución Nacional.
Las denuncias sobre la no utilización o el desvío de los recursos previstos en el Fonacide arrecian. Día tras día, los medios de comunicación dan cuenta de las enormes falencias existentes, tanto en la capital como en el interior del país.
En Asunción, por ejemplo, sede misma del Gobierno de la República, la Municipalidad capitalina cuenta con 13.600 millones de guaraníes para mejorar las obras de infraestructura escolar en 11 instituciones que actualmente tienen problemas edilicios por resolver. El intendente y la Junta Municipal se responsabilizan mutuamente de no acelerar las medidas administrativas destinadas al inicio de los trabajos.
El caso ilustra acabadamente el desorden reinante. Si esto acontece en la capital misma del país, es fácil imaginar lo que puede estar aconteciendo en puntos más alejados del centro político y económico del Paraguay. De hecho, la Municipalidad de Asunción es nada más una de las más de 70 intendencias que no iniciaron obra alguna, pese a contar con la disponibilidad de los recursos asignados al Fonacide.
Otra muestra del caos. Hasta el momento una de cada cinco obras ejecutadas con el Fonacide no cuenta con la autorización del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En el Departamento Central, por mencionar un caso emblemático, fueron 94 las refacciones efectuadas de esta manera, en el de Concepción, 41.
Ello acontece a pesar de que el Decreto 10504, que reglamenta la Ley 4758 que crea el Fonacide, establece taxativamente en su artículo 37 que: «Los proyectos de infraestructura y equipamientos deberán enmarcarse dentro de las normativas vigentes, estándares de calidad de materiales, de mano de obra, de planos tipos, de especificaciones técnicas, establecidas y aplicadas por el MEC, así como de su aprobación y fiscalización por parte de la misma entidad».
No obstante, al carecer el Ministerio de Educación y Cultura de potestad alguna sobre municipios y gobernaciones –puesto que estos tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos–, poco puede hacer la institución para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la norma anteriormente citada.
Así las cosas, corresponde que la Contraloría General de la República cumpla un rol más activo en lo que respecta a la verificación del uso de los recursos del Fonacide.
De hecho, el artículo 281 de nuestra Constitución prescribe que esta institución es «el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades». Corresponde pues que, en uso estricto de sus atribuciones, la Contraloría actúe con mayor determinación para asegurarnos de que el dinero del Fonacide sea destinado de manera real, efectiva y transparente al uso para el cual el mismo fue concebido en la ley respectiva.
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Escuelas precarias y elefantes blancos
El diario ABC Color publicó ayer en su portada la fotografía de las condiciones en que se encuentra la escuela Fulgencio Yegros, de Hernandarias. La misma mostraba el estado del sanitario de la institución con las ventanas rotas y parte del techo destrozado. En la información de la página se destaca las declaraciones del intendente Mario Castillo (PLRA), quien había afirmado que apenas dos escuelas serían beneficiadas con obras de infraestructura y que sólo 15 de las 60 ubicadas en zonas pobres recibirían el almuerzo escolar, por no contar con presupuesto suficiente para proveer a todas.Esto, a pesar de que la administración municipal recibió durante el 2013 unos 3.200 millones de guaraníes del Fonacide.
Coincidentemente en el mismo día, nuestro diario publicó el estado de abandono en el que se encuentra el polideportivo construido por la Itaipu, una enorme infraestructura solventada con recursos de la binacional, también en Hernandarias, que está cayéndose a pedazos desde hace 15 años, y para cuya edificación se gastaron más de 5 millones de dólares.
Las dos situaciones totalmente contrapuestas se dan en el mismo municipio. Por un lado, tenemos las escuelas en deplorable estado a una semana de iniciarse el año lectivo y por el otro lado el derroche y la improvisación en una megaobra inservible. Lo más probable es que semejante elefante blanco haya beneficiado a la constructora de algún amigo y entonces no interesaba su utilidad práctica, como ha sucedido en muchos otros casos en nuestro país.
Ambas situaciones retratan de cuerpo entero la realidad de una sociedad con una clase dirigente mediocre y corrupta, que no tiene idea de las necesidades de la población y como tal no pueden establecer prioridades.
Se construyen pomposas obras que son inservibles, mientras los niños siguen yendo descalzos a escuelas precarias, donde otros tantos sinvergüenzas también se aprovechan para beneficiar a amigos y correligionarios, con la provisión de las meriendas escolares, que ni siquiera llegan a todos, y si llegan son de mala calidad, mientras que otros tantos ni siquiera tienen aulas y asisten a clases bajo los árboles. ¡Una verdadera vergüenza!
Nuestra sociedad realmente comenzará a cambiar cuando la clase dirigente establezca prioridades en base a la realidad y la necesidad de la sociedad paraguaya y en este momento de la historia, la prioridad debe ser la inversión en educación. – See more at: http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/14012-escuelas-precarias-y-elefantes-blancos#sthash.m4k0DkRE.dpuf
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Hay intendentes que necesitan niñeras
Con muy buen criterio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer una resolución que dispone solicitar informes al Ministerio de Hacienda, a las Gobernaciones y a las Municipalidades sobre el uso dado al dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Es oportuno este pedido porque la serie de notas que venimos publicando sobre la administración por parte de los gobernadores e intendentes demuestra que los cuantiosos recursos que deberían haber sido aplicados a la construcción y mantenimiento de escuelas no fueron utilizados ni mucho menos para los fines asignados.
Mientras tanto, en el sitio web de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) se lee que el “Ministerio de Hacienda busca dejar mal paradas a las municipalidades” al informar solo sobre los recursos del Fonacide que ellas recibieron en 2013, omitiendo montos mayores que tuvieron otros destinos. Luego se agrega que “gran parte de la prensa se ocupa de la utilización de esos recursos”, como si también ella participara en esa campaña de descrédito. Por lo visto, a los munícipes les molesta que se les recuerde cuánto dinero recibieron y que incumplieron su obligación legal de destinar el 50% del mismo a proyectos de infraestructura en educación.
Como puede notarse, la defensa esgrimida es de lo más infantil, pues equivale a decir que otras entidades públicas también administran muy mal los recursos transferidos por el Ministerio, lo que exculparía a los jefes comunales que no realizaron las obras previstas o las realizaron de la peor manera. Ellos son los principalísimos responsables de que las clases vayan a reiniciarse en unas escuelas y colegios públicos que en su gran mayoría se hallan en lamentables condiciones.
El Ministerio de Hacienda y la prensa tienen el derecho y el deber de dar a conocer a la ciudadanía lo que se hace o no se hace con el dinero público. Ellos no tienen la culpa de que los alumnos deban empezar el año lectivo en locales ruinosos y mal equipados porque los 287.185.220.243 guaraníes del Fonacide fueron mal aplicados o ni siquiera invertidos. Los culpables son los intendentes municipales, por corruptos o incapaces o por ambas cosas a la vez.
La Constitución obliga a presumir la inocencia, pero no la idoneidad de los jefes comunales. Si el descomunal fracaso administrativo en perjuicio de los alumnos de todo el país no es atribuible a la corrupción, entonces resta como explicación verosímil la simple ineptitud. Quienes dirigen una intendencia municipal deben saber administrar, y para eso deben capacitarse antes de aspirar al cargo, estudiando las normativas más importantes que regirán su gestión, como la Ley Orgánica Municipal y la de Contrataciones Públicas. No es cuestión de ir aprendiendo después, a costa de la comunidad, ni de requerir el auxilio de otras autoridades. Los intendentes municipales no deben necesitar “niñeras” que les marquen el paso a dar. La ministra de Educación les dijo muy bien que no podía llevarles de la mano y les sugirió que leyeran la Ley del Fonacide, a la que habría que agregar la Resolución Nº 7050/12 del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que exige la previa intervención de su Dirección de Infraestructura en la ejecución de los proyectos, y la Resolución Nº 842/13 de la Contraloría General de la República, que reglamenta la rendición de cuentas que deben presentarle las entidades citadas en la Ley del Fonacide. Ahora resulta que los jefes comunales se están volviendo conscientes de sus limitaciones intelectuales y de la “gigantesca burocracia” que impediría el uso del dinero recibido. Hubiera sido preferible que hubiesen sido conscientes de su impericia antes de aspirar al cargo y que luego, al debatirse la Ley del Fonacide, hubiesen formulado las objeciones que hoy hacen.
Debido a la inutilidad o a la corrupción de los administradores se ha perdido más de un año sin que se hayan mejorado las edificaciones ni los equipamientos de la mayoría de las escuelas y colegios. Contra esta anormalidad también es necesario que la ciudadanía de los pueblos y ciudades del país afectados por la incompetencia o el desvío de fondos previstos para la infraestructura educativa de sus hijos e hijas exija la correcta ejecución de los proyectos y que “arme lío” si los responsables siguen privando a sus hijos de las instalaciones y el mobiliario requeridos para una buena enseñanza. Entre esos responsables se incluye en primer lugar a los concejales. Son ellos quienes deben autorizar los llamados a licitación pública y los concursos de ofertas, así como aprobar los pliegos de bases y condiciones y la adjudicación de los contratos, aparte de que pueden pedir a la intendencia municipal informes sobre toda cuestión relativa al funcionamiento municipal. En la enorme mayoría de los casos, los proyectos no fueron ejecutados, sin que la Junta Municipal se interesara en el asunto, por lo que sus miembros también fueron y son cómplices en la inoperancia culposa, traicionando así a la ciudadanía.
Los pobladores ni siquiera estuvieron enterados de las transferencias de fondos, por lo cual no se movilizaron en defensa de la educación, como deberían hacerlo por muy buenos motivos. En Santa Rosa del Aguaray, por ejemplo, un movimiento ciudadano preguntó: “¿Dónde está la plata?” La misma pregunta deberían hacerla a sus intendentes los habitantes de los 244 municipios restantes, al tiempo de reclamar con fuerza que se construyan las obras y se amueblen los centros educativos. Sin perjuicio de que contribuyan con su trabajo voluntario a que las instalaciones estén en mejores condiciones, los padres y las madres deben reclamar con firmeza y perseverancia a las autoridades comunales que el dinero destinado a la infraestructura en educación sea utilizado, y de la mejor manera. Se supone que el control que pueden ejercer sobre ellas los pobladores es mucho más efectivo que el que pueden ejercer sobre las autoridades nacionales. No puede escapar a sus ojos que las aulas siguen derruidas, que no hay pupitres o que faltan instalaciones sanitarias, porque los fondos siguen en algún banco o porque el dinero del Fonacide fue desviado.
La opinión pública debe estar informada de la transferencia de esos recursos, ponerse en campaña para demandar su correcta aplicación y, en los próximos comicios municipales, castigar la eventual ineficiencia y la corrupción de los actuales intendentes y concejales y ser cuidadosa en la elección de sus reemplazantes.
Es de esperar que los gobernadores y los intendentes contesten como corresponde a esta solicitud de la Comisión Permanente del Congreso, y que los diputados y senadores impulsen la aplicación de las sanciones pertinentes a quienes no respondan, o lo hagan incorrecta o insuficientemente, a esta justa inquietud de la ciudadanía.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/hay-intendentes-que-necesitan-nineras-1216848.html
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La plata dulce
Por Desiré Cabrera, ABC Color
Desde noviembre del año 2012 hasta agosto del 2014, el Ministerio de Hacienda desembolsó más de G. 806.881 millones de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) a las 17 gobernaciones y 245 municipalidades de nuestro país para mejorar la infraestructura e implementar programas para mejorar la educación en el Paraguay.
Sin embargo, desde la vigencia de la ley del Fonacide fueron denunciadas múltiples irregularidades en la aplicación de los recursos, que en muchos casos solo sirvieron para aumentar el patrimonio de gobernadores, intendentes y concejales tanto municipales como departamentales. En el departamento de Cordillera, la mayoría de las municipalidades, por ejemplo, comenzaron a ejecutar los recursos recién en este año a raíz de las denuncias hechas por docentes y escolares; los intendentes se excusaron con que existe mucha burocracia para realizar las obras con el dinero de este rubro.
Ahora los gobernadores exigen un alto incremento en los recursos que perciben, con la excusa de la necesidad de una descentralización efectiva. Esto ocurre poco más de un mes de comenzar un año eminentemente electoralista.
Los ejecutivos departamentales no solo exigen el 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), establecido por ley, sino también quieren apropiarse “por única vez” de G. 112.000 millones, parte de los Fondos Fiduciarios para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Supuestamente tienen el objetivo de solucionar con ese dinero todos los problemas de infraestructura que se tienen en las diferentes instituciones educativas del país.
También quieren que las gobernaciones administren G. 100.000 millones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), destinados al mejoramiento de infraestructuras departamentales. Todo esto con la excusa de que “nadie conoce mejor su zona que los gobernadores e intendentes”.
Sin duda, sería un error confiarles la administración de tanto dinero.
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