Cartes en la telaraña

Es curioso. Horacio Cartes aún no asumió formalmente el cargo de presidente de la República, pero la sensación es que se ve obligado a asumir posturas como si ya gobernara y soporta enormes presiones que lo desgastan a gran velocidad. En parte, la culpa es de esta interminable transición entre el presidente que se va y el que fue electo para un nuevo periodo de cinco años. Pero también se debe a que comienzan a verse desde ahora contradicciones, escollos y acechanzas que presagian un camino dificultoso.

El gobierno de Franco, que no termina de irse y al que solo le queda espacio para hacer algunos últimos ridículos, se convierte en una pesada carga para la administración que viene. El equipo de Cartes no sabe bien con qué “sorpresas” más se va a encontrar cuando tomen efectivamente el mando, pero no imaginan nada bueno.

El país proyecta, para cualquier observador nacional o internacional desinteresado, señales contradictorias. Por un lado, nos dicen analistas de ocasión y “futurólogos” que tenemos condiciones ideales para un gran despegue en nuestro desarrollo. Nos hablan de fabulosas inversiones, de torres azules, de world trade center y de monorrieles que nos transportarán por los cielos cual trineo de Papá Noel.

Por otro lado, la obstinada realidad nacional nos muestra buses chatarra que se creen fórmula 1 en las rutas, docentes que reclaman derechos básicos y amenazan con huelgas que acortarán todavía más las horas que niños y jóvenes les deberían dedicar a su formación y, para coronar este panorama, Germán Rojas, jefe del equipo económico del presidente electo, anunció que se recortarán los gastos para programas sociales por falta de dinero.

Otro tema es la situación internacional del Paraguay. Aunque el canciller Fernández Estigarribia se esfuerce por convencer de que estamos fortalecidos y que por poco Paraguay no está dando lecciones de gestión diplomática al mundo, la realidad es que seguimos en un limbo en la región y con un panorama incierto. En esta cuestión de las relaciones internacionales es que más se notan las presiones a las que Cartes está expuesto. Su discurso, desde la campaña hasta ahora, ha ido cambiando al ritmo de los “asesoramientos” y de las declaraciones de expertos que prácticamente le aconsejan declararle la guerra a todos los imperios del mundo.

La impresión es que realmente el gobierno entrante no sabe qué hacer para restablecer las relaciones pacíficamente sin esperar que los países del Mercosur nos pidan perdón llorando y sin que tampoco parezca que nos arrodillamos y agachamos la cabeza ante las imposiciones.

Por si esto no fuera suficiente, la decisión de Cartes de digitar un presidente liberal en la Cámara de Diputados y poner a alguien de su confianza en la presidencia del Senado, además de los representantes en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, expuso públicamente y en forma prematura la fuerte división que existía desde antes en el Partido Colorado. Esta disputa interna es solamente la punta del iceberg que va a emerger desde el año próximo y que requerirá un manejo político que habrá que ver si Cartes tiene.

Pero seguro que al ahora presidente electo, cuando le propusieron lanzarse a la arena política, no lo habrán engañado prometiéndole un lecho de rosas y tampoco le habrán dicho que le sería muy fácil plantear “el nuevo rumbo”.

Por eso no debe estar tan preocupado ni mucho menos arrepentido como algunos pueden creer que debería estar.

Por Marcos Cáceres Amarilla

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/cartes-en-la-telarana-599521.html

10 comentarios en “Cartes en la telaraña”

  1. Las nuevas autoridades ya no deben rifar los cargos públicos

    Desde inicios de 2012, una joven de 28 años de edad, que estudia relaciones públicas en una misteriosa universidad, es funcionaria de la Secretaría de Audiencias de Gabinete de Dirección de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Gana mensualmente 18.960.000 guaraníes, suma que incluye un beneficio del 15% por “dedicación funcional”. La agraciada es hija del doctor Aníbal Carrillo, excandidato presidencial del Frente Guasu y connotado luchador contra la oligarquía, el imperialismo y el prebendarismo. No vamos a ocuparnos aquí de la cuestión de cómo llegó al cargo que ocupa, aunque tengamos fundadas sospechas al respecto, pero queremos llamar la atención sobre otras cuestiones que surgen a raíz de este hecho.

    En primer lugar, nos enteramos de que en la EBY existe toda una dependencia –una Secretaría– encargada de fijar días y horas de audiencias con el director de la entidad, y de que solo una de sus funcionarias tiene un salario que supera más de diez veces el mínimo legal vigente, incluida una suerte de premio por cumplir su trabajo.

    Casos similares al referido abundan en las entidades binacionales: cargos superfluos, muy bien remunerados, a los que no se accede precisamente a través de un concurso público de méritos y aptitudes.

    En el aparato estatal ocurre lo mismo, como nadie ignora. Ciertamente, allí los sueldos no son tan elevados, pero tampoco son despreciables: desde el año 2003, el salario medio en el Poder Ejecutivo ha crecido en un 131,2%, en tanto que el salario mínimo legal del sector privado solo ha aumentado en un 70,5%. Y, desde luego, en la administración pública proliferan los cargos tan innecesarios como el que ocupa la feliz funcionaria de la impresionante Secretaría de Audiencias de Gabinete de Dirección de la EBY.

    El Congreso también es el ejemplo más elocuente del despilfarro del dinero público en beneficio de una clientela política parasitaria. En su edificio ya no caben los aprovechados que viven del presupuesto sin hacer nada. Tan es así que el presidente de la Cámara de Diputados anunció que piensa alquilar un local para que se instalen allí, y seguramente para que dejen de pasearse por los pasillos del Palacio Legislativo, ya saturado de inquilinos a pesar de su magnitud.

    La situación imperante en el sector público es tragicómica. Dejando de lado el caso de las entidades binacionales, la responsabilidad principal le cabe al Congreso, que en el presupuesto nacional crea cargos superfluos a costa de las grandes carencias en materia de salud, de educación o de vialidad, mientras en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se ha ubicado un montón grande de la clientela integrada por correligionarios del actual gobierno. Encima, según las denuncias, los contratados no son los más aptos ni fueron destinados a las “obras públicas”.

    El dinero que se despilfarra abonando los salarios del personal público innecesario es dinero que se resta a la compra de medicamentos, a la construcción de escuelas o a la reparación de caminos y puentes. El gasto en beneficio de la clientela política no es un gasto social, ni mucho menos. Con las sumas regaladas a los planilleros y a los que deambulan por los pasillos, se podría llegar a muchísimas personas que hoy no participan de “los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura”, de los que habla la Constitución. La lucha contra la pobreza requiere desprenderse de parientes, amigos y correligionarios inútiles y haraganes que viven a costa del dinero aportado con mucho sacrificio por los contribuyentes.

    La perversa distribución del gasto público, en beneficio de los paniaguados de todos los colores, tiene que ver con el considerable aumento de los gastos corrientes de la administración central: si en 2008 llegaron a 2.054 millones de dólares, en el presupuesto de este año ascienden a 4.815 millones, mucho más del doble. En el mismo lapso, los ingresos tributarios tuvieron un incremento mucho menor, de modo que 83% de los impuestos recaudados se destina hoy al pago de los salarios del personal público.

    Estos alarmante datos, proporcionados por el Ministerio de Hacienda, exigen una decidida acción del próximo gobierno de Horacio Cartes tendiente a reducir el gasto salarial superfluo.

    No hay que engañarse: en las condiciones actuales en que los popes de turno rifan los cargos públicos en beneficio de su clientela política y familiar, aumentar los fondos públicos para la salud, la educación y las comunicaciones no implica, necesariamente, mejorar esos servicios. Esos incrementos van a beneficiar, esencialmente, a los burócratas inútiles que llenan los organigramas. Poblar los ministerios con funcionarios que no enseñan, que no curan o que no construyen, sino que medran al amparo de sus padrinos políticos, no implica en absoluto mejorar la educación, la salud o la vialidad.

    Es necesario mejorar la calidad del gasto público, tanto en lo que respecta a distribución presupuestaria entre los diversos ministerios, como en lo que hace al uso de los fondos dentro de cada uno de ellos. Conviene repetir una y otra vez estas perogrulladas para que alguna vez los parlamentarios, en primer lugar, prioricen a la población marginada. Para que mejore la calidad del gasto público, debe mejorar la calidad de quienes lo determinan en el presupuesto nacional, los diputados y senadores.

    Queremos suponer que en esta nueva legislatura habrá mayor responsabilidad fiscal, en el sentido de que no se contemplen erogaciones superiores a los ingresos que razonablemente se pueden esperar.

    También es de esperar que los gastos en sueldos sean considerablemente disminuidos para que se puedan aumentar en gran medida las inversiones que se requieren con urgencia en tantas áreas críticas. Hay que poner punto final al derroche que impide realizar una política social de amplio alcance. Un país que se pretende serio no puede tolerar que supuestos servidores públicos perciban jugosas remuneraciones en dependencias rimbombantes e innecesarias, o se dediquen a no hacer nada en los corredores de las instituciones donde están colocados, mientras el resto de la población sufre de necesidades apremiantes.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/las-nuevas-autoridades-ya-no-deben-rifar-los-cargos-publicos-599972.html

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  2. Presidentes en espera

    Por Ana Rivas Tardivo

    Sinceramente no sé si existe otro país donde dos presidentes deban convivir durante cuatro largos meses como en el nuestro. Además, sucede que no solo hay dos presidentes durante todo ese tiempo, sino que, si al que ocupa el Palacio de López se le ocurre viajar por algún motivo, podemos tener hasta tres primeros mandatarios al mismo tiempo: el vicepresidente pasa a ser el “presidente en ejercicio” mientras el Presidente titular está en el exterior. En tanto, el presidente electo sigue en espera de asumir… es un verdadero lío presidencial.

    El caso es que, como tantas otras cosas, en ventitantos años de democracia las cosas cambiaron y, entre ellas, los conflictos electorales. Si antes estos eran la tónica –cuyo hito sin dudas fue el robo a la voluntad de los colorados en 1992–, desde el 93 en adelante prácticamente no han existido más conflictos en términos de cuestionamientos de resultados electorales, por lo que la causa por la que los constituyentes del 92 habían determinado un plazo de casi cinco meses para la asunción al mando del presidente electo –se suponía un plazo legal razonable para dirimir cualquier judicialización de elecciones– no solo ha perimido, sino que ha convertido este tiempo en un verdadero freno, un impasse indeseable, donde la toma de decisiones queda en el tintero y la gente común paga las consecuencias.

    Desde el 21 de abril todo es espera: en las instituciones públicas los que están esperan seguir y los que aún no están, esperan ser incorporados. Los que se van dejan de tomar decisiones sobre los temas importantes y los que entrarán aún no tienen legitimación para realizar cambio alguno. En el ámbito económico es donde más fuerte se siente el freno de todo. De hecho, el ministro de Hacienda está a punto de ganarse el título de persona no grata que quieren colgarle varios gremios, entre ellos, los docentes y los del sistema de salud.

    Así como desde las internas de diciembre todo quedó para “después de 21 de abril”, la frase derivó en “después del 15 de agosto”, con lo que el Paraguay lleva más de medio año esperando comenzar los cinco años siguientes de nuestra historia.

    La solución no es fácil; la duración de los mandatos forma parte de los capítulos constitucionales que solo pueden ser modificados por una reforma constitucional, algo que el gobierno Cartes amagó con impulsar, pero que es ahora una promesa que aparece cada vez más lejos de concretarse y que tiende a confirmarse que fue solo una estrategia de campaña.

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  3. Vacío de poder

    Más de una vez he comentado, muy al paso, cuando hablaba de otros temas, que el periodo que, por ley, separa en el Paraguay las elecciones de la toma de posesión del nuevo gobierno es exageradamente largo. Creo que el evidente vacío de poder que se ha producido en las últimas semanas es una buena muestra de ello y justifica sobradamente un análisis más a fondo.

    Lo que está sucediendo es lo siguiente: Cartes aún no gobierna y Franco ya no puede gobernar. Una situación así sería algo normal en el cambio de autoridades si el periodo de tiempo fuera razonablemente breve, suficiente para que el gobierno saliente ponga los papeles en orden y para que el entrante se informe y se interiorice de sus responsabilidades.

    En cambio, si el periodo es excesivamente largo, lo que se genera es un vacío de poder que paraliza el funcionamiento de todo el engranaje de administración y gobierno, ya que en realidad ninguno de las dos administraciones tiene poder real para tomar decisiones. Esa es la situación actual. Cualquier acción de Franco es objetada y Cartes todavía no tiene autoridad legal, porque ni asumió ni juró como mandatario.

    A esa parálisis de la actividad gubernamental y administrativa hay que sumar algunos otros inconvenientes bastante graves que la larga transición entre los gobiernos sucesivos facilita… Veamos algunos de los más problemáticos:

    – Los gobiernos salientes, en el caso de que los entrantes sean de otro partido, tienen tiempo más que suficiente para sembrarles toda clase de problemas.

    – Los funcionarios salientes tienen suficiente margen para meter la mano en la lata y “armarse” antes de dejar los cargos… o ¿por qué creen que una de las primeras acciones de Cartes fue pedir que se suspendieran todas las licitaciones?

    – Si hubo actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, los funcionarios salientes tienen un precioso periodo de gracia para hacer desaparecer documentos y “quemar archivos”.

    – Los responsables de la administración, que se irán con el cambio de gobierno, tienen la oportunidad de nombrar a sus amigos, correligionarios y allegados para blindarlos y dejarlos enquistados en la administración, como “presente griego” para el nuevo gobierno.

    Pero en mi opinión estos problema que he enumerado (y otros que para no alargarme en exceso no menciono) ni tampoco el vacío de poder y la parálisis administrativa son el mayor desastre que ocasiona al país el interminablemente largo periodo de cambio de autoridades que nuestra ley, no entiendo muy bien por qué motivo, decidió establecer. Lo más grave es que desgasta y debilita al nuevo gobierno mucho antes de que pueda siquiera empezar a gobernar.

    Aún faltan unos días para que Cartes asuma y, en lugar de esperar los clásicos cien días de tregua y tolerancia política, cuando asuma ya tendrá todos los problemas de un gobierno con varios meses asentado, sin haber tenido la oportunidad de tomar ni siquiera una sola medida gubernativa, ni formular una política, ni realizar ningún acto administrativo.

    ¿Les parece que exagero? Veamos algunas pruebas de que lo que digo no es en absoluto exagerado:

    – Los países de Mercosur han intentado invitar a Cartes y negociar con él cuando todavía no es presidente en funciones y hasta pretendieron que desconociera una decisión parlamentaria.

    – Aún no ha podido tomar ninguna medida administrativa, puesto que no tiene autoridad para ello, pero ya se han producido amenazas de los sindicatos de funcionarios de paralizarle la administración.

    – Las obras públicas paralizadas por falta de desembolso son, sin duda, todavía un problema y una responsabilidad de la administración actual, pero ya al que se le hacen las preguntas es al presidente electo y a su equipo.

    En resumidas cuentas, se le está pidiendo que maneje el auto, cuando todavía está en el asiento de atrás y no tiene a su alcance ni el freno, ni el acelerador ni el volante ni la caja de cambios.

    He citado más de una vez una frase del político francés François Mitterrand que siempre me impresionó por su justeza: “Un gobernante tiene apenas quince días para hacerse con el control de la maquinaria del Estado y gobernar, de lo contrario será la burocracia la que lo gobierne a él”.

    Lo más grave de la larga espera del traspaso de autoridades en nuestro país es que les quita a nuestros gobernantes esos quince días necesarios para hacerse con las riendas de la maquinaria del Estado y gobernarla.

    Por Rolando Niella

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/vacio-de-poder-600667.html

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  4. Mérito vs. padrinazgo

    El abordaje hecho en 5/dias acerca del antagonismo meritocracia vs. clientelismo en la administración pública nos ha llevado a agregar un ángulo de análisis que no debiera perderse de vista, a nuestro entender. El abordaje del investigador visitante de Cadep J.W. Christian Schuster titulado “Clientelismo y el juego político de profesionalizar el empleo público en Paraguay” parece abordar el “ahora y el después” de la contratación pública, señalando, entre otros muchos puntos, que el Gobierno de Fernando Lugo elevó de un 2 a un 15% la contratación de personal mediante “selecciones percibidas como sustancialmente competitivas y meritocráticas” aunque limitadas a unas pocas agencias gubernamentales.

    En el mismo documento, Schuster cita la serie de factores “que pueden disminuir el control clientelar de los Presidentes, incluyendo la permanencia de funcionarios reclutados por gobiernos previos, posiciones minoritarias en el legislativo y una incapacidad para tomar el control de las redes clientelares heredadas”.

    Cartes puede tener algunas ventajas en esta épica de reformar la función pública. Al decir del investigador, “heredará una política de gestión del funcionariado público considerada buena práctica, instrumentos para implementarla y un sistema de información (casi completo) para administrar y controlar la carrera administrativa”. Podrá poner el pie en el acelerador y empujar hacia arriba el 15% logrado por Lugo. La posición de Cartes en el Congreso es sólida y se supone que la ANR apoyará su promesa electoral de construir un Estado útil y bien estructurado.

    Pero su principal escollo reside en la masa de funcionariado público ya en funciones y sin calificación alguna que a diferencia del método meritocrático, accedió al cargo, como dice la Academia, mediante el “sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios”.

    Semejante enquistamiento goza de una protección especial: la red de sindicatos que, parapetándose tras la ley 1626 del funcionario público y su telaraña de resoluciones y decretos reglamentarios, vuelve intocable al funcionario “nombrado”. Esto obligará a Cartes y a su administración a montar una verdadera ingeniería administrativa para reciclar gran parte del personal civil redefiniendo su función, capacitándolo y dándole un nuevo destino dentro de su programa de hacer más fuerte y eficiente el Estado.

    Será ésta la batalla más dura que deba librar la Administración Cartes, que le insumirá cantidades ingentes de tiempo y energía para domar una hidra de múltiples cabezas y miles de tentáculos, capaz de desestabilizar la nave mejor pilotada. Si lo logra, podrá seguir adelante en su “nuevo rumbo” e instalar para siempre la meritocracia como vía para acceder a la función pública. Tal vez sea la obra más importante jamás emprendida por un gobernante paraguayo en los últimos 100 años.El abordaje hecho en 5/dias acerca del antagonismo meritocracia vs. clientelismo en la administración pública nos ha llevado a agregar un ángulo de análisis que no debiera perderse de vista, a nuestro entender.

    El abordaje del investigador visitante de Cadep J.W. Christian Schuster titulado “Clientelismo y el juego político de profesionalizar el empleo público en Paraguay” parece abordar el “ahora y el después” de la contratación pública, señalando, entre otros muchos puntos, que el Gobierno de Fernando Lugo elevó de un 2 a un 15% la contratación de personal mediante “selecciones percibidas como sustancialmente competitivas y meritocráticas” aunque limitadas a unas pocas agencias gubernamentales. En el mismo documento, Schuster cita la serie de factores “que pueden disminuir el control clientelar de los Presidentes, incluyendo la permanencia de funcionarios reclutados por gobiernos previos, posiciones minoritarias en el legislativo y una incapacidad para tomar el control de las redes clientelares heredadas”.

    Cartes puede tener algunas ventajas en esta épica de reformar la función pública. Al decir del investigador, “heredará una política de gestión del funcionariado público considerada buena práctica, instrumentos para implementarla y un sistema de información (casi completo) para administrar y controlar la carrera administrativa”. Podrá poner el pie en el acelerador y empujar hacia arriba el 15% logrado por Lugo. La posición de Cartes en el Congreso es sólida y se supone que la ANR apoyará su promesa electoral de construir un Estado útil y bien estructurado.

    Pero su principal escollo reside en la masa de funcionariado público ya en funciones y sin calificación alguna que a diferencia del método meritocrático, accedió al cargo, como dice la Academia, mediante el “sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios”.

    Semejante enquistamiento goza de una protección especial: la red de sindicatos que, parapetándose tras la ley 1626 del funcionario público y su telaraña de resoluciones y decretos reglamentarios, vuelve intocable al funcionario “nombrado”. Esto obligará a Cartes y a su administración a montar una verdadera ingeniería administrativa para reciclar gran parte del personal civil redefiniendo su función, capacitándolo y dándole

    un nuevo destino dentro de su programa de hacer más fuerte y eficiente el Estado.

    Será ésta la batalla más dura que deba librar la Administración Cartes, que le insumirá cantidades ingentes de tiempo y energía para domar una hidra de múltiples cabezas y miles de tentáculos, capaz de desestabilizar la nave mejor pilotada. Si lo logra, podrá seguir adelante en su “nuevo rumbo” e instalar para siempre la meritocracia como vía para acceder a la función pública. Tal vez sea la obra más importante jamás emprendida por un gobernante paraguayo en los últimos 100 años.

    http://www.5dias.com.py/29211-mrito-vs-padrinazgo

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  5. Intocables

    “Ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones”. Con esta frase, la Constitución Nacional establece que ningún parlamentario podrá ser procesado por sus declaraciones en las sesiones o en los momentos en que actúe como legislador. Pero para los senadores, la Carta Magna va mucho más allá y permite que ningún juez pueda procesarlos por los delitos que pudieron haber cometido, incluso cuando no estaban en el Congreso.

    Esta fue la lógica que imperó para rechazar el desafuero de Carlos Filizzola, imputado por presuntas irregularidades durante su gestión como ministro del Interior en el pago por cuatro helicópteros para la Policía Nacional.

    A la hora de evitar que Filizzola sea procesado, uno de los principales argumentos de los liberales, oviedistas y patriaqueridistas que lo acompañaron fue que el juez primero debía remitir el pedido de desafuero al Senado, para después poder imputar al exministro. De esta forma, en la práctica, la Fiscalía debería primero pedir permiso al Congreso para imputar a uno de sus miembros.

    Un grupo de legisladores liberales hasta decidió que la intención del Ministerio Público de procesar a uno de sus colegas por corrupción debía ser sancionada y presentó una denuncia en contra de los fiscales del caso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El mensaje para el resto de los fiscales es claro: “Somos intocables”.

    El corporativismo parlamentario no es nuevo. Víctor Bogado se despojó de sus fueros recién después de cuatro años de su imputación por un supuesto daño patrimonial de G. 6.000 millones, durante su gestión en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Durante varios años, el Ministerio Público intentó procesar a la diputada liberal Ramona Mendoza por lesión de confianza cuando fue gobernadora de Concepción. Finalmente, la imputación fue desestimada por la imposibilidad de iniciar el proceso. La lista continúa con legisladores de todos los colores.

    Ahora, la Cámara Baja tiene una excelente oportunidad para tomar nuevos rumbos y permitir que el colorado Carlos Núñez Salinas, uno de los diputados más jóvenes de este periodo, sea procesado por contrabando. Núñez Salinas puede o no ser inocente, pero al igual que los otros legisladores sospechados de algún delito cometido fuera “del ejercicio de sus funciones”, debe someterse a un proceso como cualquier ciudadano.

    Por Fernando Boccia

    http://www.ultimahora.com/intocables-n708524.html

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  6. El golpe y el gobierno de Cartes
    POR E’A ⋅ JULIO 31, 2013 ⋅

    “El proyecto Cartes busca instalar definitivamente el modelo económico de la concentración de la riqueza y de la exclusión”.

    Por Adolfo Giménez*

    En los últimos veinte años hubo un crecimiento de organizaciones del campo popular, hubo luchas importantes por la tierra, por mejores precios de productos agrícolas, contra la represión, por mejores condiciones laborales, por salario, en contra de las privatizaciones y de los despidos, por el respeto a los derechos humanos, pero se llegó a un punto en el que la dispersión y la falta de una articulación más unitaria requieren de una reflexión, de un debate democrático amplio y de una propuesta combativa y movilizadora para seguir adelante.

    De esta manera se podrá responder y resistir mejor al proyecto de Horacio Cartes y el Partido Colorado junto al bloque de partidos golpistas; y a la alianza “azulgrana” que tiene el objetivo de establecer una gobernabilidad sobre la base de la profundización del modelo neoliberal, agroexportador, extractivista y de represión-criminalización de las luchas sociales.

    En estos veinte años se consolidó una estructura económico- social que se venía perfilando con claridad desde décadas pasadas, cuyas principales características son: descampesinización, alta migración a las ciudades, surgimiento de “un ejército” de trabajadores informales y desempleados, bajo desarrollo industrial, permanente flexibilización y precarización laboral, miles de niños trabajadores en diversos establecimientos y en las calles.

    El 67% de la población vive en las ciudades, el trabajo informal ocupa más del 35% de la población económicamente activa, el salario mínimo recibe menos del 35% de los trabajadores y los asentamientos precarios crecieron de una manera gigantesca.

    ¿Un gran triunfo?

    El “contundente” triunfo electoral del Partido Colorado el 21 de abril pasado se basamentó en la tradicional y costosa maquinaria con que cuenta este partido, además de prácticas reconocidas como el acarreo de gente, la compra de cédulas y el pago por el voto. Pero a Cartes le ayudó algo más: la intensa campaña de los grandes medios en contra de Fernando Lugo, el Frente Guasu, algunas organizaciones sociales y los partidos de la izquierda socialista, además de machacar diariamente la supuesta legitimidad del golpe de Estado parlamentario ocurrido el 22 de junio de 2012.

    No obstante, no se puede dejar de reconocer que los partidos tradicionales en Paraguay, por encima de estas “incorrecciones”, arrastran todavía a una masa importante de votantes en determinadas circunstancias como la que ocurrió el 21 de abril. Por tanto, solo la organización y la elevación del nivel de conciencia política del pueblo permitirán superar esta situación y alcanzar nuevos triunfos a corto plazo.

    El plan económico que implementará el gobierno de Cartes es el mismo que ya ha perfilado Federico Franco: apertura económica y facilidades a inversionistas extranjeros , profundización del actual modelo, achicamiento del Estado, plan de privatizaciones. Es muy probable que en poco tiempo se reabran las negociaciones con la transnacional Rio Tinto Alcan para regalarle la energía de Itaipú, así como también las propuestas de privatización de la ANDE, Copaco y Petropar.

    Además está en marcha el plan de aislar el país con el alejamiento del Mercosur y de la Unasur, como parte de una estrategia trazada en la embajada yanqui para un acercamiento con la Alianza del Pacífico, algo completamente absurdo dadas las condiciones en que se daría esta supuesta integración, sin ninguna conexión física ni de infraestructura.

    No hay una situación de derrota

    Comprender que hoy existe una dispersión en el campo popular significa una alarma, pero no es una situación de derrota. Las organizaciones están en pie, la clase trabajadora, el campesinado, los trabajadores informales, los sintechos y sintierras, los pueblos originarios, los estudiantes comprometidos con la lucha del pueblo, etc.

    Pero es necesario restablecer los vínculos, avanzar en la unidad entre el campo y la ciudad, en la unidad de acción, en la construcción de nuevas entidades que aglutinen al conjunto del bloque popular ante la nueva ofensiva que lanzará la clase dominante como ocurrió hace pocas semanas tras el asesinato del ganadero Luis Lindstron.

    Así como el sector sindical entró en una profunda crisis a mediados de la década de los años 90, la característica principal en las organizaciones campesinas es la actual dispersión, la falta de un plan de lucha en conjunto y una mayor unidad entre las dirigencias. Las auténticas organizaciones de sintechos buscan consolidarse en un ambiente donde se impusieron durante mucho tiempo las prácticas burocráticasy el prebendarismo político. Al mismo tiempo, falta una mayor vinculación con las organizaciones de los pueblos originarios convertidos en el último sector de los oprimidos, en la extrema miseria.

    Los partidos golpistas destituyeron en junio del año pasado a Fernando Lugo con base en un juicio político arbitrario, sin fundamento. El objetivo que tienen es evitar que se repita la experiencia del gobierno Lugo, aislar a la izquierda socialista, criminalizar las luchas sociales y asociarlas a grupos terroristas.

    Al mismo tiempo forman parte de un proyecto internacional contra los gobiernos progresistas de la región sudamericana, con el apoyo de las oligarquías locales. Los grandes medios de comunicación (diarios y canales de televisión) manipulan y distorsionan la información de manera escandalosa, con total impunidad, recortando al pueblo su derecho a la información veraz y de espacio en los medios, aplicando la censura sistemática.

    De hecho, sus propietarios forman parte de la oligarquía que está estrechamente ligada al capital extranjero y a los organismos mundiales. Otro aspecto a resaltar es que estos empresarios no tienen un proyecto nacional, son parte de un sistema económico y político internacional, responden a Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea.

    El proyecto Cartes busca instalar definitivamente el modelo económico de la concentración de la riqueza y de la exclusión, de sometimiento a políticas extranjeras, de neoliberalismo y de ajuste. La respuesta debe ser la unidad, la discusión de nuevos proyectos organizativos, de compromiso y planes de luchas a corto y mediano plazo para disputar un modelo diferente, un nuevo tipo de democracia y una sociedad más justa y solidaria.

    *Articulo publicado en la revista de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) del mes de julio 2013

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  7. ¿Solo la ANR?

    The Economist pone el dedo en la llaga al vaticinar que el problema del próximo gobierno será el partido de gobierno, debido a la política clientelar que caracterizó a la ANR durante la administración del poder, a la cual se sumó un sindicalismo estatal formado para la sobrevivencia de los operadores políticos.

    En Paraguay rige la política clientelar y prebendaria, pero de ella se nutren casi todos los partidos políticos; anteriormente eran solo los antiguos y tradicionales, pero durante la transición y el lapso de 24 años de libertad, hoy ya casi todos los partidos son prebendarios y clientelares, sean ellos de derecha o de izquierda.

    El único error que comete The Economist es identificar al Partido Colorado como el único problema futuro de Horacio Cartes en función de gobierno y se olvida de los demás partidos que son igualmente prebendarios y clientelares, que presionarán en esa dirección desde los lugares en que les corresponda actuar.

    Es probable que el Partido Colorado respete inclusive la potestad del presidente de nombrar por sí a los miembros del gabinete, es decir a los ministros y secretarios ejecutivos que dependen de la Presidencia de la República. El problema comenzará cuando el Presidente necesite de los líderes políticos, luego de los parlamentarios-políticos y finalmente de los operadores políticos.

    Cada uno a su turno irá ejerciendo ilegítimamente la presión para obtener tajadas de poder hasta llegar a convertir nuevamente la administración pública en una repartija de cargos como premio a la militancia y a la lealtad partidarias.

    En esto el Partido Colorado no se encontrará solo. Lo acompaña muy de cerca desde el vamos el PLRA, con el cual se hizo el “pacto azulgrana”, cuya primera prueba de amor fue el reparto de los cargos en el Congreso. La presidencia del Senado para el rojo y la de Diputados para el azul.

    Nada se puede objetar que el gobierno se encare con enfoque bipartidista en un país bipartidista. Nada se puede objetar que dos partidos, que juntos manejan el ochenta por ciento del electorado, se pongan de acuerdo para gobernar. Tampoco se puede objetar que algunos nombramientos sean de personas que respondan a los dos partidos predominantes.

    Lo reprochable es que el pacto sea producto solamente de repartijas o de cuotas de poder y nada de programas de gobierno, nada de hojas de ruta, nada de acuerdos para superar problemas de la sociedad e impulsar el desarrollo nacional.

    El gobierno entrante hubiera demostrado su voluntad de “nuevo rumbo” en la Justicia Electoral, donde el viejo rumbo loteó esa importante institución entre liberales, colorados y la tercera fuerza, sin tener en cuenta para nada la capacidad, los méritos y la competencia profesional de los aspirantes a ocupar la cúpula del TSJE.

    El Partido Liberal, fiel a su vocación de furgón de cola, votará mañana una candidatura propuesta por el Partido Colorado para el TSJE porque “corresponde” que la ANR tenga “su” ministro de contrapeso al ministro liberal, pero también votará otra candidatura propuesta por los colorados para que estos puedan tener dos votos contra uno, teniendo la oportunidad de hacerlo por una candidatura independiente, que no beneficie ni perjudique ni a colorados ni a liberales, pero que en cambio beneficie a la democracia.

    ¿Qué explicación dará de esto la nueva cúpula liberal al millón de afiliados del partido? Ninguna, porque la estructura y el sistema clientelar y prebendario del cual se contagiaron sus líderes y con los cuales contaminaron al partido son más fuertes que los principios democráticos que dicen profesar y de la propia trayectoria que exhiben.

    Por Edwin Brítez

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/solo-la-anr-603143.html

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  8. Gobernar contra reloj

    El hecho de que el nuevo presidente electo de la República jurará en el patio litoral del Palacio de López y no dentro o en las inmediaciones del Congreso, como los cinco mandatarios post-estronistas anteriores, tiene un simbolismo, más allá de que haya sido decidido por una simple cuestión de tener más espacio para la gente o de utilizar la Costanera.

    Posiblemente, sea una muestra de lo que, en el fondo, Cartes desea: que el centro de decisiones del poder pase en este periodo por el Poder Ejecutivo y que el Legislativo, que carga con un desprestigio continuado, tenga un papel secundario durante su gestión.

    Luego de su triunfo electoral, Cartes se ha mostrado expeditivo y pragmático en su manejo con el Congreso, con la ventaja que significa tener la mayoría absoluta propia en la Cámara Baja y una alianza que le otorga una cómoda mayoría en el Senado.

    El problema, quizás, es que esa diligencia y pragmatismo exhibidos fue considerado osado y hasta impertinente por un importante sector del Partido Colorado, que lo sigue viendo como un “arribeño” y un sapo de otro pozo que vino a aprovecharse con su dinero de la añeja asociación fundada por Bernardino Caballero.

    A pesar del hermetismo en el que se han mantenido las reuniones que viene haciendo HC con legisladores y dirigentes, en su residencia de la calle España, cuentan algunos participantes que estos encuentros se parecen más a la reunión de directorio de una empresa que a un encuentro político. No es que nadie se atreva a hablar o que no se le expresen posturas distintas al nuevo presidente, sino que es evidente que la mayoría de las decisiones están tomadas previamente.

    Implantar un “nuevo rumbo”, rodeado de dirigentes (de su mismo partido) acostumbrados a otra clase de manejo será complicado. Para ser bien claros: si Cartes realmente piensa impulsar una administración distinta a las anteriores deberá gobernar, en la mayoría de los casos, en contra de su partido.

    En el supuesto que tenga la voluntad de hacer eso y que lo lleve adelante efectivamente, su continuidad y su fortaleza dependerán sobre todo de la eficacia de las medidas que vaya aplicando.

    La administración de Cartes deberá obtener éxitos palpables e inmediatos porque, de otra manera, comenzará a sentir la presión de los dirigentes de su partido, en primer lugar, y de otros sectores políticos, poderes institucionales y fácticos después.

    Las recientes experiencias políticas en nuestro país han demostrado que no resulta demasiado complicado apartar de su cargo, de manera “legal”, a un presidente que se pone en contra al Congreso. El, menos que nadie, puede creer que saldrán multitudes a defenderlo a las calles ni nada parecido.

    Cartes gobernará este periodo “contra reloj”. El plazo comenzó a correr hace rato y hay muchos que ya cuentan las horas y los minutos para caerle con todo.

    Por Marcos Cáceres Amarilla

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/gobernar-contra-reloj-603152.html

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  9. Temperamentos presidenciales

    Allegados al Presidente Horacio Cartes afirman que el mandatario tiene una baja tolerancia al “no” y un temperamento ansioso que exige resultados positivos rápidos.
    Gente que ha trabajado para él dice que la palabra fracaso no es aceptada en su léxico y la velocidad máxima es la única que admite en la gestión de su entorno de colaboradores. El temperamento dice mucho de una persona, sobre todo, cuando está llamada a ocupar altas magistraturas.

    A Nicolás Sarkozy, ex presidente de Francia, se lo conoció por ser hiperactivo, intrusista y energético, que llamaba personalmente a los periodistas para impugnarles una cobertura o ponerse de pie abruptamente en una rueda de prensa ante alguna pregunta incómoda.

    A Dilma Rousseff se la define como seria, dura, exigente y temperamental mientras que a José Mujica se lo ubica por su carácter calmo, sencillo y directo. Harry S. Truman, campechano pero volcánico fue sin embargo reflexivo a la hora de decidir el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón, al igual que John Kennedy supo “tascar el freno” durante la peligrosa crisis de los misiles de 1962.

    La historia recoge ejemplos de presidentes que debieron luchar por contener su carácter ante situaciones extremas o, sencillamente, mantenerse controlados en la extenuante rutina diaria de gobernar un país. Exigir lo mejor para recibir por lo general sólo lo bueno y, a veces, lo peor de sus colaboradores es una característica común a la gestión gubernativa.

    Alan García, expresidente peruano, tenía arranques temperamentales como por ejemplo solicitar a su gabinete resultados positivos en 20 días o su renuncia masiva. García, que había sido elegido en 1985 con un altísimo grado de popularidad, abandonó el cargo en 1990 abucheado e impopular.

    Ser Presidente de la República no es lo mismo que conducir una empresa privada. En ésta, el dueño es el que manda en forma absoluta mientras que en la República, el Presidente ha recibido un mandato para gobernar en nombre de los electores, que se reservan el derecho a monitorear su gestión y expresar insatisfacción si así lo consideran necesario.

    De ahí que el dominio de su propio temperamento debe ser una condición fundamental para ejercer un cargo de tamaña responsabilidad.

    El Presidente Cartes deberá convivir más de una vez con el no, expresado a veces de forma descortés y desconsiderada, como sucede en la vida política.

    Tendrá que aprender a esperar, sobre todo cuando esa burocracia blindada por la ley del funcionario público le ralentice los procesos poniendo a prueba más de una vez su paciencia. Y absorber más de un fracaso, porque en la vida de los Estados, el éxito suele tener muchos padres pero el fracaso es huérfano.

    http://www.5dias.com.py/29410-temperamentos-presidenciales

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  10. 21 DE AGOSTO DE 2013

    Paraguay: Arrecian las posturas cavernarias

    José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

    Horacio Cartes, a pesar de innúmeras sospechas acerca de su estatura moral, subió a la presidencia paraguaya con el eslogan “Nuevo Rumbo”, y antes de una semana de hacerse de la banda y el bastón, varios elementos se están encargando de confirmar esa promesa, aunque la brújula apunta hacia el sometimiento del país, contra los intereses populares, y la urgente necesidad de transformar el corrupto y paquidérmico Estado.

    Preocupa su silencio respecto al clima de zozobra que ciertos grupos de poder quieren instalar en el país, al punto que el Ministro del Interior Francisco de Vargas no encontró mejor respuesta que pedir la colaboración militar de Estados Unidos para sofocar lo que en lenguaje oficial y de la oligarquía y el mundo mediático de la derecha, es la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una entelequia revolucionaria que, de hecho, es funcional al régimen y un rentable pretexto para la represión de las organizaciones campesinas.

    En el círculo más incondicional, forman filas para presentar el CV más reaccionario, tal el caso del Diputado liberal Edgard Ortiz, quien exigió hoy martes que durante los cinco años del mandato de Cartes, rija el Estado de Excepción en los Departamentos de San Pedro y Concepción, porque según él, “hay que retirarse de los Derecho Humanos”.

    Dos días antes de que el acaudalado empresario asumiera el mandato quinquenal, fue acribillado en el noreste del país el dirigente campesino, enemigo del latifundio y de las corporaciones del agronegocio, Lorenzo Aquino, sumándose a más de 130 luchadores sin tierra asesinados en los últimos 15 años por esbirros de latifundistas y narcotraficantes.

    Al cuarto día, un grupo de una docena de hombres secuestró de una estancia a cuatro guardias de seguridad y a un policía, dándoles muerte, hecho que inmediatamente, sin dar tiempo a la verificación correspondiente, el gobierno y la prensa afín, adjudicaron al EPP. Eso alcanzó para desplegar el mayor arsenal represivo en el noreste del país, intensificando el amedrentamiento que sufre la población desde hace años, bajo el argumento de que la guerrilla tendría ahí su estructura de repliegue.

    Concepción y San Pedro son territorios muy fértiles y de labriegos esforzados, pero también nichos muy conocidos de narcotraficantes y contrabandistas, relevados desde hace años por la población y, además, por agentes estadounidenses y colombianos y, en los últimos meses por expertos israelíes contratados por Cartes.

    Servicios contestes en fingir ignorar la hipótesis de que probablemente ciertos latifundios fungen de retaguardia del llamado EPP, utilizado como pretexto para la estrategia de la mafia y también de la injerencia política de Estados Unidos, que complementa su estrategia de asentamientos, con la penetración de las corporaciones transnacionales del agronegocio y la megaminería.

    Cartes habla poco, pero en sus breves declaraciones, ha señalado, por ejemplo, que la Reforma Agraria está gastada, sin precisar si es lingüística o conceptual su definición, mientras nada dice de la concentración del 86 por ciento de la tierra entre apenas el 2.5 por ciento del total de la población, haciendo de Paraguay, económicamente dependiente de la agro-ganadería, sea el país con mayor desigualdad distributiva.

    Tampoco se refiere al millón y cuarto de niños desnutridos, según organismos de la ONU, en un país que es el cuarto exportador de soja, ni del 40 por ciento de marginados, la mitad en situación de miseria, o de “pobres extremos, que son pocos”, según su Ministro de Defensa el General Soto Estigarribia, un estronista radicalizado, desde que fue escolta del tirano Alfredo Stroessner, una de las cabezas de la Operación Cóndor que, entre 1964 y 1989, asesinó a unas cien mil personas.

    Tiempo atrás, como jefe de una fracción colorada, y tras haber sido destituido de la jefatura del ejército por el Presidente Fernando Lugo, Soto Estigarribia incursionó de filósofo y se permitió declarar que “Lugo formó parte de una conspiración continental del S. XXI que es el comunismo del S. XIX, enemigo de la democracia, que busca volver pobre a toda la sociedad, a quien hubo que hacerle juicio político rápido porque existía la posibilidad de una movilización de masas”. A confesión de partes…

    Además, y a pesar de la prudencia ordenada desde palacio, como se percibe en los primeros pasos de ciertos ministros y colaboradores, algunos estarían desobedientes, sumándose con sus irrefrenables declaraciones a la de dirigentes muy influyentes del Partido Colorado, confirmando que los cinco años últimos fuera del gobierno, alimentó el revanchismo ideológico y gerencial entre la dogmática cúpula partidaria.

    Entre los casos de maccarthismo, también destaca el ex Ministro del Interior colorado Nelson Alcides Mora, quien propone reflotar la Guerra Fría para frenar el comunismo. Sin duda que está inspirado en el ex Senador norteamericano Joseph Maccarthy, quien fue destituido por el Senado en 1954, debido a su fanático anticomunismo. En fin, personas escombros, como muy bien los calificó el honorable Arzobispo Ismael Rolón.

    A ellos se suma el Canciller Eladio Loizaga, integrante de la generación estronista conocida como “tierna podredumbre”, jubilado hace poco tiempo de ese Ministerio, todo un referente de la extrema derecha con años de militancia en la Liga Mundial Anticomunista. Por el momento, utiliza un lenguaje respetuoso hacia el MERCOSUR y hoy martes informó a Cartes de pormenores de la reunión de la UNASUR, el día 30 en Surinam, donde el mandatario inaugurará su función internacional.

    No fue necesario esperar mucho para comprobar que la “selección nacional”, como llama Cartes a su gabinete, a cuyos miembros califica de personas honorables, probas y capaces, comenzara a develar la concepción ideológica de varios de ellos, quienes persisten en los viejos vicios de la politiquería y el sectarismo, cuando al país le urge que se instale una práctica democrática, pluralista, transformadora de los obsoletos modelos productivos y de convivencia social constructiva.

    Sin embargo, su círculo íntimo muy poca atención presta a los temas más sensibles para la ciudadanía, frenando males como la progresiva privatización de los servicios de salud, tras cuatro años de gratuidad bajo el gobierno de Lugo, o la huelga docente, que la Federación de Educadores (FEP) mantiene desde hace 40 días reclamando que se les pague una jubilación aceptable, que ahora es de apenas 150 dólares por mes. El gobierno liberal faccioso dejó un tendal de salarios sin pagar durante meses.

    Se comprende bien que Cartes recién comenzó, pero poco esfuerzo le costaría atender mínimamente, dando albergue y comida a los pueblos originarios que deambulan por las rutas y ciudades del país mendigando, o acelerar la elaboración transparente de un Catastro Nacional, para verificar cuántas propiedades tienen dueños legítimos y cuántas están ocupadas irregularmente. Hay ocho millones de hectáreas en conflicto.

    La Constitución Nacional, vigente desde 1992, netamente parlamentarista, impide de hecho que el Presidente de la República sea el Jefe de Estado, pero como Paraguay lleva siete décadas de autoritarismo bajo la batuta del Tendotá, una especie de monarca con más poder que el Ejército y el Partido Colorado, papel que ejerció Stroessner entre 1954 y 1989, varios elementos evidencian que ese legado ha recaído en Cartes que, por encima del malestar de la vieja guardia del partido porque no le reservó ministerios, su ventaja en la relación de poder político y financiero, lo habilita para decidir la marcha del país por encima del judicial y el legislativo.

    Desde ese altar, y si el “Nuevo Rumbo” fuera para respetar los derechos humanos y sacar al país de la miseria, como ha prometido, bien podría dar señales para que sean liberados los presos políticos, algunos en huelga de hambre y otros heridos de bala, con insuficiente atención médica, mayoría campesinos y campesinas que llevan más de un año en prisión, sin que el Ministerio Público haya presentado pruebas definitivas ni respete el principio constitucional de presunción de inocencia.

    Cartes también ha prometido combatir la corrupción y limpiar el país de holgazanes y de parásitos del Estado, pero su nuevo Comandante de la Policía Nacional, Pastor Alvarenga, jefe del combate al EPP, está acusado de varios delitos, entre ellos el de capitanear una banda de uniformados que extorsionaba comerciantes en Ciudad del Este y alrededores.

    La digital Agencia de Noticias (ADN), recuerda que Alvarenga, como Juez Sumariante, fue denunciado por presentar un informe falso para proteger a tres suboficiales, complicados en una serie de delitos, tiempo después, como Jefe de Narcóticos de la Policía, ignoró una denuncia del Senador liberal Robert Acevedo sobre el narcotráfico en la zona de Pedro Juan Caballero, frontera con Brasil y, asimismo, en la Comandancia se le acusó de participar en un asalto que reportó dos millones de dólares.

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