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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Embaucarán a inversionistas de Hard Rock

El 24 de febrero de 2015, la Junta Municipal de Ciudad del Este dictó una ordenanza “mau” por la que un inmueble del dominio público del Estado fue declarado “como área para el desarrollo de un polo turístico con hotel y casino de una reconocida cadena internacional, centro de exposiciones, así como áreas gastronómicas y áreas verdes (sic)”. El predio de casi doce hectáreas de extensión, valuado en unos 185 millones de dólares, se halla justo en la cabecera del Puente de la Amistad y pertenece a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

La mencionada “resolución” municipal, promulgada por la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, dio formal inicio a una serie de actuaciones nulas en las que intervinieron la entidad portuaria estatal, el Poder Ejecutivo y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Ellas culminaron con el Decreto N° 6865 del 3 de marzo de 2017, que aprobó un “proyecto turístico y de inversiones” a ser realizado en el mencionado terreno, así como el pliego de bases y condiciones y la convocatoria a una licitación pública para otorgar una concesión por el término de treinta años.

La “ordenanza” municipal sirvió de burdo pretexto para violar el art. 19 de la Ley Orgánica de la ANNP, que impide al Directorio de la ANNP comprometer los intereses de dicha entidad en operaciones comerciales, industriales o financieras ajenas a su objeto. Desde luego que, como bien señala el procurador general de la República, Roberto Moreno, “la Municipalidad no puede ordenar a la ANNP lo que tiene que hacer con sus inmuebles”. Si tuviera esa facultad, la de Asunción bien podría destinar el área donde se encuentra el Palacio de López al “desarrollo de un polo turístico, con hotel y casino…” y disponer, en consecuencia, que la Presidencia de la República se traslade a otro sitio.

Tamaño absurdo no puede estar amparado por la Ley Orgánica Municipal (LOM), como de hecho no lo está la aberrante disposición de los ediles de Ciudad del Este, apoyada por la jefa comunal, para tratar inútilmente de convalidar un inmundo negociado que empezó a fraguarse dos años antes, cuando el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, y el gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, cuñado de la intendenta, se entrevistaron en Israel con el empresario venezolano-israelí Simón Falic. Por consiguiente, el llamado a licitación pública que se realice será tan ilegal como si el Presidente de la República lo hubiera autorizado sin ninguna ordenanza de por medio, porque mientras no sea desafectado en virtud de una ley, de ninguna manera el inmueble en cuestión puede ser otorgado en concesión para que allí se realicen actividades ajenas a los fines de la ANNP. El procurador general de la República lo sabe, y por eso mismo sugirió la rescisión de un contrato firmado en 2013 entre la ANNP y la firma Suisse Investment, con relación al mismo inmueble. Es obvio que la Municipalidad de Ciudad del Este no puede obligar al Congreso a sancionar una ley en tal sentido, por más que los concejales y la jefa comunal hayan querido preparar el terreno para que el clan Zacarías Irún concrete una operación ilícita, con la evidente complicidad del Poder Ejecutivo. La maniobra concebida por quienes tramaron este apestoso asunto no puede engañar a nadie, por lo que los concejales colorados del periodo 2010-2015 Nery Jara, Gustavo Ruiz Díaz, Celso Morel, Isaías Álvarez, Aída Molinas, Alberto Núñez y Juan Ángel Núñez, que aprobaron la disparatada ordenanza, así como la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, tienen muchas explicaciones que dar sobre su participación en el proyectado despojo. Por de pronto, deberán darlas ante la Justicia, dado que en noviembre de 2016 fueron denunciados por funcionarios de la ANNP debido a la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones públicas, asociación criminal, lesión de confianza y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Conociendo las chicanas a que apelan los políticos cercanos al poder de turno cuando se ven involucrados en cuestiones judiciales, no es sorprendente que la anterior concejala Aída Molinas, hoy funcionaria de la Municipalidad, haya recusado primero a un fiscal y luego impugnado su confirmación ante la Corte Suprema de Justicia. Tampoco es raro que el caso esté cajoneado en la máxima instancia judicial.

Cualquiera sea el desenlace del proceso abierto, es indudable que los denunciados intervinieron, sin haber sido autorizados por la ley, en una trama urdida en secreto para que un bien del dominio público del Estado sea explotado por un socio comercial del esposo de la intendenta. Hicieron lo que se esperaba de ellos, aunque la ordenanza no sirva, al fin y al cabo, para convertir en lícita la manganeta en curso.

Por imbéciles o por sinvergüenzas, los denunciados se extralimitaron irresponsablemente en el ejercicio de un cargo electivo y el presidente Cartes se comprometió igualmente con ellos, como si no tuviera un asesor jurídico que le advirtiera que la medida es ilegal por donde se la mire. También puede suponerse que, en verdad, desde un principio fue el propio Poder Ejecutivo el que estuvo impulsando la operación a toda costa, en beneficio del empresario amigo a quien recibió antes de que se dictara la ordenanza, en cuyo caso los ediles y la intendenta solo habrían obedecido sus órdenes, lo que la Justicia deberá dilucidar ahora o más tarde.

Como sea, lo cierto es que el nauseabundo negociado se inició “institucionalmente” con una resolución municipal nula, que condujo a la emisión de otras disposiciones de igual carácter, como la del Directorio de la ANNP en la que se “fundó” el Presidente de la República para autorizar primero a los órganos estatales a elaborar un “proyecto turístico y de inversiones” dentro del terreno de dicha entidad, y para aprobarlo después. Esa “ordenanza” no tiene más valor que un papel mojado y, por ende, mal puede hacer que se concrete una fechoría de enormes proporciones, de la que los “inversores” están bien al tanto porque son sus protagonistas. Los que saldrán bien jodidos son los inversionistas reales de Hard Rock, a quienes los mafiosos locales saldrán a engatusar para obtener fondos.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/embaucaran-a-inversionistas-de-hard-rock-1609253.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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6 comentarios en “Embaucarán a inversionistas de Hard Rock

  1. Los zarpazos de la gavilla

    Javier Zacarías Irún, “asesor político” del presidente Horacio Cartes, esposo de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, y hermano del gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, no ceja en su empeño de que se concrete el descarado negociado urdido en torno al inmueble de casi doce hectáreas, valuado en alrededor de 185 millones de dólares, propiedad de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. Es decir, insiste en que el empresario venezolano-israelí Simón Falic –amigo íntimo de Horacio Cartes–, mediante una concesión de treinta años, explote allí un hotel casino de la franquicia Hard Rock Cafe.

    Para que el escandaloso despojo se consume, entre otras cosas, hace falta que se convoque a un remedo de licitación pública, cuyo pliego de bases y condiciones fue elaborado a medida por una Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) cómplice y aprobado por el Decreto Nº 6865/17. Mientras ese escenario para la comedia se prepara, el jefe del poderoso clan esteño ya está seguro de a quién le será otorgada la concesión, según se desprende de las declaraciones que, tratando de volverla cómplice, formuló durante una pausa de la última sesión ordinaria de nada menos que la Junta de Gobierno de la ANR, que integra, y que aquí se transcriben literalmente: “Queremos esta cadena de hoteles (N. de la D: Hard Rock Cafe), que todo el mundo quiere tener en su ciudad. Nosotros vamos a tener para que el turista pueda gastar su dinero en Ciudad del Este y pueda venir a quedarse, dormir, y podamos tener y pueda beneficiar al comercio real y formal”.

    Este descarado anticipo revela que se montó una farsa para darle un cariz formal a lo que ya se había acordado con el señor Falic en octubre de 2013, durante una visita oficial hecha a Israel por el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, y el gobernador Justo Zacarías Irún.

    Todo ese proceso está viciado de entrada, pues se recordará que el fraudulento operativo, siguiendo el plan, se inició formalmente el 24 de febrero de 2015, cuando la Municipalidad de Ciudad del Este “declaró” que la propiedad de la ANNP era un “área para el desarrollo de un polo turístico”, como si tranquilamente pudiera ordenar a un propietario lo que debe hacer con ella, según lo señaló el procurador general de la República, Roberto Moreno. Luego, el Directorio de la ANNP –cómplice– violó su ley orgánica, que le prohíbe “comprometer directa o indirectamente los intereses” de la entidad “en operaciones comerciales, industriales o financieras extrañas a su objeto”, al autorizar a su presidente a suscribir una “comunicación” al titular del Poder Ejecutivo para que allí se inicien “las gestiones relacionadas al Diseño y Ejecución de un Proyecto en Ciudad del Este”.

    Hecha la “comunicación” respectiva, en virtud de una resolución irregular, el Decreto N° 6131/6 autorizó a varios organismos a “desarrollar un proyecto turístico y de inversiones” dentro del referido inmueble de la ANNP. El Decreto N° 6865/17 “aprobó” el proyecto, así como el llamado a licitación pública y el pliego de bases y condiciones para concesionar la explotación de un casino, bajo la condición de que se construya un hotel integrado al mismo. Ambos actos administrativos son nulos, pues lo que no podía haber hecho el Directorio de la ANNP, tampoco podía hacerlo el Poder Ejecutivo.

    A lo antedicho, cabe agregar lo señalado por el procurador general de la República en un dictamen relacionado con el contrato de alquiler con la firma Suisse Investment Corp SA, suscrito en 2013 por el entonces presidente de la ANNP, Fernando Nicora: el acuerdo “fue celebrado sobre un inmueble que se encuentra en la zona primaria aduanera, sin autorización de la autoridad de aplicación, esto es, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)”. Este organismo tampoco intervino en esta nueva sucia maniobra, pese a que el predio que la ANNP posee en Ciudad del Este también se halla en la zona primaria aduanera. Por eso, resulta decisivo, para poner fin a la expoliación proyectada, que el procurador general de la República haya afirmado en una nota dirigida a nuestro diario, en julio último, que “la opinión ya vertida por esta representación constitucional no ha sufrido ninguna variación, por lo que, de existir un proceso de contratación que incumpla con dichos lineamientos, el mismo será nulo”. Más claro, agua.

    Siendo así, resulta llamativo que Javier Zacarías Irún siga intentando que llegue a término un procedimiento nulo, que podría implicar que el ministro Gustavo Leite, autorizado a firmar el contrato, sea imputado por el delito de estafa, tal como lo fue el expresidente de la ANNP Fernando Nicora en el caso referido. La persistencia solo puede explicarse porque hay mucho dinero en juego, tanto que el prepotente sujeto no se detiene ni ante una opinión calificada y ratificada por Roberto Moreno, que fue nombrado por el propio presidente Cartes para defender los intereses patrimoniales de la República. Si Zacarías Irún cree que los integrantes de su banda y sus socios son más fuertes que la ley, es porque a los “políticos” de su calaña el país les importa un bledo: lo único que les encandila es su billetera, aunque para ello deban comprometer al titular del Poder Ejecutivo.

    Confiamos, empero, en que este sepa resistir la embestida, y que no solo mantenga congelado el repugnante negociado, sino que le ponga punto final, revocando los decretos mencionados por ser irregulares y haber sido inducidos para que se perpetre un pillaje colosal. Si llegara a consumarse, el responsable final será el presidente Cartes, manipulado por su extremadamente voraz “asesor político” Javier Zacarías Irún.

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    Publicado por jotaefeb | 21 agosto, 2017, 7:35 am
  2. #YoQuieroHardRock

    Por Mariana Ladaga

    Yo quiero que el Hard Rock Hotel se instale en Ciudad del Este. Que cientos de turistas de toda Latinoamérica ingresen a nuestro país para dedicarse al ocio, actividad fundamental para un ser humano feliz. Que haya juegos de diversión de distintos tipos, conciertos memorables, grandes eventos deportivos y sociales. Pero no quiero que lo hagan en un terreno que, además de ser público, guarda un trozo de la historia de esta región, porque un pueblo que no tiene memoria, no tiene futuro.

    La instalación de grandes emprendimientos privados, en cualquier ciudad del mundo, es indicio de nuevas posibilidades de trabajo digno para sus habitantes. Cuando se trata de inversiones en el área del ocio y el esparcimiento, el beneficio se expande a otros sectores, como restaurantes, hoteles, sistemas de transporte; hay otras posibilidades para los comerciantes, etcétera.

    En el caso del hotel casino que quieren construir bajo la franquicia del Hard Rock Hotel Casino, los inversionistas interesados son de un caudal económico de suma importancia y, por lo que implica el emblema, tienen aseguradas las ganancias. Los socios que el principal inversor tiene en el país poseen, por su parte, varios inmuebles propios en Ciudad del Este. Podrían ellos ceder sus terrenos.

    No tienen necesidad de utilizar un terreno público para que el negocio funcione. Menos todavía cuando se trata de un inmueble emblema. Allí está el hito fundacional de la capital de Alto Paraná.

    Además de abierto al público, ese lugar debería ser potenciado como lo que es: el sitio donde nació una de las urbes más relevantes del país, Ciudad del Este. Si hubiera necesidad de un emprendimiento privado allí mismo, debería ser uno de tipo turístico, tendiente a potenciar ese ícono en armonía con la naturaleza, reflejando el sentimiento de hermandad que encierran las más de 80 naciones que pacíficamente conviven en la región.

    Por eso #YoTambiénQuieroHARD ROCKHOTELenCDE, pero no uno que huela a negociado, sino uno instalado en tierras privadas, como emprendimiento privado que es, mientras las instituciones del Estado se encargan de proteger el inmueble público más valioso de la zona y ejecuta proyectos para recuperar en la memoria colectiva el origen de esta que es Ciudad del Este, la tuya, la mía, la nuestra.

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    Publicado por jotaefeb | 30 julio, 2017, 7:56 am
  3. Encomiable posición del Procurador

    En un país donde cada vez más los organismos públicos –y hasta algunas entidades privadas– se arrodillan frente al poder que viene acumulando el presidente Horacio Cartes y su grupo, surge como un aire fresco la firme posición del procurador general de la República, Roberto Moreno, de ratificarse en un dictamen emitido con anterioridad en un caso de similares características, pero que en esta ocasión involucra a altas figuras del Gobierno, políticos poderosos y aliados internacionales.

    En efecto, el procurador general Moreno envió a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) una copia de la denuncia hecha por este diario con respecto al despojo en marcha de casi doce hectáreas, valuadas en unos 185 millones de dólares, que dicha entidad posee en Ciudad del Este. El remitente aprovechó la oportunidad para ratificar que “la opinión ya vertida por esta representación constitucional no ha sufrido ninguna variación, por lo que, de existir un proceso de contratación que incumpla con dichos lineamientos, el mismo será nulo”.

    Esa opinión fue expresada con respecto a un contrato de alquiler sobre el mismo predio, suscrito en 2013 por el entonces presidente del Directorio de la ANNP, Fernando Nicora, con la firma Suisse Investment Corp SA. El Dictamen N° 773/14, de la Procuraduría, señaló que el acuerdo “fue celebrado sobre un inmueble que se encuentra en la zona primaria aduanera, sin autorización de la autoridad de aplicación, esto es, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)”.

    Como era de esperar, el contrato fue rescindido, en tanto que el presidente y los miembros del Directorio de la ANNP que lo consintieron fueron imputados por el delito de estafa, pues causaron un daño patrimonial a la citada firma internacional al inducirle a creer que el documento era válido.

    Dado que la DNA tampoco intervino en la trama urdida para que una empresa ya digitada explote en el predio referido un casino y un hotel, durante treinta años, también el contrato que llegue a firmar el ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite, según la autorización otorgada por el Decreto Nº 6865/17, será nulo y él deberá ser imputado por el delito de estafa, tal como ocurrió en el caso anterior, si los inversionistas de Hard Rock –en el caso actual– perdieran dinero por haber sido engañados. Esta operación fraudulenta se inició formalmente el 24 de febrero de 2015, con una irregular ordenanza municipal que declaró el terreno en cuestión como “área para el desarrollo de un polo turístico”, como si la Municipalidad de Ciudad del Este pudiera ordenar a la ANNP lo que debe hacer con sus inmuebles, tal como lo señaló también el procurador general. Por cierto, el que se pretende entregar a los socios del clan Zacarías Irún está afectado a un servicio público y mientras no sea desafectado, mediante una ley, no puede ser otorgado en concesión para ningún “proyecto turístico y de inversiones”.

    Por lo demás, el art. 19 de la Ley Orgánica de la ANNP prohíbe a su Directorio “comprometer directa o indirectamente los intereses” de la entidad “en operaciones comerciales, industriales o financieras extrañas a su objeto”, razón por la cual carece de toda validez su Resolución Nº 55/16 que, vista la ordenanza municipal mencionada, autoriza al presidente de la entidad a “suscribir una comunicación” al presidente de la República “para iniciar en el Poder Ejecutivo las gestiones relacionadas al Diseño y Ejecución de un Proyecto en Ciudad del Este”. El proyecto resultó ser un engendro que comprometió una propiedad del ente portuario en una operación ajena a sus fines.

    Lo que no puede hacer el Directorio de la ANNP, tampoco puede hacerlo el presidente de la República, de modo que también es nulo el Decreto Nº 6865/17, que aprobó la convocatoria a licitación pública y el pliego de bases y condiciones elaborado por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) para otorgar la explotación de un casino, con un hotel integrado, en el predio de la ANNP. Funcionarios de este organismo denunciaron ante la Fiscalía de Ciudad del Este, por lesión de confianza y asociación criminal, entre otros delitos, a los ediles y a la intendente de dicha ciudad Sandra McLeod de Zacarías, al ministro Gustavo Leite, el presidente de la ANNP Héctor Duarte y a los miembros de su Directorio, al titular de la Conajzar, Javier Balbuena, y al propio presidente de la República. Si el Ministerio Público halla indicios de la comisión o de la tentativa de algún delito, deberá obrar en consecuencia.

    Por de pronto, cabe aplaudir a esos ciudadanos que tuvieron el coraje de lanzarse a la aventura de defender el patrimonio público amenazado por una gavilla rapaz, apoyada por personajes de alto coturno. También hay que felicitar a los pobladores de la capital del Alto Paraná que se movilizaron para repudiar el planeado despojo de un bien público que integra su acervo cultural. En cambio, el contralor general de la República, Enrique García, no se inmutó en absoluto, pese a que uno de sus deberes es “controlar, desde su inicio, todo el proceso de licitación y concurso de precios de los organismos sometidos a su control”. Parece que nada tiene que objetar al hecho de que el Poder Ejecutivo haya aprobado la convocatoria a licitación pública y el pliego de bases y condiciones elaborado por la Conajzar, con relación a un objetivo nulo.

    En suma, todas las manganetas perpetradas para que se concrete un negociado de la peor especie carecen de todo fundamento legal. Aunque el Presidente de la República no revoque el infeliz Decreto Nº 6865/17, ignorando las contundentes palabras del procurador por él nombrado, ese acto administrativo seguirá siendo nulo y, en consecuencia, también lo será cualquier otro derivado del mismo, siendo la invalidez insubsanable aunque pase el tiempo.

    Es encomiable la actitud del procurador general Roberto Moreno de mantenerse firme en una posición a todas luces apegada a la ley. Es más, nuestra desprestigiada Administración Pública y la Justicia necesitan que surjan muchos más Morenos para encarrilar este país que continúa empantanado en una corrupción desenfrenada.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/encomiable-posicion-del-procurador-1615600.html

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    Publicado por jotaefeb | 23 julio, 2017, 8:40 pm
  4. Gestiones en el Este

    Por Mariana Ladaga

    Desde el 2004, el tráfico de influencias está tipificado y penado a través de la Ley 2523/04, aunque poco escuchamos de su existencia. Independiente de la legislación, el uso o no de ese poder que trae consigo un cargo público de alto rango ostentado por uno mismo, o por el familiar o el amigo, depende de algo que la mayoría de los que ejercen la política no conocen en demasía: es una cuestión moral, de ética.

    Por eso, no es de extrañar que alguien que es hermano del gobernador, marido de una intendenta y asesor político del Presidente de la República, como Javier Zacarías Irún, tenga como única empresa registrada a su nombre a “Gestiones del Este”.

    Según información colectada en la web, esta empresa ofrece, precisamente, la realización de todo tipo de gestiones en instituciones públicas. Un servicio que no debería salir mal, atendiendo las influencias de su propietario sobre quienes administran esas entidades.

    Cómo no ser autorizada la construcción de un hotel casino en un valiosísimo inmueble público, incluso cuando según juristas se violen las leyes, si quienes están interesados en el proyecto son los amigos de los administran las instituciones públicas que deben hacer posible el plan.

    Tal es el caso del inmueble de casi 12 hectáreas, valuado en unos USD 185 millones, perteneciente a Puertos, ubicado a la entrada del país. Allí está el hito fundacional de la ciudad y sus primeros edificios, es sede de instituciones públicas. Es lo primero que ven los turistas. Aunque en ningún lugar del mundo hay un hotel casino antes del puesto migratorio, en vez de hacerlo un bello espacio público, quieren cederlo para un emprendimiento privado de los amigos de los que están en el poder.

    Ocurre porque a través de las Gestiones en el Este y todos los puntos cardinales, las autoridades, amigos y parientes hacen lo que se les plazca de todo lo público para sus beneficios particulares faltando a la ética y sin sanción alguna.

    La Ley 2.523/04 parece en estos casos ser letra muerta como otras legislaciones pisoteadas por las autoridades de turno.

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    Publicado por jotaefeb | 9 julio, 2017, 10:09 am
  5. Robo a la patria en la ANNP

    El despojo del predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) que, en connivencia con empresarios extranjeros, una banda de políticos locales pretende consumar, no es simplemente un acuerdo consistente en ceder el uso de un inmueble público a una actividad privada por 30 años, sino que representa la pérdida de un espacio de casi 12 hectáreas, abierto, libre, verde, que envuelve la barranca paraguaya sobre el río Paraná, dándole un valor ambiental incalculable a una ciudad que inicialmente se llamó “jardín” y que hoy es un montón de edificaciones abigarradas, desprovista de estética, sucia y desordenada, debido, principalmente, a sus sucesivas pésimas y corruptas administraciones municipales.

    El terreno del que se pretende despojar a la ANNP tiene un valor estimado en nada menos que unos 185 millones de dólares. Es un invalorable espacio público que, lamentablemente, cayó en la mira de una verdadera gavilla que arrastró al propio presidente Horacio Cartes, a quien un grupo de oportunistas convenció de impulsar una gran operación comercial.

    Las objeciones surgieron y se expresan diariamente. Respecto a las mismas, al ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, no se le ocurrió nada más inteligente que proferir el siguiente comentario: “Si no se hace algo, en la cabecera del puente van a crecer yuyos dentro de tres o cuatro años”. Así justifica un verdadero atraco a la legalidad. Parece mentira escuchar este tipo de estupideces de parte de una persona que recibió educación superior; sin embargo, algún interés particular ha de tener, además de ser el iniciador de esta aventura.

    En efecto, fue precisamente él, junto con el gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, quienes realizaron en Israel el contacto clave con el empresario Simón Falic, facilitado por un empresario brasileño de nombre Darío Messer (declarado su “hermano espiritual” por Horacio Cartes). Tenían puesta la mirada sobre ese privilegiado lugar de Ciudad del Este, donde el futuro concesionario proyecta la construcción y funcionamiento de un hotel casino con la franquicia de la conocida marca internacional “Hard Rock”.

    La hambrienta gavilla conocida por “Clan ZI”, que está conformada primariamente por el exintendente de Ciudad del Este y exdiputado colorado Javier Zacarías Irún; por su hermano, el actual gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, y por la consorte del primero, Sandra McLeod de Zacarías, actual intendenta de la ciudad citada, quedó inmediatamente prendida al proyecto, comenzando a allanar contra viento y marea el camino burocrático.

    Inmediatamente, la banda conformada para concretar este negociado consiguió la dócil cooperación de altos funcionarios del Gobierno. Además de los ya nombrados, se confabularon el presidente de la ANNP, Héctor Duarte; el presidente de Aduanas, Nelson Valiente; el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena; y el titular de la Secretaría Nacional de Cultura, Fernando Griffith. Y, por supuesto, los concejales colorados de Ciudad del Este, del periodo anterior, Nery Jara, Gustavo Ruiz Díaz, Celso Morel, Isaías Álvarez, Aída Molinas, Alberto Núñez y Juan Ángel Núñez, que aprobaron una ordenanza nula para, supuestamente, “habilitar” el predio destinado a la finalidad deseada. Todos estos dieron su bendición, como si el proyecto fuese legítimo y patriótico, cuando es precisamente lo opuesto. Ninguno de estos funcionarios tuvo las agallas necesarias para denunciar un negociado en el que puso sus fichas el mismo Presidente de la República.

    Conviene que la historia recoja y anote a los que se involucraron en esta inmunda operación en marcha. Si es que el despojo a la ANNP –o sea, al Estado paraguayo– culmina exitosamente, los paraguayos del futuro querrán conocer los nombres de quienes vendieron bienes de la patria y, tal vez, si nuestra suerte cambia y la Justicia despierta o retorna, ella logre demandar y darles su merecido a los culpables por latrocinio y traición.

    Pero veamos quiénes tendrán que responder por ello. A la cabeza del desfile van los personajes ya nombrados, impulsores directos y principales socios en la operación, a más de los concejales mencionados. La intendenta esteña, Sandra McLeod de Zacarías, está metida en el asunto hasta el cuello, por motivos obvios.

    Al principio acérrimos adversarios de Horacio Cartes, prontamente los integrantes del “Clan ZI” se le asociaron para concretar los grandes negocios que olfatearon juntos. Desde luego, es tonto que, ambicionando ambas partes los mismos tesoros, se anulen recíprocamente en vez de juntarse para aprovecharlos en sociedad, que es lo que están haciendo precisamente ahora.

    Culpables por complicidad u omisión (ñembotavy) son los miembros del Directorio de la ANNP: Julio Taboada Godoy, Marcos Barrios Monges, Antonio Quiñónez Franco, Rogelio Negri, Aldo Olmedo Almada, Cinthia Martínez Correa y Carlos Irala Fernández. Además, Alexis González Sandoval, Rodolfo Gómez Villalba, María Ortiz Ayala, Carlos Fariña Cabrera, Carlos Saldívar Elías y Timoteo Pérez Griffith. Asimismo, Sindulfo González Guerrero, María Galeano Noguera, Manuel Alarcón Battaglia y Orlando Gaona Ávalos.

    Otros oportunos “ñembotavy”, hasta el momento, son el contralor general de la República, Enrique García; el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón; el procurador general de la República, Roberto Moreno (quien reconoció la ilegalidad del proyecto en otro caso totalmente similar sobre el mismo predio), y el defensor del Pueblo, Miguel Godoy. Su silencio y su inacción los hacen sospechosos de colusión o, por lo menos, de cobardía personal.

    Mientras los miembros de la gavilla tengan la manija del poder político, irán adelante con su negociado. Solo la movilización firme y sostenida de los esteños en las calles evitará que se consume este vil despojo de un bien de incalculable valor para su ciudad.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/robo-a-la-patria-en-la-annp-1610307.html

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    Publicado por jotaefeb | 6 julio, 2017, 8:34 am
  6. Los yuyos de la corrupción

    El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, lanzó ayer un peculiar argumento para justificar la entrega del predio de la ANNP para la explotación de un casino hotel. Según Leite, “Si no se hace algo, en la cabecera del puente van a crecer yuyos dentro de tres o cuatro años. Entonces pensamos en qué podemos hacer que preserve la tierra en manos del Estado”, esgrimió y agregó que “el ganador de la licitación será el que más pague al Estado”.
    Es la mentira o la media verdad a la que ya nos vienen acostumbrando los funcionarios de la administración Cartes, “el ganador de la licitación” señalan pero ellos ya saben quién será el ganador e inclusive ya lo anunciaron en varias ocasiones.
    En cuanto al primer punto sobre los yuyos de Leite, es el mismo argumento que había utilizado la administración Zacarías para entregar el predio de las nueve hectáreas para la construcción del shopping París. Se dejó abandonado durante años el terreno para que se llene de yuyos y suciedad para después argumentar que sería más provechoso ceder por chauchas y palitos, en vez de que siga siendo un basural.
    Con ese pretexto, muchas instituciones públicas, administrada, actualmente por los funcionarios de Cartes, deberían estar en la lista de ser entregadas a firmas privadas. Basta con recorrer algunos hospitales públicos para ver el estado de abandono en que se encuentran.
    Los ministros de Cartes, y entre ellos el mismo Leite, que se pasan viajando por el mundo deberían aprovechar cuando cruzan las fronteras para observar si encuentran algún casino o algún shopping en la línea internacional. Ningún país serio expone su soberanía abandonando su línea de frontera para la construcción de negocios. Solamente Paraguay, convierte en un mercado la línea internacional, porque los funcionarios sinvergüenzas si pudieran rifarían toda la República. El predio de Puertos debe ser conservado por su alto valor histórico y no se llenaría de yuyos si tuviéramos autoridades con patriotismo, que pueden convertir el lugar en un hermoso parque que sí puede atraer a turistas nacionales y extranjeros y disfrutar de la maravillosa vista del Paraná y el Puente Internacional.
    Es cierto lo que dice Leite, cuando un lugar se abandona crecen los yuyos, como hace años en nuestro país crece el yuyo de la corrupción, de los funcionarios sin escrúpulos que aprovechan su posición para los negociados, para privilegiar a la misma claque que hace años viene pudriendo la República.

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    Publicado por jotaefeb | 4 julio, 2017, 8:31 am

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