Un incipiente proceso destinado a producir una indispensable depuración de las universidades existentes en el país se ha iniciado a partir de medidas adoptadas recientemente por autoridades a las que atañe el sector. No obstante, dado el grave deterioro existente en esta materia, evidenciado en el montaje de un nefasto esquema destinado a mercantilizar un bien tan sensible como son la educación terciaria y la formación académica de los estudiantes, es preciso profundizar y sistematizar las medidas tendientes a producir un definitivo saneamiento de la educación superior en el Paraguay. La situación actual es a todas luces deplorable, por lo que urge encontrarle remedio.
Algunas determinaciones adoptadas recientemente en el ámbito de la educación superior son alentadoras. Entre ellas, la decisión de la Universidad Católica de expulsar de su seno a más de 40 alumnos relacionados con el sonado caso de compra de notas en su Facultad de Derecho y desvincular laboralmente a ciertos empleados afectados a la cuestión.
También merece ser destacada la suspensión del registro de títulos de carreras de la salud por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a raíz de la denuncia sobre compra de diplomas de Licenciatura en Enfermería; así como la intervención de la cuestionada Universidad Sudamericana por ofrecer carreras no habilitadas por parte del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).
Las medidas apuntan en la dirección correcta, pero son aún insuficientes. El panorama que el ámbito universitario presenta en la actualidad es tan vastamente desolador, que el orden solamente será restituido cuando las decisiones apunten a la implementación de un plan estratégico tendiente a depurar, definitiva y sistemáticamente, el corrupto esquema de mercantilismo que hoy por hoy existe en lo atinente a la educación superior.
Para lograrlo, cabe poner en práctica de manera inmediata las herramientas contempladas por el propio marco legal. En este sentido, deben aplicarse los incisos c, d, g, h y o del artículo 9º de la Ley 4995, que establece las funciones del Cones.
Dichos incisos contemplan atribuciones estratégicas que tienen mucho que ver con la superación del actual estado de cosas: dictaminar sobre creación y clausura de universidades, establecer criterios académicos que deberán reunir los currículos, intervenir las universidades e institutos superiores, así como clausurar las filiales y carreras de las universidades e institutos superiores, previa comprobación de irregularidades.
Por otra parte, es preciso cortar de una vez por todas el infamante cordón umbilical que permite al poder político ejercer presión o cualquier forma de incidencia en el ámbito de la educación superior, ya sea impidiendo que este tenga intervención en la creación de nuevas universidades y/o revisando aquellas instituciones que actualmente funcionan al amparo de ese esquema de habilitación de instituciones educativas.
Mientras esta situación no sea revertida, Paraguay mantendrá intacta la reputación de país corrupto y poco serio que, desgraciadamente, ostenta desde hace demasiado tiempo en el exterior. Pero, sobre todas las cosas, continuará exponiendo a su propia población a una educación mediocre que seguirá limitando seriamente su capacidad de pugnar con mínimas posibilidades de éxito en el competitivo mundo de la modernidad y la globalización.
Corresponde, pues, acabar con la corruptela en el sector de la educación superior profundizando el proceso de depuración que ha comenzado.
http://www.ultimahora.com/es-necesario-profundizar-la-depuracion-universidades-n840077.html
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Los jóvenes deben exigir un régimen educativo más exigente que el actual
Según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, de la población total del Paraguay, que asciende a 6.491.714, la población joven –de 15 a 29 años– comprende a 1.799.257 personas. De esta cifra, 897.407 son varones y 901.850 mujeres. Es decir, un gran potencial juvenil que puede contribuir enormemente para generar mejores condiciones de vida en el país.
Los partidos políticos tradicionales no valoran mucho a la clase joven, hecho fácil de comprobar tan solamente observando el mezquino espacio que suelen dejarles en sus directivas y la casi nula participación que les permiten en el aparato interno. Tienen los políticos adultos, esto sí, discursos de ampulosa retórica para halagarlos y atraerlos cuando llega la época de las campañas electorales.
Parecería que los jóvenes poseen mayor protagonismo en los movimientos políticos de menor antigüedad y envergadura organizacional, pero sin perder ese estado de precariedad y de persistencia efímera.
La gran mayoría de nuestros jóvenes observa el futuro con la aprensión natural que genera un estado de cosas, un devenir, en el que no tiene participación ni puede controlar, siquiera en mínima parte. Los adultos toman todas las decisiones, y los jóvenes, cuando a su vez llegan a adultos, encuentran que deben moverse en un escenario montado por otros, y recitar parlamentos escritos por personas que ya no están a cargo de la representación.
Esto rige tanto para las instituciones de la república y el sistema legal vigente como para la economía en general. Los jóvenes de hoy tendrán que gobernar en el futuro con organismos y aparatos heredados, tendrán que pagar los empréstitos que hizo la generación antecesora y lidiar con problemas que no crearon. Esta situación es no solamente injusta sino peligrosa, por cuanto compromete el futuro del país.
No está de más recordar algo elemental: que el éxito de la juventud depende, en medida mayor, de la calidad de la educación que reciben, tanto de la educación formal, impartida por los institutos educacionales, cuanto de la informal, administrada socialmente, a través de los hábitos y costumbres transmitidos en la familia. En lo que hace a la educación formal, nuestro país está tan atrasado que, en los cuadros estadísticos comparativos, invariablemente aparece en los últimos lugares.
Contra esto también los jóvenes deben rebelarse. Lamentablemente, a menudo se los ve movilizarse para reducir las exigencias académicas y hacer más fácil el camino, antes que para mejorar y convertir a la carrera estudiantil en un torneo de aptitudes y sacrificios, que es como debe ser. No tienen en cuenta que el futuro de la humanidad, su futuro, se resolverá en la arena de la competencia intelectual, profesional y de rendimiento, en la que nosotros, de seguir con este régimen educativo y social que impulsa y premia la mediocridad y el facilismo, no tendremos ninguna chance. Por lo tanto, es muy importante que los propios jóvenes exijan un régimen educacional más acorde a los actuales tiempos, para que realmente puedan desenvolverse y competir en el difícil mundo laboral.
http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/
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De la calidad educativa depende el progreso del país
El reciente fracaso de los postulantes a supervisores devela la crisis de carácter estructural que afecta al sistema educativo paraguayo. Si al revés de quienes pretenden ser nada menos que fiscalizadores del proceso de formación se le suma el de tantos miles de maestros mediocres que tampoco alcanzan a trasponer exámenes en convocatorias de similar porte, queda expuesta la verdadera dimensión del naufragio del modelo de educación vigente. En este contexto, es imposible hablar de propiciar posibilidades de desarrollo para el Paraguay. Urge abocarse a revertir esta preocupante situación.
Es evidente que no se le puede quitar responsabilidad a quienes dieron tan pobre muestra de conocimientos aspirando a cargos de tanta relevancia estratégica, porque los supervisores son los que tienen que bajar las líneas del MEC y hacer un seguimiento para ver si se cumplen o no los lineamientos en las escuelas y colegios de gestión pública de todo el país.
Si a quienes pretenden convertirse nada menos que en fiscalizadores del proceso formativo de los estudiantes se le suma el de tantos miles de maestros mediocres que tampoco alcanzaron a trasponer exámenes en convocatorias similares a las que ahora sobrellevan los aspirantes a supervisores, estamos en condiciones de dimensionar el verdadero naufragio que afecta al modelo educativo de nuestro país. La verdad de las cosas es que con este sistema actual prácticamente no hay posibilidades de encarar un desarrollo humano, económico y social que logre rescatar al Paraguay del atraso en el que está sumido desde hace ya demasiado tiempo.
Sin supervisores y maestros probos, capaces y eficientes, es imposible suponer que los educandos lograrán alcanzar los índices de preparación que se requieren para ser competitivos en el exigente mundo de la globalización. Ni siquiera a escala regional, ya que los países de nuestro entorno geográfico directo dedican a la educación de sus pueblos una inversión mucho más significativa que la nuestra.
La clase política gobernante que durante siglos –en particular durante los últimos 60 años y un poco más– no le ha dado a la educación, solventada con dinero de los contribuyentes, la relevancia necesaria como para que hoy tanto el nivel de los alumnos como de sus profesores, directores y supervisores sea mínimamente razonable, es también responsable de las lacras que están a la vista de propios y extraños.
Ahora que soplan unos tímidos aires de inicios de cambio en esa mentalidad, con la existencia de una mayor conciencia acerca de que si se quiere un país mejor, hay que destinar por lo menos hasta un 7 por ciento del PIB a la educación. Es preciso que todos, gobernantes y gobernados, tomemos la educación como una causa nacional, a la que es preciso orientar mejores esfuerzos y recursos. Solo así podremos crear un mejor país, con visión de futuro y desarrollo.
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Muchísimo peor de lo que parece
Cuando escribí mi columna de la semana pasada, aún no se había producido la proliferación de datos que vinieron a agravar la situación, así que no había calibrado la verdadera proporción de la sucesión de escándalos vinculados a la educación. Es mucho más grave aún de lo que parecía al principio.
Se trata de una verdadera mafia delictiva y criminal, que sin el más mínimo escrúpulo y hasta ahora con total impunidad está cometiendo todos los delitos imaginables en relación con la educación y la salud.
Aniquilar de tal modo la educación debería ser considerado una auténtica traición al país y a los ciudadanos. Ante tal falta de respeto por la salud y la educación, los derechos más sagrados de las personas y los bienes más preciados de una sociedad, debe haber un castigo ejemplar en el sentido más estricto y riguroso del término.
Hay, y ellos lo saben bien, muchas áreas donde realizar negociados sin afectar aspectos tan fundamentales como la vida y la formación de los paraguayos… Pero ni siquiera son capaces de respetar los derechos humanos más sagrados de las personas y las mayores necesidades del Paraguay como país, que son la salud y la educación.
Para llegar a esta conclusión no hace falta ni siquiera argumentar o inferir sus consecuencias. Basta con hacer un recuento de los hechos que ya están demostrados.
La venta de títulos de enfermería en el Instituto de Educación Superior Santa Librada, que la estupenda y valerosa investigación de los periodistas de Algo Anda Mal puso al descubierto, no es en absoluto un caso aislado. Vaya a saber en cuántas otras carreras, como en la de enfermería, vendía títulos en cuarenta y ocho horas y, también, cuántas otras “universidades de garaje” hacen lo mismo.
Igualmente grave es la estafa a los estudiantes que no compraron los títulos, sino que cursaron normalmente y de buena fe sus estudios, pagando la inscripción, las mensualidades, el derecho a exámenes y demás. Un verdadero robo y descarado abuso de confianza.
Fue muy triste ver en televisión a tres alumnas estafadas, que decían cosas como “hemos cursado todas las materias y pagado nuestros estudios con mucho esfuerzo”, “no nos fuimos del país, estudiamos para trabajar aquí” o “ahora nadie nos contratará”.
Tenían estas alumnas buenos motivos para estar apenadas, porque ahora sus constancias de estudios no valen ni el papel en el que están impresas. Hay que distinguir muy bien entre los que compraron sus títulos por nueve millones, que son tan delincuentes como los que los vendieron, y los alumnos de verdad que son víctimas de esta estafa.
Lo primero que asusta, asombra y escandaliza es la cantidad de autoridades que, evidentemente, estaban al tanto de lo que ocurría, comenzando por el Congreso y el Instituto de Previsión Social; pero en lugar de denunciarlo o ponerle freno, se convertían en cómplices de los delitos y partícipes de sus beneficios.
El ejemplo más grave de esta complicidad es el intercambio de votos por cargos académicos en el Parlamento, con que las universidades de garaje, a cambio de la designación como autoridades académicas de algunos legisladores, lograban con tanta facilidad ser habilitadas por el Congreso Nacional, según denunció la senadora Blanca Ovelar en varios programas periodísticos.
Hay graves consecuencias de todo esto: al falsificar y vender títulos, se puso la salud de los ciudadanos en manos de personas sin los conocimientos y el entrenamiento que exigen las leyes. Una imprudencia que probablemente ha tenido muchas consecuencias que no conocemos en la salud o la vida de más de una persona, en cuyo caso estaríamos hablando inclusive de homicidio.
Por otra parte, los ciudadanos ya no pueden fiarse de la validez de los títulos profesionales ni de la veracidad curricular, al haberse convertido los títulos y las notas en simple mercancía y no en reflejo del rendimiento académico.
Personalmente, agregaría que se trata de una verdadera traición a la Nación Paraguaya, puesto que están poniendo en peligro la vida y la seguridad de todos los ciudadanos que se ven a merced de profesionales sin ninguna formación pero habilitados para ejercer como enfermeras, abogados, ingenieros, médicos, arquitectos, etc., que ponen en riesgo su salud o, también, su seguridad, si un día un edificio se viene abajo, como ya ha ocurrido con más de una escuela.
Yo sé que esta rosca mafiosa no se conmoverá ni tomará conciencia de la gravedad de sus actos y hasta es más que probable que piense que escandalizarse y enfurecerse por ella es una ingenuidad. Las mafias no tienen escrúpulos, ni ética ni conciencia ni patria.
Abrigo la esperanza de que esta sucesión de escándalos no se diluya con el tiempo, como tantas situaciones bochornosas en nuestro país, sino que sea un llamado de atención que movilice por fin en los ciudadanos la conciencia del verdadero valor de la educación y de que quienes la destruyen o menoscaban son verdaderos enemigos del pueblo paraguayo.
Y esto es, como decía al principio, aún mucho más grave de lo que parece, apenas se ha vuelto visible una pequeña parte de un albañal insondable de corrupción.
Por Rolando Niella
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/muchisimo-peor-de-lo-que-parece-1297365.html
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LOS CRIMINALES DE LA UNIVERSIDAD
Mario Rubén Álvarez
En tiempos del tirano Stroessner, solo había dos universidades: una con bendición oficial, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y otra, con bendición extraoficial, pero bendición al fin, la Universidad Católica (UCA). Para ingresar a las universidades públicas había que contar con padrinos o ser muy inteligentes. Para acceder a la Católica había que tener plata para pagar las cuotas.
Como consecuencia de tan pocos espacios para acceder a la educación terciaria había pocos médicos, pocos arquitectos, pocos ingenieros, pocos economistas, pocos sicólogos y uno que otro sociólogo, politólogo, filósofo u odontólogo. Lo único que abundaban eran abogados.
En aquel tiempo más que oscuro, el sueño de los que se permitían correr el riesgo de soñar –con todo el peligro que ello implicaba, aun cuando solo se soñara una luna llena espléndida para escenario de un beso– era que todos los jóvenes, cualesquiera fuesen su condición económica, su partido político o su religión, pudieran entrar a la universidad en cualquier parte del país.
Cuando Stroessner cayó, el panorama cambió.
Cambió porque se abrieron las compuertas infranqueables que existían. Parecía que el sueño del acceso democrático y universal empezaba a gestarse en universidades con facultades a lo largo, alto y ancho de la República.
Pronto, los “muchachos” pillaron el negocio en puertas. Entiéndase por “muchachos”, ñemboempresarios ávidos de lucro a como dé lugar, y algunos diputados y senadores que blandieron su poder a favor de sus intereses y en contra del país.
Como en estos 25 años el desborde fue una de las tónicas predominantes, algunos políticos del Congreso vieron en las universidades un hueco para incrementar su poder clientelístico.
Y allí fueron colocados familiares, amigos, recomendados y operadores políticos. Pusieron en marcha el engranaje del “jakaru Estádore”, que es lo mismo que decir actuar de jatevu para el dinero de los que pagan sus impuestos.
Paralelamente, los mercaderes de las universidades privadas, nacidas y crecidas como hongos, ofrecían carreras de grado con dos horas de clase los sábados durante dos años.
El penoso resultado del jeheka universitario está a la vista: muchos títulos, casi nula capacidad. Egresaron amparados por el dogma de que quien paga, pasa.
Hoy, con la nueva ley universitaria, el Consejo Nacional de Educación Superior –limitado en extremo por la falta de medios económicos para cumplir su ciclópea función de ordenar la casa– empieza un proceso para revertir el apañuãi descomunal.
Los políticos –y sus aliados– armaron el gran guarara de la educación universitaria.
Y son otra vez ahora algunos de ellos los que pretenden frenar el avance de una imprescindible depuración de la podredumbre reinante.
No se contentan con el crimen cometido.
http://www.ultimahora.com/los-criminales-la-universidad-n859115.html
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Una verdad incómoda
Por Paula Carro
Para hablar de la caída estrepitosa que ha venido sufriendo el nivel de la educación terciaria en Paraguay, evidencias hay a montones. Desde hace tiempo algunas compañías ponen en sus anuncios de búsqueda de talentos la frase “egresados de tales universidades abstenerse”. No es discriminación. Es la manera que tienen de evitarse males que acarrea incorporar a su equipo a un incompetente.
Una de esas incómodas verdades que a todos nos duele se la escuché decir hace algunos años al sociólogo José Carlos Rodríguez, y es que en Paraguay la gran mayoría de los jóvenes van a la universidad por el estatus, no por lo que puedan aprender, y peor aún, sin una idea clara de a qué rumbo les conducirá la carrera que eligieron. Esto explica por qué hay tantos abogados “dizque doctores”.
No menos importante es que dentro de esa mayoría que persigue el “estatus” están los que solo necesitan un cartón que les habilite como licenciados en contabilidad, en administración, en marketing, en plastilina, en lo que sea. Pues será la llave a una gratificación en la institución pública en la que se desempeñan, sin importar si su función está vinculada a la carrera en la que supuestamente se graduaron, y si lo hicieron, de una universidad que les haya ofrecido suficiente sustento curricular. Las consecuencias son obvias: cada año, del Presupuesto General sale la compensación, en su mayoría injustificada, para estos funcionarios.
Hoy muchos estudiantes no son capaces siquiera de escribir un ensayo, y si no son aptos para poner por escrito sus ideas con coherencia, se puede creer que tampoco piensan coherentemente.
Mucho se ha dicho y escrito sobre las causas: que es el sistema, que es consecuencia de la educación secundaria mediocre, que los senadores habilitaron un sinfín de universidades a sus amigos, que los jóvenes buscan hacerse doctores de la noche a la mañana sin importar dónde. Lo cierto y concreto es que la solución no es perpetuar irresponsablemente la creencia de que la universidad es para todos, o que es la única manera de salir de la pobreza. Porque solo se puede sostener un modelo de universidad “para todos” haciendo lo que venimos haciendo desde hace rato, volverlo tan mediocre que sea accesible al estudiante menos capaz.
Es verdad que si un bachiller pudiera escoger entre convertirse en profesional o técnico, optaría por el estatus del primero. Pero la realidad es que hoy no todos están preparados. Hay una superpoblación de portadores del cartón que nadie sabe a dónde se dirigen, cuando el país también necesita de mandos medios calificados. No olvido la vez en que le escuché decir a un dirigente de un famoso gremio de la construcción que a un obrero que manipula una motoniveladora (sin título ni estudios ni nada más que la práctica) le pagaban US$ 2.000 al mes.
En el 2011, enojados porque los principales rankings internacionales no incluyeron a ninguna universidad latinoamericana en su listado, algunos países como Brasil crearon su propio ranking en el que aparecían en los primeros puestos sus universidades, por supuesto. Podemos seguir en la misma línea, engañados, erráticos, indiferentes. O podemos encaminarnos hacia un futuro más promisorio, con oportunidades reales para todos, con base en el ofrecimiento de datos veraces sobre la realidad del mercado laboral y el control responsable de las universidades, tanto en el acceso como en la permanencia.
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LA TÍMIDA DEPURACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEBE FORTALECERSE
El panorama de la enseñanza superior en el Paraguay es realmente desolador. En general, prima el caos en la habilitación y certificación de universidades y la baja calidad de la educación brindada en las casas de estudios terciarios constituye una realidad innegable. Una ventana a la esperanza, sin embargo, se abrió el año pasado con la criteriosa intervención del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).
Para que el naufragio absoluto sea finalmente evitado, es menester que esta institución gravitante de la sociedad paraguaya adopte en 2015 las medidas urgentes que se requieren para revertir la anárquica situación actual. Para que la educación terciaria se acerque a la calidad es mucho aún el trecho que hay que recorrer.
En el año 2014, sobre todo durante su segundo semestre, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) adoptó una serie de medidas positivas, con el objetivo de revertir el absoluto descontrol que afecta al funcionamiento de las universidades en nuestro país. Los desmanes no se vinculaban únicamente al excesivo número de universidades privadas, sino también a ciertas altas casas de estudios de trayectoria menos controvertida, como fue el caso de la propia Universidad Católica de Asunción.
La intervención de la Universidad Nacional de Pilar y de la Universidad Sudamericana demuestra que los integrantes del Cones están determinados a revertir la anárquica situación existente en el ámbito de la educación de nivel terciario. Sin embargo, es preciso que este incipiente proceso de recuperación sea profundizado y consolidado.
Para lograrlo, se deben poner en práctica de manera inmediata las herramientas contempladas en el propio marco legal. En este sentido, deben aplicarse los incisos c, d, g, h y o del artículo 9º de la Ley Nº 4995, que establece las funciones del Cones.
Dichos incisos contemplan atribuciones estratégicas que tienen mucho que ver con la superación del actual estado de cosas: dictaminar sobre creación y clausura de universidades, establecer criterios académicos que deberán reunir los currículos, intervenir las universidades e institutos superiores, así como clausurar las filiales y carreras de las universidades e institutos superiores, previa comprobación de irregularidades.
Por otra parte, es preciso cortar de una vez por todas el infamante cordón umbilical que permite al poder político ejercer presión o tener cualquier forma de injerencia en el ámbito de la educación superior, ya sea impidiendo que este tenga intervención en la creación de nuevas universidades y/o revisando aquellas instituciones que actualmente funcionan al amparo de ese esquema de habilitación de instituciones educativas.
En este sentido, cabe lamentar la postura del rector de la Universidad Nacional de Pilar, el diputado Víctor Ríos, quien, en vez de mostrarse complacido por la intervención a la institución que dirige y abrir las puertas de la misma para que sea investigada –al fin de cuentas, si todo es tan prístino como él asegura no debería abrigar motivos de recelo–, acusó a los miembros del Cones de ejercer “presión” por su voto contra el juicio político a tres ministros de la Corte Suprema de Justicia. Un dislate que no merece siquiera mayor comentario.
En suma, solo resta esperar que 2015 sea el año de la necesaria recuperación moral y académica de las universidades. Este es el mejor y el único camino para asegurar a los paraguayos una educación de calidad, que potencie su capacidad de desempeñarse con posibilidades de éxito en un mundo cada vez más complejo, competitivo y globalizado.
http://www.ultimahora.com/la-timida-depuracion-las-universidades-debe-fortalecerse-n860693.html
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SE VENDEN TÍTULOS UNIVERSITARIOS
En los últimos años, la educación terciaria se ha deteriorado tanto que los títulos académicos hoy no garantizan en absoluto que muchos de los egresados posean los conocimientos suficientes para ejercer una profesión con cierta idoneidad. A ello ha contribuido, sin duda, la masificación del estudiantado, que no fue acompañada por la correlativa expansión de un cuadro docente capacitado ni por una ampliación de la infraestructura educativa.
Lo que ocurrió fue que se crearon universidades con toda irresponsabilidad, muchas veces mediante la connivencia entre legisladores y grupos interesados en el lucro antes que en la calidad de la enseñanza. Surgieron no solo universidades nacionales plagadas de irregularidades administrativas y académicas, como las de Pilar, Villarrica y Concepción, sino también, y sobre todo, numerosas universidades privadas, que resultaron ser poco menos que centros de compraventa de diplomas para desmerecer luego algún oficio, engrosar el currículum vitae o recibir un pago adicional por grado en una entidad pública.
El descalabro fue impulsado por la Ley 2529/06, que permitió la creación legislativa de una serie de supuestos centros de educación superior, aun contra el dictamen del Consejo Superior Universitario. Se recordará que el famoso Instituto Superior Santa Librada expedía títulos de licenciatura en enfermería en 48 horas, a cambio de 6.800.000 guaraníes.
La historia se ha venido repitiendo en buena medida con los cursos de maestría y de doctorado en Ciencias de la Educación, Salud Pública o Gestión Ambiental, impartidos durante dos años para estudiantes extranjeros, solo en enero y en julio, por profesores también extranjeros y según un programa elaborado por ellos. Ahora mismo se prepara la llegada de unos 1.500 estudiantes brasileños y angoleños que están aprovechando la oferta de agencias como el Centro de Estudios Académicos, Posgrados y Expansión (Ceape) del Brasil: los visitantes compran un paquete que incluye los pasajes, el hospedaje y el costo del diploma obtenido. Las universidades privadas locales se limitan a brindar sus instalaciones y a expedir el título, a cambio de una suma de dinero que cobran a la agencia en cuestión. Llamativamente, los estudiantes paraguayos están excluidos, de modo que resultan discriminados en su propia tierra.
Hasta ahora no se conoce la nómina de las universidades donde se dictarán los cursos de posgrado para los angoleños y los brasileños, pero el año pasado recalaron en varias instituciones, como la Universidad de Desarrollo Sustentable (UDS), la Universidad de Integración de las Américas (Unida), la Universidad Metropolitana de Asunción (UMA), la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), la Universidad Americana, la Universidad Iberoamericana y la Universidad San Lorenzo (Unisal).
Las autoridades educativas no interfieren en el negocio, pese a que la Ley 4995/13 dice que “Los programas de posgrado deberán tener una carga horaria mínima en concordancia con las disposiciones y regulaciones vigentes” (art. 64), que “Los títulos otorgados por instituciones de Educación Superior deben estar necesariamente registrados en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC)” (art. 73) y que “El reconocimiento oficial de los títulos que expidan las instituciones de Educación Superior será otorgado por el MEC mediante el registro del título, previo cumplimiento de las normas legales vigentes en la materia en el orden administrativo” (art. 73). Por lo demás, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) tiene desde 2009 una guía para evaluar y acreditar carreras de posgrado. Y bien, cabe preguntar si el Consejo Nacional de Educación Superior ha verificado alguna vez si estos programas de posgrado tienen la carga horaria mínima requerida, si los títulos expedidos están registrados en el MEC y reconocidos por él, y si algunas de las universidades privadas han solicitado a la Aneaes la acreditación de sus carreras de posgrado. Si las respuestas a estas preguntas fueran negativas, habría que concluir que estamos ante algo parecido a una estafa intelectual masiva.
La ley citada rige para todos los títulos académicos emitidos en el Paraguay, sin que de su vigencia se excluyan los logrados por extranjeros que ingresan al país con visa de turista para asistir a cursos impartidos por supuestos profesores, también extranjeros, que nos visitan en igual carácter. Sería muy ingenuo suponer que los brasileños y angoleños han sido atraídos por la excelencia de la educación universitaria paraguaya. Lo que les ha motivado es justamente el hecho de que aquí les resulta sumamente fácil convertirse en másteres o en doctores, porque a las autoridades de control les importan un bledo la calidad de la enseñanza y el prestigio educativo. Se hacen las desentendidas como si el negocio en cuestión no afectara el buen nombre del país. Los egresados volverán a sus casas y serán sus compatriotas los que sufrirán las consecuencias. Lo grave de lo que está ocurriendo, en última instancia, es que universidades privadas del Paraguay participan en un fraude internacional. Así, se está atentando no solo contra la ciencia, sino también contra el fisco y la población del Brasil y de Angola.
Es hora de que el MEC y el Consejo Nacional de Educación Superior dejen de hacer la vista gorda ante la farsa comentada, que convierte al país en una vulgar fábrica de diplomas falsos a cambio de un pago negociado con agencias intermediarias en el extranjero.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/se-venden-titulos-universitarios-1324875.html
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VERGÜENZA SUPERIOR
Para que un país tenga rango de credibilidad sin tacha debe disponer, en pleno y eficiente funcionamiento, de las instancias de regulación que sean necesarias y en la materia que fuere. Por ejemplo, en el mercado de la energía eléctrica, que en el Paraguay está abastecido por dos de las hidroeléctricas más grandes del mundo. Sin embargo, no existe un ente que regule este sector en el cual, el único jugador es juez y parte en cualquier controversia que lo afecte aunque siendo un monopolio, tal situación no se ha dado todavía.
Si en Chile, por ejemplo, un usuario es perjudicado por el mal servicio de alguno de los cuatro sistemas de provisión de energía eléctrica, acude a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para hacer su reclamo o denuncia. En el Paraguay, esa instancia no existe y las demandas a la ANDE quedan a voluntad del monopolio. Esa es una forma de anular toda capacidad de control de gestión y de resarcimiento de daños.
La otra forma de frustrar una regulación es crear la instancia pero negarle o retacearle presupuesto. Es el caso del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que con sus 14 meses escasos de funcionamiento apenas sobrevive, siempre al borde de la cianosis por falta de oxigeno presupuestario. El Cones nació con fondos genuinos suficientes hasta que la bicameral del Congreso decidió darle un drástico recorte de G. 2.000 millones, asignando partidas más que misérrimas para personal e insumos de oficina. Con estos recursos, el Cones debe supervisar la polvareda de “universidades” e “institutos superiores” que brotan por todo el país, vendiendo títulos instantáneos y doctorados express a propios y extraños. Misión virtualmente imposible.
Es curioso el empeño que muchos diputados y senadores ponen en trabar el desarrollo del conocimiento. Días atrás nos ocupábamos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), noble institución creada para fomentar la investigación e innovación… con un presupuesto de 1.300.000 dólares anuales. Sólo en pinches de oficina, mandaderos y calientasillas disfrazados de “asesores”, la Cámara Baja (nunca mejor dicho) se farrea diez veces esa suma cada año. Tal es el valor que los honorables asignan a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Algún día tendremos legisladores que comprendan verdaderamente la naturaleza de su función y dejen de actuar como empleadores compulsivos de mano de obra inútil y prebendaria.
Quizá podamos compararnos, entonces, con Argentina o Chile, en donde este año van a invertir US$ 1.300 millones y US$ 900 millones, respectivamente, en apoyar la investigación y el desarrollo del conocimiento científico.
Y en donde un título universitario no se entrega a cualquiera.
http://5dias.com.py/37966-verguenza-superior
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SOLO FALTO YO…
Por Caio Scavone
El militar que engendró la dictadura más larga e improductiva del Paraguay fue Alfredo Stroessner. Este General es probablemente el artífice de la corrupción generalizada, promotor del atraso cultural, causante de la pobreza campesina, forjador del clientelismo partidario, apasionado por el populismo barato, propulsor de la impunidad, gestor del nacionalismo de fachada, padrino de honor de la indecencia, de la deshonra y de la mediocridad educativa, tutor de sus compatriotas nazis verdugos de la humanidad y apocalíptico alcahuete de torturadores criollos, gestor de la fuga de cerebros y del cierre de diarios y radioemisoras y propulsor de la gran cantidad de cadáveres y tumbas NN que se van desenterrando. Son, entre otras cosas, algunos de los “honorables logros” de este repulsivo y espantoso personaje que tanto duró en el Paraguay.
Con los años, el paraguayo se instaló en un molde y el producto que se desprende de una matriz no es sino el fruto hereditario que se desengancha de ese útero. Durante años el claustro paraguayo conoció solo de un sistema de vida y ese régimen es el que le entregó la horma del atraso generalizado, mixturado con la corrupción y el condimento de la joda con gusto a rancio y aroma de pudrición.
El incompetente manejo gubernamental ya ni al consuegro gustó y se vino el día de la Candelaria para que de un plumazo desapareciera lo que parecía que la lucha sería hasta las “últimas consecuencias”. Una sola secuencia tuvo aquel 3 de febrero de 1989 y el tirano gallito en la madrugada de ese día, y en menos de lo que canta un gallo, ya estaba temblando de miedo en la Caballería.
Los que saben cuentan que cuando el consuegro estaba tomando la posta presidencial en el Palacio de los López, Stroessner comentaba frente al televisor: “pero allí solo falto yo” en alusión a que estaban muchos de sus colaboradores y quienes le decían que lucharían a su lado hasta la muerte.
A 26 años de incrustarse el hacha, que tanto desbastó y exilió a los paraguayos, por su mismo pie, hoy todavía quedan resabios y reignorantes que siguen usando la piedra filosofal stronista. Al subirse al avión dicen que seguía extrañado y repitiendo que solo lo echaban a él. ¿Y el resto?, decía… El resto estaba aplaudiendo su ida, salvo algunas ratas que por un rato abandonaron el país, otros que se guarecieron en moteles sin mujeres pero con valijas de dinero y algunos “incondicionales” que al instante se convirtieron en más rodriguistas que el propio Rodríguez.
Acaba de ocurrir en Villarrica un golpe muy parecido a toda esta historia, lo rajaron al rector de la Unves, una universidad que tiene un espantoso y lamentable manejo que avergüenza a toda la ciudad. Despidieron al rector por una exuberancia de ilícitos y una abundancia de causas que lo llevaron a su cómoda y placentera prisión domiciliaria por amasar una enorme fortuna con toda su masa familiar.
Solo el rector se fue a su casa, el resto de la familia sigue intacto. Los otros clanes familiares y filibusteros que lo secundan siguen colgados de las lechosas tetas de esta universidad y, cuando parecía que una convaleciente ventisca soplaría, nos topetamos con que los corsarios ganchos corruptos y su escandaloso nepotismo seguirán manoseando el rico presupuesto que tiene de 45.384.941.995 de guaraníes.
Esta corrupta, deplorable, vergonzosa y tragicómica universidad, que entrega mediocridad a sus 4.000 estudiantes, sigue siendo manejada por unos malandrines clanes familiares. Hicieron un simulacro de castigo entre los títeres de la justicia y de la intervención para hacerle rajar solo al rector quien, desde su casa y gozando del dinero ajeno, estará diciendo lo que dijo Tembelo 26 años atrás: pero ahí solo falto yo….
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/solo-falto-yo-1336152.html
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URGE ACELERAR EL SANEAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS
A medida que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) investiga a las universidades sospechosas de operar en condiciones irregulares se va confirmando lo que la opinión pública conoce hace tiempo: muchas de ellas son solo precariasinfraestructuras dedicadas a recaudar dinero de estudiantes —por lo general de escasos recursos, que hacen un gran sacrificio para continuar su formación— que son estafados porque las instituciones no les ofrecen una educación que los vuelva profesionales idóneos, capaces de desempeñarse con eficiencia en la rama del saber en la que fueron preparados. Es necesario profundizar el proceso, conseguir más fondos para el ente rector delas universidades y avanzar en el proceso de limpieza iniciado.
Al clausurar definitivamente el Instituto Santa Librada, que vendía títulos a mansalva, el Cones abrió una nueva etapa en la educación terciaria paraguaya y marcó un punto de inflexión en el proceso de revisión general de los desbordes cometidos por algunos políticos desde el Congreso.
Con exiguos recursos económicos —porque el Parlamento no le ha dado suficientes recursos para acelerar la fiscalización de las universidades—, la máxima autoridad universitaria ha dado pasos firmes y creíbles que permiten avizorar mejores horizontes para los estudiantes ávidos de contar sí con un título, pero respaldado por sólidos conocimientos que les permitan desenvolverse con eficiencia en los diversos campos profesionales.
Hasta 1989, para la mayoría de la población, sobre todo para los más desamparados, era poco menos que imposible acceder a las universidades puesto que solamente funcionaban una pública y otra privada: la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica.
Esa injusta situación empezó a revertirse en la década de 1990 al abrirse las compuertas para la creación de nuevas universidades e institutos, tanto de gestión estatal como privada. Ese hecho positivo pronto se convirtió en un drama social porque los institutos de enseñanza superior y las universidades proliferaron como hongos a lo largo y ancho del país.
Más que convertirse en la fuente de saberes sólidos que permitieran a los estudiantes insertarse con idoneidad en el mundo profesional, muchos fueron simples maquinarias de recaudar dinero.
Sin completar las horas mínimas requeridas en una formación universitaria, con precarias infraestructuras edilicias, con docentes sin formación pedagógica para impartir educación terciaria, sin programas y con sistemas de evaluación ideados en base a la idea de que los alumnos paguen, no que adquieran conocimientos relevantes, las instituciones creadas fueron económicamente exitosas, pero académicamente un fracaso, salvo contadas excepciones.
La Ley de Educación Superior (LES) es un intento de intervención en el caos para ordenar la casa. Su herramienta principal es el Cones, que cuenta con la potestad de intervenir y clausurar las universidades. En virtud de la misma ha cerrado el Instituto Santa Librada y tiene en la mira a la Universidad Sudamericana y otras.
Ante la necesidad de convertir la educación terciaria en una aliada del desarrollo, es necesario potenciar el Cones y dotarlo de más recursos económicos y humanos. Esta es una cuestión política y todo este año, a la par de investigar universidades, sus integrantes tienen que establecer estrategias para lograr que el presupuesto del año próximo les proporcione recursos que les permitan trabajar con mayor rapidez y eficacia.
http://www.ultimahora.com/urge-acelerar-el-saneamiento-las-universidades-del-pais-n877082.html
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Filosofía UNA sin rumbo
Cada año, decenas de jóvenes recién salidos del bachillerato se presentan a concursar por alguna plaza en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Y, como casi cada año también, surge la campaña de bajar la escala o luchar para la ampliación de plazas en las diversas carreras.
Este 2015 no fue la excepción.
En este conflicto, hay diversas visiones. Están los que defienden que todo ciudadano tiene derecho a la educación y que los exámenes de admisión no deberían limitar este beneficio. Luego están los que defienden la excelencia educativa y rechazan bajar la escala o el ingreso a los cursillistas que tuvieron un bajo rendimiento.
La universidad se creó no solo para la transmisión de conocimiento, sino para la producción del mismo.
La triste realidad es que en la casa de estudios de Itapytapunta se investiga poco y con bajos recursos, pero, de igual manera se ven sus frutos, por ejemplo en las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidad del Grupo Montevideo.
Cada año, la selección de Filosofía, junto con la de Ciencias Químicas, es una de las más numerosas, ya que presenta varios trabajos. El año pasado, incluso, trajo uno de los ocho premios que ganó la UNA en la Universidad Playa Ancha, de Chile.
Pero aun así, en la facultad todavía enseñan profesores mediocres, docentes que en años anteriores estuvieron sumariados.
Por lo general, los catedráticos no investigan, ya sea por la escasa formación académica, el nulo interés o por los recursos limitados para la creación de conocimiento.
Hay profesores a quienes se les hizo las famosas “cátedras paralelas” porque son autoritarios, ignorantes o flojos.
Empero, también hay alumnos que no quieren estudiar, que están ocupando un lugar de manera innecesaria. Algunos son líderes estudiantiles que postergan su graduación porque les beneficia la dirigencia gremial. Otros, porque simplemente no desean hacerse profesionales.
El drama de los estudiantes que no logran realizar siquiera el puntaje mínimo es el resultado del fracaso de la reforma educativa; es la demostración más grande y grave del modelo obsoleto y sostenido por el Estado.
En la secundaria paraguaya no se forman preuniversitarios, sino que se otorgan certificados de bachilleres sin que la mayoría sepa cuestiones tan básicas de cultura general o historia del Paraguay.
Para mejorar la universidad hay que destrozar el sistema educativo de nivel medio y fortalecer la preparación de futuros profesionales.
Los que defienden el derecho a la educación se olvidan que la universidad no es para todos.
Con la división del trabajo, los individuos interactúan de manera diversa. Habrá personas que se dediquen a la filosofía como habrá jóvenes que prefieran la ingeniería o la odontología. De la misma forma que habrá ciudadanos que no desean ir a la universidad y se dediquen a comercios pequeños o a trabajos que no requieran un formación larga en un gran centro de estudios, como la electricidad, la plomería o la costura.
De la misma forma, los que defienden una excelencia educativa obvian que la universidad también permite la mediocridad, al no invertir en investigación y al permitir que docentes extremadamente ignorantes sigan enseñando en todas las carreras.
A veces, el conflicto que se da en Filosofía UNA tiene un tinte ideológico hegemónico. Un movimiento político que desea ganar adeptos o una claque de estudiantes serviles al poder que también quiere seguidores.
Aun así, hay estudiantes y docentes que, además de estudiar, investigan y se forman prácticamente solos y que publican en Humanidades, la revista oficial de la facultad, o en otras revistas.
Para que haya cambio total en Filosofía UNA, la discusión debe ir por otro lado, no bajando las escalas o amenazando con sumarios o persecuciones.
Hay que recordar que estamos en el siglo XXI, a veces, y que la economía hoy se basa en el conocimiento.
Por Eduardo Quintana
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/filosofia-una-sin-rumbo-1350253.html
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Prebendarismo
Por Gastón Ortiz
Los directivos de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves), repuestos en sus cargos pese a graves denuncias administrativas, continúan con el prebendarismo que ha caracterizado a la casa de estudios desde sus inicios. Pero, actualmente es encabezado por el vicerrector y exdiputado liberal Simón Benítez, ya que el rector José Félix González está impedido legalmente de ejercer el cargo por las investigaciones judiciales abiertas en su contra.
A poco tiempo de finalizar la intervención del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), cuatro dirigentes estudiantiles, que precisamente encabezaron las movilizaciones y las denuncias que derivaron en la intervención, fueron contratados como funcionarios de la Unves.
La clara intención es evitar nuevos levantamientos por parte del estudiantado, ya que no habrá otra intervención, pues las autoridades de la universidad no cumplen las recomendaciones “impuestas” por el Cones, la casa de estudios se cerrará.
Tres jóvenes ingresaron de la mano de Simón Benítez, con el argumento de priorizar oportunidades laborales a los estudiantes de la Unves. Quiero creer que los universitarios pecaron de ingenuos al creer el cuento de que el ofrecimiento carecía de intención de hacerlos callar y hasta habrán tomado como ciertas las “garantías” de no ser presionados más adelante.
Sin embargo, estoy seguro de que las autoridades de la Unves, en su mayoría políticos, no tienen escrúpulos para jugar con las necesidades y los sueños de los jóvenes para manosearlos y usarlos como puentes hacia sus mezquinos y abyectos objetivos.
A esto se suma una cuarta líder estudiantil, acorralada al ser preguntada sobre su situación laboral –y tal vez en su inocencia o por nerviosismo– reconoció que ingresó gracias a uno de los 10 cupos políticos que el diputado de Caazapá, Olimpio Rojas (PLRA), tiene en la sede de San Juan Nepomuceno, según detalló la propia joven.
Como si fuera poco, mediante un pacto azulgrana, que confirma a la Unves como botín político, fue reincorporada al plantel docente de la universidad Susana Ortigoza, directora de administración y finanzas de la Comuna guaireña y prima del diputado Fernando Ortellado y del intendente de Villarrica, Darío Ortellado, ambos de la ANR. La política colorada, destituida por una “persecución” en vista a la afinidad con sus primos, fue nombrada nuevamente, pero como profesora investigadora, con sueldo de G. 5 millones mensuales para hacer “investigaciones científicas”.
Gracias a ello no tiene que cumplir horario, tampoco debe ingresar a dar clases en las aulas, dispone de más recursos que son públicos y hasta de más “tiempo libre”, todo a costa de los contribuyentes.
La universidad guaireña sigue avanzando con el pie izquierdo en su etapa posintervención, confirmando que el prebendarismo sigue reinante.
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Demasiadas universidades para un país tan chico
El psicopedagogo español Juan Manuel Bautista señaló recientemente, en oportunidad de visitar el país, que el Paraguay debe resolver el problema de la excesiva cantidad de universidades. En efecto, las 54 universidades existentes son demasiadas: con una población seis veces mayor, la Argentina solo tiene 97. La proliferación fue provocada por la Ley Nº 2529/04, que permitió al Congreso crear centros de educación superior, sin tener que ajustarse al dictamen del Consejo de Universidades. Empezó así un gran negociado, incluso con la participación de legisladores, que tenían un interés personal y directo en la cuestión.
La Ley N° 4495/13 dispone hoy que la creación legal de una universidad requiere el dictamen favorable del nuevo Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Desde su promulgación, el Congreso se abstuvo de crear nuevas universidades, poniendo fin –al menos por ahora– a su alarmante multiplicación. Por su parte, el Cones intervino las universidades nacionales de Villarrica y Pilar; también intervino la Universidad Sudamericana, por supuesto lavado de dinero, y clausuró el Instituto Santa Librada, que expedía títulos de enfermería en pocas horas. Tendría que ocuparse también de muchas otras universidades, que solo sirven para que sus dueños ganen dinero expidiendo títulos de grado.
Abundan las universidades que no reúnen los más mínimos requisitos de la excelencia educativa: de hecho, no imparten clases, carecen de profesores competentes –en Vallemí se habilitó una carrera de Derecho dirigida por un alumno del segundo año de la carrera– y su infraestructura es tan pobre que se habla de las “universidades de garaje”.
La urgente labor de limpieza servirá también para combatir la estafa de la que son víctimas los estudiantes, aunque deba admitirse que a muchos no les interesa lograr una buena formación, sino más bien un título académico “formal” que les permita obtener algún puesto y gozar de una bonificación en el aparato estatal, aunque para ello deban cometer el delito de comprar notas.
La ministra de Educación y Cultura, Marta Lafuente, afirmó hace poco que “la porción con menos estudiantes del país es la educación terciaria” y agregó que “esta situación hay que revertirla”. Cabe preguntarse de qué serviría que haya más estudiantes universitarios si la formación que reciben es pésima, y si las carreras elegidas no responden a las ofertas de empleo ni a las necesidades del mercado. No solo importa que aumente su número, sino también –y sobre todo– que cursar unos años no sea un simple trámite para lograr un título académico, que garantiza la solvencia intelectual del egresado.
En gran medida, nuestra educación terciaria no es más que una burda estafa. Su masificación puede conllevar un aumento correlativo de la mediocridad si no se realiza un gran esfuerzo en todos los niveles del sistema educativo. Si fueran incompatibles, debería priorizarse la calidad de la enseñanza antes que la cantidad de los educandos. Por eso, aparte de frenar la creación de universidades, hay que intervenir y clausurar las fraudulentas.
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LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CORRE SIN RELACIÓN CON NECESIDADES DEL PAÍS
Autoridades de la educación terciaria en nuestro país constantemente alertan sobre un punto fundamental, la falta de planificación conjunta entre el Gobierno y las Universidades acerca de qué tipo de profesionales vamos a necesitar en los próximos diez años. Lamentablemente no existe ni el esbozo de una política de educación superior en nuestro país. Recientemente se difundió una noticia que refleja cómo la educación superior corre paralelamente y sin relación con la realidad y las necesidades del país. De acuerdo con las estadísticas del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt), por cada ingeniero que egresa de las universidades paraguayas salen al mercado laboral cinco nuevos abogados.
Con otras carreras la diferencia es aún mayor. Para el 2012, por cada titulado en bioquímica había 78 nuevos abogados. Esta desproporción se extiende a todas las carreras científicas y técnicas, indispensables para suministrar la mano de obra y los profesionales adecuados para gerenciar los procesos productivos y las obras de infraestructura que nuestro país requiere con urgencia.
El desajuste entre la formación que realizan las universidades y lo que la nación necesita es evidente: Abundan los egresados de carreras “sociales” –que presentan, además, una formación notoriamente deficiente en muchos casos– y son extremadamente escasos los profesionales científicos y técnicos. Es posible que el origen del problema se encuentre en la mediocre enseñanza de matemáticas y ciencias en escuelas y colegios.
Los estudiantes acaban por huir lo más lejos posible de estas materias, cuyo enorme valor no comprenden ni aprecian, y optan por profesiones que no las incluyan en sus contenidos curriculares. Esto es cierto sin ninguna duda. No es posible considerar la educación universitaria en forma aislada, separada artificialmente del proceso educativo que comienza en la escuela e incluso antes. Lamentablemente, la enseñanza de las matemáticas, la física, la química, adolece de enormes deficiencias y con frecuencia se realiza en forma mecánica y rutinaria, con el único objetivo de cumplir lo que establecen los programas de estudio.
La formación de nuestros técnicos y profesionales es un asunto de la mayor importancia estratégica para la nación y el Estado debe involucrarse absolutamente en él. Solo a través de la educación de calidad –en todos los niveles– tendrá posibilidades el Paraguay de superar la pobreza y el atraso y alcanzar el anhelado crecimiento económico y el desarrollo social. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de establecer y asegurar estándares de calidad en las universidades públicas y privadas.
http://diariolajornada.com.py/v6/la-educacion-universitaria-corre-sin-relacion-con-necesidades-del-pais/
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Debe terminar la estafa a los estudiantes de universidades
En la cultura de la corrupción en la que se desenvuelven muchas universidades al ofrecer carreras que no cumplen los requisitos, la estafa a los estudiantes sigue siendo una realidad. Se les cobra una cuota, cursan las asignaturas y, a la hora de egresar, no pueden acceder a los títulos porque las instituciones no han cumplido con las normas establecidas. Esa situación tiene que ser erradicada drásticamente. Las medidas que toma el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) son lentas y conservadoras. De no acelerarse el proceso de depuración de los desbordes cometidos con la complicidad de parlamentarios irresponsables, todavía durante un lapso prolongado los alumnos serán engañados por mercaderes de la educación.
Tras los abusos cometidos por el Parlamento con la proliferación a mansalva de universidades –existen más de 50 actualmente, con sedes repartidas a lo largo y ancho del país– que no reunían los mínimos requisitos de solvencia académica, esta es la hora en que resulta muy difícil corregir los atropellos a los estudiantes. El lucrativo negocio de vender –más que conocimientos– consolidados títulos a los que abonan puntualmente sus cuotas se ha convertido en un cáncer de la educación terciaria en el Paraguay. Lo que importa es recaudar, abrir más locales, captar más alumnos y expandirse. La calidad de la enseñanza, por lo general, es la gran ausente.
Algunos parlamentarios han sido los grandes responsables de los desbordes inmisericordes del sector. Aliados con empresarios ávidos de ganar dinero, aprobaron universidades de garaje que ofrecen carreras que se cursan solo los sábados, con profesores improvisados, programas que no pasaron por un control especializado y otras irregularidades.
Cuando la podredumbre había ido ya demasiado lejos, fue aprobada la nueva ley que rige la vida de los institutos y universidades. En ella, al Cones se le asigna la ardua labor de poner la casa en orden, enderezar lo torcido y encauzar por el carril debido lo desviado.
Por eso, en uso de sus atribuciones, luego de casi un año de intervención, acaba de clausurar 9 sedes y varias carreras de la Universidad Privada del Guairá (UPG) por no reunir las exigencias legales para su funcionamiento. También cerró parcialmente 19 de sus locales por la misma razón.
Si bien hay que reconocer que el Cones se esfuerza por cumplir el rol que le asigna la ley, es necesario también apuntar que su labor se desarrolla con demasiada lentitud. A esta altura, más universidades deberían haber sido intervenidas. Ese ritmo de acción casi intrascendente se debe a que carece de recursos económicos –los cuales no les son proveídos ex profeso por el Congreso para proteger a los estafadores de estudiantes– y el suficiente coraje como para desarticular la red de corrupción que, en la mayoría de los casos, sigue contando con el blindaje de políticos.
Tal como se desarrolla lo que pretende ser un proceso de depuración de las universidades carentes de solvencia académica, la limpieza durará décadas enteras y numerosos estudiantes seguirán haciendo manifestaciones en reclamo de los títulos que no se les entregan porque sus carreras nunca fueron habilitadas. Así como en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), los alumnos se rebelaron y dieron pie a un tímido esfuerzo de cambio, los de las universidades de gestión privada también tendrían que levantar su activa voz de protesta para reclamar el cese de la mentira que sufren. Si no, el calvario de muchos continuará quién sabe hasta cuándo.
http://www.ultimahora.com/debe-terminar-la-estafa-los-estudiantes-universidades-n1056861.html
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Corte obstruye depuración de carreras universitarias mau
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender una resolución del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que había inhabilitado varias carreras universitarias por no reunir los requisitos exigidos, constituye una intervención de contramano que obstruye el proceso de depuración de la educación superior. Este sugestivo apoyo judicial a las consideradas “universidades de garaje” puede interpretarse como un incomprensible aval a la mala educación que se viene impartiendo en dichos establecimientos, y que ocasionan mucho daño a la sociedad. Es necesario que todas las instituciones colaboren para que la calidad educativa esté asegurada.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió el jueves pasado los efectos de la Resolución N° 166, del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que había clausurado las carreras universitarias creadas durante el periodo 2006-2010, y que aún no fueron implementadas, por considerar que no reúnen los requisitos exigidos para una educación superior de calidad.
El fallo de la Corte fue en respuesta a una acción de inconstitucionalidad planteada por las instituciones afectadas, la Universidad Leonardo Da Vinci, Universidad María Auxiliadora, Universidad del Chaco, Universidad Central del Paraguay, Universidad del Sol y la Universidad Autónoma San Sebastián, en contra de la resolución del Cones, que a su vez reglamenta la Ley N° 4995/13 de Educación Popular.
Llamativamente, la intervención de la Corte viene a obstaculizar el proceso de depuración de las muchas carreras mau que se habilitaron indiscriminadamente entre los años 2006 y 2010, merced a una ley aprobada en el Parlamento, dando pie a una verdadera proliferación de “universidades de garaje”, que en muchos casos promocionaban masivas ofertas educativas con el único objetivo de lucrar, reclutando a numerosos estudiantes, a quienes otorgaban títulos universitarios sin mucha rigurosidad académica, inundando a la sociedad con profesionales de muy deficiente preparación.
Esta lamentable época de invasión de las llamadas “universidades de garaje” le ha causado mucho daño a la sociedad paraguaya. Algunas investigaciones periodísticas han demostrado que llegaban a recibirse enfermeros y trabajadores de salud casi sin asistir a clases, simplemente pagando altas cuotas en una especie de cursos por correspondencia, con personas que luego se incorporaban al mercado de trabajo y tenían a su cargo la atención de la salud de muchos pacientes, sin la más mínima preparación, con el grave riesgo que ello implica para la vida de las personas.
Afortunadamente, en los últimos años, las autoridades del Cones iniciaron un proceso de depuración, procediendo a clausurar diversas carreras que no llenan los mínimos requisitos exigidos para una educación superior de calidad. Entre ellas, han procedido a clausurar unas 90 carreras universitarias en el área de la salud, sin contar las que están actualmente en proceso de cierre.
Sin embargo, el fallo de la Corte, al dejar sin efecto la Resolución N° 166 del Cones supone una especie de “golpe institucional” a este proceso y un grave retroceso a los intentos por mejorar la educación universitaria. Los ministros de la Corte deberán resolver finalmente la cuestión, ya que en principio dieron entrada al pedido de inconstitucionalidad. Ojalá que los integrantes de la máxima instancia del Poder Judicial se sumen a este proceso de indispensable depuración para garantizar la calidad educativa.
http://www.ultimahora.com/corte-obstruye-depuracion-carreras-universitarias-mau-n1083204.html
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Necesitamos otro libro blanco
El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) ha publicado el LIBRO BLANCO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Aceptando la invitación al diálogo y debate, aporto algunas observaciones, que me parece oportuno compartir con la opinión pública. Adelanto mi opinión: con este Libro Blanco (LB) nada cambiará.
Mi primera observación es que este documento no es “Libro Blanco de la Educación Superior”, sino en todo caso LB de las universidades e institutos superiores. Según el artículo 3º de la Ley 4.995/13 de la Educación Superior (precisamente la ley que crea el Cones), la Educación Superior abarca a los Institutos Técnico Profesionales de Tercer Nivel, a los Institutos de Formación Docente, a las Institutos Superiores y a las Universidades. Son cuatro y no dos las clases de instituciones que pertenecen a la Educación Superior. No es correcto que un documento del Cones promueva un error conceptual básico, cuando está pretendiendo calidad y orden en la Educación Superior.
Este LB monta su estructura a partir de la información recogida de bibliografía y documentación y así elabora la Tabla de “categorías y subcategorías”, que luego serán tratadas como “tendencias y desafíos”. El LB recae en problemas de conceptualización. No aclara de qué “categorías” se trata, si son categorías en lenguaje coloquial, taxonómico o filosófico, aspecto importante para poder comprender por qué entran en dichas categorías en términos de igualdad realidades tan dispares como el “rol del Gobierno”, la educación como “Bien Público” y la “Corrupción” o la “Tecnología aplicada”. Tampoco identifica cuáles de ellas son consideradas tendencias y cuáles son desafíos.
Echo de menos en la bibliografía dos libros que en mi opinión son imprescindibles en este campo por el valor de sus contenidos y de sus autores. El Dr. Vicente Sarubbi publicó en el Cidsep “Un sistema de Educación Superior para el Paraguay Democrático” (641 páginas). Y el Dr. Domingo Rivarola, publicó “La universidad ante los desafíos del siglo XXI” (1.052 páginas). En mi opinión estos dos respetados y queridos autores han sido los mejores analistas de la Educación Superior de Paraguay en las últimas décadas y, por qué no decirlo, en nuestra historia hasta el presente. Estas dos omisiones rebajan el nivel de calidad del LB.
Por otra parte, me atrevo a opinar que un Libro Blanco para mejorar radicalmente la educación superior, debe hacerse sobre todo a partir de un diagnóstico de la situación real de la misma en el país. Y ese diagnóstico no existe en este LB. Las opiniones vertidas en “varios Congresos Departamentales” y en el Nacional, de los que se recogen propuestas muy diversas, no son conclusiones de investigación, sino expresiones respetables de participantes en dichos brevísimos Congresos (de cinco a seis horas, todo incluido), con las que no se puede consolidar una propuesta académica suficiente.
Uno de los más graves problemas que tiene nuestra Educación Superior es el impresionante vacío legal en que se mueve. Es increíble que leyes absolutamente indispensables en cualquier sistema educativo, nuestro país no las tiene. Paso vergüenza cuando amigos de universidades extranjeras me piden, por ejemplo, copia de la ley del profesorado y tengo que decirles que no tenemos esa ley. ¡No me pueden creer! Nuestro sistema educativo está legalmente desamparado.
Pero el problema jurídico es más grave. No me refiero a la corrupción de quienes dentro del sistema violan constantemente leyes y por el regalo de la impunidad siguen sumergidos en la corrupción. Me refiero a que las leyes vigentes de Educación Superior son tan deficientes y ambiguas que han dejado a la Educación Superior sin gobernabilidad. Entre las leyes de Educación Superior y la Constitución Nacional hay conflictos a la hora de saber quién gobierna y regenta las instituciones del sistema de Educación Superior. Pero este problema no parece preocuparle al Cones.
No tengo espacio para más comentarios. Sugiero a los responsables del Cones que repasen la lista de miembros del Cones 2016. Esa lista no es correcta, porque omite a los dos miembros representantes del Conec que trabajaron con ellos todo ese año.
Los problemas más acuciantes de las universidades e institutos superiores y del mismo Cones no reciben en el LB el análisis y las propuestas que necesitan. En todo caso reciben maquillaje.
Por Jesús Montero Tirado
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/necesitamos-otro-libro-blanco-1628544.html
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Persiste la estafa universitaria
Pese a los esfuerzos del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), continúa la estafa a centenares de jóvenes que siguen carreras no habilitadas o con serias irregularidades en varias universidades, sobre todo, del interior. El sueño de ser profesional universitario, a veces, se vuelve pesadilla.
No es un problema nuevo pues lo venimos arrastrando desde principios de los años 90, cuando el Congreso declaró so’o la apertura de universidades y la habilitación de carreras, dando lugar a una explosión de centros de educación superior de muy dudosa o inexistente calidad.
Con la creación del Cones y de la agencia de acreditación Aneaes, así como la sanción de una nueva Ley de Educación Superior (2013), la situación mejoró ostensiblemente en la última década. De hecho, el Cones declaró inexistentes y, por tanto, clausuradas centenares de carreras en diversas “universidades de garaje” y, por su parte, la Aneaes exige infraestructura edilicia adecuada, personal docente calificado, laboratorios, equipos informáticos, planes de estudios serios y la carga horaria correspondiente antes de declarar la acreditación de una carrera universitaria.
Lastimosamente, como estamos en Paraguay, hay “universidades” que se hacen el ñembotavy y pese a que algunas de sus carreras no están habilitadas, de igual manera las siguen ofreciendo y engañando a sus estudiantes, aunque, por supuesto, jamás olvidan cobrar las matrículas, cuotas y derechos de examen.
Las primeras en ser clausuradas fueron algunas carreras vinculadas a ciencias de la salud, como enfermería, medicina, radiología, etc. En estos días volvió a salir a la luz pública una irregularidad ya denunciada: una universidad privada guaireña sigue ofreciendo las carreras de veterinaria e ingeniería agronómica que no fueron habilitadas por el Cones y, en consecuencia, no pueden obtenerse títulos legales en tales áreas.
Una irregularidad que se registra en varias casas de estudios del interior es que ofrecen las carreras curricularmente organizadas por módulos. Esto significa que los alumnos solo pueden tomar una materia por vez, asignatura que se comprime al máximo y se desarrolla en un par de semanas. Académicamente, esto no es recomendable porque un solo profesor tiene todas las clases durante varios días, lo cual conspira contra una buena docencia y ni qué decir contra el adecuado aprendizaje.
También siguen funcionando universidades que ofrecen carreras de derecho, de enfermería y de ciencias contables con clases únicamente los días sábado. Por supuesto que esta modalidad no cumple con la carga horaria que reglamentariamente se exige en el desarrollo de una carrera de nivel terciario.
Ahora contamos con un Congreso renovado, un nuevo ministro de Educación y un flamante viceministro de la enseñanza superior, además del Cones y la Aneaes. Ojalá nuestras autoridades cuenten con los medios y el respaldo legal necesario para profundizar y generalizar el saneamiento de nuestras universidades. La educación terciaria es demasiado importante para el futuro del país como para dejarla en manos de comerciantes inescrupulosos.
Por Ilde Silvero
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/persiste-la-estafa-universitaria-1743218.html
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Universidades no acreditadas siguen engañando a estudiantes
Al no contar ni siquiera con una carrera certificada en calidad por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), existen aún 20 universidades privadas que estafan a sus estudiantes, ya que los títulos otorgados no tendrán el mismo peso de los entregados por instituciones de nivel terciario que ya pasaron la fiscalización obligatoria. Es inadmisible que esas casas de estudios sigan jugando con las ilusiones de jóvenes que aspiran progresar en la vida a través de una carrera universitaria. El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y la Aneaes deberían ocuparse con más ahínco de la ampliación de su capacidad de gestión y, además, ver los mecanismos para cerrar las carreras carentes de aprobación.
La acreditación de calidad otorgada por la Aneaes implica que una carrera universitaria reúne las condiciones mínimas esenciales exigidas como para que el título que otorga sea respaldado por conocimientos rigurosos que han de permitir a un profesional desenvolverse con eficiencia en el medio en el que trabaje.
Si una carrera no cuenta con la aprobación de la Aneaes significa que está por debajo de la línea de idoneidades teóricas y prácticas que un estudiante debe adquirir para ser un buen profesional en la rama de sus estudios.Hoy en día, según un informe oficial de la Aneaes, de un total de 54 universidades, 20 del sector privado ni siquiera cuentan con una rama de sus ofertas educativas aprobadas.
Ello implica que los estudiantes pagan por una educación que poco les va a servir porque carecen de los conocimientos profundos que una carrera terciaria debería proporcionarles y sus títulos van a ser relegados a planos secundarios cuando las empresas o instituciones requieran de sus servicios.Yendo al plano de lo práctico, será muy distinta la consideración que un médico recibido en la facultad de una carrera acreditada tenga frente a uno que llegue sin esa garantía.
En medio de esta realidad, se observa que la ausencia de solidez de la formación de la secundaria hace que muchos estudiantes ni siquiera se ocupen de averiguar en las páginas de internet que proporcionan informaciones oficiales acerca de las carreras de las distintas universidades si las que pretenden seguir están o no acreditadas.
Allí es donde aparece la expresa mala fe de las universidades que inscriben a los alumnos sin reunir plenamente las condiciones requeridas. Si fueran honestas tendrían que advertir a los postulantes que no cuentan con el aval de la certificación oficial. Es necesario admitir que las capacidades de gestión tanto de la Aneaes como del Cones son limitadas porque los políticos del Parlamento –muchos de ellos tienen intereses creados en relación a las universidades– han reducido sus presupuestos de tal modo a cortarles las alas de manera expresa. Ambas tendrían que pelear a brazo partido para superar esa crónica limitación para acelerar las acreditaciones o inhabilitar las carreras sin el aval de las exigencias cumplidas.
En la lucha por la calidad en la educación terciaria no se puede seguir en la situación actual. Urge un golpe de timón, un cambio urgente. De lo contrario, miles de estudiantes volverán a ser engañados este año por universidades que les ofrecen carreras sin futuro.
https://www.ultimahora.com/universidades-no-acreditadas-siguen-enganando-estudiantes-n2795363.html
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Aurora y la protesta asfixiada
Por Alfredo Boccia Paz
Está terminando un aberrante proceso judicial que involucra a la Universidad Católica y a algunos estudiantes que participaron de una protesta realizada hace casi cinco años atrás.
Las manifestaciones de entonces reclamaban la destitución arbitraria del decano de Filosofía, José Antonio Galeano, por parte del rector Narciso Velázquez. Durante las mismas, el Rectorado de la Universidad fue tomado por los estudiantes por varias semanas. Seis de ellos fueron denunciados por el propio Velázquez por “coacción”, enjuiciados y citados a declarar por el Ministerio Público.
https://www.ultimahora.com/aurora-y-la-protesta-asfixiada-n2995624.html
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