Días pasados, el Senado aceptó el veto del Poder Ejecutivo, sobre el proyecto de ley para el ingreso de 11.000 funcionarios del Poder Judicial como asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), con lo cual se logró evitar que la previsional preste servicios para los que su capacidad ya no da y que la hubiera acercado a una quiebra de impredecibles consecuencias sociales.
El principio básico de la creación de una ley es la racionalidad. Los legisladores tienen la obligación de saber con precisión si lo que van a crear puede ser cumplido por la institución sobre la que van a descargar un compromiso determinado. De actuar resguardando los bienes del Estado y de los ciudadanos, serían mucho más prudentes para regalar aquello con lo que no se cuenta.
Es evidente que los diputados que dieron media sanción al proyecto de aumento del número de asegurados del IPS obraron con el más absoluto desatino e irresponsabilidad. No se puede hablar de ignorancia, porque los legisladores de la Cámara Baja poseían información acabada de que el ente está colapsado.
Hace mucho tiempo se está en esa situación. Con más de 900.000 asegurados, con su actual infraestructura y sus recursos humanos, no puede brindar una atención ni siquiera de mínima calidad a sus asegurados, como lo vemos a diario en el hospital regional del IPS en Ciudad del Este y demás centros asistenciales de la previsional que existen en el décimo departamento.
El argumento esgrimido a favor del incremento de aportantes es que habrá mayor entrada de dinero para aplicar en la ampliación de la capacidad de respuesta a la atención a la salud. Lo mismo se había esgrimido con el ingreso de empleados de la Ande, del Ministerio Público y del servicio doméstico. Sin embargo, nunca se observaron resultados positivos de envergadura.
Planes y anuncios siempre existieron pero lo que no hay es habilitación de las mejoras sustanciales prometidas, no hay mejoras en los servicios.
Con propiedades de las que no puede disponer y el Estado que le adeuda sumas siderales, lo más seguro es que el IPS colapse también económicamente, de seguir en las condiciones actuales. Afortunadamente, los senadores recuperaron la racionalidad rechazando el perverso y peligroso proyecto de ley que el populismo y la irresponsabilidad de los diputados dejó pasar. Con esto, se evitó que el IPS camine hacia una inevitable defunción.
No obstante, capeada la mayor tormenta, todavía quedan otros desafíos, como proporcionar atención adecuada a los asegurados, que siguen clamando porque no se les atiende o porque no hay medicamentos.
En Alto Paraná, la previsional recauda mensualmente unos 10.000 millones de guaraníes, de los cuales ni siquiera el 10% son invertidos en los servicios de atención médica, lo que constituye, lisa y llanamente, una vergüenza.
Es hora de que el presidente Fernando Lugo y la plana mayor de la previsional cumplan sus promesas y que el ente opere a favor de los asegurados y no para dar réditos a una claque de privilegiados.
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Propiedades del IPS
Me refiero a la nota aparecida en el diario ABC Color que expone la situación de las propiedades que el Instituto de Previsión Social posee en Mariano Roque Alonso y en San Bernardino diciendo que la Cámara de Diputados vuelve a tratar el asunto. Y me pregunto ¿Qué tiene que ver ese cuerpo legislativo?
El IPS es, a mi parecer, una institución esencialmente privada de la cual son socios los empleadores y los empleados que son quienes aportan el capital operativo. Ya las instituciones gubernamentales están exigiendo servicios a la previsional, como el caso puntual del Poder Judicial. No hablemos del servicio que el IPS presta a los veteranos de la Guerra del Chaco. Puntual es el caso del dictador Stroessner, que se hacía atender en el Hospital Central del IPS, para lo cual bloqueaba todo un piso para su equipo de seguridad.
Entonces, repito: ¿Qué tiene que ver la Legislatura?
Peter Francis Burt
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Seguro médico
Estaría bueno que el Gobierno paraguayo al recibir dinero de Yacyretá y de Itaipú asegure a cada cabeza de familia en IPS. Así tendría salud todo el pueblo pobre sin excepción: los que tienen sueldos inferiores a una suma x y los de escasos recursos. Total, los ricos están asegurados en los privados (pero con tal de no gastar ellos serían los primeros en formar la fila). De seguro los políticos estarían en contra porque no ingresaría el dinerito a su bolsillo.
Y que IPS venda todas las propiedades que no utiliza.
Mario Cabrera
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El IPS necesita un cuidadoextremo para precautelarsu sistema de jubilaciones
Un informe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) levantó la alerta sobre la fragilidad de los sistemas de jubilaciones de nuestro país. El documento advierte que el Instituto de Previsión Social (IPS) necesita importantes ajustes para mantener su estabilidad financiera a largo plazo.
El IPS es el mayor de los regímenes de jubilación del Paraguay que no pertenecen a la Administración Pública Central.
En el informe aludido se indica que en el año 2005 los activos del Instituto alcanzaban un total de USD 538,6 millones; mientras que en el 2009 la cifra trepó a USD 1.184,8 millones; en tanto que en el 2010 cerró en USD 1.147,4 millones, lo que implica un descenso en los recursos de USD 37,4 millones en un año.
Hasta el momento se puede afirmar que la gestión del IPS para ma– nejar su sistema jubilatorio no sufrió mayores trastornos y los jubi– lados cobran con regularidad, más allá de algunas tribulaciones buro– cráticas ocasionales y no graves.
En los años 90, en pleno auge del llamado neoliberalismo –du– rante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy–, habían surgido voces apocalípticas que decían que el sistema del IPS, basado en lo que co– múnmente se denomina “de reparto”, colapsaría en 5 años, y se abo– gaba por la privatización de los sistemas de jubilaciones.
La pésima experiencia vivida con algunas empresas privadas que se instalaron aquí (recordar el caso Beneyto), desbarataron aquella in– tención privatizadora y el IPS continuó con lo suyo.
Uno de los problemas es la escasa cobertura. Apenas el 19 % de la población tiene cobertura jubilatoria del IPS. En contrapartida, creció el sentido de Responsabilidad Social de las Empresas y han dismi– nuido las evasiones por las prestaciones sociales.
El sistema actual del IPS pareciera tener una buena base, pues se estima que por cada jubilado y pensionado hay 10 activos que están aportando. De todos modos, es imperioso tomar en cuenta lo que se– ñalan los estudios especializados con miras a prever cualquier contin– gencia en el futuro.
El informe del FMI y del BM expresa que el Paraguay no cuenta con un marco regulatorio integral para las cajas de pensiones, entre otros aspectos sobre pautas de inversión, monitoreo del perfil de riesgo– rendimiento y reglas contables.
Esta es una voz de alerta que no se debe desdeñar. En el caso pri– mordial del IPS, es mejor curarse en salud (es decir, monitorear rigu– rosamente las gestiones), por lo que se debe extremar el cuidado de los recursos de que hoy se dispone.
La jubilación es el resguardo que tiene cualquier persona con la finalidad de vivir una vejez digna, luego de haber trabajado y aportado durante su vida laboral. Es por ello que todos los sistemas deben poner el máximo cuidado en la administración de sus recursos, para que no ocurran colapsos como el de la Caja bancaria, por ejemplo, que perjudicó a miles de exfuncionarios. En ese sentido, el Instituto de Previsión Social (IPS) requiere de medidas extremas de control, para garantizar el futuro de las generaciones venideras.
http://www.ultimahora.com/notas/468640-El-IPS-necesita-un-cuidadoextremo-para-precautelarsu-sistema-de-jubilaciones
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Asegurados del IPS merecen un trato más digno y respetuoso
Los problemas del Instituto de Previsión Social (IPS) para abastecer la demanda de servicios médicos en su Hospital Central son cada vez más agudos. Esta semana se informaba que el área de Urgencias vio colapsada su capacidad de internación, motivo por el cual una veintena de asegurados fueron colocados en incómodas camillas ubicadas en los pasillos del servicio, a la espera de que se les asignara una cama. Este tipo de tratos vejatorios de ninguna manera debería ser admitido en una institución que, por sus muchas veces millonarios ingresos, tendría que ofrecer una atención de primerísimo nivel.
Se da además el caso de que, tal como lo explicaron funcionarios del mismo nosocomio, el 70% de los pacientes son mayores de 70 años, quienes, dada la naturaleza de las patologías que los afectan, demandan una atención más cuidadosa. Ahora bien, es evidente que esta no puede de ninguna manera ser dispensada en los pasillos de un hospital.
Se suma a esta situación el hecho de que, como la internación en Urgencias es considerada “temporal”, el Hospital Central solamente provee la alimentación de los pacientes por 5 días, quedando con posterioridad esta función bajo la responsabilidad de los familiares de la persona que es objeto de la atención médica en el lugar.
Como se puede observar, son muchos los aspectos que demuestran que el Hospital Central del IPS se encuentra totalmente superado en su capacidad de respuesta a los servicios que cotidianamente le son requeridos. De hecho, un número considerable de los internados proceden de localidades del interior del país, tales como Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y San Juan Bautista.
Considerando esta realidad, es menester que la previsional fortalezca su servicio en las principales capitales departamentales a fin de contener la permanente derivación de asegurados que requieren atención médica especializada. En este sentido, no se trata solamente de nuevos locales a ser habilitados, sino de fortalecer los existentes y dotarlos de más recursos humanos y equipamientos.
De la misma forma, es preciso ampliar los servicios prestados por el Hospital Geriátrico de la institución, donde actualmente no se efectúan procedimientos quirúrgicos ni cardiológicos, que son precisamente los que suele requerir ese elevado porcentaje de personas mayores de 70 años al que inicialmente se hacía alusión.
Por lo demás, resulta claramente evidente que si el IPS fortaleciera su capacidad de respuesta a la creciente demanda en atención a la salud –consolidando clínicas periféricas y centros asistenciales en el interior del país– sería cada vez menor la necesidad de derivar pacientes a sanatorios privados, lo cual supondría un importante ahorro para las arcas de la previsional, precisamente el que le permitiría realizar las inversiones que por el momento no hace. Salvo, por supuesto, que dicha práctica sea justamente lo que se busca.
Si el IPS dispone de fondos para entregar préstamos a sectores que no son los directamente involucrados en la misión para la cual fue concebido, no es fácil entender por qué no efectúa los desembolsos que se requieren para facilitarles la vida a los asegurados que necesitan de sus servicios médicos.
Está claro que después de haberse pasado una vida entera efectuando aportes mensuales al IPS, no es justo que los asegurados, sobre todo aquellos de edad más avanzada, deban esperar en una camilla ubicada en los pasillos del área de Urgencias hasta que por fin aparezca un lugar digno para ser internados como es debido.
Hay muchas cosas que en el IPS deben ser objeto de una urgente reforma. Algunas de ellas son más necesarias que otras, pero esta merece una atención especial por parte de las principales autoridades de la previsional y los directores médicos de su Hospital Central. La dignidad de las personas debe estar por encima de cualquier otra consideración.
1 de Octubre de 2011
http://www.abc.com.py/nota/asegurados-del-ips-merecen-un-trato-mas-digno-y-respetuoso/
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La incapacidad de gestión en el IPS impide que los asegurados reciban una atención adecuada
La ineptitud de los administradores del Instituto de Previsión Social (IPS) se refleja en el no aprovechamiento eficaz de los bienes que posee para acrecentar la masa de dinero destinada a las jubilaciones y la insuficiencia de infraestructura para ofrecer a los asegurados servicios de mayor calidad. A lo largo de más de 20 años, los que estuvieron al frente no encontraron la manera de explotar, con un rendimiento razonable, las numerosas propiedades que forman parte de su extenso patrimonio. Tampoco han tomado las decisiones adecuadas para hacer que el servicio de salud satisfaga las necesidades. A esta altura, el seguro social obligatorio debió haber encontrado ya los mecanismos legales para vender sus bienes ociosos y también creado un sistema de atención médica que, en todo el país, dé respuestas a las exigencias de los asegurados.
La función social del IPS es tan relevante que resulta imprescindible prestarle una mayor atención. Actualmente, cuenta con 1.120.000 personas que aportan a su caja -con sus respectivas patronales-, lo cual representa la sexta parte de la población total.
Los bienes que administra son cuantiosos. Su activo es de 1.732 millones de dólares. Con 1.000 inmuebles esparcidos por todo el país, constituye una de las instituciones públicas con más recursos económicos disponibles.
Su administración -no solo la actual, sino todas las anteriores-, sin embargo, no ha sabido colocarse a la altura de las posibilidades y los recursos que maneja. Como por ahora no se ve en el horizonte el nubarrón de un posible colapso, sus directivos no se han tomado el trabajo de sacarle mayores beneficios a sus propiedades.
El caso más emblemático de la ineficiencia para encontrar salidas es el complejo habitacional de Mariano Roque Alonso. Los inmensos moldes de departamentos inconclusos que hasta ahora no se pueden vender son un monumento a la pobreza de gestión.
Ninguna excusa es válida para justificar tantos años de brazos cruzados para encontrarle una salida legal a lo que en su momento fue expresión de un negociado en el que se involucraron diversos sectores.
En lo que atañe al cuidado de la salud, la situación es también lamentable. Aun disponiendo de cuantiosos fondos para remodelar hospitales o ampliarlos, el atraso de las obras es alarmante. No puede ser más gráfico el ejemplo de ineficiencia que contar con los fondos y no utilizarlos para cumplir el cronograma aprobado. Las ampliaciones y remodelaciones de los hospitales de Coronel Oviedo y Luque debieron concluir el año pasado. Esta es, sin embargo, la hora en que los trabajos continúan. Los comentarios huelgan.
La falta de 2.300 camas para abastecer la demanda de internación está dando la dimensión verdadera de lo atrasado que está el IPS en materia de respuestas adecuadas a sus asegurados. A medida que aumente el número de nuevos adherentes -de alrededor de 125 mil por año-, el impacto de la imprevisión será cada vez mayor.
Ante estas situaciones que afectan a los jubilados y a los futuros jubilados -que son los asegurados de hoy-, es necesario no solamente tomar conciencia de la irresponsabilidad de los que conducen su timón, sino también urgirles a gestionar, cuanto antes, medidas correctivas. Los aportantes se merecen ese acto de justicia. Lo que falta no es dinero, sino capacidad para hacer lo que se debe.
http://www.ultimahora.com/notas/477174-La-incapacidad-de-gestion-en-el-IPS-impide-que-los-asegurados-reciban-una-atencion-adecuada
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Inversiones inmobiliarias
Me entero por los diarios que el Instituto de Previsión Social llamó a licitación para el arrendamiento de una propiedad de 9 hectáreas frente al Banco Central del Paraguay. La misma junto al Parque de la Salud, también propiedad de la previsional, son las últimas reservas ecológicas de gran tamaño de Asunción. La empresa ganadora propone la construcción en ese predio de un shopping, con el usufructo durante 20 años y el pago mensual de un canon de G. 80.000.000, y pasado dicho tiempo la misma quedará en propiedad del IPS.
El grupo inversor no tuvo en cuenta es que la zona es eminentemente residencial (AR1) en todo su perímetro, salvo frente mismo al Banco Central que es AR2, según el Plan Regulador de Asunción, y que la misma acepta X m2 de comercio por cada lote convencional (360 m2) y como el terreno es de 9 hectáreas (90.000 m2) podrían hacer uso de esta situación para su aprobación vía excepcionalidad.
Viveza criolla, recurrir a este subterfugio para conseguir la aprobación del proyecto comercial de 20.000 m2. La ordenanza habla de un lote convencional para que en el mismo se pueda establecer un pequeño comercio de servicios para el barrio, pero en ningún momento se podrá aplicar en forma proporcional esos m2 para una superficie que abarca 9 manzanas. Eso sentaría jurisprudencia que puede servir como antecedente para otros emprendimientos similares.
Justifica el Grupo Inversor el ejemplo del emprendimiento del Grupo Capitalis S.A. (World Trade Center Asunción), pero se olvidan que para este caso en particular no se cambio el uso de suelo, por cuánto la normativa permite este tipo de emprendimientos, si no la aplicación de las fórmulas del coeficiente de edificabilidad, el número de pisos, etc., por lo que se recurrir ió a la excepcionalidad establecida en la Ordenanza 43/94.
Dejando de lado el uso de suelo de la zona – imaginemos un centro comercial (frente al ya anormal Banco Central) en este sitio: el deterioro de las condiciones de vida del vecindario (por las actividades de servicios que conlleva). A modo de ejemplo: camiones de pequeño porte surtiendo de productos, tareas nocturnas con ruidos molestos, personal permanente y no permanente, afluencia masiva de público, concentración de vehículos, (creando otro nudo circulatorio conflictivo al ya caótico tránsito de la zona y del asunceno), polución sonora, visual y ambiental, toneladas de basura, desaparición de otro pulmón verde (de los pocos existentes), sobrecarga a los servicios de infraestructuras colapsadas (eléctrica, agua, desagües, etc).
Si se modifica el uso de suelo y se da luz verde al emprendimiento estaríamos ante un nuevo atropello a aquellos ciudadanos que creyendo en el Plan Regulador de Asunción compraron propiedades varias veces millonarias e invertieron alto para poder residir en una zona residencial, sabiendo que estas actividades van en contraposición a intereses del vecindario.
Para dar viabilidad a proyectos que trasgreden el Plan Regulador debemos crear un espacio de discusión entre el sector privado, el público y la población afectada para llegar a un consenso, para que sea la gobernación municipal a través de su Junta la que tome la decisión sobre el tema, siempre teniendo en cuenta que el espíritu de la solución sea cuidar la calidad de vida del vecindario afectado.
No culpo al grupo inversor del el haber presentado este emprendimiento, por cuanto están en su derecho de buscar lo que más rentabilidad le reditue, sino al IPS, que estaban en la obligación de haber estudiado que temas se podían encarar en el lugar, de acuerdo al Plan Regulador de Asunción, antes de llamar a concurso y no dejar al arbitrio del concursante.
Asunción perdió gran parte de su identidad como ciudad colonial, perdió la escala humana y la hospitalidad que sus habitantes tenían en los años 50. Esto debido a que nunca se tuvo una visión de conjunto de lo que se quería, por lo menos con proyección de 20 años y las soluciones adoptadas fueron solo parches que lo único que hacen es perjudicar al crecimiento irracional en que se encuentra nuestra capital de la conquista.
Reconozco que sin inversión inmobiliaria y su aporte económico no hay desarrollo urbano. Reconozco que una revisión periódica del Plan Regulador es indispensable, pues una ciudad es una célula viva y cambiante, donde se tengan que incentivar ciertas inversiones y desalentar otras. Pero no acepto que cualquier emprendimiento inmobiliario no respete intereses mayores como la calidad de vida de sus ciudadanos.
No dudo que los concejales municipales tomarán una decisión que considere que los temas urbanos no los resuelven solos los arquitectos, ni el sector privado ni público, sino toda la sociedad, sobre todo en los estados democráticos.
Arquitecto Félix Paiva Álcorta
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En IPS no faltan más recursos sino buenos administradores
La ineptitud de los administradores del Instituto de Previsión Social (IPS) se refleja en el no aprovechamiento eficaz de los bienes que posee para acrecentar la masa de dinero destinada a las jubilaciones y la insuficiencia de infraestructura para ofrecer a los asegurados servicios de mayor calidad.
A lo largo de más de 20 años, los que estuvieron al frente no encontraron la manera de explotar, con un rendimiento razonable, las numerosas propiedades que forman parte de su extenso patrimonio. Tampoco han tomado las decisiones adecuadas para hacer que el servicio de salud satisfaga las necesidades. A esta altura, el seguro social obligatorio debió haber encontrado ya los mecanismos legales para vender sus bienes ociosos y también creado un sistema de atención médica que, en todo el país, dé respuestas a las exigencias de los asegurados.
La función social del IPS es tan relevante que resulta imprescindible prestarle una mayor atención. Actualmente, cuenta con 1.120.000 personas que aportan a su caja, con sus respectivas patronales, lo que representa la sexta parte de la población total. Los bienes que administra son cuantiosos. Su activo es de 1.732 millones de dólares. Con 1.000 inmuebles esparcidos por todo el país, constituye una de las instituciones públicas con más recursos económicos disponibles.
Su administración, no solo la actual, sino todas las anteriores, sin embargo, no ha sabido colocarse a la altura de las posibilidades y los recursos que maneja. Como por ahora no se ve en el horizonte el nubarrón de un posible colapso, sus directivos no se han tomado el trabajo de sacarle mayores beneficios a sus propiedades.
El caso más emblemático de la ineficiencia para encontrar salidas es el complejo habitacional de Mariano Roque Alonso. Las inmensas moles de departamentos inconclusos que hasta ahora no se pueden vender son un monumento a la pobreza de gestión. Ninguna excusa es válida para justificar tantos años de brazos cruzados para encontrarle una salida legal a lo que en su momento fue expresión de un negociado en el que se involucraron diversos sectores.
En lo que atañe al cuidado de la salud, la situación es también lamentable. Aún disponiendo de cuantiosos fondos para remodelar hospitales o ampliarlos, el atraso de las obras es alarmante. No puede ser más gráfico el ejemplo de ineficiencia que contar con los fondos y no utilizarlos para cumplir el cronograma aprobado. Las ampliaciones y remodelaciones de los hospitales de Coronel Oviedo y Luque debieron concluir el año pasado. Esta es, sin embargo, la hora en que los trabajos continúan. Los comentarios huelgan.
La falta de camas para abastecer la demanda de internación da la dimensión verdadera de lo atrasado que está el IPS en materia de respuestas adecuadas a sus asegurados. A medida que aumente el número de nuevos adherentes -de alrededor de 125.000 por año-, el impacto de la imprevisión será cada vez mayor.
En el IPS, lo que falta no es dinero, sino capacidad, que lamentablemente, hasta ahora no se observa en los que conducen la previsional.
http://www.diariovanguardia.com.py/component/content/article/98-editorial/21686-en-ips-no-faltan-mas-recursos-sino-buenos-administradores.html
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Los administradores del IPS tienen dinero, pero no coraje
Manejando siderales montos de dinero provenientes de los aportes de los trabajadores y las patronales, es inadmisible que el Instituto de Previsión Social (IPS) siga ofreciendo un pésimo servicio a sus asegurados. Los pacientes cardiacos y traumatológicos que tienen que esperar 90 días para ser atendidos hablan a las claras de la incapacidad de sus administradores -los actuales y los anteriores- para dar respuestas a los problemas y su inconsciencia con respecto a los seres humanos. Esta situación no puede seguir tal como está. Urge un cambio para que los pacientes cuenten con una infraestructura material y con personal que hagan que la espera no dure una eternidad.
A pesar de las persistentes quejas de los asegurados y de las promesas de solución de sus ocasionales directivos a los graves inconvenientes que ocasiona el IPS, tanto en la Capital como en el interior, no se observa avan- ce significativo.
La espera para acceder al consultorio de algunos especialistas -cardió- logos y traumatólogos, por ejemplo- puede durar tres meses y más, de acuerdo con los repetidos testimonios de las víctimas del IPS.
Para los que se encuentran en el dilema de esperar tanto tiempo y agravar su estado de salud o recurrir a profesionales del sector privado, los que cuentan con algún recurso económico lo hacen. El resto, en el peor de los casos, está condenado a morir sin atención.
El drama es de antigua data y hasta ahora el Consejo del IPS no pudo encontrar la clave para resolver la dificultad. Sus intentos han quedado cortos, como lo evidencian las denuncias que arrecian todos los días.
Con el incremento del número de asegurados -ahora hay 1.125.000-, es obvio que resultaba imperioso ampliar también la capacidad de res- puesta a las necesidades de atención digna de los que aportan para que el IPS funcione con eficiencia, no para vivir un calvario cada vez que se ven inmersos en alguna afección.
Una dificultad concreta para contar con más médicos o con médicos que estén disponibles mayor cantidad de tiempo es evidentemente el monto del salario, que debe ser lo suficientemente atractivo como para que los profesionales quieran dejar sus consultorios particulares. Es necesario, entonces, considerar esa variable para captar a los especialistas.
Otra es que muchos piden turnos y luego no acuden a la cita. Dentro de la cultura paraguaya ese hecho no es raro: se asume un compromiso que luego no se cumple. Para contrarrestar esta arraigada conducta, hace falta una bien orientada política comunicacional, que ayude a superar la irres- ponsabilidad.
Esa política también tiene que apuntar a la prevención, de modo tal que por esa vía se descongestione la elevada cantidad de personas que requie- ren de una medicina curativa. En el ahorro de pacientes a atender saldrán ganando la previsional y sus asegurados.
La imagen que transmite el Consejo de Administración del IPS es que al ser rebasada la institución por los problemas, dejan que el mismo servicio ineficiente y colapsado en todos los costados continúe como pueda.
Es necesario que sus miembros superen esa actitud y se decidan a tomar medidas radicales y creativas para cambiar el actual estado de cosas. Lo que les falta es coraje, porque dinero tienen de sobra.
http://www.ultimahora.com/notas/507640-Los-administradores-del-IPS-tienen-dinero,-pero-no-coraje
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miércoles 11 de abril de 2012
Sindicato de Periodistas rechaza campaña de ABC Color y de diputados sobre venta de bienes del IPS
El valor del complejo de departamentos de Mariano Roque Alonso aumenta por la plusvalía. Aldo Zuccolillo estaría detrás del proyecto de venta de este bien. El consejero Hugo Cataldo, del sector empre- sarial, es el único que se opone a la venta.
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La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay ha analizado el nuevo ataque del diario ABC Color contra los intereses de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS). Se trata de la insistencia del diario en la venta de bienes inmuebles supuestamente “improductivos y ociosos”. El Consejo del IPS y un grupo de diputados, de nuevo salen con el proyecto de venta del complejo de Mariano Roque Alonso ante la presión del diario.
Sobre esta cuestión, el SPP señala lo siguiente:
1- La insistencia del diario en el proyecto de venta del complejo de Mariano Roque Alonso no es para salvaguardar los intereses de los asegurados del IPS. Hay demasiados intereses detrás de las notas periodísticas.
2- El empresario Aldo Zuccolillo, dueño del diario ABC Color, terrateniente y propietario de Inmobiliaria del Este, estaría detrás de la compra de este valioso inmueble, ubicado cerca del Shopping Mariano. El Grupo Zuccolillo es propietario de este centro comercial.
3- El SPP llega a esta conclusión porque el diario manipula y tergiversa datos sobre la supuesta “pérdida del IPS”. Nada dice que los bienes inmuebles son parte de la “reserva técnica”, que es el coaseguro en caso de contingencias económicas futuras.
4- Debemos recordar que el IPS tiene congelado más de 100 millones de dólares en bancos en quiebra. El Instituto no hubiera perdido este fondo si hubiese invertido en bienes raíces o inversiones inmobiliarias. Los diputados deberían investigar por qué el IPS ha recuperado poco porcentaje de este millonario fondo.
5- El IPS tiene gastos administrativos por mantener los inmuebles, en este caso las viviendas inconclusas. Sin embargo, el diario nada dice que el rubro de jubilaciones y pensiones tiene cada año superávit (los balances del IPS así lo demuestran). Si el rubro inmuebles del IPS tiene poca rentabilidad es por desidia y/o corrupción de sus sucesivos administradores.
6- Rechazamos el proyecto de venta de las deterioradas viviendas de Roque Alonso. Este inmueble puede servir para asiento de un gran hospital. Por ley se puede autorizar la transferencia al fondo de salud.
7- Condenamos la actitud de ciertos diputados que, a espaldas de los asegurados, piensan en un despojo al IPS. Es grave la posición de algunos legisladores, como el diputado colorado Raúl Estigarribia, que está a favor de la venta de inmuebles del IPS aunque exista la posibilidad de negociado (sesión de la Cámara de Diputados del 14 de julio de 2011).
8- En la Cámara de Senadores se estudia un proyecto para salvar el “anfiteatro” José Asunción Flores de San Bernardino (a cargo de sindicatura de quiebras de BIPSA) de las garras del sector privado especulativo. El objetivo es que el abandonado complejo pase a manos del Estado. Los diputados y consejeros desean lo contrario con relación al complejo de Roque Alonso del IPS.
9- Señalamos, además, que si los diputados están interesados en el bienestar de los asegurados, deben investigar los gastos superfluos (gastos de personal, viáticos, compra de bienes diversos), con fondos de jubilaciones y pensiones. También deben investigar el área de salud, donde está el gran déficit y no en el rubro de bienes inmuebles.
10- Instamos a nuestra Central, la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), así como a las demás organizaciones sindicales a pronunciarse ante estos hechos y a que todos juntos nos movilicemos en defensa del Instituto de Previsión Social.
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Desidia en la administración del IPS
Transcurren los años y hasta las décadas, se suceden presidentes, senadores y diputados, pasan gobiernos y gobernantes, asumen directores y presidentes en el Instituto de Previsión Social, vencen sus mandatos o son sustituidos, y este organismo –modelo de lo que no puede ni debe ser una entidad de su tipo– continúa exactamente igual que hace medio siglo. Se lo concibió para que funcionara como una empresa privada con fines sociales, pero con administración vertical y centralizada; o sea, con espíritu de organismo público. Se le otorgó capacidad jurídica para adquirir bienes inmuebles, pero no para enajenarlos, ridícula situación que, conocida por extraños, efectivamente suele moverles a risa, aunque a los paraguayos debería darnos pena y vergüenza. Las autoridades del IPS prefieren mantenerse en su indolencia burocrática, mientras los legisladores, que tampoco mueven un dedo por su propia iniciativa, se convierten en cómplices de la inaudita indiferencia hacia este tan triste proceso de destrucción que va carcomiendo el patrimonio inmobiliario del único organismo de este tipo que dispone el país.
Transcurren los años y hasta las décadas, se suceden presidentes, senadores y diputados, pasan gobiernos y gobernantes, asumen directores y presidentes en el Instituto de Previsión Social (IPS), vencen sus mandatos o son sustituidos, y este organismo –modelo de lo que no puede ni debe ser una entidad de su tipo– continúa exactamente igual que hace medio siglo, cuando fue creado bajo la dictadura de Stroessner como entidad con aporte de patronos y trabajadores, pero directamente administrada por el Poder Ejecutivo del dictador.
Se lo concibió para que funcionara como una empresa privada con fines sociales, pero con administración vertical y centralizada; o sea, con espíritu de organismo público. Se le otorgó capacidad jurídica para adquirir bienes inmuebles, pero no para enajenarlos; ridícula situación que, conocida por extraños, efectivamente suele moverles a risa, aunque a los paraguayos debería darnos pena y vergüenza.
Varias veces se puso públicamente de manifiesto el absurdo político y jurídico que significa que un organismo sostenido por el aporte particular de trabajadores y patronos esté legalmente imposibilitado de disponer de sus inmuebles, así como que esta especie de castración institucional le produzca un importante como innecesario perjuicio patrimonial; pero hasta ahora nada de esto hizo mella en los políticos.
Se llegó incluso a presentar un proyecto de ley en el Congreso para remediar la situación, pero la iniciativa no tuvo suerte porque una mayoría de senadores y diputados, en una actitud muy difícil de comprender, considera que las cosas pueden continuar en el estado en que están. Lo que no explican es cómo, de qué otra manera que no sea mediante la enajenación de los inmuebles, se va a lograr que los ingentes daños patrimoniales que sufre el IPS por causa de esta incapacidad sean impedidos.
Los senadores y diputados que entorpecen y dilatan la modificación de la ley orgánica del IPS, a fin de concederle a este organismo una capacidad jurídica fundamental –que bajo un régimen democrático jamás se le hubiera retaceado–, son a su vez cómplices del daño injustamente ocasionado a centenares de miles de aportantes a la seguridad social que se acumula año a año, década a década.
Los legisladores, que no son parte interesada en el IPS, que no aportan un centavo a esas cajas (aunque a menudo se sirvan de ellas para practicar el prebendarismo político partidario), se permiten de este modo jugar con la suerte del Instituto como si fueran partícipes plenos. ¿Será realmente que creen, de buena fe, que permitiendo que tal situación se perpetúe están defendiendo los intereses de sus mandantes, los electores aportantes, asegurados y jubilados del IPS?
Por lo demás, cabe preguntarse una y otra vez sobre los administradores y consejeros del IPS: ¿Es que no tienen una sola idea práctica acerca de cómo sacar al Instituto de esta situación jurídica en que le pone su ley orgánica (sumada a la indiferencia y negligencia de sus autoridades)? ¿O sucede que se enfermaron del mal de la burocracia, que ningún problema puede encarar y resolver sin dejar transcurrir meses, años y lustros con estudios y proyectos, análisis y propuestas, evaluaciones, consultas, consideraciones y votaciones? Lo que en una empresa privada cualquiera se resuelve en una reunión de una hora, a estos Consejos administrativos y directores burócratas les lleva años. A veces estas situaciones alientan a pensar maliciosamente, porque tanta ineptitud en tantas personas es difícil de admitir como un hecho natural.
En el caso de los inmuebles en estado de destrucción casi total que posee el IPS, como las cinco torres para oficinas y vivienda en plenas avenidas Mariscal López y Perú, en Asunción, el exhotel de San Bernardino, el complejo habitacional de Mariano Roque Alonso, las decenas de casas desperdigadas en la capital y varias localidades del país, su ventajosa enajenación hubiera sido posible hace ya muchos años mediante un sencillísimo proceso de convocatoria a concurso de ofertas. Sin dilapidar millones en proyectos, estudios, análisis y honorarios de peritos avaluadores y otros “expertos”, todos sus actuales bienes ruinosos hubieran estado vendidos con solamente un concurso público, en el que el Instituto podría tomarse todos los recaudos, cautelas y garantías que quisiere.
Lejos de eso, las autoridades del IPS prefieren mantenerse en su indolencia e indiferencia burocráticas, mientras los legisladores, que tampoco mueven un dedo por su propia iniciativa, se convierten en cómplices de la inaudita indiferencia hacia este tan triste proceso de destrucción que, gradual y sostenidamente, va carcomiendo el patrimonio inmobiliario del único organismo de este tipo que dispone el país, en desmedro del sentido de solidaridad social que debería presidir sus actos y, sobre todo, de los intereses de los más necesitados, que tienen el deber político y ético de cuidar.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/desidia-en-la-administracion-del-ips-388703.html
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La ruina del progreso
El desastroso estado en que se encuentra el otrora rutilante Hotel Casino San Bernardino, propiedad del IPS, es un cuadro patético puesto ante la vista de quien quiera ver y constatar el extremo de indolencia e ineficiencia al que pueden llegar las autoridades de una institución pública. Es una lección viva, catastrófica, erigida ante los ojos de todo el mundo, de la ineptitud de quienes tienen por función principal proteger bienes colectivos y que, a cambio de eso, lo que logran es convertir en ruinas lo que alguna vez fue progreso. Estas autoridades, las que pasaron y las que están actualmente al frente del IPS, constituyen el prototipo del funcionario público al que le importa un pepino la suerte del patrimonio colectivo de la ciudadanía.
El desastroso estado en que se encuentra el otrora rutilante Hotel Casino San Bernardino, propiedad del Instituto de Previsión Social, es un cuadro patético puesto ante la vista de quien quiera ver y constatar el extremo de indolencia e ineficiencia al que pueden llegar las autoridades de una institución pública. Es una lección viva, catastrófica, erigida de todo el mundo, de la ineptitud de quienes tienen por función principal proteger bienes colectivos y que, a cambio de eso, lo que logran es convertir en ruinas lo que alguna vez fue progreso.
Este inmueble y el hotel que lo utilizaba fueron durante sus primeros años un modelo en el que podían inspirarse quienes pretendían potenciar el turismo receptivo en nuestro país, o enriquecer las ofertas de localidades necesitadas de inversiones y visitantes. El hotel casino funcionaba bien, agradaba y estaba permanentemente concurrido, era rentable como negocio y productivo en tributos y otros beneficios para la Municipalidad que lo acogía en su jurisdicción.
Pero un día algo sucedió y acabaron los interesados en proseguir su explotación regular. El IPS, que no es una empresa privada ni tiene capacidad para entender de negocios, no supo qué hacer y terminó por desentenderse del asunto y abandonar el edificio a su suerte, el que, lógicamente y como cabía esperar que sucediera, fue siendo alevosamente saqueado, hasta que no le quedaron ya ni los cables de la instalación eléctrica.
La terrible lección dejada por esta catástrofe sufrida por el hotel casino de San Bernardino no fue aprendida por los administradores del IPS. Y no solo eso, sino que, escudados en una multitud de pretextos, fueron abandonando casi todas las demás propiedades inmobiliarias, que siguieron la suerte de aquella. Ni abrieron una oficina dotada de personal con conocimientos adecuados para administrar sus inmuebles ni procuraron modificar su carta orgánica para venderlos, ni hicieron gestiones para que otros organismos públicos los aprovecharan. Se cruzaron de brazos, miraron para otro lado y se olvidaron de los problemas.
Estas autoridades aludidas, las que pasaron y las que están actualmente al frente del IPS, constituyen el prototipo del funcionario público al que le importa un pepino la suerte del patrimonio colectivo de la ciudadanía y los intereses sociales, mientras los suyos estén a buen recaudo. Lo que hicieron perder estos inútiles al IPS en estos años de dejadez e indiferencia es una fortuna incalculable, que a ellos no les impresiona ni les hace mella, total, no es su dinero y sus remuneraciones son cobradas puntualmente.
Ahora surgen nuevos interesados en el hotel casino de San Bernardino, las autoridades del IPS recibieron una oferta, pero “tienen que pensar mucho” sobre la misma, a ver si le conviene o no a la institución. Es increíble, pero es realidad. La mentalidad de estos burócratas necios es, por lo visto, muy difícil de corregir.
A quienes mantienen una mente abierta a lo razonable, prudente y práctico, les resulta imposible hallar algún motivo que permita pensar que se pueda dar una negociación peor a dejar esa ruinosa edificación en el estado en que está.
Y si por ahí sea verídico que dudan de la conveniencia de las operaciones que se les proponen con relación a la recuperación del inmueble en ruinas, abandonado y saqueado, ¿qué puede hacerles dudar? ¿No ven las fotos que aparecen en la prensa? Porque, ante su insólita actitud de renuencia, lo único que cabe pensar es que ninguno de ellos fue a visitar esas ruinas.
La propuesta que recibieron, según lo publicado en la prensa, es la de una concesión empresarial para recuperar ediliciamente el edificio, jardines y playa, y poner en funcionamiento otro hotel casino. IPS no tiene que invertir ni gastar nada, solo conceder el uso por el tiempo a convenir. ¿Qué les impide a sus autoridades negociar esta propuesta, si se informaron suficientemente sobre la misma?
Lo que hace esta mala experiencia administrativa de convertir progreso en ruina viene a demostrar que la aptitud, la razonabilidad y la moral de las autoridades del IPS están puestas entre paréntesis. Lamentable, porque los graves daños que de esta situación se desprenden los tiene que cargar sobre sus hombros el país y no ellos, como sería justo.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-ruina-del-progreso-392035.html
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MALES INCURABLES | IPS EN VACACIONES
Una vez, cuando le consulté a un médico de IPS por qué en vacaciones había tan pocos médicos, cuando se sabía que los asegurados aprovechamos para consultar en los días libres, me dijo: “Nosotros también tenemos derecho a vacacionar con nuestros familiares”.
Hasta hoy el promedio de tiempo para conseguir una cita con un especialista es de un mes o más. Si nos enfermamos antes, lástima…
No es mi intención hacer apología del delito en relación a la mala atención o la falta de realismo en la administración de ciertos servicios de IPS. Creo que muchos de sus problemas son culturales y responden a una mentalidad de la que no escapamos sus eternos críticos. Por ejemplo, es típica la queja en el hospital central de la aglomeración de gente que hay o de la falta de orden en las filas; esto se nota ya en las cantinas de las escuelas, en las boleterías de los clubes, en todas las oficinas públicas. Solo hay que tratar de estacionar en el centro para darse cuenta de que la falta de respeto al espacio y al tiempo de los otros es general.
¿Qué pasa con IPS en particular? Primero, que es un centro médico. Su asistencia a los ciudadanos es para un área de la vida de esencial importancia: nuestra salud. Segundo, es el único sistema previsional obligatorio, con lo que su función social se duplica. Tercero, no es una institución recién formada, ¡tiene años de funcionamiento! Y algo debería haber aprendido ya de sus experiencias previas.
Sin embargo, es una pena notar que cada año, los problemas se repiten y algunos incluso se agudizan. Es como si la experiencia no sirviera para nada a la hora de plantear soluciones prácticas para la atención a los enfermos. Por ejemplo, hasta ahora el acompañante de un niño que va a consultar en “Urgencias” debe dejar a su paciente en la sala de espera o llevarlo en andas para ir a retirar el expediente del enfermo de alguno de los archivos, a lo que hay que agregar que no pocas veces el famoso expediente no se encuentra y que la atención en los archivos depende del humor del trabajador de turno. Luego la espera para ser atendidos puede durar horas. Vergonzoso. Lo que es ofensivo y gravísimo es que los enfermos graves, los que vienen del interior y los ancianos no tienen la prioridad que deberían. Lastimosamente, continúa el régimen de privilegios para los amigos y familiares de los empleados de la institución sobre el común de los asegurados. Conozco casos de intolerante inhumanidad en este sentido.
¿Qué falta en IPS ahora en vacaciones y en el resto del año? Sentido del bien común y compromiso.
En el fondo es un problema educativo y, sobre todo, moral. Y la democracia sin moral no sirve.
Por Carolina Cuenca –
http://www.ultimahora.com/notas/544633-IPS-en-vacaciones
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El Estado no puede usar sin pagar los servicios del IPS
La Corte Suprema de Justicia apuesta a favor de la vida al fallar -en un pedido de inconstitucionalidad- contra el Instituto de Previsión Social (IPS) obligándole a atender en forma gratuita a una enferma con problemas renales. Esa decisión merece aplausos. Sin embargo, está la otra cara de la moneda: ¿en nombre de qué derecho exime al Estado de su obligación de pagar por un servicio que, de haber sido en el sector privado, sí hubiera abonado? No hay argumento alguno que justifique el uso de parte del dinero que empleados y empleadores aportan -el Estado también debiera hacerlo en forma regular- en beneficio de personas que no cotizan al seguro obligatorio. La salud humana merece todo el respaldo, pero dentro de un ineludible código de equidad.
La Constitución dice que “El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de las personas”, agregando que “nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades”.
La norma dice claramente “asistencia pública” y no de otra índole.
El IPS funciona con el aporte de los trabajadores y de sus empleadores, así como del Estado, aunque en un ínfimo e irrisorio porcentaje. Aun cuando su participación es insignificante, la ley -sin lógica alguna- le otorga la potestad de nombrar a su presidente y a los miembros de su Consejo.
Dentro de la irracionalidad en que quien aporta menos -cuando lo hace, porque sus desembolsos no son regulares- usufructúa la mayor cuota de poder en la institución, la Corte Suprema de Justicia, cada tanto, falla a favor de los que le solicitan un recurso de inconstitucionalidad para ser atendidos sin ser asegurados del IPS o sin haber cumplido aún el tiempo mínimo de aporte.
Es imposible cuestionar el derecho a la vida. Al Estado le compete, en primer lugar, su defensa. Lo cuestionable es que le pase esa responsabilidad, sin que el Ministerio de Salud Pública pague suma alguna al IPS, que no forma parte del sistema de “asistencia pública”.
Por eso es correcto y se justifica que el Consejo de Administración del IPS piense en reclamar al Estado, vía judicial, que abone por las atenciones que son de su competencia y no del seguro social. Es inconcebible que el Ministerio pague a los servicios privados por las prestaciones que les solicita y no haga lo mismo con una institución que, a los efectos del tema que se aborda, es equiparable a los centros médicos no públicos.
Como administrador de los fondos proveídos por los cotizantes, el ente previsional está obligado a recurrir a la Justicia. De lo contrario, no tendrá forma de recuperar el millón de dólares que solo en el 2011 se vio obligado a pagar por mandatos de la Corte Suprema. Ese dinero es de los asegurados.
La Corte no puede expropiar al IPS de fondos que legítimamente le pertenecen y tienen que ser aplicados al mejoramiento de la calidad de sus prestaciones. La discriminación que la máxima instancia judicial de la República establece no es digna de un órgano que debe actuar con equidad y no abusar de su poder. No puede ser que exima al Estado de la obligación de pagar utilizando recursos que son de propiedad de los que mensualmente aportan para la atención de su salud, su jubilación y su pensión.
Hasta ahora, los que han recurrido a la Corte para ser atendidos gratuitamente, sin que pague el Estado, han recibido una respuesta favorable en nombre del derecho a la vida.
Sin que ese derecho sea conculcado, pero sí para que se haga verdadera justicia, es necesario que el IPS acuda a los estrados judiciales para salvaguardar los intereses de los asegurados. Si no, dentro de poco, se va a desangrar aún más.
http://www.ultimahora.com/notas/547749-El-Estado-no-puede-usar-sin-pagar-los-servicios-del-IPS
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Monumento a la ineptitud
Han transcurrido casi dos décadas desde que se produjeron el vaciamiento y la posterior quiebra del Banco Nacional de Trabajadores, lo que ocasionó la interrupción de las obras de construcción que sirvieron de pretexto a los estafadores para llevarse el dinero de los aportantes a dicho banco –asalariados de todo el país–, que por imposición de una ley de clara inspiración fascista eran obligados a ceder mensualmente un porcentaje de sus retribuciones para capitalizar esa entidad.
Los trabajadores vieron esfumarse irremediablemente sus aportes; al Instituto de Previsión Social le enchufaron el clavo de la obra inconclusa del proyectado complejo habitacional, y todo el mundo perdió… menos los promotores del fato. Perdió el Estado, perdieron los trabajadores, perdió la sociedad, perdieron las instituciones involucradas y una vez más perdió la credibilidad pública en las administraciones estatales.
Y se está perdiendo también, como no puede ser de otra manera, el valor económico de las edificaciones abandonadas, en las que se deterioran sus componentes, se llenan de plantas, alimañas y escombros, se las saquean a diario y hasta sirven de refugio temporal de maleantes.
En el caso del complejo de Mariano R. Alonso la situación es lamentable, pues ese desperdiciado montón de espacios que podrían ser habitables contrasta de modo absurdo con la carencia de vivienda que se denuncia diariamente, y con el creciente número de familias sin techo que actualmente están fermentando una crisis social que estallará en el rostro de todos, más tarde o más temprano.
¿Cómo es posible que en casi 20 años las autoridades del IPS, de la Senavitat y de la multitud de funcionarios gubernamentales que se ocupan de las políticas sociales –o más bien, cabe decir, que cobran sueldo para ocuparse de ellas– no hayan solucionado el caso de dar un destino a las construcciones abandonadas en Mariano R. Alonso?
La solución parece bastante fácil. No se requieren genios administrativos para poner el complejo a la oferta pública, convocando a las empresas interesadas que sean solventes y capaces de garantizar el cumplimiento de la finalidad perseguida. Que los mismos oferentes aporten las suyas. Que a la pregunta “¿qué de útil para la sociedad y para el IPS podría hacerse con esa construcción?”, puedan responder con certidumbre y solvencia todos los que entienden de la materia.
Pero nada de esto sucede. Nadie en el IPS se ocupa de buscarle solución al caso, por indiferencia, por negligencia o por ineptitud. Tampoco hay interés en el Gobierno. El tiempo transcurre, los gobernantes se suceden, los funcionarios pasan, los bienes de la institución se deterioran, se devalúan día a día, y nadie se conmueve en el ámbito de la administración pública.
¿Pero por qué habría que esperar proyectos viables para este tipo de obras de parte de personas que no entienden de negocios empresariales? Es oportuno recordar que el proyectado complejo habitacional mencionado surgió precisamente de la mente de dirigentes políticos y sindicales metidos a banqueros e intermediarios en negocios financieros.
El complejo de Mariano R. Alonso debe ser objeto de evaluación económica. Averiguar cuánto vale el metro cuadrado del terreno es cosa de minutos, pues es suficiente conocer el valor promedio de la zona, dato del que cualquier inmobiliaria dispone. Con lo construido, calcular su valor y decidir reutilizar lo hecho o demoler. Son cuestiones puramente técnicas que se deben resolver entre técnicos y empresarios más que entre burócratas y legisladores.
El complejo habitacional del IPS, en Mariano R. Alonso, es una muestra de lo que sucede cuando se forman consorcios entre políticos y dirigentes corruptos, entre funcionarios y gobernantes inútiles.
¿Quedará todavía alguna empresa honesta que se atreva a intentar hacer negocios limpios con las autoridades del IPS; con los legisladores que tienen que reformar la anacrónica carta orgánica de este instituto y que no mueven un dedo; con los asesores que hace décadas buscan y todavía no encuentran la “fórmula desconocida” para que el IPS saque algún provecho de sus inmuebles abandonados, para proteger los intereses de sus aportantes?
Ojalá que sí, que alguien se anime a encarar tan difícil misión. El “monumento a la ineptitud”, sito en Mariano Roque Alonso, estará allí apuntándoles con el dedo acusador.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/monumento-a-la-ineptitud-439589.html
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De enajenación e inversión
Antes que echar mano a las reservas previsionales, los directivos del IPS deberían preocuparse más bien por impulsar ante el Parlamento la modificación de la Carta Orgánica para invertir más recursos en el área asistencial.
De la mano de los diputados, directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) cumplieron el sueño de la autorización para empezar a disponer de los bienes inmuebles de la institución. Aún falta la decisión del Senado a la media sanción otorgada por la Cámara Baja para la venta del complejo habitacional de Mariano Roque Alonso bajo la figura de la “enajenación”.
Quienes fundamentaron el proyecto de ley alegaron que la propiedad en cuestión está generando más gastos que ganancias al ente previsional y la aprobación de la venta se dio por unanimidad.
Según las especificaciones técnicas, el terreno en cuestión abarca unas 23 hectáreas y ocupa un lugar estratégico, frente al campo ferial de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). El complejo edilicio que comprende unos 3.500 departamentos inconclusos pasó a ser propiedad del IPS, tras la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores (BNT) en el año 2000 y en ese entonces estaba valuado en 34.000 millones de guaraníes.
Las finanzas del instituto son inmejorables y prueba de ello es que en el mes de julio, incluso, registró un récord de recaudación, con nueve mil millones de guaraníes más de ingreso que el mes anterior. Este dato proveído por el actual presidente del Consejo de Administración, Fernando Silva Facetti, da la pauta de que la previsional no necesita despojarse de un bien que es parte de su reserva técnica.
Tal vez una forma de darle utilidad a ese extenso predio es construir un hospital pediátrico o un centro especializado para atención de accidentados. El cada vez más creciente número de asegurados hace que sea imposible contener la avalancha de pacientes en el Hospital Central, por lo que se derivan enfermos a servicios privados.
Antes que echar mano a las reservas previsionales, los directivos del IPS deberían preocuparse más bien por impulsar ante el Parlamento la modificación de la Carta Orgánica para invertir más recursos en el área asistencial. Actualmente solo 9% de los fondos previsionales está destinado a cubrir las necesidades de la salud, mientras que 12,5% forma parte de los fondos jubilatorios y 1,5% se destina a gastos de la administración.
Desprenderse de esta revalorizada propiedad puede significar un mal precedente para los aportantes, ya que utilizando este ejemplo se podría ir “enajenando” centenares de inmuebles, poniendo en riesgo el pago de haberes a futuros jubilados.
El IPS cuenta con toda una cartera inmobiliaria, precisamente a raíz de un mal negocio en la concesión de préstamos directos en el año 1995, que al no poder ser recuperados en dinero, habían sido pagados por los deudores con terrenos. Se calcula que el instituto cuenta con al menos 1.000 inmuebles en todo el país, por lo que una eventual venta masiva, podría significar buenas ganancias para quienes están detrás de este “proyecto de enajenación”.
En un año eminentemente electoralista, queda ahora en manos de los senadores la decisión de legislar a favor de los asegurados o favorecer los intereses de las autoridades de la previsional.
Por Nilza Ferreira
http://www.lanacion.com.py/articulo/89010-de-enajenacion-e-inversion-.html
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La higiene del entorno de los hospitales es imprescindible
La permisividad nacida de la irresponsabilidad de los administradores de la salud pública y las municipalidades toleró, a lo largo del tiempo, algunas situaciones insostenibles. Una de ellas es la instalación de puestos de venta de alimentos cerca de los hospitales solventados con dinero del Estado. Ubicados en las veredas, sin reunir siquiera las mínimas condiciones de limpieza, se han ido convirtiendo en fuentes de contaminación del entorno. Salvo esfuerzos aislados, ninguna autoridad -institucionalmente- hasta ahora se ha preocupado por apostar a favor de la población, con el establecimiento de normas de cumplimiento obligatorio. A la par de garantizar la higiene del entorno hospitalario, las autoridades deben buscar respuestas al problema del desempleo que afecta a los vendedores informales.
Uno de los rasgos del ejercicio del poder en nuestro país es la tolerancia de situaciones irregulares. Los administradores de la cosa pública conocen perfectamente los efectos negativos de determinadas situaciones y, sin embargo, no se animan a tomar medidas. Por desidia o cobardía, dejan que lo irregular se convierta en normal.
Así ha ocurrido con el Instituto de Previsión Social (IPS), que durante mucho tiempo dejó que aumentara la cantidad de casillas en la proximidad de su principal hospital, en el barrio Santo Domingo, de la Capital.
Ahora, sin embargo, por fin pone en práctica el principio de que la salud es un bien público que no puede estar divorciado de la higiene, un componente clave en la salud de las personas. El desalojo de los informales perjudicó a unos pocos, pero beneficia a la gran masa de asegurados que mensualmente pagan por un servicio que no puede estar expuesto a una posible contaminación.
Ahora que el IPS hizo lo que debía, le corresponde a la Municipalidad de Asunción completar la tarea, porque algunos de los que salieron del Hospital Santo Domingo siguen con sus precarios negocios en la vereda.
En el mismo tema, los directivos de Emergencias Médicas han mostrado incapacidad para alejar de su vereda a vendedores de alimentos que atraen todo tipo de virus y bacterias. El intento de desalojo ha vuelto a fojas cero, porque los puestos se han reinstalado en sus sitios originales.
El nuevo Hospital de Clínicas -que en estos días se traslada de su tradicional espacio a uno nuevo ubicado en el límite de los municipios de Fernando de la Mora y San Lorenzo- reedita el panorama que a lo largo de varios años se ha visto en su antiguo entorno, frente a la Facultad de Medicina.
Hay que reconocer que los informales son un producto de la pobreza, que se traduce no solo en falta de trabajo formal, sino también en la ausencia de capacitación. Y es necesario señalar que evitando que estén cerca de los hospitales se agrava el problema de esa gente.
Debe quedar claro, sin embargo, que los lugares que ocupan alrededor de hospitales y centros de salud, tanto de Asunción como de otras ciudades y pueblos del país, no son los adecuados para el expendio de comidas.
Es necesario, por lo tanto, que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Justicia y Trabajo y las municipalidades se sienten a dialogar y a buscar soluciones para los lugares de atención médica y para los que queden sin ingresos. Tanto la salud como el empleo son de suma relevancia social. Ese criterio debe orientar las acciones que se emprendan.
http://www.ultimahora.com/notas/577886-La-higiene-del-entorno-de-los-hospitales-es-imprescindible
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Nueva amenaza para pacientes del IPS
A duras penas y luchando contra derechos mal entendidos y peor ejercidos, la comunidad que utiliza los imprescindibles servicios del Hospital Central del Instituto de Previsión Social logró desprenderse del cerco de suciedad y desorden que imponía en el lugar un grupo de vendedores informales. Se hizo prevalecer el principio de que a un hospital la gente va por fuerza mayor y no entra en sus cálculos comer milanesas fritas al aire libre o comprarse un champión. Tampoco contribuía a la calma y quietud que necesita un hospital la aglomeración de gente que, no contentándose con vender cosas, ponía equipos de sonido a todo volumen fastidiando a todo el mundo, enfermo o no.
Pues bien, ganada esta batalla, es ahora el propio IPS el que está a punto de recrear ese clima tóxico concesionando un terreno aledaño al Hospital Central para que se instale allí nada menos que un shopping center. Quizá pueda decirse que el factor higiene ambiental pueda estar razonablemente controlado pues a un centro de compras sucio nadie o poca gente va. Pero está el otro componente, tan grave como el anterior, y que son los ruidos molestos y el impacto ambiental que se generaría con el funcionamiento de semejante implante comercial.
Es sabido que un shopping bien gestionado no se limita a abrir sus puertas y esperar que la gente entre a comprar. En ellos se realizan constantemente actividades de todo tipo que se promocionan con sonidos a todo dar y que frecuentemente desbordan el perímetro del centro comercial e invaden las calles aledañas las cuales, en un día de mucha actividad, se llenan de vehículos y de “microclimas” de festejo animados con monstruosos equipos de sonido instalados a bordo de automóviles. Y donde hay gente y aglomeración allá van los pancheros, kioskeros con bebidas alcohólicas y vendedores ambulantes de toda clase de baratijas.
Lenta pero seguramente, toda la zona de influencia del proyectado centro comercial se iría transformando y hasta se correría el riesgo de que el propio Parque de la Salud sea invadido por los concurrentes nocturnos al centro comercial. No estamos “tirando mala onda” contra un proyecto de inversión importante. Simplemente estamos haciendo una proyección de lo que el estilo paraguayo de entender las cosas –es decir, violar todas las leyes ambientales y el propio Plan Regulador de Asunción, ya perforado por todos lados- terminará por hacer en este sector de la ciudad en donde centenares de personas luchan a diario por recuperar la salud. Lo triste del caso es que es el propio IPS el que fomenta este peligro, creando un foco de desequilibrio en el patio trasero de su principal emplazamiento hospitalario, el Hospital de Santo Domingo.
Rentabilizar un bien patrimonial está bien. Hacerlo a costa de la tranquilidad y sosiego que necesitan los enfermos, está mal. Veremos que eligen los señores administradores del IPS.
http://www.5dias.com.py/22631-nueva-amenaza-para-pacientes-del-ips
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Miserable explotación
En lo que constituye una grosera violación de las normas más elementales del derecho laboral, la firma Cevima-Renova, responsable de las labores de limpieza en diversas instalaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), explota a más de 700 empleados a quienes paga un salario muy inferior al mínimo, aunque obligándolos ignominiosamente a firmar recibos en los que se hace constar que sí perciben la retribución estipulada por ley.
De acuerdo con las informaciones dadas a conocer por los propios afectados, el personal del consorcio mencionado cobra un salario de 900.000 guaraníes; sin embargo –y lo que es peor, con el aval del IPS–, la empresa los estaría obligando a firmar recibos por el mínimo establecido, es decir, 1.658.232 guaraníes.
Dicha empresa tiene actualmente un contrato por valor de 27.000 millones de guaraníes con el IPS. El mismo vence en mayo de 2013. Si se toma en cuenta que solo abona 900.000 guaraníes a cada uno de los 725 empleados que están registrados en la planilla de la previsional, el consorcio tiene una utilidad aproximada de 1.500 millones de guaraníes al mes y unos 18.000 millones por año. Una impresionante ganancia que acumula, y es preciso decirlo con todas las letras, explotando inicuamente a trabajadores.
Esta bochornosa irregularidad se produce aun cuando, por ley, el IPS está obligado a contratar únicamente los servicios de empresas que cumplan con los requisitos más elementales del derecho laboral, entre los que figura, justamente, el pago del salario mínimo.
Ello hace sospechar que existe algún tipo de complicidad entre las autoridades del IPS, a cargo del presidente Fernando Silva Facetti, y el consorcio Cevima-Renova, cuyo representante es Claudio Escobar, pero que estaría vinculado al diputado colorado José Chamorro. En verdad no existe forma de explicar cómo el IPS, un ente que está obligado por ley al resguardo de la previsión social de los trabajadores, se vuelva en contra de ellos y permita dentro de sus propios locales un atropello de las escandalosas dimensiones que se está denunciando.
De hecho, la propia Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en un dictamen presentado el pasado 12 de noviembre. En primer término, la adjudicación anormal y la complicidad del IPS en la explotación de los empleados de Cevima-Renova.
El análisis de la entidad de control refiere que el consorcio en cuestión se habría beneficiado irregularmente con 24.745.310.760 guaraníes, al no contemplar beneficios laborales establecidos en la legislación vigente (sueldo mínimo, pagos especiales por desempeño en días feriados, domingos u horarios extraordinarios, entre otros).
Ante las graves irregularidades detectadas en su momento por los representantes de la Contraloría, la institución recomendó a la administración de Silva Facetti volver a evaluar las ofertas del consorcio en cuestión. Y no solamente esto no ha sido cumplido por el titular del IPS, sino que cabe la absurda posibilidad de que Cevima sea adjudicada nuevamente en la próxima licitación convocada por la previsional.
Estos datos tan a la vista confirman la existencia de un ilegítimo vínculo de complicidad entre las autoridades de la previsional, quienes deben deslindar responsabilidades, y la cuestionada firma supuestamente relacionada con el diputado colorado Chamorro.
Urge que el Ministerio Público, que por mandato constitucional debe “velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales”, tome cartas en el asunto y que, a pesar de las presiones políticas que seguro aparecerán, investigue a fondo este inmundo negociado que involucra por igual a representantes del sector público y el privado.
Al mismo tiempo, es de esperar que el Ministerio de Justicia y Trabajo intervenga de manera inmediata para precautelar el derecho de estos más de 700 compatriotas, que están siendo inicuamente explotados por un grupo de inescrupulosos que no trepida en medrar a costa del sacrificio de personas humildes y desprotegidas, quienes, amedrentadas ante la posibilidad de ser despedidas si hablan, sufren en silencio su martirio.
La población entera, allí donde se los ven, debe repudiar en forma pública a estos sinvergüenzas que usan su poder político para agredir de forma tan miserable a trabajadores indefensos.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/miserable-explotacion-494058.html
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IPS
El Instituto de Previsión Social es la entidad previsional más grande del país. Es estatal, y como tal, plagado de irregularidades desde su fundación. Es el seguro social obligatorio para todos los trabajadores del país. Si funcionara por lo menos a medias, no se tendría la necesidad de tantas empresas de medicina prepaga, que utilizan tanto las empresas privadas además de pagar al IPS, como profesionales y tantas otras personas que no se animan a ir al IPS aunque más no sea para una consulta médica.
Las irregularidades van, desde malversaciones financieras de montos astronómicos, pasa por la utilización de excedentes financieros para prestar dinero a personas vinculadas a los gobiernos de turno, tiene más bienes inmuebles que la inmobiliaria más grande del país, y la atención a quienes intentan la travesía de ser atendidos médicamente es igual o peor que cualquier Centro de Salud dependiente del Ministerio de Salud Pública.
Los profesionales médicos que trabajan en la institución, atienden a los usuarios apenas un par de horas diarias por un buen salario, para después ir a sus lujosos consultorios privados y llenarse los bolsillos, convirtiendo a la salud – que es un bien público – en una vulgar mercancía para quienes desean mantenerla en buena forma.
De los medicamentos, que deben ser obligatoriamente gratuitos para todos los usuarios, ni hablemos. El escandaloso negociado que existe entre proveedores, el IPS y las farmacias privadas es de conocimiento público, mientras miles de trabajadores no pueden acceder hasta a los medicamentos más elementales.
El empleador paga el 16.5% sobre los salarios de todos sus empleados, sin que aquel obtenga ningún beneficio, ni siquiera para sus propios funcionarios. Al empresario le sale más barato pagarle un seguro médico privado en forma paralela, para que el funcionario que necesita atención médica pueda realizar dicho trámite y volver en el día a sus labores. Si tiene que utilizar los servicios del ente estatal, el nivel de ausentismo hasta resolver su dolencia puede ser de varios días.
Los sucesivos presidentes del ente previsional estatal, invariablemente utilizaron el cargo para enriquecerse a costa de los aportes obrero patronal, sin importarles la ecuación que debe ajustarse a los derechos jubilatorios para los trabajadores. Al no tener nuestro país especialistas en cálculos actuariales, nadie sabe a ciencia cierta si el IPS podrá cumplir con todas sus obligaciones futuras ya asumidas desde su creación. No hay en el país una sola universidad donde se enseñe Cálculo Actuarial.
Es una verdadera pena, pero esa es la realidad de esta institución. El incalculable nivel de corrupción existente en ella, con la consabida impunidad de sus actores, hace de esta empresa un botín altamente valioso y requerido por los políticos que están en el gobierno.
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/541-ips
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La seguridad social en el Paraguay
Para la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, las pensiones graciables existen por las deficiencias del sistema de seguridad social y resalta que ningún gobierno ha querido impulsar la gran reforma previsional.
En salud se mantienen dos sistemas ineficientes, el del Instituto de Previsión Social (IPS) y el del Ministerio de Salud Pública, duplicando esfuerzos y costos innecesarios.
Por el lado de las pensiones, las soluciones se han dado en forma más desordenada y descontrolada, pues hemos recurrido a sistemas dispersos y desconexos que hacen muy ineficiente el sistema. Así tenemos la gran caja de pensiones en el IPS con una muy baja cobertura y cajas menores, todas deficitarias y sin posibilidades de existir en el futuro por deficiencias en su mismo origen.
Por el lado del Ejecutivo, los programas sociales responden a una lógica similar, aunque tienen un carácter más general, pero no escapan al padrinazgo para ser incluidos en las listas de beneficiarios de los programas de la secretaría de la niñez, Tekoporã, adultos mayores o subsidio a los pescadores. Sería mucho más eficiente tener un programa social consolidado con reglas generales.
Es hora de que el Paraguay aproveche las relaciones con países amigos que han hecho el camino hacia sistemas muy eficientes de atención a este tema de la seguridad social y la Cámara en concreto cree que Chile puede aportarnos el conocimiento y la experiencia en un proceso de reforma que no tiene que ser precisamente similar al chileno, pero nos puede ayudar a visualizar las mejores prácticas.
La Cámara insta a los candidatos y en especial al que fuere elegido al frente del Ejecutivo, asumir el desafío de darnos un mejor futuro a los paraguayos encarando la gran reforma del sistema de seguridad social en Paraguay.
Lic. Beltrán Macchi Salín
Presidente Cámara Nacional de Comercio y Servicios
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El Ministerio de Salud Pública y el IPS
Existe una veintena de convenios de cooperación entre estas dos instituciones públicas para luchar contra todo tipo de enfermedades que afectan a la salud del pueblo. No tenemos noticia de que se haya firmado algún acuerdo o convenio de cooperación entre el IPS y el Ministerio de Salud Pública con relación al combate del dengue.
Esta penosa epidemia que año a año mata a más personas no parece que vaya a desaparecer en los próximos años en nuestro país si seguimos así. Al contrario, cada vez que aparece lo hace con más fuerza y con mayores índices de infestación en todo el territorio nacional. Aún cuando el ministro de Salud, Dr. Antonio Arbo, haya decidido la suspensión de las vacaciones del personal de salud a su cargo, en un gesto que más que agradecerle debe entenderse como una medida absolutamente lógica, nos sorprende que el IPS no haya entendido el mensaje del Dr. Arbo.
Hoy el Hospital Central del IPS dispone de un clínico por día para la atención de miles de compatriotas que contribuyen con parte de su salario para tener derecho a la atención médica. Estos pobres compatriotas tienen que acudir al Hospital del IPS a las cuatro de la mañana para intentar tener un cupo para una consulta médica. La administración hospitalaria expide como máximo 20 números debido a que la atención queda a cargo de un sólo profesional médico. Lo trágico del caso es que al consultársele al funcionario que expide los números para los pacientes, éste respondió con toda normalidad que no puede expedir más números porque los otros médicos están de vacaciones. Es poco creíble lo que ocurre con la salud pública en el Paraguay. Y conste que tenemos un Presidente de la República que es médico de profesión.
El Dr. Federico Franco, entre las pocas cosas buenas que hizo desde el 22 de junio pasado fue nombrar Ministro de Salud Pública y Bienestar Social al Dr. Arbo, quien demuestra un gran sentido de responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, el Presidente del IPS, Abogado Fernando Silva Facetti se ha llamado a silencio en la lucha contra el dengue. El IPS, como dice su nombre es una Institución de Previsión Social. No es posible que no se haya podido suscribir tan sólo un convenio de acciones conjuntas con el MSP y BS para enfrentar a la epidemia.
El Presidente de la República debiera intervenir el IPS, suspendiendo en sus funciones al Abogado Silva Facetti, hasta normalizar las actividades de la institución de cara al combate contra el mal que nos aqueja, dada la proliferación del virus del dengue, haciendo un urgente llamado a los médicos vacacionistas que vuelvan inmediatamente a sus puestos.
Otorgar vacaciones a los médicos en estas circunstancias a profesionales que deberían estar en el frente de batalla contra la enfermedad epidémica, es un hecho que raya lo criminal. Ya no nos sorprenden las consuetudinarias demostraciones públicas de ineficacia, ineficiencia y altos niveles de corrupción en el cumplimiento de todas las funciones del Instituto de Previsión Social.
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/1547-el-ministerio-de-salud-p%C3%BAblica-y-el-ips
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Debe someterse al IPS a la libre competencia
Entre otras desgracias, el Instituto de Previsión Social (IPS) desde siempre ofrece un pésimo servicio, incurre en licitaciones amañadas y hace ruinosas inversiones inmobiliarias. Resulta que el instituto es un botín del que se sirven quienes llegan al Gobierno para enriquecerse y regalar cargos públicos a sus seguidores, ante la indiferencia o la complicidad de quienes integran el Consejo de Administración supuestamente como representantes de los empleadores y los trabajadores. Los aportantes obligatorios –víctimas de un descuento mensual en beneficio de los que mandan, de sus socios del sector privado y de unos quince mil funcionarios– están expuestos incluso al maltrato del personal sanitario, mientras esperan ser atendidos en atestados pasillos mugrientos. Sus constantes reclamos son desoídos. Es comprensible, entonces, que quienes tienen suficiente ingreso económico contraten, además, un seguro privado para evitar el calvario que supone recurrir al IPS. No se trata de una opción –como debería ser–, pues deben seguir soportando el descuento compulsivo de sus salarios, pero piensan sentirse en mejores condiciones que aquellos que no pueden contratar un seguro adicional y que son la inmensa mayoría.
Los trabajadores en relación de dependencia no pueden elegir un seguro. Están asegurados obligatoriamente al IPS, pese a sus intolerables deficiencias. Siguen condenados a sostener una entidad elefantiásica que está, sobre todo, al servicio del Gobierno, de sus administradores, de su personal y de sus contratistas fraudulentos. Si los asalariados no pueden optar por otro seguro médico, ¿qué interés tendría el IPS en mejorar su atención o en adquirir equipos y medicamentos al mejor precio? De cualquier modo, siempre seguiría recibiendo regularmente los aportes ordenados por la ley.
Está visto que la vocación de servicio brilla allí por su ausencia. Siendo así, y como no parecen bastar las protestas de los asegurados, ni las denuncias de los medios de prensa ni las promesas rutinarias de los responsables del momento, habrá que tomar una medida que obligue al IPS a mejorar sustancialmente su gestión, so pena de perder asegurados. Esa medida –contemplada en la Constitución– consiste en someterle a la libre competencia.
En efecto, el art. 95 de la Ley Fundamental prevé un sistema obligatorio e integral de seguridad social y agrega que sus servicios pueden ser públicos, privados o mixtos, siempre bajo la supervisión del Estado. Uno de esos servicios es el médico; así que la norma constitucional citada permite que el trabajador dependiente elija al prestador que mejor le parezca. Debe estar asegurado, eso sí, y debe haber una supervisión estatal. Nada más. Es decir, el asalariado no tendría que estar como hasta ahora asegurado necesariamente en el IPS, le guste o no le guste el servicio que brinda.
Al admitir la libre competencia en cuanto al seguro médico, la norma constitucional respeta la libertad de las personas y permite que los prestadores se vean obligados a brindar un buen servicio a buen precio. A casi once años de promulgada la Constitución, nada se ha hecho para garantizarles a los asalariados el derecho a elegir. Siguen atados a un instituto de lo más ineficiente. Es de suponer que los beneficiados con la actual situación –políticos, contratistas y funcionarios– no tienen el menor interés en correr el riesgo de perder el aporte obligatorio de los asalariados y de los empleadores. Es dinero seguro, en la medida en que se controlen las deducciones correspondientes. Para que el IPS lo perciba cada mes, la calidad de sus servicios es del todo irrelevante: no hace falta que sus asegurados sean atendidos bien y pronto, en hospitales y clínicas adecuadamente equipados.
En las actuales condiciones, resulta claro que el IPS no podría sobrevivir a una competencia en el mercado. Para ello, tendría que liberarse de los imperativos político-partidarios, de las prácticas corruptas y de la desidia de su personal.
Está visto que de poco o nada sirve invocar la ley y la moral para inducir a sus responsables a que los aportantes, los verdaderos dueños del IPS, reciban una atención médica como corresponde.
Así las cosas, urge poner en efectiva vigencia la norma constitucional que permite elegir el seguro médico más conveniente, sea él público, privado o mixto. Aparte de que ella es encomiable por favorecer la libertad, su aplicación forzaría al IPS a buscar atender un poco mejor los requerimientos de sus asegurados. Si se admite que una empresa pública puede competir con otras privadas, también un instituto estatal que presta un servicio médico podría competir con aseguradoras privadas, dentro de un régimen que garantice una cobertura mínima y bajo la supervisión de una entidad pública.
En suma, la Constitución abre las puertas para que los asalariados puedan contratar el seguro médico que prefieran. El ejercicio de ese derecho requiere que los legisladores sancionen una ley reglamentaria, suprimiendo la aportación obligatoria al IPS. Entretanto, es conveniente que los consejeros gremiales se ocupen alguna vez de defender los intereses de sus representados, que para eso se los puso allí. Ellos han sido y son responsables del manejo escandaloso que castiga a los trabajadores dependientes desde hace tantos años, sin que se les permita la libertad de valerse de un seguro médico alternativo.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/debe-someterse-al-ips-a-la-libre-competencia-539641.html
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Las dos caras del IPS
El Instituto de Previsión Social (IPS), específicamente en su componente salud, provoca en los beneficiarios una singular mezcla de amor-odio.
Para mucha gente, el servicio de salud que ofrece es incuestionable.
Llena de satisfacción constatar los equipos de última generación, particularmente de electromedicina, los médicos especialistas con que cuenta la institución, los exitosos trasplantes de órganos y varios logros de cirugía mayor.
Pero también existe un consenso respecto a que en el manejo institucional todavía no se superan pasos excesivamente burocráticos o que falta mejorar y agilizar el sistema de agendamiento de las consultas, y que sigue siendo un problema a resolver el hacinamiento habitual en el área de Urgencias.
Haber pasado por allí, por Urgencias, es una experiencia imborrable, no por buena, sino por el estrés que continúa generando en los pacientes y familiares, la alta demanda de atenciones que registra y la saturación permanente de la que no puede escapar hasta hoy.
Situación que torna aún más necesario hallar en esta especialidad alta dosis de buena voluntad y actitud humanitaria por parte de los profesionales de la salud.
Dos compañeros de tareas, en diferentes momentos, requirieron del sistema de salud de IPS. Uno no tiene quejas del trato que recibió y de cómo pudo reponerse y salir adelante gracias a la acertada medicación que recibió mientras estuvo ingresado en el hospital central, y al personalizado y humano relacionamiento que propiciaron los profesionales médicos y de enfermería que lo asistieron.
El otro sigue espantado hasta ahora por todo lo que le tocó vivir y observar durante el tiempo que acompañó a un familiar internado por varios días, afectado por complicaciones del dengue.
Estuvo justo en un sector colapsado por la cantidad de pacientes, que superó la capacidad del hospital central.
El compañero no olvida la repetida escena en que familiares de pacientes eran convocados, como si de una mercadería se tratara, para retirar al ser querido que no sobrevivió. Envuelto en una sábana, sobre una camilla, debían trasladarlo en un largo recorrido, sin protocolo alguno, por pasillos, salas de espera, etc.
Tampoco olvida la actitud poco generosa de algunas enfermeras que, sobrepasadas por la alta demanda del hospital, dirán ellas, perdieron la sensibilidad y consideración hacia el paciente.
A nuestro amigo asegurado del IPS no se le borra de la memoria la frialdad con la que se comunican las defunciones. Un mero trámite, como si la persona representara solo un número.
La sobredemanda no es excusa para vaciar de gentileza, cariño y humanismo la atención a la gente que busca asistencia médica, y no recurre a un hospital precisamente por deporte.
Por Susana Oviedo
http://www.ultimahora.com/notas/603412-Las-dos-caras-del-IPS
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Una lección de dignidad
El doctor Carlos Pallarolas brindó esta semana una lección de dignidad al presentar su renuncia a la dirección del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este, argumentando estar cansado de tener que mentir a los asegurados. “Me cansé de decir que el hospital se va a refaccionar, que vamos a empezar el nuevo hospital y nunca comienza y que venimos pasando las mismas penurias día a día por la falta de infraestructura”, declaró Pallarolas a los medios de prensa.
Según el médico, el hospital del IPS de Ciudad del Este tiene la misma infraestructura de hace 40 años y que en ese entonces fue pensado para apenas 1.000 asegurados. Sin embargo, actualmente hay unos 80 mil asegurados, y el hospital tiene que brindar atención a 1.000 pacientes por día, lo que rebasa tremendamente su capacidad de respuesta.
Mensualmente el Instituto de Previsión Social descuenta a los asegurados trabajadores de todo el país lo correspondiente al 9 por ciento de su salario, esto le proporciona a la institución una suma exorbitante de dinero. Ninguna institución del país tiene asegurada su recaudación mensual como el IPS. Sin embargo, los fondos que deberían ser invertidos en brindarle una atención adecuada a los asegurados se utilizan para otros fines, desatendiendo los hospitales, sobre todo los del interior del país, que se mantienen en lamentables condiciones.
No se explica cómo puede ser que una de las ciudades más importantes del interior como Ciudad del Este no reciba la atención adecuada de las autoridades del IPS, siendo que esta zona es una de las mayores aportantes de la institución.
El gesto del doctor Pallarolas es digno de ser admirado, porque cuántos funcionarios públicos todos los días recurren a sus oficinas sin ni siquiera escuchar los reclamos de los contribuyentes y que no son capaces siquiera de mejorar su escritorio. La actitud de indignación de un funcionario que está cansado de tener que mentirle a los usuarios merece el reconocimiento de la ciudadanía. Gracias a la renuncia de Pallarolas ayer ya estuvo por esta zona el presidente del IPS, Raúl Mongelós, quien tuvo que salir huyendo prácticamente para no escuchar los reclamos de los asegurados. De todas formas su renuncia por lo menos ya generó algún efecto.
La actitud de Pallarolas es verdaderamente una lección de dignidad, de una persona que prefiere abandonar la comodidad de un cargo público, y que con su salida hace una furibunda denuncia de la injusticia y los padecimientos que sufren a diario los humildes usuarios del IPS. Es de esperar que cunda el ejemplo en otros funcionarios y podamos ir transformando y mejorando nuestras instituciones públicas. –
See more at: http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/2553-una-lecci%C3%B3n-de-dignidad#sthash.Zj72j8g4.dpuf
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APORTE OBRERO PATRONAL
por Andrés Granje
Las cifras de la informalidad con relación al aporte patronal al IPS
es sobrecogedora: el 65% de empleadores no pagan seguro social a sus
empleados. La cifra se desprende del cruzamiento de datos en registros
del Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el
Instituto de Previsión Social, IPS, la cantidad de empleadores al día
con el pago del aporte subió 12,6% en un año, pasando de 35.029 a
39.440 al cierre de febrero. El IPS pelea en la Justicia con otros
4.500 empleadores el cobro de aportes atrasados. 3.600 empleadores
efectúan sus pagos con 30 y 60 días de atraso. Así, en total son
47.540 los empleadores inscriptos que aportan al sistema estatal de
atención médica y jubilación.
El incremento en el total de aportes recibidos por la previsional, que
en el segundo mes de este año alcanzó G. 323.227 millones (USD 80
millones), va de la mano con que 4.410 más están al día con los pagos.
El monto es 17,6% más que lo registrado en febrero del año pasado,
cuando llegó a G. 274.850 millones (USD 68 millones). En lo que
respecta a la cantidad de aportantes, al cierre de 2012, el IPS
registraba 619.863 aportantes activos, más unos 583.227 beneficiarios
(familiares). La cifra viene en constante aumento al igual que los
problemas y la espera en cuanto a atención médica se refiere, pues las
inversiones no acompañaron el ritmo de las nuevas inscripciones, lo
cual es todo un dolor de cabeza para el asegurado. Las cifras fueron
proporcionadas por Pedro Cano de la Dirección de Registro de Aporte
Obrero Patronal del IPS.
Estos datos es fiel expresión de la irresponsabilidad cuasi criminal
de los empleadores en el Paraguay, quienes a pesar de haber castigos
estipulados en los códigos civil, laboral y penal para estas “faltas”,
sin embargo siguen orondamente perjudicando a sus propios trabajadores
a la familia de los trabajadores, al estado y al Instituto de
Previsión Social, lo peor es que en muchos casos los empleadores
descuentan el aporte obrero del salario que paga a sus trabajadores,
pero finalmente esa retención mas el aporte patronal no es depositado
al IPS, lo que constituye una anormalidad mayor aun, todo esto sucede
ante la inexpresividad de las autoridades del Ministerio de Justicia y
Trabajo y del Propio IPS, que deben velar por el fiel cumplimiento de
las leyes laborales.
Después abundan economistas y analistas que aconsejan liberar el tema
laboral, flexibilizar las reglas de la relación obrero patronal para
dinamizar la economía y generar más puestos de trabajo, como afirman,
sin embargo con el grado de conciencia social de los empleadores
paraguayos que aun existiendo leyes básicas laborales incumplen, si se
flexibilizara estas normativas harían trabajar a sus obreros y
empleados por un plato de comida, pues lo que menos incentivan y
anhelan es la dignificación del trabajo y de sus trabajadores. Por
otra parte se tiene también funcionarios corruptos que se prestan al
juego patronal y flexibilizan los controles de tal forma a hacer la
vista gorda a las anormalidades, indicativo del alto grado de
corrupción de la administración pública en el país.
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Réquiem para un monumento a la corrupción
Tras 18 años de estar expuesto como escarnio tangible de la corrupción pública y privada que campea en nuestro país, finalmente el Instituto de Previsión Social (IPS) parece dispuesto a tomar las medidas administrativas conducentes a la enajenación del inconcluso y abandonado complejo habitacional situado en la ciudad de Mariano Roque Alonso, concebido y concretado como una estafa programada contra el Estado paraguayo por un grupo de facinerosos dirigentes sindicales, en colusión con empresarios corruptos y concusionarios empotrados en el directorio del Banco Nacional de Trabajadores (BNT).
Amparado en la Ley 4777/12, que autoriza al ente previsional la enajenación, a título oneroso, del inmueble de referencia, sus autoridades han dispuesto la contratación de un servicio de consultoría para la correspondiente tasación, a fin de conocer el valor comercial estimativo de la propiedad en la actualidad, con miras a disponer de ella del modo más conveniente para la institución, incluida su venta mediante un concurso de precios, o subasta pública. Al respecto, la ingeniera Lilian Sanabria, contratada para esa tarea, explicó: “El objetivo es poder conocer el valor actualizado de mercado de este inmueble de acuerdo a lo existente y no lo que estaba previsto construir, con base en observaciones y mediciones directas”.
Como es de conocimiento público, el fraudulento emprendimiento inmobiliario arrancó en 1992, impulsado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), con la aquiescencia del presidente Andrés Rodríguez. El proyecto consistió en la construcción de un complejo habitacional de 3.500 departamentos, destinados primariamente a los trabajadores nucleados en las dos organizaciones sindicales, sobre un terreno de 19,5 hectáreas, sobre la ruta Transchaco, en Mariano Roque Alonso. La empresa constructora Ecomipa, propiedad del entonces aspirante a la presidencia de la República Juan Carlos Wasmosy, fue la escogida para encargarse de los trabajos de construcción del complejo habitacional.
Como toda estafa programada, el emprendimiento edilicio se inició con visos de honesta administración sindical y respetable solvencia empresarial. Con el desembolso de un generoso anticipo contractual se dio inicio a la obra con gran boato centrado en la utilidad social de la misma. Al año de iniciados los trabajos, asumió la Presidencia de la República Juan Carlos Wasmosy, con lo que la expectativa de su pronta terminación subió de punto.
Justo en ese momento saltó la liebre. Ecomipa adujo que para acelerar los trabajos se requería un alto flujo de caja. Diligentemente, los corruptos administradores del BNT, ligados a las dos centrales sindicales, con la presta autorización del presidente Wasmosy, desembolsaron consecutivas sumas siderales, en función de un falaz cronograma financiero totalmente desfasado del avance real de la obra. Dos años después, con el BNT en quiebra, la obra quedó definitivamente paralizada.
Más allá de los escándalos y juicios surgidos a raíz de la fraudulenta quiebra del BNT, en el que estaban depositados los aportes obreros y el dinero del fondo de pensiones del IPS, lo cierto es que el propio Presidente de la República se desentendió de la obra, pudiendo haber arbitrado medidas para terminarla. La razón de su despreocupación fue que esa no era la única obra en que su emblemática empresa constructora estaba metida, por lo que habiéndose concretado la estafa programada a priori contra el BNT y el IPS, con buenos dividendos tanto para los líderes sindicales como para los demás conjurados, incluido el propio Presidente de la República, no había ya razón de ocuparse del muerto, metafóricamente hablando.
El efímero gobierno del presidente Raúl Cubas Grau no tuvo tiempo para ocuparse del problema heredado. Al asumir el gobierno el presidente Luis Ángel González Macchi, el IPS, bajo la presidencia de Bonifacio Irala Amarilla, aceptó recibir de Ecomipa como dación de pago por la deuda que esta tenía con el ente previsional el trunco complejo habitacional, sobrevaluado en la friolera de 55.000 millones de guaraníes (unos US$ 37 millones en aquel tiempo). Esto quedó evidenciado una década después, cuando en el año 2012 la Senavitat planteó al ente previsional la compra del abandonado complejo habitacional por la suma de US$ 14 millones.
Por de pronto, se debe esperar el avalúo recientemente encomendado para tener su verdadero valor de mercado. Habida cuenta de que la apreciación del valor de un inmueble es en función de los valores que pueden atribuirse a los elementos componentes del inmueble, por sí mismo, con abstracción de todo factor extraño que haya de influir en el criterio a seguir en la operación integral de tasación, no va a resultar fácil obtener el justo valor que pudiera tener el inmueble. Si a eso se suman los casi veinte años de total abandono de la construcción y la modalidad funcional del proyecto arquitectónico (departamentos unifamiliares), es posible conjeturar que, a menos que se mantenga su finalidad inicial, el verdadero valor del complejo va a estar determinado casi exclusivamente por lo que en la actualidad vale el terreno, con la plusvalía adquirida con el paso del tiempo por el desarrollo urbano de la zona. Así como está, el valor residual de la construcción es prácticamente cero. En el mejor de los casos, el valor de los materiales reutilizables podría ser apenas suficiente para compensar el costo de las demoliciones que necesariamente se verá obligado a hacer el comprador, según el proyecto que tenga en mira.
Sea cual fuere la avaluación que los peritos determinen, lo importante para el ente previsional es deshacerse cuanto antes de ese clavo que le dejó como herencia el Presidente de la República que prometió hacer progresar al Paraguay “cincuenta años en cinco”, sin sufrir más perjuicio que el ya sobrellevado durante casi dos décadas. Para ello, el procedimiento más expeditivo y conveniente sería que, con la tasación encomendada a mano, el IPS convoque a un concurso de precios transparente para la enajenación de ese “monumento a la corrupción” que avergüenza al Estado paraguayo y a la propia institución.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/requiem-para-un-monumento-a-la-corrupcion-552235.html
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IPS y el olvido de la persona
El pequeño pasillo está repleto. La primera sensación es de desorientación, a la que luego se sumarán sentimientos de rabia y frustración. Ante la falta de algún punto o mesa de información, lo único que resta es llegar a empujones hasta una de las dos ventanillas habilitadas al público, a preguntar qué pasos seguir. Hay que hacerlo a los gritos, pues los cristales que “protegen” a los funcionarios son gruesos.
“Retire el número”, responde el muchacho acorbatado, con tono de indiferencia, señalando hacia algún lugar. Y sí, ahí tomé consciencia de donde estaba: ¡Bienvenido a la sección laboral del IPS!
Era el inicio del penoso camino por cobrar el subsidio por reposo. De eso hace ya casi dos meses. En aquella ocasión, en la que tuve que esperar 40 minutos para presentar los papeles correspondientes -no sin el temor de que falte alguna visación, sello, firma, ficha, receta o foto carnet, que implique una nueva demora- también me cupo presenciar cómo una mujer adulta mayor, proveniente del interior y con evidentes rasgos de estar sometida a un delicado tratamiento médico, era informada de que sus papeles “están corriendo”, pero aún no tenía fecha de cobro y debía volver o llamar otro día.
¿Quién le cubre los gastos, mientras tanto? ¿De qué vive un funcionario u obrero -más aún accidentado o enfermo- hasta tanto el IPS supere su burocracia e ineficiencia y pueda entregarle el monto que le corresponde? ¿Quién paga sus cuentas, sus cuotas?
Hay situaciones que no se pueden comprender ni tampoco tolerar. No es posible que las autoridades del IPS no tengan en cuenta factores elementales en la atención de los asegurados, más aún de aquellos que se encuentran en situaciones particulares. Esta institución, que administra miles de millones de guaraníes mensuales, tiene en su lista a unas 6 mil personas esperando cobrar este beneficio; es algo inadmisible.
Corresponde a las autoridades plantear sistemas que permitan acelerar los trámites y crear mecanismos de distribución de personal y recursos para superar los problemas existentes en todas sus dependencias. No hablamos de un privilegio ni nada por el estilo. Es un derecho de los asegurados, y una obligación de los que están al frente. A los responsables del IPS, que reciben buenos salarios, corresponde salir de sus oficinas, ir a estas dependencias y mirar a la persona concreta, con sus necesidades y padecimientos cotidianos. Es un reclamo de la gente y una obligación de sus autoridades.
Por Gustavo A. Olmedo B.
http://www.ultimahora.com/notas/617640-IPS-y-el-olvido-de-la-persona
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La informalidad laboral en Paraguay deja sin cobertura social a la mayoría
Con una población activa de 3,5 millones de personas, sólo el 18 por ciento de ellas cotizan al Instituto de Previsión Social (IPS), que da cobertura a poco más de 1,2 millones de paraguayos, incluyendo cotizantes (unos 630.000) y familiares beneficiarios.
Ocho de cada diez empresas no inscriben a sus trabajadores en el IPS, lo que significa que entre el 65 y el 70 por ciento de los empleados no tienen cobertura social, informó el coordinador del Comité de Reformas Legales del IPS, Pedro Halley.
«El alto nivel de evasión (empresarial) es debido a la debilidad de mecanismos punitivos, no se sanciona bastante, las multas son irrisorias, de una ley que data de los años 50», dijo la fuente.
La multa que debe pagar una empresa por no dar de alta a un empleado es de 63.000 guaraníes (unos 15 dólares), mientras que los costos sociales que evaden «son mucho más altos», explicó el director de Aporte Obrero Patronal del IPS, Pedro Cano.
«Para colmo, muchas empresas no declaran por el salario real de sus trabajadores sino que lo hacen por el salario mínimo», añadió.
Paraguay tiene uno de los salarios mínimos más altos de América Latina, casi 1,66 millones de guaraníes o 400 dólares, pero el salario medio apenas supera esa cantidad y ronda los 1,86 millones de guaraníes (448 dólares), según datos de la Dirección de Estadísticas.
Cada empleado por cuenta ajena debe cotizar con un 9 por ciento de su salario bruto al IPS, mientras la empresa asume un 16,5 %.
Creado en 1943, la ciudadanía empezó a apreciar un funcionamiento decente del IPS sólo durante el mandato del destituido Fernando Lugo, que amplió su cobertura a colectivos como artistas y maestros.
El IPS provee cobertura de servicios médicos, así como de jubilaciones y pensiones, pero no cuenta con prestaciones por desempleo como los sistemas europeos.
El personal doméstico y el rural, los llamados trabajadores independientes que pagan impuestos pero no reciben prestación, los profesionales autónomos, trabajadores estacionales, miembros de pequeñas empresas y artesanos quedan fuera de la cobertura del Instituto.
Existe un proyecto de ley que prevé extender la cobertura jubilatoria a estos sectores (aproximadamente 1,1 millones de personas) y que fue aprobado en septiembre de 2012 por la Cámara de Diputados, pero aún espera la sanción del Senado.
Según Cano, el sistema recauda anualmente unos 3.360 millones de guaraníes (unos 800 millones de dólares), de los que dedica sólo el 9 por ciento a cobertura sanitaria.
Halley consideró el sistema de salud actual «un caño roto» e «insostenible», porque no hay reservas previstas como en el de fondo de pensiones y jubilaciones del IPS.
El director de Aporte Obrero reivindicó un cambio de legislación para que se puedan «cruzarse datos entre los ministerios de Industria, Hacienda y Justicia con el IPS», y así realizar un auténtico control de la actividad empresarial en el país.
En rueda de prensa en vísperas del Día Internacional del Trabajador, la ministra paraguaya de Justicia y Trabajo, María Lorena Segovia, comentó que «la informalidad se da por una cuestión cultural» pero «poco a poco se va superando».
Según el presidente de la Central Democrática de los Trabajadores (CNT), Juan Torales, el pequeño comercio y el transporte público, administrado por empresas privadas, es donde se concentra la mayor parte de la informalidad laboral.
«Ni siquiera en los lugares donde existen contratos hay una formalidad, el país está lleno de contratos basura en complicidad directa con las autoridades de turno», denunció Torales.
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Pésimas condiciones laborales y exclusión en Paraguay, dice el PNUD
En Paraguay existen pésimas condicionales laborales y la exclusión de beneficios básicos como el seguro social, señaló un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), divulgado en Asunción.
El documento subrayó que, aún en la población económicamente activa existente en el país se registra el alto índice del 26,4 por ciento en el nivel de pobreza.
El PNUD recalcó la informalidad existente como una responsabilidad fundamental de los empleadores y aumenta la vulnerabilidad de la población trabajadora, pues apenas el 37,7 por ciento contribuye al seguro social, cuyos beneficios de por sí son deficientes.
Otras estadísticas más globales ya publicadas y aceptadas en Paraguay lo colocan con un 49 por ciento de la población en el estado de pobreza, un 29 por ciento en extrema pobreza y un 25 por ciento de sus niños con severos problemas de desnutrición.
La informalidad o el llamado trabajo en negro es uno de los principales problemas persistentes en Paraguay, lo cual implica una precariedad en el empleo y una exclusión de beneficios laborales, señaló el informe.
Muchos de los empleadores y buena parte de la población empleada comparten la característica común de no estar reconocidos ni protegidos por las normas vigentes y ello implica no recibir los beneficios establecidos, entre ellos la falta de derecho a una pensión.
Por supuesto, no se observan mejores condiciones para los trabajadores en el país debido, entre otras cosas, a las grandes brechas entre el sector rural y urbano, entre hombres y mujeres y para grupos vulnerables como las jefas de hogar, jóvenes y personas con discapacidad.
Una conclusión importante es que se requiere estimular la inclusión de la masa trabajadora en el seguro social con políticas laborales y fiscales, fomentar más contribuyentes activos y velar para que las personas mejoren sus niveles de educación y capacitación.
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El IPS puede brindar un gran servicio con las jubilaciones
En la medida en que no comprometa la mejora de la calidad del servicio que debe brindar a sus asociados, el Instituto de Previsión Social puede llegar a brindar una importante asistencia social, al dar cumplimiento a la nueva ley que permite dar jubilación -sin incluir cobertura médica- a trabajadores independientes, empleadores, amas de casa y trabajadores domésticos. La legislación, aprobada por el Congreso y que aún debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, permitirá cubrir una gran carencia, otorgando mayor protección a sectores hasta ahora generalmente olvidados de la sociedad paraguaya.
La reciente aprobación por parte del Congreso de una ley que autoriza la incorporación voluntaria de trabajadores independientes, empleadores, amas de casa y trabajadores domésticos al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS), constituye un paso significativo en el proceso de ir creando mecanismos de mejor protección a sectores hasta ahora generalmente olvidados de la sociedad.
Aunque todavía queda en manos del Poder Ejecutivo promulgar o vetar la nueva ley, la aprobación por parte de los legisladores plantea un desafío interesante para avanzar en el proceso de formalización, ya que, según las estimaciones de los propios proyectistas, puede beneficiar a 1.500.000 personas, cerca del 92% de la población económicamente activa. El programa es contributivo y totalmente voluntario. Una vez que sea promulgada la ley, el Consejo de Administración del IPS tendrá 60 días de plazo para formular el reglamento.
De acuerdo con la legislación, los trabajadores cotizarán al IPS el 13% calculado sobre la base de un salario mínimo. Se distribuirá el 12,5% al Fondo de Jubilaciones y 0,5% al Fondo de Administración General de la Entidad. La previsional otorgará a los cotizantes prestaciones a largo plazo, por casos de edad avanzada e invalidez y sobrevivencia. En el tema de edad avanzada, quienes hayan cumplido 60 años y cotizado al Fondo durante 25 años, tendrán derecho a una jubilación ordinaria del 100% del promedio de la base de la cotización de los últimos 120 meses de aporte.
La ley se ha encontrado con algunas críticas por no contemplar ningún tipo de prestación o cobertura médica, pero es precisamente lo que la hace viable en la actual situación en que subsisten los servicios del IPS, que, a pesar de haber experimentado importantes avances en los últimos años, siguen siendo visiblemente deficitarios.
A diario, los medios de comunicación continúan haciéndose eco de los numerosos reclamos de los usuarios de los servicios, principalmente médicos, en las distintas dependencias de la previsional, que revelan casos de excesiva demora en otorgar turnos de consulta, análisis o intervención, incluyendo las clásicas largas e interminables colas de pacientes aguardando en los pasillos, y la incapacidad de responder con eficiencia a situaciones de crisis, como la actual epidemia del dengue.
Las acciones que las autoridades del IPS tengan que realizar para dar cumplimiento a la nueva ley de jubilaciones, no deben comprometer el dinero de los asociados, ni deben frenar los cronogramas de obras e inversiones para seguir mejorando la calidad del servicio.
En la medida en que ello sea posible, la previsional no solo dará un gran paso al extender su acción social a un gran sector de la población económicamente activa, que hasta ahora se mantiene al margen de la protección en el campo de las jubilaciones, sino que además podrá sumar recursos para una mejor administración y modernización.
http://www.ultimahora.com/notas/619239-El-IPS-puede-brindar-un-gran-servicio-con-las-jubilaciones
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El castigo a las madres
“Dentro de una hora salgo; ya cumplo mi guardia –de 12 horas–, y luego regreso a la tarde para otra guardia. Tengo que ir a dar de mamar a mi bebé”. Palabras más, palabras menos, así me comentaba días atrás la enfermera de un sanatorio privado de una ciudad aledaña a la capital, añadiendo que su niña apenas tenía casi dos meses de vida.
Esta mujer tuvo que solicitar volver a su puesto, a los 30 días de cumplirse su reposo de maternidad, legalmente establecido en 90 días, porque IPS no le abonará el subsidio por maternidad, que es del 50% de su salario, sino después de 3 o 4 meses. ¿Y de qué voy a vivir?, me dijo.
Y su caso está agravado, pues el sanatorio en cuestión no le abona el porcentaje restante “porque ella está de reposo”. Una lógica terrible e inhumana. Por unos centavos se desprecia a una madre, y se priva a una recién nacida de elementos vitales.
En la práctica es una especie de castigo. Al IPS no le interesa cómo una mujer y su familia se las arreglará durante los dos o tres meses de espera que requieren la llegada del subsidio a su cargo. Tampoco se muestra muy preocupado por agilizar la entrega de estos pagos ni por controlar el cumplimiento de estos beneficios en el sector privado, como ocurre con este sanatorio.
Pero la cosa no termina allí. Según el Código Laboral, las mujeres tienen derecho a 90 días de reposo. Sin embargo, la previsional solo otorga subsidio monetario por 63 días, es decir, estas madres quedan sin su salario por 27 días. Así lo establece su vetusta Carta Orgánica, normativa que solo puede modificarse a través del Parlamento.
Considerando lo que está en juego –salud y bienestar de niño y madre–, debería ser prioridad para el IPS equiparar los días de subsidio monetario a los del reposo por maternidad que establece el Código. Se trata de un tema sensible para la población. No olvidemos que corresponde al Estado y la sociedad toda proteger y garantizar la calidad de vida de las mujeres que dan a luz, así como la de los recién nacidos. No es solo una cuestión social, sino humanitaria e incluso estratégica para el país.
Quizás sea también la oportunidad de replantear el uso de los fondos de la previsional, recortando gastos innecesarios para destinarlos a estas mujeres, al tiempo de mejorar los beneficios para miles de usuarios, tristemente acostumbrados a la falta de camas, internaciones en pasillos y esperas interminables.
http://www.ultimahora.com/el-castigo-las-madres-n703202.html
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Concurso de precios para el complejo habitacional del IPS
En 1992, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) y la Central Sindical de Trabajadores del Estado (Cesitep) impulsaron la construcción de tres grandes obras, entre las que destacaba un complejo de 3.500 departamentos a ser edificado en un predio de 195.000 metros cuadrados en Mariano Roque Alonso. Las obras fueron financiadas a través del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), que disponía del aporte del 1% del salario de los trabajadores y de los depósitos de la mayoría de las entidades públicas, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS). En realidad, todo aquello no fue más que una enorme estafa cometida, entre otros, por Roque Antonio Carmona (“empresario” correntino), Édgar Cataldi (presidente del BNT) y Alan Flores (sindicalista). Todos ellos, por lo demás, se hallan impunes.
El vaciamiento del banco provocó su quiebra y el IPS recibió como dación en pago el predio y el complejo habitacional mencionados, a los que se atribuyó un valor total de 55.000 millones de guaraníes. La obra había quedado inconclusa al cabo de tres años y hoy sigue abandonada, en un estado a todas luces ruinoso. Finalmente, con un enorme lucro cesante para el patrimonio del IPS a causa de la prolongada desidia, la Ley Nº 4777 le autorizó el 2 de noviembre del año pasado a vender el inmueble por el valor fijado en la tasación hecha por una firma especializada, cuyo monto no debía ser inferior al fijado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Extraoficialmente, se sabe que la tasación habría sido fijada en 16 millones de dólares, lo que equivale a unos 73.000 millones de guaraníes, al tipo de cambio actual.
De entrada, surge la cuestión de por qué se contrató una consultoría si, de todos modos, su valuación no debía ser inferior a la del MOPC. Por lo demás, el trabajo encargado tropezó desde el comienzo con la dificultad de que no se podía “evaluar si la fundación está bien hecha o no, porque son cosas que no se pueden observar a simple vista”, como lo admitió la propia ingeniera contratada. Esto significa que la construcción podría tener vicios ocultos. Ningún potencial comprador medianamente sensato correría el riesgo de adquirirla en esas condiciones, pues corregir las fallas que se descubran y eventualmente incluso tener que demoler lo edificado tendría enormes costos.
Aparte de los cimientos, que no habrán sido evaluados, en el complejo habitacional existe el serio problema de que es necesario construir instalaciones para evacuar las aguas servidas, ya que no cuenta con sistema de cloacas. La tasadora no pudo haber justipreciado el valor de las importantes obras complementarias que aún se requieren. En efecto, había declarado que “el objetivo es poder conocer el valor actualizado de mercado de este inmueble de acuerdo a lo existente y no lo que estaba previsto construir, con base en observaciones y mediciones directas”. En todo caso, se hubiera tasado solo el predio desnudo, sin considerar los departamentos truncos.
En realidad, lo aconsejable es que el IPS, en vez de limitarse a vender el inmueble “con todo lo en él clavado y plantado”, llame, sobre la base de la tasación resultante, a un concurso de precios nacional e internacional en que los propios interesados estimen el valor del inmueble y presenten sus ofertas. En la práctica, un inmueble vale lo que el comprador está dispuesto a pagar por él y no lo que el dueño cree que vale.
Aunque hacer algo rentable con el complejo habitacional de Mariano Roque Alonso demandará, sin duda, decenas de millones de dólares, hay abundantes fondos en el mundo en busca de proyectos inmobiliarios atractivos. El auge del mercado del ramo de nuestro país es un indicio de que vale la pena invertir en el sector.
Habría que derogar, pues, el art. 3°, inc. a, de la Ley N° 4777/12, que obliga al IPS a fijar el valor de la transferencia del inmueble, según la tasación realizada por la empresa consultora, ya que, dado el tremendo deterioro del complejo, que ni los tasadores nombrados están en condiciones de justipreciar, el concurso de precios, sin base de venta, es la vía más práctica y realista a seguir si se quiere que el IPS venda por fin un inmueble que ejemplifica, de la mejor manera, la magnitud que puede alcanzar la corrupción cuando intervienen políticos sinvergüenzas, funcionarios deshonestos, sindicalistas codiciosos y oscuros personajes de avería.
El complejo habitacional de Mariano Roque Alonso está allí, como mudo testigo de una época que ya no debe volver, y al que se debe dar sin más demora una solución sensata y definitiva.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/concurso-de-precios-para-el-complejo-habitacional-del-ips-599140.html
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¿Tiene el pariente de un diputado más derechos que otros en IPS?
El diputado Miguel del Puerto (ANR) no habría sido atendido por el presidente del IPS cuando fue a pedirle una cama de terapia intensiva para un familiar asegurado. Se quejó ante sus colegas colorados y estos aprovecharán la ocasión para protestar formalmente ante el Jefe de Estado por el hecho de que los ministros y otras autoridades no los estarían recibiendo en sus despachos. Están dolidos, pues, quienes están acostumbrados o quieren acostumbrarse al tráfico de influencias. Algunos legisladores colorados parecen seguir creyendo que no tiene ninguna gracia estar en el gobierno si no es para mandonear. Muestran la misma mentalidad autoritaria que imperaba en la época de Stroessner. No debe haber ningún privilegio para nadie. Esta es la manera como debe funcionar una república democrática.
El diputado Miguel del Puerto (ANR) no habría sido atendido por el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Hugo Royg, cuando fue a pedirle una cama de terapia intensiva para un familiar asegurado. Se quejó ante sus colegas colorados y estos aprovecharán la ocasión para protestar formalmente ante el Jefe de Estado por el hecho de que los ministros y otras autoridades no los estarían recibiendo en sus despachos. El diputado quejoso, entretanto, ya habría podido hallar una solución al “problema”. Conste que, según él, su caso no fue tan grave como los que expusieron sus colegas en una reunión de su bancada.
Están dolidos, pues, quienes están acostumbrados o quieren acostumbrarse al tráfico de influencias, práctica inmoral que consiste en valerse de la influencia personal para obtener un trato privilegiado en las entidades públicas y que, según el Art. 201, inc. 2 de la Constitución, si fuera fechacientemente comprobado, es una de las causales de la pérdida de la investidura de senadores y diputados.
El diputado Del Puerto consiguió lo que deseaba por ejercer un alto cargo electivo. Su pariente estaba asegurado, solo que se le pudo haber dado un trato preferencial en perjuicio de otro asegurado que también necesitaba una cama de terapia intensiva y que quizás la había solicitado antes.
El trato de favor es odioso porque viola groseramente el principio de igualdad. Estar emparentado con un parlamentario o ser amigo o correligionario suyo no debe implicar ser mejor o peor tratado que cualquier otro ciudadano. Esto es tan elemental que resulta penoso tener que recordárselo a quienes deben dedicarse exclusivamente a legislar, a velar por la observancia de la Constitución y controlar a los poderes Ejecutivo y Judicial. Los congresistas no deben promover en las oficinas públicas cuestiones particulares o de sociedades. No son gestores administrativos que deban ocuparse de ellas desde una posición de poder. Los legisladores representan al pueblo y no a personas determinadas. Si deben velar porque se cumpla la Carta Magna, como quiere su art. 202. inc. 1, deben abstenerse de atentar contra la garantía constitucional de la igualdad, consagrada en los arts. 46 y 47.
El tráfico de influencias tiene mucho que ver con la “ley del mbarete”. Todo indica que los diputados colorados quieren que ella rija ante las instituciones públicas porque, según su criterio, para eso ganaron las elecciones. “Mandar” significaría para ellos ser tratados preferencialmente en beneficio de sí mismos y de sus allegados. Serían ciudadanos de primera, que están muy por encima del común de los paraguayos, de quienes perciben una buena dieta, entre otras cosas. Son de los que suelen decir aquello de que “¡Usted no sabe con quién está hablando!”. Pero bien que se sabe: se está hablando con una persona prepotente, que se vale de su investidura para pisotear derechos ajenos y atribuirse derechos ilegítimos. Esa prepotencia se funda no solo en una falla moral, sino también en una intelectual: muchos legisladores creen sinceramente que están por encima de las leyes y que estas solo valen para los demás.
Algunos diputados colorados parecen seguir creyendo que no tiene ninguna gracia estar en el gobierno si no es para mandonear. Les resulta del todo incomprensible eso de que ser pariente de uno de ellos no implica obtener una cama de terapia intensiva, o cualquier otra cosa, en detrimento de otros. Estar en una lista de espera, para lo que sea, sería incompatible con la dignidad de ser familiar de un parlamentario, sobre todo si integra el partido oficialista.
Los agraviados por la supuesta insolencia de algunas autoridades públicas protestarán formalmente ante el presidente Horacio Cartes. Ellos nada saben ni quieren saber de días y horas de audiencias o cosas parecidas. Todo el mundo debe abrirles las puertas, en todo momento. ¿Porque quieren tratar cuestiones de vital importancia para el país? ¿Porque necesitan informaciones para la elaboración o el estudio de un proyecto de ley? ¿O porque quieren un trato de favor y, de paso, el nombramiento o la contratación de un paniaguado?
En este repudiable sentido también pueden considerarse las amenazas chantajistas del senador colorado Juan Darío Monges, de que le negarán el acuerdo constitucional para la confirmación en el cargo al director interino de Itaipú, James Spalding, si este se sigue negando a dialogar con intendentes, gobernadores y legisladores. ¿Por qué tanto interés en este “diálogo”? A juzgar por la experiencia, con el objetivo de pedir rubros para cualquier cosa o un “zoquete” para correligionarios, parientes, amantes, etc.
Ya están avisados los jueces: si no atendieran a los diputados colorados que les pidan una entrevista, el presidente de la Corte Suprema de Justicia recibiría la obligada protesta formal. Y que todos recuerden que los desairados pueden arreglar cuentas a la hora de sancionar el presupuesto nacional.
Habremos avanzado mucho en cuanto a la igualdad entre las personas el día en que un congresista forme fila o espere su turno, como cualquier hijo de vecino. Lo anunciado por los insolentes diputados de la ANR y por el senador Monges distorsiona el pensamiento democrático que ellos, hipócritamente, proclaman defender en sus campañas electorales. Muestran la misma mentalidad autoritaria que imperaba en la época de Alfredo Stroessner. Su tono es idéntico al del presidente de la seccional de Fernando de la Mora, Juan Francisco Rivera, quien izó una bandera negra en el local partidario ¡en protesta por el nombramiento en altos cargos donde se maneja mucho dinero a personas que son idóneas, pero no colorados militantes!
La inmensa mayoría de los paraguayos está harta de la prepotencia y arbitrariedad de los que mandan. Si fueron elegidos por la ciudadanía para representarla, tendrían que servir y no ser servidos, contribuir y no pedir contribuciones, recibir a sus electores y no ser recibidos preferencialmente. Deberían hablar con los jefes de entidades públicas para ver qué pueden aportar para el éxito de su gestión y no amenazar con quejarse ante el Jefe de Estado si no son atendidos cuando ellos quieren.
Que los familiares y recomendados de los parlamentarios de cualquier partido hagan las mismas filas, reúnan los mismos requisitos, pasen por los mismos trámites y paguen las mismas cuentas que todos los demás. Ningún privilegio para nadie. Esta es la manera como debe funcionar una república democrática que se precie, y no se conoce ninguna mejor.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/tiene-el-pariente-de-un-diputado-mas-derechos-que-otros-en-ips-612751.html
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IPS y el regalo navideño que nos promete
El anuncio hecho por el Instituto de Previsión Social (IPS), a través de la Dirección de Informática, de que implementará algunos servicios innovadores en beneficio de sus asegurados, me parece alentador y oportuno. Era hora de que sus autoridades tomaran en serio la grave deficiencia que mantienen en la atención a sus asegurados.
No sé si el proyecto de digitalización de las huellas acelerará o no el proceso de atención, pero sí creo que las consultas médicas de los asegurados del IPS en las clínicas privadas o en los consultorios particulares de los doctores que trabajan en la previsional será un paso gigante hacia ello.
Es que no solo descongestionará el Hospital Central y las Clínicas Periféricas de la previsional, sino que otorgará más calidad y calidez humana a las atenciones de los pacientes.
Dicen que este mecanismo será aplicado ya para antes del mes de diciembre.
Esperamos que así sea… Y, de concretarse, será el mejor regalo de fin de año para miles de pacientes que cotidianamente ven violentados sus derechos más básicos en ese casi terrorífico vía crucis al que deben someterse para consultar con un médico.
Siempre me pregunté cómo era posible que teniendo el mayor número, no solo de asegurados, sino también de médicos profesionales en su plantel, el Instituto de Previsión Social no podía funcionar como lo hace cualquiera de los muchos seguros médicos privados existentes en el país.
Si esos seguros pueden garantizar, con solo un carné y el pago correspondiente, por parte del asegurado, la atención en los consultorios y sanatorios, el IPS también.
Es más, estoy segura de que el ente social paga mejor a sus médicos que cualquiera de los seguros privados existentes.
Le cuento que —perdone que personalice tanto esta columna, pero creo que viene al caso—, hasta no hace mucho, abonaba a un seguro médico —que quebró— casi un millón y medio de guaraníes, mensualmente, y según muchos médicos a los que consulté, la prepaga en cuestión les abonaba con mucho retraso y muy mal (no más de 50.000 guaraníes por cada consulta).
De manera que el IPS tiene todo para hacerlo, si quiere, y mucho mejor.
¡Así que bienvenida sea la medida!
Que tenga una buena jornada.
http://www.ultimahora.com/ips-y-el-regalo-navideno-que-nos-promete-n725346.html
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IPS: momento decisivo
Este es el momento clave para que el presidente de la República, Horacio Cartes, demuestre si realmente dará un “nuevo rumbo” al Instituto de Previsión Social (IPS). El titular de la previsional, Hugo Royg, acompañado de una comitiva del seguro social presentó una denuncia ante la Fiscalía sobre compra innecesaria del medicamento Deferasirox 250 mg. Las adquisiciones se realizaron desde 2011 hasta mediados de 2013 y ocasionaron un perjuicio de G. 8.511.728.592 al instituto.
El director de Auditoría, Fernando Flecha, informó que está ultimando detalles para denunciar sobre la exclusión del omeprazol del cuadro básico de medicamentos. Este fue reemplazado por dos drogas: ranitidina, que es menos efectiva y cuesta el doble cada cápsula, y esomeprazol, de mismo beneficio pero cuesta trece veces más la pastilla.
La modificación se realizó pese al informe desfavorable del entonces asesor médico del IPS, Dr. Antonio Barrios, actual ministro de la Salud. Argumentó que la ranitidina presenta efectos adversos y su duración es por menos tiempo que el omeprazol. ¿Cuál es motivo real de la modificación?
Entonces, ¿por qué esta situación es una prueba de fuego para Cartes? Porque el proveedor de la ranitidina y esomeprazol es nada menos que Óscar Vicente Scavone, su asesor económico y comercial.
El Presidente tiene la siguiente disyuntiva: apoya a Hugo Royg o a Óscar Vicente Scavone. Uno denuncia serias irregularidades y el otro se vio beneficiado tras llamativas maniobras internas de la previsional.
Si realmente es el deseo de Horacio Cartes de transparentar las gestiones de su gobierno, esto incluye las decisiones del Consejo de Administración del IPS. Si bien el IPS es un ente autárquico, cada miembro del Consejo es elegido por el Presidente de la República, son cargos de confianza.
¿Por qué sesionan a puertas cerradas? ¿Será que buscan ocultar algo sobre las decisiones importantes que afectan a los asegurados?
La exclusión del omeprazol es a todas luces perjudicial para los asegurados. Quién sabe cuántas más de similar índole se discuten en las reuniones realizadas cada martes y jueves.
Las sesiones del Congreso Nacional son públicas. Lo que decide el Consejo del IPS también puede interesar a cualquier ciudadano, ya que asegura a más de un millón y medio de personas.
Este es el momento para que el presidente de la República demuestre si realmente dará un nuevo rumbo al principal seguro social del país.
Por Gabriela González Escalada
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/ips-momento-decisivo-1214171.html
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LOS CAMBIOS SON NECESARIOS EN EL IPS
por Andrés Granje
Arrecian las criticas en contra del Instituto de Previsión Social (IPS), desde todos los niveles, sin embargo es justo dar un poco de luz a esta nueva administración para ver cual es el camino que recorre buscando brindar un mejor servicio a la ciudadanía, en este caso a los asegurados, que es el fin ultimo de cualquier institución publica.
Hay turbulencias, informaciones contrapuestas, rumores y desmentidos con relación a los que se va a hacer y en especial lo que vaya a pasar con la extensa planilla del personal de la institución, tanto los vestidos de blanco, como los administrativos, creemos que todo esto obedece a que las autoridades no supieron comunicar lo que pensaba hacer , lo que debe ser subsanado en breve tiempo para que la población paraguaya y en especial los asegurados sepan realmente lo que piensan realizar las autoridades del ente.
Manejar el Instituto de Previsión Social nunca fue fácil, ustedes saben que desde la alborada democrática siempre fue un nido de conflictos, a la interna que se genera con la aparición como hongos de sindicatos, cada uno de ellos pugnando por conseguir la mejor tajada para su membrecía olvidándose de los asegurados, se le debe sumar los grupos de intereses empresariales que ven con gula la posibilidad de hincar los incisivos en tan sabroso manjar, la del seguro medico y la del servicio jubilatorio, el lobby y la presión que ejercen estos grupos no facilita precisamente el normal desarrollo de una institución que sigue siendo el mejor sistema de seguro medico y jubilatorio vigente en el país.
Sin embargo debemos reconocer que en el IPS, desde la época del Presidente Stroessner siempre hubo mala administración y la dilapidación de recursos de la institución en operaciones financieras y salvatajes económicos que no beneficiaron a los asegurados y si a sectores políticos y empresariales, amigos del poder de turno, que repercutieron negativamente y resto posibilidades de mayores prestaciones y desarrollo para los asegurados, obreros y patrones que son finalmente los dueños de la institución.
Estos sectores políticos se adueñaron de los recursos del ente y lo utilizaron para fines que nada tiene que ver con los específicos, aunque se sabe que para sobrevivir el IPS, necesita que el dinero de los asegurados se multiplique, para cumplir con la jubilación obligatoria, pero esa inversión debe ser hecha sobre bases seguras y firmes con avales irreprochables como contrapartida, no sobre la base de albures financieros para beneficiar a amigos, en operaciones que siempre resultaron con perdidas onerosas para la institución, como el caso de los prestamos sin mayores garantías a transportistas y empresarios locales que nunca pagaron sus deudas.
Por eso creemos que a la administración del Señor Roig hay que darle un tiempo para ver cuan eficaz son las medidas que propone y como puede ayudar a un mejor servicio medico a los asegurados, que es el mayor déficit que tiene actualmente la institución. El calvario de tener que esperar mucho tiempo para tener una consulta con los médicos o realizarse algún estudio de laboratorio, es causa de la galopante corrupción que también se enquistó en la institución y que tiene que se ser desarmada totalmente mas pronto que tarde en el IPS.
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Se debe terminar con los zarpazos al dinero del pueblo
Hace unas dos semanas, las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) repartieron entre sus funcionarios nada menos que diez millones de dólares en concepto de “¡buen servicio!”. A esas mismas personas les obsequiarán graciosamente otros 1,6 millones de dólares por un ridículo concepto al que denominan “ayuda vacacional”.
Lo de “buen servicio” es, obviamente, un eufemismo para intentar disfrazar una simple y vulgar abusiva repartija de dinero ajeno, del aporte de trabajadores y empleadores, que realizan autoridades institucionales y funcionarios corrompidos por la política populista y por la ambición desmedida y el nulo sentido de lo que debe ser la conducta ética personal en el cuidado de los intereses ajenos.
El engaño de esta clase de operaciones se revela a sí mismo sin ningún esfuerzo, porque, si realmente se tratara de premiar el buen servicio de los funcionarios, en cualquier institución con las características del IPS tendría que haber reglas de cualificación, un método formal y oficialmente aprobado para calcular la calidad de las prestaciones laborales y un tribunal, consejo o jurado compuesto por personas de dentro y de fuera del Instituto que decidiera periódicamente, con criterios objetivos y transparentes, quiénes tienen derecho a la gratificación y quiénes no.
Allí no hay nada de eso. Son gratificados todos los funcionarios, sin discriminación, al barrer; incluyendo a los que están sumariados por faltas y hasta a los que están cesantes o ya dejaron de cumplir funciones. El caso es tan oscuro que da para imaginar lo peor.
Lo de “ayuda vacacional” es para sentarse a reír, por lo disparatado y absurdo del concepto (como si se necesitara ayuda para tomar vacaciones), si no fuera por la indignación que causa ver de qué forma tan descarada se inventan en nuestro país estas nuevas maneras de corromperse los funcionarios públicos y sus complacientes asociados circunstanciales, los políticos, de esos políticos que aprovechan su paso ocasional por el Congreso nacional para dilapidar bienes ajenos en provecho propio.
Porque, en efecto, todos estos regalos del dinero de los aportantes del IPS que se perpetran con los pretextos mencionados ¡están previstos en la Ley de Presupuesto General de Gastos! De manera que los descarados que manejan estas vergonzosas repartijas tienen la maravillosa excusa de decir que “son legales”, que fueron convertidos en “derechos de los trabajadores” por voluntad de los legisladores, por “los representantes del pueblo”, que así se convierten en vulgares cómplices del carnaval del dinero público.
Luego viene la segunda etapa de la tramoya: declarar que tales prebendas son “derechos laborales conquistados”, con lo que, en términos populistas, se los pretende elevar al nivel de principio jurídico inalienable e inamovible, es decir, que nunca más puedan ser corregidos ni suprimidos por futuros legisladores. O sea, es la vulneración más grotesca del principio constitucional de que el interés general siempre está por encima del interés de un grupo de personas.
De modo que cada guaraní que los dirigentes sindicales corruptos les arrancan a los políticos populistas (a cambio de no importa qué) pasa a convertirse en una hipoteca eterna sobre el pueblo. De seguirse con ese “principio” inventado por ellos –que, pese a su inconstitucionalidad y a su inmoralidad intrínsecas, lamentablemente nuestros tribunales convalidan invariablemente–, todas las generaciones futuras pasan a convertirse en deudores sempiternos e irredimibles de los “derechos laborales adquiridos”.
Ahora resulta que a los funcionarios del IPS hay que darles “ayuda” para que se vayan de vacaciones. O sea, más dinero a cambio de nada. Súmense a esto esas otras modalidades venales que inventaron antes, como las autorretribuciones o premios que los ministros, viceministros y altos funcionarios de la administración pública se hacen a sí mismos, lo cual también ¡está previsto en la ley! Decenas de millones de guaraníes que se obsequian sin que medie siquiera un pequeño examen de eficiencia, para justificar si merecen o no tales regalos.
Todo esto, por supuesto, constituye deshonestidad pura y simple. Pero es una corrupción institucionalizada por la misma ley, lo cual nos pinta de cuerpo entero como país y como Estado, y a nuestros gobernantes, como políticos.
Y esto explica, asimismo, por qué al IPS no le alcanzan los ingentes recursos que recauda mensualmente para pagar el costo de ciertos medicamentos de uso masivo, por qué no tiene suficiente cantidad de profesionales ni puede pagarles a todos puntualmente sus sueldos, por qué adolece crónicamente de falta de elementos, de insumos; por qué tan a menudo no funcionan sus sistemas de refrigeración, sus ascensores y algunos de sus equipos; por qué no puede descentralizar sus servicios ni mejorar la calidad de los mismos en el nivel más frecuentemente demandado; etc., etc.
La venalidad explica muchos fenómenos y parece que los paraguayos ya estamos habituados a convivir con ella; lo que nunca dejará de sorprender e indignar es que se haya arraigado tanto, que haya llegado a niveles tan institucionalizados, que varias de sus prácticas hayan sido incluidas en las mismas normas. Porque con esto de los premios, “ayudas” y autorretribuciones puede afirmarse, con toda propiedad, que la inmoralidad logró hacerse un lugar en el núcleo mismo del sistema legal, nada menos que en la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación, en este caso.
Si no quieren continuar siendo cómplices de los abiertos asaltos al dinero de los contribuyentes y aportantes que legisladores y sindicalistas inescrupulosos e inconscientes consagraron en el pasado, los actuales “representantes del pueblo” tienen la obligación de impulsar un proyecto de ley para poner fin a estos desvergonzados zarpazos a las arcas públicas.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/se-debe-terminar-con-los-zarpazos-al-dinero-del-pueblo-1218613.html
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Reforma
Este debe ser uno de los pocos países donde el régimen de seguridad social no permite al asegurado elegir dónde depositar el dinero para su jubilación. Un análisis de técnicos de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Hacienda señala que el seguro social en Paraguay tiene características particulares.
El sistema de pensiones es de carácter público descentralizado (ocho regímenes obligatorios), organizado en un régimen de reparto con beneficios definidos, en el cual las contribuciones de los activos financian las prestaciones de los jubilados y pensionados. El informe concluye en que existen problemas estructurales como desequilibrios entre aportes y beneficios, fragmentación normativa, baja cobertura, entre otros problemas.
En otras palabras, el trabajador del sector privado está obligado a aportar a un seguro de salud y jubilatorio, donde en el primero de los casos recibe una atención paupérrima y en el segundo ni siquiera está seguro de que podrá cobrar una pensión cuando se jubile. El Estado, administrador de los fondos, decide qué hacer con el dinero aportado por empleadores y asegurados, a pesar de no poner un solo guaraní.
En números, el presupuesto de este año del Instituto de Previsión Social (IPS) es de G. 4,9 billones (USD 1.088 millones). La cantidad de cotizantes activos, jubilados y familiares, es decir, la población protegida por el seguro de IPS, asciende a 1.251.417, lo que representa el 19% de la población paraguaya.
Pero IPS no es la única entidad de seguridad social. La Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal tienen un presupuesto de G. 1,4 billones (USD 321,5 millones) en total para este año.
Entretanto, la Caja Fiscal, que es administrada por el Ministerio de Hacienda, tiene aproximadamente USD 700 millones de aportes de los jubilados del sector público depositados en la banca matriz. Como ven, son muchos números, demasiados e interesantes para que hasta ahora no haya sido creada una Superintendencia de Pensiones.
Es necesario aplicar una reforma integral al manejo de la seguridad social, que nos permita optar por un régimen que consideremos más beneficioso. Es necesario empezar a debatir sobre la necesidad de diversificar la administración de pensiones bajo un marco regulatorio serio y que permita controlar que los aportes sean bien invertidos, tengan rentabilidad y garanticen a la población que recibirá el dinero aportado durante su vejez.
Por Wendy Marton
http://www.ultimahora.com/reforma-n770933.html
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La deuda de IPS
De golpe se armó un escándalo en torno a la deuda del Instituto de Previsión Social con las empresas farmacéuticas y muy pronto la adrenalina de los promotores de la tormenta llegó a solicitar que se eche mano a las reservas del Instituto correspondientes al fondo de los jubilados.
En el consejo del IPS cohabitan tres grandes intereses: el de los trabajadores aportantes y jubilados; el de los empresarios también aportantes, y el del gobierno que nada aporta. Deliberadamente no digo Estado sino gobierno porque el interés político que se administra en esa institución responde siempre al signo político-partidario de turno y casi nunca a política de Estado en materia de seguridad social.
Demás está decir que el sector más desprotegido en ese consejo es el de los trabajadores y jubilados, para quienes verdaderamente se creó la institución, velando teóricamente por el bienestar familiar y de paso garantizar la seguridad laboral al sector empresarial. El Estado debería ser garante en este triángulo de buen funcionamiento institucional, asegurando la cobertura de salud y jubilación a los asalariados y familiares.
Trabajadores con seguridad social es garantía de mejor rendimiento y por ende mejor mano de obra para el servicio, la industria y la producción.
El manejo real del IPS está a cargo de los políticos, en nombre del Estado paraguayo, pero quienes obtienen más beneficios son los empresarios, ya que la institución tiene un presupuesto inmenso que le obliga a contar con innumerables proveedores.
Sin embargo, el gran volumen de compras que realiza durante todo el año es fuente segura que alimenta la corrupción institucional, en especial de los políticos, punto donde existe mayor coincidencia entre empresas y gobierno, y donde la participación obrera es marginal.
De pronto el representante del sector empresarial, Luis Fleytas Bogarín, descubrió la existencia de irregularidades en la institución, problema que no existió hasta que alcanzó el bolsillo de sus representados. En realidad reaccionó a la presión del gremio, cuyo líder es al mismo tiempo asesor económico del Presidente de la República.
El interés en juego supera los 300.000 millones de guaraníes, monto a que asciende la deuda del IPS con los vendedores de remedios.
No debe existir mejor negocio para los industriales farmacéuticos que vender sus productos al IPS y al ministerio de Salud, lo que explica la generosidad con que concedía los créditos a la institución.
Si el IPS no está pudiendo honrar sus compromisos, en buena parte debe ser por la corrupción reinante. Ella se presenta en forma de contrataciones masivas de funcionarios sin necesidad de la entidad (ahí entra a tallar el interés sindical), coimas a los funcionarios venales, inversiones generalmente mal planificadas y peor ejecutadas, incluidas tal vez las colocaciones del patrimonio líquido en el sistema bancario. Sin embargo, nadie fue a la cárcel por ello.
Lo curioso del caso es que los representantes, tanto del sector empresarial como sindical, no se alarmaron jamás por las irregularidades constantes. Se congracian con todos los presidentes de turno y solo reaccionan cuando la presión les llega desde afuera.
Se le cruzó por la cabeza al gremio empresarial la idea de “hacer un préstamo” de las reservas para jubilaciones, lo que significa un tiro de gracia al sistema jubilatorio de la mayoría de los trabajadores y sus familias. Ahora llegan a un acuerdo de hacer igual el préstamo y seguramente lo conseguirán del banco donde se depositan las reservas para que la institución pague el doble o triple de intereses por su propio dinero. Ajépa ivalé lo mitã.
Por Edwin Brítez
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/la-deuda-de-ips-1220274.html
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¿De qué tienen miedo en el IPS?
Lograr obtener información del Instituto de Previsión Social es una odisea. Tener la misión de acceder a datos del principal seguro social del país es como un viaje en el tiempo a la época del gobierno de Stroessner.
Los veteranos del periodismo cuentan que en aquellos tiempos la información a la que se accedía solo eran gacetillas oficiales, todo estaba canalizado a través del departamento de Comunicaciones. Las oficinas de las instituciones gubernamentales estaban herméticamente cerradas, facilitaban informaciones masticadas y no respondían preguntas, ignoraban las cuestiones claves o las minimizaban.
Obtener datos relacionados a las decisiones de interés público era imposible o participar como oyente de las reuniones, impensable.
Así es hoy el IPS.
El IPS tiene un departamento de prensa conformado por un numeroso equipo de personas, quienes se encargan de difundir en las redes sociales, el portal web y revistas las acciones que realizan sus autoridades, además de hacerse eco de las publicaciones positivas que aparecen en los principales medios de comunicación.
Sin embargo, para un periodista, un asegurado o cualquier ciudadano es muy dificultoso obtener información. No hay un canal disponible para acceder de primera mano a las resoluciones del Consejo, cuyas sesiones son a puertas cerradas.
¿Por qué tanto ocultismo? ¿Será que temen algo?
Las cuestiones internas del IPS son de interés público porque es el principal seguro del país; les compete a miles de familias y, además, tiene centenares de proveedores, lo que significa que hay muchos intereses de por medio.
La eliminación del omeprazol (protector gástrico) y su reemplazo por la ranitidina (que cuesta el doble y es menos efectiva) y el esomeprazol (de similar efecto, pero cuesta trece veces más), les afectó a muchísima gente, pero nadie supo de primera mano la razón de tal medida.
A las personas que cada mes aportan al IPS les interesa saber qué pasa con su dinero que debería ser destinado a los medicamentos que necesitan, lo que les afecta directamente.
Esta situación da lugar a los “caballitos de troya”, a decir del actual titular del IPS, Hugo Royg, sobre la filtración a la prensa de los datos de su viaje a Qatar.
Sin embargo, aparentemente Royg olvida lo que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional: “Del derecho de informarse”: Las fuentes públicas de información son libres para todos.
No solo no cumple su promesa de hacer una gestión transparente, sino que viola lo que establece la Carta Magna.
Por Gabriela González Escalada
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/de-que-tienen-miedo-en-el-ips-1222676.html
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La corrupción quebró al IPS
Para saldar una parte de las deudas vencidas el año pasado con los proveedores de medicamentos, el Instituto de Previsión Social (IPS), aparte de recursos propios, ya ha utilizado todo el crédito de G. 200.000 millones que le otorgó un banco de plaza. A las deudas impagas, que habrá que saldar con intereses, deberían sumarse las generadas por las nuevas compras hechas desde abril último, ya que es muy improbable que sean abonadas dentro de los 60 días previstos en los pliegos de las licitaciones.
Si el IPS ha sido incapaz de cancelar sus deudas con todos los proveedores ni siquiera prestando dinero, mal podría sanear sus cuentas este año con sus propios recursos. Se vería forzado a solicitar un nuevo crédito.
El IPS se hallaría en una situación insostenible para una empresa privada de seguro médico –como lo es, o debería ser–, aunque manejada con la misma irresponsabilidad y dejadez de una empresa pública. A lo largo de las décadas, allí se ha robado a gran escala, con la mayor impunidad. ¿Es que ahora falta dinero para cubrir los gastos presupuestados para los medicamentos solo porque en los últimos años el enriquecimiento ilícito fue excesivo? Para la Contraloría General de la República, hay fuertes indicios de una sobrefacturación de G. 4.197 millones en la compra de 30 ambulancias, bajo la presidencia de Fernando Silva Facetti: cada una de ellas fue comprada en G. 348.900.000, mientras que la suma presupuestada fue de G. 280 millones. En este caso, como en otros similares que podrían haber ocurrido antes, durante y después de la gestión de quien hoy prudentemente se protegió en los fueros de senador, se habría desembolsado más dinero de lo presupuestado a costa del pago regular de los medicamentos adquiridos. Es decir, el problema no radicaría en la errónea programación presupuestaria ni en la escasa recaudación del aporte obrero-patronal, sino en la deshonestidad de quienes han estado al frente del IPS.
En el Consejo de Administración están representados los empleadores y los trabajadores. Es llamativo que ni a los gremios empresariales ni a los sindicatos les haya interesado el desempeño de los miembros propuestos por ellos al Poder Ejecutivo para integrar ese órgano. La administración actual ha denunciado ante el Ministerio Público la comisión de algunos hechos punibles bajo la gestión anterior. Convendría enterarse de lo que el actual representante de los empleadores, Luis Fleitas Bogarín –entre los cuales están los proveedores de medicamentos–, tenga que decir sobre la deuda arrastrada y, en particular, sobre el papel que aquí tuvo el anterior representante de su gremio, Hugo Cataldo. En cuanto a Jorge Guzmán Alvarenga, integrante del Consejo en nombre de todos los trabajadores del Paraguay, sería bueno saber si en algún momento hizo constar en acta su oposición a los eventuales manejos dolosos, dado que él ya era consejero cuando esos hechos ocurrieron.
El IPS contrajo un empréstito de corto plazo en la banca privada para honrar ciertas deudas que no deberían haberse generado si la gestión del presidente y del Consejo hubiese sido honesta y eficiente.
Mientras el ente contrae una alta deuda y debe devolver créditos con intereses, cuenta con 1.133 inmuebles valuados en unos G. 225.000 millones, de los cuales 692 no le generan ningún ingreso, como el truncado complejo habitacional de Mariano Roque Alonso, de cuya posible venta no se sabe nada pese a la autorización legislativa. Así, IPS tiene un enorme capital ocioso del que los directores y consejeros de la entidad podrían echar mano para saldar cuentas sin endeudarse más. Es necesario que el IPS se desprenda de esos inmuebles que le acarrean gastos de mantenimiento.
Igualmente, es un verdadero desatino que, dada la grave situación financiera del IPS, periódicamente surja la idea de apelar a él para tapar algún agujero del Gobierno, pese a que el Art. 95 de la Constitución diga que “los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio”.
La última locura en materia de inversión “lucrativa” consistió en la idea de inyectar fondos del IPS en la quebrada empresa Petróleos Paraguayos (Petropar), mediante la figura del fideicomiso. La nueva muestra de humor negro surgió en una reunión realizada en marzo en el Palacio del Gobierno, a la que asistieron representantes del Ministerio de Hacienda, así como Fleming Duarte, Carlos Alberto Pereira y José Maciel, titulares de Petropar, del Banco Nacional de Fomento y de la Agencia Financiera de Desarrollo, respectivamente. Por suerte, la Comisión de Cuentas y Control del Senado se opuso al proyecto de ley respectivo, evitando así una nueva sangría del dinero de los aportantes.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-corrupcion-quebro-al-ips-1246538.html
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La corrupción y mala gestión fundieron al IPS
Para saldar una parte de las deudas vencidas el año pasado con los proveedores de medicamentos, el Instituto de Previsión Social (IPS), aparte de recursos propios, ya ha utilizado todo el crédito de G. 200.000 millones que le otorgó un banco de plaza.
A las deudas impagas, que habrá que saldar con intereses, deberían sumarse las generadas por las nuevas compras hechas desde abril último.
Si el IPS ha sido incapaz de cancelar sus deudas con todos los proveedores ni siquiera prestando dinero, mal podría sanear sus cuentas este año con sus propios recursos. Se vería forzado a solicitar un nuevo crédito. El IPS se hallaría en una situación insostenible para una empresa privada de seguro médico –como lo es, o debería ser–, aunque manejada con la misma irresponsabilidad y dejadez de una empresa pública. A lo largo de las décadas, allí se ha robado a gran escala, con la mayor impunidad. ¿Es que ahora falta dinero para cubrir los gastos presupuestados para los medicamentos solo porque en los últimos años el enriquecimiento ilícito fue excesivo? Históricamente, el problema no radica en la errónea programación presupuestaria ni en la escasa recaudación del aporte obrero-patronal, sino en la deshonestidad de quienes han estado al frente del IPS. En el Consejo de Administración están representados los empleadores y los trabajadores. Es llamativo que ni a los gremios empresariales ni a los sindicatos les haya interesado el desempeño de los miembros propuestos por ellos al Poder Ejecutivo para integrar ese órgano. El IPS contrajo un empréstito de corto plazo en la banca privada para honrar ciertas deudas que no deberían haberse generado si la gestión del presidente y del Consejo hubiese sido honesta y eficiente. Mientras el ente contrae una alta deuda y debe devolver créditos con intereses, cuenta con 1.133 inmuebles valuados en unos G. 225.000 millones, de los cuales 692 no le generan ningún ingreso, como el truncado complejo habitacional de Mariano Roque Alonso, de cuya posible venta no se sabe nada pese a la autorización legislativa. Así, IPS tiene un enorme capital ocioso del que los directores y consejeros de la entidad podrían echar mano para saldar cuentas sin endeudarse más. Es necesario que el IPS se desprenda de esos inmuebles que le acarrean gastos de mantenimiento. Igualmente, es un verdadero desatino que, dada la grave situación financiera del IPS, periódicamente surja la idea de apelar a él para tapar algún agujero del Gobierno, pese a que el Art. 95 de la Constitución diga que “los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio”. No puede ser que la previsional se siga manejando como un feroz “elefante blanco”, que sólo sirve a funcionarios corruptos y gobiernos de turno, mientras asegurados y jubilados sufren penurias todos los días, por el pésimo servicio ofrecido. – See more at: http://www.diariolajornada.com.py/v5/index.php/editorial/item/8416-la-corrupci%C3%B3n-y-mala-gesti%C3%B3n-fundieron-al-ips#sthash.SvKmgx4Y.dpuf
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Situación cada vez más vergonzosa en el Instituto de Previsión Social
Es cada vez más vergonzosa la situación que soporta el IPS. Días pasados, en conversación con periodistas de nuestro diario, asegurados coincidieron en señalar que “el IPS tiene más problemas que los propios pacientes”, dando una idea de lo mal que está la atención en dicho centro asistencial.
En contrapartida y ante esta crónica falta de recursos, no constituye novedad que el Instituto de Previsión Social (IPS) dispone de una cantidad enorme de propiedades inmobiliarias, la mayor parte de ellas abandonadas a su suerte, o mal administradas o mal negociadas. Esto porque esta entidad no fue creada ni está organizada para ejercer funciones de empresa inmobiliaria, que, como todas las que importan conocimientos particulares y habilidades especializadas, requieren estructura y personal adecuados a la función.
Lo malo de esto es que el IPS, siendo propietario de una fortuna incalculable en bienes raíces, sumada a la renta fija mensual multimillonaria que le ingresa en concepto de aportes obreros y patronales, continúa siendo un organismo que proyecta una pésima imagen, apareciendo como económicamente frágil, con permanentes dificultades económicas, incapaz de sostener sus diversos servicios con una regularidad aceptable y tropezando con una multitud de inconvenientes que mantienen vigente la pésima opinión generalizada que de él expresan constantemente sus asegurados, así como la deprimente idea de que sus sucesivos directivos casi nada pueden hacer por mejorar estas condiciones.
La inmensa fortuna de los asegurados y patronos contribuyentes del IPS que está siendo constantemente drenada por la ineficiencia y la incapacidad para administrar –no se hable ya de corrupción ni de otros vicios– de sus autoridades que se van sucediendo a lo largo de los años y las décadas, contrastan dramáticamente con las carencias que los beneficiarios de sus servicios demandan permanentemente a esta institución. En ciertas ocasiones no hay medicamentos básicos, o faltan guantes, jeringas o desinfectantes, pero, entretanto, dilapida miles de millones de guaraníes en propiedades inútiles, improductivas, cedidas sin provecho o subvaloradas.
Los legisladores, a los que se recurrió en varias oportunidades para estudiar y resolver este grave y crónico problema de los bienes inmuebles del IPS, o no lo entienden o no lo sienten, porque hasta ahora lo único que parecen haber decidido es autorizar a la institución previsional, por ley, la libre disposición de uno de sus edificios. Uno entre centenares. Le tienen un miedo pavoroso a autorizar la enajenación de esos inmuebles, a fin de librar al IPS de una función que no puede cumplir, cual es la de empresario inmobiliario. Pero, al mismo tiempo, no saben qué hacer para que continúen bajo propiedad de ese organismo sin causar las enormes y vergonzosas pérdidas que implican para su patrimonio y para sus sostenedores.
Es una verdadera lástima que la incapacidad intelectual, los prejuicios, la negligencia y el desinterés sean los males que prevalecen, ostensiblemente, sobre las virtudes del pragmatismo, la oportunidad y la habilidad que deben presidir la corona de virtudes de los administradores de bienes públicos, en este caso, del IPS. – See more at: http://www.diariolajornada.com.py/v5/index.php/editorial/item/8811-situaci%C3%B3n-cada-vez-m%C3%A1s-vergonzosa-en-el-instituto-de-previsi%C3%B3n-social#sthash.HJVVaInC.dpuf
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La lotería de la jubilación: 2032/37/44
Cuando el Instituto de Previsión Social (IPS) plantea ante la opinión pública cada cierto tiempo (como lo volvió a hacer la semana pasada) el pronóstico sobre el futuro de los fondos que acumula para las jubilaciones, le queda a uno la sensación de que estamos, los “asegurados”, participando en realidad de una especie de lotería.Se mencionan muchos números, cifras que representan dinero y también inteligentes proyecciones en el tiempo, menú de relaciones guaraníes/años, llamativos porcentajes sobre población, cuadros diversos que pintan “avenidas” que se cruzan en los años y van marcando nuestra suerte de cara a las jubilaciones que nos podrían tocar, si nos tocan.
Pero si uno mira más allá de los estudios y los folletos entregados por los técnicos del IPS, puede descubrir, ya sea directamente en los análisis del Banco Mundial (BM) sobre el sistema jubilatorio de Paraguay, o indirectamente en el ejemplo de algún país de la región, que esta cuestión de “futurizar” la jubilación es más que sumar y restar, que proyectar y desproyectar porcentajes mirando sucesivos calendarios hasta el 2100.
Pero empecemos por los datos del IPS. Si tienes entre 40 y 45 años y alrededor de 15 años de aporte al seguro social, quizá no tienes que preocuparte mucho, porque -según los analistas del Instituto- la plata para las jubilaciones van a alcanzar sin problema alguno hasta el año 2032. No se precisan cambios en la ley ni negocios extraños. Eso sí, por lo menos hay que cuidar que no desaparezcan los fondos. Esta proyección, dicen, es mejor que la anterior, que ponía dicho límite en el año 2029.
Si tienes entre 35 y 40 años y alrededor de 10 años de aportes, hay que rezar un poco, pero tampoco es para desesperarse todavía. Las posibilidades de jubilación son buenas, pero se necesitará para ello, a mediano plazo a partir de hoy, que se anule el pago del “aguinaldo” a los jubilados. Si eso sucede, iremos con este carro casi sin dificultades hasta el año 2037.
Si tienes entre 30 y 35 años, y tienes por lo menos entre uno y cinco años de aporte, estás casi justo en el límite del límite de las proyecciones de las jubilaciones posibles, pues de acuerdo a los datos del IPS, los fondos podrían aguantar hasta el año 2044 en el caso de que a la ya citada eventual supresión del “aguinaldo” se sumara una decisión del Estado de aportar por fin lo que la ley le obliga a aportar (1,5%) por cada trabajador asegurado.
Si tienes menos de 30 años, sean cuales fueren tus años de aporte acumulados, hay que esperar, porque el futuro de tu jubilación aún no puede ser “visualizado” en las proyecciones recientemente lanzadas.
Hay que aclarar que la definición de límites al 2032, 2037 y 2044 no significa que el dinero que se viene acumulando en los fondos pro-jubilación van a agotarse en esos años, sino que a partir de esos años límites el sistema será gradualmente deficitario (egresos por pagos jubilatorios serán mayores que ingresos provenientes de asegurados activos), y después, solo Dios sabe hasta cuándo aguantarán.
Hasta aquí podemos calificar al análisis como realista, y hasta pesimista. ¿Qué factores podemos introducir para tentar una visión más optimista? En primer lugar la evolución de la formalización de los empleados privados. Los registros del IPS indican que en el 2008 se tenían 278.365 asegurados activos, lo que para el 2012 creció a 451.136 personas, es decir, 60% más. Además, si en 2008 había 9,2 activos por cada pasivo, esa relación subió en 2012 a 12,4 activos por cada pasivo.
¿Qué significa esto? Que el sistema de jubilación está en crecimiento y que a medida que crece, se sostiene mejor, porque el IPS ingresa en este rubro muchísimo más de lo que egresa. A “ojímetro”, si esto sigue así, el IPS no debería colapsar ni en cien años.
¿Cuáles son entonces los peligros y las medidas posibles para evitar amenazas eventuales o reales a nuestro régimen de jubilación?
No deberían desecharse en ese sentido las advertencias hechas a finales del 2013 por el Banco Mundial: “Más allá de los problemas de coordinación e institucionalidad que se observan en la previsión social en Paraguay, los problemas de su baja cobertura se encuentran asociados a la combinación de mercado de trabajo altamente informal con un esquema contributivo de seguridad social. Si bien el mercado de trabajo de Paraguay presenta una baja tasa de desempleo abierto (fluctúa en alrededor del 6% de la población económicamente activa), la informalidad es la norma (oscila entre el 60% y el 70% de la población ocupada)”.
A la luz de esta conclusión del BM, se podría decir que una de las salidas para fortalecer el sistema jubilatorio, y expandir más allá del 2044 las esperanzas para aquellos que empiezan a contribuir hoy al IPS, está en aumentar el nivel de cobertura entre la población ocupada, para lo que se necesitan más que meros cálculos matemáticos y conversiones porcentuales. En principio, debe haber una disposición política del Estado en hacer cumplir las leyes laborales; hay que reclamar una mayor ética empresarial, con un empresariado más maduro y profesional, y por supuesto un trabajador más ciudadano, capaz de reclamar buenamente sus derechos, e incluso de valorar sus derechos y aceptar el cumplimiento de sus derechos (muchos preferirían no pagar el IPS).
Otro peligro es la corrupción, que en las mediciones y los estudios hechos por el IPS o el BM no aparecen, porque es difícil de cuantificar. Pero todos sabemos la enorme incidencia que en nuestro país puede tener ese factor en entidades públicas como el IPS. Incluye posibles colocaciones de fondos a intereses bajos o intereses “arreglados”, compra indiscriminada de bonos del Estado, eventuales préstamos riesgosos al sector privado o inversiones a pérdidas.
Otro peligro es la falta de modernización o adecuación de las herramientas legales, para lo que primero se necesitará suficiente madurez y consenso político, además de legisladores un poco más preparados. Ahí sí está difícil la cuestión, porque así como están las cosas, en Paraguay tenemos asegurada aún para rato la convivencia con senadores y diputados que no están a la altura de las circunstancias.
Por Jorge Benítez Cabral
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/la-loteria-de-la-jubilacion-20323744-1272606.html
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Hay que debatir acerca del futuro inmediato del IPS
Las autoridades nacionales deben poner en debate la situaciónactual del Instituto de Previsión Social (IPS), de manera a lograr un consenso ciudadano sobre las reformas necesarias para garantizar no solo la sostenibilidad del seguro a largo plazo, sino también la ampliación de la cobertura a toda la población trabajadora. La seguridad social constituye una muestra del grado de cohesión de una nación y de la vigencia de un contrato social en el que la solidaridad se erige como uno de los valores sobre el que se construye el Estado. Es un indicador de justicia social. Por ello, este tema debe ser prioridad para el actual y los próximos gobiernos.
La seguridad social refleja el compromiso compartido de diferentes actores que se ponen de acuerdo para establecer un piso mínimo de bienestar. El aporte conjunto de trabajadores, empleadores y del Tesoro para financiar acceso a salud e ingresos en la vejez no solo es un mecanismo de solidaridad presente, sino también entre las generaciones, ya que quienes hoy trabajan y aportan sustentan el bienestar de quienes ya están en edad de retiro.
La seguridad social, además de ser el reflejo del sistema de valores vigente en una sociedad, es un instrumento para reducir la pobreza y los riesgos que enfrenta cualquier persona a lo largo de su ciclo de vida. Es uno de los medios más importantes con que cuenta la política de protección social para cumplir sus objetivos de mitigación de la vulnerabilidad social y económica.
Así, la mala o inadecuada administración de los recursos del IPS pone en riesgo uno de los pilares más importantes con que cuenta el Estado para garantizar el bien común.
Las autoridades deben generar el contexto adecuado para instalar un debate nacional sobre las acciones que se deben tomar para garantizar que el IPS se sostenga a largo plazo y aumente su cobertura. Tanto el crecimiento de la cobertura para disminuir la exclusión como la garantía de la sostenibilidad para los que ya estén adentro deben basarse en rigurosos estudios y análisis que determinen las condiciones que permitirán estos objetivos.
Este debate es particularmente importante en un país como Paraguay, que está enfrentando fuertes cambios demográficos que afectan a la estabilidad de la seguridad social: el progresivo envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida al nacer. Estas transformaciones obligan a revisar la actual normativa y el modelo de gestión y hacer los cambios necesarios para sostener a largo plazo una institución tan importante como IPS.
El país debe discutir seriamente cuáles son las condiciones para que el IPS se fortalezca. Si ello implica aumentar el número de años de aporte o la edad para jubilarse, pues será necesario considerar dicha opción. La diminución de la evasión empresarial, el aumento de la eficiencia en el uso de recursos disponibles, el cumplimiento oportuno del aporte estatal y la formalización del empleo son objetivos que cualquier gobierno que busque el bienestar de la población debiera poner en primer lugar.
En definitiva, fortalecer y ampliar la cobertura del IPS debe ser objeto de un debate ciudadano a la luz de las transformaciones demográficas y económicas. Este debate debe llevar al país a consensuar las reformas necesarias para universalizar el derecho a la salud y a un ingreso digno en la vejez.
http://www.ultimahora.com/hay-que-debatir-acerca-del-futuro-inmediato-del-ips-n817471.html
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Injustificable calvario para un estudio de resonancia en el IPS
Que los pacientes asegurados deban esperar más de 100 días para acceder a un estudio de resonancia magnética en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, debido a que ya venció el contrato de tercerización, pero no se preocuparon de licitar el servicio a tiempo para poder renovarlo, implica jugar con la vida de quienes pagan por el seguro social en espera de una mejor asistencia. El hecho de que la previsional disponga de un solo equipo para 1.800.000 asegurados muestra una vez más la insensibilidad ante las necesidades de salud y la falta de eficiencia para resolverlas. Urge que las autoridades del IPS resuelvan cuanto antes esta grave situación.
Una vez más, las denuncias periodísticas reflejan el calvario que tienen que padecer varios asegurados en el Instituto de Previsión Social (IPS), en busca de lograr atención a sus necesidades de salud dentro del esquema de seguridad social por el que pagan los trabajadores, al igual que los empleadores.
Un reportaje publicado ayer por este diario puso de relieve los casos de pacientes asegurados que deben esperar más de 100 días para acceder a un estudio de resonancia magnética en el Hospital Central del IPS. Como ejemplo, se mostró el caso de un paciente que solicitó el estudio tras una consulta médica el pasado 24 de mayo, pero a quien le otorgaron turno recién para el 7 de setiembre, como también el de una mujer que padece de cáncer de mama y debe someterse a un tratamiento con urgencia, por lo cual solicitó el estudio en los primeros días de mayo, pero le otorgaron turno para el próximo 17 de agosto, a pesar de que la orden médica lleva un sello que dice “urgente – oncología”.
La resonancia magnética es un método de diagnóstico que sirve para determinar casos de tumores, accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiples, patologías oncológicas (cáncer), afecciones cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos, afecciones neurológicas y casos de traumatología. En muchos casos, contar a tiempo con este estudio puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, ya que permitirá iniciar los tratamientos sin pérdida de tiempo. Sin embargo, con la situación que se plantea en el IPS, los pacientes deben esperar por casi cuatro meses, perdiendo valiosas oportunidades de recuperar y mejorar la salud.
La respuesta que dan en el IPS es que el Hospital Central cuenta con un solo equipo propio para la realización de los estudios de resonancia magnética para 1.800.000 asegurados. La necesidad se cubría recurriendo a servicios tercerizados, pero el contrato que la previsional tenía con las empresas que trabajan en este rubro ya venció hace un mes y las autoridades no se preocuparon en llamar a licitación a tiempo para renovar dichos contratos, de manera que la atención no se vea interrumpida. Se ha informado que recién ahora se han presentado los documentos para llamar a una nueva licitación, mientras los pacientes deben esperar por meses.
Esta negligente actitud muestra una vez más la insensibilidad ante las necesidades de salud, como la falta de eficiencia para resolverlas. Ello implica jugar con la vida de quienes pagan por el seguro social, esperando una mejor asistencia. Recurrir a un servicio privado cuesta más de un millón de guaraníes, cuando es algo que el servicio médico del seguro social que cobra el IPS debe encargarse de proveer. De lo contrario, la entidad está faltando a su misión de manera grave, como también ocurre con varias otras situaciones de falencias que a menudo se vienen denunciando.
Urge que las autoridades del IPS resuelvan cuanto antes esta grave situación.
http://www.ultimahora.com/injustificable-calvario-un-estudio-resonancia-el-ips-n1150607.html
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La miopía en IPS
Es necesario reiniciar la construcción del Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) de San Juan Bautista, Misiones. La obra está paralizada desde noviembre del 2012. Pasaron más de seis años y la estructura hecha fue objeto de rapiña.
La construcción empezó siendo presidente del IPS el actual senador Fernando Silva Facetti (PLRA). Estaba a cargo de Alfa y Beta, bajo dirección del arquitecto Rodrigo Benítez. Los directivos de IPS y de la empresa no ofrecieran explicación alguna sobre la paralización de la obra.
La previsional demandó a la constructora y el lío judicial tardó en destrabarse, en desmedro de los asegurados. Pasaron varios presidentes del IPS, pero hasta la fecha no se pudo reanudar la obra.
Entretanto, la Unidad Sanitaria del IPS en San Juan Bautista funciona en un local alquilado y en precarias condiciones, tanto para los profesionales como para los asegurados.
Es justo reconocer la importante función que cumple IPS, el hospital de alta complejidad a nivel central en Asunción, donde existen excelentes profesionales que luchan a diario a favor de la vida de los miles de asegurados. Sin embargo, esa calidad de atención de especialistas debería de extenderse al interior del país, donde el servicio de la salud está en terapia intensiva.
Ya no cabe la simple atención médica y expedición de recetas para retirar remedios, si es que existen en la farmacia de la unidad. De lo contrario los pacientes van con las manos vacías, pidiendo misericordia a Dios.
En realidad el proyecto del hospital de IPS de San Juan Bautista se diseñó mal y empezó igual; planificaron el nosocomio con una sala para internados con capacidad para 10 pacientes. Eso es tener una miopía o idea simplista con fines electoralistas y clientelistas, sin mirar el futuro.
Con la reestructuración, los pacientes esperan un rediseño de hospital, con todas las comodidades e instalación de equipamiento modernos para brindar asistencia “como la gente”. Según responsables de la previsional, ya se abrieron los sobres de ofertas para la adjudicación. Eso genera cierta esperanza de que muy pronto se reanude la obra.
POR RAFAEL MARCIAL MONTIEL
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