Ejemplar castigo a los corruptos

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, involucrado en el mayor escándalo de corrupción de la historia del Brasil, fue condenado ayer a nueve años de cárcel. Un juez federal halló a Lula da Silva, culpable de aceptar sobornos por US$ 1,1 millones. El magistrado consideró que Lula, como encargado de nombrar a los directores de Petrobras, tenía “un papel relevante en la trama criminal”. Los delitos que se le atribuyen son: corrupción pasiva y lavado de dinero. El dinero era enviado a representantes de los más altos cargos del gobierno, quienes forman parte de Partido de los Trabajadores (fundado por Lula) y de otras agrupaciones de la alianza oficialista.
En este caso, la investigación que inició a mediados del 2013, jamás se detuvo por intereses políticos. Al contrario, siguió su curso para dar hasta con el último involucrado en el caso de corrupción más grande de la historia de Brasil.
Es un ejemplo de resultado bien logrado cuando las instituciones funcionan de forma realmente independientes al poder político. Hacer que los jueces y fiscales sean independientes es la única forma de castigar a los inescrupulosos que todos los días están robando el dinero público.
Es un caso digno de emular en nuestro país donde el sistema judicial, en vez e investigar, se dedica a blanquear a los que roban asquerosamente todos los días la educación, la salud, el techo y la comida a miles de compatriotas. Despilfarran el dinero del pueblo en las narices de jueces y fiscales; se pagan viajes, contratan secretarias VIP y llenan las instituciones de sus familiares, además de adjudicarse millones en licitaciones.
Mientras en el país vecino, los corruptos están cayendo tras las rejas, uno a uno, nosotros tenemos que conformarnos con tener a delincuentes en el Congreso, en las municipalidades y en las gobernaciones. En Brasil, no tuvo ninguna importancia el peso político o el grado de cargo que ocupaban los corruptos, el peso de la ley fue igual para todos. Es necesario un castigo ejemplar a los corruptos para desalentar el robo del dinero del pueblo.

http://www.vanguardia.com.py/2017/07/13/ejemplar-castigo-a-los-corruptos/

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4 comentarios en “Ejemplar castigo a los corruptos”

  1. Que se venga el “Lava jato”

    Por Viviana Benítez Yambay

    Brasil y Argentina encabezan una cruzada anticorrupción digna de imitar tras el escándalo destapado por “Lava jato”, operación judicial que develó la existencia de un oscuro esquema de sobornos entre políticos y empresarios, la financiación ilegal de campañas electorales, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; y que terminó por defraudar cuantiosas sumas de dinero público en doce países de América Latina.

    La Justicia de Brasil viene golpeando con fuerza de huracán a políticos de altos cargos –casi todos electos– y empresarios considerados “intocables”. Además, viene recuperando parte de los fondos arrebatados con sobrefacturaciones a la petrolera pública.

    Solo por citar algunos ejemplos: tienen en la mira al mandatario actual, Michel Temer, y ya condenó al expresidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) Lula da Silva, a 9 años y 6 meses de cárcel; al exhombre fuerte del gobierno petista José Dirceu, quien deberá cumplir una pena de 10 años y 11 meses tras las rejas; Marcelo Odebrecht, ex poderoso empresario, que pasará 19 años y 4 meses en prisión; y Eduardo Cunha (PMDB), expresidente de la Cámara de Diputados, condenado a 15 años y 4 meses de cárcel.

    Si bien al Paraguay no se lo ha vinculado (hasta el momento) en el “G12” de Odebrecht, no sería descabellado pensar que parte del robo a Petrobras esté pasando –si es que ya no se hizo– por “lavandería” paraguaya.

    Casualmente, el Ministerio Público de nuestro país fue el único que no asistió a la cumbre de fiscales de Latinoamérica para recibir información del caso “Lava jato”; y eso que entre las delaciones de involucrados en el esquema de corruptelas mencionaron a Paraguay.

    Por su parte, Argentina –donde empresas como la otrora poderosa Odebrecht aplicó el mismo esquema de robos a las arcas públicas descubiertas por “Lava jato” en Brasil– impulsa una “Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” con la que pretenden extender la responsabilidad de los actos ilícitos a empresas y asociaciones, de manera que el peso de la Justicia caiga sobre ellas si incurren en delitos de corrupción. Fue aprobada en Diputados, y ahora está en manos del Senado. En el vecino país, están a las puertas de elecciones legislativas.

    En el Paraguay, una ley como esa generaría el mismo efecto huracán del “Lava jato” y nos permitiría conocer sobre los oscuros caminos que siguen las licitaciones y concesiones de obras como las de Tape Porã, el “superviaducto” y aeropuerto, megaobras donde están los verdaderos negocios con el Estado.

    Entre tanto, nuestros legisladores se pierden en eufemismos y sinvergüencías tratando de justificar lo injustificable con la Ley de Financiamiento Político, normativa con la que se busca controlar el uso de dinero de orígenes dudosos como narcotráfico y lavado de dinero en las campañas electorales. Por falta de dictámenes de comisiones, la normativa no avanza, casualmente en plena temporada electoral.

    En un mundo tan globalizado e hiperinformado, nuestra justicia no puede seguir con mentalidad aldeana, abstrayéndose de lo que ocurre en la región, y más aun con nuestros vecinos que hasta cuando tienen ola de frío nos impacta, nos llega de alguna u otra manera.

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  2. Los demonios andan sueltos
    14 julio, 2017

    En Brasil, nadie, absolutamente nadie, esperaba que los acontecimientos se desenvolvieran de la forma en que lo hicieron. Cuando estalló el escándalo del caso “Lava Jato”, el objetivo era terminar de liquidar al vapuleado gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), asumiendo desde luego ciertos “daños colaterales”, léase el involucramiento de algún político o empresario “amigo”. Y, en efecto, sirvió para tumbar a Dilma Rousseff de la presidencia, pero la crisis entonces recién comenzaba y muy pronto se saldría de control. El agua alcanzaría rápidamente las narices de sus propios verdugos, de los principales aliados del nuevo gobierno en el Congreso, sus ministros y del propio presidente Michel Temer, además de millonarios muy poderosos, que tratan de reducir sus penas delatando a los primeros. Ahora le llegó el turno a Lula, el político más influyente y mejor posicionado para tomar las riendas del Planalto, por un cargo insignificante en comparación al resto, lo que si bien no lo exime de responsabilidades, resulta cuanto menos sugestivo.

    A medida que iban “cayendo” algunos “peces gordos”, el destape del gigantesco hecho de corrupción generaba simpatía no solo en el vecino país, sino en todos los rincones del Continente. Hoy, casi dos años después, produce preocupación y angustia, en el marco de la mayor incertidumbre respecto a su futuro, que no permite divisar la luz al final del oscuro túnel por el cual transita.

    Y es que la crisis, en verdad, es pavorosa. Quien ofició de sicario de Dilma, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, cumple una condena de 15 años de prisión en una cárcel de Curitiba. Aécio Neves, el “chico 10” de las fuerzas conservadoras del Brasil, le sigue los pasos, al igual que media docena de exministros del actual gobierno y, he aquí uno de los mayores problemas, el propio presidente Michel Temer, quien en un par de semanas podría ser sometido al temido “impeachment” y suspendido en sus funciones.

    De producirse tal hecho, el presidente de Diputados, Rodrigo Maia, asumiría la presidencia del Brasil y luego sería designado por el Congreso, en elecciones indirectas, para completar el mandato. Y aquí surgen otros dos problemas más. Por un lado, el hombre figura en la lista de coimas que la constructora Odebrecht entregó a la Justicia. Uno de los delatores de la empresa, João Borba Filho, declaró que en 2008 entregó 350 mil reales a Maia, en su propia casa, y que dos años después hubo una nueva coima de 500 mil. Por el otro, al menos la mitad de los congresistas también se hallan involucrados en el “Lava Jato”, lo que le resta toda legitimidad a la hora de designar al sucesor “definitivo” de Temer.

    En este contexto se barajan otras alternativas, como ser, elecciones directas para presidente y vice o elecciones directas para todos los cargos electivos, requiriéndose para ambos hipótesis la enmienda previa de la Constitución.

    Y de vuelta al surrealismo, en este caso más realista que nunca. Sean ahora las elecciones o en octubre del 2018, los principales referentes de la política brasileña están inhabilitados o en vías de serlo, como Lula, considerado por amigos y enemigos como seguro vencedor.

    Por eso se equivocan de cabo a rabo aquellos que se limitan al análisis superficial de considerar que los sucesos de Brasil demuestran que es “un país serio”, “un país que está haciendo muy bien sus deberes”, etcétera, etcétera. Los que llegan son iguales o peores de los que se van. Es una dirigencia nacional, política y empresarial, descompuesta hasta la médula, con el agravante de que no se avizoran alternativas superadoras.

    Esa dirigencia, que por disputas internas abrió tiempo atrás la caja de pandora, daría lo que fuera por volver el tiempo atrás y que el escándalo se limite a algunos altos funcionarios o directamente no estalle, que Dilma termine su mandato aunque sea a los tumbos y, en lugar de derrocarla, proyectar un “pos” PT en los marcos electorales.

    Pero ya es tarde. Los demonios andan sueltos y las consecuencias son imprevisibles.

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  3. ¿La política brasileña sin Lula?
    Por Alfredo Boccia Paz

    La condena a nueve años de cárcel impuesta por el juez Sergio Moro al ex presidente Lula sacudió el ya caótico escenario político del Brasil. El inmenso prestigio alcanzado por él a nivel latinoamericano y su gravitación en la historia reciente de su país hacen difícil imaginarse cómo sería el futuro sin su influyente presencia.

    Es cierto que continuará en libertad y que la sentencia es apelable. Es cierto también que hasta tanto la condena no quede firme en segunda instancia, podrá presentarse como candidato a las elecciones previstas para octubre del 2018. Sus partidarios tienen la esperanza de que pueda ganarlas y escudarse en los fueros presidenciales, pues las decisiones de los jueces de apelación suelen tardar más de un año y Lula es favorito en las encuestas. Pero también hay malas noticias. El presidente del Tribunal Regional casi aseguró que el fallo estaría listo antes de las elecciones. Si la sentencia de Moro es ratificada, Lula perdería sus derechos políticos y no podría ser candidato. Los antecedentes de ese tribunal alejan la posibilidad de que lo declaren inocente. Con excepción de un caso, todas las sentencias provenientes de Moro por la operación Lava Jato fueron ratificadas y para 19 reos el tiempo de condena fue incluso aumentado.

    Hoy es el candidato favorito, pero queda por ver si su capital político puede soportar esta adversidad. Que no es la única, pues hay otros juicios pendientes. Por eso analistas y observadores están enfrascados en presagiar qué pasaría en la política brasileña sin Lula. Algo tan difícil como imaginar qué quedaría en pie en la ciudad luego de un sismo de escala 7 de Richter.

    El pronóstico es enigmático. El Partido de los Trabajadores no tiene opción B. El gobierno de Temer pende de un hilo, con una aprobación de solo el 7%. Los candidatos tradicionales no cuentan. El segundo mejor posicionado es un impresentable militar retirado, Jair Bolsonaro, que destila exabruptos machistas y autoritarismo. Marina Silva no cobra suficiente vuelo. El Brasil nunca tuvo un momento tan propicio para la victoria de un outsider, pero tampoco por allí ha surgido alguna figura atractiva.

    La corrupción barrió con las referencias de todos los signos ideológicos. Por eso no faltan optimistas que afirmen que lo que está sucediendo tiene su vertiente positiva, pues la acción de la Justicia genera las condiciones para inaugurar una nueva época política con actores más honestos y éticos. Frente a ellos, cada vez hay más voces dentro y fuera del Brasil que advierten que las pruebas con las que se le condena a Lula son muy endebles y no hacen más que confirmar lo que estaba cantado desde el inicio: el establishment conservador no iba a permitir que Lula retorne al poder. Jamás sería declarado inocente, dicen, pues, si así fuera, ¿qué sentido tendría la destitución de Dilma?

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  4. Ejemplar actuación de la Justicia brasileña

    El expresidente Luis Inácio Lula da Silva, el más popular político brasileño de los últimos tiempos, quien en su momento fue ensalzado como el artífice del milagro socioeconómico que le valió a Brasil ponderación universal, ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel por uno de los cinco cargos de corrupción que se le imputan. Fue hallado culpable de recibir un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (São Paulo) ofrecido por la constructora OAS a cambio de influencia para obtener contratos con Petrobras.

    Lula fue presidente de Brasil por dos períodos consecutivos, de 2003 a 2010, y bajo su gobierno se montó la mayor trama de corrupción en la historia del Brasil, con varios esquemas que suman miles de millones de dólares, con epicentro en la petrolera estatal Petrobras, cuyo detonante fue la operación “Lava Jato”, que produjo el deslizamiento de la placa tectónica que dejó al descubierto el vasto esquema corrupto que involucró a políticos encumbrados, altos funcionarios del Gobierno, poderosos empresarios como Marcelo Odebrecht y Othon Luiz Pinheiro da Silva, un prominente almirante retirado de la Marina brasileña.

    Desde que afloró el escándalo y en la medida en que se fue desenredando la madeja de corrupción, la mayoría de los brasileños tuvo la convicción de que Lula fue un cómplice en el esquema delictivo calificado por los fiscales como una “conspiración criminal” de la que el expresidente fue el “comandante máximo”, y que apuntaba al sostenimiento en el poder del Partido de los Trabajadores (PT), del que el mismo fue cofundador.

    La Justicia brasileña, tradicionalmente muy pasiva –como la nuestra–, ha despertado de su letargo asumiendo el rol que le corresponde en un Estado democrático como lo es Brasil desde 1988, con la Constitución establecida tras el fin de la dictadura militar. Las investigaciones del escándalo de Petrobras han sido conducidas por Sergio Moro, un joven juez federal, quien encabeza una fuerza de tarea de la Policía Federal y fiscales del políticamente independiente Ministerio Público. Este equipo multidisciplinario ha investigado y comprobado múltiples casos de corrupción de alto nivel, incluyendo los que involucran al ahora condenado Lula da Silva.

    La condena del expresidente así como la del poderoso empresario Odebrecht constituyen un mensaje de que la Justicia brasileña está empeñada en acabar con la cultura de impunidad prevaleciente en el país, la que se ha acentuado durante los gobiernos de la izquierda populista liderada por el PT. Pese a la crisis de confianza en el Gobierno y la clase política, los cimientos institucionales del país permanecen intactos, en particular la Justicia, que continúa batallando contra las dominantes élites políticas, demostrando la clase de autonomía que se espera en una democracia que funciona.

    La vara de la justicia de Moro está asestando un duro golpe a la tradición de impunidad prevaleciente entre la clase política, al tiempo de ofrecer a los ciudadanos comunes una esperanza de reforma.

    La crisis institucional derivada de la corrupción engendrada y protegida por más de una década por los gobiernos de izquierda de Lula da Silva y Dilma Rousseff ha sido un desafío para la democracia de ese país y, a la vez, una oportunidad para demostrar al mundo que en Brasil ciertamente hay corrupción, como en otros países de la región, pero que, a diferencia de muchos de ellos, hay también Justicia que la castiga con rigor. El hecho de que la fuerza de tarea de policías y fiscales liderados por el juez Moro haya tenido la voluntad y el valor moral para investigar con serena actitud a los más poderosos personajes políticos y hombres de negocios demuestra que la corrupción puede ser combatida con éxito hasta en el más alto nivel del Gobierno y de la sociedad.

    Después de un siglo de robo a los pueblos de América por parte de gobernantes corruptos, dictadores o no, que arrasaron con los fiscos, las constituciones y las leyes de nuestros países, el juez Moro del Brasil está dando un ejemplo de entereza moral y coraje al condenar por nueve años y medio nada menos que al símbolo internacional más esgrimido por la izquierda continental, Lula da Silva.

    Aquí, en nuestro país, plagado también de corrupción, todavía no surgieron ni jueces ni fiscales que tengan el coraje de animarse a investigar a nuestros pasados expresidentes y sus respectivas gavillas. Sin embargo, no debemos perder las esperanzas de que, en algún momento del futuro, las ciudadanas y los ciudadanos paraguayos tengan la enorme satisfacción de ver que surgen también Moros en nuestra hoy sometida Justicia, que envíen a la cárcel a los mandatarios, funcionarios y políticos ladrones que esquilmaron y esquilman las arcas públicas.

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