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Simbiosis entre políticos ladrones y magistrados cobardes o corruptos

Los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica, hicieron lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el senador Víctor Bogado contra la resolución de una Cámara de Apelaciones que confirmó al juez Óscar Delgado en la causa abierta por estafa y lesión de confianza, en la que está involucrado con la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana, funcionaria de la Cámara de Diputados que fue además contratada por la Itaipú Binacional cuando él presidía ese órgano electivo. Ya pasaron tres años y medio desde la apertura de la causa, sin que hasta hoy se haya podido realizar ni siquiera la audiencia preliminar para resolver si el legislador debe afrontar o no un juicio oral, debido a sus reiteradas chicanas, no sancionadas por la máxima instancia judicial. Ahora la Corte llegó a admitir formalmente una de las tantas diligencias dilatorias, planteadas porque su autor se sabe culpable de haber cometido los delitos que se le atribuyen. Quiere ganar tiempo a toda costa, burlándose de la “majestad de la Justicia” y mostrando a la ciudadanía, con la mayor desfachatez, que quienes ejercen el poder político pueden convertir en letra muerta el principio de igualdad ante la ley y el postulado de la independencia del Poder Judicial. Aparte de que gozan de “fueros” que pueden protegerlos de la persecución penal, tienen en sus garras a la magistratura, empezando por el órgano que la encabeza.

El senador Bogado no es el único que sigue impune mediante la protección brindada por los ministros de la Corte. Allí está su colega Enzo Cardozo, otro descarado chicanero que a inicios de 2015 planteó una acción de inconstitucionalidad contra la imputación formulada en su contra por el desvío de 3.700 millones de guaraníes, cuando dirigía el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La cuestión aún no ha sido resuelta por los ministros Antonio Fretes, César Garay y el camarista Arnulfo Arias, lo mismo que una similar planteada en el caso de la presunta apropiación indebida de otros 68.000 millones del guaraníes del MAG.

Como miembro del Consejo de la Magistratura, este personaje intervendrá en la conformación de la terna de los candidatos a ocupar la Fiscalía General del Estado, sin tener la menor autoridad moral para ello, siendo de suponer que quien resulte finalmente elegido deberá en su momento retribuir la atención brindada.

Hay otros legisladores que también cuentan con la complicidad de la judicatura, con independencia del partido al que pertenezcan o del bando que integren en la actual contienda entre carto-llano-luguistas, por un lado, y efrainistas y colorados “disidentes”, por el otro. También los diputados colorados Carlos Núñez, procesado por contrabando; José María Ibáñez, acusado de pagar con fondos públicos a los cuidadores de una quinta suya, y el liberal Milciades Duré, quien en 2013 habría autorizado una compra fraudulenta de tierras en perjuicio del Indert, se benefician de las artimañas procesales y del “cajoneo” judicial para impedir incluso el inicio del juicio oral. El caso del último de los nombrados es muy ilustrativo: promovió una acción de inconstitucionalidad en mayo de 2016, a la que los ministros Antonio Fretes, Miryam Peña y Miguel Óscar Bajac dieron trámite recién un año más tarde, lo que evitó que el juicio oral empezara en noviembre de 2016, como estaba previsto, así que ahora habrá que esperar que se tomen su tiempo para resolver.

También los políticos que hoy no ocupan un escaño, como Rafael Filizzola y Enrique Salyn Buzarquis, logran congelar sus causas en la máxima autoridad judicial, recurriendo a las consabidas chicanas: el primero está acusado de la compra irregular de helicópteros, así como de la sobrefacturación y de la no ejecución de pólizas en la reparación de comisarías, cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior; en tanto que al segundo se le acusa de haber cometido el delito de lesión de confianza en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas, bajo el Gobierno anterior. Ocurre que, aunque ya no sientan plaza en el Congreso, tienen estrechos vínculos en ese órgano que, por cierto, tiene pendiente de resolución un juicio político promovido por la Cámara de Diputados contra los ministros Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay, ya en diciembre de 2014. Desde entonces, el expediente acumula polvo en el Senado, porque los políticos no se han puesto de acuerdo sobre los eventuales reemplazantes de los enjuiciados. No es que tuvieran dudas acerca de su mal desempeño, sino que el infame “cuoteo” no ha funcionado, de modo que los citados ministros siguen en sus cargos, aunque los vengan ejerciendo muy mal, por decir lo menos.

La consecuencia de esta indignante situación, provocada por el hecho de que haya sido imposible consumar el “cuoteo” político-partidario, es que sobre la cabeza de los tres ministros cuelga desde hace unos años una espada de Damocles, que puede caer sobre ellos cuando los intereses políticos o personales de los parlamentarios sean afectados por alguna decisión de la autoridad suprema del Poder Judicial. La canallada de que ella paralice los procesos y permita la extraordinaria demora del inicio de los juicios orales no perjudica, desde luego, a ninguno de los miembros del Poder Legislativo, sino a la ciudadanía honesta, que tiene la legítima pretensión de que las fechorías de los políticos ladrones sean sancionadas de acuerdo al Código Penal.

Así actúan los magistrados cobardes y los políticos que los tienen acogotados, en un país donde el Estado de derecho brilla por su ausencia. En el Paraguay, la ley no rige por igual para gobernantes y gobernados: un ladrón de gallinas carece del dinero y de los contactos necesarios para impedir que sobre él caiga todo el peso de la ley, pero un político puede robar o dejar robar sumas multimillonarias con toda impunidad, porque, al fin y al cabo, la composición de la Corte es el resultado de una sucia negociación en la que la idoneidad y la honorabilidad de los ministros son mucho menos importantes que el carnet partidario y la sumisión a quienes hacen de la política una actividad propicia para el enriquecimiento ilícito y el abuso del poder.

Algo tenemos que hacer los ciudadanos y las ciudadanas para impedir que esa simbiosis entre políticos ladrones y magistrados cobardes o corruptos se siga cebando impunemente en el país.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/simbiosis-entre-politicos-ladrones-y-magistrados-cobardes-o-corruptos-1607729.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

3 comentarios en “Simbiosis entre políticos ladrones y magistrados cobardes o corruptos

  1. Justicia sometida a una claque corrupta

    Como estaba preanunciado, la juez Teresita Cazal le otorgó ayer el sobreseimiento definitivo a la seccionalera zacariísta Aida Molinas. Lo extraño hubiera sido que la magistrada honre su cargo y actúe de acuerdo a la Ley. Lo realmente raro sería que uno de los lacayos de la familia Zacarías sea castigado por la justicia. Eso realmente hubiera sido una noticia. Era absolutamente previsible que Cazal, quien ya fue denunciada por cobro de coima y tiene el honroso mérito de haber liberado a peligrosos asaltantes, hubiese llevado al banquillo de acusados a Aida Molinas.
    La juez Teresita Cazal vino a corroborar, una vez, más cómo los órganos institucionales del Alto Paraná están absolutamente sometidos a una claque corrupta, cuyos miembros se protegen mutuamente para asegurarse impunidad y la tranquilidad de enroscarse en sus cargos, fortaleciendo los engranajes de la corrupción en el Alto Paraná.
    Hace unos días nomás, un juzgado absolutamente complaciente condenó a la señora Sandra Casco por una querella por difamación y calumnia, presentada precisamente por la incondicional de la familia Zacarías, la señora Aida Molinas. Pocos días después, otro juzgado blanqueó a Elías Bernal, secretario general de la Gobernación del Alto Paraná, administrada por Justo Zacarías Irún. Bernal estaba siendo investigado en una denuncia por estupro. En este caso hay una menor que quedó embarazada y un niño, cuya paternidad se busca determinar. El secretario general de la Gobernación buscó por todos los medios evitar que se realice el estudio de ADN y lo consiguió de la mano de la juez Cinthia Garcete, logrando así blanquearse.
    Cuando Paraguayo Cubas, Jorge Brítez y el concejal Celso Miranda fueron a poner en evidencia la podredumbre de la Fiscalía, también sometida a la familia Zacarías, y realizaron pintatas dentro de la institución, se desató una persecución sin precedentes en contra de los tres. La protesta de Cubas, Brítez y Miranda tuvo como origen la actitud cómplice de los fiscales para dejar impune la muerte de la niña Sara Amapola Insfrán y efectivamente, la muerte de Sarita quedó impune, en tanto que los tres todavía siguen procesados.
    Son solo algunos de los casos que podemos mencionar, porque la lista puede ser muy larga para demostrar que las instituciones están absolutamente sometidas a una claque corrupta, que desde hace años viene pudriendo al Alto Paraná y lo siguen haciendo impunemente.

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    Publicado por jotaefeb | 7 julio, 2017, 8:46 am
  2. Integridad del gobierno se refleja en la pobreza y la marginalidad

    Por Dr. Víctor Pavón

    ¿Por qué habiendo crecido en estos años el producto interno bruto (PIB), la pobreza y la marginalidad siguen expandiéndose? El aumento en el PIB favorece a la economía y tiene efectos positivos sobre la calidad de vida. Sin embargo, aun con un producto superior, la pobreza no será mitigada. El país cuenta con un Estado de Derecho débil, sus gobiernos adolecen de integridad.

    La integridad del gobierno es un precioso bien en cualquier país del mundo. Implica el pleno funcionamiento del Estado de Derecho por el cual gobernantes y gobernados son iguales ante la Constitución y las leyes. La integridad del gobierno no es una mera declamación. Tiene efectos reales sobre la economía y la política, la pobreza y la marginalidad.

    De manera a comprender acerca del significado de la integridad del gobierno, es preciso reconocer que la actividad del Estado está revestida de coerción; esto es, la acción por el cual se impone un castigo o pena. Este es el motivo por el cual los gobernantes solo pueden hacer lo que está previamente autorizado. Esta es una regla jurídica y moral de la civilización que impide a los que ocupan cargos –administrativos o electivos– meter sus manos en el presupuesto e igualmente prever de sus posibles conductas arbitrarias.

    No se equivocaron los filósofos políticos liberales cuando advertían acerca de controlar y dividir el poder para preservar la libertad y la propiedad. Si los que dirigen los órganos del Estado, desde la administración central y la descentralizada, no proceden de acuerdo a la integridad expresada en aquel principio de legalidad, pronto las decisiones políticas se caracterizan por el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, la prevaricación, el nepotismo, la malversación, el robo y cualquier otra maniobra que pueda existir valiéndose de las mayorías y la impunidad. Surge así la política sectaria debido a que por medio de la coerción se beneficia un sector e inexorablemente se perjudica a otros.

    La política sectaria de modificar las reglas de juego del imperio de la ley, se constituye en desvío de recursos, tanto humanos como financieros. En Paraguay, no resulta extraño que pese a que en todos estos años la administración de justicia ha venido contando con multimillonarios recursos a distribuir, el resultado no se ha traducido en eficiencia, celeridad y transparencia. La gente siente y se percata de las maniobras inficionadas de podredumbre en los expedientes y juzgados.

    El daño por la falta de integridad de los gobiernos recae sobre toda la población, sin embargo, los que cuentan con recursos subsisten y se defienden. El daño mayor se desploma con más peso sobre las escuálidas espaldas de los pobres y desamparados, los que de manera diaria se rebuscan para obtener un plato de comida o una mínima atención de salud; los verdaderos pobres.

    El costo por el mal servicio de justicia tiene efectos desastrosos en las condiciones de vida de la gente y todavía más sobre los menesterosos. Pero esta notoria ineficiencia y corrupción en la administración de justicia no se circunscribe al Poder Judicial. Se debe a la intensa y temida influencia de políticos y gobernantes cuyas perversas influencias provienen desde el mismo Ejecutivo y Legislativo.

    Mientras las “motivaciones” políticas coyunturales sigan siendo en grado de prelación superiores a la vigencia y respeto del Estado de Derecho –en el que gobernantes y gobernados son iguales ante la ley– la integridad de cualquier gobierno se refleja en la pobreza y la marginalidad de la población.

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    Publicado por jotaefeb | 1 julio, 2017, 9:21 am
  3. Las sustituciones en el Consejo de la Magistratura
    Por Óscar Germán Latorre

    Las recientes resoluciones en las cámaras de Diputados y de Senadores en relación a la designación de nuevos representantes ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados obligan a formular algunas consideraciones en relación a esta maltrecha cuestión, que aparece con una frecuencia que no es recomendable para la institucionalidad de la República.

    En un estado de derecho es imposible concebir y permitir que el órgano estatal de que se trate actué con total prescindencia del derecho positivo vigente. Lamentablemente, el Congreso Nacional y en los últimos años, principalmente, la Cámara de Senadores ha venido tomando decisiones al margen de la Constitución.

    En nuestro país, no pocos funcionarios –sobre todo políticos– se han acostumbrado a ejercer sus funciones con absoluta prescindencia de todas las reglas de las instituciones, incluyendo un indisimulado desprecio por la Constitución Nacional.

    La sustitución de los representantes de ambas cámaras del Congreso Nacional ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados genera una problemática de orden jurídico que debe ser analizada con prudencia y objetividad.

    El Art. 263 de la Constitución Nacional establece que los miembros del Consejo de la Magistratura “… Durarán tres años en sus funciones y gozarán de iguales inmunidades que los ministros de la Corte Suprema de Justicia…”. El artículo no hace distinciones, por lo que la extensión del mandato es igual para todos sus integrantes, incluyendo a los representantes de las Cámaras del Congreso.

    Sabiendo el plazo de duración del mandato cabría determinar cuál es el mecanismo constitucional para removerlos del cargo antes de su vencimiento. En este sentido, el Art. 225 de la Constitución no señala que los miembros del Consejo de la Magistratura deben ser removidos por juicio político y mal puede sostenerse esta tesis a partir de las inmunidades que se les otorgan y aunque sean las mismas de un ministro de la Corte.

    Es innegable que la Constitución presenta una laguna en relación al enjuiciamiento y remoción de los miembros del Consejo de la Magistratura. No es posible someterlos a juicio político porque se estaría extendiendo el alcance del Art. 225 a funcionarios que no están incluidos en esa numeración y, además, también implicaría otorgar a un poder del Estado (Poder Legislativo) potestades y atribuciones que la Constitución no le confiere. No existe una norma constitucional que establezca la forma de enjuiciamiento y remoción como tampoco el órgano competente para tal juzgamiento.

    Se plantea pues el dilema que los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, incluyendo a los parlamentarios que los integran, son designados por sus pares por un período de tres años. Por un principio de lógica elemental el consejero que comete algún delito o incurre en mal desempeño de sus funciones debería ser sometido a algún procedimiento pero que la Constitución no prevé como tampoco fija el órgano encargado de juzgarlos.

    Aunque suene a impunidad, el problema es que no se ha previsto quien los juzgara y tratándose de un órgano que integra el capítulo del Poder Judicial, no es posible suplir esa omisión constitucional a través de una ley o reglamento.

    Por otro lado, la sustitución de algún miembro del Consejo de la Magistratura o del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sea representante del Poder Legislativo, del Ejecutivo o de la Corte Suprema de Justicia implica técnicamente una cesación en el cargo. Como es sabido, por el Art. 17 de la Constitución toda persona sometida a un proceso penal o a un procedimiento del cual podría sobrevenir alguna sanción, tiene diversos derechos y garantías, siendo uno de ellos el derecho a la defensa. Las sustituciones indudablemente han quebrantado el derecho de defensa de los sustituidos. La solución del problema no es sencilla porque evidentemente la Constitución presenta en esta materia una de las muchas inconsistencias que imponen su reforma en la brevedad posible.

    En estas condiciones, en la discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las decisiones de ambas Cámaras del Congreso ingresamos a un callejón sin salida, al menos, dentro de la normativa constitucional.

    Muchos de los que hoy protestan y alegan la inconstitucionalidad de las sustituciones son los mismos que en el pasado recurrieron al mismo mecanismo. Claro está, que un estado de derecho una violación de la ley o de la Constitución no puede ser invocada como antecedente para seguir pisoteándolas.

    Una acotación final: las personas designadas representan a ambas cámaras del Congreso, al igual que los representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Ejecutivo y cada poder asume la responsabilidad por la calidad e integridad de las personas designada antes esos dos organismos estratégicos en el proceso de nombramiento y remoción de magistrados. Y reitero: no habrá mejoramiento del sistema de justicia mientras no se reforme la Constitución, al menos el capítulo del Poder Judicial.

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    Publicado por jotaefeb | 28 junio, 2017, 10:03 am

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