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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Un vergonzoso intento por incrementar la narcopolítica

Mientras la ciudadanía exige más control sobre el financiamiento de campañas políticas, los miembros de la Cámara de Diputados, principalmente oficialistas, ampliaron este martes el monto tope de aportes individuales, de 5.000 a 50.000 jornales. De este modo, el proyecto de ley que originalmente buscaba frenar el ingreso de fondos del narcotráfico pasó a hacer todo lo contrario: abrir posibilidades a que la narcopolítica aumente su influencia, apartando a la Seprelad y a la Contraloría de todo control. La fuerte reacción ciudadana y de la prensa los obligó ayer a cambiar de parecer y devolver el proyecto de ley a fojas cero, pero la amenaza sigue latente.
Las grandes expectativas que existían en varias organizaciones de la sociedad civil y sectores sociales, acerca de la modificación de la Ley 834/96, que regula el financiamiento político, en la Cámara de Diputados, para establecer mayores mecanismos de control sobre el origen del dinero que financia las campañas electorales, se convirtió en motivo de gran frustración e indignación, ya que la mayoría de los diputados, principalmente del oficialismo cartista y sus aliados, impusieron en la sesión del martes un resultado totalmente contrario, al disminuir los controles y aumentar considerablemente las cantidades de dinero que se pueden aportar desde las sombras.

La principal modificación realizada a propuesta del diputado colorado Bernardo Villalba (quien años atrás fue incluido en un informe del Senado entre los políticos vinculados al narcotráfico, al haber sido abogado defensor de varios procesados por este delito), fue el de aumentar de 5.000 jornales (unos 392 millones de guaraníes) a 50.000 jornales (unos 3.925 millones) el monto de “aporte” o “donación” individual de personas durante las campañas políticas.

Del mismo modo, como otro punto igualmente grave, se decidió dejar de lado a organismos como la Contraloría General de la República y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), quitándoles atribuciones para ejercer controles sobre la procedencia del dinero usado en las campañas proselitistas. La posibilidad de control solo quedaba en manos del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Esta situación implicaba un gran retroceso para frenar la creciente influencia de sectores del narcotráfico y del crimen organizado, que en los últimos años han tenido una injerencia cada vez mayor en financiar a candidatos a cargos electivos, a cambio de acciones que favorecen a sus negocios ilícitos. De este modo, el Paraguay se encaminaría peligrosamente hacia un modelo de narcoestado, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos. Los efectos de esta creciente escalada del poder criminal ya los hemos sufrido, con los ataques y asesinatos impunes contra periodistas y dirigentes sociales, o con las constantes guerras entre bandas criminales en zonas de frontera, que cobran gran número de víctimas.

La fuerte reacción ciudadana y de la prensa que produjo esta vergonzosa decisión de los legisladores los obligó en la sesión de ayer a cambiar de parecer y devolver el proyecto de ley a fojas cero, pero la amenaza sigue latente. Es de esperar que la acción crítica de la ciudadanía se mantenga vigilante y evite que, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, se insista con esta lamentable regresión hacia un modelo de narcoestado.

http://www.ultimahora.com/un-vergonzoso-intento-incrementar-la-narcopolitica-n1094951.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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8 comentarios en “Un vergonzoso intento por incrementar la narcopolítica

  1. Plausible medida para combatir el dinero sucio

    La sanción de la ley que dispone que todas las acciones de las sociedades anónimas sean nominativas, de acuerdo a las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), coloca al Paraguay en la extensa lista de países que ya han tomado dicha decisión, que apunta a transparentar el sistema financiero y facilitar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional. Se trata de una mala noticia para aquellos que, como los narcotraficantes, tienen su dinero sucio oculto en acciones al portador.

    El blanqueo de capitales –desconocido cuando a inicios del siglo XVII surgieron las primeras sociedades anónimas– tiene en la época contemporánea una trascendencia tal que, ya en 1989, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creó el GAFI, una organización intergubernamental integrada hoy por 34 países.

    El Paraguay no podía ignorar su reiterada recomendación de que las acciones lleven nombre y apellido para impedir el lavado de dinero. De lo contrario, sería incluido en la misma lista negra en la que llegó a estar Uruguay hasta hace seis años, cuando resolvió modificar el régimen de las sociedades anónimas. Desde entonces, según informó en Asunción Álvaro Romano, alto funcionario del Ministerio de Hacienda y Finanzas uruguayo, ese país reordenó 140.000 sociedades anónimas y redujo la evasión impositiva del 40 al 13%, algo que se debe tener en cuenta al juzgar la conveniencia de la ley aprobada tras largas dilaciones, atribuibles a mafiosos con influencia que tienen mucho que esconder. Según el citado visitante, “si Uruguay no hubiera hecho los cambios y hubiera permanecido en la lista negra, hoy no solo no tendríamos inversión extranjera, sino que aquellas inversiones realizadas con antelación se estarían yendo”.

    Nuestro país también necesita tales inversiones, pero eso no significa que puedan ser de cualquier origen. Para recibir capitales limpios, debe ofrecer a los inversionistas una imagen más atractiva que la transmitida por el informe de marzo de este año del Departamento de Estado norteamericano, según el cual el Paraguay sigue siendo un centro de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y del contrabando de cigarrillos, entre otras cosas. Es oportuno, pues, que ahora se vaya a cerrar una de las ventanas que permiten infectar el mercado legal y contribuir a nuestra pésima fama.

    Por lo demás, en el Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud), aprobado por la Ley N° 4100/10, se lee que los Estados signatarios acordaron “reconocer y aplicar las cuarenta recomendaciones del GAFI contra el blanqueo de capitales”, de modo que el Paraguay estaba en realidad obligado a sancionar la ley en cuestión.

    Cabe recordar también que, con anterioridad, la Ley N° 2535/04 había aprobado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que les dedica un largo artículo a las medidas para prevenir el blanqueo de dinero, entre las que figura la de hacer hincapié en los requisitos relativos a la “identificación del cliente” en las transferencias de dinero o valores, y la de detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables. Del convenio se desprende que la identificación de las personas y el rastreo de los títulos son indispensables para prevenir esa actividad delictiva, algo que precisamente impide el anonimato de las acciones.

    Con independencia de los compromisos internacionales y de que en un mundo globalizado no debe haber ningún paraíso para el lavado de dinero, es claro que también está en el interés de nuestro propio país frustrar el ocultamiento de las ganancias que genera el delito en su propio suelo. Aquí no hay “derecho a la intimidad” que valga: si los funcionarios deben presentar una declaración jurada de bienes y rentas, ¿por qué los titulares de acciones no deberían ser obligados a dar la cara? Seguramente que a la Subsecretaría de Estado de Tributación le gustaría mucho conocerlos. El anonimato sirve para mantener a oscuras los ingresos generados al margen de la ley, bajo la apariencia de una actividad lícita. Como una persona honesta nada tiene que temer, no tiene por qué camuflar sus ingresos. Y que no se diga que la transparencia pondría en riesgo su seguridad, absurdo argumento invocado por los sindicalistas de las entidades binacionales que deseaban ocultar el monto de sus siderales remuneraciones, por ejemplo.

    Como señaló el presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, el Paraguay es uno de los pocos países que tienen acciones innominadas, “lo que se presta para evasiones de impuesto y lavado de dinero”. Nuestro país no debe ser el “amparo y reparo” de delincuentes, que montan empresas ficticias para burlar la persecución penal, sino contribuir a la lucha internacional contra el crimen.

    Es plausible, entonces, que finalmente el Congreso haya tomado la sensata decisión de cerrar uno de los principales canales del lavado de activos. Es de esperar, ahora, la pronta promulgación de la ley por el Presidente de la República, para que con este valioso instrumento en las manos nuestras autoridades tengan el coraje de combatir con firmeza a los peces gordos paraguayos y extranjeros del narcotráfico, la evasión y el contrabando, y que no ocurra lo de siempre: que se persiga solo a los “pichirulos”.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/plausible-medida-para-combatir-el-dinero-sucio-1630549.html

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    Publicado por jotaefeb | 14 septiembre, 2017, 7:29 am
  2. La narcopolítica será una protagonista de las internas

    Los políticos paraguayos no quieren que la Ley de Financiamiento Político controle como es debido el origen de los fondos que utilizan en sus campañas. Esto se ha hecho más que evidente cuando lograron que la ley siga aplicada solamente en las elecciones generales, no así en las internas de los partidos políticos. La presencia del dinero del crimen y del narco dentro de nuestra política se va haciendo más fuerte y más evidente, como lo muestran recientes casos que vinculan cargamentos de droga con dirigentes partidarios. La ciudadanía debe involucrarse para exigir mayor transparencia de la actividad política, y debe exigir el control del origen de los fondos electorales.
    Evitar que el dinero proveniente del narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado y otros financien la campaña electoral de un candidato, movimiento o partido político es un largo anhelo en el país. Sobre todo teniendo en cuenta que son conocidas las consecuencias –por la experiencia de otros países– para una sociedad.

    Lamentablemente en el Paraguay sigue abierta la posibilidad de que el dinero sucio sea el que financie las candidaturas y vuelva más sólidos los nexos de la narcopolítica.
    Tanto diputados como senadores demostraron que para ellos no es indispensable un control sobre el origen de los fondos que financian las campañas electorales. Los representantes de los intereses del pueblo permitieron que los políticos logren blindar sus cuentas de campaña, al no permitir la actualización de la Ley de Financiamiento Político.

    Los dirigentes de los dos partidos más añejos del país –la Asociación Nacional Republicana (ANR) como el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)– no hicieron lo suficiente para actualizar la normativa, por lo que la Ley de Financiamiento seguirá limitada a controlar solo las elecciones generales. Esto supone que en las próximas internas los caudillos volverán a despilfarrar sus recursos, pues nadie los controla.

    Esto que proclamamos no es simple retórica, y para ilustrar mejor citamos el episodio más reciente. Hace muy pocos días, un político del movimiento Honor Colorado y actual presidente de la Seccional N° 443 de Liberación, Freddy Alberto Godoy Segovia, fue detenido en Santa Cruz, Bolivia, con un cargamento de poco más de cinco toneladas de marihuana. Cuatro meses atrás había sido incautado otro cargamento de la hierba, el cual también se presumía pertenecía al político colorado. Como se ve, el dinero sucio es moneda corriente en ciertos sectores de la política paraguaya.

    La idea de que el control de las cuentas de campaña se aplique desde las internas partidarias previstas para diciembre era muy buena. De hecho, era una forma muy práctica de controlar los fondos de campaña desde el mismo inicio, que es donde aparece el dinero sucio, financiando a los candidatos.

    Es un duro golpe para la democracia el hecho de que el dinero sucio proveniente de sectores del narcotráfico y del crimen organizado seguirá operando la política, con todo el daño que ello provoca al país y al sistema democrático.

    Pero, ante la indolencia de la clase política, la ciudadanía debe involucrarse más para exigir mayor transparencia de la actividad política. La ciudadanía debe exigir el control del origen de los fondos electorales.

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    Publicado por jotaefeb | 28 agosto, 2017, 7:15 am
  3. Narcotraficantes y contrabandistas, de parabienes

    Como se maliciaba, una mayoría de legisladores interesados en que las cosas continúen como están ha venido dando largas al asunto, postergando el tratamiento o dejando sin quorum las sesiones de las Cámaras del Congreso, de tal modo que llegó la convocatoria a elecciones generales el pasado martes, sin que se aprobaran las leyes relacionadas con el desbloqueo de las “listas sábana” y el financiamiento de las campañas electorales internas.

    De esta forma, esa mayoría de legisladores inescrupulosos se salió finalmente con la suya: en las próximas elecciones internas y generales seguirá votándose por “listas sábana”, elaboradas entre gallos y medianoche por los caciques partidarios, y en las internas no habrá ningún control del origen de los fondos para las campañas proselitistas. Esto significa que quienes dilataron mañosamente el tratamiento de los respectivos proyectos de ley para evitar su sanción antes de la convocatoria realizada por la Justicia Electoral estarán muy contentos; unos, porque seguirán recibiendo dinero de los narcotraficantes, contrabandistas o lavadores de activos; otros, porque podrían recibirlo por primera vez con el objetivo de comprar un buen lugar en las “listas sábana” que pugnarán en los comicios internos; o los que se enriquecieron robando fondos públicos o coimeando y desean tener la impunidad que les confieren los fueros.

    Un motivo adicional para sentirse satisfechos lo tienen los capitostes de los partidos encargados de elaborar las “listas sábana”, que pueden seguir vendiendo puestos por centenares de miles de dólares. Y, además, porque la facilidad del financiamiento con dinero sucio aumenta la cotización de los primeros lugares en las listas. Por supuesto, también están de parabienes los “benefactores” de esos parlamentarios mafiosos, ya que saben que estarán bien representados entre quienes resulten electos, el 22 de abril de 2018, para ocupar una banca en el Congreso o en las Juntas Departamentales.

    Sin excluir que traten de influir también en los precandidatos a la Presidencia de la República, son las elecciones internas de los partidos tradicionales para definir las candidaturas a los órganos colegiados las que despiertan el mayor interés de los criminales organizados. Es sobre todo allí donde se vuelca el dinero mal habido, dado que quienes resulten nominados en los primeros puestos de la “lista sábana” pueden tener la seguridad de que llegarán a ocupar un escaño. Como el “internismo” feroz se agrava cuando está en juego un cargo rentado, los contendientes están dispuestos a vender su alma al diablo con tal de posicionarse lo mejor posible para las elecciones generales. Después devolverán los favores recibidos, mediante el tráfico de influencias o alguna ley u ordenanza provechosa para el “donante” mafioso.

    Debe señalarse que la mayoría de los legisladores no solamente impidió controlar el financiamiento en las elecciones internas, sino que, inclusive, algunos de los impresentables intentaron ampliar la brecha por la que se cuela el dinero mal habido para financiar a algunos candidatos. En efecto, un grupo encabezado por el diputado colorado Bernardo Villalba –quien, según informe elaborado en el propio ámbito parlamentario, tiene vínculos con narcotraficantes– presentó un proyecto de ley que elevaba el tope de las contribuciones para las elecciones generales y municipales, y pretendía excluir a la Contraloría General de la República del examen de las cuentas. El disparate fue aprobado por la plenaria pero fue anulado una semana después a raíz de la indignación ciudadana. De esta manera, se comprueba la calaña moral de estos políticos que “representan” al pueblo.

    Tal como están las cosas, el colorado o liberal que concurra a votar el próximo 17 de diciembre no le podrá dar su voto al correligionario de su preferencia entre los que integren la lista elaborada por un cacique partidario, sino que deberá aceptar el orden impuesto por una camarilla fundada en el aporte secreto de quienes se dedican al floreciente narcotráfico que está ensangrentando el país.

    Con sus deplorables dilaciones, los legisladores, en mayoría, mataron dos pájaros de un tiro: seguirán recaudando de los narcotraficantes y, a la vez, obligarán al elector a aceptar a ciegas la lista configurada con semejante ayuda.

    Es llamativo, por cierto, que con respecto a este pestilente asunto no haya habido discrepancias notorias entre las bancadas de una y otra Cámara. Por lo visto, si hay algo que aglutina a la mayoría de los parlamentarios de distintos partidos, es el interés de seguir ocupando espacios de poder, aunque para ello deban comprometerse con los mafiosos. No les repele aceptar ponerse a disposición de ellos, como surge de lo dicho por el diputado Villalba en una conversación telefónica que tuvo en 2011 con el narcotraficante Carlos Antonio “Capilo” Caballero: “¡Apoyame a mí para diputado, y vas a ver actuar a un diputado valé!”. ¿Estará protegiendo a narcotraficantes desde su banca?

    Esta infame clase política, por así llamarla, se mantiene y se reproduce gracias al siniestro y esclavizante sistema de elección por “listas sábana” que nos imponen la corrupción y la mediocridad de nuestro Congreso. Es de esperar que, en las próximas elecciones internas, los afiliados decentes no voten por una lista que incluya a algún miembro sospechado de tener lazos con el hampa.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/narcotraficantes-y-contrabandistas-de-parabienes-1625684.html

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    Publicado por jotaefeb | 28 agosto, 2017, 7:15 am
  4. La narcosociedad

    Más allá de la tristeza que generan la deforestación y la expulsión de los paraguayos, los productos que sostienen al Paraguay son la soja, la carne y las remesas que vienen del extranjero. Esto según el boletín oficial. Pero fuera de las estadísticas, el gran negocio que mantiene en pie al país es la droga, desde la producción y el transporte, hasta el lavado de dinero (estamos en el puesto 16º en el mundo).

    Seguramente es posible medir la plata que este negocio deja, pero no queda demasiado bien publicar de cara a nuestros hermanos extranjeros que quieren usar y abusar del país, y de cara a todos los que nos conocen. Obvio que son más los que nos desconocen porque creen que por ser guay ya somos Uruguay o por ser guay ya somos muy capos en el léxico español. Pero donde más nos reconocen es en el por hacer a la paraguaya, que no es necesario aclarar de qué se trata en una columna seria de un diario también serio.
    Aunque Hacienda se niegue a contemplar esta floreciente actividad como uno de los principales factores de generación de riqueza, cualquiera con un dedo de seso puede hacer su propia evaluación. Para empezar, cada día hay por lo menos un ajusticiamiento extraño, que implica fuego, desfiguración, etcétera, etcétera, ergo batalla entre cárteles o cartelitos de barrio. Para seguir, los edificios suntuosos crecen como hongos en cualquier esquina de cualquier ignoto rincón de la República del Paraguay, pero están vacíos, pelados y repelados.

    Como si estas no fueran suficientes pruebas a favor de la prosperidad del negocio, está lo que se ve en la calle: ostentación, lujo y competencia a lo Hollywood, que se empieza aprendiendo desde la infancia. Ahora la nueva moda es que cada etapa de la vida tiene su fasto, como una exigencia a la que hay que subirse para ser alguien: que el pijama party con alquiler de carpas; que el viaje de fin de curso al Caribe; que la limusina para los 15; que la despedida de soltera en Las Vegas; que el babyshower con la animación de bebés de verdad. Y en el plano más cotidiano y baratelli está toda la estética de plástico: la rubia de cabello largo, con pechos bien redondos y abundante bótox, o el forzudo que no puede ni moverse de tantos globos en los bíceps, tríceps y demás vísceras.

    No es un plagueo de vieja, al estilo “en mi época o en otros tiempos era así y asá”, sino un verdadero cambio social, todo un estilo de vida que se va imponiendo y nada tienen que ver con los valores tradicionales del Paraguay, al punto que hasta el traje típico (typói y pollera blancos) cambió por otros más estrafalarios.

    El gusto narco nos obliga a todos a entrar en ese tren, algunos por lo alto, otros por lo bajo y otros en el medio, como el jamón del sangüis. Si no te gusta, vas a tener que mudarte de país manté porque esto llegó para quedarse.

    Por Lupe Galiano

    http://www.ultimahora.com/la-narcosociedad-n1103475.html

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    Publicado por jotaefeb | 24 agosto, 2017, 8:00 am
  5. La sucia lavandería

    El reporte de este año sobre el índice antilavado de activos (ALA) del Instituto Basilea Gobernanza nos debe interpelar como país, pues una vez más hemos aparecido como la nación de mayor riesgo de este flagelo en toda América Latina y el Caribe.

    Desde el año 2012, cuando el organismo internacional comenzó a realizar este informe, aunque saltamos de la posición 12 a la 16 en el ránking sobre 147 países en el mundo, el aparente avance nunca nos bajó del triste podio regional de riesgo en lavado dinero.
    La ley de congelamiento de activos y la reciente actualización en legislación de bancos son sin duda avances significativos en el área normativa; sin embargo, el brazo ejecutor es donde está nuestra mayor falencia y por ello los resultados son mínimos.

    El presupuesto anual de la Seprelad, la institución de inteligencia para detectar este tipo de movimientos turbios de dinero, no supera ni siquiera los USD 2 millones, por lo que de entrada encaramos mal el problema al no dotar de herramientas para combatir a un sector, cuyo mayor poder es económico.

    De nada vale tener un crecimiento promedio 4% de PIB anual, con un manejo macroeconómico prudente si cuando salen estos informes –con los que se guían grandes inversiones internacionales– aparecemos codeándonos con países como Irán, Afganistán, Burkina Faso, Haití y Nepal.

    Este alto nivel de riesgo que perciben los inversores internacionales nos contesta por qué –pese a ser uno de los pocos países en la región que mantuvieron en los últimos años un ritmo de crecimiento– nuestros niveles de inversión extranjera directa (IED) son como mínimo dos y hasta cuatro veces inferiores a los de economías igual de pequeñas en la región, como son Bolivia, Ecuador y Uruguay.

    En el Parlamento está en análisis un proyecto de ley que busca eliminar acciones al portador, iniciativa que por cierto fue bastardeada con modificaciones absurdas por la Cámara de Senadores que nos expone como país a regresar el año que viene a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuando realice la verificación sobre el Paraguay.

    Una sanción expondría a los ciudadanos a que cuando, por ejemplo, queramos utilizar nuestra tarjeta de crédito para hacer compras en el exterior nos la rechacen de forma automática.

    El índice de riesgo de Basilea también toma como parámetro para el puntaje el nivel de riesgo que representa el sector político y judicial de un país; y teniendo en cuenta la pésima gestión de nuestras autoridades, no nos tiene que extrañar que en la vidriera internacional nuestro país aparezca como una sucia lavandería.

    Por Samuel Acosta

    http://www.ultimahora.com/la-sucia-lavanderia-n1103474.html

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    Publicado por jotaefeb | 24 agosto, 2017, 8:00 am
  6. Diputados evitan el control del financiamiento político

    Una vez más, los diputados oficialistas y sus aliados demostraron que para ellos no es indispensable un control sobre el origen de los fondos que financian las campañas electorales, al aplazar de nuevo el estudio de la Ley de Financiamiento Político. De este modo, permitirán que el dinero sucio que proviene de sectores del narcotráfico y del crimen organizado pueda seguir instaurando la narcopolítica, con todo el daño que ello provoca al país y al sistema democrático. Urge que la ciudadanía ejerza mayor presión para revertir esta situación. El poder narco en la política se está expandiendo, y es en las elecciones internas de los partidos donde debe empezar el control sobre el financiamiento.
    La mayoría que actualmente tiene el control de la Cámara de Diputados –conformada por los legisladores del sector oficialista del Partido Colorado y sus aliados liberales disidentes y de otros partidos– nuevamente dejó pasar la oportunidad de tratar el proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento Político, en la sesión del miércoles último, decidiendo aplazarlo por quince días más.

    De esta manera, con 33 votos –contra una minoría de 23 votos de la oposición– los legisladores oficialistas y pro oficialistas siguen esquivando el tratamiento de dicha ley, buscando que el control no rija para las próximas elecciones internas de los partidos y movimientos, que se deben realizar en diciembre próximo. Para que el sistema de control pueda aplicarse en estos comicios, la ley deberá promulgarse antes del 21 de agosto, fecha en que la Justicia Electoral presentará su cronograma.

    La excusa que dieron en esta ocasión es que no existen dictámenes de la comisiones asesoras, por falta de tiempo. Sin embargo, los legisladores sí hallaron tiempo para declarar de interés turístico, nacional y cultural el certamen de belleza Miss Paraguay, algo que fue objeto de muchas burlas y críticas en las redes sociales de internet, debido a que otorgan prioridad a un tema considerado frívolo, relegando cuestiones más importantes y urgentes para el país, que siguen esperando su tratamiento y aprobación en el Congreso.

    El proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento Político ha tenido hasta ahora un controvertido tratamiento, ya que en una sesión anterior, el 4 de julio, la mayoría decidió aumentar de 5.000 a 50.000 jornales el monto tope del aporte que una sola persona puede otorgar a una campaña electoral, estableciendo la posibilidad de que un solo donante provea hasta 3.925 millones de guaraníes a un candidato.

    Además, en esa misma sesión, los diputados decidieron prohibir que organismos como la Contraloría General de la República y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelav) puedan controlar esos fondos.

    Ante las protestas de sectores ciudadanos y de los medios de prensa, en la sesión siguiente dejaron sin efecto dichas modificaciones y decidieron volver a tratar los cambios de la ley desde el inicio, pero la amenaza sigue latente, debido a que se ha postergado de nuevo su tratamiento.

    De este modo, el dinero sucio que proviene de sectores del narcotráfico y del crimen organizado puede seguir instaurando impunemente la narcopolítica, con todo el daño que ello provoca al país y al sistema democrático. Urge que la ciudadanía ejerza mayor presión para revertir esta situación.

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    Publicado por jotaefeb | 14 julio, 2017, 8:31 am
  7. Pretenden fortalecer un narcoestado

    La Cámara de Diputados volverá a ocuparse hoy del financiamiento político, tras haber revocado las escandalosas decisiones tomadas en la sesión del 4 de julio último. En aquella ocasión, había dado vía libre al dinero del narcotráfico y de otro origen sucio para que solvente los gastos electorales de los partidos, movimientos políticos y alianzas, generando así un masivo repudio ciudadano. En efecto, dispuso elevar el tope de las contribuciones o donaciones individuales de 7.000 a 50.000 jornales mínimos (¡3.925 millones de guaraníes!), excluir a la Contraloría General de la República del examen de las rendiciones de cuentas y del informe sobre las contribuciones o donaciones a ser presentados por los administradores de las campañas electorales al Tribunal Electoral, rechazar la moción de que también la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) verifique el origen y el monto de los ingresos recibidos, y permitir que incluso los narcotraficantes procesados puedan realizar aportes.

    En suma, en vez de reforzar las disposiciones vigentes para impedir que la plata sucia siga incidiendo en las campañas electorales, lo que la mayoría de los diputados hizo fue facilitar aún más la intervención del crimen organizado. El narcotráfico pudo estar de parabienes, pues, de entrada, ya no iba a necesitar fraccionar o maquillar en gran medida sus contribuciones o donaciones nada desinteresadas, ya que se había elevado más de siete veces el límite hoy fijado por el art. 282, inc. e), del Código Electoral.

    Es comprensible que la comodidad brindada a los delincuentes haya sido propuesta por el diputado Bernardo Villalba (ANR), exdefensor del narcotraficante Carlos Antonio Caballero, alias “Capilo”, denunciado ante la Fiscalía en noviembre de 2014 por la Cámara Alta, debido a sus presuntos lazos con el narcotráfico. El servicial legislador ha de saber que quienes se dedican a esa actividad delictiva desean colaborar con los candidatos de todas las organizaciones políticas, sin discriminaciones y apostando sobre seguro. Tampoco ha de ignorar que los electos sabrán retribuir el apoyo recibido mediante una ley, un decreto, una ordenanza o una sentencia lograda mediante el tráfico de influencias, si es que el fiscal y los jueces intervinientes ya no están a sueldo de los mismos financistas.

    El dinero así “legalizado” no tendría olor, aunque estuviese manchado de sangre: la cuestión es que, venga de donde venga, sirva para llegar al Palacio de López, al Congreso o a los gobiernos departamentales y municipales. De ello estuvieron convencidos, inicialmente, los veinticuatro diputados que secundaron la moción de que el “narcodinero” juegue un rol aún mayor en los comicios, reforzando la presencia del crimen organizado en los tres Poderes del Estado, ya mentada alguna vez por el expresidente de la Cámara Baja Hugo Velázquez.

    Pero hay más: al eliminar del art. 281 del Código Electoral la norma de que el Tribunal Electoral corra vista a la Contraloría para que ella audite la rendición de cuentas presentada por los administradores de las campañas electorales, los complacientes diputados de la mayoría dejaron el examen en las solas manos de una Justicia Electoral que, aparte de estar aún más sometida a los beneficiarios de los eventuales aportes, carece de la idoneidad necesaria para efectuar los exámenes de rigor. El diputado Villalba, buscando los vericuetos más inverosímiles, alegó que la Contraloría no podría ejercer sus funciones porque los aportes provendrían de particulares y no de entidades públicas, que son las únicas que ella podría controlar. Resulta, sin embargo, que los subsidios electorales deben ser entregados por el Estado una vez aprobada la rendición de cuentas de las organizaciones políticas, y verificado el cumplimiento de las formalidades de control previstas en el Código Electoral. Lo que la Contraloría realiza es un control previo, de cuyo resultado debe correrse traslado al partido, movimiento o alianza, antes de que la Justicia Electoral resuelva. Esa verificación previa no viola la Constitución, porque están en juego fondos públicos. Por lo visto, se pretendió que la Contraloría intervenga, en todo caso, luego de que la Justicia Electoral ya los haya desembolsado, es decir, cuando ya se hubiera consumado el hecho ilícito.

    Es de delincuentes invocar la Constitución para que se estrechen los lazos entre el narcotráfico y otras actividades ilícitas y la política, impidiendo que otro organismo, aparte de la Justicia Electoral, se inmiscuya en un asunto que se hubiera vuelto aún más fétido con las normativas aprobadas en un principio. La legislación en vigor no prevé la intervención de la Seprelad, pese a que una campaña electoral es una ocasión propicia para el lavado de dinero. Y bien, la mayoría de los diputados presentes en la malhadada sesión tampoco aprobó la iniciativa de que dicho organismo especializado revise las cuentas acercadas. El diputado Villalba, todo un “experto” en materia de narcotráfico, arguyó simplemente que las atribuciones de control corresponden a la Justicia Electoral, con lo que se dieron por satisfechos sus colegas de la mayoría complaciente con el crimen organizado. O sea que les importó un bledo el blanqueo del dinero sucio en una campaña electoral.

    Los grandes bandidos habrán celebrado todas estas disposiciones, incluso aquellos que están siendo procesados, pues podrían seguir colaborando con cómplices políticos mientras dure el juicio, con la fundada esperanza de que el fallo definitivo haga honor a su “compromiso” con diversos candidatos.

    La Cámara Baja había dado así un gran paso hacia un Paraguay regido por el crimen organizado. El justificado repudio de la opinión pública ante los desvergonzados puntos aprobados hizo que el 5 de julio anulara lo resuelto, pero eso no implica necesariamente que hoy no vaya a decidir ratificarse en lo ya aprobado o, incluso, ampliar el camino para la renovada incursión del dinero sucio en la política, convirtiendo al Paraguay en un narcoestado.

    La votación en la Cámara de Diputados debe ser nominal, como lo fue hace una semana, para poder conocer a los personeros de los delincuentes, y a quienes, eventualmente, tengan el coraje de rectificarse por el bien del país.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/pretenden-fortalecer-un-narcoestado-1612179.html

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    Publicado por jotaefeb | 12 julio, 2017, 8:01 am
  8. El dinero sí tiene color

    Por Ilde Silvero

    Por fin los diputados hicieron algo sensato y recomendable: decidieron empezar de cero el análisis del proyecto de ley de financiamiento político, luego de la polémica desatada por haberlo aprobado en general con puntos que permitirían el aporte de narcotraficantes u otro tipo de mafiosos a las campañas electorales.

    El proyecto prevé aumentar de 5.000 jornales (G. 392 millones) a 50.000 jornales (G. 3.925 millones) el “aporte” o “donación” individual de personas en campañas políticas. Otro artículo deja de lado a la Contraloría General de la República y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) en cuanto al control del dinero usado en las campañas proselitistas.

    Esto último es realmente un disparate porque el proyecto de ley argumenta la necesidad de transparentar las donaciones y el uso del dinero en las campañas políticas y, al mismo tiempo, elimina la posibilidad de control y auditoría de estos financiamientos por parte de los organismos estatales competentes como la Contraloría y la Seprelad. Con esto, lo que se busca es evitar que el Estado y la sociedad conozcan el origen y el manejo del capital que financia a determinados partidos y candidatos. Aunque el control se traspase a la fiscalía y al TSJE, estos organismos no tienen la competencia ni la capacidad para analizar aportes y usos del financiamiento político.

    Otra cuestión no menos importante es que, de aprobarse el proyecto, la plata pasará a desempeñar un rol central en la vida política nacional. Como se eleva a unos 700.000 dólares el monto de lo que cada ciudadano puede donar a los candidatos, en las campañas electorales claramente se establecerá una gran diferencia entre quienes pueden disponer libremente de varios miles de millones de guaraníes y quienes deban recaudar fondos recurriendo a aportes de los amigos, polladas y rifas. La publicidad intensiva en los grandes medios masivos de comunicación solo estará al alcance de unos pocos, solventados por poderosos grupos narcotraficantes, mafiosos o conglomerados empresariales.

    Otorgar privilegios legales a marionetas de narcotraficantes y de acaudalados empresarios sería atentar contra la naturaleza misma de la política, cuyo fin principal es promover, administrar y preservar el bien común, es decir, velar por los intereses de la ciudadanía, en especial, de los más necesitados.

    Los políticos deberían distinguirse por su vocación de servicio a la comunidad y a la patria, tratando de hacer realidad los ideales de su organización partidaria. Quienes ejerzan cargos públicos no pueden desempeñarse como empleados de algún patrón ni, menos aún, como operadores de grupos mafiosos.

    La mayoría de nuestros políticos son bastante impresentables, muchos incluso enfrentan procesos judiciales, pero la solución no está en “importar” salvadores de la patria de otras áreas. El camino es insistir en la educación correcta de las nuevas generaciones para formar a nuevos políticos honestos y capaces para servir al pueblo.

    Dicen que el dinero no tiene color, pero la plata sucia de los delincuentes no puede ser la madre de nuestros gobernantes.

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    Publicado por jotaefeb | 9 julio, 2017, 10:19 am

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