El Congreso Nacional sigue retaceando a la ciudadanía la oportunidad de vivir en un país enteramente transparente en cuanto a su régimen económico. Más por mezquindad política que por razonamiento lógico, continúa la oposición a un instrumento que favorece dicha transparencia y encamina el sistema hacia la formalización total: el Impuesto a la Renta Personal (IRP). El nuevo proyecto de ley elevado por el Ministerio de Hacienda, que busca destrabar la suspensión de la vigencia de dicho tributo hasta el 2013 -establecida por el propio Congreso-, languidece en la Comisión de Hacienda del Senado. Y conste que el Ministerio de Hacienda ya ha cedido todo lo que pudo ceder, con tal de que el IRP rija definitivamente.
La Comisión de Hacienda del Senado tiene en su poder, desde fines de marzo pasado, el proyecto de ley elevado por el Ministerio de Hacienda, que modifica varios artículos de la Ley del Impuesto a la Renta Personal y lo pone en vigencia a partir del segundo semestre de este año. Sin embargo, el tema no fue aún tratado en dicho estamento. El presidente de la citada Comisión, el liberal Ra- món Gómez Verlangieri, había afirmado que en julio convocaría a una audien- cia pública para debatir el caso con la ciudadanía.
Esa sería una buena oportunidad para que la sociedad haga escuchar su voz ante los políticos, para quienes seguramente el IRP constituye una amenaza.
El Congreso había determinado que la vigencia del IRP se suspendía hasta enero del 2013, con toda la intencionalidad de no permitir que el Gobierno ac- tual pudiera utilizar esa herramienta impositiva.
La situación se complica tras la determinación adoptada la semana pasada por la Junta de Gobierno del Partido Colorado, que por mayoría decidió opo- nerse al IRP, y por la postura de Unace -también en contra-, una agrupación política cuyo líder está siempre a la pesca de alguna ventaja particular. Es decir, no existe la cantidad suficiente de votos para que este nuevo proyecto de Im- puesto a la Renta Personal, por ahora, pueda prosperar.
El ministro de Hacienda, Dionisio Borda, al lamentar la decisión del Partido Colorado, recordó que «todas las instituciones y los organismos internacionales nos exigen (aprobar el IRP), y a esta altura se volvió una exigencia, como parte del proceso de formalización y transparencia de la economía paraguaya».
Agregó que «ya ni hablamos siquiera de su capacidad de recaudación, como impuesto directo, que es ínfimo, pero sí que pueda ayudar efectivamente para ir formalizando la economía y haciéndola más transparente».
Los niveles de recaudación impositiva del Paraguay son los más bajos en la región: apenas 13 % del PIB, y una de las exigencias de los organismos inter- nacionales para otorgar préstamos y donaciones a nuestro país es la aprobación del tributo.
Aunque el panorama para el IRP en el Congreso parezca muy poco favorable, el Ministerio de Hacienda debe continuar con su lobby, sobre todo ante la Co- misión de Hacienda de la Cámara Alta.
Por otra parte, los políticos debieran dejar de pensar en términos netamente partidarios y ponerse a la altura de la gente que viene trabajando desde hace mu- cho tiempo para lograr los resultados macroeconómicos que hoy se exhiben con orgullo.
El Impuesto a la Renta Personal es un instrumento fiscal imperioso para un Paraguay de crecimiento sostenible que la ciudadanía honesta impulsa. Es hora de que los políticos se pongan a la altura de su responsabilidad patriótica y per- mitan su vigencia inmediata.
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Federico Tatter
Con instrumentos como el IRP, es posible comenzar, junto a otras medidas, a sostener que el crecimiento sectorial que sólo beneficia a un sector y dentro del sector cada vez más sólo a los concentrados del mismo, puedan ser redistribuidos a través del estado a políticas sociales y de desarrollo inclusivo. Así las fabulosas cifras macroeconómicas enunciadas siempre, ayudarán a torcer el inverso crecimiento
Así las fabulosas cifras macroeconómicas enunciadas siempre, ayudarán a torcer el inverso crecimiento negativo de las cifras macrosociales, con más de 1.000.000 de compatriotas por debajo de la línea de pobreza, y en el cuarto exportador mundial de soya.
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¿Se proyectan modificaciones al IRP?
Por Natalio Rubinsztein (*)
De acuerdo con algunas publicaciones periodísticas se proyectan modificaciones a lo actualmente establecido en relación con el IRP. Ellas estarían vinculadas con los siguientes aspectos: a) La eliminación de la declaración jurada inicial del patrimonio; b) Prejudicialidad en la investigación de la evasión impositiva; c) Deducción en su totalidad de los gastos del contribuyente.
En cuanto al primero de los puntos, entendemos que la declaración jurada patrimonial inicial es un elemento importante para facilitar el control al fisco, y si se excluye la exigencia de la referida declaración debieran de introducirse modificaciones a algunos artículos de modo que no se pierda totalmente esta facilidad del control. Hasta el presente no han trascendido todas las modificaciones propuestas y deberíamos contar con las mismas en detalle para formular nuestra posición al respecto.
Si consideramos que la responsabilidad de la prueba de los ingresos y su origen fuere siempre a cargo del contribuyente, de algún modo se está estableciendo un tipo de control sobre el particular. Aunque reiteramos que para emitir una opinión concreta en primer lugar deberíamos de contar con todas las modificaciones en detalle. El proyecto en su conjunto.
Respecto del tema de la prejudicialidad, ciertamente resulta un tema trascendencia, ya que se intentaría establecer algún mecanismo por el cual puedan participar coordinadamente la Fiscalía junto con la Secretaría de Estado de Tributación, en el caso de determinación e investigación de eventual evasión impositiva. En modo alguno, que participe la Fiscalía independientemente de la instancia administrativa de control (Secretaría de Estado de Tributación).
Finalmente, lo relativo a la deducción de la totalidad de los gastos del contribuyente, aportará nuevamente un punto esencial para lo que en su origen se pretendía con el referido IRP. Que toda la actividad se transparente ya que los contribuyentes – al poder deducir frente a sus ingresos gravados todos los gastos que realicen – requerirán en todos los casos los comprobantes legales correspondientes para los servicios que contraten o los bienes que compren.
Y de este modo ciertamente se estará alentando – como en el proyecto original – a que se formalice toda la actividad económica.
(*) Socio de BDO Auditores Consultores
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¿Y si privatizamos el Presupuesto?
por Rubén Céspedes
Leí una vez en la revista Condorito que este simpático personaje, oficiando de secretario de una municipalidad, entra en el despacho de su jefe para decirle:
– Señor intendente, tengo una buena noticia, ya no va a haber corrupción en nuestra municipalidad.
– ¡Qué bueno! ¿Se acabaron los corruptos?, le pregunta el intendente.
– No, señor. Se acabó nuestro presupuesto, le respondió Condorito.
Ahora que estamos en plena época de preparación del Presupuesto para el 2012 y comienzan las presiones de los diferentes sectores para tener alguna nueva teta del Estado para mamar o para aumentar el tamaño de la que ya tienen, me pasé pensando en el tema y a la noche soñé que en nuestro país se llegaba a privatizar el Presupuesto nacional. Importantes empresas privadas se hicieron cargo de voluminosos paquetes de nuestro Presupuesto, tras reñidas licitaciones, y comenzaron a ejecutarlos con gran éxito. Yo no cabía de gozo en mi sueño, ya que la corrupción, si bien no desapareció, se redujo al mínimo. Se puso fin al despilfarro de dinero público, a los recomendados, a los “planilleros” y a otras prácticas tan nocivas en nuestro país.
Vi, por ejemplo, a Calé salir de una conocida empresa privada con una voluminosa carpeta bajo al brazo, bufando su ira con estentórea voz. “Es una calamidad, ahora ya no podemos darle sueldos ni a nuestros jugadores de fútbol”, protestó. Lo cual me hizo recordar a aquel presidente de seccional de una localidad del Ñeembucú, que a poco de la caída de Stroessner se quejaba porque “ahora ya no podemos nombrar ni a una directora”.
Vi salir de otra empresa al ex presidente del Senado Óscar González Daher, con la decepción pintada en el rostro, porque su carpeta con una lista de secretarias y de recomendados para el aeropuerto internacional le había sido rechazada sin mucho trámite. Pese a ello, el senador no perdió la compostura y, siempre circunspecto, no se le movió ni una fibra de su peluquín.
Quien, según mis sueños, no pudo esconder su enojo fue Lino Oviedo, a quien le escuché decir que, “a este paso, no voy a poder llegar a gobernar in sécula seculórum”. Tratándose de un político conocido por su apego a la igualdad entre todos los paraguayos, en su afán de ayudar a los demás por igual, en su carpeta figuraban hasta nombres de travestis y de algunas empleadas domésticas a su servicio.
Otro de los que se quejó amargamente fue el diputado Marcelino Garcete, quien en su preocupación por la falta de trabajo llegó a expresar públicamente que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) debe ser una suerte de agencia de empleos. Según este prócer, el TSJE “cumple un rol social porque da empleo y trabajo a mucha gente”. Pese a este sesudo análisis, su carpeta con nombres de correligionarios, parientes y amigos ni siquiera fue aceptada en mesa de entrada.
Los Franco, Federico y Yoyito, tampoco quedaron atrás e intentaron ubicar a una nueva larga lista de familiares, sin éxito alguno ante la insensibilidad de los representantes del “capitalismo salvaje”. El mismísimo presidente Lugo rebotó con su lista, que incluía a hermanos, sobrinos y supuestos yernos. “Mis parientes también tienen derecho a trabajar”, protestó el Mandatario.
Vi también llegar a las oficinas de los que manejan el Presupuesto a algunos conocidos dirigentes campesinos como Elvio Benítez, José Rodríguez, Eulalio López, pidiendo subsidios o créditos blandos. En vez de regalos de dinero se les ofreció proyectos productivos para progresar, lo cual no fue del agrado de estos líderes. “¿Querer hacer trabajar a esta pobre gente? ¡Un abuso! Hay que repartirles dinero”, se le escuchó decir a uno de ellos.
Yo estaba tan feliz porque el país progresaba aceleradamente. Sobraba dinero para hospitales, escuelas e infraestructuras viales. Inclusive, decenas de miles de planilleros de la administración pública decidieron abandonar su cómoda situación por los atractivos salarios que se pagaban en la esfera privada.
Pero este hermoso sueño se transformó en pesadilla porque el proyecto de privatizar el Presupuesto naufragó en el Parlamento, donde tras largas discusiones se archivó la carpeta, ya que no hubo acuerdo si la cuestión debía ser objeto de enmienda o reforma de la Constitución.
11 de Agosto de 2011
http://www.abc.com.py/nota/y-si-privatizamos-el-presupuesto/
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El IRP se necesita
La gran discusión respecto al impuesto a la renta personal es el fin principal, y se tejen diversos criterios principalmente fundados en el desconocimiento y la falta de información específica que deberían de exponer los impulsores de este impuesto. Lo que se cree es que la misma pretende mayor recaudación a partir de este impuesto. Pero en realidad el IRP en sí no recaudará lo que se estima, pero gracias a ella se logrará formalizar la política fiscal y a través de eso lograr recaudar en los otros impuestos como el IVA e IRACIS. De una vez por todas debemos reclamar la implementación de este impuesto que redundará en beneficio de toda la ciudadanía. Si es que la aplican bien… pero eso ya es harina de otro costal.
Derlis Manuel Rodríguez
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La importancia del Presupuesto de la Nación
Por pa’i Oliva – http://www.paioliva.blogspot.com
Cuando se lo aprueba surgen las quejas por sus falencias. «Poco para salud». «Cortó el gasto social». «Educación necesita más»… ¡Pero ya es tarde! Cronológicamente en marzo y abril Hacienda hace los primeros delineamientos para el Presupuesto del año próximo.
En mayo y junio se envía a los ministerios e instituciones para que se adapten a ellos. En julio y en agosto van llegando los resultados y Hacienda hace el Proyecto del Presupuesto de la Nación.
El 1 de setiembre se presenta a las Cámaras del Congreso y estas tienen 60 días para estudiar los gastos y de dónde va a salir la plata necesaria. Tiempo duro de presiones de todo tipo, de lobbys, consultas etc. En diciembre tiene que estar aprobado definitivamente. De no ser así se repite el Presupuesto del año anterior. Esto nunca ha sucedido, aunque en tiempos de Nicanor estuvo a punto de ocurrir.
Y la ciudadanía, ¿cuándo participa? Inclusive, ¿tiene algún conocimiento de cómo va avanzando? Un punto interesante que tendría que ser atendido ya que somos una democracia también participativa.
Tal vez fuera necesario incrementar antes la participación ciudadana en los presupuestos municipales, cosa que ya se ha dado en algunos municipios, pero que es impedido en otros municipios o no se ha mostrado interés de intervenir.
Mientras tanto, nos quejaremos siempre luego, pero ya llegaremos tarde.
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¡Que el sector agropecuario pague impuestooosss!
Por Manuel Ferreira Brusquetti
Economista Jefe
¡¡¡¡Que el sector agropecuario pague impuestooooosss!!!! Es el clamor popular. Desde el Ministerio de Hacienda hasta el último paraguayo que tiene aunque más no sea un vago conocimiento del tema tributario, reclama este aporte.
«Una gaseosa cualquiera paga 15 % de selectivo al consumo y 10 % de IVA, y la soja y las vacas pagan cero. ¡Es hora de que los agricultores y ganaderos también contribuyan con el país», es la afirmación más común que se escucha de empresarios, trabajadores, amas de casa y otro montón de ilustres personajes integrantes de nuestras fuerzas vivas, como le gustaba llamarlas al dictador.
Pero ¿qué grado de verdad contiene esta afirmación tan generalizada en segmentos sumamente valiosos de la población paraguaya?
A ver, empecemos por desglosarla. Cuando uno mira la gaseosa y la soja o la vaca es verdad que la primera paga 25 % mientras que la segunda paga 0 % sobre su precio. El secreto está en QUIÉN es el que paga. En el caso de la gaseosa, el impuesto selectivo al consumo (ISC) y el impuesto al valor agregado (IVA) son pagados por quien sea que compra la gaseosa para tomarla. La empresa productora de la gaseosa actúa en este caso como agente retentor de estos impuestos, es decir, cobra el impuesto que fue pagado por el consumidor de la gaseosa y se lo transfiere en su totalidad al Estado. En los registros de la Subsecretaría de Tributación estos pagos se registrarán bajo el nombre de la empresa fabricante, que posiblemente aparecerá como gran contribuyente; pero no confundamos lo que esa empresa PAGA de impuestos por su propia actividad, con lo que esa misma empresa RETIENE de otros contribuyentes y transfiere al Estado.
En el caso de la soja o de la vaca, estos bienes pagan 0 % sobre su precio, porque por alguna razón, alguien, «en el interés de promocionar la noble actividad agropecuaria», decidió que los productos en estado natural, o sea, los animales vivos y los productos agrícolas, no paguen el IVA. Magro favor se le hizo al sector, ya que agricultores y ganaderos, no solo grandes, sino también aquellos con 10 vacas o una hectárea de algodón, se vuelven de esta manera consumidores finales del IVA, porque cuando compran un producto veterinario o un fertilizante, actúan igual que el comprador de la gaseosa, haciendo que las empresas que le vendieron estos productos aparezcan como contribuyentes, cuando en realidad son agentes retentores de lo que pagaron los ganaderos o agricultores.
La cosa no termina ahí. Cuando alguien se dio cuenta de esta situación le pidió a Nicanor que saque un decreto (que era ilegal), con el cual se pueda descontar del impuesto a la renta de actividades agropecuarias (Imagro) el IVA que ganaderos y agricultores acumulaban al hacer las compras de sus insumos para producir. Esto ocurrió desde 2004 hasta octubre de 2008 cuando Lugo derogó este decreto. Casi como en cualquier empresa, los costos de producir son superiores a las utilidades que genera el negocio, el IVA era en casi todos los casos más grande que el Imagro, por lo que los productores acumulaban créditos fiscales. El saldo de este crédito fiscal empezó a bajar desde que se derogó el decreto y seguramente se va a acabar en 2012, por lo que los productores van a tener que pagar su 10 % de renta más el 10 % del IVA costo.
En los casos en que el productor no tenía suficiente IVA y tenía que pagar un Imagro superior al crédito IVA que tenía, Hacienda solamente registraba la parte pagada en efectivo como pago de Imagro, porque si se reconocía este crédito fiscal de IVA como pago de Imagro, tenía que transferir el 80 % de lo recaudado al Indert porque así lo exige la ley de esa institución. Al reconocerse solo la parte pagada en efectivo, se transfiere solo el 80 % de lo pagado en efectivo.
Y entonces, ¿paga o no impuestos el sector agropecuario?
http://www.ultimahora.com/notas/458257-Que-el-sector-agropecuario-pague–impuestooosss
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Empresas y sector público
Cerró en nuestra capital el Cuarto Foro Empresarial, que en el año del Bicentenario tuvo como lema “200 años, un nuevo camino”, con opiniones y reflexiones que merecen ser analizadas con detenimiento por la ciudadanía y las autoridades. Esta instancia de debate de los grandes temas nacionales convocó en esta oportunidad a 450 representantes del empresariado nacional y contó con la presencia de una comitiva del Gobierno, encabezada por el presidente de la República y los ministros de Industria, Agricultura y Hacienda. Es de lamentar, dicho sea de paso, la ausencia en estos foros del ministro de Relaciones Exteriores, una cartera de Estado que debería mostrarse más abierta al intercambio y al diálogo con los distintos sectores de la sociedad, especialmente de aquellos relacionados a la economía y la producción.
La conclusión general no es un concepto desconocido ni un descubrimiento: es indispensable la elaboración de políticas de Estado de crecimiento y desarrollo que se mantengan más allá de las idas y venidas electorales y que surjan de una firme y patriótica alianza entre el sector público y el sector privado. Es una fórmula simple, que apunta a forjar una visión estratégica compartida sobre la base del diálogo, de los consensos, de las negociaciones. Aunque no hay quizás nada radicalmente nuevo en este planteamiento y sus beneficios son evidentes al examinar experiencias parecidas en otras partes del mundo, en nuestro país es crucial que los distintos grupos sociales y ciudadanos empujen en esa dirección, ante una clase política que se caracteriza por priorizar sus pequeñas pujas sectoriales o partidarias antes que los asuntos de interés nacional.
Un ejemplo de políticas a largo plazo aplicadas con éxito en nuestro país fue resaltado en el Foro Empresarial. Se trata de los planes y acciones, implementados desde hace seis o siete años, orientados a otorgar solidez financiera y equilibrio macroeconómico a nuestro país. Esas medidas fueron llevadas adelante con independencia de las oscilaciones y los desplazamientos políticos electorales y constituyen la base sobre la cual se produjo la bonanza económica histórica registrada el año pasado y el actual.
Si en este campo se consiguieron resultados positivos, no hay razón para pensar que con la herramienta de una visión estratégica compartida por el Gobierno, el empresariado y la sociedad civil no se replicarán los logros en otros ámbitos. Bastará nombrar tres de estos ámbitos en los que se torna cada vez más urgente la cooperación del Estado y el sector privado: a) Infraestructura. Se requieren fuertes inversiones para mejorar las redes viales, las terminales aéreas y portuarias, para facilitar la navegabilidad de los ríos, garantizar el suministro de energía y asegurar la conectividad de nuestro país con el mundo. b) Innovación y tecnología. La incorporación de las más modernas herramientas técnicas y científicas en la producción y la gestión empresarial debe ser una política deliberada del Estado. De cara al futuro, nuestro país no puede permitirse quedar rezagado en la carrera tecnológica. c) Educación.
Como ningún otro, este es un asunto de la más alta prioridad, una causa nacional. La educación de calidad –profundamente paraguaya pero orientada a los desafíos de un mundo cada vez más integrado– es la verdadera palanca para salir del atraso y la pobreza. Una educación enfocada no solo a la transmisión de contenidos sino también y sobre todo a la creación de conocimiento.
http://www.lanacion.com.py/articulo/37225-empresas-y-sector-publico.html
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Ley de competencia
Ante la posible sanción de la ley, denominada De Defensa de la Competencia, la Fundación Libertad del Paraguay deja patente su total oposición y firme protesta contra la mencionada ley, la cual está fundamentada en creencias marxistas ya perimidas.
Los fundamentos de leyes positivas sobre la competencia no están basados, más allá de falacias de autoridad o creencias de ideologías caducas, por ejemplo que todos los países desarrollados tienen una o que la formación de monopolios puede darse desde el sector privado no regulado.
Estos mismos fundamentos han dado nacimiento a la obstaculizadora ley Sherman de los Estados Unidos, que en más de cien años de vigencia ha demostrado su total desfasaje y ha castigado sistemáticamente el éxito en este país.
En abierta contradicción con lo que pretende “proteger” la referida ley de Defensa de la Competencia en Paraguay, pretende regular la actividad económica, creando gigantescas burocracias para el efecto, lo que riñe abiertamente con el principio de la libertad de competencia, como el Instituto de Defensa del Consumidor (Indeco) Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Dirección Nacional de Investigación y Promoción (DNIP) todas ellas con atribuciones basadas en creencias cuasi-religiosas del marxismo, como la predación de precios, alza y baja artificial de precios o la concentración de empresas. Todas estas superadas hasta en el estudio histórico de la economía.
Está demostrado claramente que los monopolios solo pueden formarse desde el sector de regulación precisamente, es decir, es justamente una ley que pretende regular la competencia la que daría nacimiento a monopolios, con el agravante del alto costo económico que esto importa, pues se crean dependencias estatales que soportarán los contribuyentes del país.
Son las leyes concesionarias, aranceles a la importación, control de precios y otras prácticas exclusivas del ente estatal las que posibilitan el nacimiento de monopolios y oligopolios pues privilegian a determinados sectores pseudo empresariales. Mal podría darse estas mismas situaciones, sin que en la economía se otorguen privilegios desde quien, por un poder o abuso de este, pueden concederlo.
Consideramos altamente oprobiosos que instituciones públicas deban decidir sobre situaciones de mercados que se auto regulan naturalmente, violando el derecho de la propiedad privada en el sentido de pretender que los propietarios de mercaderías deban vender por encima de precios fijados de antemano, juzgar conductas supuestamente anticompetitivas, cuando el principio de la competencia es justamente buscar mejoras para la captación de mercados u obligarlos a vender o a participar en acuerdos bajo la excusa del interés general.
Finalmente, el análisis errado, nuevamente se centra en tomar como sujeto de esta ley a los oferentes, desconociendo el derecho de los consumidores de ser quienes elijan en el mercado, tratándolos como simples piezas del engranaje económico, encasillándolos en porcentajes, calificándolos de cuotas o clientelas que se puedan repartir, como si fueran ganados incapaces de tomar decisiones propias.
Exhortamos a la opinión pública a expresar y conocer sus derechos que sistemáticamente están siendo avasallados por ingenieros sociales que creen saber más que los millones de seres humanos que componen el mercado. La mejor ley de la competencia y idéntica a la mejor ley de prensa: es la que no existe.
FUNDACION LIBERTAD DEL PARAGUAY
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Faltan iniciativa empresarial y dignidad laboral para combatir desempleo y pobreza
Recientemente el Ministerio de Justicia y Trabajo organizó la Primera Feria y Ronda de Negocios de Emprendedores, en Asunción.
Sin dudas, este es el camino a seguir en la lucha contra la pobreza y crear mayores oportunidades de empleo para todos y cada uno de los paraguayos. Ojalá este tipo de encuentros se replique en el futuro próximo, y no solamente en la capital, sino a lo largo y ancho del territorio nacional.
Está más que demostrado que el estímulo de este tipo de iniciativas tiene una incidencia directa en la reducción de los niveles de desempleo. De allí la importancia de convertirlas en una prioridad para el gobierno, de forma tal a lograr que a través de la inteligencia y el esfuerzo personal, un número cada vez mayor de compatriotas salga del estado de pobreza en que se encuentra.
Es de capital importancia promover entre los paraguayos una cultura del emprendimiento. Una formación orientada en este sentido debería ser una política de Estado de primer orden para nuestro país, un ámbito hacia el cual habría que orientar una cantidad creciente de recursos. Lamentablemente, hoy por hoy demasiados fondos se destinan casi exclusivamente a hacer caridad entre los más pobres, se les entrega dinero en efectivo en vez de animarlos a dejar de lado el conformismo y a asociarse comunitariamente, para que, mediante el otorgamiento de asistencia financiera, desarrollen negocios que sirvan no solo para generar ingresos, sino también para fortalecer su propia autoestima.
Urge brindar a nuestros jóvenes una educación que sirva para conectarlos con el mundo del trabajo, que los forme de manera más decisiva para los desafíos que deberán asumir inmediatamente después de salir de las aulas, y, fundamentalmente, que estimule en ellos el sentido de la iniciativa y la creatividad.
Es cierto que el servicio prestado por el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) ha sido importante pero es preciso avanzar aún más, sobre todo mediante una labor conjunta con el Ministerio de Educación y Cultura, tendiente a que los currículos de estudios del sistema formal también estén transversalmente guiados por este tipo de valores y principios.
En todos los casos, el paso dado con la Primera Feria y Ronda de Negocios de Emprendedores es un buen comienzo.
Solo resta confiar en que el ejemplo cunda en todos los rincones de la República, a fin de que también los paraguayos del interior tengan la oportunidad de vincularse de una forma más decisiva con el fascinante mundo del emprendimiento y el superador ambiente de la promoción humana y la dignidad laboral.
http://diariovanguardia.com.py/index.php?option=com_content&view=article&id=17867:faltan-iniciativa-empresarial-y-dignidad-laboral-para-combatir-desempleo-y-pobreza&catid=98:editorial
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El costo de la informalidad
Por Héctor Farina Ojeda (*)
La economía es el fiel reflejo de la gente que la compone, de sus costumbres, virtudes y vicios. En sociedades informales, donde el cumplimiento de cualquier norma o pauta de conducta es relativo, los resultados que se ven en la economía no pueden ser distintos: mercados informales, poca seriedad, credibilidad baja y niveles de confianza insuficientes. Todo esto es un coctel que hace que nos vean con desconfianza para invertir, proyectar y emprender.
Relativizamos las reglas, incumplimos acuerdos, nos creemos muy vivos cuando evadimos una norma y hasta hacemos alarde de genialidad cuando burlamos algún esquema que busca ordenar el caos. Cuando quieren cobrar peaje para reparar una carretera, le encontramos la vuelta para eludir el puesto de pago, de la misma manera que los empresarios buscan la vuelta para no cumplir su parte, tal como lo hace el empleado que sabe hacer la vista gorda cuando le conviene o el funcionario fiscalizador que está presto a no hacer su trabajo si es que lo persuaden con un aporte. Cada uno se cree el listo de la historia, cada quien cree engañar al otro, todos se creen ganadores. Pero el costo es vivir en sociedades empobrecidas, poco creíbles y poco confiables.
Como en un cambalache moderno, se cambia una informalidad por otra, un truco por otro más artero, y hasta adaptamos la ley de la oferta y la demanda a la medida de la poca seriedad. A todo emprendimiento serio se le crea un camino informal, toda iniciativa tiene su interpretación relativista y toda regulación puede ser omitida conforme a las necesidades del cliente, el compadre o el amigo.
Informales hasta la médula, desde el paso por el sistema educativo, en donde todo se relativiza, en donde se puede cambiar un proceso de enseñanza-aprendizaje por un paso esporádico por un aula, en donde algún profesor finge seguir la regla para no respetarla a conveniencia. Profesionales de fachada y hasta de título, pero negligentes por oficio. Poco competitivos en resultados, pero tentadores en la oferta: pseudomédicos que ofrecen curas milagrosas a bajo costo, que terminan traspasando la culpa a los incautos que se dejan tentar bajo las reglas de la falta de reglas. Todo se vuelve informal, todos se echan la culpa, pero hasta eso puede relativizarse. Hasta en eso se encuentra el atajo, el camino chueco, el engaño y la finta.
La informalidad se ha incrustado en nuestro comportamiento, como si fuera un rasgo cultural, a tal punto que la exhibimos hasta con cinismo e impudicia. Como el letrero que vi en un restaurante de México: “En caso de que quiera factura, se le cobrará el IVA”. Es decir, la misma gente asume que la oferta informal es más barata porque evade impuestos, porque no garantiza calidad o porque sencillamente es la forma de burlar esquemas de control.
Ser informales, ser incapaces de ser serios nos implica un costo demasiado elevado. Vivimos en sociedades que han perdido la visión y la planificación a largo plazo, porque sencillamente lo planificado no será cumplido y terminaremos encontrando la manera de evadir responsabilidades por medio de un arreglo, un camino más corto, un truco o una artimaña que nos ahorre esfuerzo.
En una América Latina impregnada por lo informal, no es raro que nos quejemos de que no haya servicios eficientes, una educación de calidad y atención sanitaria para todos. Pero, curiosamente, somos poco serios a la hora de contribuir, de pagar impuestos, de exigir y dar el ejemplo… de la misma manera que los que administran los recursos son poco serios para cumplir, para transparentar, y terminan malversando nuestras oportunidades y nuestro destino.
Pagamos el costo de la informalidad cuando no llegan inversiones, cuando no confían en nuestro sistema torcido de reglas a la hora de emprender o cuando terminamos escamoteando cada proyecto que parecía beneficioso. Pero luego nos quejamos de la falta de trabajo, del poco profesionalismo con el que nos tratan los funcionarios y de la increíble falta de respeto que nos tienen como consumidores. Jugadores de un ajedrez de reglas nominales pero manipulables, sólo nos ofendemos cuando nos sentimos en jaque, pero minimizamos los males cuando atacamos y destruimos cualquier intento de seriedad.
La transformación de una sociedad empieza por los cimientos, aquellos que configuran la esencia de la gente: su educación y su actitud ante los problemas cotidianos. Esa transformación hacia un modelo menos informal y más serio es la que tiene a Chile como su principal ejemplo en América Latina. Con una economía planificada, con una visión de futuro, con una fuerte inversión en la educación y con un respeto a las normas, este país avanza firme contra la pobreza y el atraso.
Combatir nuestra propia informalidad y promover una actitud de más compromiso y responsabilidad, son fundamentales a la hora de pensar en un país planificado, serio y con un rumbo definido. La economía lo agradecería y nosotros nos agradeceríamos al ver los resultados económicos que podemos obtener dejando de lado la costumbre de torcerlo todo, relativizarlo todo y reducir lo serio a lo informal.
(*) Periodista y profesor universitario
Desde Guadalajara, Jalisco, México.
Más publicaciones en http://enfoqueparaguay.blogspot.com
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SOLAMENTE CON REUNIONES NO SE SOLUCIONARAN LOS PROBLEMAS DEL PAIS, ADVIERTEN
LA CAP PIDE AL PODER EJECUTIVO UNA AGENDA CONCRETA Y TEMAS DEFINIDOS
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) pide al Poder Ejecutivo nacional el establecimiento de una agenda país concreta, de tres o cuatro temas bien definidos, responsables y plazos de implementación. Al respecto, cree que los problemas del país no se podrán solucionar solamente con simples reuniones con representantes de algunos gremios de la Feprinco.
Al respecto, el titular de la cámara, Carlos Jorge Biedermann, afirmó que –caso contrario– y como en otras oportunidades, esto no pasará de discursos e innumerables y desgastadoras reuniones. “El país necesita llevar adelante una metodología de trabajo basada en objetivos bien definidos y la intención y decisión política de realizarlos. Paraguay es un país que tiene todo lo necesario para mejorar, solo necesitamos ponernos de acuerdo y aprovechar todas las oportunidades”, enfatizó el dirigente empresarial.
Añadió que los tres obstáculos principales para mantener y atraer inversiones al país, según visualizan los miembros de la CAP, son: problemas de infraestructura, inseguridad jurídica y física, y la falta de capacitación de la fuerza laboral. “Asumiendo que también existen otros inhibidores como burocracia de las empresas públicas, la informalidad; que hace que las empresas formales compitan con serias desventajas, y la baja calidad de las gestiones de instituciones y empresas estatales”, resaltó.
En cuanto a la fuerza laboral del país, afirmó que Paraguay debe apostar a la capacitación, orientada a la competitividad estructural, porque uno de nuestros principales problemas es la falta de mano de obra calificada y actualizada. Sobre el punto, enfatizó que la educación y la capacitación tienen que ser “obsesiones nacionales”, dado que las inversiones nacionales crecen donde hay gente capaz, y las internacionales llegan y se quedan en países donde hay gente preparada y con ganas de una permanente actualización. “Esta es la base de la economía del conocimiento”, remarcó.
Resaltó que en el país hay mucho trabajo, especialmente en el área de los servicios y el comercio, para vendedores, programadores informáticos, diseñadores gráficos, contables, para gente con idiomas, secretarias/os, ejecutivos de mandos medios, etc. “Y hay un mercado laboral ávido y necesitado, basta mirar los anuncios en los principales medios de las empresas especializadas en temas laborales”, dijo.
Manifestó asimismo que el sector privado también debe ser más proactivo y debe apostar a la productividad, a la creatividad y a la flexibilidad estratégica, con mayores exigencias y propuestas concretas al Gobierno de turno, “con el objetivo de que todos los que vivimos en este nuestro querido país mejoremos nuestra calidad de vida”.
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SIN SEGURIDAD JURÍDICA EL CLIMA DE INVERSIONES SEGUIRÁ EN BAJA
A cada tanto, las autoridades nacionales se lamentan porque el país carece de inversiones.
Datos estadísticos confiables señalan que Paraguay ha registrado una caída del 23% en concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el ejercicio 2008, logrando atraer fondos por valor de 150 millones de dólares (108 millones de euros), frente a los 196 millones (141 millones de euros) captados un año antes, tal y como constata el informe presentado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
Con mucha frecuencia, funcionarios del gobierno, incluido el presidente, recorren países, buscando captar inversiones. Hablan de las bondades de la tierra paraguaya, la disponibilidad de energía y otras cosas. Pero no hablan de la seguridad jurídica.
Es común escuchar en los medios, anuncios de supuestos campesinos sin tierra, que hablan del fracaso de la reforma agraria, de que la paciencia se agotó y de ocupaciones masivas. Eso quiere decir que invadirán, con violencia, tierras de propiedad privada en plena producción.
Esta noticia es común en la prensa paraguaya. Los supuestos campesinos, que no son sino delincuentes con impunidad, entrarán a propiedades privadas a arrasar con implementos y con la producción.
Una invasión de propiedad impune es mucho más elocuente que cientos de indicadores y miles de propuestas retóricas. Y se producen a diario sin solución de continuidad. El resultado es inversiones cero.
El perjuicio causado al país por estos delincuentes que se hacen pasar por campesinos es enorme. No sólo en lo que estos bandoleros dañan, sino lo que significa las noticias en el tema de las inversiones. Cada noticia de una invasión significa una inversión menos, una inversión desechada. Y todo el esfuerzo hecho por algunos en el gobierno se diluye y se pierde.
La impunidad demuestra que en el gobierno existe gente que torpedea, con éxito, todo esfuerzo por progresar. No se quieren inversiones, no se desea entrar en la modernidad. Se quiere que se extienda la pobreza para imponer ideologías fracasadas del siglo XX.
¿De qué vale ofrecer condiciones que se sabe son una mentira?
La verdad se lee cada día en los periódicos y se constatan por televisión. Invertir en el campo en Paraguay es una aventura con final previsible.
La Policía no hace nada, la Justicia tampoco y si lo hace no es obedecida, y eso es lo que llega al exterior en letras de molde. ¿Puede sorprender entonces que la inversión sea igual a cero?
El Paraguay no tiene seguridad jurídica de ninguna clase, lo que impide que haya inversiones. Y sin inversiones no se progresa.
Es el gobierno el que está trabajando contra el progreso al otorgar inmunidad total a los delincuentes que se hacen pasar por campesinos. Es el gobierno el que destruye todo el trabajo de sus mejores funcionarios por razones ideológicas y no se le puede pedir a nadie que oculte esta triste realidad.
EDITORIAL VANGUARDIA
http://www.diariovanguardia.com.py/detalle_articulo.php?id_contenido=11438
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Grandes corporaciones elegirían sus contralores, según proyecto de Ley
“Defiende a las Corporaciones y avala la desprotección de pequeños comerciantes y personas consumidoras”, según Base IS.
El proyecto de Ley de Defensa de la Competencia da carta blanca para la concentración del 40 % del mercado nacional.
“Luego de hacerse pública la denuncia de Casa Grütter y otros comercios de zonas de Garibaldi y del Mercado Cuatro sobre las extorsiones recibidas para que aumenten los precios de venta de productos, incluyendo alimentos, por proveedores que respondían a los mandatos de grandes cadenas supermercadistas”, la ONG Base Investigaciones Sociales afirma haber promovido investigaciones, propuestas y acciones de difusión relativas a la importancia de que el Congreso Nacional sancione un Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia; ya que el mismo estaría directamente vinculado a la salvaguarda del derecho a la alimentación adecuada y a la calidad de vida de la población.
Durante el año 2010 y 2011, Base Is dice en un reciente comunicado haber hecho llegar al Ministerio de Industria y Comercio, de modo directo y a través de la Asociación de Almaceneros Mayoristas, varias recomendaciones sobre los aspectos básicos que debían ser contemplados en un proyecto de ley para que el mismo brinde garantías mínimas de protección del interés y el bienestar general, en particular, de los pequeños y medianos comerciantes y de las personas y hogares consumidores.
Sin embargo, según el comunicado, “lamentablemente, el Ministro Francisco Rivas ha optado por acompañar desde la institucionalidad del MIC un proyecto de ley denominado de defensa de la competencia, recientemente presentado al Congreso Nacional, que en realidad es el proyecto elaborado por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) con algunas pocas modificaciones; en el cual se pretende que el Poder Ejecutivo ceda sus facultades y responsabilidades constitucionales en la prevención, sanción y eliminación de las prácticas lesivas de la competencia económica a un órgano controlado por la propia FEPRINCO”.
La defensa de los intereses de las pequeñas unidades económicas y de la economía de los hogares, así como de la democratización de las posibilidades de competencia económica quedará, conforme al referido proyecto de ley, a cargo de una “Comisión Nacional de la Competencia” (CONACOM), integrada por tres miembros. Estos serían elegidos por el Poder Ejecutivo de tres ternas elaboradas por una “Junta de Calificación”. La Junta estaría compuesta por 4 representantes elegidos por la FEPRINCO y 4 representantes del sector público (dos del Poder Ejecutivo, y uno de cada cámara parlamentaria). Aun poniéndose de acuerdo todos los representantes del sector público, no podrían incluir a un solo candidato/a en las ternas sin el acuerdo de los representantes de la FEPRINCO, afirma la denuncia.
Algumos miembros de la ARP y la UIP, integrantes de FEPRINCO.
La FEPRINCO aglutina a las más poderosas cámaras empresariales del país, incluyendo a aquellas denunciadas por prácticas prohibidas expresamente por la CN como la suba artificial de precios de productos de la canasta familiar, las cuales perjudican especialmente a las familias más pobres del país. Está integrada, entre otros gremios, por la Asociación Rural del Paraguay (ARP); la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO); la Unión Industrial Paraguaya (UIP); la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU); el Centro de Constructores de Obras; la Unión Tabacalera del Paraguay; y el Centro de Importadores del Paraguay.
“Justamente quienes deberían ser controlados por la autoridad de aplicación de una ley defensa de la competencia se erigirían como los electores de quienes habrán de supervisarles, procesarles y sancionarles en caso de infracciones. En ningún país y en ninguna legislación del mundo se ha encontrado un ejemplo siquiera aproximado”.
Visto bueno a la concentración y prácticas “que deberían ser prohibidas”
Desde el año 1992 se requiere la reglamentación del artículo 107 de la Constitución Nacional que prohíbe los monopolios y las prácticas lesivas de la libre concurrencia. Los parlamentarios y parlamentarias bloquean desde el año 2003 la sanción del primer y más consistente proyecto de ley de defensa de la competencia, presentado por el entonces Ministro de Industria y Comercio. Así también se han logrado paralizar los demás proyectos que, aunque mucho más débiles en cuanto a protección general, apuntaban a dotar al MIC de herramientas para el cumplimiento de sus funciones.
El Proyecto de FEPRINCO, avalado por el MIC, prevé la obligación de notificación sólo de operaciones que signifiquen la concentración del 40% del mercado nacional de un producto o servicio, una cifra altísima; y por si fuera poco, establece la notificación posterior a la celebración del acto. A su vez, se relativizan acuerdos y prácticas que deben estar totalmente prohibidos. En una redacción legal que parecería poner en cuestión la inteligencia de la sociedad paraguaya, se prevé que los acuerdos restrictivos de la competencia más graves, como la suba artificial de precios y las licitaciones colusorias, podrán ser considerados por la “CONACOM” como favorables a la libre concurrencia y no ser sancionados; sin que se fije ningún criterio objetivo para dicha apreciación.
Base Is finaliza afirmando que “por contrariar la naturaleza de lo que significa una ley de defensa de la competencia o antimonopolio, y establecer un sistema de aplicación que debilitaría aún más la ya exangüe posición estatal de control frente a los poderes económicos hiper-concentrados en el Paraguay, expresamos nuestro total rechazo al actual proyecto del ley presentado por la FEPRINCO con el aval del Ministerio de Industria y Comercio, y exigimos el debate y tratamiento parlamentario del Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia presentado por el MIC en el año 2003, paralizado en comisiones del Senado de la Nación”.
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El golpe
Me dirijo a usted para alertar a nuestros compañeros sobre un golpe a las arcas fiscales en marcha desde el año 2005 hasta nuestros días por una cifra que superaría los 200 millones de dólares disminuyendo la capacidad del Estado de inversión en la atención a los graves problemas sociales.
El cuento de la formalización del sector agropecuario ha sido la excusa para el golpe maestro que hizo que fundamentalmente los empresarios de la soja y la ganadería se quedaran con alrededor de 1 billón de guaraníes que debieron ingresar al fisco.
La historia comienza el 12 de abril del 2005. El ministro interino, Andreas Neufeld, aprovechó la ausencia del entonces ministro Borda quien había viajado para la asamblea de gobernadores del BID en Japón, firma el decreto 5.069 por el cual extiende a los grandes productores agropecuarios un beneficio establecido en la ley solamente para los medianos productores, y que consiste en pagar el Imagro con los créditos de IVA compra.
A su vuelta de Japón, unas semanas después, el ministro Borda se alejaba del gabinete de Nicanor sin dar mayores explicaciones. Asumía en su reemplazo, Ernst Bergen, quien al igual que Neufeld y Nicanor pertenecían al grupo religioso Raíces. Qué casualidad.
Con el cambio de gobierno, apenas tuvo lugar la asunción de Lugo, lo primero que hizo Borda, en setiembre del 2008, fue dejar sin efecto el decreto 5.069, pero el sector agropecuario ya había acumulado créditos ilegítimos e ilegales por más de 1 billón de guaraníes según el propio Gerónimo Bellasai.
La fijación de impuestos, y su modificaciones, solamente pueden hacerse por ley según la constitución Nacional. Esta es una atribución exclusiva del poder legislativo. El artículo 179 de la Constitución expresa: “Todo tributo, cualquiera sea la naturaleza o denominación será establecido exclusivamente por ley….”. Así, como el legislativo es el creador del impuesto, es este órgano a quien compete dejar sin efecto el mismo y no al ejecutivo.
Duarte Frutos lo que hizo con el decreto 5.069 es devolver al productor el dinero pagado en concepto de IVA en forma de créditos tributarios, que es equivalente a dinero en efectivo a los fines del pago de impuestos. Es decir, eliminó la carga del IVA a los grandes productores, lo cual fue abiertamente inconstitucional!.
EL GOLPE.
Sin embargo, nadie dijo absolutamente nada. Hacienda había logrado vender la película de que el decreto serviría para la formalización del sector agropecuario. Lo que no explicó en ningún momento fue cual sería el resultado en términos financieros para el fisco. En ese sentido, existen indicios serios para creer que este blanqueo fue un tremendo agujero para las arcas fiscales.
La puesta en marcha del cuestionado decreto ha tenido básicamente dos efectos. Primero, en el sector INFORMAL, muchos productores empezaron a comprar legalmente y consecuentemente se dio un aumento de la recaudación del IVA, pero todas estas sumas ingresadas al fisco posteriormente fueron devueltas a los productores en forma de crédito tributario, por lo que el aporte del IVA debería ser contabilizado en CERO por Hacienda. Este crédito recuperado por los productores son y siguen siendo aplicados al pago del Imagro, por lo que se da un nuevo ingreso en concepto de IMAGRO para el fisco, que es en realidad como debiera contabilizarse en Hacienda.
En síntesis, el impacto del decreto en el sector INFORMAL, ha sido un aumento de la recaudación fiscal.
Ahora, lo que Hacienda no ha comentado nunca es que dicha norma también tendría un impacto en el sector FORMAL. En este sector, los grandes productores venían pagando el IMAGRO de su bolsillo hasta antes de la entrada en vigencia de la normativa, pero con ella accedieron a créditos tributarios por sus IVA compra y entonces pagaron y siguen pagando Imagro con créditos tributarios ya que todavía cuentan con un remanente pese a que el decreto quedó sin efecto.
Es decir, el impacto del decreto 5069 en el sector FORMAL de los grandes productores agropecuarios fue que dejaron de ingresar millonarias sumas en efectivo en concepto de Imagro. Se quedaron con el dinero del fisco en sus bolsillos!.
La cifra de cuanto es el dinero PERDIDO por el fisco hasta hoy en esta operación de blanqueo debe saltar de la diferencia entre los nuevos ingresos generados por el sector INFORMAL que pasó a formalizarse y el dinero en efectivo que dejaron de ingresar los productores FORMALES. Esto es lo que se puede llamar, sin ninguna duda, un robo por decreto, que podría superar los 200 millones de dólares al que la Fiscalía, la Procuraduría y Hacienda prefieren hacer la vista gorda.
PROPUESTA
En el entendimiento de que el dinero del fisco es el dinero de TODOS y puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de los compatriotas, creo que el Sindicato de Periodistas del Paraguay debe realizar una denuncia pública y también solicitar a los órganos competentes, primero y en forma urgente, paralizar de ahora en más el pago de Imagro con créditos tributarios concedidos ilegalmente en el marco del decreto 5.069, segundo, recuperar todo el dinero no ingresado al fisco desde la vigencia del decreto en marzo del 2005 hasta hoy, y tercero solicitar a las instancias pertinentes una investigación para determinar quiénes son los responsables de este golpe al fisco e imponerles las penas establecidas por nuestro orden legal.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle que estoy a disposición de la Comisión Directiva para realizar las ampliaciones y aclaraciones que consideren pertinente, y que me pongo a disposición del Sindicato para acompañar las tareas en el eventual caso en que nuestra organización considere pertinente realizar la denuncia de este nuevo golpe a las arcas fiscales.
Jorge Villalba Digalo
C.I. 561.791
Asunción, 19 de octubre del 2011.
Señor
Vicente Páez
Secretario General del SPP
PRESENTE
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Ejecutivos y ejecutados
por Gonzalo Quintana
Estamos ante una nueva arremetida del Gobierno para implementar el Impuesto a la Renta Personal (IRP). Ahora, se valen de una funcionaria de las NNUU, Kyung-wha Kanf., y del Club de Ejecutivos.
Que una funcionaria de la ONU diga lo que dijo sobre el IRP en el Paraguay es comprensible a ella se le paga para eso. Además no se le puede exigir que sepa por ejemplo que los ascensoristas de cualquier Poder del Estado ganan 3 o 4 veces más que un maestro o que las viviendas “sociales” se construyen en pantanales comprados a precio de “apatukamiento”.
Es probable que no sepa que los del ejecutivo del sector publico nos tienen al resto de la población en condición de ejecutados, condenados a la ausencia de servicios o al mar servicio, sometidos a todo tipo de arbitrariedades. Que financiamos a operadores políticos no a funcionarios públicos. Estos somos, los que pagamos, los ejecutados.
Los ejecutivos del sector privado si tienen la obligación de conocer estas circunstancias y tienen el deber de opinar con mayor fundamento y rigor.
Me auto proclamo Presidente de “Los Ejecutados”. Los ejecutados somos los paraguayos y extranjeros que laburamos, cuidamos nuestra familia, pagamos todos nuestros impuestos, tazas y contribuciones y no encontramos un solo servicio que valga la pena a pesar de ello.
En nombre de la representación que no tengo manifiesto lo siguiente: a los ejecutivos que en una columna periodística opinan, sobre la implementación del IRP y dicen:
“encontrar las enormes ventajas detrás de la implementación de tan importante impuesto. A mí se me ocurren 3 razones muy poderosas:
“1.- La primera está relacionada con la formalización de la economía..
“Cuando hablamos de que nuestro sector empresarial se ha globalizado en los últimos años, logrando “que muchas de nuestras empresas compitan con sus productos a nivel mundial, el componente básico “de esa situación es la formalización”. “Es imposible preparar a nuestras empresas para grandes “desafíos si no somos 100 % formales”. Algunas razones son:
“- La evasión me obliga a tener más de un registro o contabilidad (…)
“- Es imposible transmitir valores a mi organización y a sus integrantes si yo mismo no estoy “cumpliendo con la ley.
“- La evasión me obliga a ser cómplice de un submundo de funcionarios corruptos y extorsivos, “una rosca mafiosa en la cual entrar es fácil, pero salir es sumamente difícil.
“- Los costos involucrados en todos estos aspectos, normalmente terminan siendo mucho “mayores que el impuesto mismo.
“Seamos conscientes de que si queremos empresas de clase mundial, la primera tarea fundamental es “estar al día con todas las obligaciones tributarias. Los impuestos no se discuten, se pagan”.
Honestamente, encuentran Uds. un solo, UNO SOLO, argumento para solicitar la creación de un Impuesto, cualquiera sea este?. Yo no lo encuentro, nada que ver.
El argumento que se presenta tiene que ver con la conveniencia de pagar todos los impuestos existentes, nada tiene que ver con la necesidad de uno nuevo. Este argumento es contundente para destruir la teoría de “impuesto formalizador”.
Siguen diciendo:
2. Dice:”La segunda razón -igual de poderosa que la anterior- es lograr cerrar el círculo de control. Con una mayor cantidad de empresas que actualmente se encuentran formalizadas y pagando todos sus tributos, debemos lograr que los individuos se sientan en la obligación de reclamar sus comprobantes para que el círculo de control de las operaciones pueda cerrarse convenientemente.
Debo admitir que esta re manida falacia no hubiera merecido consideración alguna porque en todos los países que tienen IRP existe evasión fiscal, lavado de dinero, estafa, adulteración de estados contables, etc .etc. o si no explíquenme como se producen los miles de juicios por evasión y las crisis financieras en EEUU y Europa. Sin embargo, en esta ocasión, por provenir de quien proviene, tiene un valor especial.
Se trata de una confesión. Los Ejecutivos parecen decirnos que a pesar de las ventajas planetarias, según vimos más arriba, de formalizarse ellos no van a pagar sus impuestos si es que los ciudadanos no le exigen el comprobante. Es decir, porque ellos no están dispuestos a pagar sus impuestos y porque los funcionarios del Estado no cobran ni controlan por corruptos, hay que crear un nuevo impuesto (IRP) para que los ciudadanos paguen los platos rotos.
Así, los ejecutados debemos contratar contadores, crear todo un sistema de archivos, realizar los costosos y engorrosos trámites, para qué? En el Paraguay, estoy seguro, para seguir en la joda con nuevas modalidades.
Me detengo aquí un rato para encarar la tercera “razón” porque esta sí que es de antología. Voy a comentarlo por párrafo.
3. “Y la tercera razón, seguramente la más importante de todas: Es la desigualdad. América Latina es la región más desigual del mundo, de acuerdo con los estudios que se publican. Y dentro de la región, Paraguay se encuentra entre los países con mayor índice de desigualdad.”
Digo, si en todos los países de America Latina, según las mismas publicaciones, existe el IRP y es la región más desigual del mundo, explíquenme como implementando este impuesto se va a resolver el problema?
El principal agente de distribución de la riqueza es el Estado. Para realizar esta tarea, debe recaudar más y mejor, y hacer un uso responsable y honesto de los recursos disponibles. EL IRP contribuye a este proceso.
Como pedirle a un impuesto (IRP) que obre el milagro de que el Estado distribuya mejor la riqueza. Eso no se logra con un impuesto sino con la calidad de las decisiones políticas. Nadie medianamente serio puede afirmar que los recursos del Estado Paraguayo son insuficientes porque no existe un presupuesto con base cero que permita medir la eficacia y eficiencia del gasto.
Por el contrario, todo parece indicar es que existe un enorme despilfarro de nuestros recursos que solo benefician a los tomadores de decisión y sus “socios”.
Para un Ejecutivo de verdad, del sector privado, lo que se hace en el sector público, en su empresa sería absolutamente intolerable.
Como si hiciera falta un párrafo adicional para mostrar las contradicciones de la línea argumental dice:.”Todos sabemos que el IRP no será un impuesto que recaude demasiado,..” y ??? entonces????
Los ejecutivos de las empresas privadas deberían estar discutiendo cual es el sistema impositivo que nos haría más competitivo dada nuestra condición de subdesarrollado y, sobre todo, de país mediterráneo.
Darle argumento aparentemente racional a un error político y económico del Gobierno, desde el empresariado, posiblemente, sea la expresión más rotunda de la ausencia del sector privado como componente de un Estado Moderno.
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Impuesto a la Renta Personal
El señor ministro de Hacienda miente al decir que el Impuesto a la Renta Personal es justo y los que ganan más deben pagar más.
Para empezar, ningún impuesto del mundo es justo. Su nombre ya lo dice todo. “Es algo que te imponen, te guste o no”. El señor ministro, sin embargo, no dice que si yo gano más, es porque trabajé más, me sacrifiqué más, arriesgué más. Mientras estaba invirtiendo mi tiempo en capacitarme, adquiriendo tecnologías, asistiendo a congresos (cuesta mucha plata), otros estaban en la joda total. Aquí viene una pregunta: ¿porqué algunos triunfan y otros fracasan? Si Dios nos dio exactamente 24 horas a todos , ni un minuto más, ni un minuto menos. La diferencia está en que mientras unos invierten en su formación, otros malgastan su tiempo. No diría absolutamente nada; al contrario, alentaría la vigencia de este impuesto si el dinero que yo pago se invierte en educación, salud, construcción de caminos de todo tiempo. Sin embargo, el señor ministro quiere para poder pagar sueldos al funcionario público, que en muchos casos están por acomodo político, sin formación, sin capacidad, sobrecargando el gasto público sin ningún beneficio a nadie. Aclaro que existen excepciones, pero poquísimas.
¿A todos ellos tengo que pagar con el fruto de mi sacrificio? El Estado no tiene un peso partido por la mitad, lo pagamos los contribuyentes. Por eso me opongo al Impuesto a la Renta Personal hasta que vea el destino correcto.
César Aquino
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Afinen la puntería para hacer sus reclamos
Cuantos visitantes ilustres han pasado por el Paraguay han expresado su sorpresa de que en nuestro país no se aplique el impuesto sobre la renta personal.
Recientemente, durante la Cumbre de Estados Iberoamericanos no han sido menos explícitos algunos de los líderes de nuestro continente. En casa, las organizaciones de derechos humanos, las iglesias, diversos colectivos y hasta los exponentes de la Asociación de Empresarios Cristianos no dejan de insistir en que es un absurdo social y económico el que nuestros congresistas se opongan al referido impuesto.
Esto no es raro, cuando fumadores y empresarios del tabaco intentaron que el Congreso rebajara las normativas de la Ley Antitabaquismo.
También diputados, pasados de copas, quieren disminuir la pena de conductores alcoholizados, y hasta pidieron la cabeza de Petta.
No digamos nada de su oposición a rajar de arriba a abajo las listas sábana en futuros comicios. Saldrían de ellas algunos senadores y diputados, como cucarachas al abrírseles las ventanas de una pieza. Estos animalitos necesitan la oscuridad para sobrevivir.
¿A qué viene eso de afinar la puntería? En el pasado octubre ocuparon nuestras ya congestionadas calles del microcentro trabajadores de la salud y la educación. Ambos usan la blancura como distintivo. Son los soportes de nuestra vida y de nuestra cultura.
Llevaban toda la razón del mundo en sus reivindicaciones salariales. Pero apuntaron mal. Se dirigieron al Poder Ejecutivo.
Incluso algunos concretamente al Ministerio de Hacienda, y hasta el domicilio de su titular. ¿Hay alguien que dude de la capacidad, la honestidad, la eficiencia, el patriotismo y la sensibilidad social del ministro Borda?
Si le achicaron el pastel económico los congresistas al encaramar sus sueldos por encima del Amambay, ¿cómo va a tener disponibilidad de fondos para médicos, enfermeras y educadores?
Si siguen erre que erre en el Congreso negando la implementación del impuesto sobre la renta personal, ¿de dónde va a sacar el bueno de Borda para los aumentos que reclama con justicia la gente que viste de blanco?
Deben afinar la puntería: presionar al Congreso ante la nueva presentación del impuesto sobre la renta personal.
Si dirigen sus pasos al edificio adefesiero que los congrega, la ciudadanía iremos detrás, porque se lo merecen. De una vez por todas con esa recaudación, el Estado tendrá los fondos suficientes para esos impostergables aumentos que reclaman.
Ahí es donde se tienen que dirigir los tiros.
José Valpuesta, S.I.
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Auge económico, pese al Gobierno
Por Gloria B. Rolón L.
Es verdad, Paraguay vive un auge económico que ya había comenzado a evidenciarse luego del 2005 y que tuvo su punto culminante el año pasado, cuando logró su tan preciado 15 por ciento de crecimiento en su Producto Interno Bruto (PIB).
No soy experta en economía ni mucho menos, pero esa mejoría en las finanzas es fácilmente apreciable con sólo mirar el parque automotor paraguayo (cada vez son más, y muy lujosos, los vehículos que circulan por calles y avenidas del país). Este, de acuerdo con los expertos en el tema, es uno de los primeros indicadores de la situación económica de una nación. Además, como dato adicional en este mismo tema, conviene recordar que, en su última feria de cero kilómetros, la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias del Paraguay (Cadam), por ejemplo, batió récord no sólo en cantidad de visitantes, sino en la de las transacciones hechas durante su realización.
Paralelamente, como bien lo remarca Última Hora, en su edición del lunes 28/11/11 -y que también constituyen pruebas de que ese empuje continúa hoy-, son notorios el arribo al país, por primera vez, de importantes marcas o el retorno de aquellas que habían partido; y, finalmente, el crecimiento y la expansión de las que ya están posicionadas en el mercado interno.
Paradigma de ese crecimiento, indudablemente, también lo es la venida, en el último año, de tantos y tan buenos grupos de música y artísticos. Sin olvidar, obviamente, las grandes construcciones y la habilitación de complejos comerciales, de viviendas y hoteleros.
Pero, en todo esto, lo que sí debe quedar en claro es que este empuje, esta bonanza económica, se da pese al Gobierno. Sí señor, sí señora, tanto Lugo como Duarte Frutos hacen todo lo posible por atribuirse responsabilidades en tan fabulosos resultados. Por suerte, ustedes y yo sabemos que este estado de cosas es fundamentalmente un esfuerzo del sector privado.
Si no, pregúntenles a los indígenas, que ayer por poco no colapsaron el microcentro asunceno reclamando atención de quienes, al asumir el gobierno, habían prometido que los indígenas y los niños en situación de calle serían su obsesión.
http://www.ultimahora.com/notas/484679-Auge-economico,pese-al-Gobierno
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Más impuestos para la gente
Hace unos meses se habló muchísimo del IRP. ¡Guau! La gran solución a la crisis económica que se veía venir, y luego no salió…, por temas de coyuntura política, falta de acuerdos, etc. ¿Qué fue lo que pasó? No importa, porque en realidad, como están las cosas en el país, no beneficiaría realmente a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no sería redistribuido a la ciudadanía común, sino solo a unos cuantos que finalmente van a cobrar mejores sueldos. Muy lamentablemente, si nosotros los ciudadanos comunes pagamos más impuestos, o pagamos cualquier impuesto, que es lo que debe ser, lo único que logramos es que los señores representantes “del pueblo”, vivan un poquito mejor, ganando más dinero para poder pensar en más proyectos de bien común. ¿Cuál es el punto? Finalmente es que la macroeconomía de nuestro bendito país creció, pero esto es solo sensible a un puñado de gente, que recibe los beneficios, porque ya tienen grandes empresas que formaron en sociedad con algunos amigos de cierto poder a niveles superiores.
¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos comunes (ese ciudadano que trata de pagar sus impuestos, que está en ese bendito medio de consulta de situación comercial “indispensable para el crédito”) para poder evitar la crisis fiscal o el quiebre del presupuesto nacional de gastos? Mientras nosotros pensamos y/o decidimos, según los señores “representantes del pueblo”, lo mejor que se puede hacer es “seguir pagando los impuestos”, métale pagar, si no, de dónde van a sacar para pagar más sueldos del Estado, más sueldos de ellos mismos, más sueldos de sus parientes (varios), y encima para festejar el Bicentenario con casi US$ 1.000.000. Señores, por favor, ¡basta! Indiscutiblemente en un país en serio da gusto pagar impuestos, pero qué hacer si cada día se asalta más, hay menos salud, más invasiones, menos justicia, y por supuesto aumenta el sueldo de los señores representantes “del pueblo”. ¡Fuerza paraguayos!
Lauro Bernal Peña
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Lugo quiere vigencia rápida de impuesto a las ganancias
El presidente Fernando Lugo pidió este miércoles al Congreso que en marzo autorice la vigencia inmediata del impuesto a la renta personal para que el gobierno pueda contar con mayores recursos para combatir la pobreza extrema y la desigualdad social.
Paraguay tiene 6,8 millones de habitantes de los cuales 37% es pobre. Dentro de esa franja, 20% vive en la miseria.
La ley del tributo a las ganancias fue aprobada a mediados de este año pero entrará en vigencia recién en enero de 2013, según resolvió el Senado.
Lugo aseguró en una conferencia de prensa en el palacio de gobierno que “no venceremos a la pobreza extrema si no cambiamos la matriz económica: en Paraguay la presión tributaria es sólo del 13% y es el único país sin impuesto a la renta personal; incluso, los industriales aprueban el IRP (Impuesto a la Renta Personal)”.
El mandatario recordó que “el año pasado el crecimiento del producto interno bruto alcanzó un alto nivel (14,5 pero sus beneficios no llegaron a los sectores pobres. Debemos tener mayores recursos para llevar adelante planes que eliminen la iniquidad social”.
El Parlamento estará en receso entre el próximo jueves y el 1 de marzo.
El mandatario llevaba 18 meses sin conversar con los periodistas, molesto porque “algunos cambian mis expresiones”, explicó.
Lugo, un ex obispo católico de 60 años, propuso el martes a los partidos políticos la firma de un pacto de gobernabilidad para administrar el país en paz hasta el final de su mandato en agosto de 2013. Ninguna agrupación política, oficialista u opositora, reaccionó ante el ofrecimiento.
Lugo sostuvo que la alianza es necesaria pero confirmó que no se reconciliará con su vicepresidente Federico Franco. Ambos están distanciados desde el día en que asumieron el mando constitucional por discrepancias ideológicas.
Lugo es simpatizante de la denominada Teología de la Liberación y la mayoría de sus colaboradores proviene de la izquierda. Franco, en tanto, es uno de los líderes del oficialista pero conservador Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El ex clérigo ganó las elecciones en abril de 2008 como candidato de una coalición de veinte agrupaciones políticas, sociales, sindicales y campesinas llamada Alianza Patriótica para el Cambio (APC) hoy inexistente.
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Desprendimiento versus Angurria
Lección de Buffett y Gates
En el Paraguay siempre suceden cosas que contradicen a hechos o corrientes que surgen en otras partes del planeta. Como ejemplo, cito lo siguiente: Desde hace meses algunos de los empresarios más acaudalados del mundo reclaman a sus gobiernos que les cobren más impuestos, para ayudar a revertir el déficit fiscal, mientras que en nuestro país, el Club Centenario del cual son miembros las familias más pudientes, solicita al fisco que le devuelva el IVA que pagó, de más de G. 5.500 millones.
El reclamo de la entidad recreativa, que ya cuenta con el fallo favorable del Tribunal de Cuentas Primera Sala y que pasó a otras instancias, no corresponde y es criticable éticamente, manifestó el abogado del Tesoro Nacional, Raúl Sapena.
El funcionario alega que la Ley 125/91, modificada por la Ley 2.421/04, dispone que las compras locales, así como la importación y contratación de servicios, no están exoneradas del pago de tributos para instituciones como el citado club, y por ende no es posible que se le reembolse el IVA. Sin embargo, mediante interpretaciones que solo en el Paraguay ocurren, un organismo del Poder Judicial sentenció lo contrario.
Y no será sorpresa que los demás niveles judiciales intenten sostener un fallo similar al citado, con lo que generarán una jurisprudencia que podría hacer tambalear al Ministerio de Hacienda porque lloverán otros reclamos de igual tenor.
Pero, no creo que los integrantes de la Segunda Sala ni de la misma Corte Suprema de Justicia quieran cargar sobre sus hombros las consecuencias que causaría tal osadía para contrariar la ley.
Cabe recordar, que dieciséis multimillonarios franceses, mediante una carta abierta, habían pedido que el fisco les cobre más tributos; luego, el legendario inversor estadounidense Warren E. Buffett y numerosos ricos más de su país solicitaron lo mismo, a los que se sumó el magnate cofundador de Microsoft, Bill Gates.
“Pienso que los ricos tenemos la responsabilidad de pagar impuestos más elevados”, dijo Buffett, en tanto que Gates señaló que “en estos momentos, yo no creo que la gente como yo esté pagando lo suficiente”. Qué respondería a esto la gente del Club Centenario, que, al contrario, pide exoneración.
Ni siquiera el impuesto a la renta personal (IRP) se aplica en el Paraguay, mediante la complicidad de políticos acaudalados, de contramano a lo que ocurre en el resto del mundo. Y, además, existe una alta evasión.
Hace unos días me pasaron la información de que una cooperativa de producción de materiales cerámicos, de mediana capacidad, es la que más impuestos paga entre las firmas de ese rubro, mientras que otras de gran porte y que producen mucho más, figuran como aportantes menores. ¿Por qué la diferencia? Esperemos que Hacienda revise esta situación, antes de que le pidan más eximiciones.
Por Gustavo Ortiz Gutiérrez
http://www.ultimahora.com/notas/500664–Leccion-de-Buffett-y-Gates
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Declaración jurada de bienes,norma que nadie puede eludir
La declaración jurada de bienes y rentas que están obligados a hacer los que ejercen tareas remuneradas dentro de la estructura de funcionamiento del Estado -incluso los que acceden a ella mediante cargos electivos como los de diputados y senadores- es un instrumento legal que apunta a cerrar el camino al enriquecimiento ilícito de aquellos que utilizan sus cargos para obtener beneficios que están al margen de las leyes. A pesar de que la Contraloría General de la República recuerda con insistencia la necesidad de que todos los funcionarios públicos se pongan al día con este requisito básico para la transparencia de gestión y el control, muchos son los que, con cualquier pretexto, todavía no han cumplido la norma obligatoria para todos.
El artículo 104 de la Constitución Nacional dice de manera expresa: “Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, a los de entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas y, en general, a quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado, están obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber tomado posesión de su cargo y en igual término al cesar en el mismo”.
La redacción de la Carta Magna es tan clara que parecería no dejar resquicios a dudas acerca de la obligatoriedad de que cada persona que desempeñe alguna labor dentro del aparato del Estado -sea cual fuese el origen de su acceso a él-, cuente de qué bienes e ingresos dispone en el momento de hacerse cargo de la tarea a desempeñar.
Sin embargo, hay sectores que lo pasan por alto y dejan espacio para que se sospeche de que por alguna razón oculta -que puede ser el hecho de estar predispuesto a la corrupción o que ya está dentro de ese esquema- evitan hacer un manifiesto de sus posesiones y recursos ante una escribanía.
El propósito de la norma es transparentar la gestión en el ámbito público y, al mismo tiempo, establecer un mecanismo de control para cotejar -si hubiere necesidad- lo declarado al inicio de la responsabilidad asumida, los ingresos y lo poseído al final del compromiso.
Es obvio que -salvo una explicación razonable- los números no pueden representar una diferencia tan significativa entre el comienzo de las gestiones y el final de estas. De existir sumas de dinero u otro tipo de bienes que no pudieron haber sido obtenidos mediante una administración honesta, es la Justicia ordinaria la que tiene que entrar a tallar para investigar si hubo o no enriquecimiento ilícito. Las evidencias van a ser dadas por el documento llenado y firmado por el funcionario público.
Si bien la principal fuerza de la declaración radica en que permite hacer un seguimiento de la situación patrimonial de los funcionarios públicos que, eventualmente, podrían aumentar sus recursos de manera irregular, es evidente que hace falta ajustar los mecanismos de su aplicación en la práctica. A esta altura, todos los funcionarios públicos ya debieron haberse anotado en la lista de los que acatan la disposición legal.
Lo que falta es que los evasores de la medida reciban sanciones significativas que impliquen desde multas en efectivo hasta penas de privación de libertad pasando por la destitución de sus puestos. Es obvio que mientras la obligatoriedad se mueva dentro de un relativo voluntarismo, no será mucho lo que se avance. Y el país saldrá perdiendo porque no tendrá un efectivo control sobre los que manejan la cosa pública.
http://www.ultimahora.com/notas/505522-Declaracion-jurada-de-bienes,norma-que-nadie-puede-eludir
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Inventos y tonterías para oponerse al IRP
A la hora de querer explicar o dar excusas por ciertas posturas políticas que asumen, algunos parlamentarios exhiben una creatividad rayana en la estupidez o, posiblemente, creen que quienes los escuchan son absolutamente tontos y se tragan cualquier argumento. El presidente del Senado, Jorge Oviedo Matto (Unace), por ejemplo, dijo el lunes pasado que este gobierno quiere implementar el impuesto a la renta personal (IRP) “para el control de la clase política y sectores empresariales” y agregó que “no es una ley que se va a utilizar para recaudar, porque los montos que se van a recaudar no son grandes y no van a salvar la economía del país”.
Suponemos que el senador oviedista hacía referencia al temor insondable que expresaron muchos empresarios y políticos devenidos millonarios a la declaración jurada patrimonial que figuraba en el primer proyecto de IRP, presentado durante el gobierno de Duarte Frutos. Algún asesor debió avisarle a Oviedo Matto que dicha declaración jurada hace rato fue eliminada del proyecto, justamente porque se sabía de antemano que era una de las excusas preferidas de los políticos para oponerse a la aprobación del impuesto.
De todas maneras, la objeción es muy interesante y, a lo mejor, los parlamentarios paraguayos deberían advertirles a sus colegas de todo el mundo civilizado para qué utilizan realmente sus gobiernos el IRP. ¡Para controlar a la clase política y a los empresarios, nada menos! Pobrecitos, los políticos y empresarios de toda América, de Europa, de los EE.UU., de Asia, que hace décadas aplican este impuesto y no se dan cuenta de que sus gobiernos los controlan totalmente. Como siempre, tuvo que ser un paraguayo el que descubriera esta siniestra conspiración mundial.
Ahora, si el problema es que Oviedo Matto y otros parlamentarios no quieren que este gobierno en particular aplique el IRP, habría que decirles que son un tanto corto de miras. A la actual administración le queda poco más de un año y los efectos del impuesto se comenzarían a sentir realmente después de un año de implementarse. ¿O es que estos parlamentarios tienen la certeza de que el actual gobierno será reelecto y que ellos seguirán siendo siempre oposición? ¿Perdieron toda esperanza de llegar al poder? A lo mejor.
Otra cuestión mencionada por Oviedo Matto es la escasa recaudación que habrá con el IRP. Quienes leen un poco los diarios o miran noticieros en la TV de vez en cuando habrán escuchado cientos de veces al ministro de Hacienda y sus colaboradores aclarar que el objetivo del impuesto no es recaudar sino formalizar la economía. Una meta que generaciones de políticos y economistas han deseado para que podamos ser un país serio alguna vez.
¿Por qué no dicen que no quieren aprobar el IRP porque ellos y/o sus financistas no van a poder explicar el origen de la plata y otros bienes que tienen? ¿O por qué no dicen que, aunque son conscientes de que este impuesto es necesario, sensato y urgente, no quieren que se apruebe durante este gobierno para evitar que obtenga alguna clase de rédito político?
Tal vez si se animan a decir la verdad, alguno que otro se sorprenderá, pero una gran mayoría, seguramente, les estará agradecida por su sinceridad.
por Marcos Cáceres Amarilla
http://www.abc.com.py/nota/inventos-y-tonterias-para-oponerse-al-irp/
15 de Marzo de 2012
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Otra vez el IRP
El gobierno se encuentra embarcado en su más intensa campaña para lograr imponer el impuesto a la renta personal (IRP) desde que ideó este propósito durante la administración de Nicanor Duarte Frutos, antecesor de Fernando Lugo, de cuyos planes tributarios el actual presidente es fiel continuador. Esta campaña tiene como eje primordial, aunque no único, lograr que los políticos que están en el Congreso y los jefes de sus respectivos movimientos internos en los partidos a los que pertenecen, hablen el mismo idioma que el gobierno, que les proporciona los “insumos” que necesitan para pronunciar, todos, el mismo discurso.
El gobierno parece estar teniendo éxito en convencer a estos políticos que, en realidad, es con el IRP que podrán lograr los recursos que, desesperadamente, están buscando para mantenerse como miembros del Congreso Nacional.
Así, hay que volverles a escuchar, por ejemplo, la remanida explicación del ministro Borda según la cual el IRP no pretende recaudar sino “formalizar”, que repiten ahora los políticos que quieren usar dinero del pueblo para dispendios tales como las ampliaciones presupuestarias para Justicia Electoral (http://bit.ly/z9Qetb).
Lo que uno gana, explican, puede deducirlo totalmente para no pagar IRP: Si uno compra algo, exigiendo la factura, puede usar esta para ir reduciendo lo que debe pagar hasta dejarlo literalmente en nada. Tratan de no hablar sobre que esa posibilidad de deducción implica la obligación de gastar. Sin gastar no hay deducción posible.
No dicen que aquello en lo que uno gasta sí está cargado con impuestos: El impuesto al valor agregado (IVA) o el impuesto selectivo al consumo (ISC), por citar algunos.
Por tanto, el IRP sí busca aumentar la recaudación del gobierno, recaudar más es el objetivo real, aunque no formal, del mismo.
Es decir, el que no quiera pagar IRP, deberá gastarse todos sus ahorros, la diferencia entre sus ingresos y sus egresos que el ministro Borda denomina “renta” y deberá pagar más IVA e ISC, la cantidad de IVA e ISC que el gasto de sus ahorros le permita comprar.
Los políticos que ahora lo defienden buscan, pues, disimular el hecho de que el IRP castiga el ahorro y alienta el consumo.
No está mal alentar el consumo, porque el consumo incentiva el crecimiento de la demanda agregada que, a su vez, impulsa la generación de fuentes de trabajo.
Hay muchas maneras de generar demanda. La inflación, por mencionar un caso, es un recurso clásico de gobiernos populistas, que emiten moneda para generarla, aunque todo el mundo sabe ya a esta altura de los tiempos que esa no es una buena manera de generar demanda.
Castigar el ahorro tampoco es una buena manera de generar demanda agregada.
En efecto, los políticos que están en el Congreso no dicen que con el dinero que obtendrán de la mayor recaudación gastarán como están gastando la mayor recaudación que existe desde la reforma tributaria de Nicanor Duarte Frutos y Dionisio Borda.
Cualquier persona verdaderamente interesada en saber cómo ha gastado el gobierno, y los políticos que están en el Congreso, desde 2004 en adelante en nuestro país, deben simplemente pedir al ministro Dionisio Borda que exponga, juntas, las curvas de crecimiento de ingresos tributarios y de crecimiento de los gastos corrientes.
A mayores ingresos, desde 2004 en adelante, ha habido mayores gastos corrientes y las curvas de ambos son perfectamente paralelas, lo que demuestra que no existe voluntad política alguna de modificar la mala calidad del gasto público en nuestro país.
Los paraguayos estamos contribuyendo, desde 2004, realmente mucho más que antes. Pagamos más que antes. La presión tributaria fue elevada de poco más del ocho por ciento (8%) hasta el trece por ciento (13%) durante estos años, pero el país sigue sin hospitales, sin escuelas, sin rutas, sin energía, sin comunicaciones, sin Internet.
El país sigue sin cloacas. Sin agua potable. Sin adecuada vacunación.
La razón es simple, muy simple: Los políticos, y el gobierno, nos mintieron y siguieron asignando los mayores recursos que les dimos en las mismas malas cosas que antes.
Contrataron más prebendarios, muchos más. Y gastaron más en contratos directos, mucho más.
Y si los políticos que ahora defienden el IRP no mejoraron la calidad del gasto en los últimos ocho años, no hay razón lógica alguna por la que tengamos que creer que lo harán a partir de ahora.
Esta mala calidad del gasto público perjudica la productividad y la competitividad de nuestro país, la que debe medirse con relación a los aumentos de productividad y competitividad de Brasil, Chile o Colombia para entender lo atrás que estamos quedando en términos relativos con respecto a lo que avanzan otras sociedades.
Los políticos acostumbran a engañar al país midiendo el crecimiento con relación a la situación paraguaya de hace unos años, para que no sea vea que estamos cada vez más rezagados con referencia a otros países de la región.
Es decir, construimos algunas rutas, extendemos algunas redes energéticas o de comunicaciones, pero por cada una que hacemos nosotros, los demás hacen tres o cuatro. En términos absolutos parece que avanzamos, pero en términos relativos estamos empantanados en el mejor de los casos.
Al aparato productivo paraguayo, en consecuencia, le va resultando cada vez más oneroso, con respecto a los de los países que avanzan, producir lo mismo que ellos, por lo que el consumo alentado por el IRP se dará sobre un aparato productivo cada vez menos actualizado en tecnologías y en precios.
A la larga, la demanda agregada generada por la presión del IRP contra el ahorro, producirá exactamente el mismo efecto que produce generar demanda agregada por la vía de la inflación: Precios elevados para productos de menor calidad y deterioro estructural del poder adquisitivo real de los trabajadores.
Los paraguayos no deberíamos admitir la creación de ningún impuesto nuevo sin que los políticos se comprometan a mejorar la calidad del gasto público y esto solamente puede garantizarse en la ley de presupuesto de 2013. Si no cambian entonces, no hay que aprobar el IRP.
Enrique Vargas Peña
Artículo escrito para la edición impresa del diario La Nación del domingo 18 de marzo de 2012.
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El IRP debe regir aun con una ley de limitado alcance
Tras una larguísima puja con el Poder Legislativo, luego de múltiples concesiones otorgadas a los detractores del proyecto y con el giro de opinión dado por algunos sectores políticos, todo da a entender que por fin el Paraguay pasará a conformar el conjunto de países donde rige el Impuesto a la Renta Personal (IRP), considerado por los técnicos como el más justo de los tributos. La ley que saldría del Congreso próximamente no será quizá óptima, tras las transigencias habidas, pero será una ley al fin y con ello el sistema impositivo nacional poseerá un instrumento tendiente a transparentar la economía nacional. Será un primer paso. Y muy importante.
La historia de frustraciones del Impuesto a la Renta Personal (IRP) en el Paraguay es de larga data. La Ley n.º 248 del año 1971 lo incorporó al sistema tributario, pero al poco tiempo de su vigencia otra ley suspendió su aplicación. Esa suspensión duró 20 años, hasta que finalmente la Ley n.º 125/91 terminó por derogarla de manera definitiva.
La Ley n.º 2.124/04 De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal, conocida como de la Reforma Tributaria (Gobierno de Nicanor Duarte Frutos), volvió a incluir el IRP, luego de que el Gobierno y el sector privado acordaran reducir el impuesto a la renta de las empresas del 30% al 10%, como una condición para iniciar las negociaciones. Sin embargo, tras años de conflicto con el Ministerio de Hacienda, el Congreso suspendió la vigencia del IRP hasta el 2013.
Pese a este revés, el ministro Dionisio Borda no cejó en su empeño y logró, con modificaciones muy importantes, el estudio de un nuevo proyecto.
Así, se introdujo un artículo que permite a la Administración Tributaria trasladar la responsabilidad de la prueba al contribuyente, con la intención de que cuando se le pida a un contribuyente detalles de algunos ingresos, la responsabilidad de la prueba esté en dicho contribuyente, que debe demostrar cómo obtuvo esos ingresos. Este instrumento reemplaza a la declaración jurada patrimonial, que figuraba en el proyecto original y que fuera cuestionada por los propios empresarios.
Hacienda juzga imperiosa y urgente la ley del IRP. El ministro Borda recordó que “todas las instituciones y los organismos internacionales nos la exigen, y a esta altura se volvió una reivindicación como parte del proceso de formalización y transparencia de la economía paraguaya”.
Paraguay debe ampliar su base impositiva. La carga tributaria del Paraguay es la menor de América Latina, con apenas el 12%. De este porcentaje, apenas el 2,2% corresponde a impuestos directos y el 9,8% a impuestos indirectos, que afectan a los más pobres. En el Paraguay, la carga tributaria recae en los consumidores y es soportada por las mayorías sociales de bajos ingresos. El IRP es, pues, el impuesto más justo y equitativo, pues grava las ganancias en forma directa de acuerdo con lo que se percibe.
A la vez, la tasa máxima proyectada para el IRP en el Paraguay (10%) es la más baja de la región: Chile grava 40%; Argentina, 35%; Venezuela, 34%; Perú, 30%; Uruguay, 25%. Además de ser una tasa muy baja, la ley permite en nuestro país una vasta deducción de gastos, gracias a lo cual se termina pagando bien poco.
El IRP es un instrumento que contribuye a formalizar las actividades económicas y a transparentar operaciones financieras. Con el proyecto actual, bastante “lavado” con relación al original, no se podrán combatir las fortunas de origen sospechoso, pues sin una declaración jurada del contribuyente es difícil tener referencias. Aun así, que rija el IRP será un avance considerable, incluso cuando su alcance sea bastante limitado.
http://www.ultimahora.com/notas/520085-El-IRP-debe-regir-aun-con-una-ley-de-limitado-alcance
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El único idiomaque entienden
Por Alfredo Boccia Paz
Lo sucedido en la Cámara de Diputados ilustra el modo en que funcionan ciertas cosas. Fue aprobado por unanimidad el proyecto de ley sobre el impuesto a la renta personal (IRP) que ahora pasa al Senado. Pese a que el mismo fue aligerado en varios aspectos -como la ausencia de obligatoriedad de la declaración jurada patrimonial- esta media sanción parlamentaria es un hito clave de una larga lucha.
Este proyecto venía siendo rechazado desde hacía más de seis años. De nada habían servido las explicaciones de que es un impuesto justo, pues quien tiene más, paga más; que contribuye a la formalización de la economía; que permite redistribuir la riqueza; que la carga tributaria de nuestro Estado es la más baja de la región y que el Paraguay era el único país de América Latina sin vigencia del IRP.
Con creativos argumentos, una mayoría de parlamentarios negaba sistemáticamente sus votos a los proyectos presentados. Eran excusas que omitían sus verdaderos dos motivos: primero, el IRP obligará a una mayor transparencia sobre el origen de los ingresos de las personas. Influyentes grupos económicos y funcionarios públicos que reciben dinero de fuentes inconfesables eran el soporte de la negativa. Y, segundo, no deseaban que el gobierno de Lugo se beneficie de un mayor ingreso tributario. Este punto fue expresamente reconocido por Lilian Samaniego, presidenta de la ANR.
En definitiva, el problema no era técnico, sino político. Y los políticos solo le temen a la presión ciudadana. Mientras no la sientan, se animan a todo. Pero les aterrorizan las movilizaciones en contra, los insultos masivos en las redes sociales, los titulares de prensa. Es decir, a todo aquello que pudiera restarles votos e impedir su reelección.
Esa presión proveniente de la gente tardó años en instalarse debido a la debilidad del movimiento social y del excesivo poder de la plutocracia. Pero fue creciendo de a poco, a medida que se fue entendiendo que el IRP establecía una mejor justicia tributaria y mayor inversión social. En estos años fueron sumándose a la iniciativa organizaciones no gubernamentales, gremios empresariales y numerosos formadores de opinión. Hasta que, finalmente, se constituyó en una amenaza a la imagen política de un número suficiente de parlamentarios.
En esta línea debe ser entendido el cambio de postura de los diputados del cartismo -lo que terminó arrastrando a todos los de la ANR, pese al mandato partidario- de la bancada oviedista y de los liberales renuentes. Oponerse al IRP se había vuelto impopular. Este es el idioma en el que hablan los políticos de casi todo el mundo. Lástima que en Paraguay cueste un poco que la gente se haga escuchar. Si el hastío colectivo fuera más sonoro, ni la Corte Suprema se atrevería a tanto desparpajo ni el Tribunal Superior de Justicia Electoral contrataría a tantos planilleros.
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LA VIGENCIA DEL IRP YA NO DEBE SUFRIR MÁS OBSTÁCULOS
Una vez más, los sectores políticos que se oponen a la formalización de la economía, representados en la Cámara de Senadores, lograron la postergación del estudio del proyecto de ley que habilita para este año la vigencia del Impuesto a la Renta Personal. La bancada oviedista y la mayoría de los colorados -excepto tres de estos- impidieron el tratamiento del tema y consiguieron que se lo aplace para el jueves 21 de este mes. Del oviedismo desde luego que se esperaba su oposición, pero los colorados parecieran haber entrado en un doble juego, ya que el miércoles 13 la autoridad partidaria había decidido apoyar el IRP, para que un día después sus senadores en mayoría optaran por un nuevo aplazamiento. Lo menos que se puede pensar es que no hay sinceridad de propósitos en un buen número de senadores que tratan de frenar, hasta donde puedan, la medida impositiva que tiende a la transparencia en el intercambio económico.
La tan necesaria vigencia del Impuesto a la Renta Personal (IRP) en el Paraguay seguirá esperando unos días. Se podría decir, a propósito, que ante la larga odisea que ya ha vivido el proyecto de ley respectivo -que hoy es apenas una tibia versión del original planteado en su momento por el Ministerio de Hacienda-, unos días más no representan prácticamente nada.
Sin embargo, alarma la postura que continúan teniendo sectores políticos considerados de los más retrógrados, cuya representación en el Senado pareciera responder más a intereses sectarios espurios antes que a los reclamos generales de la República.
El movimiento de los colorados es harto llamativo y hasta sospechoso, y pareciera que la interna partidaria repercute en la postura adoptada en el tema IRP. Cabe recordar aquí algunos hechos puntuales. El martes 3 de abril, uno de los presidenciables de la ANR, Horacio Cartes, visitó al ministro de Hacienda, Dionisio Borda, para confirmarle que su movimiento apoyaría el IRP. Días después, el miércoles 9 de mayo, en una incidentada sesión de la Junta de Gobierno de dicho partido, con la sola presencia de la mayoría cartista y ante el retiro de la sesión de la presidenta Lilian Samaniego, la autoridad partidaria decidió favorecer el impuesto mencionado. Esta postura fue avalada ya por el pleno de la Junta, con la conducción de la presidenta Samaniego, el miércoles 13 de junio, por lo que se descontaba que el Senado tendría la mayoría suficiente para dar vía libre al IRP en su sesión del jueves 14 pasado.
El tratamiento del proyecto, aprobado ya por Diputados y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, fue sin embargo nuevamente aplazado, esta vez hasta el jueves 21, por moción del colorado Silvio Ovelar. Sus partidarios (excepto Hugo Estigarribia, Julio César Velázquez y Rogelio Benítez) más los de Unace lograron imponer la prórroga.
La postergación no se entiende si no se la mira desde la óptica de la mezquindad política. Lo que se percibe en el ámbito ciudadano es que el Congreso sigue retaceando al país la oportunidad de ser enteramente traslúcido en cuanto a su régimen económico. Tampoco hay que dejar de apuntar que incluso hay bolsones del sector privado que no ven con buenos ojos el IRP (que les obligará a blanquearse completamente) y tienen un discurso hipócrita al respecto.
Se deja deslizar la idea de que al final el IRP “golpeará” más a la clase media que a los ricos, cuando que en realidad, por la enorme cantidad de deducciones que se podrán hacer, se acabará pagando muy poco. Una finalidad esencial de este impuesto es que toda transacción se haga en forma legal.
El Impuesto a la Renta Personal nos situará ante el mundo como un país serio y formal. Por ello, su vigencia ya no debe sufrir los obstáculos que aún insisten en plantar quienes, como el oviedismo y ciertos colorados, apuestan todavía a un Paraguay atrasado y turbio.
http://www.ultimahora.com/notas/537548-La-vigencia-del-IRP-ya-no-debe-sufrir-mas-obstaculos
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Paraguay, globalización y transparencia
Días atrás, el Congreso sancionó el proyecto de ley que establece las reglas de transparencia en el régimen de sociedades anónimas. Esta ley eliminaría la figura de las acciones al portador convirtiéndolas de pleno derecho en acciones nominativas. Tal conversión automática supone, además, que en un plazo perentorio de 24 meses se deba efectuar el canje de las acciones al portador, al efecto de que el directorio de aquellas sociedades afectadas por el nuevo régimen legal expida estas acciones, pero ya en calidad de nominativas. Para el caso de que tal canje no se realice en el plazo señalado en una cantidad equiparable a al menos el 90% del paquete accionario, la sociedad sufriría sanciones económicas y otras como ser el impedimento para operar en el sistema financiero y la cancelación de su RUC.
De a poco nuestro país tendrá que ir adecuándose a las tendencias mundiales en cuanto a medidas de transparencia o, de lo contrario, corremos el riesgo de quedar fuera del mercado global. Si bien hay muchos detractores de dicha ley, esta alteración puede realizarse sin incurrir en grandes costos adicionales para los afectados, por lo que no representa un problema demasiado grande en términos de ejecución a corto plazo.
Ahora bien, ¿qué tan lejos estamos de cerrarles todas las puertas a la corrupción y a la legalización de fondos provenientes de los negocios ilícitos? La verdad es que bastante lejos. Esta es una medida que contribuye para seguir en la batalla, pero aún hay mucho por hacer y, a medida que las tecnologías vayan evolucionando, probablemente los controles podrán ser más efectivos.
Es muy importante que, al tiempo de establecer nuevos controles, se tenga en cuenta que hay una buena cantidad de empresas que luchan por competir en el mercado desde la formalidad. Asimismo, importa entender que los controles excesivos también pueden abultar las estructuras de costos de las empresas y hacer a estas menos competitivas a nivel global. Más controles no deben necesariamente significar más complicaciones para las operaciones de las empresas.
El excelente trabajo que hizo el Ministerio de Industria y Comercio, promocionando a nuestro país en el mundo, ha atraído bastantes nuevas inversiones extranjeras. Un buen número de industrias, en su mayoría de capital brasileño, ha venido a instalarse en nuestro país. Es verdad que casi todas con intenciones de producir con miras a la exportación, pero de todas formas las empresas de capital paraguayo necesitan reaccionar a los cambios que conlleva el aterrizaje de capitales extranjeros a nuestro país.
La globalización es incontenible y es mucho mejor subir al tren más temprano que tarde. Ampliar la visión y apuntar a globalizarse es el único camino que por ahora se ve como destino sustentable para las empresas. La resistencia a los nuevos tiempos solo generará la dilatación en la llegada de los mismos y, en el momento en que nos pasen por encima, será ya difícil reaccionar de manera oportuna.
Por otra parte, se anuncia el estudio de una ley que permita mayor control sobre aportantes al fisco, inclusive rompiendo el secreto bancario de forma rutinaria. La SET argumenta que organismos internacionales exigen contar con la trazabilidad del dinero para evitar una eventual evasión fiscal o lavado de dinero. En este sentido, es importante que acompañemos las tendencias mundiales, pero debemos tener muchísimo cuidado en la forma en que se reglamenten este tipo de leyes.
Es preciso no ser invasivos, ya que hay ciertas informaciones que pueden caer en manos de personas equivocadas y hasta pueden representar un riesgo para las personas. Recordemos que estamos en un país rodeados de flagelos e inseguridad. Por otro lado, hay muchas cosas que pueden hacerse más eficientes si interconectamos las bases de datos y cruzamos ciertas informaciones para realizar los controles en menos tiempo y con menos burocracia.
Lo que debemos buscar es la eficiencia y la simplificación de las operaciones en general y no que los controles representen un riesgo para los contribuyentes y, mucho menos, una complicación o un costo adicional en sus operaciones. Creo que el mejor camino sería dialogar con todas las partes interesadas para poder realizar una transición de consenso que sea beneficiosa para todos.
Por Javier Viveros
http://www.lanacion.com.py/columnistas/2017/09/23/paraguay-globalizacion-y-transparencia/
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Viceministra se “ocupa” de su supersalario, pero ni se preocupa de…
Por Abg. Nora Lucía Ruoti Cosp
Y siguiendo con el actuar de la diligente y superpoderosa viceministra de Tributación, Marta González, que SÍ SE OCUPA de pretender seguir cobrando el 50% de las multas aplicadas a los contribuyentes, pidiendo la protección de la ministra, del Presidente de la República y por supuesto de sus aliados en el Congreso Nacional, con confusiones entre el modelo que se pretende derogar: adjudicación directa del 50% de las multas por infracciones tributarias, sin que dicho monto ingrese al Presupuesto General de la Nación, en abierta violación a dicha ley, a lo que la misma denomina “derecho de los funcionarios de la SET a percibir una participación de las multas por su EXCELENTE TRABAJO”, el que además viola el derecho de todos los demás funcionarios a percibir una participación por el logro de sus gestiones.
Y decimos “confusiones en el modelo” porque en el descabellado escrito presentado a las autoridades para tratar de impedir la derogación del Art. 239 de la Ley 125-91 cita como supuesto argumento la existencia de “estímulos” a los funcionarios por cumplimiento de sus metas en países como Argentina, Bolivia, Brasil, España y Uruguay.
Ningún país permite repartirse directamente el dinero proveniente de los impuestos.
Esto es categórico. Una cosa es presupuestar un estímulo por cumplimento de metas, el que es abonado de acuerdo a la asignación presupuestaria, y una cosa muy diferente es no ingresar el dinero del pueblo proveniente del cobro de las infracciones tributarias y repartirse directamente. Eso viola la Constitución Nacional, la que claramente establece el destino de la recaudación y muchos otros preceptos de justicia, igualdad y equidad.
La viceministra no se ocupa de la formalización del país, solo de perseguir a los inscriptos.
Esta Administración se OCUPA en hacer creer que la recaudación se ha incrementado gracias a su excelente trabajo cuando NI SE PREOCUPA de la clara demostración de su inoperancia: UN TERCIO DE LA ECONOMÍA, NI UN IMPUESTO, publica ABC Color, de acuerdo a cálculos de estudio de la economía subterránea.
No se ocupa y ni siquiera le PREOCUPAN los no inscriptos, los informales, aquellos que a simple vista realizan operaciones por las que deberían estar inscriptos, sean grandes, medianos o pequeños comerciantes. Es aquí donde una Administración Tributaria debe poner todas sus fuerzas, comenzando por la lucha contra la clandestinidad, informalidad e inscribiendo a los no inscriptos. Es aquí donde la ciudadanía entera premiaría su trabajo con “estímulos” presupuestados basados en la disminución de estos alarmantes números, pues esto nos perjudica a todos.
Los números hablan solos.
Todo un tercio de la economía se ve beneficiado gracias a la inoperancia y la falta de acción de estas autoridades, que reclaman quedarse con el dinero del contribuyente por su excelente gestión. La economía subterránea ni siquiera es su PREOCUPACIÓN.
Una muestra más de la inoperancia y negligencia de esta Administración.
Este seguramente será uno de los pocos países en donde faltando un mes para el cierre del ejercicio fiscal del Impuesto a la Renta Personal, modificado por “decreto”, aun no tenga formulario de liquidación.
¿Para qué OCUPARSE o PREOCUPARSE de los contribuyentes si de igual manera las indicaciones dadas por la SET tanto en consultas, ejercitarios y formulario de liquidación luego de cuatro años no sirven y se reclaman impuestos, multas, intereses y mucho más, parte de dinero que quedará en manos de los funcionarios de la SET? Cuando más tarde se presente el formulario, cuando más ambiguo sea, cuando más confusión reine, más caos e inseguridad jurídica, más será el dinero a repartirse.
Basta de persecución y extorsión a los contribuyentes inscriptos. Basta de autoproclamar o hacer creer que tenemos una Admiración Tributaria diligente. Basta de repartición de multas. Requerimos medidas urgentes y efectivas para la formalización del país.
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