El supercomandate Ortiz

Indigna al oficialismo del PLRA comprobar los intensos y seguidos llamados de celular que el empresario, amigo personal del Presidente Horacio Cartes y gerente de su tabacalera del Este, José Ortiz, realizó al entonces comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, minutos antes del atraco al PLRA, lo que finalmente terminó con la muerte del joven dirigente de la juventud liberal radical Autentico, Rodrigo Quintana, el 31 de marzo pasado, cuya triste muerte la Policía Nacional no hace nada por aclarar, al contrario en un entuerto raro tanto la policía como la fiscalía se empeñan en embarrar el terreno y enturbiar el proceso antes que buscar a los verdaderos responsables de este crimen político que nos retrotrae al tiempo de las cavernas en cuanto a prácticas democráticas.
Ofende que un empresario que no tiene ningún cargo especifico en el gobierno nacional sea el que dirija y de órdenes a los ministros, es el caso de José Ortiz Escauriza, que más allá de la gran influencia que pueda tener sobre el mandatario no tendría que incidir y menos pedir cuentas o dar órdenes a los ministros como se presume sucedió aquel día trágico que culmina con la muerte de Rodrigo y en donde los registros de la empresa telefónica muestra que hubo más de 10 conversaciones entre el empresario y el comandante de la policía nacional. Es “vox populis” que el que verdaderamente da las indicaciones de lo que se debe hacer y mas en aquellos días aciago para la nación guaraní fue de este empresario y no del Ministro del Interior o del Presidente de la República.
Una nación seria que se rige por normas y es celosa de los mandatos legales, no puede ni debe tolerar esas graves faltas a la institucionalidad del país, muestra también la hechura liquida sin consistencia y menos firmeza o solidez de los hombres elegidos por Cartes para conformar su gabinete, muchos de ellos reciben oprobios y humillaciones de los amigos gerentes de Cartes, en quienes confía más el mandatario antes que en sus secretarios de estado y los obliga a tener que rendir cuentas ante estas personas que son extrañas a los manejos del estado y que llegado el momento no asumirán ninguna responsabilidad sobre las cosas que ordenan hacer a los ministros y altos funcionarios del gobierno.

Muestra igualmente la genuflexión de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional, ante el poder ejecutivo ya que tuvieron que ser el diario ABC Color y la dirigencia del Partido Liberal Radical Autentico, quienes publicaron el cruzamiento de llamadas en las horas cercanas al asalto a la sede opositora, que prueba cuan fluidas eran esas conversaciones entre Ortiz y Sotelo y no la fiscalía que se supone tendría que ser el órgano que descubra e investigue este hecho. Se nota que lo único que quieren antes que descubrir la verdad de lo acontecido, es echar paladas de tierra sobre el caso para de esta manera enterrar el caso que no beneficia al titular del Poder Ejecutivo Nacional.

Andrés Granje

 

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17 comentarios en “El supercomandate Ortiz”

  1. Los perjuicios de una falsa imputación

    Por Óscar Germán Latorre

    Conversando con una abogada, le consulté el motivo, la razón o factor exógeno en la decisión de una agente fiscal de formular una imputación absolutamente fantasiosa e irresponsable.

    Me refiero concretamente a la imputación y requerimiento de prisión preventiva formulado contra el comisario Tomás Ramón Paredes Palma por el supuesto hecho punible inducción a cometer homicidio doloso en grado de tentativa en el local del PLRA en los primeros minutos del 1 de abril del 2017. La respuesta fue casi inmediata: que la presión política era insostenible y que hasta este día la opinión pública solo había escuchado la versión de los representantes del Partido Liberal y de nadie más. Además, acotó que quedó instalada la falsa idea de que el ingreso de la Policía al local partidario sin orden judicial fue un acto irregular e ilegal. Le di la razón y ese es el motivo de este comentario, en un intento de traer un poco de luz ante el universo de mentiras que se han instalado en relación al tema.

    Cabe señalar que en el procedimiento policial y concretamente en el ingreso al local del PLRA, no se ha quebrantado disposición legal ni constitucional alguna. Los efectivos policiales, por un lado, concurrieron al local respondiendo a insistentes llamadas de apoyo por parte de efectivos policiales que se encontraban bajo una lluvia de cascotes provenientes del interior del predio y, por otra parte, en persecución de un grupo de personas que luego de perpetrado el atraco al Congreso Nacional, habían atacado el edificio del Diario Abc Color para luego refugiarse en el referido local partidario.

    El artículo 188 del Código Procesal Penal establece cuándo la Policía y el Ministerio Público se encuentran eximidos de la obligación de solicitar una orden de allanamiento, que se da en los siguientes casos: “…1) cuando existan denuncias fundadas sobre personas extrañas que fueron vistas introduciéndose en un lugar con evidentes indicios de que van a cometer un hecho punible; 2) cuando el imputado, a quien se persigue para su aprehensión, se introduzca en una propiedad privada; y, 3) cuando voces provenientes de un lugar cerrado anuncien que allí se está cometiendo un hecho punible o desde él se pida socorro”.

    El artículo transcripto exime a las autoridades policiales de la obligación de requerir una orden judicial de allanamiento para ingresar a predios privados cuando concurre uno de los presupuestos en él indicados. La norma consagra lo que comúnmente se llama flagrancia que se fundamenta en la imposibilitada de requerir y obtener una orden judicial oportuna.

    Luego, no ha habido atraco o ingreso ilegal por parte de la Policía al local del PLRA y esto ha sido simplemente una afirmación cargada de oportunismo por parte de ciertos dirigentes políticos.

    Formulada esta necesaria salvedad, la imputación fiscal se sostiene como un castillo en el aire, desprovisto de cualquier dato que pudiese siquiera suponer que el hecho punible de inducción habría efectivamente ocurrido y, a pesar de ello, Paredes Palma se encuentra imputado y con un pedido de prisión preventiva.

    El problema se acentúa si consideramos que Paredes Palma ni siquiera fue denunciado por algún dirigente, afiliado o representante de la citada nucleación política y que solo está siendo utilizado como estrategia para sostener una calamitosa mentira.

    Se repite frecuentemente que una imputación no causa daños porque el imputado sigue gozando de la presunción de inocencia. Nada más falso que eso, más aun cuando se trata de un efectivo de la Policía Nacional o de las fuerzas militares, donde la imputación puede significar que cualquier pretensión de ascenso quede postergada e incluso puede aparejar el paso a retiro del afectado.

    Lamentablemente, los juzgados penales de garantías están llenos de Paredes Palma porque en algún momento se instaló la idea en el Ministerio Público de que aun ante la denuncia más irresponsable e inverosímil, debía solicitarse la prisión preventiva cuando el hecho punible denunciado era un crimen (pena privativa de libertad mayor a 5 años).

    Poco importa que no se encuentre acreditado el hecho punible o que no existan ni siquiera las más imaginativas suposiciones sobre la autoría del hecho; tampoco es relevante que el imputado tenga suficiente arraigo, determinado por el domicilio, el asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Y el supuesto peligro de fuga generalmente no pasa de ser una construcción subjetiva del fiscal, sin evidencia alguna que la soporte.

    Lo más inexplicable e irritante de todo esto es que mientras algunos son imputados y tienen requerimientos de prisión sin que exista un elemento de convicción que lo justifique, otros responsables de crímenes que han sido registrados y documentados por las cámaras y reportes de los distintos medios de prensa en ocasión del atraco, saqueo e incendio del Congreso Nacional, continúan sin ser siquiera convocados por el Ministerio Público y mucho menos imputados. Hay pues un dispar tratamiento cuando concurren motivaciones políticas en la actuación de varios fiscales y eso solo contribuye a disminuir aún más la escasa confiabilidad que nos ofrece nuestro actual sistema de justicia penal.

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  2. Refugio político e impunidad

    Por Óscar Germán Latorre

    La concesión del refugio político por parte del gobierno uruguayo a cinco paraguayos con orden de captura internacional es una práctica corriente en la que el interés político prevalece sobre lo jurídico y el anhelo de justicia. Una verdadera carta de impunidad bajo el falso argumento de persecución política.

    La noticia me trae a la memoria lo ocurrido con Arrom, Martí y Colmán, implicados en el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quienes bajo el gobierno de Lula, es decir del PT, fueron declarados refugiados políticos por el Conare y eso impidió la extradición de los mismos.

    En este caso existió solidaridad ideológica pero también incidió, a mi parecer, que las FARC habían financiado parte de la campaña presidencial de Lula y en el Brasil permanecen operando varios integrantes de ese grupo terrorista, según publicaciones aparecidas en varios periódicos y revistas del vecino país. Es más, creo que no es aventurado expresar que parte del dinero del secuestro de la señora de Debernardi y que correspondió a las FARC por su “asesoramiento”, fue luego trasladado al Brasil, hipótesis que perfectamente está respaldada en los correos electrónicos entre las FARC y Patria Libre de aquella época.

    Para la Justicia, la posibilidad de tener a disposición a estas cinco personas es simplemente anecdótica porque las mismas fueron simplemente instrumentos de los verdaderos responsables de los hechos acaecidos en el Senado.

    Sin conocer lo que el Ministerio Público atribuye a estas cinco personas, estoy convencido de que sacarlos del país no tuvo por objetivo ponerlos a salvo de una supuesta persecución política sino de lograr impunidad de terceros que sí comandaron, planificaron e instigaron el atraco, saqueo e incendio del Congreso Nacional.

    Ni el asilo ni el refugio político pueden considerarse como una temporada de vacaciones en otro país, pues las condiciones de subsistencia de los asilados y refugiados en muchos casos se asemejan a una simple sobrevivencia y eso me genera particularmente una gran pena.

    Honestamente no sé cuál sería la motivación del Ministerio Público para lograr el castigo de esos jóvenes que ahora gozan del refugio político. Más bien parecería que el recurso al que han recurrido constituye un mayor castigo que el que pueda implicar el procesamiento mismo.

    Mientras los instigadores del atraco, del saqueo y del incendio del Congreso Nacional siguen impunes, los investigadores miran al cielo cuando deberían estar observando detenidamente los videos recogidos en aquella penosa jornada.

    Toda la ciudadanía fue testigo de lo que ocurrió y los responsables de los hechos como también los responsables de la grosera impunidad que existe serán juzgados por la historia y no quedarán impunes.

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  3. Las mentiras de la Policía Nacional

    Por Alfredo Boccia Paz

    Como a usted, a mí también me costó creer que un grupete de policías entusiastas atracara a balazos, por su cuenta y riesgo, un local privado. Eso no existe, obedecieron órdenes. Pero ¿quién las daría? Ningún jefe policial se jugaría su carrera dando una instrucción tan temeraria como la de asaltar violentamente la sede de un partido opositor. Eso es tan bárbaro que necesariamente tendría que provenir de una indicación precisa del más alto nivel nacional.

    Hasta a un ingenuo como yo escandalizó la indolencia del Ministerio Público a la hora de investigar el origen de la orden que terminó con el asesinato de un joven. A los fiscales debería caérseles la cara de vergüenza, porque los datos más relevantes fueron aportados por la querella adhesiva y no por ellos.
    Pero lo que superó mi inocencia fue la transcripción de las conversaciones radiales entre los jefes policiales y sus subalternos que dicha institución entregó a la Fiscalía. La grabación se inicia a las cero horas del 1 de abril, cuando en el centro de la ciudad había todavía algunos focos de conflicto, aunque los últimos enfrentamientos estaban ocurriendo en las calles cercanas al local del PLRA. En esos primeros 25 minutos se registran 216 comunicaciones, lo que demuestra el interés de los comandantes por lo que estaba sucediendo. Pero súbitamente las llamadas cesan justo unos diez minutos antes de la muerte de Rodrigo Quintana, ocurrida a las 0.34 horas, segundos después del ingreso de los policías.

    Ese silencio ilógico dura casi media hora; es decir –según la Policía–, en el momento crucial, el tema dejó de interesar a quienes hasta entonces habían estado tan activos por radio. Nadie habla, nadie averigua qué pasa con la persecución a los manifestantes liberales, nadie da ninguna orden. ¿Estarían cenando los jefes policiales? ¿No se les ocurrió mirar sus redes sociales? ¿No escuchaban ninguna radioemisora? Porque –según ellos– simplemente dejaron de hablar del PLRA justo cuando sus agentes invadían a balazos su local y ejecutaban a un militante opositor. Curiosamente, hubo una comunicación que revela que los equipos funcionaban: alguien informó sobre un caballo muerto en la vía pública. Minutos antes de la una de la madrugada se vuelve a escuchar una conversación surrealista: uno de los jefes pregunta cómo están las cosas en el PLRA y recomienda no ingresar. Hacía media hora que los policías habían entrado, matado y abandonado sin auxiliar al joven. Según los superjefes nadie en la Comandancia se enteró de lo sucedido. Al ex comandante Críspulo Sotelo lo entiendo, estaba contestando tantas llamadas de José Ortiz y Luis Canillas que no le quedaba tiempo de enterarse de nada.

    La defensa de Quintana evidenció que en el archivo magnético –no en la transcripción escrita enviada por la Policía– se descubren 131 comunicaciones claves borradas y que la orden tardía de no ingresar habría sido producto de un burdo montaje. Si esto es cierto, es terrorismo de Estado. Pero lo más espantoso es que los fiscales que tienen que investigarlo están más asustados que nosotros.

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  4. Encubrimiento agravado

    Por Enrique Vargas Peña
    A medida que se van conociendo más datos sobre cómo los fiscales, encabezados por Javier Díaz Verón, omiten elementos fundamentales para esclarecer la responsabilidad penal de quienes dieron las órdenes de reprimir con la máxima fuerza posible a los defensores de nuestra Constitución, va quedando claro que están tratando de encubrir a personas en el Gobierno y en su entorno.

    Omiten esos elementos porque el Código Penal establece que son sujetos de acción penal los autores y los partícipes de los hechos punibles (art. 14, inc. 9) y que los partícipes son los instigadores y los cómplices (art. 14, inc. 10) y que son punibles los que realizaran el hecho obrando por sí o valiéndose de otro para ello (art. 29, inc.1) y los que induzcan a otros a realizar un hecho antijurídico doloso (art. 30).
    Resulta obvio, pues, que los fiscales están tratando por todos los medios a su alcance de impedir que se conozca y se esclarezca cualquier vínculo o conexión que conduzca a conocer y a someter a la justicia a los instigadores de la represión de los días 31 de marzo y 1 de abril de 2017.

    Durante los últimos días, los medios de nuestro grupo de comunicaciones han dejado en evidencia que la Policía Nacional ocultó, o borró, o no realizó, una parte de la transcripción de las conversaciones mantenidas por los jefes policiales en la frecuencia policial durante los hechos ocurridos en dichas fechas, específicamente la que debía registrar el momento del ingreso de los agentes al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde se produjo el asesinato de Rodrigo.

    “No se tienen los datos de casi media hora de comunicaciones que se dieron entre el director de Orden y Seguridad, comisario general Luis Cantero y los subalternos, como el comisario del área metropolitana comisario principal Hermógenes García; el jefe de la Comisaría 3ª Metropolitana Amado Cantero; y de la 7ª, comisario principal Carlos Cáceres. El documento presentado contiene las transcripciones desde la 00:00 hasta las 01.47, con el faltante de 32 minutos, ya que el audio se interrumpe desde las 00.25 horas y recién se normaliza a las 00.57, obviando la hora exacta en que los agentes irrumpen el local partidario, a las 00.34, cuando además dieron muerte al joven dirigente liberal…” (http://bit.ly/2xdiqlO).

    “Desde las 00.57 se escucha la conversación entre el jefe de la Comisaría 3ª Metropolitana… Amado Cantero, con el director de Orden y Seguridad… Luis Cantero… Posteriormente, el propio Luis Cantero ordena al jefe policial del Área Metropolitana, Hermógenes García, no ingresar. Es esta parte del audio la que el propio viceministro de Seguridad, Ariel Martínez, había presentado como prueba de que las órdenes eran las de no entrar al PLRA” (http://bit.ly/2xdiqlO).

    La Policía Nacional asaltó la sede del PLRA a las 00.34 del 1 de abril, asesinando a Rodrigo, pero las transcripciones se interrumpen minutos antes y se reinician más de veinte minutos después, cuando la muerte de Rodrigo ya era conocida, con el efecto de hacer creer que había una orden distinta, dada después de las 00.57, a aquella en cuya virtud se desarrolló el asalto.

    La conferencia de prensa de ayer del comandante de la Policía Nacional solamente sirvió para confirmar que sí manipularon los datos (dividiendo la presentación de los mismos en dos) y que la empresa que maneja el software mintió sobre la clase de garantía que presta acerca de la inviolabilidad de los registros.

    Si lo anterior se suma al evidente monitoreo de las operaciones que realizaban telefónicamente las personas en el gobierno y en su entorno durante esas horas cruciales, se puede entender fácilmente por qué Cantero dio una orden de no ingresar al PLRA mucho después de que alguien haya ordenado que se ingrese.

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  5. Caso del crimen en el PLRA devela desidia de la Fiscalía

    A cuatro meses de los graves acontecimientos de la noche del viernes 31 de marzo y la madrugada del sábado 1 de abril, que culminaron con el asesinato del joven militante liberal Rodrigo Quintana, en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el Ministerio Público no ha hecho otra cosa que mostrar una notoria desidia. Hasta el momento, las más contundentes pruebas han sido aportadas por la querella adhesiva, mientras que la Fiscalía General no demostró rigor, ni eficiencia, ni rapidez como sí lo hizo cuando imputó a 21 personas por el incendio del Congreso. La sociedad necesita volver a creer en sus instituciones, y el Ministerio Público poco hace por recuperar la confianza.
    La investigación de los hechos que derivaron en el asesinato de Rodrigo Quintana por parte del Ministerio Público denota desidia y una peligrosa negligencia.

    La Fiscalía, a pesar de que ya pasaron cuatro meses del asesinato del joven militante liberal, no realizó un informe detallado del cruce de llamadas telefónicas entre los uniformados y los allegados al presidente Horacio Cartes, quienes llamaron al ex comandante Críspulo Sotelo minutos antes del ataque al local del PLRA. Esta desidia no solamente es una vergüenza, por la deficiente gestión de la institución que representa a la sociedad, sino que es además muy peligrosa porque demuestra desinterés por esclarecer los hechos.
    Un crimen no afecta solamente a una víctima y a todo el círculo familiar de esta, un crimen afecta a toda la sociedad. Pero este enunciado parece no afectar a nuestra Fiscalía.

    La deficiente investigación derivó, en primer lugar, en el señalamiento inmediato como único culpable del crimen al suboficial Gustavo Florentín, imputado y procesado por la muerte de Rodrigo Quintana.

    Más recientemente, el abogado representante de la familia del joven asesinado presentó informes de las pericias informáticas en lo que respecta a las conversaciones que hubo vía frecuencia policial entre los altos jefes, en la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril. La Fiscalía todavía no había realizado esta pericia.

    Las fuerzas antidisturbios ingresaron a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico sin una orden judicial, dispararon y mataron a Rodrigo Quintana, esos son los hechos, ese es el crimen que la Fiscalía no está investigando con la debida seriedad.

    Y sin la investigación por parte del abogado de los padres de Rodrigo Quintana, la sociedad no hubiera conocido los detalles del cruce de llamadas. Este hecho en sí es muy grave, pues significa que las pruebas de los vínculos entre altos mandos policiales y el primer anillo del presidente de la República no fueron obtenidas por la institución que debería velar por los derechos de las víctimas.

    Sin las pruebas aportadas por el sector de la querella adhesiva, la sociedad paraguaya estaría en estos momentos todavía mucho más lejos de conocer la verdad sobre los hechos acontecidos el 1 de abril.

    El estado de derecho no puede soportar esta duda: la desidia del Ministerio Público en este caso es negligencia o es en realidad complicidad. Esta institución se debe a la ciudadanía paraguaya y es inaceptable su subordinación al Poder Ejecutivo. El Ministerio Público debe ser independiente en todo momento y en todos los casos, pues esta es la única garantía que tiene la sociedad para aspirar a la justicia.

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  6. De Sherlock a Clouseau
    16 agosto, 2017

    Desde hace varias semanas, el diario ABC Color viene relatando una historia que podría ser hasta interesante, como entretenimiento literario, si no fuera tan limitada la imaginación de sus autores y tan torpe la pluma de quien la redacta. La trama se articula en torno a los trágicos sucesos del pasado 31 de marzo y, en particular, al atropello policial a la sede del PLRA y posterior crimen del joven Rodrigo Quintana. Podría inscribirse en el género de suspenso, pero, desde la primera entrega, la ansiedad les llevó a contar hasta el epílogo: Los culpables de tales hechos son, “sin ninguna duda”, los colaboradores más cercanos del presidente, lo que hace suponer que el propio Horacio Cartes tuvo participación en el crimen. ¿Y cuál es la prueba que ofrece? Un elemento “clave”, que deben incorporar a su curriculum de estudio las facultades de Derecho y todos los abogados del foro, incluyendo los doctores más ilustres, quienes con certeza no sabían que podían utilizarlo como arma “estratégica” para inculpar a alguien y condenarlo a la hoguera: el “cruce de llamadas” realizadas esa noche.

    José Ortiz, presidente de Tabesa y amigo personal del presidente, se lleva el papel protagónico, es decir, la mayor cantidad de menciones y de portadas. A él se sumaron numerosos actores de reparto, encabezados por Luis Canillas, asesor jurídico de Yacyretá, los senadores oficialistas Lilian Samaniego y Juan Darío Monges, así como sus colegas Fernando Silva Facetti y Ramonita Mendoza, ambos del radicalismo auténtico, pertenecientes a las filas del llanismo. Ellos y varios otros, destaca el diario de Zuccolillo, se comunicaron esa noche en muchas oportunidades con el entonces comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo y éste devolvió algunas de las llamadas. ¿Qué mayor prueba que esa? ¿Qué importa lo que dijeron? ¡¡El cruzamiento basta y sobra!! vociferan eufóricos los novelistas al incriminar a los mencionados en sus ediciones diarias.

    Pero la “obra” tenía algunos problemas e incoherencias. Cualquiera con estándares básicos de inteligencia se daba cuenta que la orden de atraco y el crimen de Quintana no podía darse en “sextuplicado”, que muchos otros políticos también llamaron al jefe policial, incluyendo a “amigos” de dicho diario y, por tal motivo, comenzaron a “centrar” la “sesuda” investigación en Ortiz, por tratarse del más allegado a HC, a quien a toda costa había que incluir en la historieta.

    Si abordamos el tema con seriedad, salta a la vista que en el marco de la tremenda crisis vivida la noche del 31 y madrugada del 1° de abril, resultaba absolutamente normal que “los hombres del presidente”, “los gerentes”, como despectivamente trata ABC a los miembros de su entorno, los asesores y políticos, tuvieran una comunicación fluida con quienes podían proveer información sobre la evolución de los hechos. Y esa persona era, obviamente, Críspulo Sotelo.

    Los juristas más renombrados de nuestro país deberían romper el silencio y explicarle a “Don Acero” que puede hacer la literatura que desee, pero que si cursara la carrera de Derecho y presentara el “cruzamiento” como elemento probatorio de un delito o un crimen, recibiría un feroz aplazo. Del peritaje del cruce de llamadas solo se deduce que los datos aludidos son las anotaciones de la telefonía, consistente en los números telefónicos investigados (desconocemos que los teléfonos de Ortiz, Canillas, varios senadores y el excomandante sean objeto de investigación), las llamadas entrantes y salientes de dichos números, así como los horarios en los que se efectuaron, PERO NADA DE ESO HACE AL CONTENIDO de las comunicaciones. Y a los sumo podría servir como algún indicio, si se tratara de llamadas injustificables, que no es el caso, por el contexto político en el que se realizaron, como ya explicamos.

    Es probable que “Don Acero” prosiga con el cuento. A lo mejor leyó “Estudio en Escarlata”, la famosa novela de Arthur Conan Doyle en la que aparece por primera vez Sherlock Holmes, a quien su compañero y amigo, el Doctor Watson, lo describe como “alto, sobrepasaba los seis pies (1.83)…tenía mirada aguda y su nariz aguileña le daba al conjunto de sus facciones un aire de viveza”. Y tal vez por eso se identificó con el personaje, por tener rasgos similares, pero solo en lo físico, pues sus “investigaciones” demuestran que, a lo sumo, alcanzó los niveles del Inspector Cluseau… de La Pantera Rosa.

    http://www.adndigital.com.py/de-sherlock-a-clouseau/

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  7. La verdad del suboficial

    Por Susana Oviedo
    La muerte del joven dirigente Rodrigo Quintana en manos de la Policía Nacional, durante el atraco a la sede del PLRA, fue claramente un acto de terrorismo de Estado. Allí hubo abuso del poder, un uso ilegítimo de la fuerza por parte de la Policía Nacional que, es importante dejar en claro, es una institución de estructura vertical (jerárquica), lo que implica una cadena de mando en la que los niveles superiores ejercen la autoridad y dan las órdenes a sus subordinados.
    En la madrugada del 1 de abril pasado, siete patrulleras de la policía, dirigidas por destacados comisarios (jefes) acudieron hasta el local partidario de los liberales en el microcentro asunceno, supuestamente siguiendo una turba que había atacado el edificio del diario ABC Color, y bajo la orden de “entren, entren, y disparen”, según testigos, en medio de gritos y corridas, un proyectil se robó la vida a Rodrigo.
    La Policía actuó con una violencia pocas veces vista e ingresó atropellando intempestivamente la casa de los liberales, sin una orden judicial, buscando a los supuestos responsables del incendio del edificio del Congreso, que horas antes se había producido en la zona del microcentro.
    De este hecho gravísimo, sin embargo, aunque suene descarado, el Gobierno y la Policía Nacional quieren responsabilizar a un suboficial segundo, de nombre Gustavo Florentín, de quien primero habían dicho que había sacado de la Comandancia, sin autorización, el arma que utilizó.
    Ningún jefe de los que estuvieron esa noche admite haber dado la orden de ingresar y disparar balas de plomo. Al principio, algunos de los varios comisarios que estuvieron allí negaron incluso participación en el hecho. Afortunadamente, varias cámaras que captaron todo evidenciaron lo contrario.
    Otro dato demasiado grave es lo que indica el cruce de llamadas realizadas en las horas más calientes de esos sucesos, incluso, minutos antes del atropello al PLRA: el comandante de la Policía estuvo en directa comunicación con el gerente de la tabacalera del presidente Cartes, José Ortiz, a quien el mandatario, en su gabinete no oficial, confía los asuntos de seguridad. ¿Quién daba la orden a quién en la cascada de mando?
    La evidente y tenebrosa intención de las autoridades por zafar cualquier responsabilidad, cargándola sobre el hombro de un suboficial de 23 años, es insostenible. Constituye una burla ante la ciudadanía y un gran daño a la escasa confianza que genera la Policía Nacional. Para enturbiar aún más este caso, la Fiscalía que debe investigar y esclarecer lo que ocurrió, no demuestra empeño por alcanzar estos objetivos. Por eso hay que seguir con detenimiento lo que está diciendo el suboficial Florentín, aparentemente dispuesto a que se sepa “la verdad, que es verdad”. Asume él que es el chivo expiatorio escogido por la Policía para que un grupo de altos oficiales, que no dudaron en pisotear todas las reglas, salgan impunes.

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  8. El “trabajo” de Díaz Verón

    Por Enrique Vargas Peña
    Más de cuatro meses pasaron desde que se ordenó a la Policía Nacional reprimir con el máximo rigor a los defensores de nuestra Constitución los días 31 de marzo y 1 de abril de 2017, con el efecto de una persona asesinada, Rodrigo Quintana; un diputado desfigurado, Édgar Acosta; doscientos once detenidos ilegalmente, cinco allanamientos extrajudiciales y, en extraña contraposición a todo eso, el incendio del Congreso por ausencia de efectivos policiales.
    En todos los hechos señalados aparece involucrada, por acción u omisión, la Policía Nacional, una organización “no deliberante, obediente… y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación” (art. 175 de nuestra Constitución) y “de estructura funcional jerarquizada” (art. 2 de la Ley 222, Orgánica Policial), es decir, aparecen involucrados sus mandos políticos e institucionales: El presidente de la República, el ministro del Interior, el comandante de la Policía y sus subordinados involucrados en las acciones.
    Javier Díaz Verón y los fiscales que son sus cómplices no tenían y siguen sin tener elemento legal alguno, ninguno, que les haya permitido suponer en los hechos del 31 de marzo y 1 de abril que la Policía Nacional no estaba funcionando en los términos verticales definidos por nuestra Constitución y las leyes.
    Y aunque los hubieran tenido (y no los tienen, por eso no los presentaron), estaban obligados por nuestra Constitución y las leyes a investigar los hechos a partir de la estructura vertical de la Policía Nacional; es decir, estaban obligados a investigar como si los hechos fueron cometidos simultáneamente por varias personas reunidas –la estructura jerárquica de la Policía–, o como si fueron el resultado de un acuerdo previo o propósito común –las órdenes impartidas a las fuerzas policiales–, aun cuando hayan sido cometidos en distintos tiempos o lugares y como si hubieran sido cometidos para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o procurar para un partícipe o a terceros el provecho, o la impunidad.
    Pero durante estos más de cuatro meses, el señor Javier Díaz Verón y los fiscales, que son sus cómplices en el análisis de estos hechos, hicieron como si el artículo 175 de nuestra Constitución y el artículo 2 de la Ley 222 no estuvieran vigentes.
    Díaz Verón y los fiscales que son sus cómplices no solamente obviaron el marco regulador de la Policía en la investigación de los hechos, sino que violaron abierta y groseramente el artículo 47 del Código de Procedimientos Penales, la plenamente vigente Ley 1286, que les ordena acumular los procesos cuando tal acción resulte necesaria para garantizar el conocimiento integral de los delitos con las solas excepciones de un retardo procesal obvio o de un perjuicio al derecho de defensa.
    Abrigados por la impunidad que esperan de una justicia sometida al presidente Horacio Cartes, Díaz Verón y los fiscales que son sus cómplices alegaron que “no hay conexidad” en los hechos estudiados, cuando pocas veces en la historia legal de nuestro país la conexidad ha sido tan evidente como en estos hechos.
    Pero ahora están saliendo a la luz los hechos que dejan en evidencia que Díaz Verón y los fiscales que son sus cómplices violaron las leyes con el fin de prestar protección al presidente de la República y a sus gerentes José Ortiz y Luis Canillas y a sus aliados llanistas, disfrazados de liberales.
    Los cruces de llamadas y las geolocalizaciones de dichas llamadas no dejan lugar a dudas del “trabajo” realizado por Díaz Verón y los fiscales que son sus cómplices para oscurecer la causa, para enturbiarla y evitar que se llegue a su resultado lógico.

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  9. En las sombras

    Por Fernando Boccia
    Las llamadas telefónicas entre José Ortiz y Críspulo Sotelo en la noche de la quema del Congreso y la madrugada del atraco a la sede del PLRA no prueban ningún delito. Esa es una verdad irrefutable, hasta ahora. Nadie, a excepción de ellos dos, sabe el contenido de esas conversaciones y una mera comunicación no debería ser suficiente para decir que Ortiz ordenó a la Policía allanar el Partido Liberal. Sin embargo, sí revela mucho más de lo que ocurrió aquella noche y la manera en que Horacio Cartes gobierna el país.

    Una de las muchas áreas de este gobierno en las cuales José Ortiz tiene interés es la seguridad. Esto lo dicen desde políticos opositores hasta propios referentes del Poder Ejecutivo. Es una suerte de asesor, aunque su abogado rechace categóricamente ese término y lo remplace por “empresario preocupado”. En esa calidad, hizo 16 llamadas al comandante aquella noche, sostiene su representante legal.

    Hace años que la senadora Desirée Masi denuncia la injerencia del gerente de la empresa de Cartes –que no posee cargo oficial alguno en este Gobierno– dentro de la Policía Nacional. El reciente cruce de llamadas presentado por los abogados representantes de la familia del joven asesinado en aquel atraco al PLRA demuestra que antes del 31 de marzo, las comunicaciones entre Ortiz y Sotelo eran constantes. Difícil de creer que el jefe máximo de la Policía mantenía varias llamadas al mes con otros “empresarios preocupados” por la seguridad.

    Claramente el gerente de la tabacalera del presidente y su hombre de mayor confianza no llamó al comandante de la Policía para preguntarle sobre su salud mientras una multitud incendiaba el Parlamento. Las llamadas entre Ortiz, Sotelo y otros referentes del Gobierno y cercanos al presidente ponen en tapete algo bastante obvio: las acciones de la Policía aquellas noche y madrugada eran coordinadas y supervisadas por las más altas esferas de este gobierno, entre las cuales indudablemente está Ortiz, quien mantuvo más llamadas con el jefe de la Policía que otros altos funcionarios del Ejecutivo.

    Y acá se pone turbia la cosa: Con tanta comunicación, ¿cómo el Gobierno puede aducir que no coordinó también el ataque al PLRA? Tan solo diez minutos antes del allanamiento ilegal al partido, el comandante policial habló con el ministro del Interior y antes se comunicó con Ortiz y el mismo Cartes, entre otros.

    Toda esta información sale del trabajo realizado por abogados de Rodrigo Quintana y no de la Fiscalía, por cierto. A cuatro meses de aquella noche, el crimen sigue en la oscuridad y los responsables permanecen en las sombras.

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  10. La histeria de los incendiarios
    Por Jorge Torres Romero

    Los principales referentes del PLRA, del sector que responde a Efraín Alegre, junto a sus aliados estratégicos como la senadora Desirée Masi y el imputado Stiben Patrón, pegaron el grito al cielo cuando este diario reveló sus cruces de llamada del 31 de marzo por la tarde y noche, lo que a su vez aporta un elemento contundente acerca de la presunción de que la quema del Congreso no fue un hecho fortuito, fruto del desenfreno ciudadano que espontáneamente salió a las calles a manifestarse, sino que todo estuvo diseñado, calculado y plenamente ejecutado por estas personas.

    En efecto, las evidencias muestran que la quema del Congreso fue ejecutada por quienes hoy están imputados como los autores materiales, pero también están los señalados como responsables de ser los autores morales y que hoy siguen escondidos en silencio, escandalizados por cualquier otro hecho, menos con su actuación y escudándose en la lentitud del Ministerio Público que de escarbar un poco más podría dar con ellos.

    El hecho que se ventile el referido cruce de llamadas, junto a sus principales protagonistas, no significa precisamente lo que ellos aducen respecto a que el 31 de marzo se dieron otros hechos mucho más graves que deben ser investigados. Todo lo sucedido y que implique un hecho punible debe ser investigado. Si bien puede establecerse un orden de importancia de los mismos, ninguno debe quedar impune mientras se investigue lo otro.

    Sobre los sucesos del 31 de marzo existen varias causas abiertas: la quema del Congreso, el atraco al PLRA, la muerte de Rodrigo Quintana y tal vez una más que sería la querella del empresario tabacalero José Ortiz a Efraín Alegre. Es decir, son cuatro casos puntuales y sin ninguna duda, el asesinato a Quintana es el más importante de todos ellos, pero, no por eso, el resto debe quedar impune. Todo debe ser investigado y resuelto.

    El discurso de los efrainistas es que algunos medios (supongo que refiriéndose a nosotros) están más preocupados por los daños materiales ocurridos como consecuencia del incendio a la sede parlamentaria, antes que por el asesinato de un joven liberal. Eso es una falacia, todo es importante.

    El cruce de llamadas entre los liberales y los incendiarios del Congreso nos muestra un elemento contundente: La persona encargada de reclutar a los barrabravas en la cancha de Resistencia, en la Chacarita, se reporta con Alegre en dos ocasiones en la tarde del 31 de marzo. Además, el violento Stiben Patrón, al que todos vimos destrozando muebles y equipos, imputado por la elaboración de las supuestas bombas molotov, se reporta esa misma tarde en varias ocasiones con Efraín, con el diputado Nito Bogado, con militantes imputados del movimiento Colorado Añetete, liderado por el senador Mario Abdo Benítez, entre otras personas.

    Así como se presume la supuesta responsabilidad en el atraco al PLRA y la muerte de Quintana, de algunos integrantes del entorno del Presidente, solo a partir del cruce de las llamadas telefónicas con el ex comandante de la Policía, sin otros elementos probatorios, bien se podría en este otro caso, presumir lo mismo con los efrainistas y los incendiarios, pero con la salvedad de que Alegre directamente se comunica con dos de los señalados, imputados, con testigos, fotografiados y filmados de ser los autores materiales de la quema del Congreso. Es como que se haya revelado el cruce de llamadas entre uno de los integrantes del entorno de HC con el mismo Gustavo Florentín, el supuesto policía que disparó a Quintana o con el comisario Paredes Palma, el que estuvo al frente del operativo, cosa que no ocurrió, según los cruces de las comunicaciones.

    La Fiscalía debe hacer su trabajo, y los cruces de llamada, en ambos casos, son un elemento más en la investigación, a diferencia de que en este último revelado se aportan más elementos para avanzar con las pesquisas sobre las responsabilidades. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

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  11. Efraín nos toma del pelo
    13 agosto, 2017

    Es llamativo, pero uno de los aspirantes a la Presidencia de la República que menos aceptación tiene en la ciudadanía, es, por el contrario, uno de los que más espacio tiene en la prensa porque ha encontrado un mecanismo que le hace estar siempre en la palestra, hacer el ridículo.

    A esta altura del campeonato, y a 4 meses de las internas partidarias, ya ni siquiera sus seguidores piensan que Efraín Alegre tiene alguna posibilidad de tener la candidatura de la oposición en las elecciones generales del 2018, y mucho menos de ganarlas y asumir como presidente. Pero frecuentemente está en los medios porque tiene reacciones tan absurdas que despiertan el interés, especialmente de la prensa que pretende evitar a toda costa que el cartismo pueda seguir en el poder de la República por otros 5 años.

    Luego de ese fatídico viernes 31 de marzo, que culminó con la quema del edificio del Poder Legislativo y la muerte de un joven, Alegre decidió conseguir la atención de los medios diciendo que el responsable de todos los desmanes era el empresario José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este y uno de los hombres cercanos al presidente Horacio Cartes.

    El empresario lo querelló por difamación y calumnia y desde abril se está intentando una audiencia de conciliación, en la que Alegre tendrá 2 caminos, o rectificarse y pedir disculpas a Ortiz, o ratificarse en su denuncia. Como para hacer esto último deberá presentar pruebas, y no las tiene, lo que hace desde entonces es buscar excusas para no presentarse a la convocatoria de la Justicia.

    Claro que lo lógico, en este caso, sería que el liberal decidiera cerrar la boca y mirar para otra parte, intentando de esa manera que el caso fuera a parar al olvido. Pero no; enfermo de protagonismo y de vedetismo, hace exactamente lo contrario, sigue avivando el fuego, ratificando su denuncia, asegurando que Ortiz maneja al estamento policial a base de llamadas y que él fue quien ordenó que se allanara el local del PLRA la noche del viernes aciago.

    Y no se queda allí. Denuncia sin empacho a la Fiscalía, supuestamente por no aclarar las cosas ante la supuesta complicidad que tiene con el gobierno. Lo que no explica es cómo puede el Ministerio Público avanzar en las investigaciones si es él mismo, Alegre, quien chicanea todo el proceso con pedidos de postergaciones y dilaciones, que impiden que el proceso pudiera llegar a alguna conclusión.

    Porque es Alegre el que pone trabas a todos los procesos abiertos que investigan los hechos de ese día. No solo no se presenta a la audiencia que debe tener con Ortiz, sino que en otras causas, como en la que investiga la fabricación de bombas caseras en el local del PLRA, consiguió que los jóvenes imputados escaparan de la Justicia y les consiguió refugio político en Uruguay.

    Así que todas las causas abiertas sobre lo ocurrido ese día están varadas, pero no por inoperancia fiscal o judicial, ni por complicidad con el gobierno, sino porque Alegre ha tirado toda la carne al asador con la intención de trabar los procesos y evitar que los culpables sean castigados.

    Ese es Efraín Alegre, el liberal que quiere ser presidente de la República, un tipo incoherente, manipulador y que piensa que el gran electorado paraguayo es idiota. Esperemos que en las urnas podamos demostrarle lo equivocado que estaba.

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  12. ASESORES
    Andrés Granje
    Salta la incongruencia del Poder Ejecutivo y en especial del entorno del Presidente Cartes, con relación a la función que ejerce dentro del gabinete Presidencial el Gerente de Tabacalera del Este, Sr. José Ortiz. En su querella contra el liberal Efraín Alegre el tabacalero José Ortiz afirmó que nunca ocupó un cargo en el gobierno de Horacio Cartes. Sin embargo, el entorno presidencial intentó ayer salvarlo asegurando que sí es un “asesor ad honórem”, con lo que pretenden justificar el porqué de las frecuentes llamadas al comandante de la Policía Nacional en la jornada del 31 de marzo y 1 de abril, que concluyó con el asesinato de Rodrigo Quintana.
    Como se recordará el 25 de febrero de 2014 Cartes firmó el Decreto 1265 por el cual nombró a siete gerentes de sus empresas privadas como consejeros ad honórem, entre ellos no figuraba José Ortiz. Sin embargo, el entorno presidencial de Horacio Cartes intentó ayer salvarlo asegurando que el mismo tiene ese rol. En verdad, el mismo cargo de Asesor Ad Honoren, no figura en ninguna parte de la estructura del Ejecutivo, al menos no en la constitución nacional, algunos de estos asesores tienen el rotulo que prácticamente los equipara con los de Ministros del Poder Ejecutivo, sin lugar a dudas algo tan difícil de entender pensando desde un razonamiento coherente e institucionalista, como pretenden muchos conciudadanos.
    Pero quien más incriminó a su cliente fue su propio abogado defensor José Almada, quien dijo a quien le quería escuchar que su cliente no es funcionario ni tiene ningún nexo con el ejecutivo y que si llamó al ex comandante de la Policía Sotelo, lo hizo solamente como un ciudadano preocupado por los sucesos registrados ese 31 de junio en el congreso. Sin embargo se cree que el empresario José Ortiz es quien maneja y da órdenes a la Policía Nacional, es sintomático que esa noche el entonces Ministro del Interior, jefe directo de Sotelo prácticamente no se puso en contacto con su comandante de Policía y si era Ortiz el que permanentemente hablaba con el jefe policial, señal inequívoca que era el nexo del ejecutivo con las fuerzas operativas.

    Que indica el hecho que personas fuera del cuadro que integra formalmente el gabinete nacional, sean los que reunidos con el Presidente Horacio Cartes deciden los destinos de nuestro país, indudablemente indica que se trata de un gobierno paralelo creado por el mismo Jefe de gobierno. Es la forma en que el Presidente de la república le hace pito catalán a la ciudadanía trasgrediendo a mansalva con todos los resortes institucionales de las formas que se deben observar en el manejo de las cosas publicas.

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  13. Gerentes, ministros, asesores y otras yerbas

    Por Marcos Cáceres Amarilla

    El papel de los “gerentes ministros asesores ad honorem” del presidente Horacio Cartes en la estructura del Estado fue, desde el principio de su administración, una cuestión polémica.

    El reciente cruce de llamadas hecho público sobre la fatídica noche del 31 de marzo puso en evidencia que la actuación de algunos asesores, como José Ortiz, va mucho más allá que la de simple consejero en materia de seguridad.

    Revela también un estilo en el manejo del Estado recurrente por parte de este Gobierno que consiste básicamente en esquivar o atropellar la institucionalidad para resolver los conflictos que se le presentan.

    Pocos meses después de asumir Cartes la presidencia de la República, la presencia permanente de algunos gerentes de sus empresas privadas en las reuniones del Gabinete de ministros ya generaba cuestionamientos.

    El senador liberal Miguel Abdón Saguier, en la sesión de la Cámara Alta del 3 de diciembre de 2013, advertía que la presencia de José Ortiz, gerente de la Tabacalera del Este SA (Tabesa), y de Francisco Barriocanal, gerente de Pulp, según fotos que exhibió ante el pleno, cruzaba los límites entre la administración pública y privada y se prestaba a especulaciones sobre un posible tráfico de influencias.

    Ese mismo mes, se publicaban en la prensa las fotos de Hugo Portillo, gerente del Banco Amambay (vinculado a Cartes) participando de un operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas contra el EPP, que primero se trató de ocultar y luego el Gobierno admitió.

    Otros nombres que surgieron fueron los de Carlos Cañete, tesorero del Club Libertad en la gestión de HC, que se encargaba de supervisar Petropar y la ANNP, además del economista Hugo Galeano, también vinculado a las empresas del mandatario y que, según las versiones, hacía reportes sobre diversas instituciones del Estado.

    A ellos se sumaban asesores extranjeros: el chileno Francisco Cuadra, asesor político y exsecretario de la dictadura de Augusto Pinochet, y el consultor político ecuatoriano Roberto Izurieta, cuya empresa consultora asesoró a políticos exitosos, como Bill Clinton y Barack Obama.

    Cartes “arregló” o “blanqueó” de alguna manera la cuestión de sus asesores creando por Decreto Nº 1294, del 25 de febrero de 2014, el “Centro de Gobierno”, una estructura dirigida por el secretario general Juan Carlos López Moreira, paralela al Consejo de Ministros, con el rol de coordinar e impulsar los proyectos del Ejecutivo.

    Pocos días antes, Cartes había confesado que le aburrían las reuniones de Gabinete y los vistosos powerpoint que le presentaban y que él no veía reflejados en la realidad.

    La labor del Centro de Gobierno siempre fue un misterio. Es más: se desconoce si continúa funcionando actualmente, dado que su titular nunca habla de sus eventuales logros. Se supone que algunos proyectos “emblemáticos” como el barrio San Francisco o el “superviaducto” se impulsaron desde ahí. Pero son solo suposiciones, ya que en realidad nunca se informó qué hace.

    Las llamadas telefónicas que José Ortiz y Luis Canillas, funcionario de Yacyretá y asesor en “seguridad”, hicieron esa noche al comandante de la Policía habilita a suponer que era para darle instrucciones y no por simple preocupación, como quieren hacer creer los abogados de Ortiz.

    Posiblemente, sea difícil probar que las llamadas de los asesores del gobierno cartista están directamente relacionadas con la orden que recibió un grupo de policías de entrar disparando al local del PLRA con el resultado de la muerte del joven Rodrigo Quintana.

    Sin embargo, más difícil aún será que quieran convencernos de que no existe ninguna relación, como aparentemente pretenden.

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  14. Una policía sometida y gerentes como ministros

    Por Susana Oviedo
    Ante una situación de conflicto grave, ¿tienen ustedes un plan de contingencia que contemple hasta la persona que debe ir a sacar de la cama al presidente y ponerlo a salvo?, preguntó en el 2006 un instructor sobre temas de seguridad a los militares y policías paraguayos que, junto con exponentes de la sociedad civil, participábamos de un taller sobre seguridad pública, organizado por PNUD en Asunción. Los uniformados se miraron sorprendidos buscando que alguno diera una respuesta que, finalmente, no apareció.

    Según el experto, en un Estado eficiente todo esto tiene que estar protocolizado y asignadas las responsabilidades, de modo que cuando haya que actuar, simplemente se sigan las reglas. Esto garantiza transparencia y eficiencia.

    Recordé esto cuando escuché a la diputada Desirée Masi contar que la tarde-noche del 31 de marzo último, cuando el Congreso estaba a punto de ser atracado por una turba de manifestantes, varios legisladores y funcionarios se encontraban dentro del recinto legislativo. Ante la desesperación, y en busca de auxilio, vanamente intentaron comunicarse con el entonces comandante de la Policía Nacional, comisario Sotelo. Pero, según ella, este no les atendía las llamadas.

    El lunes, el PLRA demostró que si había alguna regla de juego en materia de seguridad en el país, esta fue ampliamente pisoteada por gente que nada tiene que ver con la administración del Estado, y específicamente con las instituciones que deben prevenir y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, como la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y, si las circunstancias lo justifican, las Fuerzas Armadas.

    El Partido Liberal realizó para ello la tarea que se daba por descontado debía hacer la Fiscalía al investigar los hechos que derivaron en el incendio de parte del edificio del Congreso y el atropello policial a la sede del PLRA por efectivos policiales que en este acto asesinaron a Rodrigo Quintana.

    Un equipo jurídico y técnico analizó el cruce de comunicaciones telefónicas entre el comandante de la Policía y personas del entorno del presidente Cartes –uno de ellos gerente de la tabacalera del presidente– que nada tienen que ver con las funciones del Estado.

    Fueron numerosas llamadas en los momentos más calientes del clima de violencia en que derivó el fallido plan oficialista de aprobar la enmienda constitucional y permitir la reelección de Cartes.

    Con manoseos así es imposible otorgar reconocimiento y legitimidad a instituciones como la Policía Nacional y el Poder Ejecutivo.

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  15. Llano y Lugo son Cartes

    Por Enrique Vargas Peña
    Quedan algunas buenas personas que siguen creyendo que las fuerzas democráticas deben reincorporar a los actuales oficialistas Blas Llano y su tropa y Fernando Lugo y la suya para asegurar una victoria electoral en 2018, como si los paraguayos fuéramos una suerte de infradotados que no recordamos lo que hicieron dichos políticos entre el 28 de marzo y el 1 de abril pasados, y como si fuéramos incapaces de aprender de tan tremenda lección.

    Y, sobre todo, como si los paraguayos fuéramos una especie de ganado repartido en los potreros de Llano o Lugo, cuyos capataces nos pudieran obligar a votar por lo que decidan esos aliados de Cartes.

    Aquellas buenas personas se empantanaron en 1990 –sin moto, sin celular y sin redes sociales–, aunque lo peor es que no quieren ver lo que los propios Llano y Lugo confirman todos los días: Siguen y seguirán aliados a Cartes.

    Fernando Lugo, con el propósito de seducir a los liberales, afirma que su alianza con Cartes “no es a ciegas”, generando las expectativas que le posibilitaron imponer condiciones a los demócratas como votar, por ejemplo, el dinero para sus piqueteros a cambio de compromisos a cumplirse en un vidrioso futuro.

    Y añade todavía, para embaucar más a los liberales, que “muchas veces, hay sorpresas” hablando de 2018 (http://bit.ly/2he3xMX). Lugo habla como si el país no hubiera sido testigo de que su palabra vale lo que la de Lilian Samaniego.

    Lugo sigue tratando de engañar a los liberales: Ahora que, a pesar de él, la enmienda por la reelección está muerta, dice que ella “no es la vía para habilitar la reelección”, como si nadie supiera y nadie recordara que sus leales le obedecen como a Cartes los suyos y que golpearon en marzo por la reelección vía enmienda por su directa orden y para su personal beneficio.

    Pero para que nadie se llame a engaños, Fernando Silva Facetti aseguró que los golpistas de marzo no tienen nada de qué arrepentirse o por lo que pedir perdón con relación al frustrado quiebre constitucional en el que participaron para imponer la reelección vía enmienda (http://bit.ly/2vc4Tx0).

    Es decir, mantienen plenamente vigente la tesis golpista de que la conveniencia política autoriza a violar el orden constitucional.

    Pretenden una “unidad” no sobre la base de principios, sino sobre la de un acuerdo coyuntural que les autoriza, una vez obtenido el resultado esperado, a obrar fuera de todo compromiso y fuera de toda responsabilidad ante el pueblo. Aunque los compromisos que asumen con Horacio Cartes los cumplen sin chistar.

    Por si alguien tuviera alguna duda acerca de qué lado de la historia están los golpistas, Silva Facetti confirmó que comparten la tesis de Cartes según la cual el presidente liberal, Efraín Alegre, es autor moral del incendio del Congreso, aun cuando empiezan a publicarse documentos sobre cómo el golpe se dirigió desde las gerencias del grupo Cartes (http://bit.ly/2hgxxba) (http://bit.ly/2uPGw6h).

    Hasta las comunicaciones de los gerentes de Cartes con la Policía justifican los golpistas (http://bit.ly/2tRPoae). Y no solo eso, sino el plan de encarcelar a Efraín, como quiere Cartes, porque está resistiendo el asalto cartista a la interna liberal con la creación de un tribunal electoral paralelo al legítimo (http://bit.ly/2vc4Tx0).

    Llano y Lugo no son necesarios para ganar en 2018 como lo demuestran uniformemente todas las encuestas. Son lo peor de la política paraguaya corrupta al servicio de Cartes y el pueblo premiará a quien los deje afuera.

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  16. Fusilamiento mediático, burdo y malintencionado

    Los mismos actores políticos y los mismos medios que relativizaron mensajes concretos en la plataforma Whatsaap, en los que se planteaba concretamente poner una bomba a un Presidente de la República (lo cual sería por lo menos un escándalo mediático en cualquier rincón del universo) hoy se despachan con la historia del cruce de llamadas como si ella fuera una evidencia de valor de prueba.

    No cabe duda que existe una intencionalidad manifiesta del diario Abc Color contra todo lo que implica a Horacio Cartes y su entorno y tal intencionalidad salta a cada paso y en cada edición del medio.

    No hay que ver mucha película sobre intrigas políticas para entender que el objetivo es re-atar la intención frustrada en abril de comprometer a personas allegadas al Presidente en los sucesos de la noche del 31 de marzo que acabaron con la lamentable muerte de un joven militante del PLRA en el local partidario.

    Tampoco hay que ser muy experto en el mundo tribunalicio para entender que los datos fueron cedidos por las manos interesadas de los abogados de Efraín Alegre para su publicación y sincronizada aparición posteriormente con una conferencia de prensa pidiendo de nuevo la cabeza de sus enemigos políticos.

    No cabe duda que existe una intencionalidad manifiesta del diario Abc Color contra todo lo que implica a Horacio Cartes y su entorno y tal intencionalidad salta a cada paso y en cada edición del medio.

    Pero lo cierto es que no puede seguir manipulándose a la opinión pública convirtiendo lo obvio y usual en un hecho criminal. Es obvio y usual, aquí, en los Estados Unidos o en cualquier democracia que familiares y allegados de un Presidente se interesen en cuestiones vinculadas a la suerte de su amigo en gestión y que colaboren interesándose en las situaciones de crisis. Si se desatara una crisis en el gobierno de Macri –por ejemplificar– y un amigo y colaborador externo del Presidente llama a un alto funcionario a consultar o a requerir información sobre tales episodios ¿representa un hecho criminal?

    ¿Qué prueba en todo caso que José Ortiz conversara con el comandante de la Policía? Iría Ortiz, forzando un escenario, a presionarle para que produzcan una acción que fuera perjudicial para su propio amigo Presidente? La acusación también zozobra en lógica.

    Pero también esta “investigación” adolece de un error insalvable al equiparar llamada telefónica con hecho punible, afectando de esta manera con el estigma de la sospecha infundada a oficiales superiores de la Policía, que lógicamente utilizaban el celular para impartir orientaciones en tal noche.

    Pensemos, por ejemplo, en otra circunstancia. Que en algún barrio de Asunción, durante una operación policial, un efectivo cometa el terrible error de irrumpir en una vivienda y matar a un inocente. Durante todo el operativo sus jefes estuvieron en contacto telefónico coordinando el operativo e incluso el comandante recibió llamadas externas de personas importantes interesadas en la marcha del operativo. Todos ellos, jefes policiales y personas civiles ¿son culpables por el solo hecho de pertenecer a una secuencia de llamadas?

    Por otra parte, resulta en extremo sospechoso que se interesen más en las llamadas que se produjeron en una noche crispada por la violencia en las calles que por el hecho en sí del asesinato del joven. En todo el debate montado ayer siquiera se recordó el nombre del victimario. Es lógico, eso no tiene ningún interés político para Efraín Alegre y sus amigos. Lo importante para ellos es la condena mediática contra sus enemigos políticos de adentro y de afuera del PLRA.

    Una pena, Abc Color y la triste misión que le toca en esta etapa de su existencia. Una pena su total despreocupación por lograr la versión de sus acusados. Una lástima que se ponga en el paredón de fusilamiento mediático a personas con total gratuidad y sin otro motivo que el odio y el resentimiento político.

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  17. Ya no tiene aquel temple de “Acero”

    No sabe más qué hacer para desviar la atención de aquellos temas que le afectan personalmente o restan puntos a sus ahijados políticos, quienes de por sí tienen grandes dificultades para hacer despegar sus campañas con miras al 2018. Su diario publicó ayer como “gran tema” el cruce de llamadas entre asesores y allegados al presidente Horacio Cartes y el entonces comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, presentando tales hechos como supuestos “elementos probatorios” de la participación del gobierno en el atraco al local del PLRA y el crimen de Rodrigo Quintana, en la madrugada del 1 de abril pasado.

    Dos líneas de título, a seis columnas, tamaño catástrofe, sobre algo absolutamente normal en el marco de la grave crisis del 31-M. Sin embargo, ni una palabra sobre las numerosas denuncias por corrupción que pesan sobre sus hombros, ni respecto a la bárbara decisión de condonar la deuda de no sabemos cuántos miles de labriegos, adoptada día atrás por el Senado a instancia de Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre, sus incondicionales servidores. Definitivamente, Aldo Zuccolillo ya perdió los reflejos para manipular la información de manera más sutil y solo apela recurrentemente al manotazo de ahogado.

    Aplicando un viejo recurso del marketing de la mentira, que se aplicaba cuando las informaciones se transmitían a paso de tortuga y se demoraban el mismo tiempo en ser desmentidas, “Acero” quiere apagar los incendios que le asechan inventando uno mayor, como lo sería que el primer anillo de HC estuviera involucrado en el atropello a la sede del principal partido de oposición y al asesinato de un joven activista. Pero en pleno siglo XXI ya no es así. Las informaciones se divulgan a la velocidad del rayo y las que son falsas quedan al desnudo muy rápidamente. A lo sumo sirven de base para que Alegre convoque a una conferencia de prensa, de lo único que “vive” este hombre, para algunas otras tapas y más nada.

    Ocurre que, desde el punto de vista jurídico, presentar un cruzamiento de llamadas como “prueba” de un hecho punible resulta un reverendo disparate, hasta para un estudiante del primer curso de Derecho. Además, la operación mediática es tan descabellada que destaca las llamadas realizadas al jefe policial por varias personas próximas al presidente, como Luis Canillas, José Ortiz y los senadores oficialistas Juan Darío Monges y Lilian Samaniego, al igual que los liberales Fernando Silva Facetti y Enzo Cardozo, entre otros aliados coyunturales, como si fuera que una orden de esa naturaleza se impartiera telefónicamente y, para colmo, en “sextuplicado”.

    Por otra parte, en circunstancias como las vividas las noche del 31 de marzo y la madrugada del 1°, lo anormal sería, en todo caso, que asesores y dirigentes ligados al presidente no se comunicaran fluidamente con el comandante de Policía para saber, minuto a minuto, cómo transcurrían los hechos.

    Ahora bien, al margen de estas jugarretas a las que ABC ya nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos, en su afán enfermizo por atacar al gobierno, lo llamativo es que en sus tapas no dice una palabra de la investigación de la que está siendo objeto su director-propietario por la adquisición fraudulenta de un valioso terreno que pertenecía a la Municipalidad de Encarnación, ni a las denuncias que lo vinculan al “Fifa-Gate” y al lavado de 30 millones de dólares en la entonces Financiera Atlas, ni tampoco al despojo de un valioso terreno valuado en más de 15 millones de dólares, que le costó la vida a su anciano dueño.

    Es igualmente llamativo que mientras la portada de ABC incriminó a medio mundo en su ridículo “complot”, dejó de lado el hecho político más trascendente del momento, cual es la condonación resuelta por el Senado a favor de miles de labriegos, cuya implementación representará para el Estado, es decir, para todas la ciudadanía, una erogación de 160 millones de dólares, como mínimo.

    No se trata de un hecho accidental, ni a la falta de oficio u olfato periodístico, sino al indisimulado objetivo de encubrir a dos de los principales responsables de tamaña atrocidad política y legislativa: “Marito” y Efraín, a sabiendas de que la difusión del tema les producirá un alto costo electoral.

    Lo que Zuccolillo viene publicando y deja de publicar es fiel expresión de la decadencia de su medio y de él como director-propietario. Es la pérdida de aquel temple de “Acero”, esa fuerza para ponerle el pecho a situaciones exigentes o de riesgo, que ya es cosa del pasado. Ahora solo atina a eludirlas y a desviar la atención, para intentar “zafar” de algún modo.

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