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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Nada que festejar

Hace 25 años, una Convención Nacional Constituyente, reunida en representación del pueblo paraguayo, sancionaba y promulgaba la actual Constitución Nacional. Un cuarto de siglo ha vivido ya nuestro país con una herramienta jurídica dictada con la expresa intención de establecer la democracia en la República del Paraguay, después de 53 años de sucesivos regímenes omnímodos, autoritarios, de partido único, sin comicios libres o con elecciones fraudulentas.

Fue dictada apenas dos años y medio después del derrocamiento del tirano Stroessner. Con un Partido Colorado que todavía no había dejado el stronismo atrás, con funcionarios y dirigentes de la época de la dictadura que todavía permanecían activos, era de esperar que el resultado de aquella Convención no fuera sino una prolongación de lo que ya había. Afortunadamente, no fue así.

La intención de los convencionales constituyentes del 92 era la mejor, sin duda, aunque muchos de ellos carecían de la experiencia indispensable para prever cómo funcionarían las nuevas instituciones y los procedimientos que introdujeron, sin experiencia alguna en materia de definición y construcción de la democracia deseada.

Como resultado, puede afirmarse, hoy en día, que nuestra Constitución tiene muchos más puntos positivos que negativos; estos últimos se reducen a grietas jurídicas, fallas institucionales que, en determinados casos, no podían haber sido previstas en aquel momento. De cualquier manera, se convirtieron en rendijas por las que pudieron infiltrarse las maniobras malintencionadas y oportunistas.

Lo que dejó bien demostrada esta experiencia de veinticinco años de vigencia de una Carta Magna democrática es que, en el Paraguay, de nada valdría siquiera una Constitución cuasiperfecta si la tuviesen que aplicar los políticos que tuvimos y tenemos durante este lapso. Hay una realidad evidente: si la Constitución paraguaya tuviese que regir en cualquiera de los países más civilizados del mundo actual, funcionaría de maravillas; y, a la inversa, si adoptáramos la que fuese considerada la mejor Constitución del mundo, muy pronto nuestros gobernadores, legisladores, los miembros del Poder Judicial y de los organismos extrapoder, nuestros políticos y dirigentes más ambiciosos, convertirían su aplicación concreta en una práctica desastrosa.

La inferencia surge espontáneamente: no basta tener una buena ley suprema si no se tienen las personas suficientemente preparadas, honestas y patrióticas para hacerla regir adecuadamente. Es el elemento humano el que nos falla en el Paraguay. Son los jueces, los magistrados y los agentes fiscales, personas directamente afectadas a la vigilancia de su cumplimiento y a la sanción de su inobservancia, las que convalidan las peores violaciones a la Constitución. Son los funcionarios del Estado y las autoridades encargadas de los controles administrativos los que buscan los huecos por donde se pueden burlar mejor las disposiciones constitucionales. Son los políticos y dirigentes quienes, cuando les conviene, invocan la Constitución como si fuese un documento sagrado, cuando no la rebajan al nivel de instrumento inepto o errado cuya aplicación no les interesa.

¿Necesitamos una nueva Constitución, tal como se proclama en muchos estrados, discursos y documentos? La verdad es que, mientras estemos gobernados por la misma calaña moral e intelectual de personas que ahora, ninguna Constitución nueva serviría de mucho. Tan pronto esté sancionada, comenzarían a buscarle las lagunas –que de seguro las hallarán– para ajustarla a sus intereses en cada coyuntura política.

Por otra parte, numerosas opiniones favorables a convocar una nueva Convención Constituyente no tienen más intención que aprovechar esa oportunidad para introducir ventajas para su partido, su movimiento o su persona concreta. Por de pronto, el tema de la reelección presidencial es la que más motiva a nuestros políticos, como si allí radicara el núcleo de los principales problemas de nuestro país.

Es preciso sacar lecciones históricas de los éxitos y los fracasos, estudiar mejor los procesos que se dan a través del tiempo y tener la imaginación y creatividad suficientes para prever el futuro inmediato, a fin de diseñar la Constitución que corrija errores, rellene lagunas y esté preparada para los cambios próximos. ¿Tenemos, en este momento, los políticos dotados de las virtudes anteriormente citadas para encomendarles semejante tarea? Está claro que la mayoría de ellos no son aptos y, por tanto, qué sentido tiene convocar a una nueva asamblea constituyente para que se llene de convencionales que no serían otros que los actuales senadores, diputados, gobernadores y funcionarios de origen y obediencia partidaria. Para nosotros, este es el principal inconveniente y peligro para una nueva Constitución, la consideramos irrelevante para la realidad actual del país.

Una nueva Constitución redactada por estos políticos no solamente no superaría las deficiencias de la actual Carta Magna, sino que la empeoraría. Recuérdese que la misma experiencia se padeció hace medio siglo, en ocasión de redactarse la Constitución de 1967, la que sirvió para extenderle por diez años un diploma de seudodemocracia a la dictadura de Stroessner, un peldaño para que, una década después, mediante otra asamblea similar unipartidaria, se le declarara gobernante vitalicio de facto.

El recientemente fallido intento de enmendar la Constitución para introducir la figura de la reelección presidencial no tuvo más finalidad que satisfacer la ambición inescrupulosa y desmedida de dos personas que se emborracharon con el poder y perdieron de vista los límites de la prudencia. Con esta experiencia, es muy fácil imaginar lo que podrían conseguir Horacio Cartes, Fernando Lugo y sus actuales cómplices del “llanismo” liberal si tuviesen la oportunidad de instalar y manejar una asamblea constituyente. ¿Qué clase de ley fundamental saldría de esa siniestra alianza coyuntural y transitoria de intereses espurios?

Estamos en duda acerca de si el aniversario 25 de la sanción de nuestra actual Constitución debe ser celebrado o no. Si cabe recordarla como un esfuerzo por superar el autoritarismo autocrático e introducir la democracia, sí merece un recuerdo agradecido. Si miramos hacia lo que se hizo con ella, cuántas veces fue violentada e ignorada, y cómo lo está siendo en este mismo momento en las Cámaras del Congreso con motivo de la suplantación de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, entonces no hay nada que festejar.

Los delincuentes que nuevamente hoy están empeñados en tratar de modificar la Constitución para satisfacer sus ansias de poder, bien harían en renunciar a su intento y dedicarse a trabajar por el país, que para eso les votaron y les pagan los ciudadanos y las ciudadanas.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/nada-que-festejar-1605144.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

5 comentarios en “Nada que festejar

  1. 25º aniversario de nuestra Constitución Nacional

    Nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Nacional, vio la luz en el año 1992, con muchísimos aciertos en su contenido y muy pocas deficiencias, pero su aplicación en manos de políticos con escrúpulos habría satisfecho la mayoría de nuestras aspiraciones, tanto en lo político, como en el económico, social, cultural, etc.

    Pero que nuestra corrupta clase política la ha manoseado hasta límites impensables desvirtuándola conforme a sus caprichos personales o de grupo faccioso.

    Resulta paradógico, irónico, burlesco, etc. que nuestra CONSTITUCION AL CUMPLIR LOS 25 AÑOS, TAMBIÉN HAYA SIDO violada, ultrajada, pisoteada, por 25 VANDALÍCOS SENADORES, del oficialismo, llanismo, Frente Guasu y el residuo que queda del Oviedismo, agavillados en una siniestra confabulación, y a la vista de toda la ciudadanía, hayan protagonizado uno de los más tristes episodios de nuestra historia política pretendiendo imponer una enmienda a todas luces inconstitucional.

    Se reunieron en un recinto fuera de la sala normal (bancada del Frente Guasu), ha escondidas, no permitiendo siquiera el ingreso de los demás senadores, prohijando una supuesta sesión, con un presidente mau y riéndose a carcajadas resolvieron gua’u sobre el proyecto de referéndum para la inconstitucional enmienda.

    En síntesis dos VEINTE Y CINCO, por un lado los 25 AÑOS DE NUESTRA CONSTITUCION y por el otro 25 IMPÚDICOS VIOLADORES de ella, que felizmente y merced a la explosión popular y a un joven mártir, como también a la presión internacional, no tuvo culminación en el perverso plan para el rekutu por vía inconstitucional.

    Paralelismo muy aleccionador este, pero que nos da una lección de que debemos cuidar nuestros votos para que este tipo de politiqueros no vuelvan a esos cargos, pero duele decir que estamos todavía muy lejos con el tema de las listas sabanas y la falta de control del financiamiento de sus campañas.

    Julio Giménez

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    Publicado por jotaefeb | 29 junio, 2017, 10:23 am
  2. Como un mal sueño

    Por Alcibiades González Delvalle

    Nunca, si alguna vez, nuestro país ha estado tan desprotegido jurídicamente como en estos tiempos. No pasa un día sin que se violen la Constitución Nacional, alguna ley o reglamentos para llevar adelante proyectos políticos o económicos, o ambos a la vez, que favorezcan al Gobierno en su intento por copar todos los espacios de poder. No hay peor dictadura que la disfrazada de democracia. Es perversa, hipócrita, corrupta. Es la imagen moral de las personas que la sostienen.

    El pasado martes se cumplieron 25 años de la Constitución Nacional. El sábado 20 de junio de 1992, en la sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay, quedó sancionada la herramienta jurídica en la certeza -o con la esperanza- de que habría de impulsar un nuevo país en paz, justicia y libertad, luego de una terrible y larga dictadura.

    Al término de la lectura del Preámbulo, una profunda emoción llenó la sala. Dice así: “El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales, e integrado a la comunidad internacional, sanciona y promulga esta Constitución”.

    El acto fue solemne y emotivo. Los convencionales estaban seguros de haber puesto sus mejores intenciones en cada uno de los artículos, amplia y libremente debatidos para su aprobación. El resultado final, con algunas imperfecciones como toda obra humana, es una Constitución cuyo cumplimiento estaba llamado a dar una seguridad jurídica a toda la población para su bienestar material y espiritual.

    Ni el más pesimista de los convencionales habrá pensado que la Constitución habría de llegar a sus 25 años tan magullada, estropeada, golpeada, anémica, por tantas violaciones a las que a diario se la somete. No hay espacio suficiente para dedicarlo a cada uno de los casos. De todos modos, los medios de comunicación se ocupan de ellos con suficiencia. Por lo tanto, la ciudadanía está perfectamente enterada de los acontecimientos cotidianos.

    No obstante, quiero mencionar uno de esos casos por tratarse de una afrenta moral singularmente seria y alarmante. Se trata del Consejo de la Magistratura. Según el artículo 263 de la CN, sus miembros “Durarán tres años en sus funciones”. Al fundamentar la creación de este Consejo, el convencional Eusebio Ramón Ayala había expresado, entre otros conceptos: “Una de las conquistas mayores dentro del constitucionalismo es la creación del Consejo de la Magistratura, un consejo compuesto de forma plural y participativa que va en consonancia con los principios fundamentales que nosotros hemos establecido en nuestra Constitución (…) El Consejo de la Magistratura es realmente un acontecimiento importante porque despolitiza la designación de los jueces, es un cuerpo diferente a los órganos de los poderes constituidos…”.

    El Dr. Eusebio Ramón Ayala había expresado, hace 25 años, la intención de los convencionales acerca del Consejo de la Magistratura. Pero vea usted dónde están hoy los buenos propósitos; en qué se ha convertido el Consejo con la intervención del cartismo y sus leales colaboradores de otros partidos.

    Con la remoción inconstitucional de algunos de sus miembros no solo se viola el Art. 263. Peor aún, si cabe, volvió a jurar como miembro del Consejo de la Magistratura -“una de las conquistas mayores”- el senador liberal llanista Enzo Cardozo, que tiene abiertos tres procesos por estafa al Estado que suman unos 20 millones de dólares.

    Solo en un caso, el expediente tiene más de 200 páginas. En cada una de ellas, la minuciosa investigación fiscal demuestra el delito perpetrado por Enzo Cardozo, y unos 20 socios más, que alcanza la suma de 68 mil millones de guaraníes. La cuantiosa suma debía destinarse a los pequeños agricultores que hoy estarían en mejores condiciones económicas de no mediar la descomunal corrupción, tanto más grave por la conspiración del Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia para que todo quede en la impunidad.

    En la impunidad sí, pero no en el olvido. Llegará un momento en que tanta violación a la Constitución y la ética se recordará como un mal sueño.

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    Publicado por jotaefeb | 25 junio, 2017, 8:09 am
  3. País del inconstitucionalismo

    Por Óscar Germán Latorre

    Desde un tiempo a esta parte nuestro país se ha convertido en el más constitucionalista del mundo. Sobre la Constitución opinan abogados, periodistas, futbolistas, campesinos, taxistas, chiperos, trasnochados, ebrios y, en general, cualquiera que haya escuchado muy de paso que el Paraguay tiene una Constitución, que jamás la han leído y, si lo hicieron, jamás la entendieron.

    Cada sector político, se atribuye la correcta interpretación de las disposiciones constitucionales, en algunos casos, hasta contra el texto expreso y claro de la norma. La discusión sobre la constitucionalidad de cada acto realizado por los 3 poderes del Estado se ha convertido en algo tan popular como un partido de barrio.

    Más allá del analfabetismo jurídico que padece una gran mayoría de nuestra población, por falta de cultura cívica y por un innegable padecimiento del sistema educativo, resulta preocupante cuando abogados de gran solvencia jurídica distorsionan una disposición constitucional para justificar un crimen. Me refiero específicamente al atraco, saqueo e incendio del Congreso Nacional el 31 de marzo pasado.

    Los abogados de los instigadores de lo ocurrido sostienen que, por aplicación del Art. 138 de la Constitución, el pueblo tiene derecho a la resistencia y a recurrir a cualquier medio a su alcance. Según esos profesionales sería similar a una legítima defensa porque el pueblo tenía el derecho a resistir contra los violadores de la Constitución y del reglamento interno del Senado.

    Y aquí cabría aclarar que el Art. 138 de la Constitución, por un lado, no autoriza a ciudadano alguno a atentar contra un poder del Estado, prenderle fuego y saquearlo como rateros de la peor calaña.

    Una interpretación extensiva del artículo, como lo hacen los astutos letrados que asisten a alguno de los atracadores del Congreso, nos llevaría a un verdadero caos jurídico-político, pues cualquier desacuerdo con alguna decisión de un órgano constitucional les permitiría dar rienda suelta a sus más demenciales objetivos. No es ocioso por tal motivo recurrir al diario de sesiones de la asamblea nacional constituyente de 1992, al abordar y fundamentar el artículo cuyo acápite es “De la Validez del Orden Jurídico.- Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su alcance, en la hipótesis de que esa persona o grupos de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta Constitución, detenten el Poder Público, sus actos se declaran nulos y sin ningún valor, no vinculantes, y por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento. Los Estados extranjeros que, por cualquier circunstancia se relacionen con tales usurpadores, no podrán invocar ningún pacto, tratado, ni acuerdo suscrito o autorizado por el Gobierno usurpador, para exigirlo posteriormente, como obligación o compromiso de la República del Paraguay”.

    En la sesión del 31 de marzo del 2017 una mayoría de 25 senadores, luego de modificar previamente el reglamento interno de la Cámara, convocó a una sesión extraordinaria para introducir el proyecto de resolución que aprobaba la vía de la enmienda para introducir la reelección presidencial en el texto constitucional. En cuanto al reglamento interno, creo que hasta resultaría innecesario expresar que, quienes lo establecieron y luego lo unificaron, actuaron de acuerdo con los poderes y facultades que la Constitución les atribuye. Y en cuanto al supuesto tratamiento entre cuatro paredes, tanto de la modificación del reglamento interno como del proyecto de enmienda, aun cuando pudiese discutirse las formas aparentes del acto, ambas sesiones resultan incuestionablemente válidas. Esa mayoría se vio obligada a sesionar en una de las salas del Congreso para evitar los actos de violencia, las amenazas y la matonería que ya se había presentado en ocasión del inicio o del intento de iniciar esas sesiones extraordinarias.

    Otra teoría descabellada es la de responsabilizar a la Policía Nacional por el acto de esos vándalos delincuentes. No se puede sostener con alguna mínima racionalidad que una persona puede cometer cualquier hecho punible, incluyendo un crimen, porque el local de uno de los poderes del Estado carece del personal policial recomendado para detener a quienes, siguiendo las indicaciones de dos conocidos dirigentes políticos –que aún no han sido imputados por la Fiscalía– consumaron los inconfesables objetivos de sus líderes.

    El orden jurídico ha sido quebrantado no por la actuación de esos 25 senadores sino por los bárbaros que atracaron el Congreso y que, felizmente, paulatinamente están siendo identificados. Stiben Patrón, presentado como un héroe nacional por una parte de la dirigencia del PLRA no es un salvador de la patria ni un salvador de la Constitución; simplemente es, como los numerosos videos así lo demuestran, parte de la horda de salvajes epilépticos y drogados que atacaron la sede del Congreso. Y tratándose de un crimen como lo es la coacción a órganos constitucionales y atento a la evidencia que demuestra sin duda alguna su participación en los hechos investigados, el pedido de prisión preventiva se encuentra plenamente justificado.

    La tendencia partidaria y el llamativo esfuerzo de algunos dirigentes liberales para presentarlo como una víctima del terrorismo de Estado resulta casi cómica.

    Pero estos dislates jurídicos a los que recurre la defensa no son inocentes errores conceptuales sino responden al avieso propósito de concentrar toda la investigación en torno a los hechos ocurridos en la sede del PLRA en la madrugada del 1 de abril. Los principales responsables de los atracos aun transitan impunemente por nuestras calles y recurren a todo tipo de maquinaciones y ardides para obstaculizar la tarea investigativa del Ministerio Público. Desde luego, algunos son maestros en recusaciones e incidentes dilatorios.

    El último capítulo de esta tragicómica historia montada por algunos dirigentes del Partido Liberal se dio con el acompañamiento que hicieron 2 de los principales responsables de esos crímenes a 4 jóvenes investigados por el Ministerio Público y así pedir asilo político ante el gobierno de Uruguay. Cuando se trata de solicitar asilo, los indicios recogidos contra los peticionantes jamás resultan suficientes para impedir que gobiernos de la región amparen y protejan a esos supuestos delincuentes que de víctimas nada tienen.

    Todo el país conoce perfectamente a los responsables e instigadores de esos crímenes. Si el caso concluye con una nueva impunidad, se tendrán eventos parecidos donde cualquier desacuerdo contra un acto o decisión de uno de los poderes del Estado autorizara, invocando la norma del Art. 138, todo tipo de atracos, saqueos, incendios, la coacción contra órganos del Estado y contra sus miembros, como también el saqueo que produjeron algunos de los manifestantes contra locales comerciales y hasta contra el Panteón de los Héroes de donde hurtaron banderas que recogen la historia de este país como también materiales especiales destinados a la restauración de ese edificio. Esto, claro está, si estos criminales no dicen que los héroes cuyos restos descansan en el Panteón también violaron la Constitución.

    Entre la impunidad y el justo castigo, el Ministerio Público tiene la palabra y no obstante, recordaré la frase “si quieres saber quién es el responsable de un crimen, solo debes buscar a quien se benefició con él”.

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    Publicado por jotaefeb | 21 junio, 2017, 8:11 am
  4. Nuestra magnífica Constitución

    Por Enrique Vargas Peña
    El 20 de junio de 1992, una Convención Constituyente promulgó nuestra actual Constitución. El Poder Ejecutivo preexistente prestó juramento de cumplirla y hacerla cumplir más tarde por el enojo del presidente Andrés Rodríguez contra las cláusulas que le prohibían la reelección o la elección de integrantes de su familia que pudieran ser sus títeres en el poder. Los títeres no son invento de Cartes.

    Desde esa fecha, nuestra Constitución está en vigencia y protege la libertad y los derechos de todos nosotros, el pueblo paraguayo.

    Para redactarla, fue convocada la mencionada Convención Constituyente, elegida en plena libertad y sin mayores fraudes el 1 de diciembre de 1991. Fueron elegidos 180 ciudadanos que empezaron su trabajo el 30 de diciembre siguiente.

    Acabábamos de salir de nuestra más larga experiencia autoritaria, ininterrumpida, inaugurada por el general José Félix Estigarribia el 18 de febrero de 1940, día en que de un espadazo derogó nuestra primera Constitución democrática, la de 1870.

    La noche dictatorial había durado cuarenta y nueve largos y trágicos años durante los cuales dos generaciones enteras de paraguayos vivieron y murieron sin saborear los goces de la libertad, ni disfrutar de sus beneficios.

    En realidad, el despotismo es la nefasta regla de nuestra historia. Desde que los reyes de España suprimieron la limitada autodeterminación de Asunción, establecida por la Real Cédula del 12 de setiembre de 1537, mediante un decreto de Bruno Mauricio de Zabala de marzo de 1735, los paraguayos sufrimos una opresión continua, confirmada por algunos breves episodios de libertad.

    Era obvio en 1991, y lo es hoy más aún, que cualquier construcción institucional en nuestro país debía edificarse contra la dramática experiencia autoritaria y que no podía dejar de tenerla muy presente si es que los paraguayos queríamos experimentar los beneficios de la libertad que nos habían sido negados siempre.

    Los constituyentes de 1992 pueden ser acusados de haber cometido errores, pero no pueden serlo de no haber interpretado y respetado los anhelos de los paraguayos de gozar de la libertad: Nos dieron una Constitución magnífica, cuyo equilibrio de poderes ha sido hasta ahora una muralla que los aprendices de tiranos que periódicamente nos asaltan no han podido derribar.

    Hasta ahora, pues en estos momentos el grupo Cartes está desarrollando el más sistemático, serio y mejor financiado ataque contra nuestras libertades desde el mencionado golpe del 18 de febrero de 1940 de Estigarribia.

    A pesar del asesinato de Rodrigo Quintana, Cartes ya tiene media enmienda pro reelección, inconstitucional, aprobada la semana pasada por los golpistas que son mayoría en el Senado. La puede terminar de imponer cuando quiera en Diputados.

    Por si esto no le convenga, Cartes cuenta con el concurso de irresponsables que arriesgan el equilibrio de poderes de nuestra Constitución con la excusa de corregir el Consejo de la Magistratura o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

    Así pretenden convocar en 2019 otra convención constituyente, elegida sin que los electores podamos saber si el grupo Cartes es el que financia, como actualmente, la mayoría de las candidaturas y que, de ocurrir la tragedia de su elección en esas condiciones, terminará produciendo constituyentes de la clase de Fernando Lugo, trabajando para Cartes disfrazado de socialista, o Blas Llano, disfrazado de liberal.

    Su enmienda en marcha o tal constituyente permitirán a Cartes reflotar la institucionalidad autoritaria de Estigarribia y volver a someternos al despotismo.

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    Publicado por jotaefeb | 21 junio, 2017, 7:59 am
  5. 25 años de una Constitución que no motivan a celebrar

    Ayer se cumplieron 25 años de promulgación de la primera Constitución de la era democrática, lo cual era motivo suficiente para una gran celebración. Sin embargo, los actos tuvieron que suspenderse ante los reiterados intentos por violar la Carta Magna. Desde la fallida operación por imponer la reelección hasta los últimos atracos legislativos para copar los espacios de poder por parte del oficialismo y sus aliados, existe una lamentable falta de respeto a nuestra máxima ley. Es de esperar que la clase política recapacite y surja un compromiso para realizar una reforma y hacer valer el orden constitucional. De lo contrario, las conquistas logradas en estos 25 años no servirán de mucho.
    Que en el Paraguay se hayan cumplido 25 años de vigencia de la primera Constitución Nacional en la era democrática no es poca cosa. La promulgación de la Carta Magna, el 20 de junio de 1992, fue el corolario de una larga lucha por la libertad y la democracia, en un proceso que ha costado mucho sufrimiento a miles de ciudadanos.

    Las importantes libertades y conquistas democráticas consagradas durante la Convención Nacional Constituyente del 92 merecían ser recordadas y celebradas, principalmente en honor a quienes han dado sus vidas por llegar a dicha etapa, pero lamentablemente los actos de conmemoración oficial que estaban previstos por las autoridades del Congreso Nacional, finalmente, fueron suspendidos, alegando que varias organizaciones invitadas se negaron a participar, como una medida de protesta ante los últimos hechos protagonizados por referentes del oficialismo colorado y sus aliados, y que son considerados violatorios de la Carta Magna.

    Mas allá de las motivaciones políticas que existan tras estas decisiones, es justo reconocer que el respeto a los artículos de la Constitución no se encuentra en su mejor momento. Mientras por un lado existen violaciones que pueden considerarse sistemáticas, como la falta de mejor cumplimiento de derechos básicos como el acceso a la tierra, la vivienda, la salud, la educación y el trabajo, en los últimos meses se han incrementado las violaciones o intentos de violaciones a normas que rigen el orden jurídico del sistema democrático republicano.

    El caso más grave, que produjo una fuerte crisis política, fue el operativo impulsado por el propio presidente de la República, Horacio Cartes, a través de legisladores del oficialismo, en alianza con sectores liderados por ex presidente Fernando Lugo y el liberal disidente Blas Llano, buscando violar la Constitución para introducir la figura de la reelección, actualmente prohibida. La creciente protesta ciudadana, que desencadenó en la quema del edificio del Congreso, finalmente obligó a desistir de este propósito.

    Sin embargo, en esta última semana de nuevo se produjeron formas de violaciones constitucionales para desplazar a las autoridades de las cámaras de Senadores y Diputados, y reemplazar a los representantes legislativos ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, buscando copar todos los poderes con referentes del oficialismo.

    Es de esperar que la clase política recapacite y surja un compromiso para realizar una reforma y hacer valer el orden constitucional. De lo contrario, las conquistas logradas en 25 años no servirán de mucho.

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    Publicado por jotaefeb | 21 junio, 2017, 7:51 am

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