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El desafío de elegir a un fiscal general que honre al Paraguay

Aunque pareciera que, en el operativo de copar todos los poderes públicos, el cartismo y sus actuales aliados buscarán ahora la designación de un fiscal general del Estado que sea de su misma línea, que responda a sus intereses y mandatos, se debe insistir en que el cargo sea ocupado por una persona idónea, con intachable trayectotoria, que sepa encarnar la representación de la ciudadanía y defender los intereses del Estado y de la sociedad. Para esta función se han llegado a presentar 103 candidatos, en una proporción récord, aunque ahora el número se redujo un poco más. En la lista hay personas muy capaces y con una valiosa trayectoria de servicio. El desafìo es elegir a alquien pueda honrar al país.
Se espera que en breve, probablemente durante el mes de agosto, el presidente de la República, Horacio Cartes, elija un nombre de una terna preseleccionada por los miembros del Consejo de la Magistratura, y luego lo remita al Congreso para que sus integrantes le otorguen o no la conformidad. De este complejo proceso saldría el próximo fiscal general del Estado, que sustituirá al actual titular del Ministerio Público, Javier Díaz Verón, durando cinco años en su mandato.
Tal como se encuentra actualmente desproporcionado el equilibrio de poderes, lo más probable es que sea elegido alguien que responda totalmente a la línea política del actual jefe de Estado y sus ocasionales aliados, Fernando Lugo y Blas Llano, que coartará aún más la necesaria independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público frente al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Sin embargo, en defensa de los principios de la democracia, hay que insistir en reclamar que el proceso de elección se realice con la debida transparencia y con las mejores garantías, tomando en cuenta para la designación la capacidad y la trayectoria profesional de servicio de los candidatos.
Este año, como nunca antes, llegaron a presentarse 103 candidatos y candidatas, dispuestos a pugnar por el cargo para ser fiscal general. Esta cifra es considerada un verdadero récord, ya que en la anterior elección, en el 2011, cuando resultó electo el actual fiscal Javier Díaz Verón, se presentaron 51 postulantes; en la del 2005 hubo 27 candidatos, y en la del año 2000 hubo 23 candidatos. En la lista actual, en la que finalmente habían quedado 95 candidatos, figuran varias personas muy capaces y con una valiosa trayectoria de servicio.
En esta ocasión, además, se pudo someter a la mayoría de los candidatos a una serie de audiencias públicas en el recinto del Congreso, cuyas sesiones se encuentran grabadas y disponibles al acceso público en el canal de videos YouTube, en internet.
Es decir, en esta ocasión, la ciudadanía cuenta con mayores elementos para conocer muy de cerca del nivel de preparación y de trayectoria de cada aspirante. Por ello mismo, despreciar los mejores perfiles para elegir a quien resulte más funcional a los intereses del actual grupo político que busca acaparar todos los poderes, resultará más fácilmente evidenciable y por tanto puede generar mayor decepción en la población.
Por ello, el gran desafío para quienes tendrán a su cargo definir este proceso en las próximas semanas, será elegir a un fiscal general del Estado que realmente pueda honrar al Paraguay.

http://m.ultimahora.com/el-desafio-elegir-un-fiscal-general-que-honre-al-paraguay-n1094546.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

3 comentarios en “El desafío de elegir a un fiscal general que honre al Paraguay

  1. Inentendibles decisiones

    La semana que pasó dejó en el tintero dos situaciones bastantes llamativas que afectaron a fiscales de unidades especializadas, producto de decisiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de la Corte Suprema de Justicia.
    Específicamente el pasado martes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados revocó su propia sentencia y favoreció al fiscal antidrogas Ysaac Ferreira, que de removido del cargo pasó a solo ser apercibido.

    Casi al mismo tiempo se conocía que la Corte Suprema de Justicia no confirmó en el cargo al fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez.

    Vayamos al tema de Ferreira. Este fiscal fue removido de su cargo el pasado 11 de octubre por un ajustado número de cinco votos contra tres.

    La decisión generó críticas porque el hecho que se le atribuía al agente fiscal databa del año 2008, cuando aún Ferreira estaba en la jurisdicción de Villa Hayes.

    La reacción fue tal que el Jurado no remitió la decisión a la Corte para que la confirme a los efectos administrativos.

    Cuando parecía que todo iba a quedar en el freezer, la remoción fue comunicada a la Corte Suprema el pasado 31 de mayo. Con esto Ferreira quedaba con un pie fuera del Ministerio Público.

    Esto desató la protesta no solo de la unidad antidrogas sino también del mismo fiscal general del Estado y una tibia reacción de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay.

    Javier Díaz Verón fue más allá y aludió que la sentencia coincidía con el momento en el cual Ferreira estaba realizando trabajos de importancia contra el narcotráfico.

    En ese ambiente de mucha crispación hacia el Jurado, el miembro Cristian Kriskovich planteó el cambio de su voto de remoción, con un argumento poco convincente, como por ejemplo el hecho de que desconocía que Ferreira es un fiscal antidrogas.

    Sin embargo, esta propuesta servía para descomprimir el ambiente crítico al Jurado y su moción de cambio de voto, que tuvo el acompañamiento de los miembros Jorge Oviedo Matto y Adrián Salas, logró el consenso de todos los integrantes del Jurado.

    El historial de este fallo deja a la reflexión que hubo factores externos que impulsaron una sentencia convicción.

    Casi poco después de que se difundía esta noticia se conocía que la Corte Suprema de Justicia, en sesión plenaria, decidía no confirmar a Piñánez por voto unánime.

    La información sorprendió debido a que Piñánez es bien visto por su trabajo y no tiene antecedentes de prestarse a arreglos.

    Pero en su reemplazo también nombraron a una profesional muy capaz como lo es Patricia Sánchez, antigua funcionaria del Ministerio Público y actualmente directora jurídica de la Fiscalía.

    La información era un secreto a voces en el Poder Judicial y en la Fiscalía.

    A partir de allí se especularon muchas cosas, como por ejemplo que el motivo de la no confirmación de Piñánez era porque el mismo había imputado al ministro Sindulfo Blanco. Pero esto no pasaba de la especulación.

    El mismo Piñánez reconoció que tenía información de que no lo confirmaron en el cargo.

    Pero esta decisión de la plenaria del máximo tribunal no se confirmó debido a que no se firmó el acta de la sesión de ese día. Esto además causó molestia entre los mismos ministros que tomaron una decisión y que desconocían el motivo por el cual no la plasmaron en un documento.

    Estas decisiones del Jurado y de la Corte en realidad constituyen un manoseo a los tres fiscales afectados. Además revela que no había certeza en lo que ellos mismos resolvieron, lo cual resulta inaceptable en la toma de decisiones en ese nivel.

    Tanto el Jurado como la Corte a la hora de resolver deben tener una firme convicción de que no solo no deje dudas en el campo jurídico, sino que debe ir de la mano con lo que precisa una Justicia para levantar este manto de impunidad que cubre al país.

    Es más, las sentencias del Jurado no pueden dejar ningún tipo de dudas porque afectan el andamiaje judicial y por ende al ciudadano que busca un amparo en la Justicia. En cuanto a las ternas, estas deben dejar de ser un desgaste innecesario para el candidato y simplemente se debe elegir al o a la postulante mejor perfilado /a para el cargo en concurso.

    Por Osvaldo Cáceres Encina

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/judicial/inentendibles-decisiones-1611462.html

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    Publicado por jotaefeb | 12 julio, 2017, 8:34 am
  2. Escojamos al mejor candidato para fiscal general del Estado

    Por Óscar Germán Latorre

    Las audiencias públicas de los postulantes al cargo de fiscal general del Estado han concluido y, una vez realizados los test psicotécnicos, el Consejo de la Magistratura iniciará la tarea de filtrar la lista. No existe mecanismo conocido que nos permita medir la honorabilidad y la integridad de los candidatos, aunque sus antecedentes profesionales y personales son un elemento tanto o más importante que la supuesta capacidad técnica. Doy por descontado que los currículum vitae de algunos incluyen certificados de todos los cursos de derecho que podríamos imaginar y, en algunos casos, hasta podríamos encontrarnos con la llamativa circunstancia de que dos o más certificados hacen relación a cursos desarrollados al mismo tiempo pero en distintos lugares.

    En el Paraguay nos conocemos todos y más aún aquellos que hemos optado por el ejercicio de la profesión de abogado o de algún cargo en el Poder Judicial. Los viejos abogados como lo soy yo posiblemente no necesitemos de entrevistas personales para mantener o excluir varias de esas candidaturas en la carrera para acceder al cargo de titular del Ministerio Público. En la lista de postulantes encontramos de todo, desde ineptos kamikazes, pasando por grandes corruptos y también por abogados y representantes del Ministerio Público de muy alta calificación en materia de derecho y con amplio conocimiento de las fortalezas y debilidades de un maltrecho e ineficiente representante de la sociedad.

    Dentro de esa idea, hablar de las capacidades de “Jose’i” González Macchi, Sandra Quiñónez, Roció Vallejo, Victoria Acuña (la lista publicada en la web es incompleta), por dar solo algunos nombres, resultaría casi un imperdonable atrevimiento porque ellos han escrito su propia historia personal y profesional que muchos conocemos y reconocemos.

    Desde luego no voy a hablar de personas conocidas, sino que dedicaré unas líneas a un candidato que pocos recuerdan, pero que eso no le resta mérito alguno ni menoscaba sus innegables virtudes personales y técnicas.

    Concretamente, conocí a Edward Irala Rivas al poco de comenzar mi carrera universitaria, cuando concurrió a mi casa para presentar su candidatura a la Presidencia del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. A pesar de que nuestros padres eran muy amigos, como yo no era gremialista ni activista político, en aquella ocasión, poca o ninguna atención le dispensé a sus propuestas.

    Pero varios años más tarde nos encontramos nuevamente cuando me designaron miembro del Tribunal de Apelación de Encarnación, siendo Edward Irala juez del Crimen en dicha ciudad. Habían pasado 12 años desde nuestro primer encuentro y el escenario de trabajo de ambos nos obligaba a desarrollar otro nivel de conversaciones ante los innumerables problemas de corrupción e ineficiencia judicial que en ese entonces afectaban el sistema de justicia en el departamento de Itapúa.

    Conocí a su fantástica familia, a su admirable esposa y a sus maravillosas cinco hijas que hoy ya son todas abogadas. Los Irala se convirtieron en nuestra propia familia con la que compartíamos nuestro trabajo y también nuestros sueños en el escaso tiempo libre.

    Esos detalles personales y familiares, de una familia estable, unida y comprometida plenamente con el deseo de Edward de dedicarse por completo al sistema de justicia, son relevantes, pues proyectan la verdad de cada persona en los distintos escenarios en que le toca desempeñarse.

    A los pocos días de mi llegada a Encarnación, se destapó el escándalo de los juicio fraudulentos de adopción internacional que afectaban a algunos magistrados y funcionarios judiciales y desde ese entonces Edward Irala me demostró que su único patrón de conducta eran la integridad y su deseo de sanear una circunscripción judicial cargada de potencialidades y que poco tiempo después se convirtió en la mejor circunscripción judicial de la República. Fue con Edward Irala con quien iniciamos la incorporación de sistemas informáticos en el Tribunal de Encarnación; fue así como adquirimos las tres primeras computadoras e impresoras que causaron una verdadera revolución entre magistrados, funcionarios y abogados. En menos de un año, el 95% de los jueces contaban con sus propias computadoras y los funcionarios judiciales no se quedaron atrás. Encarnación fue, por lejos, una administración de justicia a ser imitada por todas las demás, incluyendo la capital.

    Los años pasaron, Edward Irala continúo como miembro del Tribunal por unos años más y yo me dediqué al ejercicio de la profesión de abogado en Asunción.

    Cuando en el año 2000 me designaron fiscal general del Estado, mi primer acto fue tomar el teléfono para invitar a dos personas de comprobada integridad para que me acompañen en tan difícil tarea. Llamé a mí querida compañera de facultad María Soledad Machuca Vidal y, por supuesto, a Edward Irala, quien por ese entonces ocupaba un tranquilo y muy bien remunerado cargo en la Entidad Binacional Yacyretá. Las respuestas de ambos fueron similares, ambos sacaron el boleto para subirse al barco y tratar de desarrollar y consolidar al nuevo Ministerio Público acorde con las funciones que le eran impuestas por la Constitución, el Código Procesal Penal y su Ley Orgánica. Hasta hoy en día, Edward Irala me reprocha que no solo dejó un trabajo tranquilo, que pasó a percibir menos de un tercio de la remuneración que recibía en la binacional y, además, que le había designado como encargado de organizar y sacar adelante las fiscalías en cinco departamentos de la República, incluyendo las nunca bien ponderadas de Alto Paraná y Canindeyú.

    Edward Irala vivía dedicado por completo a su trabajo de magistrado, sin descuidar su formación técnica que nadie puede poner en duda. Él, posiblemente como ningún otro, conoce las fortalezas, los talentos, las flaquezas y las debilidades del Ministerio Público. Y a pesar de que mi trabajo profesional se limita casi en exclusividad a Asunción, en las conversaciones que hemos mantenido durante estos años sobre los problemas del Ministerio Público y el sistema de justicia en general, siempre quedé con el convencimiento de que todos los males que afectaban al sistema de justicia en Asunción y otras circunscripciones habían obtenido respuestas reparadoras, por los menos desde la Fiscalía Adjunta y los fiscales designados para cumplir funciones en ese departamento.

    Hoy, Edward Irala tiene 17 años como fiscal adjunto y unos 27 años dedicados a la enseñanza del derecho en distintas universidades que a la fecha existen en el departamento de Itapúa. Conoce de derecho penal y, fundamentalmente, tiene bien en claro el camino que debe transitarse para levantar una institución que ha perdido gran parte de su credibilidad como órgano de persecución penal en representación de la sociedad.

    Posiblemente, lo que estoy escribiendo desatará el enojo de mi viejo amigo, pero me sentía obligado a escribir estas palabras como ciudadano y como abogado. Peor aún, lo que estoy escribiendo puede significar que cualquier expectativa de integrar la terna quede extinguida y no por algún defecto del candidato. Las personas honestas y de alta calificación técnica no se encuentran ni se compran en los supermercados.

    Por último, para despejar los argumentos de los criticones y mentirosos de siempre, me permitiré aclarar que no soy pariente ni compadre de Edward Irala, como un medio de prensa tan afecto a la mentira acostumbraba a publicar.

    El Consejo de la Magistratura tiene el deber de escoger la mejor terna de candidatos posible para ocupar el cargo de fiscal general del Estado.

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    Publicado por jotaefeb | 12 julio, 2017, 8:12 am
  3. Una operación de prensa que atenta contra el sentido común

    El Grupo Vierci puso a sus periodistas más alineados a instalar cotidianamente la historia de un supuesto “fiscal general a la medida” a ser postulado por el presidente de la República. Se trata de una operación de prensa tendiente a instalar un falso imaginario sobre el proceso de selección de la terna y el debate en el Senado.
    No se podría descartar que en el fondo lo que busca el magnate de los supermercados es instalar él a su vez un fiscal general a su medida.
    La operación mediática de Vierci opera de esta manera: existe un discurso cotidiano en sus más influyentes programas con la idea fuerza: Cartes influirá para la designación del próximo fiscal general. Lo cual es sencillamente lógico porque lo que dice la Constitución es lo siguiente:
    Artículo 267.- De los requisitos
    Para ser fiscal general del Estado se requiere tener nacionalidad paraguaya; haber cumplido treinta y cinco años de edad, poseer título universitario de abogado, haber ejercido efectivamente la profesión o funciones o la magistratura judicial o la cátedra universitaria en materia jurídica durante cinco años cuanto menos, conjunta, separada o sucesivamente. Tiene las mismas incompatibilidades e inmunidades que las establecidas para los magistrados del Poder Judicial.
    Artículo 269.- De la elección y de la duración
    El fiscal general del Estado tiene inamovilidad. Dura cinco años en sus funciones y puede ser reelecto. Es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura.
    Por lo tanto, si el español que hablamos es el mismo que habla el mencionado grupo periodístico estaríamos ante una polémica ridícula, porque lo que dice la Constitución es exactamente lo mismo que critican ácidamente todos los días tales medios como una situación escandalosamente ilegal e ilegítima, en tanto que, legal y legítimamente –por mandato de la Constitución– quien nombra al fiscal general en base a una terna del Consejo de la Magistratura es el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado.
    Sucede que las operaciones de prensa siempre han resultado exitosas en los sectores con menor educación de la población que podrían llegar a creer que la intervención del Presidente en la designación de un fiscal general es un hecho reprobable, en tanto es, en verdad, una actuación perfectamente constitucional.
    Aunque somos un país que no contrasta los antecedentes, vale recordar que en base al mismo procedimiento: nombramiento vía Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado, fueron sucesivamente designados Aníbal Cabrera Verón en 1996, Óscar Germán Latorre en el 2000, Rubén Candia Amarilla en el 2005 y Javier Díaz Verón, el actual fiscal general, escogido por Fernando Lugo en el año 2011.
    Se podría decir, incluso, que el proceso establecido por la Constitución de 1992 es aún más contrastante y menos directo que el procedimiento asumido históricamente en una de las naciones ejemplares en materia de democracia en el mundo: los Estados Unidos, donde el fiscal general es designado directamente por el presidente de los Estados Unidos y ratificado por el Senado.
    Muchas operaciones de prensa se vivirán aún, tratando de instalar verdades “a la medida” en un abierto menosprecio hacia la inteligencia o la formación de los ciudadanos y en una grosera burla hacia el sentido común.
    En este capítulo del culebrón del Grupo Vierci quedará como un hito el esfuerzo sobrehumano por advertir que Horacio Cartes está a punto de nombrar un fiscal general del Estado de su confianza, en tanto que la Constitución dice exactamente eso, que él debe hacerlo en base a la mayor confianza que genere uno de los tres propuestos por el Consejo de la Magistratura.

    http://www.lanacion.com.py/editorial/2017/07/05/una-operacion-de-prensa-que-atenta-contra-el-sentido-comun/

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    Publicado por jotaefeb | 6 julio, 2017, 10:02 am

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