Combate al EPP en el marco de la Constitución y las leyes
El presidente Horacio Cartes ha marcado el camino correcto para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) al señalar que «se respetará el estado de derecho», donde rigen la Constitución y las leyes. En situaciones como las planteadas por el grupo delictivo que opera en el Norte, es muy fácil desbordarse e intentar justificar el uso de métodos que están al margen del ordenamiento jurídico de la República. El mismo no debe servir solo de marco para perseguir a los delincuentes, sino también para devolver la tranquilidad a la población civil de la zona afectada por los ataques de la banda armada, para que puedan vivir sin miedos ni zozobras.
El presidente Cartes, en su discurso de asunción del jueves pasado, dejó claramente marcado su propósito con relación al EPP —que hasta la fecha ha asesinado a 18 civiles y a 11 policías—, al decir que no le «van a marcar la hoja de ruta ni delincuentes ni criminales».
En ese mismo contexto, había indicado también que será implacable «en restablecer el orden y la presencia del Estado en toda la República».
De ese modo ponía el dedo en una de las heridas más profundas que tiene actualmente el país, con la presencia de un grupo de delincuentes que operan desde la clandestinidad y matan a policías de bajo rango y a humildes trabajadores de la zona en que se desplazan por los montes.
Las palabras del presidente en relación a que hará respetar el estado de derecho conlleva dos objetivos específicos: uno, combatir en el marco de la legalidad a los que han ejecutado a cinco empleados de una estancia de Tacuatí; y, dos, asegurar a los pobladores de la zona un desenvolvimiento enmarcado en las normas constitucionales.
La puntualización hecha por el jefe de Estado exterioriza su filosofía en relación al combate al EPP: la fuerza pública tiene que ceñir su actuación a la Constitución, sin salir de sus principios. Esto debería haber sido natural en esta y otras circunstancias. Sin embargo, no es así; siempre existe el peligro latente del desborde irracional —en el uso de la fuerza— para reprimir a los delincuentes.
En un estado de derecho no puede existir argumento alguno que permita salir de los cauces institucionales. Obrar dentro de ellos es una imperiosa e ineludible obligación para alcanzar legitimidad.
Sus palabras han dejado traslucir también lo fundamental: todos los ciudadanos tienen el derecho de vivir en paz y tranquilidad, gozando de manera irrestricta de los bienes sociales disponibles. Es inadmisible que los perversos intereses de una banda armada puedan imponer —en un clima de inseguridad donde la tónica dominante es el miedo— las reglas del juego para las personas que viven en su área de influencia geográfica.
Con los asesinatos y los ataques a los policías, el EPP replicó al discurso del presidente que acaba de asumir sus funciones. No quedan dudas, entonces, de que continuará agrediendo a la población, creando zozobra y atacando a civiles y a las fuerzas del orden.
Dentro de lo que le permiten las normas, el Gobierno de Horacio Cartes debe actuar con fuerza, coraje e inteligencia, en un sano marco de prudencia.
La ciudadanía, indignada por los recientes asesinatos, reclama una acción firme y decidida —con resultados concretos— contra los que han salido voluntariamente del ámbito de las normas de la República para colocarse en el bando de los enemigos de la sociedad.
http://www.ultimahora.com/combate-al-epp-el-marco-la-constitucion-y-las-leyes-n714808.html
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Cambiar de estrategia en el combate al EPP
La banda criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no se hizo esperar para darle la “bienvenida” al gobierno de Horacio Cartes y en el segundo día de mandato el grupo criminal volvió a atacar. En esta ocasión secuestró y ejecutó a cinco guardias de una estancia en Tacuatí (departamento de San Pedro), pueblo donde hace escasos meses había matado a sangre fría al ganadero Luis Lindstron.
El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo dejó de ser simplemente un pequeño grupo de delincuentes comunes, como lo había definido el entonces ministro del Interior del gobierno de Fernando Lugo, Rafael Filizzola; el EPP dejó de ser también un grupo ideologizado que busca llegar al poder a través de la lucha armada, como pretenden hacernos creer sus mentores. Esta banda se convirtió en un grupo mafioso que se adueñó de parte de la zona de los departamentos de San Pedro y Concepción.
Los jefes de este grupo mafioso tienen totalmente sometidos a los pobladores de las zonas afectadas, quienes les brindan protección e inclusive reciben algún tipo de beneficio de la banda criminal. Desde la aparición del EPP, los medios de comunicación vienen hablando de la marginación en que viven los pobladores de las referidas regiones. Sin embargo, los gobiernos que se sucedieron desde Nicanor Duarte Frutos nada hicieron para llevar a cabo planes de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y para evitar que estos sigan sometidos al yugo del miedo y del terror que imponen los criminales.
Ayer se escucharon nuevamente las voces reclamando la militarización de la zona y el envío de las Fuerzas Armadas, confiada probablemente la ciudadanía en que los militares pueden ser más efectivos en el combate a este grupo criminal. Sin embargo, hay que recordar que en todas las ocasiones en que se produjeron ataques del EPP, los gobiernos de turno procedieron a enviar dotaciones de militares a las zonas donde supuestamente opera este grupo. Los resultados de estas incursiones fueron nulos. El grupo sigue campante y evidentemente fortaleciéndose cada vez más.
En una actitud muy plausible el ministro del Interior, Francisco De Vargas, declaró ayer que el envío de los militares sin una estrategia previa solamente puede conducir a hacer el ridículo. “El deber de las autoridades es darles información hasta donde se pueda. Fueron utilizadas como carnada cinco vidas humanas para generar la presencia de los efectivos policiales”, dijo el ministro en una demostración evidente de que nuestras autoridades actuales quieren cambiar de estrategia en el combate a este grupo delictivo.
Es de esperar que este cambio de estrategia redunde realmente en resultados efectivos para erradicar de raíz y de una buena vez este cáncer que pretende instalarse en la sociedad paraguaya y que lamentablemente tiene el guiño cómplice de ciertos sectores políticos.
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Efectividad en el combate al EPP
Ante la sangrienta ofensiva encarada por la banda criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) surgen voces que reclaman la inmediata militarización de la zona, es decir el desplazamiento e instalación de importantes contingentes de las Fuerzas Armadas a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. En ocasiones anteriores se ha intentado combatir a este grupo armado movilizando considerables cantidades de tropas y equipos al escenario de las acciones en el marco de la declaración de estado de excepción en esos departamentos. Aquellos aparatosos -y, ciertamente, muy costosos- operativos no solo no rindieron frutos sino que además dejaron una imagen negativa de las propias fuerzas de seguridad. Hubo un gran número de denuncias de abusos por parte de uniformados a la población civil y hasta se produjo en cierta oportunidad un tiroteo entre militares y policías. El despliegue de fuerzas estaba descoordinado y sin un mando único, las incursiones en las áreas boscosas -donde se supone que se ocultan los criminales- fueron escasas y sin determinación ni objetivo y la acción acabó reduciéndose a los habituales controles y barreras en los caminos vecinales. Con estos antecedentes, las autoridades deben reflexionar a profundidad antes de emprender campañas a esa escala.
Por otra parte, es bien sabido -por la experiencia en otros países- que los grupos armados irregulares no pueden ser combatidos eficazmente utilizando criterios o preceptos de una guerra tradicional. Para obtener resultados en la lucha contra esta banda criminal se hace indispensable apelar a otras estrategias, basadas esencialmente en un intenso y minucioso trabajo de inteligencia. Las fuerzas operativas deben ser empleadas con objetivos concretos, con información y datos exactos recabados con anterioridad por los grupos de inteligencia. Por muchos que sean, de nada servirá movilizar a soldados y policías al azar, por intuición o siguiendo el rastro que los mismos criminales dejaron quizás adrede. El trabajo combinado de una amplia red de inteligencia y una poderosa y ágil fuerza militar, con autonomía y un mando único, es el camino para derrotar al EPP. Muchos productores y ciudadanos honestos asentados en la zona tienen información de gran utilidad para el gobierno, pero necesitan que se les garantice su propia integridad, la de su familia y de sus bienes. Mientras estas personas no se sientan protegidas por la Policía y las demás fuerzas de seguridad, no estarán dispuestas a brindar una colaboración que puede resultar crucial.
No hay dudas de que es indispensable neutralizar la violencia de esta banda criminal, misión para la cual no existe otra alternativa más que el uso de la fuerza pública. Pero simultáneamente es preciso también impulsar agresivos planes de desarrollo que saquen de la exclusión a la población de los departamentos referidos. Esto es urgente además teniendo en perspectiva la aparente alianza entre este grupo armado y los narcotraficantes que operan en la zona. La cooperación entre estos dos sectores potencia a ambos y torna aún más difícil el objetivo de devolver la seguridad y la tranquilidad en esa área del país. En países como Colombia ya se han registrado relaciones simbióticas como ésta, lo que derivó en un rápido agravamiento de la violencia. La respuesta militar a los atentados y ataques del EPP, necesarios sin dudas, solo abordan un aspecto restringido del problema. Es fundamental que las autoridades y la clase política en general tomen consciencia de que es crucial complementar esas acciones con medidas positivas que apunten al crecimiento de la sociedad. El crimen organizado y los planteamientos seudo políticos basados en la violencia no pueden sobrevivir cuando existen instituciones fuertes y una economía que avanza.
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El EPP desafía a Horacio Cartes
“Puedo asegurarles que no nos van a marcar la hoja de ruta ni criminales ni grupos armados, en un país donde sabemos muy bien que el Estado de Derecho y la Justicia serán ofrecidos a todos los habitantes de nuestro país”, afirmó tajantemente el presidente Horacio Cartes en su discurso inaugural. Apenas transcurridas cuarenta y ocho horas de la solemne promesa presidencial, una docena de hombres fuertemente armados, vestidos con uniformes “parapara’i”, atacaron la estancia Lagunita, ubicada en la zona de Tacuatí, en el departamento de San Pedro, en el límite con el distrito de Azote’y, departamento de Concepción, asesinando a sangre fría a cinco humildes trabajadores. Como si fuera poco, horas después atacaron una patrullera e hirieron a un policía.
Al igual que en las anteriores incursiones criminales registradas en los departamentos de Concepción y San Pedro, por su modalidad táctica todo apunta a que los autores del ataque fueron elementos del EPP. Pese a los publicitados refuerzos policiales volcados en dichos departamentos, hasta ahora la Policía Nacional ha fracasado rotundamente en sus esfuerzos por desbaratar esta organización terrorista que impunemente perpetra sus golpes cuando quiere y donde quiere. Pese a la renuencia del anterior gobierno –en particular, durante la era Lugo– para admitir que el EPP es una organización subversiva que emplea métodos terroristas para mantener atemorizada a la población en su zona de acción, sus incursiones criminales se han caracterizado invariablemente por la típica modalidad guerrillera de atacar y huir, sin que en más de cinco años la Policía Nacional haya podido dar con ninguna de sus células, aprehendiéndolas o eliminándolas. Es más, hasta ahora ni siquiera han sido capaces de seguirles el rastro tras la perpetración de sus golpes, mucho menos anticipárseles en las acciones.
Como el EPP es una organización subversiva, sus acciones terroristas están enderezadas a producir repercusiones políticas, más allá de sus fines puramente criminales: pretenden desestabilizar al Estado para que sus grupos afines se apoderen del Gobierno. Por tal razón, este ataque a la estancia Lagunita fue perpetrado por el EPP con una finalidad claramente política: desafiar la promesa hecha por el presidente Horacio Cartes en su discurso de toma de posesión de cargo de no permitir que criminales y grupos armados le marquen la hoja de ruta a su gobierno.
Dos llamativas coincidencias concurren a avalar esta presunción no carente de lógica. Por una parte, recordemos que la primera acción terrorista del EPP tras asumir el gobierno el expresidente Fernando Lugo se dio casualmente en la mismísima zona de Tacuatí, el 31 de diciembre de 2008, con el incendio de un pequeño puesto militar ubicado en el predio de la estancia Paso Itá. En un comienzo, pocos percibieron el mensaje político implícito en este vandálico hecho de advertencia al nuevo gobierno en cuanto a la existencia de esta organización subversiva, justamente incubada en el departamento de San Pedro en los tiempos en que el expresidente se desempeñaba como obispo de su diócesis. Por la otra, en esta oportunidad, a apenas dos días de la asunción del presidente Cartes, el EPP vuelve a hacerse sentir con un ataque terrorista, llamativamente en el mismo rincón geográfico en que lo hizo cinco años atrás. Coincidencia por demás llamativa para dejar de prestarle atención, pues, evidentemente, se trata de un osado desafío a la advertencia formulada por el Presidente de la República en su reciente discurso.
Como premonitoriamente lo señalábamos en un reciente comentario editorial, una de las prioridades del gobierno de Horacio Cartes debe ser acabar de una vez por todas con las andanzas de esta organización subversiva terrorista. Esta nueva provocación guerrillera tiene que ser tomada por el Presidente de la República más como un desafío político que criminal, al que debe replicar sin demora con toda energía, empleando la fuerza que monopoliza el Estado para proteger la vida y los bienes de los habitantes del país. Es probable que actualmente ni la Policía Nacional, ni las Fuerzas Armadas tengan la suficiente capacidad operacional, ni el apresto requeridos para acabar con la insurgencia del EPP, pero como Comandante en Jefe el presidente Cartes dispone del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales, unidad de élite creada en agosto de 2009, compuesto en su momento por 100 hombres entrenados y equipados con la ayuda del Gobierno de los Estados Unidos, pero que, llamativamente, por pruritos legales, nunca fue empeñada en combate directo contra el EPP, ni por el gobierno de Fernando Lugo ni por el de Federico Franco, siendo más bien raleado y desatendido en los últimos tiempos.
La respuesta del Gobierno a esta nueva provocación debe darse sin demora con los recursos de que disponen las Fuerzas Armadas. De resultar necesario, no debe escatimarse dinero para adquirir inmediatamente medios que hagan falta, tales como elementos de comunicación, armamentos y equipos de combate de alta tecnología; aparatos de GPS para que las fuerzas de seguridad se desplacen de un punto a otro en el teatro de operaciones; visión nocturna para tener superioridad sobre los terroristas en cuanto a lo que se puede ver y hacer en la oscuridad, sin utilizar luz; fusiles con puntería guiada por láser y con iluminación infrarroja, para los casos en que la oscuridad sea muy cerrada y, obviamente, aviones y helicópteros de transporte y combate. Adicionalmente, debe solicitarse la cooperación de las fuerzas de seguridad de países amigos, como Colombia o los Estados Unidos, que tienen gran experiencia en la lucha antisubversiva y antiterrorista.
Como el mayor déficit operacional de las Fuerzas Armadas está dado por la absoluta carencia de un servicio de inteligencia –como lo reconoció recientemente el flamante ministro de Defensa Nacional–, el presidente Cartes debe disponer que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) le preste este indispensable apoyo de inteligencia al Batallón de “comandos” a ser empeñado en la lucha contra el EPP. Este apoyo se justifica adicionalmente porque la Senad siempre tiene en la mira al EPP por su alianza con marihuaneros y narcotraficantes que operan activamente en la zona norte del país, que son quienes les proveen de fondos.
Finalmente, el cambio de rumbo prometido por el presidente Cartes en la conducción de los asuntos públicos debe alcanzar también a la modalidad operativa de la contrainsurgencia, en el sentido de que debe encuadrarse en el más absoluto secreto. El público tiene que enterarse de los RESULTADOS de las incursiones, no de sus preparativos, como sucedía en los tiempos de los inoperantes ministros del Interior de Fernando Lugo y Federico Franco, Rafael Filizzola, Carlos Filizzola y Carmelo Caballero, más interesados en la fanfarria mediática para promoción política personal que en el sigilo que debe rodear a las operaciones de las fuerzas del orden.
Por último, es inadmisible que un grupo que se presenta como reivindicador de los pobres justifique su acción secuestrando y asesinando a mansalva a gente también de condición modesta que se pasa la vida trabajando para el sustento de sus respectivas familias.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/el-epp-desafia-a-horacio-cartes-608330.html
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QUÉ PAÍS
Por: Andrés Granje
Si se lee los periódicos del lunes o los del fin de semana, se mira los noticieros de la televisión o se escucha la radio, la sucesión de malas noticias, las hipótesis de conflictos futuros, es seguro que se deprima profundamente y diga cómo es posible que apenas dos o tres días haya durado esa alegría esperanzadora, la ilusión del cambio ante el nuevo rumbo prometido y todo el compromiso que el electo presidente Horacio Cartes, formulara en el solemne acto de asunción a la magistratura.
Sin embargo esto cambio radicalmente y existe una desazón en la población, ante la sucesión de noticias contradictorias que torna totalmente incierto el futuro, que se presentaba tan venturoso para el país, para eso mas que nunca hace falta el sentido de responsabilidad y de patriotismo de todos los paraguayos y en especial de la clase dirigente.
En la noche del sábado y del domingo la violencia volvió con todo en la zona de Concepción, los “soldados del EPP” mataron con crueldad y premeditación a cinco moradores de un establecimiento de la zona, luego el domingo hirieron a policías y sembrando el terror en este departamento y la preocupación a todo el país.
Pero no es el único tema preocupante en la realidad política nacional, comenzó cuando los dirigentes colorados disconformes por la integración del nuevo gabinete y los cargos de confianza de la administración pública comenzaron a mostrar abiertamente su disconformidad con el Presidente Cartes por esta actitud. El más notorio es el caso del Diputado Oscar Tuma que pide la renuncia de la Ministra de Cultura porque había firmado una carta a favor de Efraín Alegre en la campaña proselitista.
Otros nubarrones que se cierne sobre el nuevo gobierno que requiere de una rápida respuesta es la huelga de los docentes que causa tan grave perjuicio a la educación, a tal punto que existen mas de 300 mil estudiantes que hace mes y medio no asisten a clase, con lo cual corren el riesgo de perder el año lectivo lo que representa un gasto inútil a tantos sacrificados padres.
También la insaciable codicia de los empresarios del transporte quienes siguen exigiendo o el cobro total del subsidio o elevar el pasaje a mas de 2600 guaraníes por boleto, lo que es un despropósito teniendo en cuenta el pobre servicio que prestan. Cartes tiene en sus manos las herramientas para comenzar a solucionar este problema implementando el sistema de metrobús en su primer tramo comenzando la modernización del transporte público en el Paraguay.
En fin las dificultades que se presentan al nuevo gobierno son muchas, pero no serán solucionadas si los grupos de poder no anteponen los intereses del país por sobre los personales o grupales. El camino está sembrado de espinas y lamentablemente nada hace suponer que exista la buena voluntad de facilitarle el trabajo al gobierno. Quizás uno de los puntos mas urgentes de solucionar sea el tema del EPP, porque la violencia crea inseguridad y con este estado de zozobra no se podrá construir nada en la zona norte de la región oriental. Si se tiene que militarizar la zona quizás se deba recurrir al ejercito, aunque lo importante sería terminar con la desocupación y las graves asimetrías existentes en el campo y que se marca con mas fuerzas en los departamentos de San Pedro y Concepción.
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EPP le mojó la oreja al Gobierno
No caben dudas de que este último golpe fue muy duro. No caben dudas de que esta herida va a tardar en sanar, pero no por eso se deben bajar los brazos, sino al contrario. Esta contrariedad debe servir para tomar conciencia de que si no se pone freno a este tipo de hechos, la situación se irá indefectiblemente agravando. El golpe estaba previsto. Se tenía conocimiento de que se iba a producir apenas asumía Horacio Cartes.
“Pe ñanimáro, peju (Si se animan, vengan)”. Palabras más, palabras menos, sería el mensaje que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) le dio al Gobierno en la tarde-noche del sábado, oportunidad en que dio uno de los más mortíferos golpes, matando a cinco personas e hiriendo a un efectivo policial. Y el mensaje es bastante claro. El grupo marginal se maneja a sus anchas en la zona norte del país y hasta el momento, y pese a que el EPP no es un grupo con miles de soldados, desde el Gobierno nada se pudo (se hizo?), para eliminar definitivamente este mal.
Hay que recordar que lo del EPP no es algo nuevo. No es un grupo, un movimiento que recién vio la luz en el Gobierno de Fernando Lugo. No. Ya en gobiernos anteriores y con el secuestro María Edith Bordón y el también secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas, este grupo delictivo dio sus primeros pasos que, si hoy definitivamente no pone las cosas en orden, tendrá consecuencias imprevisibles.
Por eso, ante este nuevo hecho, las palabras (y las promesas) deben quedar de lado. Es hasta inconcebible que un grupo que quizás no llegue a tener más de 100 integrantes se dedique a crear zozobra con el principal objetivo de desestabilizar el país. Y el objetivo no pasa de eso, ya que hasta el momento, el EPP no ha dado señales de apuntar a un objetivo político, sino muy por el contrario, apunta solo por la destrucción misma.
Este nuevo y sangriento hecho debe marcar el inicio de una lucha sin cuartel contra el grupo armado. Es hora de que desde el Gobierno no se escatimen los esfuerzos, pero esfuerzos en serio, no como los que se vienen prometiendo desde hace años para encarar esta guerra.
El objetivo debe ser el EPP y para eso se debe trabajar mancomunadamente tanto desde la Policía Nacional, como desde las Fuerzas Armadas. Las fuerzas de seguridad del país deben, necesariamente, dejar de lado celos que solo llevan a la improductividad. Policías y militares; militares y policías deben ser instalados en el Norte del país, ya que el enemigo es uno solo, y a ese enemigo es donde se debe apuntar.
No caben dudas de que este último golpe fue muy duro. No caben dudas de que esta herida va a tardar en sanar, pero no por eso se deben bajar los brazos, sino al contrario. Esta contrariedad debe servir para tomar conciencia de que si no se pone freno a este tipo de hechos, la situación se irá indefectiblemente agravando. El golpe estaba previsto. Se tenía conocimiento de que se iba a producir apenas asumía Horacio Cartes. Y dos días después de eso se produjo. Por eso este Gobierno más que nadie es el que debe iniciar la guerra, ya que por lo que se ve, el EPP le mojó la oreja, desafiándolo a salir al campo de batalla.
La respuesta desde la administración Cartes, a través tanto de la Policía Nacional, como de las FFAA debe ser rápida y contundente. El espacio de tiempo para evitar que esto recrudezca se achica y no quedan márgenes para peleas internas dentro del Gobierno.
Finalmente no se debe mirar para atrás. Si Nicanor Duarte Frutos en su momento, si Fernando Lugo, en su momento, o Federico Franco en el suyo, no pudieron, no supieron (o no quisieron) iniciar esta guerra interna, hoy le toca a Horacio Cartes; la pelota está en su cancha, y la debe mover como debe ser para salir adelante.
Lo que definitivamente no hay que permitir más, es que sigan habiendo víctimas inocentes, más muertes de personas que nada tienen que ver en esta absurda situación.
Antonio López
PUBLICADO POR JOTAEFEB | 19 AGOSTO, 2013, 6:50 AM | EDIT
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Otro sangriento golpe del EPP
La banda criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) dio una sangrienta bienvenida al gobierno de Horacio Cartes con la salvaje ejecución de cinco personas en una estancia de Tacuatí, departamento de Concepción. Según los indicios, los criminales tendieron una artera emboscada a la Policía, tomando como rehenes a los guardias de la estancia -entre ellos se encontraba también un agente policial-, dejando libre a uno de ellos para que diera la alarma y preparándose para infligir más bajas a las fuerzas del orden. Al llegar los policías fueron recibidos con una recia balacera que, afortunadamente, no causó más muertos, aunque sí un herido más que fue trasladado hasta Asunción.
De acuerdo con los primeros informes de los médicos forenses, las víctimas fueron obligadas a ponerse de rodillas, después fueron asesinadas con disparos en la cabeza; uno de ellos incluso recibió latigazos antes de morir. En definitiva, se trata de un ataque atroz de características brutalmente crueles que marca un grave desafío a las nuevas autoridades. Con esta acción, suman 67 los ataques del EPP en los últimos años, provocando la muerte de 20 civiles.
A pesar de lo sanguinario de esta matanza, el gobierno debe actuar con suma inteligencia, evitando reacciones viscerales o precipitadas que buscan apaciguar a la opinión pública pero que no suelen obtener resultados concretos y efectivos. Acierta en este sentido el ministro del Interior, Francisco de Vargas, al apostar por el sigilo y la sorpresa en la lucha contra esta banda criminal, que en ese campo siempre ha llevado la delantera. De Vargas dijo que la parte esencial de la estrategia y los movimientos tácticos de las fuerzas de seguridad no serán publicitadas ni difundidas como se hizo en el pasado. Agregó que se intensificará el trabajo de inteligencia y no se divulgarán detalles de los operativos ya que está más que comprobado que el EPP cuenta con logística informativa y hay razones para pensar además que puede recibir colaboración de personas bien informadas de los planes de las fuerzas de seguridad. Otro cambio en la lucha contra el EPP será el abandono de una actitud exclusivamente reactiva por parte del gobierno, para buscar en cambio tomar la iniciativa. Los esfuerzos por desbaratar esta banda no pueden limitarse a sus periodos de actividad o a respuestas puntuales a sus acciones violentas.
En lo que concierne a las medidas inmediatas, las anunciadas por el ministro de Vargas apuntan en la dirección correcta. Sin embargo, es preciso también pensar a mediano y largo plazo. En el plano operativo, el gobierno debería analizar la posibilidad de constituir una unidad especial de combate a esta banda criminal, una propuesta que se había planteado ya en años anteriores y que por diversas razones no prosperó.
Por otra parte, la labor de inteligencia en la zona donde opera el EPP es fundamental para desbaratar la red de apoyo logístico que le permite aparecer y desaparecer sin ninguna dificultad. Sin un trabajo sostenido en este sentido no servirán de mucho las incursiones de campo que eventualmente se pudieran hacer. Corresponde también a las grupos de inteligencia determinar con exactitud los alcances de lo que a toda vista parece un hecho consumado: la estrecha simbiosis entre el EPP y el narcotráfico. Una alianza entre estos dos elementos configuraría el peor y más temido escenario desde que comenzaron las acciones del EPP, considerando los ingentes recursos que las mafias podrían volcar hacia esta banda armada.
Desde una perspectiva más a futuro, el gobierno debe evitar a cualquier costo que el norte del país se convierta en “tierra de nadie”. La apuesta es fortalecer decisivamente la presencia del Estado -además de la Policía, es fundamental dotar a la región de servicios básicos, educación y salud-, proteger las inversiones y la producción y fomentar la radicación de nuevas empresas. Las mafias y los grupos criminales encontrarán en la pobreza, el atraso y la ignorancia el ambiente ideal para prosperar.
http://www.lanacion.com.py/articulo/138005–otro-sangriento-golpe-del-epp-.html
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La fortaleza del EPP
El grupo de hombres y mujeres que pretensiosamente se autodenominan Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en cuyas incursiones criminales ya llevan 24 compatriotas asesinados, continúa teniendo a la propia fragilidad de las instituciones del Estado, como factor fundamental de su osadía terrorista.
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En estos momentos, a raíz de los atentados sucedidos en Tacuatí, una vez más la vista se fija sobre las condiciones en que se desenvuelve la Policía Nacional en la zona de incursión del EPP, no solo porque de nuevo los uniformados afectados resaltaron la necesidad de que se los equipe mejor. Sino porque hay indicios de que el presupuesto asignado en los últimos años con ese fin, no se utilizó honestamente.
Las instituciones responsables de esta situación son la propia Policía Nacional y el Ministerio del Interior. La primera institución mantiene una autonomía presupuestaria, pero al mismo tiempo, Interior también maneja parte de las asignaciones destinadas a la Policía. Según informe de la Contraloría General de la República, hubo compras repetidas, lo que indica que ni siquiera hay coordinación entre ambas instituciones.
Con justa razón, la diputada Olga Ferreira (PQ) destaca el progresivo aumento en el presupuesto destinado a mejorar el equipamiento y condiciones de seguridad de los efectivos policiales confinados a las zonas de influencia del EPP y narcotraficantes.
Por eso no se explica que a estas alturas se sigan dando situaciones como las que desnudaron los nuevos hechos atribuidos al grupo armado.
Entre otras, el que la ambulancia de la Policía Nacional, destinada a la jefatura de Concepción, estaba sin combustible para moverse y que muchos de los agentes destinados a la zona de San Pedro y Concepción tienen solo fusiles viejos y lentos, y no hay chalecos antibalas para todos.
En contrapartida, los miembros del EPP y narcotraficantes disponen de armas modernas de grueso calibre.
Hasta ahora, pese al insistente pedido de los agentes policiales, tampoco cuentan con un solo vehículo blindado en la zona. Cuando el personal es numeroso, se traslada hasta en la carrocería de las patrulleras, como blancos móviles.
En estas condiciones el EPP y cuantos grupos criminales existen, se fortalecen y tienen amplias ventajas de actuación, gracias a la desprolijidad, corrupción, falta de transparencia y manejo institucional deshonesto en instituciones como la Policía y el Ministerio del Interior.
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CARTES TIENE LA OBLIGACIÓN DE TERMINAR CON EL EPP
Por: Andrés Granje
El Presidente Horacio Cartes fue claro en sus expresiones se cumplirá con el estado de derecho y no se permitirá la vigencia de grupos armados paramilitares en el país como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que el fin de semana pasado realizó la más brutal y despiadada intervención matando a sangre fría a cinco indefensos campesinos, y luego atentara contra un vehículo policial hiriendo a un efectivo policial en una estancia ubicada en el departamento de Concepción. El nuevo comandante de la Policía Nacional Francisco Alvarenga, ratificó lo dicho en su discurso inaugural por Horacio Cartes, al decir que el EPP no marcará la hoja de ruta del Gobierno. Indicó que esta gestión será más dura en la lucha contra el grupo armado.
Aunque no marque la hoja de ruta, el EPP debe estar en un lugar preferencial de las preocupaciones de las esferas del poder, al menos es lo que se clama de todos los sectores de la población, después de los tristes sucesos del fin de semana surgen voces pidiendo una vigorosa intervención del estado de todos los sectores del país. Hemos escuchado el pedido de los empresarios, los hombres del campo, sectores religiosos, todos piden que finalmente la paz vuelva en el campo para poder seguir trabajando en paz y prosperidad. Lo acontecido es una declaración de guerra al nuevo gobierno por parte de este grupo que a estas alturas perdió hace tiempo, si alguna vez lo tuvo, su perfil de organización que lucha por las reivindicaciones sociales para convertirse solamente en un grupo terrorista.
La ciudadanía más que nunca espera del gobierno un proceder eficaz, profesional, solvente en la lucha contra el EPP, sin chambonadas como las cometidas en el pasado reciente, donde las intervenciones policiales y hasta militares fueron el hazmerreir de la gente, por lo grotesco y circense que fue la presencia de uniformados, sin resultados positivos después de mas de un mes de estado de excepción y con una gresca entre uniformados al final que fue la decepción y la comidilla de la gente. Además Cartes tiene fama de expeditivo y eficaz que mejor para probar esto que estructurar desde el gobierno operaciones que terminen con el terror, deteniendo a los principales cabecillas de esta organización que azuela la zona norte de la región oriental del país.
Somos conscientes que con la detención solamente de los principales dirigentes el problema no se resuelve en el norte, después deben darse las grandes políticas de contención y desarrollo de la región mas pauperizada y peligrosa del país. En esa tarea deben cooperar todos, los sectores empresariales, clericales y políticos que ahora se rasgan las vestiduras exigiendo al gobierno terminar con el EPP, se debe invertir y crear las condiciones ideales generando fuentes de trabajo digno, con justicia social para de esa manera elevar la calidad de vida de nuestros conciudadanos hoy totalmente marginados y expoliados en la zona, terminando con la falacia que los campesinos no quieren trabajar, que son indolentes o no tienen iniciativa y por eso no progresan, que siempre se presenta como justificativo a la inacción desde las diferentes esferas del poder.
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Militarización y EPP
Estaba cantado que con Cartes se vendrían tiempos de conservadurismo y rebrote de cierto totalitarismo macartista. Lo que sorprende, sin embargo, es que no dejaran pasar ni dos semanas para generar situaciones, escenarios, coartadas y una legislación que les justifique esas tropelías para defender sus intereses sectoriales, no los de la ciudadanía, la población, la gente.
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La consigna es militarizar.
El apresuramiento y la virtual sanción, al trote, de la modificación de la Ley 1.337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna para dar a los militares el control interno –que por principio debe estar siempre en ejercicio de la Policía– está a días de entrar en vigencia. A las aprobaciones que se producirán en los próximos días en el Parlamento, seguirá la promulgación en el Ejecutivo y la correspondiente publicación que la pondrá en vigencia.
La próxima semana la realidad jurídica ya nos generará una realidad delicadamente aprehensiva como en tiempos de dictadura militar. La seguridad nacional pasará a convertirse en pretexto para que los militares intervengan en conflictos internos según el humor del Ejecutivo, sin necesidad de estados de excepción ni control del Legislativo como amerita en una democracia. Ya no sorprenderá que las protestas sociales sean consideradas “acciones terroristas” contra cierto orden para reprimirlas con el Ejército.
Los justificadores de siempre dirán que esa situación es necesaria para eliminar al fantasmagórico Ejército del Pueblo Paraguayo, que es más fábula que realidad hasta donde demuestran los hechos; y según sociólogos y analistas, es una banda criminal, brazo extendido de mafias agroganaderas y del narcotráfico.
Por una situación puntual no se pueden arriesgar las libertades y garantías del resto de la población. Más aún porque los pensamientos totalitarios del nuevo rumbo van hacia esa dirección. Ya surgieron voces como la del diputado liberal (del pacto azulgrana) Édgar Ortiz, que pide 5 años de estado de excepción y que Paraguay deje de contemplar los DDHH, dando carta blanca e impunidad para violaciones y crímenes contra la población.
Los militares ya intervinieron y terminaron tiroteándose con los policías, gastaron millones y sin resultados.
Lo que se necesita es más institucionalidad y presencia del Estado en todo el país; más inversión social, más democracia y menos mafia, corrupción y represión que en realidad son las que fortalecen al EPP y otras bandas.
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¿De dónde partimos
“En una época en la que certezas metafísicas y existenciales están en un estado de crisis, cuando las personas están siendo desarraigadas y marginadas, y están perdiendo su sentido de lo que este mundo significa, inevitablemente, esta ideología tiene un encanto hipnótico”, escribía Vaclav Havel, en El poder de los sin poder, en pleno 1978, desde una Checoslovaquia tomada por la dictadura comunista.
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Para tratar de comprender lo que hay detrás de los asesinatos del EPP y las reacciones políticas al respecto, parto de las reflexiones de un hombre que “estuvo allí”, que pasó por la cárcel, que corrió serios peligros perseguido por un régimen violento, pero que, aún así, no redujo su mirada a simples clichés, sino que trató de ir más a fondo. Creo que es lo que deberíamos hacer también nosotros en este caso para comprenderlo.
Esto del “encanto de la ideología”, del que habla Havel, es uno de los puntos que me llaman la atención porque al simplificar y etiquetar la realidad, las ideologías seducen, nos quitan responsabilidad y esto nos gusta, “son las estructuras”, “es el presupuesto”, “es la convención de los derechos humanos”, nos distancian, no nos provocan en primera persona…
El otro punto es una pregunta: ¿Cuándo se convierte el ideal de un mundo más justo en ideología ciega? O, ¿en qué circunstancias se da este crac de la razón que hace actuar como fieras en nombre de una causa?
Atención, no es tan simple como querer culpar al A desalambrar, de Daniel Viglietti, o a la prédica de un cura de la teología de la liberación como desencadenantes de la disconformidad de unos chicos inteligentes del interior del país que hoy se avienen a guerrilleros y asesinos.
Hay algo antes. Algo que no debemos dar por descontado y que nos involucra a cada paraguayo. Se trata, creo, del abandono de nuestras “certezas existenciales”, de nuestra fe y de nuestros valores. No hay una propuesta verdadera, humana, integral, culturalmente viable que nos permita a todos respirar la libertad y la belleza de nuestra dignidad humana. Si el EPP se instaló es porque encontró la casa desolada.
Claro, no podemos desligar del problema las enormes desigualdades en la distribución de las riquezas del Paraguay; pero, si en nuestro análisis, no vamos como Havel hasta un poco más allá de esa interpretación materialista, a lo sumo solo pondremos curitas a un tumor maligno de falta de sentido que crece entre nosotros y que hace metástasis de diferentes formas en todo el cuerpo social.
En el fondo es un problema educativo y antropológico que las familias paraguayas no podemos delegar solo a los gobernantes de turno, ni estos a los “expertos”. Para desalentar la violencia, debemos partir de lo que sí tenemos en herencia, de lo que sí nos define y nos une como pueblo. Este es el desafío.
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Rambo no existe
Apenas 24 horas antes de ejecutar uno de los operativos antidroga más exitosos en muchos años, Luis Rojas, titular de la Senad, me decía en la radio que para tener resultados en este tipo de combates se requiere de un 90 por ciento de trabajo de inteligencia, un cinco por ciento de logística y solo un cinco por ciento de la acción operativa propiamente.
Por si alguien tuviera dudas acerca de la efectividad de su fórmula de trabajo, al día siguiente de hacer estas declaraciones, la Senad asestó un golpe de 200 millones de dólares a los narcos; en dos operativos relámpago cayeron 1.800 kilos de cocaína, mercadería que se vende en Europa a un promedio de 100 dólares el gramo.
En aquella charla, Rojas aportó algo más. Esta misma fórmula, dijo, es la que se necesita para combatir con éxito al EPP.
Ni rastrillaje con tropas ni helicópteros con detectores de calor ni misiles en la selva; un trabajo de inteligencia, esa es la clave.
Repasemos la composición de Rojas. Inteligencia es la capacidad de recabar información sobre el potencial “enemigo” y convertirla en conocimiento estratégico. ¿Quiénes son?, ¿dónde operan?, ¿cómo operan?, ¿cuáles son sus motivaciones?, ¿quiénes son sus cómplices?, ¿son cómplices convencidos, comprados o forzados por miedo a colaborar?
De la calidad y cantidad de información obtenida depende el 90 por ciento de la posibilidad de éxito de cualquier operativo. Obviamente, no es un trabajo que se pueda hacer con plazos establecidos en un calendario. Es una actividad que lleva tiempo, mucho tiempo. Infiltrados, espías, informantes, eso que hacen todos los gobiernos del planeta y que escandalizan hipócritamente a todos esos gobiernos cuando algún Wikileaks lo revela.
Vamos al otro cinco por ciento. La logística está dada por los medios y los métodos necesarios para llevar adelante un operativo. Es saber con precisión qué hacer, cómo hacerlo y tener las herramientas requeridas para ello. Saber cuándo y cómo actuar depende, obviamente, de haber realizado bien la primera parte, la de la recolección y procesamiento de datos sobre el potencial blanco; poder actuar eficientemente supone tener los elementos necesarios para hacerlo; esto es recursos humanos, armas y tecnología.
El último cinco por ciento es la acción operativa propiamente. El ataque al campamento, la detención de los miembros de la organización, la neutralización de su logística, de quiénes les proveen de alimentos y armas.
Dibujar este escenario es importante para no generar falsas expectativas. Las facilidades que le ha otorgado el Congreso al presidente permitiéndole echar mano a las FFAA sin declarar un estado de excepción supone básicamente reforzar el 10 por ciento de la ecuación. Hay más recursos humanos y bélicos disponibles y mayor capacidad de fuerza en una acción operativa.
Y punto. No hay más información ni la habrá de manera inmediata.
No hay, pues, que fantasear con resultados mágicos. Las FFAA no irán a exterminar mañana al EPP, no bombardearán su cuartel general ni ocuparán su área de influencia.
Para ser realistas en nuestras expectativas conviene repasar más a menudo la experiencia de peruanos y colombianos, y ver menos películas de Rambo.
Luis Bareiro
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El origen del mal
En 1971, 24 personas, reclutadas con la promesa de una paga, fueron encerradas en el sótano de una prestigiosa universidad americana.
El conjunto, compuesto en su totalidad por jóvenes blancos, de clase media y universitarios, fue dividido aleatoriamente en dos grupos. 12 fueron encerrados como presos comunes, luego de ser detenidos y fichados, como cualquier detenido. Los otros 12 fungían de carceleros y podían ausentarse del sitio. La mayoría de ellos se quedaron todo el tiempo en la “cárcel”, seducidos por su condición de privilegio.
Estaba planeado que el experimento durase 15 días. Tuvo que suspenderse a los seis días por la extrema crueldad de los guardias y por la alienación y el padecimiento de los detenidos. La intervención de una mujer, ajena al grupo involucrado en la pesquisa y que tenía como responsabilidad verificar el desarrollo del estudio, fue vital para la suspensión del experimento, ya que ella tuvo que denunciar la dramática pérdida de moralidad que se estaba registrando.
El responsable del trabajo fue el reputado psicólogo Philip Zimbardo. Su investigación pasó a conocerse como El experimento de la cárcel de Stanford, generando una importante repercusión, provocando grandes dosis de cuestionamientos y otras tantas de certezas.
En diálogo con la revista brasileña Veja, Zimbardo cita a Freud y dice que el mal tiene sus raíces en la propia naturaleza de la mente humana, y que todos, sin excepción, cargamos con un componente que incita a la maldad.
Subraya que, sometidos a presión, los humanos desatan su maldad sin mayores contratiempos. Además, destaca que el ser humano posee una capacidad infinita para justificar sus acciones.
Zimbardo afirma que todos los estudios indican que apenas un 10% de las personas son absolutamente inmunes a la maldad. Paralelamente, hay un 1% de los humanos que son violentos con plena conciencia, sin vergüenza y con un desprecio hacia el dolor ajeno: son los psicópatas.
El psicólogo puntualiza, sin embargo, que hay una sola vacuna contra el mal: “El ejercicio permanente de la autocrítica”.
Y es precisamente ella la que está faltando en el Paraguay, con relación al EPP. La derecha se limita, a su mejor estilo, a fomentar la represión, abriendo una peligrosa posibilidad de fisura democrática al permitir el uso casi discrecional de las FFAA en conflictos internos. La izquierda, por su parte, que por su naturaleza debía ser la más autocrítica, coquetea y justifica, por acción y omisión, a una nucleación anacrónica y asesina que contamina la justa lucha social.
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26 DE AGOSTO DE 2013
El EPP es una gran interrogante: Desde Catatumbo a Tacuati
José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)
Sin enfrentamientos armados con el ejército, sin documentación que explique a la ciudadanía sus fundamentos ideológicos y objetivos, sin que nadie responsablemente pueda ofrecer datos concretos de sus fuentes de financiación, hace década y media que la derecha política y empresarial paraguaya, mediante los medios de comunicación afines, sostiene que el enemigo público número uno es el Ejército del Pueblo (EPP).
Esa sigla comenzó a sonar hace años luego que algunos militantes periféricos del Movimiento Patria Libre, desbaratado tras el secuestro por los servicios secretos de su líder Juan Arrom, una vez caídos en manos de la policía, se declaraban, voluntariamente o no, revolucionarios, incluso en exceso. Hay mujeres y hombres presos desde entonces y en muy malas condiciones de detención.
Tras la nebulosa inicial, y al comenzar a producirse algunos secuestros de hacendados y la muerte de algún policía o civil, todo el arsenal derechista se ha volcado a colgarle al EPP la autoría, sin ninguna prolijidad para presentar pruebas verificables hasta el día de hoy, lo cual abrió las puertas a la hipótesis de que toda la historia de la tan mentada guerrilla podría tratarse simplemente del accionar de una organización criminal montada en el mundo del narcotráfico y el acaparamiento de tierras, con el objetivo de recaudar dinero y desestabilizar políticamente el país, dando razón a la intervención extranjera, es decir, de Estados Unidos.
Con la asunción del empresario Horacio Cartes a la presidencia este 15 de agosto, de nuevo arrecia la campaña contra esa presunta organización, tras el asesinato, a sólo dos días de asumir, de cuatro agentes de seguridad privada y de un policía en una estancia de un ciudadano brasileño en el nororiental Departamento de San Pedro. Tres días antes, había sido acribillado el dirigente campesino Lorenzo Aquino.
La respuesta inmediata del nuevo Ministro del Interior, Francisco de Vargas, director del servicio antidrogas hasta unos días antes de ser designado, fue la de pedir ayuda militar a Estados Unidos, lo cual ha generado particular inquietud entre sectores sociales, pues ya existe preocupación por la creciente injerencia de esa potencia en los asuntos internos de Paraguay, con el agravante de que su accionar cuenta con agentes contrainsurgencia de Colombia y, contratados por Cartes desde hace unos meses, expertos de Israel contra el terrorismo.
Cualquier persona que se guíe por el más elemental sentido común, no puede quedar satisfecha con la versión, fundamentalmente mediático, de que el EPP existe como grupo insurgente, siendo que en el balance de los años de su presunta vida, no se registra ninguna acción netamente revolucionaria y, por el contrario es, desde siempre, un pretexto muy rentable para la represión de las organizaciones campesinas y las 250 mil familias de labriegos convertidos en parias.
A juicio del Ingeniero Miguel Lovera, exPresidente del Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y Calidad de Semillas (SENAVE), con rango de Ministro durante el gobierno de Fernando Lugo, y convertido en enemigo mayor de las corporaciones transnacionales del agronegocio, “aquí se está aplicando el mismo libreto del Catatumbo colombiano, que están bajando al Tacuatí paraguayo”.
Criminalizar las luchas campesinas, eliminación selectiva de dirigentes, intimidación de la población en general, despoblar áreas rurales para asegurarle más espacio a los latifundios, donde se cometen ilícitos de toda índole, militarización del territorio y, la guinda de la torta, la intervención de agentes extranjeros contra el terrorismo y el narcotráfico, expertos de tres países donde esos flagelos florecen, afirmó.
En Paraguay menos del tres por ciento de la población ocupa el 85 por ciento de la mejor tierra de los 400 mil kilómetros cuadrados de la geografía nacional, en la más desigual tenencia de toda Suramérica, con latifundios de un millón de hectáreas, y con unas ocho millones ocupadas ilegítimamente, pues son tierras fiscales destinadas por la ley a la reforma agraria, viejo anhelo burlado por los gobiernos que se han sucedido desde 1936 hasta hoy.
Desde que se anuncia la existencia del EPP, calificada por gobernantes, otros altos funcionarios estatales, entre los 270 mil burócratas funcionales al Partido Colorado y a su asociado de facto el Partido Liberal, por casi todos los 125 parlamentarios, por el Ministerio Público, con sus fiscales y jueces, y por la platocracia gremial, de ganaderos y sojeros, todos los males del país son generados por esa terrible organización guerrillera.
Nadie muestra pruebas de la existencia del EPP y, evidentemente no es por razones tácticas que los aparatos represivos se guardan la información, pero de inmediato se caratula como otra acción criminal de los subversivos a cada secuestro de hacendado o ataque a algún policía o a alguna comisaría en cualquier sitio del país, en particular en los departamentos del noreste, territorio ocupado por la mafia del tráfico de drogas, seres humanos, maquinaria, vehículos, tabaco, cigarrillos, madera en bruto. Abundan signos que también permiten presumir ajustes de cuentas entre capos mafiosos.
Verdaderamente podría inspirar varios relatos a Kafka el mecanismo vociferante que condena de antemano como criminales a una serie de campesinos que, en la mayor parte de los secuestros de personas, algunas asesinadas cruelmente, han demostrado que, en el momento del acto, estaban muy lejos del lugar.
El Fiscal Jalil Rachid, quien mantiene en prisión desde hace 14 meses a una docena de campesinos a quienes acusa de responsabilidad en la masacre de Curuguaty (hoy ciudad, pero una selva cuando Artigas vivió ahí 25 años), acaecida el 15 de junio del año pasado, que fue el pretexto confirmado para dar el Golpe de Estado contra el gobierno progresista de Lugo a la semana siguiente.
Once labriegos, cifra oficial, pero mayor según familiares, y cinco policías murieron ese día en una emboscada en el paraje de Marina Cué, mil 800 hectáreas ocupadas ilegalmente desde hace cuatro décadas por la familia Riquelme, una de las más acaudaladas del país, integrando la cúpula hedionda del Partido Colorado.
Mujeres de todas las edades, sus compañeros y sus hijos, hartos de pasar hambre al costado de los campos desbordados de comida, habían penetrado en esa propiedad, habilitados por documentos oficiales que la constatan estatal, con el propósito de instalarse en una parcela y comenzar a producir su alimentación.
Un contingente de 300 policías los cercaron, y cuando un comisario se adelantó con unos agentes para negociar con un grupo de ocupantes que venían a su encuentro, fueron acribillados desde el monte y, según testimonios aportados a la defensa de las víctimas, también disparaban desde un helicóptero. Los calibres utilizados no pertenecerían a ningún campesino y los muertos fueron sepultados sin que, hasta hoy, se pueda extraer las balas a la mitad de ellos, por falta de recursos económicos de la gente solidarizada, impotentes frente a los altos costos de la investigación.
La fiscalía debería hacerlo en el supuesto que se interesara en esclarecer los hechos, pero Jalil Rachid, sostiene que es deber de los presos políticos demostrar su inocencia. Va en la misma línea que buena parte del gobierno de Cartes, entre los que destaca en mediocridad su nuevo Ministro de Defensa General, destituido por Lugo, Soto Estigarribia, para quien el país, gracias al Partido Colorado está muy bien, “con apenas un millón y pocos de pobres extremos”. La población total suma 6.5 millones, con más de un millón de emigrantes económicos.
En su opinión, Lugo fue derrocado “en un Juicio Político que hubo que hacerlo rápido porque existía posibilidad de movilización de masas”, además que “formó parte de una conspiración continental del S. XXI, que es el comunismo del S. XIX, que busca volver pobre a toda la sociedad, y es enemigo de la democracia. Otro que le sigue de cerca es el exMinistro del Interior Nelson Alcides Mora, partidario de reflotar la Guerra Fria para frenar el comunismo.
Esos exabruptos están resurgiendo con fuerza con el retorno colorado al gobierno, que va de la mano de una intensa utilización del EPP, sigla a la cual la policía le atribuye 20 muertos, entre civiles y policías, desde que comenzó su difusión, sin ninguna prueba seria, frente a más de 130 campesinos asesinados, sin contar los que mueren por hambre. Claro que, en la fuente inspiradora que es Estados Unidos, la relación entre víctimas y victimarios, va mucho más lejos y habría que comparar uno cada seis en Paraguay por uno cada 250 mil en Irak y Afganistán.
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Nuestros derechos humanos de cada día
No creemos errar si afirmamos que el pedido de un diputado “liberal” (Édgar Ortiz) de dejar de lado los derechos humanos (DDHH), responde al deseo de muchos paraguayos. Esta semana fue pródiga en debates a partir de la reforma de la ley que ahora da poder discrecional al Ejecutivo para intervenir militarmente no solamente cualquier zona del país, sino cualquier situación que se le antoje peligrosa. A partir de tal deseo y afirmaciones del mismo talante, podemos inferir que tales compatriotas tienen una idea muy limitada o sesgada de lo que son tales derechos.
Hay una infinidad de acciones que desarrollamos todos los días y que están garantizadas gracias a que los DDHH son reconocidos por el Estado paraguayo. Las seis décadas de su promulgación no significaron su inmediata aplicación en todo el mundo, sino que hubo y sigue habiendo una denodada lucha por su aceptación, implementación y, más que nada, su internalización en la conciencia de los ciudadanos. Por supuesto, no estamos contando los siglos de lucha que la humanidad ha dedicado a defenderse de la opresión, explotación del hombre por el hombre y otras miserias que los seres humanos nos hacemos a nosotros mismos.
Que nuestros hijos puedan estudiar o acceder a cierta atención en salud; que nosotros, los padres, podamos pedir trabajo digno; que la prensa pueda decir lo que dice, que podamos exigir información de las decisiones del Estado, que cada uno pueda ejercer el sufragio universal, entre decenas de otros ejemplos, son todas consecuencias de los DDHH. Derechos que son fruto de una larga lucha en la que el liberalismo ha sido una doctrina central.
Lo que intentamos decir es que el desprecio hacia los DDHH revela una profunda ignorancia, no solo en el sentido de conocer lo que significan para la dignificación de la gente, sino en su conveniencia práctica para la mayoría. Sabemos que a diputados como Édgar Ortiz su atávica brutalidad les impide entender tales cuestiones; pero no creemos que esto se aplique a toda la población que se siente representada por él.
Acusar a los defensores de los DDHH de apañar crímenes es una falacia, que lo único que logra es desviar la atención hacia el problema principal. Decir que no se defienden los DDHH de las víctimas del EPP y que, sin embargo, hay mayor preocupación por cuidar los de tal banda delictiva, es una tergiversación malintencionada.
Los Estados que han aprendido a respetar los DDHH, lo hicieron gracias a la presión de sus ciudadanos y a un largo aprendizaje de lo convenientes que son. El Paraguay, históricamente, se ha destacado por pisotearlos; de ahí que para lo poco que hemos avanzado en tal materia, veamos como un retroceso lo que ha sucedido la semana pasada.
http://www.ultimahora.com/nuestros-derechos-humanos-cada-dia-n716497.html
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La guerra de Cartes
El presidente Horacio Cartes estuvo días pasados en la zona de Concepción. La visita del mandatario fue tomada como una muestra del respaldo a los militares desplazados hacia esa región para el combate al grupo delictivo autodenominado EPP. Durante su estadía, el presidente compartió con pobladores y autoridades y apuntó claramente que su administración no declaró la guerra hacia un determinado grupo, sino que el combate va a ser contra la ausencia del Estado.
Otros de los aspectos señalados por el presidente durante su visita fue que es el momento de la acción y ya no del discurso. Es casi la misma frase que había utilizado en su alocución cuando asumió el cargo y que había recibido la aprobación de diferentes sectores. Ambas expresiones pronunciadas por el presidente Cartes demuestran que tiene una muy clara idea de la situación por la que atraviesa el país. Hay un hastío generalizado de los discursos. La sociedad paraguaya está desencantada y cansada de los políticos que prometen y pronuncian discursos rimbombantes, pero mientras tanto la sociedad sigue con los mismos males de siempre. Este es el momento en que la sociedad paraguaya ya no quiere escuchar discursos, quiere hechos concretos, quiere ver resultados.
En cuanto a lo primero, es decir el combate a la ausencia del Estado, Cartes puso la mano en el punto que hace años le duele a los departamentos de Concepción y San Pedro. Las dos regiones que fueron históricamente postergadas y aisladas intencionalmente por el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner. En la transición democrática la situación de los compatriotas que habitan ambos departamentos tampoco ha mejorado, los sucesivos gobiernos de colorados, liberales y de la misma izquierda como el caso de Fernando Lugo tampoco contribuyeron a cambiar la suerte de los pobladores.
Coincidentemente durante su visita, los pedidos de los pobladores fueron los mismos de hace años, mejores caminos, escuelas, puestos de salud y asistencia a los productores. Son cuestiones tan básicas para el desarrollo de una sociedad, pero que a pesar de los reiterados reclamos nunca llegaron a San Pedro y Concepción.
Los niveles de pobreza y abandono en ambos departamentos son alarmantes. Existen varias comunidades que todavía permanecen aisladas por la falta de camino. Los hospitales de la región se desenvuelven en la más absoluta precariedad, al igual que las escuelas. Este es el caldo de cultivo propicio que aprovechan los integrantes de la banda de criminales con ropaje ideológico denominada EPP, para erigirse en salvadores de los más desprotegidos.
Es precisamente ese abandono de Estado en esas regiones lo que permite que los grupos de delincuentes de toda laya se enseñoreen y mantengan sometidos al terror y al miedo a nuestros compatriotas. Es evidente que el presidente Cartes tiene noción clara de lo que se precisa en estos momentos para sacar adelante a las regiones olvidadas y terminar con los bandidos que pretenden someter a la población en base al terror. Es de esperar entonces, que realmente de una vez por todas entremos en la fase de la acción y de los resultados. – See more at: http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/8220-la-guerra-de-cartes#sthash.FXJd3PBA.dpuf
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EPP y derechos humanos
Por Fernando Boccia –
El asesinato de cinco paraguayos por parte del mal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ha puesto nuevamente en debate el concepto de los derechos humanos. El debate de cómo las autoridades deben encarar el problema dio paso a declaraciones tan absurdas como atemorizantes en distintos ámbitos.
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La perlita la dio el diputado Édgar Ortiz, al decir que “tenemos que pensar en retirarnos del tema de derechos humanos, por lo menos hasta que termine este grupo subversivo”. Con mucha más moderación se refirió al problema el ex ministro del Interior, Nelson Mora. Este doctor en Derecho sostuvo en un programa televisivo que se debe tener cuidado en no ser muy “garantista” en la lucha al EPP, ya que el grupo criminal no respeta ni a las autoridades ni a la Constitución Nacional.
Por un lado, hay una declaración de un diputado que nos muestra quiénes dictan las leyes que tenemos que cumplir. ¿Sabía a qué se refería el congresista cuando habló de los derechos humanos?
¿Cuál es el caldo de cultivo que hoy permite al EPP reclutar cada vez más miembros y así ampliar su zona de acción? La pobreza, la falta de educación, de trabajo, de salud. La ausencia del Estado, en definitiva. Violaciones de derechos humanos que desde hace años sufren los pobladores de los distritos más carenciados de San Pedro y Concepción.
Los derechos humanos, o mejor dicho la sistemática violación de ellos por parte de las autoridades de turno, están profundamente ligados a la problemática del EPP. En consecuencia, una solución efectiva solo se puede dar si el Estado asegura la vigencia de los derechos básicos a todos los concepcioneros y sampedranos. Los militares y policías podrán detener a todos los integrantes de esta banda terrorista y anacrónica, pero el problema de fondo permanecerá intacto si no se ataca a la pobreza en estos departamentos.
Por otro lado está la disyun- tiva que varios sectores plantean: o la Justicia es garantista o es firme contra el terrorismo. En realidad estos conceptos no tienen por qué excluirse mutuamente. El Estado tiene que detener y condenar a los responsables de tantas muertes y secuestros, a través de los mecanismos legales existentes, porque todos, hasta los delincuentes más crueles, tienen derechos procesales. Si nos olvidamos de eso, nos rebajamos al mismo nivel de aquellos a los que consideramos terroristas.
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El terrorismo político en Paraguay
Por Víctor L. Romero, MD (*)
Necesitamos estar conscientes del mundo actual en que vivimos y de los peligros y amenazas que representa el terrorismo en sí, y más todavía si se asocia al narcotráfico en el Paraguay.
El terrorismo es la peor forma de violencia premeditada, ejecutada, o con amenazas de ser ejecutadas por grupos clandestinos, cuya motivación es política. Es la práctica más despreciable de actos criminales contra gente no-combatiente y es utilizada a menudo como símbolo para influenciar a una audiencia, mucho más allá de las víctimas inmediatas.
Por otro lado, el tráfico ilegal de drogas (narcotráfico) es un mercado negro global, dedicado al cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilícitas. Los países que producen y por donde transitan estas drogas son los más perjudicados, social y económicamente por este negocio. Basta citar a Honduras, por donde pasa el 75% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos y tiene el más alto porcentaje de asesinatos en el mundo.
Para entender el terrorismo político en el Paraguay, es necesario recordar que el final de la guerra fría había marcado el término de 60 años de lucha titánica contra el fascismo, el comunismo y el marxismo en el mundo. Cuando cayó el muro de Berlín a fines de 1989 y se arrió la bandera de la Unión Soviética para la Navidad de 1991, muchos creyeron que la historia de las luchas ideológicas había llegado a su fin y que el capitalismo se expandiría por el mundo sin oposición alguna. Sin embargo, estaban equivocados en su apreciación; tal como lo comprobaríamos más tarde.
El capitalismo, una vez mundializado en la década de los 90, creó gran expectativa, pero desafortunadamente produjo dificultades sociales, que fueron en aumento con el correr de los años, debido a la serie de deficiencias en la distribución desproporcionada de los beneficios. La insatisfacción de muchos fue convirtiéndose en un excelente caldo de cultivo para la aparición en el Paraguay de un tipo de terrorismo político llamado Social Revolucionario o terrorismo de izquierda; con la autodenominación de EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).
En el presente, este grupo radicalizado busca el derrumbamiento del capitalismo mundializado y del ordenamiento social vigente en el país. Sus raíces ideológicas están basadas en los movimientos anarquistas de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
Es importante comprender (tal como lo expresó Lenin en aquel tiempo) que: “el propósito del terrorismo es aterrorizar”. Por eso, las acciones de terrorismo político perpetradas por el EPP, estén o no asociadas al narcotráfico, deben ser consideradas antes que nada como una guerra psicológica, para cuyo éxito necesitan contar con los medios de comunicación. Sin estos medios, actualmente no existe terrorismo político efectivo. Debemos entender que los crímenes brutales realizados por el EPP están destinados a influenciar en la población paraguaya y sus gobernantes. El quitar vidas humanas como lo hicieron hace unos pocos días, con tiros certeros a la cabeza como “ajusticiamientos”, constituye el peor crimen contra los derechos humanos, pero en el fondo, es un método utilizado para aterrorizar a la población. El propósito, además de amedrentar a la población, es debilitar y destruir al mismo Estado paraguayo.
Estos actos han sacudido al Paraguay de su etapa de la inocencia, donde se creía que la libertad y la democracia prevalecerían siempre y serían suficientes para vivir en paz, sin que nadie se opusiera. Pero con la aparición de esta organización terrorista, radicalizada ideológicamente, se despertó a la realidad de que las luchas ideológicas no habían terminado en el mundo como muchos pensaron.
Ahora el Paraguay tiene a un enemigo mucho más formidable que aparece como sucesor ideológico del fascismo, el comunismo y el marxismo. La diferencia está en que es mucho más implacable y tiene un profundo convencimiento y decisión para destruir a quienes se opongan a sus propósitos. Pero por sobre todas las cosas, no actúa racionalmente, vive para matar o morir y no le importa para nada la autopreservación; lo que demuestra un total desprecio y desapego a la vida. Por eso no será fácil combatirlos; y menos todavía si se asocian al narcotráfico. Desde luego, es más fácil combatir a un enemigo con cierta racionalidad y con deseos de autopreservarse. Lo único en que se equivocaron fue en la reacción del pueblo paraguayo, el Estado paraguayo, y su presente gobierno; quienes ahora están absolutamente decididos a no someterse al terrorismo y al narcotráfico. Para ese propósito, ya ha iniciado la modificación de leyes y estrategias, de manera a dar una mejor respuesta para la defensa contra quienes han amenazado y declarado la guerra al Estado paraguayo.
Bien sabemos que los recursos tecnológicos y económicos no serán suficientes para enfrentar a este enemigo si el Estado paraguayo y el Gobierno no cuentan con una población que les apoya y con unas Fuerzas Armadas profundamente convencidas e incorruptibles para defender a la patria ante esta terrible amenaza.
(*) Médico especialista diplomado del Consejo Americano de Psiquiatría y Neurología.
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Cháke Kuku Lelé
POR RUBEN AYALA ⋅
Hoy, recordé esto al escuchar hasta el hartazgo en cuantos medios de comunicación haya en nuestro país del “terrible peligro”, de la “conmoción”, por la que atraviesa el país por culpa del EPP.
De niño o niña, quién no habrá pasado por esta folclórica pero no menos “traumática” experiencia. Nuestros padres, fundamentalmente la madre -quien es siempre la que más acompaña todo nuestro proceso de vida-, usaba una estrategia persuasiva, aparentemente inocente, pero siempre con resultados fantásticos: -Si no comés, si no dormís, si no te bañás, si no hacés tus deberes… te va a venir Kuku Lelé… Culminando con un dramático tono artístico, merecedora del Óscar a la mejor actriz, “¡Cháke Kuku lelé!”.
El cháke kuku lelé resultaba una exitosa pedagogía preventiva que no sé en qué libro de sicología figuraba; pero el kuku lelé, ese personaje fantasmagórico a quien nunca nadie vio, causaba pánico, corridas y muchos insomnios en nuestra niñez, cumpliendo perfectamente con su cometido. Tener miedo y dejarnos someter totalmente a los mandos de nuestros padres.
Hoy, recordé esto al escuchar hasta el hartazgo en cuantos medios de comunicación haya en nuestro país del “terrible peligro”, de la “conmoción”, por la que atraviesa el país por culpa del EPP.
Es cierto, respecto al EPP de que existe algo existe, por las muertes que estamos dolorosamente presenciando. Pero quiénes, a título de qué, para qué, funcional a quién o quiénes y en qué dimensión o número realmente existe este grupo que hasta ahora más favor le hace al status quo que a una supuesta revolución queda en la nebulosa duda.
Por eso el Chake suena más a Kuku Lelé que un poderoso grupo guerrillero terrorista que dejó en ridículo a toda la fuerza policial y fiscal que no logró contener su fuerza y estrategia de poner en vilo a todo un país, y que en cualquier momento llegará con sus 25.000 o quién sabe si no son 50.000 milicianos a copar nuestras ciudades.
El Cháke el EPP fue tan fuerte en estos días que se reunieron los siempre bravos e iluminados parlamentarios y dispusieron que el presidente de la República disponga a su antojo de los militares, preparados profesionalmente para la guerra, para salir a combatir al EPP que está “causando pánico” en la población.
Así pues, a partir de ahora, las casas, baños, letrinas, baúles, roperos, autos, motos, bolsos, bolsones, mochilas y hasta los más íntimos y pudorosos enseres de los hogares y personas del norte (y quien dice muy pronto del sur, este, oeste y centro) serán revisados minuciosamente por militares con cara efectivamente de kuku lelé, con metralleta y tanque apuntando y haciendo sentir culpable incluso al que ese día decidió no tomar la sopa.
Entonces, el miedo se apoderará de nosotros, nos paralizará y nos hará entrar en nuestras casas, cerrar puertas y ventanas, mirando pasar la vida por alguna rendija. Y el cháke kuku lelé o EPP nos impedirá de ahora en más hacer nuestros berrinches de niños maleducados protestando por el cultivo extensivo de soja que nos deja sin tierra y sin alimentos, pero gordos a los chanchos de china y a los nuestros por los dólares en sus bolsillos o bancos. Ya no más protestas antojadizas contra los agrotóxicos que nos están matando, pero que, eso sí, deja a las semillas sanas y salvas. Ya no más escenas de nuestro infantil llanto por la presencia, con alfombra roja, de Monsanto en nuestro país que finalmente dominará los alimentos del mundo con sus transgénicos. No más zapateo impertinente por el río turbio del Río Tinto Alcan que pretende quitarnos no sólo nuestra energía sino hasta el oxigeno que respiramos. Y así sucesivamente el cháke nos hará dormir una eterna siesta.
Porque está comprobado, el cháke, paraliza, aísla y hace dormir o vivir en la oscuridad del insomnio y el sálvense quien pueda.
Mientras, los que inventaron el cuento del kuku lelé festejarán el éxito obtenido y quedarán satisfechos y pletóricos de gloria y de ganancia por el orden establecido y el servicio a la patria; y, quién sabe, con una condecoración en el cuello de la “Orden Nacional del Mérito”, en grado de “Collar Mariscal Francisco Solano López”. Aunque más no sea una autocondecoración por un simple y llano “Cháke Kuku lelé”.
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Los derechos y los izquierdos humanos
En estos días estamos asistiendo al peligroso rebrote de la intolerancia y la persecución por ideas y principios. Esta situación genera un preocupante imaginario en donde todo aquel que piense distinto al stablishment está bajo sospecha, sin derecho a la presunción de inocencia.
Yo, criminal. Tú, criminal. Él, criminal. Nosotros, criminales. Vosotros, criminales. Ellos, criminales.
Esta pareciera ser la consigna desde el poder central y la pléyade de personas que comulgan con lo más retrasado y troglodita del pensamiento político: Todo aquel diferente debe ser exterminado, no debe tener derecho a nada y está bien que sea reprimido y, si fuese posible, pulverizado. Recuerda a la entronización de la raza superior de Hitler, que terminó asesinando en la Alemania nazi a millones de personas de diversos grupos sociales por el simple hecho de ser distintos a lo que quería el Führer.
A tal punto llega el macartismo y la criminalización del reclamo, el pensamiento distinto y las denuncias sociales, que a la defensa de los DDHH la están asociando con una suerte de delito. Más allá del coro de aduladores que instalan el tema, el hecho es altamente grave cuando lo exponen altos representantes de los poderes del Estado.
Dos ejemplos mandaron al traste años de lucha, de trabajo y de desarrollo del derecho internacional en la materia. El diputado liberal Édgar Ortiz y la senadora colorada Mirtha Gusinky (ambos del pacto azulgrana) se pasaron.
El primero planteó que Paraguay abandone por 5 años todos los compromisos referidos a los DDHH para eliminar al mal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo.
La segunda, que prohijó la criminal dictadura stronista bajo cuyo régimen su familia se enriqueció, y que durante la matanza del Marzo Paraguayo entregó garrotes y azuzó a las hordas oviedistas al enfrentamiento, hoy acusa a la Codehupy de tener un concepto sectario de los DDHH. La misma que siendo presidenta de la Comisión de DDHH del Congreso no entiende que son los Estados y sus agentes los que violan esos derechos; y que si son personas particulares las que atentan contra otras, lo que se cometen son delitos penales (privados o públicos) que deben ser perseguidos por los órganos jurisdiccionales competentes. Es decir, esas no son violaciones a los DDHH, y lo dice el derecho internacional, no grupos o sectores.
Pensar distinto no es delito. Tener ideología no es delito. Criticar al poder no es delito. Ser diferente no es delito. Defender los DDHH no es delito. Delito es impedir que tales cosas tengan vigencia libre y democráticamente.
Los derechos y los izquierdos son humanos y como tales pasibles de derechos y libres de ejercerlos.
http://www.ultimahora.com/los-derechos-y-los-izquierdos-humanos-n717494.html
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30 DE AGOSTO DE 2013
Paraguay: ¿Aguantará el Ejército?
José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)
El militar paraguayo, como todos en esa profesión en el mundo, está formado para matar y morir, además de reprimir poblaciones en gran escala, obedeciendo siempre a la orden superior, pero carece de capacidad para desempeñar el papel de policía en el control de la seguridad pública, que le ha asignado el Presidente Horacio Cartes, en una decisión complicada, que nada bueno presagia para nadie.
Cientos de soldados y sus superiores, se están instalando desde hace una semana en tres departamentos del este-norte del país, desbordados por el narcotráfico y el contrabando múltiple, con la misión de terminar, no con esos males, sino con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un emblema llamado guerrilla revolucionaria por la prensa derechista, por el grueso del mundillo más cavernario del país, y por parte de la ciudadanía malinformada, sin que nadie pueda presentar pruebas contundentes acerca del carácter ideológico y los objetivos de tal organización, si es que ella existe.
Por el momento, la sigla EPP alimenta a los sectores más retrógrados del país alistados en la campaña mundial que dirige Estados Unidos contra toda manifestación individual y colectiva de contenido democrático, progresista, emancipador, empeñado en impedir la integración de gobiernos y pueblos para mejor someterlos, en asociación con las oligarquías vernáculas, las cuales, como siempre, utilizan a los uniformados como escudo, con el beneplácito de jerarcas movidos por cálculos mezquinos.
Cartes ordenó la sustitución de la policía por el ejército y el cambio se ha hecho sin ningún tipo de alteración institucional aparente, pero observando más a fondo es posible encontrar elementos disonantes, debido a que la cúpula del primer organismo se siente humillada y, aunque no lo pueda decir públicamente, considera que ese piso le pertenece por antigüedad y oficio, facultada mejor que nadie porque maneja un importante capital de vínculos muy estrechos y comprometidos con los cabecillas del narcotráfico y el contrabando de armas, vehículos, personas e infinidad de otras mercaderías. Numerosos oficiales han sido denunciados por asociación ilícita.
En cambio, la soldadesca, formada para otras misiones, llega sin experiencia a ese terreno, carente de la gimnasia necesaria y, aunque formalmente tenga la delantera en la decisión de las operaciones, siente sobre sí la presencia baquiana de la policía, cuya comandancia fue otorgada días atrás por Cartes al Comisario General Antonio Gamarra, hombre de oscuros antecedentes en la institución, en la que lleva muchos años, y quien difícilmente aceptará subordinarse a un oficial castrense, ni éste a él.
Además de esa contradicción que debilita la autonomía militar sobre el terreno, provocando malestar entre su oficialidad, otro problema que se presenta al Presidente es el riesgo de fracaso en la eliminación del EPP y en el cumplimiento de instalar un clima de seguridad para la población rural en sus diferentes componentes, en particular las familias marginadas, sin tierra, humilladas y hambreadas, y sin excluir al grueso de los influyentes productores que exigen tranquilidad para sus negocios.
La eventualidad del fracaso abre, entonces, la hipótesis de que si, a pocas semanas, se vislumbrara un descrédito para la jerarquía castrense, mayoría cercana a su jubilación y habituada a una existencia desactivada, nada garantiza que acepte continuar alejada del confort de sus cuarteles, aunque ello suene a insubordinación y pueda generar sobresaltos en el quehacer político nacional, al punto que hasta la juguetona figura del boomerang podría aparecer en un tiempo no muy lejano.
Cartes es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, pero hasta ahora no del Estado, a tal punto que el Fiscal General, Javier Díaz Verón, apunta que todo operativo que se ordene en esa zona en conflicto, deberá llevar la fiscalía al frente.
De ello se desprende una serie de interrogantes: ¿Los jefes militares estarían subordinados, a pesar de la decisión del parlamento y la autorización del Presidente?. ¿Aceptará esa situación el Ejército?. ¿El mandatario se vería forzado a negociar, incluso con los partidos políticos?. ¿Qué decisión tomarán los expertos norteamericanos, colombianos e israelíes que han sido contratados para combatir el narcotráfico y la guerrilla terrorista?. ¿Aceptarán el fracaso o intentarán intensificar la criminalización, reeditando las tiranías de hace tres décadas, sustentadas por Estados Unidos?.
La subjetividad que está en juego entre la mayoría del pueblo, quizás permanecerá en las próximas semanas en ese espacio semioscuro del sentir humano, velada por los movimientos inaugurales y muy mediatizados de la actividad internacional de Cartes, que comenzó este jueves con el viaje a Surinam para participar en la asamblea de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), a la que Paraguay retorna después de haber sido suspendido como socio del MERCOSUR, a consecuencia del Golpe de Estado del 22 de junio del 2012, contra el gobierno democrático de Fernando Lugo.
Pensada o no, decidida a ex profeso o no, la agenda presidencial, que enumera varios desplazamientos al extranjero para septiembre, podría cumplir la tarea de distraer o disminuir la presión de los conflictos internos, del gremio docente, movilizado desde hace dos meses, el de salud y del campesinado cada día más empobrecido y ahora reprimido en los primeros actos de una peligrosa escalada contra las ideas socialistas y de solidaridad bolivariana, cuyo fin es atemorizar a los luchadores sociales bajo el pretexto del terrorismo que encarnaría el EPP, aunque éste podría ser solo un instrumento de las mafias fronterizas, en un juego macabro de los superpoderes.
Cartes, ante la acefalia política nacional, y vista su temeridad, nada sorprendería que, además del título de empresario y Presidente de Gobierno, quiera subir otro escalón y graduarse de Tendotá, o Jefe de Estado Todopoderoso, al estilo de su admirado General Alfredo Stroessner, empujando un plan cuya aplicación lo llevaría a ignorar el carácter parlamentarista de la Constitución vigente y las potestades de varias instituciones del poder republicano.
Ese anhelo, que traslucen algunas medidas tomadas en sus primeros días de mandato, asumido el jueves 15, junto a varios enunciados de impopulares intenciones, está tomando cuerpo y alimenta diversas hipótesis acerca del desarrollo práctico que podría protagonizar en los cinco años del mandato por el cual fue electo el pasado 21 de abril, en representación del Partido Colorado. Claro, no se excluyen imprevistos.
Acostumbrado a los riesgos, incursionando desde muy joven en actividades complicadas, que años atrás lo llevaron a banquillos de tribunales de investigación de delitos económicos en su país y en Brasil, Cartes ha tenido, escrúpulos aparte, la habilidad de convertir esos tropiezos en una escuela y hoy goza de las mieles de esos triunfos misteriosos y asombrosos que permiten que una minoría de personas, en el mundo, acumulen fortunas inmensas en cortos periodos de su vida.
Empeño, audacia y temeridad, sin dudas, para llegar a conducir con rentabilidad a más de veinte empresas bancarias, agropecuarias, de bebidas, etc, éxito que parece haber convencido a Cartes de que nació predestinado para ascender constantemente en todo emprendimiento, como el de gerenciar fácilmente un país con 6 a 7 millones de habitantes, más de un millón emigrado, con la más desigual tenencia de la tierra de Suramérica, y con el 40 por ciento de la población en la pobreza y la mitad en la miseria total, alto analfabetismo e importante porcentaje de mortalidad infantil.
Frente a esa penosa realidad, Cartes ha llegado a su nueva función sin presentar a la ciudadanía ningún proyecto alentador en la corrección de esos males sociales y, más bien, transita por el viejo método de respaldarse en los aparatos represivos y en el tejido corrupto de la partidocracia, huérfana de la creatividad e innovación estructural que el país reclama a gritos, y de un parlamento venal e inepto, dando espalda a la contribución que podría aportar el pueblo en ideas e iniciativas de progreso.
A Cartes no se le conoce ninguna iniciativa para reordenar las funciones y el personal del paquidérmico Estado, quizás porque es el mayor empleador del país y la principal clientela electoral, consecuencia del prebendarismo sistémico de los Partidos Colorado y Liberal, con 270 mil personas en planillas, que cuestan 250 millones de dólares por mes en salario, aunque la mayoría no sirve a la sociedad sino a los grupos de poder financiero, donde se superponen las instituciones públicas y su ineficacia.
Sin embargo, redireccionarlo no sería muy difícil para un buen administrador, dado los enormes recursos naturales que posee en sus 400 mil kilómetros cuadrados de superficie, poco poblado, con buena tierra, agua dulce abundante y variedad de metales, y que produce gran cantidad de alimentos para la exportación, en particular soja y carne, con una deuda externa para nada asfixiante y el doble de reservas en divisas, aunque la FAO denuncie que hay un millón y cuarto de niños desnutridos.
Paraguay es difícil de explicar racional y culturalmente porque el origen del grueso de su población multilingüe arrastra desde hace más de un siglo el complejo no asumido de tener origen indígena, raíz despreciada permanentemente por la creciente y alienada clase media y la oligarquía inculta, dificultando una definición rigurosa del ser nacional, cuya construcción viene siendo obstaculizada desde la destrucción de la República Soberana, en 1870, y que sólo la movilización consciente y organizada de su pueblo podrá recuperar, para garantizar el bienestar, la independencia y la integración.
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El Estado debe garantizar una sostenida presencia en el Norte
“Nuestra obsesión es ganar cada batalla de la guerra que hoy declaramos a la pobreza en el Paraguay”, proclamó el presidente Horacio Cartes el día de su investidura. Si existe un lugar donde esa batalla debe ser librada en estos momentos de manera particularmente enfática, es en el Norte del país. Es perentorio que el Estado se haga allí presente de manera sostenida, a fin de reducir sustantivamente el abandono en que esa región se encuentra sumida desde épocas remotas. Esta será la mejor forma de propiciar el desarrollo y conquistar una paz que ha venido siendo alterada, desde hace años, por el accionar violento del EPP.
En este sentido, no alcanza con que el Poder Ejecutivo, a través de las facultades que le viene de otorgar la recientemente modificada Ley de Defensa, envíe efectivos militares a la zona de acción e influencia del EPP; es menester que asegure una presencia más efectiva y, sobre todo, sostenida del Estado en aquella región de la República.
Esa presencia se logrará, en primer lugar —no es un secreto para nadie—, mediante la multiplicación de oportunidades, principalmente en el orden laboral, impulsando la creación de fuentes de trabajo que les permitan a los ciudadanos de los departamentos de San Pedro y Concepción ganarse su sustento propio y el de sus respectivas familias, en un marco de dignidad y promoción humanas.
Para ello se requiere, entre otras cosas, promover una reforma agraria amplia, no solo en términos de una distribución más equitativa de la tierra, sino de facilidades crediticias, capacitación permanente y acceso a la tecnología, que permitan a los campesinos enfrentar en situación ventajosa los desafíos que plantea la producción rural en el tiempo presente.
De manera simultánea, es menester avanzar con determinación y planes concretos en lo atinente a las obras de infraestructura vial. Es sabido que muchos productores de aquellas zonas del país no tienen forma de comerciar debidamente los frutos de la tierra por la falta de caminos de todo tiempo, a fin de hacerlos llegar a los puntos de distribución y venta masivas.
Por último, es perentorio que los servicios públicos estén garantizados de manera permanente. Se deben impulsar planes específicos para promover la entrega de viviendas dignas, así como el acceso seguro a la salud y a la educación verdaderamente gratuitas. En este sentido, no alcanza con la mera inauguración protocolar de puestos sanitarios, sino que ellos deben estar dotados de los profesionales y de la tecnología necesarios para llegar de mejor forma y de manera más amplia a todos los habitantes de la región. Es hora de pensar, asimismo, en una mayor dotación de recursos para las gobernaciones y municipalidades de los departamentos mencionados, asegurándose de que esos recursos no sean manejados discrecionalmente por las autoridades locales, sino que sirvan para propiciar efectivamente el desarrollo económico y social de la región.
Como puede observarse, es mucho aún lo que debe hacerse para rescatar al Norte del Paraguay del olvido y del atraso. El inicio de la presente administración política del país es una ocasión más que favorable para impulsar medidas tendientes a asegurar que el Estado se haga presente en una región que hace mucho clama por él de manera desesperada.
http://www.ultimahora.com/el-estado-debe-garantizar-una-sostenida-presencia-el-norte-n717795.html
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Sobre la fuerza y la inteligencia
Por Rolando Niella
La decisión del Congreso Nacional, a pedido del Presidente de la República, de modificar la ley para poder usar las Fuerzas Armadas en el combate a los grupos armados, sin necesidad de declarar Estado de Excepción, como era de esperar, ha generado polémica. Creo que se trata de una polémica saludable.
El problema tiene, en mi opinión, dos aspectos muy diferentes a ser tenidos en cuenta. Por un lado hay que ser cuidadoso para que tal legislación no se convierta en una carta blanca para militarizar el país y solucionar por la fuerza problemas que pueden y deben ser atendidos por la razón y la negociación.
Si bien es cierto que no se pueden retacear recursos al Ejecutivo en temas tan graves de seguridad, no sería realista dejar de tener en cuenta que en nuestra historia el respeto democrático al estado de derecho es la excepción y las tendencias totalitarias la regla. Es necesario encontrar mecanismos legales para compatibilizar ambas realidades.
El otro aspecto es que el país mantiene un costoso ejército para un imaginario y poco probable conflicto internacional, cuando faltan recursos económicos, técnicos y personal para hacer frente a un conflicto muy real y que viene desde hace años sumando víctimas y poniendo en jaque la seguridad de amplias zonas del país, donde bandas de delincuentes armados hacen de las suyas con entera facilidad.
Ya lo comenté más de una vez, pero parece conveniente repetirlo: para enfrentar grupos armados, sean del tipo que sean, la fuerza es necesaria, pero no lo más importante que se pueda utilizar contra ellos. Lo verdaderamente decisivo es la eficiencia de la labor de inteligencia, con la que se los pueda realmente acorralar y desactivar, anticipando sus acciones y cortando sus fuentes de financiación.
Es mediante la inteligencia que se obtienen éxitos contra las bandas armadas, aunque el uso de la fuerza policial o militar sea necesario para cosechar esos éxitos.
Es así porque todas las bandas criminales funcionan igual, adquiriendo poder mediante el terror, a través de la violencia indiscriminada, ya sean mafias asumidas, barras bravas que asesinan en nombre de un deporte o se pongan pomposos nombres para disfrazar de política sus acciones criminales.
Es justamente ahí, en la labor de inteligencia, donde hay más problemas en los organismos de seguridad paraguayos que, debido a la debilidad institucional de nuestro país, carecen tanto de la formación como de la convicción necesarias para llevar adelante acciones eficaces.
Parece razonable dotar al Ejecutivo de las herramientas para luchar contra las bandas armadas, que dé paso servirán para frenar la delincuencia común. Sin embargo, hay que ser cuidadoso en cómo hacerlo para no dar lugar a un quebranto del estado de derecho. Por último, si no se mejora la inteligencia, de poco servirá tener más personal, más recursos y más poder de fuego.
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Quién nos defiende de los abusos del Estado
Hay una crítica reiteradamente equivocada contra los defensores de derechos humanos en nuestra sociedad, cuando se les cuestiona que “solamente defienden los derechos de los delincuentes”, y “nunca los de los policías asesinados o de otras víctimas” ante los presuntos ataques del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), como si eso significara que estos defensores simpatizan con el grupo armado, al cual el Gobierno califica de “criminales terroristas”.
Los que sostienen esta apreciación –como lo ha hecho el propio ministro del Interior, Francisco de Vargas– cometen un error conceptual, pues según establecen muy claramente las Naciones Unidas (NNUU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros organismos internacionales –con los que el Paraguay ha firmado pactos y convenios, aceptando cumplirlos– la defensa de los derechos humanos se ejerce ante eventuales abusos de organismos o funcionarios del Estado y no ante hechos punibles de grupos criminales o personas particulares, ya que estos deben ser investigados y sancionados por el propio Estado, a través de instituciones como la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Es el Estado quien nos debe proteger y defender a los ciudadanos ante eventuales ataques de ladrones, asaltantes, asesinos, secuestradores, violadores o –como en este caso– bandas armadas que se presentan con un perfil guerrillero. Pero cuando es el mismo Estado –a través de sus autoridades o funcionarios– el que incumple su compromiso de respetar los derechos humanos, cuando detiene a personas sin órdenes judiciales o sin pruebas fehacientes, cuando ignora la presunción de inocencia o las libertades básicas, cuando tortura, mata o hace desaparecer a personas… ¿quién puede defendernos, cuando no podemos confiar ni en la Policía, ni en la Fiscalía, ni en la Justicia?
Son estas situaciones las que han hecho necesarias que desde la propia sociedad civil, desde organizaciones no gubernamentales, incluso desde personas vinculadas a las Iglesias o a los medios de comunicación, surjan grupos de defensores de derechos humanos, con reconocimiento internacional, que actúan como organismos contralores y de contrapeso al poder estatal arbitrario. Son grupos que resultan molestos e incómodos para el poder, pero se vuelven imprescindibles para la sociedad, aunque desde la propia sociedad a veces les tiremos piedras. Que no ocurra que seamos víctimas para dimensionar su justo valor.
http://www.ultimahora.com/quien-nos-defiende-los-abusos-del-estado-n718170.html
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Lecciones de historia
Quizá este no sea el momento más adecuado para abordar el tema debido a los conflictos que está enfrentando y al mismo tiempo causando el gremio docente; o quizá por eso mismo sea oportuno hacerlo. Me pregunto de qué manera se está enseñando la historia del Paraguay (y la historia en general, ya que viene al caso) en los colegios más allá de memorizar fechas, nombres y puntos geográficos.
Acabo de leer el comunicado que dio a conocer la banda criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) en el que descubro, con asombro, que se atribuyen ser los continuadores del Mariscal López. Por este camino buscan darle una legitimidad histórica a una manera de proceder que no solo no se ha dado nunca a lo largo de toda nuestra historia conocida, sino utilizando métodos y estrategias que nos resultan absolutamente extraños. Somos un país rico en revoluciones, asonadas, golpes de Estado; pero en todos los casos se ha luchado de frente, a cara descubierta, sin recurrir nunca a emboscadas, secuestros y crímenes.
Todavía está la tierra removida de las cinco víctimas, cinco trabajadores del campo, que fueron asesinados con un tiro en la cabeza. ¿Será esta una estrategia que utilizó el Mariscal López? ¿La recomendará en sus escritos él, a sus más fieles seguidores? ¿Habrán sido expuestas tales ideas en las páginas de “Kabichuí” o, un poco antes, en “El Paraguayo Independiente”?
No conozco mucho de historia, pero el único caso que conozco de crímenes en masa con un tiro en la cabeza en la tristemente célebre masacre de Katyn, cerca de la ciudad rusa de Smolensk, donde el Ejército soviético, siguiendo instrucciones del director de la NKVD, Lavrentiy Beria, y autorizadas por Iosif Stalin, entre el 8 de abril y el 19 de mayo de 1940, fueron muertos, con un tiro en la nuca, 22.000 polacos: intelectuales, escritores, artistas y la flor y nata del ejército polaco.
Los nazis, que habían hecho una industria de la muerte, había veces que recurrían a este método para matar a judíos y gitanos. Más recientemente, los narcotraficantes de México para sembrar el terror entre los emigrantes que van desde Centroamérica buscando la frontera norteamericana y se niegan a pagar un “derecho de paso” que las bandas criminales han creado.
En mi juventud, las viñetas humorísticas, cuando deseaban decir que alguien estaba loco, lo dibujaban vestido de Napoleón. Creo que ya no se utiliza más. Ahora, lo de asumir la personalidad de un héroe ha dejado de ser tema de locura humorística para convertirse en religión revolucionaria. Hugo Chávez se creía la reencarnación de Simón Bolívar, y hasta llegó a desenterrar sus restos buscando quizá su alma de la cual apoderarse. Fidel Castro es la reencarnación de José Martí y hasta llegó a acuñar una palabra “martiano”, que figura en la Constitución de la isla: “El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana”. Pero como evidentemente la historia se enseña de manera equivocada en todo el continente, nadie cuestiona que ni las ideas de Chávez ni las ideas de los Castro tienen algo que ver con lo que en su momento sostuvieron y defendieron Simón Bolívar y José Martí. Todo lo contrario: si algún venezolano o algún cubano proclamaran en voz alta y defendieran las ideas de Bolívar y de Martí, respectivamente, en el primer caso tendría que marcharse al exilio y en el segundo sería llevado al paredón como tantos otros que jalonan los 60 años de la “gloriosa” revolución.
Todas esas ideas fueron exportadas a nuestro país, y ahora tenemos a quienes hicieron carne las ideas de López, reuniéndose en una banda que no es ni ejército, ni es popular, ni es paraguayo. Simplemente, es una banda criminal cuyos miembros son capaces de matar, a sangre fría, con un tiro en la cabeza a humildes trabajadores del campo en nombre de la revolución “marxista-leinista-martiana-
bolivariana-lopizta”. Comencemos, entonces, por donde debemos comenzar: enseñando la verdadera historia a los estudiantes… Cuando a los maestros se les ocurra volver a clase, claro está.
Por Jesús Ruiz Nestosa
SALAMANCA.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/lecciones-de-historia-612229.html
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La doble cara de los bolivarianos vernáculos
Desde hace más de cinco años la zona norte de la Región Oriental –los departamentos de Concepción y San Pedro– vive en un permanente estado de ansiedad y temor debido a las andanzas delictivas del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo terrorista ligado al crimen organizado de narcotraficantes y cultivadores de marihuana que operan en la región, sin que hasta ahora la Policía Nacional haya podido poner fin a sus fechorías. Durante los gobiernos de los expresidentes Fernando Lugo y Federico Franco, esta banda de facinerosos que utiliza la táctica guerrillera de asestar golpes y huir sin dejar rastros ha perpetrado más de medio centenar de ataques terroristas, incendiando puestos militares y comisarías, secuestrando y asesinando a ganaderos, policías y humildes peones de establecimientos agrícolas y ganaderos. La incapacidad de la Policía Nacional para frenar las incursiones criminales de este grupo guerrillero ha quedado de manifiesto con los estériles, aparatosos y onerosos despliegues de fuerza realizados al amparo del estado de excepción y con masivo apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, dentro del marco de la Ley 1337/99, de Defensa Nacional y de Seguridad Interna.
Para tener una idea de la inoperancia –falta de voluntad política, sería la expresión correcta– de los gobiernos de Lugo y Franco para neutralizar a esta banda criminal, basta un botón de muestra: el “Operativo Py’a Guapy”, llevado a cabo por una fuerza conjunta policial-militar, al amparo de la Ley 3994 de estado de excepción promulgada por el presidente Fernando Lugo el 24 de abril de 2010, en los departamentos de Concepción, San Pedro, Presidente Hayes y Alto Paraguay. Contrariando el principio universal de guerra de la “unidad de mando”, el comandante en Jefe procedió a nombrar un comando bicéfalo: un comandante de las fuerzas militares desplegadas para el operativo y otro de las fuerzas policiales, cada uno por su lado. Esta equivocada estrategia derivó en un rotundo fracaso, tanto desde el punto de vista político como operacional, pues el estado de excepción devino una medida absolutamente ineficaz que desacreditó al Congreso y al Presidente de la República, y el nulo resultado dejó malparadas tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas, pese a que para el efecto fueron movilizados nada menos que 1.352 efectivos militares y 2.181 policías.
Así las cosas, con tan pésimos antecedentes en la lucha contra el EPP, el presidente Cartes optó acertadamente por un cambio de estrategia y solicitó al Congreso la modificación de la Ley 1337, a fin de poder emplear a las fuerzas militares en operaciones de combate contra la banda terrorista y contra cualquier otra amenaza a la paz pública, sin necesidad de recurrir al estado de excepción ni de restringir las garantías constitucionales. Como era de esperar, el Congreso dio rápida aprobación al proyecto de ley, que el Presidente de la República promulgó de inmediato. A continuación, dispuso el nombramiento del general de brigada Mario Restituto González, actual comandante de la 4ª División de Infantería, con asiento en Concepción, como único comandante de la Fuerza Pública (militar y policial) destacada en la zona, a más del apoyo de inteligencia y logística de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), dado el comprobado vínculo entre el EPP y los narcotraficantes que operan en la zona.
Curiosamente, mientras la iniciativa presidencial de modificar la ley de marras contó desde el principio con un fuerte apoyo popular, los legisladores pertenecientes a los partidos y movimientos políticos de izquierda, así como las organizaciones afines al “bolivarianismo” chavista, como el Frente Guasu, liderado por el exobispo Fernando Lugo, la Concertación Avanza País, el Partido Encuentro Nacional y el Partido Democrático Progresista, se opusieron tenazmente a la modificación de la ley de referencia, sumándose a ellos la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). Aunque siempre se sospechó que el expresidente Fernando Lugo simpatizaba secretamente con los movimientos sociales que incubaron el EPP, no dejó de sorprender su abierta oposición a la militarización de Tacuatí y otros santuarios del grupo insurgente, con lo que se quitó la máscara que astutamente había utilizado mientras fue presidente: su apoyo –o al menos su simpatía– hacia el grupo terrorista.
Con la actitud de rechazo a la modificación de la Ley de Defensa y Seguridad Interior demostrada en el Congreso por los “bolivarianos” seguidores de Lugo y de sus adláteres, ha quedado al descubierto la doble moral que los caracteriza, pues mientras pegan el grito al cielo porque la ley ahora permite que las Fuerzas Armadas combatan al terrorismo y al crimen organizado que mantienen en zozobra a las poblaciones del norte del país, nunca se han manifestado en contra de la politización ideológica de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, o del Ejército boliviano, por ejemplo, que, al igual que el Ejército Rojo de la ex Unión Soviética, se han autoproclamado “socialistas” y “antiimperialistas”. Tampoco han criticado la desembozada creación de milicias paramilitares, semejantes a los “Camisas Negras” de Mussolini en Italia y los “Camisas Pardas” (SS) de Hitler en la Alemania nazi, con la finalidad de apuntalar a los autoritarios regímenes imperantes en esos países.
La parcialidad de la Codehupy como defensora de los derechos humanos raya en el cinismo. Por una parte, sus dirigentes acostumbran denunciar solo los atropellos a derechos humanos que afectan a sus intereses sectarios o a individuos que comulgan con su ideología extremista, por irrelevantes que sean los mismos, mientras que, por otra, sospechosamente callan graves violaciones contra ciudadanos comunes sin nexos ideológicos con ellos. Así, con frecuencia, el “descuereo” de un cadete de la Academia Militar les resulta más relevante que el asesinato de humildes guardabosques de las reservas protegidas a manos de “carperos” ideológicamente exaltados. De igual forma, ignoraron olímpicamente la reciente masacre de cuatro peones de estancia y un policía en Tacuatí. Sin embargo, no vacilaron en acudir prestamente al sitio para alzar su voz de protesta por la supuesta “militarización” de la zona, cosa que ni por asomo se les había ocurrido hacer cuando el EPP asesinó a esas cinco personas en dicho lugar. “Se ha otorgado un superpoder al Ejecutivo para militarizar todo el territorio nacional”, expresó en la oportunidad Abel Irala, del Servicio de Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py), integrante de la Codehupy. Por su parte, Enrique Gauto, secretario ejecutivo de Codehupy, dijo que la modificación de la Ley de Defensa es inconstitucional, porque desequilibra los poderes del Estado. Hueca retórica que choca con los padecimientos de una comunidad que sufre en carne propia la violación de sus más elementales derechos humanos debido al terror sembrado por el EPP, al que por suerte el gobierno del presidente Horacio Cartes al parecer ha decidido combatir en serio.
En realidad, la esquizofrenia que en estos días se ha apoderado del rejuntado bolivariano del Paraguay con relación a la modificación de la Ley de Defensa Nacional se debe a la frustración política que se ha apoderado de ellos tras las últimas elecciones generales, en las que obtuvieron un magro apoyo popular, cuando creían que, de la mano de Fernando Lugo, la minoría por ellos conformada y financiada por el extinto dictador venezolano Hugo Chávez podía prevalecer contra la amplia mayoría democrática y patriótica del pueblo paraguayo. Tras el fiasco de la presidencia de su líder y el revés electoral que sufrieron, ahora, desde más allá de la metafórica cuneta política, tratan de suplir su orfandad popular con mucho ruido y pocas nueces, pero dejando al descubierto la doble cara que esconden bajo su máscara de supuestos defensores de los derechos humanos.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-doble-cara-de-los-bolivarianos-vernaculos-613003.html
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No bajar la guardia
Cada vez que el EPP perpetra sus crímenes se arma un tremendo alboroto y, presionados por la opinión pública, las autoridades de turno reaccionan enviando tropas, haciendo mucho ruido y gran despliegue, pero que luego terminan con escaso resultado. Es lo que ha venido pasando con los sucesivos gobiernos desde Nicanor Duarte Frutos, pasando por Fernando Lugo y Federico Franco.
Haciendo una demostración de fuerza al nuevo gobierno, los integrantes de la banda criminal realizaron una serie de ataques, en la que perdieron la vida cuatro trabajadores de una estancia y un agente policial.
Esta práctica ya se hizo costumbre, pues siempre es lo mismo, el EPP ataca, el gobierno, prensa y la ciudadanía reaccionan repudiando las agresiones, pero es nada más que eso. Pasa el tiempo, los muertos quedan en el olvido. Todo este proceso se repite una y otra vez, entre un ataque y otro, mientras los criminales siguen operando y sometiendo al terror a los pobladores de la zona de San Pedro y Concepción.
Luego de los últimos episodios de los “epepistas”, los parlamentarios procedieron a la modificación de la Ley 1337 de Defensa Nacional, para que el ejecutivo disponga de atribuciones para poder enviar a las fuerzas militares al Norte del país, sin la necesidad del estado de excepción. Ahora hay un gran contingente de militares y policías realizando sus labores en la referida zona de influencia, y que ya está aportando sus primeros resultados con las detenciones de algunos de los involucrados en los últimos crímenes.
Con total descaro surgieron voces en contra de la militarización por parte de organizaciones sociales y cam-pesinas, con el argumento de supuestas violaciones de derechos humanos. La opinión pública debe estar muy atenta para discernir entre aquellos que con el pretexto de la defensa de los derechos humanos están buscando proteger a los criminales. Al mismo tiempo la concesión de poderes especiales no debe ser pretexto para cometer excesos.
En ese contexto, es importante que no se baje la guardia en combate al EPP que cuenta con fuertes sospechas de vínculos con narcotraficantes, y al mismo tiempo no se debe dejar que los que utilizan el ropaje de “organizaciones sociales” frustren los intentos de ponerle un freno definitivo a este cáncer que se instaló en nuestra sociedad, denominado EPP. – See more at: http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/8557-no-bajar-la-guardia#sthash.MHiaT9jw.dpuf
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Asesinato
La muerte —el martes— del dirigente campesino Inocencio Sanabria a manos de dos sicarios en motocicleta, en el Núcleo 4 de Arroyito, zona militarizada de Concepción, no es un hecho aislado. Tras la masacre de 17 personas en Marina Cué, Curuguaty (15 de junio de 2012), son 4 los asesinatos que siguen una línea de acción y una coincidencia relevante: todas las víctimas son líderes agrarios comprometidos con la lucha por la reforma agraria, y contrarios la sojización del territorio nacional.
No es que antes de Curuguaty no haya habido asesinato de militantes campesinos. Desde la inauguración de la transición política, en febrero de 1989, son más de 120 los campesinos asesinados en diferentes circunstancias, siempre por razones vinculadas a la lucha por la tierra. Lo que vuelve aún más preocupante a las muertes actuales es que se dan en un escenario en el que la criminalización de la protesta social se torna sistemática y la serie de atentados contra la vida de los dirigentes es secuencial.
Sixto Pérez, dirigente de la Organización Campesina Norte Pyahu, distrito de Puentesiño, Concepción, fue el primero de los asesinados después de junio de 2012. Le siguió el atentado contra Vidal Vega. Posteriormente asesinaron a Benjamín Toto Lezcano. Pocos días después de la asunción del Gobierno de Horacio Cartes (15 de agosto pasado), fue acribillado Lorenzo Areco.
En la mayoría de los casos el mecanismo fue el acribillamiento, con disparos a quemarropa, frente a sus viviendas o en el camino.
En cuanto a las víctimas, el elemento común a todos, aparte de su militancia agraria, era su profunda convicción de lucha por obtener o resguardar la tierra reclamando reforma agraria y rechazando o promoviendo conciencia y acción en contra del crecimiento de la frontera sojera.
Con respecto a las causas, en ninguna de ellas las investigaciones fiscales fueron o son ejecutadas con interés, cuando directamente no son realizadas. El rasero general es que todas las muertes están impunes.
Arroyito es actualmente una de las áreas militarizadas inconstitucionalmente por Cartes, dentro de su plan de lucha contra el llamado Ejército del Pueblo Paraguayo. Esta presencia armada, que es denunciada por los organismos de DDHH por los abusos que vienen cometiendo contra la población civil, fue el escenario en el que mataron a Sanabria.
Esta serie de asesinatos de campesinos, a poco más de un año de instaurarse en el país un régimen político hostil contra las organizaciones sociales, y benevolente con los poderes económicos y grandes empresarios del agro, constituye una realidad que apunta a empeorar.
En Argentina, en ocasión de la visita de Cartes, referentes de DDHH denunciaron la presencia en Paraguay de civiles armados por poderosos intereses económicos —asesorados por referentes de la ultraderecha chilena— para acabar con quienes se oponen al monocultivo. ¿Será?
http://www.ultimahora.com/asesinato-n723909.html
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Mejorar la táctica contra el EPP
PUBLICADO POR JOTAEFEB ⋅ 8 OCTUBRE, 2013 ⋅ 2 COMENTARIOS
ARCHIVADO BAJO POLICIALES
Desde que las fuerzas de tarea conjunta iniciaron su incursión en los departamentos del norte del país, hasta ahora no se ha reportado una sola acción exitosa llevada a cabo por ellas en el cumplimiento de la misión de combatir al EPP. Llamativamente, la excusa ensayada por los responsables de las mismas es una de las tantas que suele esgrimirse para justificar fracasos ante el ya largo historial de crímenes de este grupo armado ilegal: la falta de una inteligencia accionable para contrarrestar la actividad criminal de esta agrupación terrorista. La lucha de las fuerzas de tarea conjunta no debe ser solamente contra los soldados del EPP, sino también contra los que cuidan sus santuarios en los asentamientos radicalizados, los cultivadores de marihuana y narcotraficantes que les proporcionan financiamiento y apoyo logístico.
¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué motivaciones les animan? ¿Cómo operan? ¿Quiénes los financian? ¿Quiénes los controlan?
Desde que las fuerzas de tarea conjunta, conformadas por militares y policías, iniciaron su incursión en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay –como primera medida del Gobierno para establecer una fuerte presencia del Estado en las atribuladas comunidades del norte del país–, hasta ahora no se ha reportado una sola acción exitosa llevada a cabo por las mismas en el cumplimiento de la misión que tienen de combatir al grupo criminal terrorista. Irónicamente, ha sido más bien este el que ha demostrado que tiene la iniciativa en su accionar delictivo con golpes de mano y asesinatos de peones de estancias, ataques furtivos contra puestos policiales y la reciente emboscada contra una caravana de vehículos de la Policía Nacional, en la que perdió la vida un suboficial.
Llamativamente, la excusa ensayada, tanto por el ministro del Interior, Francisco de Vargas, como por el comandante de las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona norte del país, general Mario Restituto González, es una de las tantas que suele esgrimirse para justificar fracasos ante el ya largo historial de crímenes de este grupo armado ilegal: la falta de una inteligencia accionable para contrarrestar la actividad criminal de esta agrupación terrorista que, asociada con los cultivadores de marihuana y los narcotraficantes, ha convertido esta zona en su santuario.
Tanto militares como policías carecen de entrenamiento para usar tecnología y administrar el proceso de inteligencia. Simplemente no están preparados para esa misión. Tampoco lo están para obtener inteligencia táctica humana mediante la colaboración de la población civil que vive atemorizada. Los pobladores de la zona han sido vencidos por el miedo, por lo que para ellos el culpable ya no es tanto el EPP, sino el Gobierno que no ha sabido protegerlos. Llevada al extremo, esta histeria colectiva ha hecho recaer la culpa de la aparición del EPP en el Estado, por el abandono de la zona. No es de extrañar, entonces, que en última instancia ellos se muestren más resentidos contra las fuerzas militares y policiales desplegadas en el sitio que contra el grupo criminal EPP, como lo confirman testimonios divulgados por los medios de comunicación.
Los militares, como toda gran organización profesional jerárquica, tienden a hacer lo que ya saben en vez de ensayar algo diferente ante una situación complicada como la que les toca enfrentar en el teatro de operaciones. Así que necesitan tiempo para aprender a lidiar con el tremendo desafío a la seguridad nacional que representa actualmente este minúsculo pero peligroso grupo criminal que por medio del terror tiene sometida a la población, que en consecuencia se muestra reacia a colaborar con las fuerzas de seguridad.
Las denuncias de atropellos y allanamientos indiscriminados de hogares por parte de militares y policías en busca de evidencias que les permitan llegar hasta los terroristas –en caso de que las mismas hayan tenido razón– habrán puesto al descubierto la falta de entrenamiento profesional de militares y policías en cuanto a la forma en que deben procurar inteligencia humana que les ayude a lidiar con el escurridizo grupo criminal que les tiene en desproporcionado jaque. En cualquier operación militar cuya estrategia no es la correcta, aunque al comienzo la táctica lo sea, al final el resultado es el fracaso.
El peligro de una estrategia equivocada en cuanto al trato dispensado por militares y policías a la población civil es que los mismos tiendan a moverse inadvertidamente en la dirección del abuso institucionalizado, pateando puertas de humildes viviendas a las dos de la madrugada, atemorizando a niños y adultos, sin encontrar lo que fueron a buscar. Así conducida, la búsqueda de inteligencia de las fuerzas de tarea conjunta favorece más al EPP que a los fines operacionales, porque acaba por alienar a amplios sectores de la población local, malogrando de ese modo el propósito de ganar su mente y su corazón, como preconiza la doctrina de contrainsurgencia.
Lo que el Gobierno debe entender es que, para combatir con eficacia al grupo narcoterrorista del EPP, no es suficiente darles a los pobladores de Concepción, San Pedro y Amambay retórica o ideología; hay que ofrecerles un camino hacia una meta que les redima de la extrema pobreza en que viven, una meta para ellos creíble, una meta factible a corto plazo, que les permita atender sus necesidades tangibles y apremiantes. Los ministros y otras autoridades nacionales deben ir a palpar la realidad campesina. Solo estando ahí pueden ver, oír y sentir las emociones primigenias de la gente del campo y apreciar el complejo ambiente raramente conocido por los políticos y funcionarios extraños a la escena.
Esta perspectiva de primera mano no se gana con visitas protocolares o proselitistas, estrechar manos y mandarse mudar de vuelta a la Capital y desde esta ufanarse de “haber estado ahí”, para convalidar la brillantez de las escenas captadas por la TV y otros medios informativos que los burócratas se encargan de llevar consigo.
Finalmente, la lucha de las fuerzas de tarea conjunta no debe ser solamente contra los soldados del EPP que secuestran, asaltan y emboscan, sino también contra los que cuidan sus santuarios en los asentamientos radicalizados, los cultivadores de marihuana y narcotraficantes que les proporcionan financiamiento y apoyo logístico, así como contra los reclutadores y entrenadores de los soldados combatientes.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/mejorar-la-tactica-contra-el-epp-626057.html
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La guerrilla en Paraguay: de Stroessner a Cartes
Rogelio Alaniz
Según se mire, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) -la organización guerrillera marxista leninista que actúa en dos departamentos del norte de Paraguay- puede ser considerada como un asombroso anacronismo o una abierta provocación. Por lo pronto, los intereses de los llamados narco-ganaderos y narco-sojeros, que operan en la región no parecen haberse sentido afectados por una guerrilla que, según las informaciones más optimistas, dispone de alrededor de sesenta o setenta militantes a tiempo completo.
Para los denominados sectores progresistas de la política paraguaya, la existencia del EPP es una de las peores noticias que han podido recibir en un país en donde en los últimos sesenta años las malas noticias han sido las habituales. En principio, la confirmación de la existencia de un foco guerrillero al único actor que movilizó fue al ejército.
El presidente Cartes, por su parte, consideró que un Estado de derecho no puede convivir con una fuerza armada y sin vacilaciones ordenó al ejército que no repare en medios para exterminar a los disidentes, una decisión que muchos aplaudieron sin que les importase demasiado que sacar a los militares de los cuarteles violenta las leyes redactadas en los últimos años.
Más allá de los recelos del progresismo acerca de una guerrilla que para muchos de ellos es un “invento” de los gobiernos de derecha para disponer de carta blanca en materia represiva, lo cierto es que el EPP existe y así parece confirmarlo periódicamente la guerrillera Carmen Villalba, detenida junto a su marido, Alcides Oviedo, desde hace unos cuantos años. Villalba se ha transformado en una suerte de vocera oficial de la guerrilla y según sus declaraciones, el EPP es una fracción de ese otro partido de izquierda que respondía al nombre de Partido Patria Libre, una organización de izquierda que en 2003 resolvió presentarse a elecciones propiciando la candidatura de Tomás Zayas, un reconocido dirigente campesino y uno de los críticos más duros de los terratenientes sojeros, muchos de ellos argentinos y brasileños decididos a beneficiarse con las laxas leyes paraguayas en la materia.
El EPP como tal se constituye en 2008 y a la vocación marxista leninista, le suman su adhesión a los próceres del siglo XIX: Gaspar Rodríguez de Francia, Antonio López y Francisco Solano López, una identidad histórica que seguramente hubiera emocionado hasta las lágrimas a ese íntimo amigo de Stroessner que fue el historiador argentino José María Rosa.
A los dirigentes del EPP se les atribuye haber asesinado al terrateniente Luis Lindstrom y se supone que algunos de ellos fueron responsables del secuestro y muerte de Cecilia Cubas, hija del presidente Raúl Cubas, y del secuestro de María Bordón de Bernardi, esposa de uno de los magnates de Paraguay.
Precisamente, el secuestro extorsivo y algunas operaciones de muy baja intensidad contra policías en bicicleta, parecen ser los exclusivos operativos de una guerrilla cuya fama proviene más que de su operatividad real, de su novedoso anacronismo y de su capacidad para irritar a los militares y a la extrema derecha.
La guerrilla no es una noticia en Paraguay, por el contrario, es algo previsible en un país donde el noventa y ocho por ciento de la tierra es controlada por el tres por ciento de la población, con un “exilio” de más de un millón de personas y con escandalosos niveles de pobreza, incluso para países que no deberían sorprenderse demasiado por esa noticia.
El general Stroessner gobernó con mano de hierro durante casi cuarenta años y si bien sus sucesores colorados no han tenido contemplaciones para condenarlo al más amargo de los destierros, en lo fundamental su modalidad de gobierno y su manera de concebir los privilegios del poder, siguen siendo tributarios de la cultura stronista, como lo siguen siendo ciertas decisiones estatales orientadas a favorecer a los mismos que en su momento se enriquecieron adulando al dictador.
Nadie se sostiene cuatro décadas en el poder sin contar con algunas condiciones políticas y ciertas habilidades para hacerse obedecer. Los opositores que en su momento supusieron que Stroessner era un tosco militar incapaz de pensar estrategias políticas de mediano y largo alcance, comprobaron a través de un tortuoso itinerario de fracasos, derrotas y desengaños, que estaban equivocados.
Los movimientos guerrilleros que a fines de la década del cincuenta y en los inicios de los sesenta intentaron constituirse como alternativa de poder fueron desbaratados uno a uno sin misericordia. Febreristas, liberales y comunistas organizaron en aquellos años expediciones armadas apoyados en más de un caso por políticos argentinos que entonces suponían que la nobleza de la causa contra Stroessner era similar a la que ellos habían propiciado pocos antes contra Perón.
Las diferentes siglas que desembarcaron en Paraguay, invocando la lucha contra el tirano en nombre de la libertad, corrieron las peores de las suertes. La cárcel fue el destino más benigno para unos pocos, porque la mayoría fue aniquilada en los enfrentamientos armados y en las prolongadas sesiones de torturas. Muchos meses después de aquellos operativos “civilizatorios” del ejército stronista, los diarios de Buenos Aires continuaban publicando noticias sobre cadáveres que aparecían flotando en los ríos Paraná, Pilcomayo y Bermejo.
Los principales dirigentes de los movimientos guerrilleros reprocharon durante mucho tiempo la supuesta defección de políticos argentinos que se comprometieron a respaldarlos con recursos materiales y humanos, pero en algún momento se desentendieron de sus promesas, una decisión que, según se supo después, se produjo al tomar conocimiento de que los principales jefes de la guerrilla eran comunistas y no discípulos aventajados de la Revolución Libertadora de 1955.
Si Stroessner logró desbaratar con cruel y demoledora eficacia a las diferentes guerrillas, sus éxitos políticos con la llamada oposición burguesa fueron también resonantes. La primera batalla el dictador la ganó en el interior del Partido Colorado, cuyas estructuras le fueron leales más allá de algunas deserciones que nunca pusieron en tela de juicio su liderazgo. Con los opositores febreristas, liberales y democristianos practicó las lecciones del palo y la zanahoria, es decir la represión cuando se ponían insolentes y la cooptación a los más dispuestos a gozar de los beneficios de poder.
Excede las posibilidades de esta nota indagar sobre las causas que produjeron la caída de Stoesssner, pero a título de enunciado general podría decirse que la caída del dictador se dio cuando sus posibilidades personales estaban agotadas y la única salida que se abría para el régimen era una suerte de stronismo sin Stroessner, experimento liderado en un primer momento por su consuegro y luego por esa singular estirpe de políticos-empresarios que forjaron sus fortunas bajo la sombra del dictador.
De Rodríguez a Cartes, hay una continuidad en el ejercicio del poder, donde la única excepción fue el obispo Fernando Lugo, cuya frustrante gestión no hizo otra cosa que alentar el retorno de los colorados a través de un típico empresario forjado en las condiciones históricas auspiciadas por Stroessner.
Cartes se propone modernizar a Paraguay con capitales extranjeros y técnicos contratados en el exterior. A menos de dos meses de asumir la presidencia ya cuenta con la oposición de los dinosaurios del coloradismo, para quienes ninguna reforma justifica la pérdida de sus tradicionales beneficios en el Estado. A la resistencia cada vez más persistente de los punteros, se suma ahora la presencia de una guerrilla que parece más una caricatura salida de alguna fantasía tropical que una alternativa de poder como la que intentaron forjar sin suerte hace cinco décadas los jefes guerrilleros que entregaron sus vidas por una causa que parecía ser mucho más noble que la que ahora reivindican sus famélicos seguidores.
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Enigmas revolucionarios
El EPP nos dará que hablar todavía algún tiempo seguramente, antes de desaparecer por extinción o sufrir mutación política natural. Por de pronto, su posicionamiento en la noticia es plenamente exitoso. Ni siquiera necesitaban matar para lograrlo, les hubiera bastado con un poco de terrorismo efectista, de ese que no requiere efusión de sangre, como tirotear una comisaría o publicar listas de personajes bajo amenaza, de vez en vez. Capturar tan fácilmente la atención pública, como sucede aquí, hace del asesinato y la brutalidad recursos superfluos, excesos inexplicables, aun en el marco de la teoría revolucionaria.
El recurso del crimen insensato provoca una pregunta inevitable: ¿es que los líderes del EPP consultan alguna brújula ideológica, un programa político, un plan de acción metodológicamente concebido? ¿Tendrán un objetivo final ya definido?
Ciertamente, no creo que a nadie le esté claro cuál es la identidad ideológica y qué exactamente pretende la organización “EPP”. Se me dirá: “persiguen, obviamente, el poder”. Bien, pero ¿para hacer qué con él? ¿Quieren recomponer al país en un sistema de tipo socialista tradicional? ¿Son campesinistas y reivindican la distribución de la tierra rural como pistoletazo inicial de la épica carrera hacia la erección del edificio socialista? ¿Acaso piensan instaurar la dictadura del proletariado? Son muchos sus enigmas.
Tal vez nada de esto sabemos porque hasta ahora se dedicaron exclusivamente a la violencia, postergando la difusión de su programa, la propaganda, el proselitismo, la tarea intelectual que, según la teoría, indefectiblemente tiene que acompañar a la acción revolucionaria. Si recordamos algo al respecto, en la Rusia de hacia finales del siglo XIX ya estaban claramente definidas dos posiciones ideológicas socialistas originales: el populismo y el marxismo. El primero se declaraba enemigo del capitalismo como sistema de desarrollo económico, proponiendo un régimen basado en las relaciones de producción tradicionales. Los populistas se oponían radicalmente a la industrialización porque suponían que esta empobrecería al campo y daría mayor crecimiento y poder a la clase burguesa, colosal error del que intentaron sacarles dos tipos que interpretaban mejor la realidad: Plejánov, populista redimido, y Lenin, quienes anticiparon claramente que la industrialización de Rusia, aún demorada, era inevitable.
Serían pues los trabajadores urbanos creados por la industrialización y no los campesinos lerdos y conservadores los agentes de la revolución. Aunque ambos, de todos modos, estaban compuestos de masas ignorantes y desarticuladas que requerían un partido que las lidere, una intelligentsia que las instruya y cuadros que las organicen.
Finalmente, como se recordará, Plejánov y Lenin lideraron grupos y posiciones antagónicos, uno de partido abierto, con elecciones libres; otro, de centralismo autocrático y verticalismo rígido. Hasta aquí, nada más que el relato de una etapa de la historia política europea, harto conocida por quienes se interesan en ella. Pero, ¿las estudiaron los líderes del EPP? Siendo marxistas –si es que lo son realmente– debieron hacerlo en sus primeras aulas. Si repiten errores conceptuales demostrados y superados hace casi un siglo y medio, entonces, ¿qué pensar de ellos?
Tengo en cuenta la posibilidad de que el EPP no pase de constituir una gavilla ordinaria e ignorante, atento al hecho de que, invocando o actuando en nombre de una causa noble, siempre es posible decir las mayores tonterías o cometer impunemente los peores crímenes.
Por otra parte, ya estoy convencido de que la violencia es importante para la revolución; solo espero que me demuestren para qué. Siendo gratuita, parece cosa de dementes; si bien hay que reconocer que sucesos significativos de la historia de la humanidad fueron protagonizados por chiflados, y que no hay que avergonzarse de contar con algunos de ellos en la nuestra. Y nunca olvidar, como solía advertir alguien lúcido, que hay dos cosas igualmente peligrosas: un buen cuchillo en manos de un loco y una idea acertada en la cabeza de un imbécil.
Por Gustavo Laterza Rivarola
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/enigmas-revolucionarios-625422.html
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