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Los fondos jubilatorios en la mira de los políticos

Los fondos jubilatorios son un manjar muy apetecible para los políticos, así que no debe sorprender que el Poder Ejecutivo haya vuelto a presentar un proyecto de ley por el que se crea una Superintendencia, dependiente del Banco Central, encargada de fiscalizar, controlar, supervisar y auditar las entidades administradoras de jubilaciones y pensiones, en sus aspectos administrativos, actuariales y financieros. Ya lo había presentado en términos similares en 2015, pero tuvo que retirarlo ante la fuerte resistencia de los gremios de empresarios y de los sindicatos, es decir, de los verdaderos y únicos dueños de los fondos en cuestión.

Es indiscutible la necesidad de que el Estado regule las operaciones de esas entidades, tal como lo hace, por ejemplo, con las compañías de seguros y las entidades del sistema financiero, pues de la fiscalización de las operaciones o de la corrección de sus eventuales anormalidades depende el futuro de quienes durante décadas han aportado para tener una vejez digna. Lo peligroso es que algunos políticos aprovechen la ocasión para crear un mecanismo que les permita luego cumplir el sueño de dar un tarascón al ahorro de los cotizantes. Ese sueño está siempre latente.

El sector privado no cuestiona la regulación, sino la composición que tendría el Consejo Asesor de la Superintendencia. En efecto, estaría integrado solo por tres políticos o designados por los políticos: el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, de modo que en él, inexplicablemente, no estarían representados justamente ni los empleadores, ni los trabajadores ni los jubilados. Precisamente, por esta y otras razones, en esta semana que termina tres importantes entidades del sector privado, la Feprinco, la UIP y Cerneco, instaron al Congreso a rechazar el mencionado proyecto de ley.

Con justa razón, se teme que el reiterado instrumento en estudio, más allá del saludable propósito declarado de regular las entidades administradoras de jubilaciones y pensiones, esté ocultando el alarmante propósito de que cualquier Gobierno pueda apropiarse discrecionalmente del dinero de los aportantes para financiar obras de infraestructura o cualquier otro objetivo “social”, sin garantía alguna de la devolución de los fondos, como lamentablemente ya ha ocurrido en el pasado.

Alimenta esta sospecha el encuentro celebrado en Mburuvicha Róga, en agosto de 2016, entre el presidente Horacio Cartes; el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona; el titular del Banco Central, Carlos Fernández Valdovinos; y el del IPS, Benigno López. En dicha ocasión, se habría hablado de una “ingeniería financiera” para, sin más ni más, echar mano a los 1.666 millones de dólares que el IPS tiene distribuidos en el sistema financiero (90%) y en préstamos a los jubilados (9,7%). Según afirmó en la ocasión el vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Luis Tavella, el Gobierno pretendía que el IPS compre bonos del Estado a largo plazo, sin suficientes garantías de devolución. Ante esa amenaza, hay que considerar que el Estado es un pésimo pagador. De hecho, adeuda al IPS unos 300 millones de dólares porque, desde que se fundó, en 1943, nunca efectuó los aportes que manda la ley para precautelar esos fondos e impedir que el ente vuelva a sufrir las graves pérdidas causadas en las dos últimas décadas por los préstamos regalados a empresas privadas y por varios fraudes bancarios, entre los que destaca el que afectó al Banco Nacional de Trabajadores.

Es muy comprensible, por lo tanto, que los empleadores, los trabajadores y los jubilados se opongan a la figura de un todopoderoso superintendente, que de hecho los excluya por completo de la fiscalización del uso de los fondos previsionales, tal como pretende el Poder Ejecutivo. Es cierto que ellos seguirán siendo gestionados por las entidades privadas, pero también podría ocurrir que la Superintendencia a ser creada acceda a los fondos mediante la intervención de las entidades administradoras, si ocurriera uno de los tantos “eventos irregulares relevantes” que se mencionan en el art. 24 del proyecto de ley, cuya larga enumeración concluye con una especie de largo etcétera: “cualquier hecho u acto no mencionado precedentemente que represente un riesgo actual o inminente para la seguridad de los fondos de jubilaciones y pensiones”. Esta vaga redacción le otorga a la Superintendencia una gran discrecionalidad para determinar los presuntos riesgos, lo que abriría las puertas a un ejercicio abusivo de esa facultad.

La entidad reguladora podría recurrir, incluso, a un vulgar chantaje para echar mano a los fondos, sin realizar una intervención de las entidades previsionales, pues el art. 13 del proyecto de ley establece que ese “órgano técnico especializado” tendrá nada menos que el poder de revocar, “de acuerdo a la presente ley”, la autorización de las operaciones de toda entidad de naturaleza privada. De nuevo se plantea aquí la cuestión de la buena o de la mala fe de quienes dirijan un organismo estatal, considerando además que el Poder Judicial no garantiza el imperio de la ley cuando el poder político está interesado en quebrantarla.

Por lo tanto, hacen bien los empresarios, los trabajadores y los directivos de cajas de jubilaciones en manifestar su profunda inquietud ante el riesgo cierto de que los ahorros de toda una vida desaparezcan en las alcantarillas de la politiquería criolla, en la medida en que sus representantes sean excluidos del organismo regulador. La razonable propuesta alternativa, elaborada en su momento por técnicos de las organizaciones gremiales afectadas, contemplaba un Consejo de Seguridad Social, integrado por cuatro representantes del sector público y otros tantos del privado. Dado que existe otra iniciativa, que también plantea concentrar el control sobre los fondos, se propone ahora que una comisión conformada por legisladores y representantes de los afectados elabore un tercer proyecto de ley.

Lo que importa es que ningún Gobierno pueda echar mano a un dinero que no le pertenece, para lo cual es preciso que en la Superintendencia a crearse haya paridad de voz y de voto entre los representantes del Estado y los de los dueños de los fondos.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/los-fondos-jubilatorios-en-la-mira-de-los-politicos-1613496.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

2 comentarios en “Los fondos jubilatorios en la mira de los políticos

  1. Jubilación

    Si la juventud es la esperanza del mañana, los jubilados en su tiempo son los que les permitirán que tengan algún futuro. O si no, que lo digan quienes han conseguido que la Corte Suprema de Justicia interprete que no deben irse del servicio público a los 65 años o que gobernadores o congresistas se empeñen, a como sea, en conseguir algo que les garantice un futuro jubilatorio dominado por la incertidumbre. Lo que pocos analizan –o si lo hacen, lo centran en el egoísmo más profundo– es que hay una generación del bono demográfico que con esta realidad no entrará a tomar el control de sus vidas, del país ni de su futuro, si los que están se empeñan en continuar ocupando un puesto de trabajo; en especial, en el sector público, hasta que les alcance la muerte.

    Están aquellos en el otro extremo que se jubilan un poco pasados los cuarenta años: los maestros. Estos que vienen del sector público y en donde en pleno proceso de madurez ya van a ser parte del pasivo, sin embargo, son contratados por escuelas y colegios privados donde continúan entregando lo mejor que ya le han privado al carenciado sector público. Por un lado, hay quienes se jubilan muy pronto con la ayuda incluso de los hijos que les suman años de servicio y los otros que no quieren jubilarse jamás. En el medio, repito, una generación que en masa está pidiendo oportunidades laborales, pero para la cual solo le quedará seguir siendo “la esperanza del mañana”, incluso cuando lleguen a la edad de 65.

    La gran mayoría de las cajas de jubilaciones están quebradas o en proceso de serlas. El desorden, la corrupción, la imprevisión y el despilfarro pueden acabar dando una gran sorpresa a los que esperan a jubilarse de cualquier modo. Se pueden encontrar con la sorpresa de que los recursos ya no existen, y cuando se quejen, los infartos y otras dolencias derivadas apurarán el ingreso al valle de Josafat. Esto puede parecerse a la caja de jubilados bancarios que, por efecto de la crisis del sector en 1995 y malas administraciones, muchos de sus miembros se encontraron con esa infausta noticia.

    Hay que organizar rápido y pronto el sistema laboral y jubilatorio paraguayo dominado por el precariato y el desorden. Un joven brillante graduado de las mejores universidades del mundo no tiene un futuro en este esquema. Jamás se podrá parecer al visitante que tuvimos esta semana: Jeffrey Sachs, que fue doctor en economía en Harvard a los 27 años e inmediatamente profesor de esa casa de estudios. Aquí alguien como él deberá esperar que la parca llame al profesor titular, que con suerte será antes de sus 90 años si desea hacer carrera.

    Con millones de jóvenes esperando ingresar en la función pública, academia y sectores privados, estirar la jubilación al capricho de una interpretación de la Corte es criminal. Es de un egoísmo insultante y de un desprecio a la realidad social y económica que nos toca vivir. Estamos consolidando a la primera generación de paraguayos que no superará a sus padres con este tipo de acciones y eso no le conviene a la mayoría y no puede continuar así.

    Entre los jubilados tempraneros y los que nunca se quieren jubilar estamos desarrollando el protocolo exacto para destruir este país en su matriz económica y de recambio.

    Por Benjamín Fernández Bogado

    http://www.ultimahora.com/jubilacion-n1096754.html

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    Publicado por jotaefeb | 19 julio, 2017, 8:34 am
  2. Amenaza a la justicia

    Por Sara Beatriz Fleitas

    “La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes”, es una de las célebres frases del activista afroamericano de los derechos civiles Martín Luther King. Este adagio cobra más vida que nunca al referirnos al deficiente servicio del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este. A diario se cometen injusticias con los cientos de asegurados que acuden a este centro asistencial. Para nada es justo la falta de medicamentos, radiógrafos, ecógrafos o mamógrafos que no funcionan.

    Para nada es justo, el hacinamiento de pacientes que pasan horas y horas de espera, primero para conseguir turno y luego para ser atendidos.

    Los asegurados son atendidos en consultorios fríos, llenos de humedad en los pisos, paredes y techos, y con muy poca iluminación, mientras esperan la prometida inauguración del nuevo edificio en construcción, en el mismo predio. En principio fue anunciado para setiembre del año pasado, luego para diciembre y ahora se habla de que sería el 15 de agosto de este año, coincidentemente con las campañas proselitistas con miras a las elecciones de 2018.

    Es injusto el deficiente servicio y la falta de más profesionales especializados, como cardiólogo infantil, otorrinolaringólogos, clínicos y pediatras.

    Es muy injusto, que en muchas ocasiones, los asegurados deban realizar vanos viajes de decenas de kilómetros para ser atendidos por especialistas y se encuentren con la sorpresa de que los médicos no aparecen porque “están con permiso o de vacaciones”.

    Mientras estas injusticias se cometen, y se alegan falta de recursos, el IPS pretende otorgar un préstamo con intereses irrisorios a Tigo. En lugar de invertir para mejorar los servicios de la previsional, entre cuatro paredes los directivos deciden entregar dinero de los aseguraros.

    ¿Alguien está totalmente seguro de que esos recursos retornarán y generarán ganancias?

    Es momento de que los directivos del IPS dejen de hacer uso y abuso del dinero obtenido con el aporte de los contribuyentes. De lo contrario la injusticia seguirá siendo una amenaza.

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    Publicado por jotaefeb | 16 julio, 2017, 6:42 pm

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