La actuación de la Policía Nacional durante los disturbios del viernes y madrugada del sábado confirma y reconfirma el nivel de podredumbre de esta institución y la falta absoluta de preparación que a estas alturas es inconcebible que se esté dando.
Los policías antimotines desplegados en el lugar se vieron rebasados, inclusive, cuando el número de manifestantes en las inmediaciones del Congreso Nacional era reducido.
Los agentes actuaron como aprendices, sin ninguna orientación, sin protocolo.
Los jefes a cargo estaban más ocupados brindando declaraciones a los periodistas que cubrían el evento, antes que buscando controlar la crispación.
La falta de profesionalismo de los uniformados encendió la chispa que ellos debieron evitar. ¿Qué entrenamiento reciben estos llamados antimotines?
Dispararon directo a los rostros y parte superior de la cin- tura de los manifestantes. Dejaron libre el área para que estos atropellaran e incendiaran la sede del Congreso.
Horas más tarde, actuaron como asaltantes por el microcentro, tomando al azar a todo ciudadano que encontra- ban a su paso, extorsionaron, y culminaron su criminal actuación atropellando un local partidario y asesinando a un joven dirigente que se encontraba desarmado dentro del recinto.
Un sitio al que los policías llegaron con sed de sangre y armados con proyectiles letales. Allí arrebataron la vida del joven Rodrigo Quintana.
La Policía Nacional evidenció que no cuenta siquiera con un plan de contingencia para situaciones como las que se vivieron el viernes. Tampoco para proteger los edificios públicos y menos aún, la vida de las personas.
Para hundir aún más su imagen decadente, mientras se convoca a un diálogo para descomprimir la crisis política, la comandancia policial solicita a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) la compra de 15.000 balines de goma. ¿La institución no tiene presupuestada la compra de insumos?
¿Por qué debe recurrir a una institución como la EBY para dotar de elementos básicos a su agrupación supuestamente especializada en disturbios y que debe mantener o restaurar el orden público, proteger a las personas y los bienes públicos y privados, básicamente, disgregando a los manifestantes?
La Policía Nacional produce temor. Si una unidad como aquella, que se supone espe- cializada, actúa tan poco profesional y encima se comprueba que está desatendida por la institución a la que pertenece, cómo estarán funcionando las otras áreas vinculadas con la investigación de crímenes, la inteligencia o que deben diseñar los planes de prevención.
Hay mucho que extirpar de la Policía Nacional. Pero ni el Ejecutivo, el Legislativo ni los partidos políticos han mostrado algún interés en depurarla. Debe ser porque casi nadie tiene autoridad moral para comenzar a impulsar algo así, o porque no les conviene.
Por Susana Oviedo
http://www.ultimahora.com/peligrosa-policia-nacional-n1075894.html
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Suma y sigue!! Versión del Gobierno de hunde. Decían que el policía salió de su arresto para ir al local del PLRA. Estuvo el jueves como escopetero frente al Congreso, confirma la Abog. Selva Rodríguez. Desde la tarde ya participaba del operativo, y porque hay tan pocos imputados? fueron de 4 camionetas que se bajaron los policías uniformados y de civiles con armas reglamentarias, había uno con una metralleta tipo mini uzi? que espera la fiscalia para decirlo? Que hubiera pasado si no fallecía el joven nadie se radia cuenta que estaba con arresto. Que se les sumarie a todos los que están a la cabeza y que se les de prisión, alguno va soltar la lengua después al ser perjudicado… Son tan temerarios…. exponen nomas su relato «por si acaso» la gente no se de cuenta. Todos los que son identificados en el vídeo deben estar detenidos. El civil saca su pistola de la parte de atrás de su cuerpo. Iban a matar. ¡Cuantas violación es a las leyes cometieron? Esta es la policía de una dictadura que arremete ignorando todo y con brutalidad.
Se les cae la careta. Imagina como nos habrán jodido con caso Curuguaty. Nunca sabremos que paso. Esto confirma. Es más obvio que el Estado intenta desligarse de esta piedrita… Mintieron desde el Gobierno para tratar de encubrir a los culpables burlándose del asesinato de Rodrigo Quintana!
Es una vergüenza mas y pensar que la policía esta para resguardar a la ciudadanía, comenzó hace mucho: seguimientos, extorsiones en las calles, bandidos uniformados.
Esto es TERRORISMO DE ESTADO. Peligrosa Policia Nacional. La historia oficial del asesinato busca encubrir a los culpables, a los autores morales del crimen y es demasiado burda
http://www.ultimahora.com/peligrosa-policia-nacional-n10758…
Con antecedente de violencia intrafamiliar, Sub Of. Gustavo Florentín, salió con arma y equipamiento a la calle. Como un golpeador va a ser policia? Se tendria que prohibir y dar de baja a los que tengan estos antecedentes. Desequilibrados mentales. Ingresó a la Policía hace dos años y seis meses. Y fundió más su vida. Otro policía es quien dice que van a matarles a todos y él responde «Sí, Señor». Eso es lo que se aprecia en el vídeo, no? Historia oficial es que nadie ordenó operativo de persecución a manifestantes… y el audio cómo supo que estaban frente a PLRA? Un niño de 4 años inventa mejores historias fantasiosas. Falta que digan que ni siquiera eran policías! O el famoso «yo no vine ese día.» Se quieren lavar las.manos los jefes. Así nomas. La historia oficial del asesinato de Rodrigo Quintana busca encubrir a los culpables, a los autores morales del crimen y es demasiado burda.
El suboficial es robocop? Porque actuó mecánicamente según el vocero oficial. Y «con prisión» en la comandancia solooo en Paraguay. 😢 Petición de comprar 15 mil balines y encubrir a quienes asesinaron a un joven opositor son las 1ras. medidas del nuevo Cmdte. de la Policia (?) Que con esto los policías piensen antes de gatillar, quienes los envían al frente se lavan las manos. Oficialmente Sub Of. Gustavo Florentín no debería estar en pelotón y no salir, pero si lo hizo. Ministro y Comandante son responsables. Era imposible sostener ese relato débil del Ministerio del Interior. Mienten para encubrir y son cómplices ¡Háganse cargo! La ciudadanía debe vivir en paz. Siento dictadura cuando veo policías mal instruidos q reaccionan como en el siglo XIX! ¿Qué clase de estrategas políticos son los que acompañan este gobierno? Lo están haciendo todo mal. En vez de arreglar, empeoran la situación. Si mienten sobre un asesinato en la sede de un Partido, lo que deben ser los operativos que hacen en el interior o en los bañados. Hay que refundar la Policía Nacional, después de ver las imágenes de @ABCTVpy ¿Quién puede creer ya en ellos? Sobre una muerte mienten La clave para revelar quién dio la orden de matar en el PLRA es indagar los celulares de jefes policiales. Quién daba las órdenes esa noche!
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Pudriendo las instituciones
6 abril, 2017
Mientras se discute la enmienda constitucional y el diálogo propuesto por el presidente de la república, también van apareciendo una serie de videos y documentos sobre la extremada brutalidad policial y las graves violaciones de los Derechos Humanos y libertades fundamentales reconocidas por nuestra Constitución, que fueron perpetradas por la policía, durante los hechos de la tarde y noche del viernes y la madrugada del sábado.
Gracias a la tecnología, como nunca antes, toda la actuación policial quedó registrada y a medida que pasan los días van apareciendo videos y documentos que echan por tierra el delirante libreto que se pretendió instalar desde el gobierno. En efecto, la versión oficial trató de instalar que el policía que asesinó al joven Rodrigo Quintana escapó de su prisión domiciliara, tomó un arma y fue a atacar el local del PLRA y que además, es militante liberal.
Los videos que se difundieron ayer mostraron cómo los policías atropellaron el local partidario, que terminó con la muerte del joven dirigente. Se trató de un atraco a un local privado sin orden judicial y ahora se pretende que el único responsable de todo ese despropósito sea un simple suboficial. El caso del PLRA fue el más grave porque se trató de un criminal atropello, pero no fue el único. Ayer aparecía también el caso de un joven que fue sacado por la fuerza de su lugar de trabajo por la policía y llevado preso, sin orden judicial, y para completar fue torturado.
Aquí en Ciudad del Este también los policías actuaron con extrema saña, disparando a muy corta distancia a quemarropa provocando severas heridas en los jóvenes que se manifestaron en el Puente de la Amistad. Al igual que en la capital, también se produjeron detenciones arbitarias y violaciones de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, la policía trató de engañar a la opinión pública ocultando los datos sobre los heridos.
El gobierno de Horacio Cartes está llevando al país, no solo por el peligroso camino del enfrentamiento entre paraguayos, sino que está comenzando a destruir las instituciones de la República. La Policía Nacional fue una de las instituciones que con el advenimiento de la democracia había recuperado el respeto y la confianza de la ciudadanía. Aquella policía stronista torturadora y represiva pronto desapareció del recuerdo de los paraguayos, quienes comenzamos a ver a los uniformados como defensores y protectores de la ciudadanía, a pesar de sus elementos corruptos.
Con estas últimas actuaciones policiales se evidencia cómo la administración de Horacio Cartes está comenzando a pudrir las instituciones resucitando viejas prácticas que habíamos creído que ya fueron superadas. Lo peor es que esta podredumbre está comenzando a carcomer otras estructuras y de seguir así terminará por devorarnos como ciudadanos.
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Urge desterrar la tortura, que sigue como en la dictadura
Un reciente informe del Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura (MNP) revela que esta forma de violación de derechos humanos es una práctica vigente en dependencias policiales y en la Senad, como en las peores épocas de la dictadura stronista. Con base en 927 entrevistas a personas privadas de su libertad, los datos apuntan que un 51% fueron golpeadas, maltratadas e insultadas durante su detención, y 70% fueron torturadas en centros penitenciarios. Lo grave es que de unas 3.000 recomendaciones hechas al Estado por el Mecanismo en los últimos 5 años, se han cumplido menos de la mitad. Es necesario que la sociedad se involucre para desterrar esta bárbara práctica que atenta contra los derechos humanos.
El dato es revelador y genera preocupación: Un 51% de las personas privadas de libertad, de las 927 que fueron entrevistadas por los comisionados del Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura (MNP), durante año el 2016, sostienen que fueron golpeadas, maltratadas e insultadas por agentes de la Policía Nacional en momentos en que eran detenidas.
El dato de los que fueron torturados, una vez que estaban presos, es aún mayor: el 70% de los entrevistados, quienes aseguran que fueron golpeados, maltratados e insultados por guardiacárceles en los centros penitenciarios.
Estos datos forman parte del informe oficial que el MNP, un organismo estatal independiente, dio a conocer el martes último, asegurando que la tortura por parte de efectivos de la Policía Nacional (en el 69% los casos), de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (en el 28% de los casos) e incluso de funcionarios de la Fiscalía (en el 2,2%), sigue tan vigente como lo estuvo en las peores épocas de la dictadura stronista.
En el caso de la mujeres presas, un 35,3% fueron víctimas de torturas y malos tratos en el momento de su aprehensión, de las cuales un 43% recibieron torturas físicas y un 56,9% torturas sicológicas.
La revelación supone una grave violación de las disposiciones establecidas en la propia Constitución Nacional, en varias leyes y en tratados internacionales suscritos por el Estado paraguayo, ya que la tortura constituye uno de los actos más degradantes y una de las más terribles violaciones de los derechos humanos.
En el momento de la presentación del informe, el comisionado Roque Orrego fue categórico al afirmar que se está hablando de “tortura pura y bruta, al mejor estilo de la dictadura”. A pesar de que siempre se ha manejado la suposición de que la brutalidad policial heredada de la época dictatorial no ha variado mucho, la comprobación hecha por el informe del Mecanismo establece que no se ha avanzado casi nada en variar el enfoque de la educación en las academias policiales, donde presuntamente se han introducido materias que tienen que ver con el respeto y la valoración de los derechos humanos.
Igualmente, se destaca que desde las cúpulas de los organismos de seguridad se otorga una especie de “luz verde” para que se aplique la tortura. Sobre todo, cuando se indica que de unas 3.000 recomendaciones hecha al Estado por el Mecanismo en los últimos 5 años se han cumplido menos de la mitad.
Es necesario que la sociedad se involucre para desterrar esta bárbara práctica que atenta contra los derechos humanos.
http://www.ultimahora.com/urge-desterrar-la-tortura-que-sigue-como-la-dictadura-n1074599.html
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Decididos a matar
A estas alturas de los acontecimientos que se viven en nuestro país, y vistos los graves sucesos del viernes de la semana pasada –el viernes negro de nuestra historia reciente–, se diría que el régimen de Horacio Cartes está decidido a continuar matando gente si este extremo se le hace necesario para satisfacer su obsesión reeleccionista.
Esta conclusión se infiere fácilmente de la observación de la actitud que sus fuerzas policiales adoptaron en la violenta represión desatada en aquella jornada de protesta ciudadana, que se inició siendo pacífica y ordenada y que, agredida sin miramientos por los agentes policiales, exageradamente armados y pertrechados, tuvo que dispersarse precipitadamente, dejando tras de sí un montón de heridos, contusos y, más tarde, hasta una víctima mortal.
Ya en días anteriores, ante un primer conato de manifestación pacífica de los ciudadanos, el presidente Cartes ordenó inclusive la salida de militares a las calles, en una medida tan inconstitucional como su enfermiza ambición de “rekutu”. Los hechos y las actuaciones posteriores sugieren que la brutal operación policial estuvo finamente calculada como para “dar un escarmiento” a los “revoltosos” que se oponen a que el iluminado Horacio Cartes continúe atornillado al sillón de los López.
Si el régimen de Cartes está dispuesto a llegar a estos extremos de siniestros aprestos, perversidad y violencia, significa que la loca ambición política que le inficiona la mente ya le hizo perder la cordura, o que confía estúpidamente en que esta agresividad policial desmedida –como en los años de la dictadura de Stroessner– dará una lección de cautela a todos, acobardará a los manifestantes y ahogará en el miedo este magnífico espíritu de resistencia que se despierta justificadamente en la sociedad paraguaya.
Pero Cartes y sus asesores se equivocan de medio a medio en sus evaluaciones. Tal vez su falta de experiencia política, su ignorancia de la historia y la miopía que les provocan sus enloquecidos proyectos personales están haciéndoles creer que las barbaridades policiales perpetradas el viernes negro quebrarán la resistencia de la ciudadanía. Sin embargo, como era de pensar, está ocurriendo todo lo contrario. Puede preverse, entonces, que a medida que Cartes endurezca sus acciones represivas, la resistencia ciudadana en defensa de la legalidad, a su vez, irá en aumento, con imprevisibles consecuencias de las que él será responsable.
Ahora mismo, los promotores de la irracional aspiración están tan ciegos que no ven que se están multiplicando en todo el país las manifestaciones de repudio al inaceptable reeleccionismo de Cartes y de Fernando Lugo –otro cínico aspirante al “rekutu”– así como a la notoria complicidad venal de varios senadores y diputados sin escrúpulos que, posiblemente a base de sobornos o de promesas, los acompañan en la aventura. Ya no se trata solo de asuncenos reunidos en una plaza, sino también de millares de paraguayos y paraguayas, a lo largo y ancho del país, marchando indignados en las ciudades del interior. Integrantes del gremio docente anuncian que se sumarán a las protestas y los estudiantes organizaron un paro cívico, en tanto que medidas similares planean también realizar organizaciones sindicales y otros gremios.
Si la policía recibió la orden de matar o lesionar gravemente, porque esto es lo menos que puede inferirse del hecho de que disparasen sus armas directamente al rostro y al pecho de los manifestantes, hay que suponer que esta orden continúa vigente, dado que las decisiones políticas gubernamentales no sufrieron cambios y que, contra ellas, se preparan nuevas manifestaciones por doquier.
El presidente Cartes se empeña en no retirar su ya luctuoso proyecto de enmienda, mientras Fernando Lugo, con la pusilanimidad y el cinismo que lo caracterizan, permanece escondido en alguna cueva de donde sale cuando le conviene; y los voceros de ambos políticos no solamente no se apean un milímetro de sus funestas pretensiones, sino que, con la mayor arrogancia, se niegan siquiera a debatir sobre esa posibilidad. En estas condiciones, ¿qué podría esperarse entonces que no sea una espiral de violencia social?
Si los paraguayos conscientes no impedimos que esta situación se agrave aún más, pronto estaremos en las tristes condiciones de Venezuela, país paralizado por el enfrentamiento, con la vida social desquiciada, con necesidades básicas cada vez más agudas, y con un gobernante cada vez más tiránico y borracho de poder omnímodo.
A esta altura de los acontecimientos, el presidente Cartes ya debería haberse dado cuenta de que la represión al puro estilo stronista y chavista que escogió como método disuasorio no tiene posibilidades de tener éxito. La gente ya no se deja amedrentar ni siquiera por las balas asesinas de agentes policiales. La indignación que provocan los abusos está sensibilizando a tantas miles de personas que todos los cartuchos solicitados a la Entidad Binacional Yacyretá para la campaña represiva que el Gobierno planea incrementar no serán suficientes para detener a ciudadanos y ciudadanas indignados.
El presidente Horacio Cartes y el senador Fernando Lugo tienen la obligación moral y patriótica de renunciar a sus ambiciones reeleccionistas en pos de la concordia social, y de la necesidad perentoria de conjurar los grandes males que se ciernen sobre el país.
Sería muy lamentable que esta libertad de la que han venido gozando los paraguayos y las paraguayas sea sepultada otra vez bajo las botas y las bayonetas.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/decididos-a-matar-1582147.html
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Nostradamus… NoNostragamus
Por Mabel Rehnfeldt
El viernes último, día que se cumplió una semana del asesinato de Rodrigo Quintana, autoridades y políticos hicieron dos “in memorian”. En una mesa presidida por el Presidente de la República –llamada de diálogo– se decidió buscar una tercera oportunidad al debate.
En el segundo “in memorian” realizado simultáneamente a la mesa de “diálogo”, los senadores Juan Darío Monges (ANR), Lilian Samaniego (ANR) y Carlos Filizzola (Frente Guasu) usaron en vez de diálogo, una andanada de descalificaciones… y delirios.
Están tan desesperados por “sacarse el muerto de encima” (que en este caso no es Rodrigo sino la responsabilidad del gobierno cartista y sus aliados pro enmienda) que apelan a cualquier recurso.
La senadora Lilian Samaniego dijo: “Florentín (sindicado como quien disparó contra Rodrigo Quintana) es afiliado al Partido Liberal, ingresó a la policía en época de Rafael Filizzola, su familia activista del Partido Liberal, su madre es seguidora del presidente del partido Liberal, Alegre”.
De acuerdo a lo que subyace tras estos dichos de la expresidenta de la ANR, se puede inferir que tratan desesperadamente de involucrar en el asesinato a dos de los líderes opositores: Rafael Filizzola y Efraín Alegre. El primero, Filizzola, habría contratado deliberadamente al policía gatillo fácil en algún momento de su gestión entre 2008 y 2011 para consumar un asesinato en el 2017. El segundo, Alegre, carga con la culpa de que el policía está afiliado al PLRA, su familia es activista y su mamá es seguidora del Presidente. Tamaño problema y certeza del crimen se tendrá cuando se descubra que por ahí todo el vecindario del policía fue a la última fiesta de San Juan de los liberales.
Siguiendo la ruta delirante, todo indica que quieren llegar al punto de que, detrás de la muerte de Rodrigo, podrían estar los mismísimos opositores, entre ellos y sobre todo, los liberales. Solo que olvidaron un pequeño detalle: Fernando Lugo, su socio aliado en la enmienda, era el Presidente de la República cuando Rafael Filizzola era ministro y el policía ingresó a las fuerzas policiales.
La teoría conspiraticia que sugieren lleva necesariamente a que Rafael Filizzola, hace 6 o 9 años ya adivinó que en el 2017 a Horacio Cartes le entraría la fiebre de la reelección, que atropellarían el Congreso y que la gente ganaría la calle para protestar. La clarividencia les hizo ver además que, entre el 31 de marzo y el 1 de abril del 2017 iban a necesitar atropellar el local del PLRA y conseguir un mártir.
Si Lugo o Federico Franco hubieran estado de presidentes, y si su policía hubiera atropellado la Junta de Gobierno de ANR, disparando a mansalva, hiriendo parlamentarios y dejando un muerto, ¿será que ya no hubieran destituido como mínimo a toda la cúpula policial, ministros, viceministros… y quizá un Presidente?
Ya que ellos quieren ser los de las profecías de Nostradamus… que sepan que nosotros Nonostragamus.
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Crímenes de policías no deben ser protegidos por la Justicia
Aparte del asesinato del joven Rodrigo Quintana en la sede del PLRA, la Fiscalía recibió cerca de 80 denuncias contra efectivos policiales por uso excesivo de fuerza y privación ilegítima de libertad, tras las manifestaciones del 31 de marzo. Los testimonios indican que esa noche hubo una verdadera «cacería humana» en operativos que violaron los más elementales derechos humanos, con evidente participación y anuencia de altos mandos. Hasta ahora casi ningún agente o jefe policial ha sido imputado por estos casos. Además de poner en cuestión el tipo de formación que reciben quienes deben proteger a la sociedad, la falta de sanciones lleva a creer en la complicidad de la Justicia con los abusos cometidos.
A medida en que se conocen más detalles sobre la criminal manera en que actuaron los escuadrones policiales en la noche del viernes 31 de marzo y en la madrugada del sábado 1 de abril, luego de las manifestaciones de protesta que derivaron en el incendio del local del Congreso, surge la preocupación acerca de la actitud de quienes integran las fuerzas de seguridad, para quienes las normas legales no tuvieron importancia.
Además de atropellar por la fuerza, sin ninguna orden judicial, un local privado como la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y entrar disparando a mansalva con proyectiles de plomo, causando el asesinato a sangre fría de un joven miembro de la organización política, los efectivos policiales cometieron numerosos abusos. En la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público se han recibido cerca de 80 denuncias sobre casos de uso excesivo de la fuerza y privación ilegítima de la libertad, cometidos por agentes policiales, con la evidente participación y anuencia de altos mandos.
En una de las noches más negras en los últimos años, las patrullas policiales salieron en una especie de «cacería humana», efectuando una redada indiscriminada por las calles céntricas, ignorando los más elementales derechos. Además de capturar a manifestantes en los alrededores del Congreso, arrestaron a personas que caminaban por las calles o estaban cenando en bares céntricos. También varios automovilistas fueron interceptados, obligados a descender y tumbarse cuerpo a tierra. Muchos fueron golpeados, esposados y conducidos a las comisarías. En total, 211 personas resultaron detenidas y llevadas finalmente a la Agrupación Especializada, muchas sin haber participado de la manifestación. Varios denunciaron haber sido torturados y que durante su detención los agentes policiales les robaron sus pertenencias. Otros sostienen que fueron extorsionados a entregar sumas de dinero para recuperar en el mismo momento su libertad.
Lo ocurrido lleva a reflexionar acerca de qué tipo de formación reciben los miembros de la Policía paraguaya, para que en un caso de conmoción social, en lugar de proteger a los ciudadanos, sean ellos quienes se conviertan en el mayor peligro y actúen como lo hacía la criminal policía en la época de la dictadura stronista.
A pesar de las numerosas denuncias y evidencias, hasta ahora casi ningún agente o jefe policial ha sido imputado por estos delitos, al contrario de lo ocurrido con los manifestantes en el incendio del Congreso. Una sustancial diferencia, que lleva a creer que la Justicia estaría protegiendo los crímenes y abusos cometidos por los policías.
http://www.ultimahora.com/crimenes-policias-no-deben-ser-protegidos-la-justicia-n1077392.html
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La Policía que tenemos
Por Fernando Boccia
La Policía miente, tortura y mata. Quizás no en ese orden, pero lo hace. Desde hace mucho y nunca paró. Puede sonar exagerado, pero no lo es.
El caso de Rodrigo Quintana dejó completamente al desnudo cómo opera el aparato policial en momentos de crisis. La Policía ingresó sin orden judicial a la sede del principal partido opositor del país y mató a un joven de 25 años a quemarropa. Ningún oficial hizo alguna pregunta antes. Abrieron la puerta y dispararon. Segundos después, el comisario Tomás Paredes Palma y otros agentes de Investigación de Delitos llegaron y arrasaron con cuanto liberal estaba parado. De nuevo, ningún policía hizo preguntas. El objetivo era atropellar, intimidar, mandar un mensaje y salir de ahí. El objetivo se cumplió y salieron. Ni siquiera se dignaron a auxiliar a Rodrigo, que agonizaba en el pasillo.
A partir de ahí comenzó la maquinaria de mentiras, con un abierto respaldo del Gobierno. Que persiguieron a una turba que se refugió segundos antes en el PLRA, que hubo un forcejeo, que ningún comisario dirigió el operativo, que el suboficial que disparó a Rodrigo era un policía arrestado que se escapó y se infiltró en el contingente policial.
A cada mentira defendida por el Ministerio del Interior, un testimonio o un video salían a la luz y desarmaban la versión oficial. Entonces, se construía una nueva narrativa: Del forcejeo, pasamos al suboficial sicótico e insubordinado, luego a la supuesta persecución previa a unos inadaptados y cómo el comisario Paredes Palma llegó 20 minutos después del atraco. El guion fue evolucionando porque todo –desde el enfrentamiento, la presencia desautorizada de un suboficial, hasta la persecución y la ausencia de jefes policiales en el operativo– fue rebatido con imágenes de la prensa, celulares o cámaras de seguridad.
Lo más preocupante no son las mentiras de la Policía, sino el amparo que encuentra en el Ministerio Público. A más de una semana del crimen, no se sabe quién dio la orden para entrar al partido y solamente se imputó al suboficial Gustavo Florentín. El Gobierno pretende a todas luces que este suboficial sea el chivo expiatorio. El oficialismo incluso quiere instalar la idea de que el crimen fue un complot contra Cartes. Por más delirante y ofensivo que parezca, los máximos referentes colorados repiten la teoría conspiratoria sin un ápice de evidencia y con la más absoluta impunidad.
La Policía miente, tortura y mata. La madrugada del 1 de abril torturó a un abogado, que convenientemente ya está imputado por los disturbios en el Congreso; mató a un muchacho y hasta ahora sigue mintiendo. Y, hasta ahora, la Fiscalía lo permite.
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