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Un vergonzoso intento por incrementar la narcopolítica

Mientras la ciudadanía exige más control sobre el financiamiento de campañas políticas, los miembros de la Cámara de Diputados, principalmente oficialistas, ampliaron este martes el monto tope de aportes individuales, de 5.000 a 50.000 jornales. De este modo, el proyecto de ley que originalmente buscaba frenar el ingreso de fondos del narcotráfico pasó a hacer todo lo contrario: abrir posibilidades a que la narcopolítica aumente su influencia, apartando a la Seprelad y a la Contraloría de todo control. La fuerte reacción ciudadana y de la prensa los obligó ayer a cambiar de parecer y devolver el proyecto de ley a fojas cero, pero la amenaza sigue latente.
Las grandes expectativas que existían en varias organizaciones de la sociedad civil y sectores sociales, acerca de la modificación de la Ley 834/96, que regula el financiamiento político, en la Cámara de Diputados, para establecer mayores mecanismos de control sobre el origen del dinero que financia las campañas electorales, se convirtió en motivo de gran frustración e indignación, ya que la mayoría de los diputados, principalmente del oficialismo cartista y sus aliados, impusieron en la sesión del martes un resultado totalmente contrario, al disminuir los controles y aumentar considerablemente las cantidades de dinero que se pueden aportar desde las sombras.

La principal modificación realizada a propuesta del diputado colorado Bernardo Villalba (quien años atrás fue incluido en un informe del Senado entre los políticos vinculados al narcotráfico, al haber sido abogado defensor de varios procesados por este delito), fue el de aumentar de 5.000 jornales (unos 392 millones de guaraníes) a 50.000 jornales (unos 3.925 millones) el monto de “aporte” o “donación” individual de personas durante las campañas políticas.

Del mismo modo, como otro punto igualmente grave, se decidió dejar de lado a organismos como la Contraloría General de la República y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), quitándoles atribuciones para ejercer controles sobre la procedencia del dinero usado en las campañas proselitistas. La posibilidad de control solo quedaba en manos del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Esta situación implicaba un gran retroceso para frenar la creciente influencia de sectores del narcotráfico y del crimen organizado, que en los últimos años han tenido una injerencia cada vez mayor en financiar a candidatos a cargos electivos, a cambio de acciones que favorecen a sus negocios ilícitos. De este modo, el Paraguay se encaminaría peligrosamente hacia un modelo de narcoestado, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos. Los efectos de esta creciente escalada del poder criminal ya los hemos sufrido, con los ataques y asesinatos impunes contra periodistas y dirigentes sociales, o con las constantes guerras entre bandas criminales en zonas de frontera, que cobran gran número de víctimas.

La fuerte reacción ciudadana y de la prensa que produjo esta vergonzosa decisión de los legisladores los obligó en la sesión de ayer a cambiar de parecer y devolver el proyecto de ley a fojas cero, pero la amenaza sigue latente. Es de esperar que la acción crítica de la ciudadanía se mantenga vigilante y evite que, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, se insista con esta lamentable regresión hacia un modelo de narcoestado.

http://www.ultimahora.com/un-vergonzoso-intento-incrementar-la-narcopolitica-n1094951.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

3 comentarios en “Un vergonzoso intento por incrementar la narcopolítica

  1. Diputados evitan el control del financiamiento político

    Una vez más, los diputados oficialistas y sus aliados demostraron que para ellos no es indispensable un control sobre el origen de los fondos que financian las campañas electorales, al aplazar de nuevo el estudio de la Ley de Financiamiento Político. De este modo, permitirán que el dinero sucio que proviene de sectores del narcotráfico y del crimen organizado pueda seguir instaurando la narcopolítica, con todo el daño que ello provoca al país y al sistema democrático. Urge que la ciudadanía ejerza mayor presión para revertir esta situación. El poder narco en la política se está expandiendo, y es en las elecciones internas de los partidos donde debe empezar el control sobre el financiamiento.
    La mayoría que actualmente tiene el control de la Cámara de Diputados –conformada por los legisladores del sector oficialista del Partido Colorado y sus aliados liberales disidentes y de otros partidos– nuevamente dejó pasar la oportunidad de tratar el proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento Político, en la sesión del miércoles último, decidiendo aplazarlo por quince días más.

    De esta manera, con 33 votos –contra una minoría de 23 votos de la oposición– los legisladores oficialistas y pro oficialistas siguen esquivando el tratamiento de dicha ley, buscando que el control no rija para las próximas elecciones internas de los partidos y movimientos, que se deben realizar en diciembre próximo. Para que el sistema de control pueda aplicarse en estos comicios, la ley deberá promulgarse antes del 21 de agosto, fecha en que la Justicia Electoral presentará su cronograma.

    La excusa que dieron en esta ocasión es que no existen dictámenes de la comisiones asesoras, por falta de tiempo. Sin embargo, los legisladores sí hallaron tiempo para declarar de interés turístico, nacional y cultural el certamen de belleza Miss Paraguay, algo que fue objeto de muchas burlas y críticas en las redes sociales de internet, debido a que otorgan prioridad a un tema considerado frívolo, relegando cuestiones más importantes y urgentes para el país, que siguen esperando su tratamiento y aprobación en el Congreso.

    El proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento Político ha tenido hasta ahora un controvertido tratamiento, ya que en una sesión anterior, el 4 de julio, la mayoría decidió aumentar de 5.000 a 50.000 jornales el monto tope del aporte que una sola persona puede otorgar a una campaña electoral, estableciendo la posibilidad de que un solo donante provea hasta 3.925 millones de guaraníes a un candidato.

    Además, en esa misma sesión, los diputados decidieron prohibir que organismos como la Contraloría General de la República y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelav) puedan controlar esos fondos.

    Ante las protestas de sectores ciudadanos y de los medios de prensa, en la sesión siguiente dejaron sin efecto dichas modificaciones y decidieron volver a tratar los cambios de la ley desde el inicio, pero la amenaza sigue latente, debido a que se ha postergado de nuevo su tratamiento.

    De este modo, el dinero sucio que proviene de sectores del narcotráfico y del crimen organizado puede seguir instaurando impunemente la narcopolítica, con todo el daño que ello provoca al país y al sistema democrático. Urge que la ciudadanía ejerza mayor presión para revertir esta situación.

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    Publicado por jotaefeb | 14 julio, 2017, 8:31 am
  2. Pretenden fortalecer un narcoestado

    La Cámara de Diputados volverá a ocuparse hoy del financiamiento político, tras haber revocado las escandalosas decisiones tomadas en la sesión del 4 de julio último. En aquella ocasión, había dado vía libre al dinero del narcotráfico y de otro origen sucio para que solvente los gastos electorales de los partidos, movimientos políticos y alianzas, generando así un masivo repudio ciudadano. En efecto, dispuso elevar el tope de las contribuciones o donaciones individuales de 7.000 a 50.000 jornales mínimos (¡3.925 millones de guaraníes!), excluir a la Contraloría General de la República del examen de las rendiciones de cuentas y del informe sobre las contribuciones o donaciones a ser presentados por los administradores de las campañas electorales al Tribunal Electoral, rechazar la moción de que también la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) verifique el origen y el monto de los ingresos recibidos, y permitir que incluso los narcotraficantes procesados puedan realizar aportes.

    En suma, en vez de reforzar las disposiciones vigentes para impedir que la plata sucia siga incidiendo en las campañas electorales, lo que la mayoría de los diputados hizo fue facilitar aún más la intervención del crimen organizado. El narcotráfico pudo estar de parabienes, pues, de entrada, ya no iba a necesitar fraccionar o maquillar en gran medida sus contribuciones o donaciones nada desinteresadas, ya que se había elevado más de siete veces el límite hoy fijado por el art. 282, inc. e), del Código Electoral.

    Es comprensible que la comodidad brindada a los delincuentes haya sido propuesta por el diputado Bernardo Villalba (ANR), exdefensor del narcotraficante Carlos Antonio Caballero, alias “Capilo”, denunciado ante la Fiscalía en noviembre de 2014 por la Cámara Alta, debido a sus presuntos lazos con el narcotráfico. El servicial legislador ha de saber que quienes se dedican a esa actividad delictiva desean colaborar con los candidatos de todas las organizaciones políticas, sin discriminaciones y apostando sobre seguro. Tampoco ha de ignorar que los electos sabrán retribuir el apoyo recibido mediante una ley, un decreto, una ordenanza o una sentencia lograda mediante el tráfico de influencias, si es que el fiscal y los jueces intervinientes ya no están a sueldo de los mismos financistas.

    El dinero así “legalizado” no tendría olor, aunque estuviese manchado de sangre: la cuestión es que, venga de donde venga, sirva para llegar al Palacio de López, al Congreso o a los gobiernos departamentales y municipales. De ello estuvieron convencidos, inicialmente, los veinticuatro diputados que secundaron la moción de que el “narcodinero” juegue un rol aún mayor en los comicios, reforzando la presencia del crimen organizado en los tres Poderes del Estado, ya mentada alguna vez por el expresidente de la Cámara Baja Hugo Velázquez.

    Pero hay más: al eliminar del art. 281 del Código Electoral la norma de que el Tribunal Electoral corra vista a la Contraloría para que ella audite la rendición de cuentas presentada por los administradores de las campañas electorales, los complacientes diputados de la mayoría dejaron el examen en las solas manos de una Justicia Electoral que, aparte de estar aún más sometida a los beneficiarios de los eventuales aportes, carece de la idoneidad necesaria para efectuar los exámenes de rigor. El diputado Villalba, buscando los vericuetos más inverosímiles, alegó que la Contraloría no podría ejercer sus funciones porque los aportes provendrían de particulares y no de entidades públicas, que son las únicas que ella podría controlar. Resulta, sin embargo, que los subsidios electorales deben ser entregados por el Estado una vez aprobada la rendición de cuentas de las organizaciones políticas, y verificado el cumplimiento de las formalidades de control previstas en el Código Electoral. Lo que la Contraloría realiza es un control previo, de cuyo resultado debe correrse traslado al partido, movimiento o alianza, antes de que la Justicia Electoral resuelva. Esa verificación previa no viola la Constitución, porque están en juego fondos públicos. Por lo visto, se pretendió que la Contraloría intervenga, en todo caso, luego de que la Justicia Electoral ya los haya desembolsado, es decir, cuando ya se hubiera consumado el hecho ilícito.

    Es de delincuentes invocar la Constitución para que se estrechen los lazos entre el narcotráfico y otras actividades ilícitas y la política, impidiendo que otro organismo, aparte de la Justicia Electoral, se inmiscuya en un asunto que se hubiera vuelto aún más fétido con las normativas aprobadas en un principio. La legislación en vigor no prevé la intervención de la Seprelad, pese a que una campaña electoral es una ocasión propicia para el lavado de dinero. Y bien, la mayoría de los diputados presentes en la malhadada sesión tampoco aprobó la iniciativa de que dicho organismo especializado revise las cuentas acercadas. El diputado Villalba, todo un “experto” en materia de narcotráfico, arguyó simplemente que las atribuciones de control corresponden a la Justicia Electoral, con lo que se dieron por satisfechos sus colegas de la mayoría complaciente con el crimen organizado. O sea que les importó un bledo el blanqueo del dinero sucio en una campaña electoral.

    Los grandes bandidos habrán celebrado todas estas disposiciones, incluso aquellos que están siendo procesados, pues podrían seguir colaborando con cómplices políticos mientras dure el juicio, con la fundada esperanza de que el fallo definitivo haga honor a su “compromiso” con diversos candidatos.

    La Cámara Baja había dado así un gran paso hacia un Paraguay regido por el crimen organizado. El justificado repudio de la opinión pública ante los desvergonzados puntos aprobados hizo que el 5 de julio anulara lo resuelto, pero eso no implica necesariamente que hoy no vaya a decidir ratificarse en lo ya aprobado o, incluso, ampliar el camino para la renovada incursión del dinero sucio en la política, convirtiendo al Paraguay en un narcoestado.

    La votación en la Cámara de Diputados debe ser nominal, como lo fue hace una semana, para poder conocer a los personeros de los delincuentes, y a quienes, eventualmente, tengan el coraje de rectificarse por el bien del país.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/pretenden-fortalecer-un-narcoestado-1612179.html

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    Publicado por jotaefeb | 12 julio, 2017, 8:01 am
  3. El dinero sí tiene color

    Por Ilde Silvero

    Por fin los diputados hicieron algo sensato y recomendable: decidieron empezar de cero el análisis del proyecto de ley de financiamiento político, luego de la polémica desatada por haberlo aprobado en general con puntos que permitirían el aporte de narcotraficantes u otro tipo de mafiosos a las campañas electorales.

    El proyecto prevé aumentar de 5.000 jornales (G. 392 millones) a 50.000 jornales (G. 3.925 millones) el “aporte” o “donación” individual de personas en campañas políticas. Otro artículo deja de lado a la Contraloría General de la República y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) en cuanto al control del dinero usado en las campañas proselitistas.

    Esto último es realmente un disparate porque el proyecto de ley argumenta la necesidad de transparentar las donaciones y el uso del dinero en las campañas políticas y, al mismo tiempo, elimina la posibilidad de control y auditoría de estos financiamientos por parte de los organismos estatales competentes como la Contraloría y la Seprelad. Con esto, lo que se busca es evitar que el Estado y la sociedad conozcan el origen y el manejo del capital que financia a determinados partidos y candidatos. Aunque el control se traspase a la fiscalía y al TSJE, estos organismos no tienen la competencia ni la capacidad para analizar aportes y usos del financiamiento político.

    Otra cuestión no menos importante es que, de aprobarse el proyecto, la plata pasará a desempeñar un rol central en la vida política nacional. Como se eleva a unos 700.000 dólares el monto de lo que cada ciudadano puede donar a los candidatos, en las campañas electorales claramente se establecerá una gran diferencia entre quienes pueden disponer libremente de varios miles de millones de guaraníes y quienes deban recaudar fondos recurriendo a aportes de los amigos, polladas y rifas. La publicidad intensiva en los grandes medios masivos de comunicación solo estará al alcance de unos pocos, solventados por poderosos grupos narcotraficantes, mafiosos o conglomerados empresariales.

    Otorgar privilegios legales a marionetas de narcotraficantes y de acaudalados empresarios sería atentar contra la naturaleza misma de la política, cuyo fin principal es promover, administrar y preservar el bien común, es decir, velar por los intereses de la ciudadanía, en especial, de los más necesitados.

    Los políticos deberían distinguirse por su vocación de servicio a la comunidad y a la patria, tratando de hacer realidad los ideales de su organización partidaria. Quienes ejerzan cargos públicos no pueden desempeñarse como empleados de algún patrón ni, menos aún, como operadores de grupos mafiosos.

    La mayoría de nuestros políticos son bastante impresentables, muchos incluso enfrentan procesos judiciales, pero la solución no está en “importar” salvadores de la patria de otras áreas. El camino es insistir en la educación correcta de las nuevas generaciones para formar a nuevos políticos honestos y capaces para servir al pueblo.

    Dicen que el dinero no tiene color, pero la plata sucia de los delincuentes no puede ser la madre de nuestros gobernantes.

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    Publicado por jotaefeb | 9 julio, 2017, 10:19 am

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