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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

El desafío de elegir a un fiscal general que honre al Paraguay

Aunque pareciera que, en el operativo de copar todos los poderes públicos, el cartismo y sus actuales aliados buscarán ahora la designación de un fiscal general del Estado que sea de su misma línea, que responda a sus intereses y mandatos, se debe insistir en que el cargo sea ocupado por una persona idónea, con intachable trayectotoria, que sepa encarnar la representación de la ciudadanía y defender los intereses del Estado y de la sociedad. Para esta función se han llegado a presentar 103 candidatos, en una proporción récord, aunque ahora el número se redujo un poco más. En la lista hay personas muy capaces y con una valiosa trayectoria de servicio. El desafìo es elegir a alquien pueda honrar al país.
Se espera que en breve, probablemente durante el mes de agosto, el presidente de la República, Horacio Cartes, elija un nombre de una terna preseleccionada por los miembros del Consejo de la Magistratura, y luego lo remita al Congreso para que sus integrantes le otorguen o no la conformidad. De este complejo proceso saldría el próximo fiscal general del Estado, que sustituirá al actual titular del Ministerio Público, Javier Díaz Verón, durando cinco años en su mandato.
Tal como se encuentra actualmente desproporcionado el equilibrio de poderes, lo más probable es que sea elegido alguien que responda totalmente a la línea política del actual jefe de Estado y sus ocasionales aliados, Fernando Lugo y Blas Llano, que coartará aún más la necesaria independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público frente al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Sin embargo, en defensa de los principios de la democracia, hay que insistir en reclamar que el proceso de elección se realice con la debida transparencia y con las mejores garantías, tomando en cuenta para la designación la capacidad y la trayectoria profesional de servicio de los candidatos.
Este año, como nunca antes, llegaron a presentarse 103 candidatos y candidatas, dispuestos a pugnar por el cargo para ser fiscal general. Esta cifra es considerada un verdadero récord, ya que en la anterior elección, en el 2011, cuando resultó electo el actual fiscal Javier Díaz Verón, se presentaron 51 postulantes; en la del 2005 hubo 27 candidatos, y en la del año 2000 hubo 23 candidatos. En la lista actual, en la que finalmente habían quedado 95 candidatos, figuran varias personas muy capaces y con una valiosa trayectoria de servicio.
En esta ocasión, además, se pudo someter a la mayoría de los candidatos a una serie de audiencias públicas en el recinto del Congreso, cuyas sesiones se encuentran grabadas y disponibles al acceso público en el canal de videos YouTube, en internet.
Es decir, en esta ocasión, la ciudadanía cuenta con mayores elementos para conocer muy de cerca del nivel de preparación y de trayectoria de cada aspirante. Por ello mismo, despreciar los mejores perfiles para elegir a quien resulte más funcional a los intereses del actual grupo político que busca acaparar todos los poderes, resultará más fácilmente evidenciable y por tanto puede generar mayor decepción en la población.
Por ello, el gran desafío para quienes tendrán a su cargo definir este proceso en las próximas semanas, será elegir a un fiscal general del Estado que realmente pueda honrar al Paraguay.

http://m.ultimahora.com/el-desafio-elegir-un-fiscal-general-que-honre-al-paraguay-n1094546.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

8 comentarios en “El desafío de elegir a un fiscal general que honre al Paraguay

  1. El inevitable contenido político en la designación de un fiscal general del Estado

    La única verdad incontrovertible de este proceso para la designación del próximo fiscal general del Estado es que hasta el momento ningún sector político ha señalado algún cuestionamiento contra la persona de la agente fiscal Sandra Quiñónez Astigarraga. Nadie la acusó de tener un antecedente laboral de marcada ineficiencia y, por el contrario, todos reconocen su valor, su integridad y su indeclinable lucha contra el secuestro y el terrorismo en nuestro país.

    La designación de un fiscal general del Estado obviamente tiene un matiz político innegable pero eso resulta del mecanismo impuesto por la Constitución: el Consejo de la Magistratura propone la terna, el Presidente de la República tiene la potestad de designar a uno de los ternados y solicitar el acuerdo del Senado, que a su vez puede conceder o rechazar el acuerdo. Luego, cualesquiera que sean los integrantes de ese Consejo, del Presidente de la República o de los miembros del Senado, el procedimiento siempre tendrá un innegable contenido político.

    Personalmente, estoy convencido de que el acuerdo del Senado debe ser concedido a favor de quien en los largos años de su carrera judicial y fiscal, siempre se ha destacado y no precisamente por algún acto de corrupción. De la terna, por idoneidad comprobada, Sandra Quiñónez es definitivamente la que reúne el perfil más adecuado para ser designada como la próxima fiscal general del Estado.

    Lamentablemente, concurren intereses políticos y también personales que aparentemente están incidiendo para que el Senado rechace el acuerdo requerido; algunos por intereses claramente sectarios que se hacen prevalecer por sobre el reclamo ciudadano de mejorar el nivel de funcionamiento y confiabilidad del Ministerio Público como único órgano de persecución penal en los hechos punibles de acción penal pública. En otros sectores, surgen aparentemente los intereses personales que buscan una autoprotección e impunidad ante el peligro de que en la gestión de Sandra Quiñónez puedan surgir evidencias y pruebas incontrastables de la vinculación de algunos miembros del Congreso Nacional y fundamentalmente del Senado, con el narcotráfico y especialmente con el grupo terrorista identificado como Ejército del Pueblo Paraguayo.

    Las respuestas a los interrogantes que algunos amigos han esbozado necesariamente debo evacuarlas con dos preguntas no menos sustanciales: ¿Qué es lo que todos los paraguayos estamos reclamando del Estado en materia de seguridad pública y jurídica? y ¿tenemos interés de acabar con los actos de terrorismo que azotan a muchas familias con los homicidios y secuestros y todos los hechos punibles que permanecen como estadísticas negras o por intereses inconfesables estamos decididos a proteger y consolidar el crecimiento, actividad y desarrollo del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo? Aquí no hay términos medios o luchamos todos juntos contra ese flagelo o en un futuro próximo seremos víctimas de nuestra ligereza, de nuestra complicidad o de nuestra indiferencia para abordar con convicción y fortaleza el problema que hoy nos azota a todos.

    Lamentablemente, muchos políticos nos exponen diariamente al accionar de los grupos mafiosos, de los narcotraficantes, de los limpiavidiros, de los cuidacoches, de lo motochorros, de los policías y funcionarios judiciales corruptos que se constituyen en el peor enemigo de nosotros los ciudadanos y eso poco o nada les importa.

    Diversas organizaciones sociales que representan a víctimas de hechos punibles que golpean a nuestras familias como lo son los robos y secuestros se está pronunciando a favor de Sandra Quiñónez porque comprenden y están convencidos de que sus antecedentes constituyen una luz de esperanza para alcanzar una convivencia ciudadana más segura y un Ministerio Público más confiable.

    Por último, si Sandra Quiñónez fracasa en su gestión, pues que sea removida por un juicio político, que es el mecanismo constitucional para castigar el mal cumplimiento de funciones, la torpeza, ignorancia o la comisión de un delito por parte de quien ejerce tan importante cargo como el de la Fiscalía General del Estado. Ese es el marco constitucional que tenemos y debemos aprender a transitar por el camino que nos señala la Constitución y rechazar cualquier interés torcido que pretenda mantenernos en la situación de que los criminales son protegidos y sus víctimas son prácticamente abandonadas a su suerte, que es lo que hoy está ocurriendo a pesar de las contadas excepciones que tenemos en el sistema de justicia en nuestro país.

    Lo que aquí estoy señalando son cuestiones objetivas que se amparan en la Constitución y lo hago como ciudadano preocupado por lo que lamentablemente estamos sufriendo en este momento todos los paraguayos por la inseguridad pública y jurídica existente y que tienen como causas las deficientes gestiones de los 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, aunque es inevitable reconocer que las mayores flaquezas y debilidades que generan los flagelos de corrupción e impunidad provienen principalmente de la gestión de los 2 últimos poderes citados.

    Para no alargar este comentario, si desean debatir el problema de inseguridad, con mucho gusto trataré de compartir mi experiencia de 39 años de abogado y del honor de ser la tercera de cuatro generaciones de abogados en mi familia. Discutamos y discutiremos en todo lo que la gente quiere conocer y plantear sus discordancias, pero hagámoslo en el marco del respeto que todos nos merecemos.

    Concluiré diciendo que me parece pésimo y cuestionable el proceso de designación de los magistrados judiciales impuesto en la Constitución, pero mientras esa normativa exista y no sea modificada a través de una reforma constitucional, tendremos que seguir sufriendo los males de una justicia que no es independiente y que lamentablemente se somete a las injerencias y presiones de los otros poderes del Estado, principalmente de un soberbio y consuetudinario grupo de violadores de la constitución como lo son algunos miembros de la Cámara de Senadores.

    Dejemos las hipocresías de lado y trabajemos todos juntos para acabar con el EEP y la delincuencia organizada.

    Por Óscar Germán Latorre

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    Publicado por jotaefeb | 26/10/2017, 06:49
  2. Quijote del siglo XXI

    Por Alex Noguera

    Quijote está atrapado en una cárcel de tiempo. El fútbol le gusta. Es una de las pocas pasiones que como buen español logran elevar el nivel de adrenalina de su enjuto cuerpo. Aunque parezca un contrasentido, la tensión de un partido le relaja.

    El último que presenció en vivo fue el de las Eliminatorias para Rusia 2018 y como esos biplanos de la Primera Guerra que caían en barrena heridos de muerte después de alcanzar el cielo, Colombia mordió el polvo de la derrota en 4 minutos de fantástica locura paraguaya. Al autor del empate ya lo conocía de la época en que jugaba por el Benfica, en el país limítrofe con el suyo.

    A Sanabria, autor del tanto de la épica victoria en tierras cafeteras, lo había fichado desde que sentenciara la derrota del Real Madrid, a los 94 minutos, en el mismísimo Bernabéu. Tony, vistiendo la casaca del Betis, rompió una racha de 20 años y con la Albirroja quebró otra inédita en Barranquilla.

    Al menos el fútbol le divierte ya que hoy los molinos son demasiados. Son transnacionales invisibles, cuyas aspas cosechan toneladas de dinero en los sembradíos del infortunio; son líderes que engañan a sus ovejas por una renta; son profetas que mienten con ilusiones; son aberraciones vestidas de tul que violan niños y asesinos que amasan fortunas haciendo la guerra lejos de su hogar, en el tercer o cuarto mundos.

    Su cárcel de tiempo tiene barrotes de leyes, de imposiciones sociales, de restricciones y absurdos, contempla el mundo. Mira y no lo entiende. Ve a las personas convulsionar injusticias que comienzan y acaban con el control remoto del cable. Injusticias reales, mortales, flagrantes, que callan al subir el volumen de la transmisión del televisor.

    Fruto de un amor alocado de cuando las noches vestían de Celestina y los besos de pluma al tintero profanaban el cuerpo inocente con cuentos fantásticos en aquellas infinitas blancas sábanas de papel, nació Quijote allá por el año 1605. Reconocido hijo de Cervantes, la fama le maldijo con la inmortalidad y le permitió navegar las centurias hasta llegar hasta este cuartucho alquilado del Siglo XXI.

    Cuánto añora la libertad de los prados verdes, el lomo gentil de su fiel Rocinante y la vida auténtica que se gastaba en el pasado. Rocinante ya no está, murió de viejo. Su amada Dulcinea tampoco soportó el peso de la edad y cambió la realidad para vivir eternamente en un retrato.

    El que intentó seguirle los pasos fue su inseparable Sancho Panza, a quien la revolución industrial le agradó de sobremanera porque la producción de alimentos era generosa y podía atiborrarse con comida rápida y plástica, que era su perdición. Y literalmente lo fue. Murió de sobrepeso, de sedentarismo, de gaseosas, de sobredosis de televisión y de cáncer de colon.

    Hoy todos mueren de cáncer, pensó. Y quien sortea ese destino de agonía se lleva el premio instantáneo de un fulminante ataque cardíaco, cobrado de un billete de estrés.

    Quijote no comprende bien esto de la democracia. Con la monarquía era más fácil. Y aunque nunca fue muy despabilado en cuestiones de políticas, observa atento los avatares en el Parlamento, donde la falta de quórum se hace costumbre. Mientras, fuera, el carrusel de la vida gira pero no divierte a nadie.

    Nada resulta gracioso. Merced a su longevidad, finalmente logró una pensión, que en realidad no le alcanza, pero es uno de los pocos privilegiados que poseen una. Los demás se desloman trabajando, aportando, para al llegar el final de la vida con las manos vacías.

    A Quijote le interesa bastante el problema del seguro médico. Que sea inmortal no quiere decir que no sienta los rigores del cuerpo. A él no le gusta la palabra achaque. Le suena a viejo y él se siente un joven perdurable.

    El Quijote del Siglo XXI lucha contra nuevos molinos, sin armadura, y con un teclado. Su vereda es la vida y sus ideales los mismos que hace 400 años. El Quijote vive en cada uno de nosotros.

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    Publicado por jotaefeb | 11/10/2017, 16:15
  3. Nada funciona sin justicia

    Un país funciona tan bien o tan mal como su Justicia. Una justicia eficiente, honesta y confiable desincentiva la corrupción pública y el delito privado y, en consecuencia, genera confianza y bienestar en la ciudadanía. En cambio una justicia ineficiente, deshonesta y desprestigiada propicia la corrupción y la delincuencia y deja a los ciudadanos indefensos ante todo tipo de abusos.
    Un país puede sobrellevar un mal Poder Ejecutivo, a condición de que la Justicia funcione correctamente. Hoy mismo tenemos un claro ejemplo de ello: sin la Justicia norteamericana, Trump sería una catástrofe para Estados Unidos y, de paso, para el mundo entero.

    Un país puede afrontar la eventualidad de un mal Poder Legislativo, siempre y cuando la justicia funcione correctamente. Aquí, mucho más cerca, tenemos el caso de Brasil donde los jueces y fiscales están impulsando una limpieza no solo del gobierno, sino también del Parlamento y, por supuesto, de sus aliadas, las empresas coimeras del sector privado.

    Un país puede combatir eficazmente a los grupos armados, a las mafias y a la delincuencia callejera, a condición de que su Justicia funcione correctamente. Siempre existirá el delito pero, cuando la Justicia actúa correctamente, al menos los ciudadanos sienten que los tribunales están para castigar culpables y proteger inocentes y no para facilitar chicanas y amparar delincuentes.

    En contrapartida, ningún país puede sostenerse y prosperar con una mala Justicia, aun si tuviera un buen gobierno y un buen Parlamento; porque son sus fiscales, sus jueces, sus tribunales, sus ministros de la Corte, los encargados de velar por la igualdad ante la ley, de diferenciar los actos legales de los ilegales, de amparar a los inocentes y castigar a los culpables, de proteger la vida y la propiedad de las personas y de garantizar la vigencia de las libertades públicas.

    Si en un país no funciona la Justicia, entonces el Estado comienza a estar ausente, los gobiernos ordenan y mandan demasiado, pero gobiernan y administran muy poco; los parlamentos elaboran leyes que no se cumplen y dejan de representar la voluntad de los ciudadanos.

    Todo ello en el supuesto caso de que Ejecutivo y Legislativo estuvieran integrados mayoritariamente por personas eficientes y honestas, pero eso también es poco menos que imposible si la Justicia no funciona; porque, si la Justicia no hace su trabajo, es demasiado grande la tentación de convertir los cargos y la autoridad, que deberían ser un servicio público y una responsabilidad, en un privilegio personal y en un negocio privado. Ya se sabe que el poder corrompe.

    ¿No les suena todo esto familiar? ¿No se parece demasiado al Paraguay actual? No hace mucho me contaron un chiste que seguramente es injusto con aquellos jueces y fiscales que se toman en serio su trabajo; pero que refleja el estado de opinión de los ciudadanos comunes sobre la Justicia: “En Paraguay todos los delincuentes son inocentes hasta que no queda totalmente demostrado que se les terminó el dinero mal habido”.

    Los integrantes de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura deberían tomar nota de la opinión que al ciudadano promedio le merece la Justicia Paraguaya, de la que esas dos instituciones son las principales responsables. También sería bueno que la Fiscalía de la República se dé por enterada.

    Una última reflexión a modo de ejemplo: los estudiantes de ¡UNA, no te calles!, dos años atrás, hicieron lo que había que hacer para logar un cambio que consistía básicamente en mejor enseñanza y menos robo. Había pruebas más que suficientes de malversación, nepotismo, destrucción de archivos y falsedad documental.

    Sin embargo, la Justicia paraguaya, sin la menor vergüenza, decidió no respaldar los derechos de las víctimas, los estudiantes; sino proteger la impunidad de los victimarios, las autoridades académicas. Así que no solo no se castigaron delitos evidentes; sino que, además, la necesaria reforma de una de las peores universidades del mundo quedó en la nada… Hay días que envidio mucho al Brasil y a su Justicia, que no duda en acusar y no vacila en procesar ni a los más poderosos. ¡Esos sí que son Fiscales. Esos sí que de verdad son Magistrados!

    Por Rolando Niella

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/nada-funciona-sin-justicia-1638702.html

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    Publicado por jotaefeb | 11/10/2017, 16:14
  4. La terna para fiscal general

    Por Óscar Germán Latorre

    En recientes declaraciones a un medio de prensa, el senador Arnaldo Giuzzio manifestó que, si el Presidente de la República remite al Senado la designación del nuevo fiscal general del Estado, sería conveniente dilatar el estudio para el próximo mandato constitucional.

    Esas declaraciones se suman a las emitidas por la senadora Desirée Masi, quien anunciaba que el Senado rechazará la designación realizada por el Presidente de la República y enviará nuevamente los antecedentes al Consejo para la integración de una nueva terna de candidatos.

    Ambos criterios resultan sencillamente barrabasadas que vienen cargadas exclusivamente de intereses políticos sectarios y que para nada se compadecen del régimen jurídico constitucional vigente.

    En primer lugar, el senador Giuzzio parece olvidar que la Constitución Nacional establece claramente que el periodo de 5 años del fiscal general del Estado comienza a correr con su designación y que no es coincidente con el mandato presidencial. La norma busca precisamente separar ambos mandatos a fin de evitar que cada presidente de la República pueda gobernar con el fiscal general por él elegido. Luego, las declaraciones del senador Giuzzio han sido absolutamente ligeras y desafortunadas.

    En cuanto a la posibilidad de que el Senado rechace la designación realizada por el Presidente de la República y devuelva la terna de candidatos al Consejo de la Magistratura, constituye un acto de soberbia y absoluto desprecio por el orden constitucional al que ya nos tienen acostumbrados algunos senadores. Como sus bravuconadas nunca recibieron sanción, es casi natural que reincidan en esos actos en el que la usurpación de funciones que corresponden a otros órganos se ha vuelto una práctica constante.

    El art. 269 de la Constitución dispone: “El Fiscal General del Estado… Es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura”.

    No cabe duda cuál es la función que compete a cada órgano del Estado en la designación de un fiscal general del Estado. En este caso específico, corresponde al Consejo de la Magistratura la atribución de integrar la terna de candidatos a ser propuesta al presidente de la República y esa potestad es exclusiva y excluyente. Ningún otro órgano puede asumir esa función.

    Corresponde al Consejo de la Magistratura integrar las ternas, al presidente de la República designar como fiscal general a uno de los ternados y al Senado otorgar el acuerdo respectivo. Pero como la competencia del Consejo de la Magistratura para integrar la terna es excluyente, la terna que fuere remitida resulta vinculante tanto para el presidente de la República como para la Cámara de Senadores. Expuesto en otros términos, la Cámara puede denegar el acuerdo a la designación en dos ocasiones consecutivas, pero inevitablemente deberá aceptar la tercera de la terna elaborada por el Consejo.

    La idea de rechazar la designación del fiscal general del Estado y de remitir nuevamente al Consejo de la Magistratura para integrar nuevamente la terna resulta sencillamente un despropósito. Tanto es así que, ante ese rechazo, el Consejo de la Magistratura puede válidamente ratificar la terna anterior y remitirla nuevamente al Presidente de la República.

    El Consejo de la Magistratura forma parte del capítulo del Poder Judicial, de modo que no está por encima ni por debajo del Senado ni del presidente de la República. Esa práctica senatorial violatoria de la Constitución debe ser erradicada definitivamente, evitando que nuevos abusos de poder se sigan perpetrando descaradamente so pretexto de la defensa de la Constitución.

    Al senador Giuzzio y a algunos de sus colegas poco les importa que la actual indefinición sobre quién ocupará la titularidad del Ministerio Público en los próximos 5 años está causando graves perjuicios al funcionamiento de la institución. Este es el tiempo en que no se formulan requerimientos en temas que interesan a toda la sociedad y hasta no sería exagerado afirmar que muchos funcionarios y agentes fiscales se encuentran especulando sobre esa designación. Es decir, que es impensable y causaría un perjuicio irreparable al sistema de justicia caer en el perverso juego de que los intereses políticos prevalezcan sobre la necesidad de que el Estado dé una respuesta oportuna, eficaz y eficiente con relación a la futura dirección del órgano de persecución penal.

    Dejando de lado las oportunistas y mediáticas quejas de algunas asociaciones de abogados o de letrados que buscan posicionarse políticamente antes que buscar un mejoramiento del Ministerio Público, la única verdad jurídica es que el Consejo de la Magistratura ha integrado una terna que es la que delimitará el poder discrecional del Presidente de la República como de la Cámara de Senadores. Hoy la terna está integrada por el Dr. Javier Díaz Verón y las agentes fiscales Victoria Acuña y Sandra Quiñónez. Los tres conocen el funcionamiento interno de la institución, sus fortalezas y sus debilidades.

    Si lo que se busca es recurrir a la experiencia adquirida en los pasados 5 años y continuar por el mismo sendero que ha venido transitando el Ministerio Público, sin duda quien debería ser designado es el actual fiscal general del Estado. Si lo que se pretende es potenciar la Unidad de Delitos Económicos, la candidata ideal sería Victoria Acuña y si lo que se pretende es mejorar la eficacia persecutoria contra los hechos de terrorismo practicados por el EPP, los resultados y estadísticas de Sandra Quiñónez resultan sumamente admirables.

    Como se ve, la terna presenta candidatos para todos los gustos, pero más allá de que nos satisfaga o no esa integración, la verdad es que el único órgano que tiene la potestad constitucional para integrar esa terna es el Consejo de la Magistratura, que ya ha tomado su decisión.

    Es de esperar que en los próximos días no tengamos nuevos “defensores de la Constitución” que con sus falacias engañan a la opinión pública y quebrantan el Estado de derecho. La ciudadanía se merece un órgano de persecución penal eficiente y que ofrezca garantías a todos los ciudadanos de que los crímenes no quedaran impunes y que la sensación de inseguridad dejará de ser una pesadilla para todos.

    Al terminar este comentario, los medios de prensa informaban que el Presidente de la República designó a la abogada Sandra Quiñónez y pidió el acuerdo del Senado. Obviamente, se ha puesto énfasis en la necesidad de potenciar y mejorar la lucha contra el EPP y acabar con algunas prácticas que poco favor hacen a la imagen institucional del Ministerio Público. Solo es de esperar que el Senado cumpla con sus deberes y que las amenazas que han venido profiriéndose en forma reiterada no pasen de constituir declaraciones mediáticas que no serán instrumentadas por respeto a la Constitución.

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    Publicado por jotaefeb | 11/10/2017, 16:13
  5. La gran farsa de la elección de fiscal general

    Desde el 28 de agosto pasado, el presidente Horacio Cartes dispone de la terna de candidatos para fiscal general del Estado conformada en el Consejo de la Magistratura, situación que le fue notificada formalmente en esa fecha, sin que se pronunciara hasta hoy.

    La conformación de la terna se realizó siguiendo una supuesta selección de aspirantes con base en los méritos y aptitudes, que, en este caso, fue con la mayor lista de inscriptos para concursar (93) que tuvo el país hasta ahora. Como se recordará, al final de ese proceso, el Consejo incluyó un “test de personalidad, integridad y capacidad” que, al parecer, fue el “instrumento” que determinó la suerte de las candidaturas de forma definitiva e irreversible, confirmando la impresión de que todos los trámites anteriores fueron pura y vana formalidad, hojarasca para cubrir la decisión establecida de antemano por el “gran elector”, o sea, el Presidente de la República, sórdida finalidad a la que sirvió el imprevisto test.

    La terna resultante de ese proceso quedó integrada por Javier Díaz Verón –actual titular del Ministerio Público y preferido de Horacio Cartes, según aseguran sus allegados y las apariencias indican–, Victoria Acuña y Sandra Quiñónez, que ocupan el segundo y tercer lugar en la lista de preferencias.

    Como el hedor a trampa se escapaba por todas las rendijas de la cocina del Consejo de la Magistratura, algunas personas que se consideraron víctimas de una sucia maniobra, así como el Colegio de Abogados y la Coordinadora de Abogados, recurrieron a la justicia para que, con una orden judicial, se dieran a la luz pública el contenido y el régimen de evaluación empleado en el famoso test, a fin de averiguar cuáles fueron realmente los elementos de juicio empleados para escoger a los ternados, si es que hubo algún otro que no fuese la lista que Cartes les remitió.

    El presidente del colegiado interpelado contestó a la jueza que atendió y dio trámite a la acción de amparo que “se entregarán los informes solicitados”, mas, esta declaración resultó ser apenas otra maniobra de elusión, porque entonces comenzó a moverse la maquinaria de las chicanas. Así, cuando el titular del Consejo remitió un papel al juzgado, resultó que se trataba solamente de una referencia a dos de los cinco puntos informativos que el juzgado le había reclamado. Y aquí se produce el final de la farsa –que sería cosa de causar risa si no fuese por la importancia del asunto–: la misma jueza –Karen González Orrego– decidió declarar inoficioso al mismo amparo que ya estaba tramitando y, además, tuvo por justificada la omisión deliberada cometida por el presidente del Consejo de la Magistratura –Osvaldo González Ferreira– al no remitir todos los informes que le fueron exigidos, bajo la ridícula excusa de que dar a conocimiento público lo referente a los test psicotécnicos “podría menoscabar el ámbito de intimidad de los postulantes”, y que la Constitución protege este derecho en su artículo tal, y el bla-bla-bla conocido que suele seguir a estas peroratas seudojurídicas.

    Según dice esta magistrada, en los test se preguntó acerca de asuntos pertenecientes al ámbito íntimo y reservado de los aspirantes, como ser aspectos del comportamiento, sentimientos, opiniones, orientación política y cultural, estabilidad emocional, agresividad, lealtad, independencia “y muchas otras cosas que no vinculan directa y concretamente con el perfil del cargo en concurso”.

    Es difícil calificar el tamaño del disparate de este pretexto para ocultar los famosos test. Hay que insistir en esto: si no fuese porque lo que se pone en juego en este caso es de suma importancia para el país, sería cosa de sentarse a reír a carcajadas. ¿Cómo es que “cosas que no vinculan directa y concretamente con el perfil del cargo en concurso” son incluidas en un proceso de selección de candidatos para el cargo de nada menos que titular del Ministerio Público? Si no se vinculan, ¿para qué averiguarlas?

    ¿Para qué se indagan aspectos de la personalidad de un candidato a cargo público si después esa información no va a servir para nada, ni para hacerlo en alguna forma responsable por los actos ilícitos o irregulares que cometa en un eventual caso de conducta reprochable?

    Ese test psicotécnico del que en su momento se ufanaron los miembros del Consejo de la Magistratura, pretendiendo hacer creer que se trataba de la octava maravilla del procedimiento para asegurar la máxima garantía (y, de paso, mintiendo descaradamente sobre la jurada transparencia de los trámites que se cuidarían de mantener), resultó que, si se lo mira detenidamente, también fue una exigencia violatoria del Art. 33 de la Constitución, que establece el derecho a la intimidad, sencillamente porque ningún organismo estatal tiene el derecho a formular preguntas personales, íntimas y que nada tienen que ver con las aptitudes que se exigen a los postulantes a un cargo público.

    Si se nos permite una inferencia clara y sincera, que se deriva, con estricta lógica, de todo lo relatado y analizado hasta aquí: el tal test psicotécnico inventado por el Consejo de la Magistratura no fue otra cosa que la herramienta de remache de la grosera manganeta que preparaban y que constituyó la brecha que especialmente se dejó abierta para poder satisfacer las preferencias del presidente Horacio Cartes; o para cumplir perrunamente sus órdenes.

    Con esta negativa a dar a conocer los informes ocultos, los miembros del Consejo de la Magistratura alcanzan el cenit de su desprestigio público, y el organismo que integran se hunde más profundamente en la estimación general.

    En este momento, el presidente Horacio Cartes está demorando la forzosa decisión que debe asumir enviando al Congreso el nombre del ternado que escoge para fiscal general del Estado. Es evidente que lo hace adrede, pero ¿por qué? Las tres personas ternadas tienen su complacencia; o, al menos, subieron los peldaños con su consentimiento. ¿Teme que una mayoría del Congreso vete a su candidato? Pero si este es Díaz Verón, como puede apostarse, si lo rechazan en el Congreso, simplemente permanecerá en el cargo que ya posee por el método de la reconducción tácita.

    Las inicuas maniobras de ocultamiento perpetradas por el Consejo de la Magistratura y consentidas por la jueza González Orrego violan la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, y el art. 28 de la Constitución, que dispone que “Las fuentes públicas de información son libres para todos”.

    El pueblo tiene el derecho de conocer los méritos y las aptitudes de quienes aspiran a representarlo ante los órganos jurisdiccionales. Las organizaciones de abogados deben convertirse en sus férreos mandatarios de hecho, exigiendo que el Consejo de la Magistratura revele lo que se empeña en esconder. Se impone, pues, que perseveren para que no se salgan con la suya quienes se burlan miserablemente de la ciudadanía en general y de los profesionales del Derecho en particular.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-gran-farsa-de-la-eleccion-de-fiscal-general-1637560.html

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    Publicado por jotaefeb | 11/10/2017, 16:13
  6. Inentendibles decisiones

    La semana que pasó dejó en el tintero dos situaciones bastantes llamativas que afectaron a fiscales de unidades especializadas, producto de decisiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de la Corte Suprema de Justicia.
    Específicamente el pasado martes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados revocó su propia sentencia y favoreció al fiscal antidrogas Ysaac Ferreira, que de removido del cargo pasó a solo ser apercibido.

    Casi al mismo tiempo se conocía que la Corte Suprema de Justicia no confirmó en el cargo al fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez.

    Vayamos al tema de Ferreira. Este fiscal fue removido de su cargo el pasado 11 de octubre por un ajustado número de cinco votos contra tres.

    La decisión generó críticas porque el hecho que se le atribuía al agente fiscal databa del año 2008, cuando aún Ferreira estaba en la jurisdicción de Villa Hayes.

    La reacción fue tal que el Jurado no remitió la decisión a la Corte para que la confirme a los efectos administrativos.

    Cuando parecía que todo iba a quedar en el freezer, la remoción fue comunicada a la Corte Suprema el pasado 31 de mayo. Con esto Ferreira quedaba con un pie fuera del Ministerio Público.

    Esto desató la protesta no solo de la unidad antidrogas sino también del mismo fiscal general del Estado y una tibia reacción de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay.

    Javier Díaz Verón fue más allá y aludió que la sentencia coincidía con el momento en el cual Ferreira estaba realizando trabajos de importancia contra el narcotráfico.

    En ese ambiente de mucha crispación hacia el Jurado, el miembro Cristian Kriskovich planteó el cambio de su voto de remoción, con un argumento poco convincente, como por ejemplo el hecho de que desconocía que Ferreira es un fiscal antidrogas.

    Sin embargo, esta propuesta servía para descomprimir el ambiente crítico al Jurado y su moción de cambio de voto, que tuvo el acompañamiento de los miembros Jorge Oviedo Matto y Adrián Salas, logró el consenso de todos los integrantes del Jurado.

    El historial de este fallo deja a la reflexión que hubo factores externos que impulsaron una sentencia convicción.

    Casi poco después de que se difundía esta noticia se conocía que la Corte Suprema de Justicia, en sesión plenaria, decidía no confirmar a Piñánez por voto unánime.

    La información sorprendió debido a que Piñánez es bien visto por su trabajo y no tiene antecedentes de prestarse a arreglos.

    Pero en su reemplazo también nombraron a una profesional muy capaz como lo es Patricia Sánchez, antigua funcionaria del Ministerio Público y actualmente directora jurídica de la Fiscalía.

    La información era un secreto a voces en el Poder Judicial y en la Fiscalía.

    A partir de allí se especularon muchas cosas, como por ejemplo que el motivo de la no confirmación de Piñánez era porque el mismo había imputado al ministro Sindulfo Blanco. Pero esto no pasaba de la especulación.

    El mismo Piñánez reconoció que tenía información de que no lo confirmaron en el cargo.

    Pero esta decisión de la plenaria del máximo tribunal no se confirmó debido a que no se firmó el acta de la sesión de ese día. Esto además causó molestia entre los mismos ministros que tomaron una decisión y que desconocían el motivo por el cual no la plasmaron en un documento.

    Estas decisiones del Jurado y de la Corte en realidad constituyen un manoseo a los tres fiscales afectados. Además revela que no había certeza en lo que ellos mismos resolvieron, lo cual resulta inaceptable en la toma de decisiones en ese nivel.

    Tanto el Jurado como la Corte a la hora de resolver deben tener una firme convicción de que no solo no deje dudas en el campo jurídico, sino que debe ir de la mano con lo que precisa una Justicia para levantar este manto de impunidad que cubre al país.

    Es más, las sentencias del Jurado no pueden dejar ningún tipo de dudas porque afectan el andamiaje judicial y por ende al ciudadano que busca un amparo en la Justicia. En cuanto a las ternas, estas deben dejar de ser un desgaste innecesario para el candidato y simplemente se debe elegir al o a la postulante mejor perfilado /a para el cargo en concurso.

    Por Osvaldo Cáceres Encina

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/judicial/inentendibles-decisiones-1611462.html

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    Publicado por jotaefeb | 12/07/2017, 08:34
  7. Escojamos al mejor candidato para fiscal general del Estado

    Por Óscar Germán Latorre

    Las audiencias públicas de los postulantes al cargo de fiscal general del Estado han concluido y, una vez realizados los test psicotécnicos, el Consejo de la Magistratura iniciará la tarea de filtrar la lista. No existe mecanismo conocido que nos permita medir la honorabilidad y la integridad de los candidatos, aunque sus antecedentes profesionales y personales son un elemento tanto o más importante que la supuesta capacidad técnica. Doy por descontado que los currículum vitae de algunos incluyen certificados de todos los cursos de derecho que podríamos imaginar y, en algunos casos, hasta podríamos encontrarnos con la llamativa circunstancia de que dos o más certificados hacen relación a cursos desarrollados al mismo tiempo pero en distintos lugares.

    En el Paraguay nos conocemos todos y más aún aquellos que hemos optado por el ejercicio de la profesión de abogado o de algún cargo en el Poder Judicial. Los viejos abogados como lo soy yo posiblemente no necesitemos de entrevistas personales para mantener o excluir varias de esas candidaturas en la carrera para acceder al cargo de titular del Ministerio Público. En la lista de postulantes encontramos de todo, desde ineptos kamikazes, pasando por grandes corruptos y también por abogados y representantes del Ministerio Público de muy alta calificación en materia de derecho y con amplio conocimiento de las fortalezas y debilidades de un maltrecho e ineficiente representante de la sociedad.

    Dentro de esa idea, hablar de las capacidades de “Jose’i” González Macchi, Sandra Quiñónez, Roció Vallejo, Victoria Acuña (la lista publicada en la web es incompleta), por dar solo algunos nombres, resultaría casi un imperdonable atrevimiento porque ellos han escrito su propia historia personal y profesional que muchos conocemos y reconocemos.

    Desde luego no voy a hablar de personas conocidas, sino que dedicaré unas líneas a un candidato que pocos recuerdan, pero que eso no le resta mérito alguno ni menoscaba sus innegables virtudes personales y técnicas.

    Concretamente, conocí a Edward Irala Rivas al poco de comenzar mi carrera universitaria, cuando concurrió a mi casa para presentar su candidatura a la Presidencia del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. A pesar de que nuestros padres eran muy amigos, como yo no era gremialista ni activista político, en aquella ocasión, poca o ninguna atención le dispensé a sus propuestas.

    Pero varios años más tarde nos encontramos nuevamente cuando me designaron miembro del Tribunal de Apelación de Encarnación, siendo Edward Irala juez del Crimen en dicha ciudad. Habían pasado 12 años desde nuestro primer encuentro y el escenario de trabajo de ambos nos obligaba a desarrollar otro nivel de conversaciones ante los innumerables problemas de corrupción e ineficiencia judicial que en ese entonces afectaban el sistema de justicia en el departamento de Itapúa.

    Conocí a su fantástica familia, a su admirable esposa y a sus maravillosas cinco hijas que hoy ya son todas abogadas. Los Irala se convirtieron en nuestra propia familia con la que compartíamos nuestro trabajo y también nuestros sueños en el escaso tiempo libre.

    Esos detalles personales y familiares, de una familia estable, unida y comprometida plenamente con el deseo de Edward de dedicarse por completo al sistema de justicia, son relevantes, pues proyectan la verdad de cada persona en los distintos escenarios en que le toca desempeñarse.

    A los pocos días de mi llegada a Encarnación, se destapó el escándalo de los juicio fraudulentos de adopción internacional que afectaban a algunos magistrados y funcionarios judiciales y desde ese entonces Edward Irala me demostró que su único patrón de conducta eran la integridad y su deseo de sanear una circunscripción judicial cargada de potencialidades y que poco tiempo después se convirtió en la mejor circunscripción judicial de la República. Fue con Edward Irala con quien iniciamos la incorporación de sistemas informáticos en el Tribunal de Encarnación; fue así como adquirimos las tres primeras computadoras e impresoras que causaron una verdadera revolución entre magistrados, funcionarios y abogados. En menos de un año, el 95% de los jueces contaban con sus propias computadoras y los funcionarios judiciales no se quedaron atrás. Encarnación fue, por lejos, una administración de justicia a ser imitada por todas las demás, incluyendo la capital.

    Los años pasaron, Edward Irala continúo como miembro del Tribunal por unos años más y yo me dediqué al ejercicio de la profesión de abogado en Asunción.

    Cuando en el año 2000 me designaron fiscal general del Estado, mi primer acto fue tomar el teléfono para invitar a dos personas de comprobada integridad para que me acompañen en tan difícil tarea. Llamé a mí querida compañera de facultad María Soledad Machuca Vidal y, por supuesto, a Edward Irala, quien por ese entonces ocupaba un tranquilo y muy bien remunerado cargo en la Entidad Binacional Yacyretá. Las respuestas de ambos fueron similares, ambos sacaron el boleto para subirse al barco y tratar de desarrollar y consolidar al nuevo Ministerio Público acorde con las funciones que le eran impuestas por la Constitución, el Código Procesal Penal y su Ley Orgánica. Hasta hoy en día, Edward Irala me reprocha que no solo dejó un trabajo tranquilo, que pasó a percibir menos de un tercio de la remuneración que recibía en la binacional y, además, que le había designado como encargado de organizar y sacar adelante las fiscalías en cinco departamentos de la República, incluyendo las nunca bien ponderadas de Alto Paraná y Canindeyú.

    Edward Irala vivía dedicado por completo a su trabajo de magistrado, sin descuidar su formación técnica que nadie puede poner en duda. Él, posiblemente como ningún otro, conoce las fortalezas, los talentos, las flaquezas y las debilidades del Ministerio Público. Y a pesar de que mi trabajo profesional se limita casi en exclusividad a Asunción, en las conversaciones que hemos mantenido durante estos años sobre los problemas del Ministerio Público y el sistema de justicia en general, siempre quedé con el convencimiento de que todos los males que afectaban al sistema de justicia en Asunción y otras circunscripciones habían obtenido respuestas reparadoras, por los menos desde la Fiscalía Adjunta y los fiscales designados para cumplir funciones en ese departamento.

    Hoy, Edward Irala tiene 17 años como fiscal adjunto y unos 27 años dedicados a la enseñanza del derecho en distintas universidades que a la fecha existen en el departamento de Itapúa. Conoce de derecho penal y, fundamentalmente, tiene bien en claro el camino que debe transitarse para levantar una institución que ha perdido gran parte de su credibilidad como órgano de persecución penal en representación de la sociedad.

    Posiblemente, lo que estoy escribiendo desatará el enojo de mi viejo amigo, pero me sentía obligado a escribir estas palabras como ciudadano y como abogado. Peor aún, lo que estoy escribiendo puede significar que cualquier expectativa de integrar la terna quede extinguida y no por algún defecto del candidato. Las personas honestas y de alta calificación técnica no se encuentran ni se compran en los supermercados.

    Por último, para despejar los argumentos de los criticones y mentirosos de siempre, me permitiré aclarar que no soy pariente ni compadre de Edward Irala, como un medio de prensa tan afecto a la mentira acostumbraba a publicar.

    El Consejo de la Magistratura tiene el deber de escoger la mejor terna de candidatos posible para ocupar el cargo de fiscal general del Estado.

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    Publicado por jotaefeb | 12/07/2017, 08:12
  8. Una operación de prensa que atenta contra el sentido común

    El Grupo Vierci puso a sus periodistas más alineados a instalar cotidianamente la historia de un supuesto “fiscal general a la medida” a ser postulado por el presidente de la República. Se trata de una operación de prensa tendiente a instalar un falso imaginario sobre el proceso de selección de la terna y el debate en el Senado.
    No se podría descartar que en el fondo lo que busca el magnate de los supermercados es instalar él a su vez un fiscal general a su medida.
    La operación mediática de Vierci opera de esta manera: existe un discurso cotidiano en sus más influyentes programas con la idea fuerza: Cartes influirá para la designación del próximo fiscal general. Lo cual es sencillamente lógico porque lo que dice la Constitución es lo siguiente:
    Artículo 267.- De los requisitos
    Para ser fiscal general del Estado se requiere tener nacionalidad paraguaya; haber cumplido treinta y cinco años de edad, poseer título universitario de abogado, haber ejercido efectivamente la profesión o funciones o la magistratura judicial o la cátedra universitaria en materia jurídica durante cinco años cuanto menos, conjunta, separada o sucesivamente. Tiene las mismas incompatibilidades e inmunidades que las establecidas para los magistrados del Poder Judicial.
    Artículo 269.- De la elección y de la duración
    El fiscal general del Estado tiene inamovilidad. Dura cinco años en sus funciones y puede ser reelecto. Es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura.
    Por lo tanto, si el español que hablamos es el mismo que habla el mencionado grupo periodístico estaríamos ante una polémica ridícula, porque lo que dice la Constitución es exactamente lo mismo que critican ácidamente todos los días tales medios como una situación escandalosamente ilegal e ilegítima, en tanto que, legal y legítimamente –por mandato de la Constitución– quien nombra al fiscal general en base a una terna del Consejo de la Magistratura es el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado.
    Sucede que las operaciones de prensa siempre han resultado exitosas en los sectores con menor educación de la población que podrían llegar a creer que la intervención del Presidente en la designación de un fiscal general es un hecho reprobable, en tanto es, en verdad, una actuación perfectamente constitucional.
    Aunque somos un país que no contrasta los antecedentes, vale recordar que en base al mismo procedimiento: nombramiento vía Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado, fueron sucesivamente designados Aníbal Cabrera Verón en 1996, Óscar Germán Latorre en el 2000, Rubén Candia Amarilla en el 2005 y Javier Díaz Verón, el actual fiscal general, escogido por Fernando Lugo en el año 2011.
    Se podría decir, incluso, que el proceso establecido por la Constitución de 1992 es aún más contrastante y menos directo que el procedimiento asumido históricamente en una de las naciones ejemplares en materia de democracia en el mundo: los Estados Unidos, donde el fiscal general es designado directamente por el presidente de los Estados Unidos y ratificado por el Senado.
    Muchas operaciones de prensa se vivirán aún, tratando de instalar verdades “a la medida” en un abierto menosprecio hacia la inteligencia o la formación de los ciudadanos y en una grosera burla hacia el sentido común.
    En este capítulo del culebrón del Grupo Vierci quedará como un hito el esfuerzo sobrehumano por advertir que Horacio Cartes está a punto de nombrar un fiscal general del Estado de su confianza, en tanto que la Constitución dice exactamente eso, que él debe hacerlo en base a la mayor confianza que genere uno de los tres propuestos por el Consejo de la Magistratura.

    http://www.lanacion.com.py/editorial/2017/07/05/una-operacion-de-prensa-que-atenta-contra-el-sentido-comun/

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    Publicado por jotaefeb | 06/07/2017, 10:02

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Escuchas publicas

El tema que tiene que ver con este escándalo de las escuchas telefónicas que envuelve el tráfico de influencias, que todos presumiamos que existía de manera clara pero nunca de manera tan desembozada y tan elocuente, como el que hemos tenido la oportunidad de poder comprobarlo. Lo que queda ahora es corregir lo que está mal y eso significa que el Congreso debería suspender a González Daher, en sus funciones como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y hacer un planteo severo en torno a la continuidad de esta institución, además de eso tendríamos que escuchar de manera mucho más valiente y objetiva las denuncias de fiscales y de jueces en torno a este tráfico de influencias, denunciando en los casos en los que habían sido sometido a una situación similar, haciendo que la justicia vuelva a ser creíble, y por sobre todo previsible de este país, que tiene una gran deuda con la sociedad en ese campo. Si la sociedad define la democracia como el estado de derecho, es evidente cuando vemos que ella es sujeta de las manipulaciones, tergiversaciones, chantajes y extorsiones, más claras que las que hemos podido comprobar en las últimas horas, nadie puede estar seguro en este país, y es el tiempo de corregir aquello que está mal y ademas de eso se tiene la oportunidad este domingo de castigar aquellos que se han apartado de lo que se espera debería ser la democracia, es el tiempo de los ciudadanos y en ese sentido nos queda ajustar cuentas con aquellos que se han apartado de manera clara y elocuente del mandato que recibieron de parte de nosotros, sus mandantes. (BFB)

Empresas del Estado

Uno de los grandes desafíos que tenemos en el país es indudablemente el encontrar un modelo económico que nos permita centrar la labor del Estado en lo que le corresponde realizar, cuando vemos mucho de las empresas públicas y especialmente en este verano, en que volveremos a padecer las consecuencias de una empresa monopólica como la ANDE, que no puede garantizar un buen servicio, por diferentes razones, se quejaron este año, porque las tarifas estaban fuera del rango que debieran, se incrementaron  esos números, pero no se mejoró el servicio, ahora aparece el argumento de que vienen de varios años de desfinanciamiento y que por lo tanto llevará todavía una buena cantidad de tiempo, ponerse a la altura y exigencias de la demanda de la gente. Pero si vemos también hay otras empresas públicas como el caso de la INC, que compra una nueva planta para procesar clinker y que ha tenido más de cien fallas, en un período de prueba y que podría ser otro gran elefante blanco, adquirido por el estado a las costas de cada uno de los contribuyentes, vemos de que hay algo mucho más profundo y grave en todo esto, el Estado no sabe hacer bien estas cosas y cada vez nos cuesta mucho más mantener a un personal ocioso y además de todo eso manipulado en tiempos electorales para que voten por que se sigan siendo manteniendo las cosas hasta ahora, nos cuestan mucho las empresas monopólicas del Estado, pero por sobre todo no vemos un rol del estado propiamente, incluso en aquellos sectores en donde debería actuar como elemento regulador del mercado. En definitiva tenemos dificultades filosóficas, administrativas y de gestión. (BFB)

A platazo

Es evidente que las campañas sacan lo mejor y lo peor de las personas, algunos demuestran cual es su verdadera concepción con respecto al poder, que es lo que entienden con respecto al de la prensa, a las encuestas, al twitter. La expresión del presidente Cartes de acusar de muchos de los males del país a los periodistas y especialmente aquellos que son críticos a su gobierno, y afirmar en términos bastantes soeces a la labor que cumplen algunos es una demostración de pobreza de espíritu que dominan a varias personas en estas elecciones. También ha sido noticia el hijo de la dip. Perla de Vazquez, exhibiendo dólares sobre una mesa dispuesto a comprar la voluntad de los votantes santanianos en el dia de los comicios, otras expresiones más se dieron en el transcurso de esto que casi siempre rodea a la práctica electoral y que demuestra, reitero, nuestra pobreza cívica, nuestra pobreza moral y nuestra pobreza argumentativa, no somos un país en el que estamos acostumbrados a debatir sus diferencias y a plantear propuestas, somos más bien personas que responden con insultos y agravios, cualquier afirmación que no sea la que uno comparte o tiene como argumento central. En definitiva las cuestiones electorales han vuelto a mostrar lo peor y pocos casos de lo mejor de nuestra sociedad, y varios de los temores que son permanentes en la vida política nacional, la posibilidad de comprar las voluntades de los votantes o de torcer las voluntades de los trabajadores del sector público, que más de 300mil de ellos, casi siempre son carne de cañón en los procesos electorales.   (BFB)

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