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El impuesto a la soja

Nuevamente se encuentra radicado en el Congreso Nacional un proyecto de impuesto a la exportación de soja y otros productos agrícolas en estado natural. La soja constituye el principal rubro de generación de divisas. Se estima que representa el 65% de la producción agrícola y que los negocios agropecuarios en su conjunto participan en la generación del PIB en más del 40% y generan alrededor del 25% del empleo nacional. La superficie utilizada para su producción es menos del 10% del territorio. La estabilidad macroeconómica y el crecimiento, de las que todo país y su gente nos beneficiamos hoy, sin la soja no serían posibles. Dicho de otra manera, sin la soja estaríamos bastante mal y en complicada crisis. Sin desmerecer a los demás rubros de la producción, la soja es la “gallina de los huevos de oro”.
CARACTERÍSTICAS

Los 10.000.000 de toneladas de soja que se producen son posibles gracias a la agricultura mecanizada, que implica la inversión en maquinaria cada vez más sofisticada y costosa, de adquisición de suelos aptos y caros, de su constante enriquecimiento, de variedades genéticas adecuadas, del combate a las plagas, de tecnologías para el manejo de la siembra, conservación y cosecha, de empleos cada vez más calificados, etc., en buena cuenta es una actividad empresaria de capital, tecnología y buena gestión.

LOS RIESGOS

Toda actividad tiene sus riesgos. Pero en la agricultura hay variables exógenas de gran significación que escapan a la gestión del productor. El tiempo, exceso o falta de lluvia en los momentos adecuados, las plagas y los precios. En el caso de la soja, los precios internacionales, que sufren profundas variaciones, año a año, motivadas principalmente por los rendimientos en otras latitudes que bajan o suben la oferta, y en tiempos de rescisión global por la baja de la demanda, entre otros factores. Los precios los determina el mercado mundial.

LA RENTABILIDAD

La soja es un cultivo rentable. El nivel de rentabilidad está en función de los rendimientos de kilos por hectárea y de los precios al tiempo de la cosecha o de la venta. Ninguna de estas variables es constante, por el contrario, varían y hasta bruscamente, año a año. No debe extrañar que un productor en una cosecha gane una importante suma y al año siguiente pierda y ni tenga capacidad para cubrir sus deudas y debe endeudarse nuevamente y hasta por más, para enfrentar la próxima siembra.

LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Cuando un bien se vuelve escaso con relación a la demanda normalmente sube el precio. Si los productores de tomates pierden gran parte de su cosecha, los precios en el mercado interno se disparan para arriba y cuando las cosechas son abundantes los precios se vuelven ínfimos. Esta ley económica no impacta igual a nuestros productores de soja, ya que no importa si sus rendimientos son bajos o altos, lo que interesa es el precio mundial.

LOS IMPUESTOS

El productor sojero hoy tributa el IRAGRO a la tasa del 10%. La soja exportada en grano tiene un impuesto del 2,5% por no devolverse todo el IVA.

La Constitución Nacional obliga a que los tributos (entre estos los impuestos) respondan a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Establecer un impuesto fijo a la producción agrícola de exportación es jugar a la ruleta rusa. No es racional, viola principios económicos, no favorece el desarrollo y se torna socialmente injusto.

EL IMPUESTO PROYECTADO

El impuesto propuesto es del 15% calculado sobre el valor de exportación de la soja en estado natural. Repetimos, es un impuesto fijo, no un impuesto a la rentabilidad. Además, se dispone que no se devuelva el IVA, que está gravado con el 5% sobre el precio de comercialización. Es decir, el total es del 20%.

El impacto económico para el productor de este impuesto y de los demás ya vigentes, sobre su rentabilidad sería aproximadamente de 60% sobre sus ingresos brutos cuando los precios y sus rendimientos son extraordinariamente buenos, de 85% cuando son los normales. Cualquier disminución de la producción o baja del precio se volvería confiscatorio, pues el productor tendrá un ínfimo margen de ganancia, que será totalmente absorbido por los impuestos, y con mayor razón cuando tiene pérdida. La confiscación está prohibida por la Constitución. Un sano y perdurable sistema impositivo debe basarse en la “capacidad contributiva” real de los contribuyentes y no en la presunción irreal de altas ganancias constantes.

LOS ERRORES TÉCNICOS

A estar por las declaraciones que avalan este proyecto, las transnacionales agroexportadoras ganan mucha plata. Están empresas tributan hoy alrededor del 28% sobre sus utilidades remesadas, lo que para un país de economía emergente es significativo. Además, lo que no advierten los impulsores del proyecto es que al ser fijado el precio por el mercado internacional el exportador tiene que, además de asumir los costos de los impuestos locales, asumir igualmente todos los costos que afectan al producto a ser exportado, en especial los generados por nuestra mediterraneidad para colocar nuestros productos en puertos de ultramar como asimismo los derivados de nuestra deficiente infraestructura logística para el traslado interno de los productos cosechados. El mercado internacional no pagará mejores precios para compensar los impuestos locales ni los derivados de nuestras deficiencias estructurales ni dificultades geográficas y logísticas. En otras palabras, si bien el contribuyente de derecho será el exportador, el precio al productor será 20% menos para el productor, además de 20% menos sobre los demás costos que afecten a la cadena de comercialización posterior a la venta en su establecimiento. El impacto económico del impuesto, como explicado más arriba, inciden directamente sobre los precios del productor y ponen en riesgo la continuidad de la producción.

LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

El tratamiento a las apuradas de este proyecto violará el Art. 12 de la Ley de Responsabilidad Fiscal que requiere del dictamen técnico previo del Ministerio de Hacienda.

Este informe deberá tener en cuenta que conforme a estimaciones de costos la exportación de trigo y maíz desaparecerán y la soja a un incalculable riesgo, considerando que la capacidad instalada de industrialización de la soja está en torno a una tercera parte de la producción actual.

CONCLUSIÓN

Este proyecto de ley pone en riesgo el futuro la economía nacional, no solamente de los sojeros, sino de incontables sectores comerciales vinculados a la producción, transporte y su financiamiento. Quizás valga recordar dos pensamientos: el “camino al infierno está lleno de buenas intenciones” y que “el populismo se acaba cuando se acaba el dinero…, de los demás”.

Por Carlos T. Mersán Galli

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

19 comentarios en “El impuesto a la soja

  1. Chantaje a productores

    Como es sabido, el contubernio carto-lugo-llanista se extendió a asuntos ajenos al propósito inicial de atropellar la Ley Suprema para aprobar la reelección por la vía inconstitucional de la enmienda, en beneficio del presidente Horacio Cartes y del senador Fernando Lugo. La resistencia ciudadana provocó el abandono del malhadado proyecto, pero el complot de la triple entente continúa para soliviantar la legalidad en otros campos, removiendo a los representantes de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, o convalidando sesiones “mau” en ambas Cámaras del Congreso y destituyendo a sus autoridades, para colocar al frente de los dos cuerpos legislativos a parlamentarios funcionales a la coalición.

    En coincidencia con estos acontecimientos que apuntan todos a allanar el camino para que la entente vaya acaparando el poder, llamativamente, se aprobó en el Senado, en general, un proyecto de ley que grava la exportación de granos en estado natural (conocido como de “impuesto a la soja”), presentado por la bancada del Frente Guasu, contra la oposición de amplios sectores de la producción, del presidente del Banco Central, Carlos Fernández Valdovinos, y hasta de la propia ministra de Hacienda, Lea Giménez. Más aun, el propio presidente Cartes suele pronunciarse en contra de una iniciativa similar.

    Cabe preguntarse, entonces, cómo es posible que los senadores “cartistas” hayan apoyado un proyecto de ley cuestionado por la propia ministra encargada de la administración tributaria, siendo público y notorio que obedecen ciegamente las indicaciones del jefe del Poder Ejecutivo. Se podría responder que celebraron un “pacto de caballeros”, y que se vieron moralmente constreñidos a retribuir los servicios prestados por sus socios luguistas en las otras cuestiones, sin perjuicio de que también hayan creído necesario mantener la connivencia ante la próxima designación del fiscal general del Estado y, eventualmente, del nuevo titular del Ministerio de la Defensa Pública.

    Sin embargo, las interpretaciones que anteceden igualmente son compatibles con la de que el presidente Cartes quiera tener colgada una espada de Damocles sobre la cabeza de quienes participan en la producción y exportación de granos, primera fuente de ingreso de divisas al país, porque el caso es que esto no apeligra solamente a estos empresarios, sino a todos los demás sectores que intervienen en la cadena productiva, tales como las entidades crediticias que operan con ese poderoso sector, los proveedores de insumos, los vendedores de maquinarias agrícolas, los camioneros, los navieros, etc., etc.

    Asimismo, debe recordarse que el presidente Cartes anunció más de una vez que vetaría una ley sancionada en el sentido original y que el proyecto aún debe ser estudiado en particular por el Senado. No obstante, nadie ignora que el Primer Mandatario puede cambiar de opinión en cualquier momento, tal como lo demostró al seguir insistiendo con la enmienda inconstitucional tras haber desistido de ella en su mensaje del 31 de octubre de 2016. Pero, dados los tejemanejes de esta cuestión, puede pensarse que se está ante una maniobra política muy sutil, destinada a forzar a los sectores afectados por el posible gravamen a apoyar la candidatura de Santiago Peña, y, eventualmente, contribuir para su campaña electoral, teniendo pendiente la amenaza de que la ley podría ser finalmente sancionada y promulgada.

    A ningún gobernante sensato que aspire a ser reelecto o busque imponer un sucesor se le ocurriría promover o consentir nada menos que la creación de un impuesto tan nocivo a poco más de un año de que concluya su mandato. Sería un suicidio desde el punto de vista político-electoral, ya que no se ganan votos metiendo la mano en el bolsillo de la gente. Por lo tanto, es poco probable que el titular del Poder Ejecutivo incurra en tamaño despropósito, salvo que el objetivo sea castigar a quienes se nieguen a secundar sus pretensiones. Como los indicios señalan que su candidato es incapaz de concitar el fervor de sus nuevos correligionarios, necesitaría lograr para él la adhesión de la mayor cantidad de círculos influyentes, aunque sea mediante el chantaje encubierto.

    Según el senador Hugo Richer (Frente Guasu), la aprobación del proyecto de ley, acordada entre los conjurados, “está en situación de espera”. Esta es justamente la situación que podría estar buscando el Presidente de la República para alinear detrás de Santiago Peña a los sojeros, a sus proveedores de insumos y a sus acreedores comerciales y bancarios, pues el “cháke” del gravamen resulta para ellos mucho más convincente que los discursos del delfín.

    Es lógico que la actual incertidumbre preocupe bastante a los productores de soja y demás sectores involucrados en dicha actividad, que, como hombres de trabajo, aspiran a que sus legítimos intereses sean atendidos y a poder elegir libremente a un candidato. Si los funcionarios públicos pueden ser extorsionados, está visto que también pueden serlo quienes se dedican a producir, mediante la amenaza de aplicarles un impuesto, por ejemplo.

    La arbitrariedad es la regla cuando el Poder Judicial depende de los políticos y estos descuellan por su indecencia, hasta el punto de fraguar las más raras alianzas cuando está en juego el poder. El país carece de seguridad jurídica, porque la magistratura no es confiable y porque las leyes no suelen responder a criterios racionales, siendo sancionadas o derogadas según los intereses políticos de la hora.

    Seguramente esta “situación de espera” se prolongará hasta que los amenazados tomen una decisión personal y Horacio Cartes, de quien depende el destino del proyecto de ley, resuelva en consecuencia.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/chantaje-a-productores-1611221.html

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    Publicado por jotaefeb | 09/07/2017, 10:07
  2. Gravar la exportación es un absurdo económico

    Tal como se presenta actualmente el panorama político y la composición de las fuerzas en el Congreso, la creación del impuesto a la exportación de soja y otros granos con una tasa del 15 % parece condenada a una muerte inexorable.

    El propio Poder Ejecutivo, a través de la ministra de Hacienda, manifestó que si el proyecto de ley que tiene aprobación en general en el Senado llega a sancionarse, recibiría el veto del Presidente de la República.

    Aunque la experiencia demuestra que en el área de las decisiones de los partidos políticos y sus representantes en el Poder Legislativo virtualmente podrían suceder las cosas más inesperadas, todos los elementos indican que ese proyecto no tiene más futuro que la cesta de desechos.

    Sin embargo, la posibilidad de gravar la exportación de nuestros principales productos de ventas al exterior ha dado lugar a una discusión que pone en tela de juicio el sentido común y el tipo país que quieren algunos sectores.

    Pues en el fondo no se trata de un problema ideológico, como aparenta, sino de la capacidad que se tiene para ver la realidad, de interpretar los así llamados signos de los tiempos y actuar de la manera más sensata para el bien de la nación.

    Normalmente, cualquier país, sea emergente económicamente o con una situación ya consolidada, no pone trabas impositivas a sus ventas, porque es una manera directa de castigar su producción y de menoscabar sus exportaciones.

    Generalmente lo que se castiga es la importación y a las exportaciones se les da incentivos de diversa índole, porque es una manera de ayudar al mayor ingreso de divisas y a alentar la riqueza de un país.

    Por eso en muchas naciones es un clásico el reintegro o los subsidios a la exportación, que a veces incluso suele generar la protesta de sus competidores, porque las hace mucho más competitivas que otros en la dura puja del mercado internacional.

    Y, por el contrario, aquellos países que castigaron sus ventas al exterior, con la miope intención de recaudar más impuestos sin mirar más lejos, han visto declinar no solo sus exportaciones sino la producción, con la consiguiente caída de su economía.

    Ese es el gravísimo error que cometen los que quieren imponer tributos a las exportaciones para fustigar a un sector económico con el pretexto de recaudar más, pues a la larga lo único que ocasiona es un daño irreversible, no siempre al sector directamente involucrado, sino a la economía del país en general, con los efectos multiplicadores que tienen en numerosas actividades conexas que se ven resentidas y que al final perjudican a la gente.

    Otro detalle que no se puede desconocer en el propósito de crear este tributo es que resulta totalmente desproporcionado por su alto porcentaje y decididamente ajeno al espíritu impositivo paraguayo, que por sus bajas tasas es un atractivo para la inversión extranjera y nacional. Si alguna cosa caracteriza a la economía del Paraguay es en general su escasa carga tributaria si se compara con la mayoría de los países.

    La tasa de casi todos los impuestos ronda el 10% y solo algunos contados sobrepasan el 15%, como sería el Impuesto Selectivo al Consumo de los cigarrillos de cualquier clase que tributan el 20% o las naftas de alto octanaje que llegan hasta el 38%, que son la excepción a la regla. Los demás impuestos y que son los más rendidores, como el IVA, el Impuesto a la Renta a las Actividades Comerciales e Industriales (IRACIS), el Impuesto a la Renta Personal tienen una tasa del 10%.

    Uno de los grandes aciertos en el pasado reciente fue justamente reducir la tasa del Iracis del 30% al 10% con la Ley 2.421 de Adecuación Fiscal, que en más de una década de vigencia produjo la regularización de innumerables empresas que recurrían a la doble contabilidad para tributar menos y alentó a los capitalistas a reinvertir sus ganancias.

    La ciudadanía tiene el derecho de exigir a sus legisladores sensatez a la hora de legislar, al margen de las posturas extremas, asentadas más en las pasiones que en la razón. Finalmente, lo que se conseguiría es que se castigue a las mayorías que tienen poco y necesitan empleo, estabilidad económica y posibilidades ciertas de alcanzar un mejor vivir.

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    Publicado por jotaefeb | 04/07/2017, 08:26
  3. El impuesto a la exportación de la soja en estado natural es una reivindicación histórica del Movimiento Progresista Colorado
    NICANOR DUARTE FRUTOS·JUEVES, 29 DE JUNIO DE 2017

    Repaso de nuestra coherencia política
    Luego de la reforma tributaria del 2005, nuestro gobierno logró reinsertar al Paraguay en la economía global, relanzar el crecimiento y formalizar su economía, ampliando enormemente la base de contribuyentes (aproximadamente 40o mil nuevos contribuyentes en 5 años) y aumentando la recaudación de 600 millones de dólares a 1800 millones de dólares por año al final de nuestro mandato. Esta primera reforma tuvo como objetivo revertir la catastrófica situación económica y social que nos legaron los gobiernos de la década del 90: depresión de nuestras exportaciones, nula recaudación, endeudamiento masivo, reservas internacionales por el piso, desempleo galopante y default selectivo.
    Inmediatamente a esta reforma, emprendimos una lucha política por comenzar a dar un carácter progresivo a nuestro sistema tributario. Desde el año 2004, nuestro gobierno propuso el impuesto a la exportación de la soja en estado natural (http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/nicanor-ratifica-impuesto-y-pide-solidaridad-a-los-productores-745927.html). Lastimosamente las fuerzas ultraconservadoras del Congreso impidieron el avance de una mayor justicia social, como lo siguen haciendo hoy, desde diferentes partidos políticos y facciones internas.
    Nuestro gobierno buscó también un impuesto a la tierra que limite los crecientes procesos de concentración (http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/nicanor-anuncia-impuesto-a-la-tierra-y-defiende-a-campesinos-781621.html), lo que nos valió respuestas violentas de quienes concentran de manera escandalosa la tierra en el Paraguay, 0.93 según el índice de Gini, siendo 1 el nivel de desigualdad perfecta (http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/sojeros-rechazan-impuesto-a-la-tierra-planteado-por-duarte-frutos-781786.html).
    También, propusimos un Impuesto a la renta personal que grave las ganancias de los que más ganan (iba afectar sólo a 8.000 personas en nuestro país, que son las que ganan más de 10 salarios mínimos). Esta iniciativa también fue rechazada por el consenso conservador de nuestro país (http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/antipatriotas-dice-duarte-frutos-a-parlamentarios-de-la-oposicion-931092.html), acompañado de una violenta campaña de desprestigio, amenazas de todo tipo y chantajes de los poderes fácticos hacia un gobierno que buscaba reformas tendientes a construir un país más incluyente.
    A pesar del bloqueo sistemático de estas propuestas legislativas, el gobierno colorado de 2003-2008 inició todos los programas sociales hasta hoy vigentes (muchos de ellos abandonados): Tekoporá, 1000 becas de Itaipú, viviendas populares, inicio de la gratuidad de la salud, ley de la tercera edad, tarifas sociales de energía para los sectores populares, Plan Nacional para la Reactivación de la Agricultura Familiar (2003-2008) que incluyó un Programa de Apoyo al Desarrollo de Pequeñas Fincas Algodoneras (PRODESAL) y un proyecto denominado Seguridad Alimentaria. En 2007, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) implementó el Fondo de Apoyo a la Agricultura familiar, el que además de proveer incentivos financieros introdujo el Certificado Agronómico. Este programa hizo posible el apoyo directo a las familias campesinas, a través de la transferencia de USD 8,43 millones a 88.948 beneficiarios. Además, compramos miles de hectáreas para el campesinado, creamos los fondos sociales de Itaipú, ofreciendo por primera vez apoyo y asistencia real a la agricultura familiar campesina. Sin olvidar que subsidiamos los cultivos de algodón y sésamo cuando los precios internacionales eran desfavorables.
    El impuesto debe ser a las exportación de la soja
    Como puede observarse, las reivindicaciones del Movimiento Progresista Colorado no son ocurrencias del presente, ni responden a una simple coyuntura electoral, sino que se proyectan en el tiempo, se respaldan en una historia de luchas y hechos. En coherencia con nuestra historia, ayer como hoy, reivindicamos el impuesto a la exportación de la soja en estado natural. Consideramos como una necesidad estratégica gravar la exportación de la soja, tanto por razones recaudatorias, como por la necesidad de avanzar hacia la industrialización de nuestras materias primas.
    Quienes se oponen al impuesto a la exportación de la soja lo hacen básicamente por dos razones: a) representan los intereses del complejo agropecuario que realiza evasiones impositivas millonarias por año y ven la dificultad de evadir el impuesto a la exportación, ya que el control recaerá sobre unas seis agroexportadoras extranjeras ; b) están a favor de un modelo económico que condena al Paraguay a ser un simple proveedor de materias primas para los países desarrollados, aceptando la total dependencia económica y renunciando a la soberanía nacional.
    No creemos que el destino del Paraguay sea abaratar los productos industriales de los países del primer mundo, mientras en nuestro país crece el desempleo, miles de jóvenes sufren la falta de oportunidades, la sociedad demanda mayores servicios públicos y mayor presencia del Estado. Por el contrario, creemos que el destino del Paraguay debe consistir en dar un salto cualitativo, rompiendo con los elementos precapitalistas del modelo agroexportador, para ir hacia una economía más industrializada, capaz de incorporar los avances de la sociedad del conocimiento y generar las condiciones para el fortalecimiento de nuestro mercado interno.
    El impuesto a la exportación de la soja es apenas un elemento de lo que debería ser un vasto programa de desarrollo, que apunte a la diversificación de nuestra producción, a la recuperación de nuestra soberanía alimentaria y a la reducción de la dependencia de los precios internacionales de los commodities.
    Debe entenderse que el impuesto a la exportación de la soja no es de “izquierda” o “socialista”, sino que es una medida industrializante y modernizadora. Como lo han explicado varios analistas económicos, este impuesto no solamente dará al Estado la posibilidad de obtener ingresos genuinos, sino que impulsará la creación de puestos de trabajo, ya que abaratará el precio interno de los granos, estimulando su procesamiento local y desestimulando su exportación en bruto. Así, se crearán las condiciones para que el empresariado nacional considere como más rentable la inversión en la industrialización de nuestras materias primas, antes que en su exportación sin valor agregado.
    Como línea política nacional-popular del coloradismo, creemos que el Paraguay no puede seguir siendo una colonia del capital transnacional, en cuyas manos está la casi totalidad de la exportación de nuestras materias primas. El coloradismo histórico, que buscamos representar, no acepta la gestión cuasi-feudal del suelo paraguayo. Rechaza la utilización de nuestros bienes públicos por parte de los sectores económicos que menos tributan en relación a sus ganancias. Repudia la expulsión de miles de compatriotas de sus tierras y condena la falta de control a las agroexportadoras que remesan a sus casas matrices sus exorbitantes ganancias.
    Nuestra propuesta protege al pequeño productor
    Por ello, desde el Congreso, vamos a proponer que el impuesto a la exportación de la soja sea del 20%, con las correspondientes exoneraciones a pequeños productores de 20 hectáreas y menos, que son numerosos pero manejan una ínfima porción del mercado. Según el censo agropecuario del 2008, las fincas sojeras de 20 Has. solo representan el 2,3% de las tierras dedicadas al cultivo de la soja, mientras 8700 sojeros concentra el 70% de las tierras dedicadas a este rubro.
    Con estas exoneraciones echaremos por tierra el argumento de quienes buscan preservar sus grandes privilegios utilizando como escudo a los pequeños productores. Por eso, vamos a proponer que las pequeñas unidades productivas sojeras sean protegidas por medio de compensaciones económicas tales como exoneraciones del impuesto inmobiliario, exoneraciones del impuesto a la renta, e incluso de subsidios cuando los precios internacionales sean desfavorables.
    El Movimiento Progresista Colorado considera que el impuesto a la exportación de la soja debe atar los ingresos generados: a) la compensación de los sectores más afectados por el modelo de la agricultura extensiva, es decir a los cultivos de la economía familiar campesina ; b) la construcción de las bases de un modelo alternativo, basado en la industrialización con protección social y más derechos sociales; ya que necesitamos un modelo de desarrollo que demande de forma intensiva mano de obra y no solo recursos naturales no renovables ; c) la utilización de estos fondos para el desarrollo humano (educación y salud), no para los proyectos de modernización excluyente del cartismo.
    Nuestra fuerza política cree que el sistema tributario de un país no es una simple cuestión técnica, asunto de burócratas que utilizan sus credenciales académicas para el cobro de sofisticadas coimas de parte de las transnacionales. Por el contrario, creemos que el sistema tributario es un terreno de lucha política, donde se ven con claridad los intereses que representan y defienden las diferentes corrientes políticas. Somos una fuerza política a la que no le interesa el anticartismo emocional, ni mucho menos la reivindicación de una autenticidad colorada carente de contenido ni definiciones programáticas. Nuestro movimiento tiene objetivos de mediano y largo plazo. Buscamos abrir el debate público sobre modelos de desarrollos alternativos, impulsar la disputa vibrante entre opciones políticas diferenciadas y luchar contra el pensamiento único de los portavoces del status quo. No nos interesa la moralización del cartismo, sino su superación radical en beneficio de las futuras generaciones.

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    Publicado por jotaefeb | 30/06/2017, 14:07
  4. No tienen nada

    A fines de la semana pasada, mientras se sucedía el vértigo de las “alianzas” en el Congreso impulsadas por el Poder Ejecutivo, hubo una tumultuosa reunión de prensa motorizada por referentes de la neo izquierda rampante ahora asociada estratégica del ultra liberalismo cartista. Estaban entre ellos un ex intendente, una ex ministra y un ex dirigente agrario.
    En el fragor de las preguntas y las respuestas de práctica, uno de los referentes afirmó que ahora, con la mayoría lograda, se podrían impulsar proyectos para “beneficio del pueblo paraguayo”, por ejemplo, el impuesto a la soja que “expulsa campesinos, envenena la tierra y enriquece a los depredadores de la riqueza patria”, etc. etc. Al punto, hubo una consulta desde los estudios de una emisora AM. La pregunta fue clara y directa: ¿Podría el senador compartir con nosotros el estudio técnico sobre el cual se ha formulado el proyecto de ley para gravar la exportación de soja, y de ser posible, el texto del proyecto? Silencio. Ante la insistencia del pedido, el senador tuvo esta respuesta: “Lo haremos conocer cuando sea conveniente…”. Como respuesta para salir del paso fue bastante desafortunada.

    Entre otras razones, porque la idea de poner una gabela a la exportación de soja y otros granos en estado natural es un proyecto viejo, que anda dando vueltas por el Congreso hace ya varios años.
    De manera que los legisladores que comparten esa idea debieran tener a esta altura todos los patitos en fila y listos para cumplir con su misión ante la menor oportunidad. Pero, como el senador dijo, “lo haremos cuando sea conveniente…” es decir, no tienen nada, absolutamente nada. Una vez más se comprueba que estos oportunistas, de legisladores tienen muy poco y de políticos, menos aún. Lo que les sobra es charlatanería hueca y disparatera.
    En una democracia, crear un impuesto es por lo general cosa seria. No es cuestión de parapetarse detrás de una palabrería hueca y estúpida y luego huir por la tangente. Pero se entiende que así lo hagan. Estos parásitos saben perfectamente que su nuevo patrón jamás firmaría una ley que fije impuestos a la producción. Ese tema, lo saben por consigna, está fuera de toda discusión.
    De manera que esta neoizquierda filoliberal de mercado hizo lo que mejor sabe hacer: lanzar densas columnas de humo para anestesiar a sus seguidores y hacerles creer que “la lucha continúa”, mientras hace mutis por el foro cuidándose de no desatar las iras del jefe.
    Lo más destructivo de esa conducta claudicante y cipaya es que se vacía de contenido una idea y en el futuro, volver a hablar del tema será aún más difícil; una estrategia conocida en el arte de la política de baja estofa: insistir en forma sistemática con un proyecto destinado al fracaso, gastarlo cada día un poco más para terminar bajándolo definitivamente de los titulares. Cartes puede estar tranquilo. Se ha conseguido unos magníficos genízaros que le están haciendo el trabajo sucio aunque a alto precio, el de destruir en forma lenta pero segura la fe en la democracia.

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    Publicado por jotaefeb | 29/06/2017, 11:49
  5. Multinacionales harían una fiesta
    27 junio, 2017

    En teoría, el impuesto del 10% a la exportación de soja en estado natural tiene por finalidad que las grandes firmas multinacionales dejen algo en el país, de lo mucho que se llevan todos los años. Esta es al menos la intención de los proyectistas, según anunciaron los senadores del Frente Guasu y lo corrobora el nombre que le dieron a la normativa que se estudia en el Senado. En la práctica, sin embargo, no ocurrirá tal cosa. Ni ADM, ni Cargill, ni Dreyfus, ni Bunge, ni Noble, meterán la mano en el bolsillo para sacar un solo centavo a fin de destinarlo al fisco. Al contrario, de aprobarse dicha legislación, no solo seguirán sin tributar sino que se quedarán con la mitad, o más, de la nueva tasa que descontarán íntegramente a todos los productores, independientemente de que sean grandes, medianos o pequeños.

    La razón es muy simple y no hace falta ser un especialista en cuestiones tributarias para darse cuenta, lo que hace más llamativo el proyecto impulsado por los seguidores de Fernando Lugo. Las mencionadas firmas, que controlan el 80 por ciento del total de las exportaciones de la oleaginosa, le recargarán el 10% de impuesto a los productores, lo que en términos redondos sería U$S 300 por tonelada, más 30 dólares, de la nueva tasa. Lo harán sobre el volumen total de la producción que recibirán en sus plantas, es decir, alrededor de 10 millones de toneladas, lo que equivale a U$S 300 millones. Pero como “procesan” la mitad o más de la producción, incorporando una pizca de valor agregado, y por esa parte están exoneradas de impuestos a la hora de exportar, terminarán pagando al fisco solo 150 millones, embolsándose para sí los otros 150 millones restantes, “de arriba”, sin mover un dedo.

    En consecuencia, los 300 millones de dólares de los que hablan los proyectistas, resaltando siempre los innumerables programas sociales que podrían impulsarse con dicho monto, se reducirían de un plumazo a la mitad, en un primer momento. Acto seguido, una parte de los productores que poseen deudas importantes en el sistema bancario, sobre todo los pequeños, verían reducidas sus ganancias a la mínima expresión o, dependiendo de las cotizaciones internacionales y las condiciones del clima, podrían empatar o ir a pérdida, con lo cual difícilmente honrarían sus compromisos financieros; hasta que finalmente no serían pocos los que saldrían del mercado, disminuyendo así la producción y, por tanto, también lo que se recaudaría por el nuevo impuesto.

    Desde luego que la eventual aplicación del tributo no representaría el fin del mundo, el apocalipsis, ni nada por el estilo, pero sería un freno a la economía. En vez de producir 10 millones de toneladas, se producirían 8, o 7, tal vez incluso menos, con lo cual disminuiría el ingreso de divisas al país (lo que ejercería una presión sobre el dólar) y, de los anunciados “300 millones de dólares frescos” para el Tesoro, que en realidad son 150, lo realmente recaudado bajaría a 120 millones o a 110, si no menos, que bien podrían obtenerse por otras vías, que no pongan en entredicho el crecimiento ni el desarrollo.

    En otras palabras, los problemas que causaría serían muy superiores a las soluciones. En líneas generales, de una manera u otra saldríamos perdiendo todos, menos las multinacionales, a las que ahora le “caerían del cielo” 150 millones de dólares y mañana, en el peor de los casos, 110 o 100, merced a una Ley mal concebida, que provocará lo opuesto de lo que supuestamente busca.

    Y esto es algo muy difícil de explicar para quienes, como los integrantes del Frente Guasu, hicieron del “anti-imperialismo” y de la “defensa de la soberanía”, su razón de ser, lo que a esta altura suena a pura retórica.

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    Publicado por jotaefeb | 29/06/2017, 11:16
  6. Un nuevo apocalipsis

    Por Samuel Acosta
    Al entrevistar al representante de cualquier sector económico todos coinciden en que la presión tributaria no solo es baja, sino totalmente desigual en el Paraguay, siendo el IVA (el impuesto más injusto) el mayor generador de ingresos que tiene el Estado. El problema es que cuando se decide pedir más a su sector cambian radicalmente el discurso y emergen las profecías del fin.

    ¿Recuerda cuando el ex ministro de Hacienda Dionisio Borda planteaba la implementación de un impuesto a la renta personal (IRP), aquel debate parlamentario llevó años por la fuerte resistencia de los segmentos económicos más poderosos de este país, que vaticinaban casi el fin de los tiempos con la aplicación de este gravamen?

    El impuesto se aplicó desde agosto del 2012 y, llamativamente, aquellos prójimos contribuyentes siguen con su mismo alto estándar de vida.

    En el 2015 generaba una enorme polémica cuando la SET decide aplicar el IVA 10% a las compras por internet, los profetas del aquel tiempo presagiaron casi la extinción del negocio y, sin embargo, continuó desarrollándose, al punto de que el año pasado movió USD 148 millones, exactamente USD 50 millones más que antes de la normativa.

    No puedo dejar de recordar a las cooperativas y sus extendidas protestas en el 2016, cuando se debatía aplicar el 10% sobre el interés de los créditos y se vaticinaba un durísimo golpe al sector; pero resulta que un año después de su aplicación el ritmo de colocación de créditos siguió creciendo a un 7% anual.

    Donde sí hubo un error de cálculo fue en los ingresos al Fisco, que están muy lejos de aquellos USD 60 millones al año estimados inicialmente.

    Cómo olvidar la eliminación de la exención al ensamblaje de motocicletas que ahora, unos diez años después de su desarrollo, se comienza a tributar 10% del IVA y aún así continúa tan pujante; o la misma reducción de tasas de interés a las tarjetas de crédito a través de la Ley 5476/15, que si bien tuvo un impacto en las ganancias de bancos y financieras, no por eso dejó de representar ese 7% en la cartera total del sistema.

    Hoy se debate imponer un 10% sobre la exportación de los granos de soja y, como de costumbre, un nuevo apocalipsis está al orden del día.

    ¿Cree que si se aplica una mayor presión sobre un sector que en el 2016 reportó ingresos por más de USD 3.200 millones, dejará de producir?

    La soja es el gran motor de la economía paraguaya, pero tengo serias dudas de que pedir un 5% más de contribución signifique la extinción de esta actividad altamente rentable.

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    Publicado por jotaefeb | 27/06/2017, 08:18
  7. Enclosures, Parlamento y campesinos

    Por Blas Brítez
    En 1979, un sociólogo de 34 años encabezó un equipo que, luego de 533 entrevistas y más de 200 horas de grabaciones, recogió historias y datos en torno a “los miles de campesinos que enfrentaron al monte con la ilusión de una tierra para comer y vivir con dignidad”. Cuando Tomás Palau y su grupo llegaron a la región cuyo movimiento migratorio, causas y efectos estudiarían, la batalla de los campesinos contra las selvas del Este del país había terminado.

    En no más de siete años, la extensión de la frontera cultivable, con su previo desmonte mediante la explotación de campesinos, posibilitó la erección de nuevas ciudades en un marco de predominancia latifundista agroganadera, impulsada desde el Estado por una colonización privada. Aquellos investigadores, dirigidos por Palau, registraron la terca agonía de grandes contingentes de campesinos, “cumplido el ciclo de limpiar el monte para el capital”. De allí en más, miles de personas comenzaron a vagar sin tierras en esa región.

    En 1987, con María Victoria Heikel, Tomás Palau publicó el resultado y el análisis de aquel registro en el libro Los campesinos, el Estado y las empresas.

    Hoy, la agricultura extensiva, el monocultivo y la agroexportación han convertido al Alto Paraná en el departamento que más hectáreas para la soja destina. Unas 850.000. Las multinacionales manejan el 80% de las exportaciones.

    Barrington Moore Jr., en Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, recuerda la decisiva importancia en el siglo XVIII de los enclosures, “cercamientos” de grandes extensiones de tierra, con su apropiación por parte de una aristocracia rural empresarial. Estos hicieron desaparecer al campesinado. Desaparecer suena poco traumático.

    Los millares de campesinos más pobres, cuyos antepasados habían vivido de la tierra durante siglos, sobrevivieron como braceros un tiempo y los más jóvenes malvivieron en las ciudades como asalariados de la naciente Revolución Industrial. El resto languideció hasta perderse en la historia. Los enclosures fueron apoyados por el Parlamento británico que, según afirma Moore, “no eran más que un comité de señores rurales”.

    La semana pasada —mientras se discutía en el Congreso un impuesto a la exportación de granos— vi en un supermercado que un kilo de tomates cuesta 13.500 guaraníes y uno de locotes, 14.000. Su cultivo no sobrepasa las 1.400 hectáreas anuales. Hay más de 3.000.000 de hectáreas de soja.

    Un impuesto a la renta agroexportadora alivia, pero no cura. No ataca el modelo más que lateralmente. Aun así, la aristocracia sojera se resiste a él con lenguaje amenazante.

    Elegir qué cultivar, qué comer y qué comercializar no es una cuestión impositiva. Es un asunto de soberanía cultural, alimentaria, económica y política. De ello depende la alimentación de siete millones de personas. Vale decir del sustento, de las comunidades y del medioambiente de miles de campesinos y campesinas.

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    Publicado por jotaefeb | 26/06/2017, 10:35
  8. DISTRACCIONES
    Andrés Granje
    Nunca es casualidad, siempre es fruto de los estrategas del mal que buscan la manera rápida de distraer la atención sobre un tema muy sensible y delicado, de tal forma a desenfocar la mira de la ciudadanía, como el incremento de la pobreza y el desempleo en el país. Entonces surge el tratamiento del impuesto a los granos en el congreso que hizo que se realizaran las grandes movilizaciones tipo tractorazo y similares, en contra del gravamen a la exportación de soja, teniendo al Ejecutivo como protagonista principal. Qué manera más inteligente de distraer la atención de la gente allí todos nos preocupamos si los manifestantes llegarían con sus máquinas a Asunción y nos olvidamos de datos cruciales como por ejemplo que el desempleo en el primer trimestre pasó en Asunción y Central de 91.581 a 101.217 personas.
    Todos colaboramos, como siempre, para que el gobierno escape a la presión de tener que reconocer el fracaso de sus planes, asentado sobre tres patas bien establecidas al comienzo de su gestión, el primero la transparencia, el segundo la calidad y eficiencia de los elegidos para integrar el gabinete y el tercero el combate a la pobreza, sin embargo en los tres rubros mencionados existen a tres años de gobierno mucho de que ufanarse, a pesar de la propaganda oficial que contamina todos los espacios de discusión y de análisis con sus panegiristas asalariados. Existe una realidad irrefutable la grave crisis económica que soporta la nación, el aumento de la pobreza y el desempleo en medio de denuncias de corrupción sistemática y generalizada.
    El país está endeudado como nunca para la realización de obras viales que no se concretan con la rapidez que se espera, se tiene suficientes fondos para proyectos que no se ejecutan y que se deben pagar intereses extras sobre el dinero parado que no se puede utilizar por la ineficacia de los administradores. El manto de la corrupción envuelve todos los emprendimientos públicos ejecutados hasta el presente, en todas las obras publicas proyectadas hay indicios, sospechas o un aroma nauseabundo que la intención es beneficiar a tal o cual empresa traicionando la voluntad del pueblo que quiere procesos limpios e irreprochables que garanticen la igualdad y transparencia de los procesos licitatorios.

    Por eso de pronto cuando surge la discusión en el congreso sobre el impuesto a la soja y se generaba la gran polémica que movilizó a todo el país, en pro y contra los impuestos y luego cuando se descubrió la real intención del gobierno, que era crear solamente polvaredas en la mar a través de las declaraciones de la nueva ministra de hacienda que anunciaba que la medida del legislativo iba a ser vetada por el ejecutivo, la ciudadanía sintió lo mismo que habrá sentido el Frente Guazú y su líder Fernando Lugo, que fuimos engañados y en especial el ex Obispo se habrá sentido como las muchas mujeres tontas a las que sedujo bajo su engañosa figura de hombre santo, probando algo de su propia medicina, mientras la maligna partida de ajedrez continua la pobreza y el desempleo aumenta y eso a nadie le preocupa.

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    Publicado por jotaefeb | 26/06/2017, 10:16
  9. Mártires del agronegocio

    Guido Rodríguez Alcalá
    Sor Dorothy Stang iba caminando por un camino de Pará (Brasil) cuando le cerraron el paso dos hombres.

    “¿Usted tiene un arma?”, le preguntaron.

    “Sí”, contestó ella, mostrándoles su Biblia, que comenzó a leer: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque verán el Reino de los Cielos. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados”.

    En respuesta, uno de los hombres le disparó a quemarropa el tiro de revólver que la derribó y luego le disparó cinco veces más, para asegurarse de que estuviera muerta, como corresponde a un sicario profesional.

    Los mandantes –como llaman en el Brasil a quienes pagan por un asesinato– no pensaron que el de la religiosa les trajera mayores dificultades, porque en Pará y otros estados de la Amazonia suelen quedar impunes las muertes de los religiosos, líderes campesinos y ecologistas que molestan a quienes destruyen la selva ilegalmente, sea para vender la madera, sea para ampliar sus estancias o cultivos de soja transgénica.

    Según la Comisión Pastoral de la Tierra (entidad de la Iglesia brasileña), solo hubo imputación en el diez por ciento de los 1.270 crímenes de ese tipo cometidos entre 1985 y 2013.

    Por otra parte, una imputación no significa una condena, y una condena no significa irse preso.

    Lo sabía la religiosa norteamericana Dorothy Stang, quien no se amedrentaba por eso, porque se sentía en la obligación moral de amparar a los más débiles, a los campesinos hostigados por los ganaderos; los ganaderos la habían puesto en una lista negra años antes de su muerte, ocurrida en enero del 2005.

    Una lista negra tiene un carácter anónimo y público, y contiene la advertencia: váyase o cállese, porque, de lo contrario, lo vamos a matar.

    Como la admirable mujer proseguía su labor misionera, decidieron eliminarla los estancieros Regivaldo Pereira y Vitalmiro Bastos, quienes contrataron a los sicarios, pensando que aquel sería uno de los tantos crímenes impunes.

    No contaban con la indignación provocada por el asesinato de una mujer desarmada de 73 años, de intachable y reconocida rectitud moral.

    La actitud pública y las autoridades repudiaron e investigaron el hecho; se reforzaron los controles ecológicos de la selva amazónica; quedaron sin efecto proyectos de inversión lucrativa pero destructiva en esa zona (en jerga empresarial: se desalentaron las inversiones).

    El hecho positivo tuvo una consecuencia negativa: se vinieron al Chaco paraguayo demasiados inversionistas, para depredarlo como no podían depredar el Amazonas.

    Nuestro Chaco tiene una de las tasas de deforestación más altas del planeta, con la consiguiente salinización del suelo, que se puede ver en fotos satelitales.

    Para infortunio de Pereira y Bastos, tomó cartas en el asunto el fiscal general norteamericano, porque habían asesinado a una ciudadana norteamericana; intervino el FBI y ellos tuvieron que ir presos; encima fueron condenados a duras penas de cárcel si bien, antes que presos, los dos han sido presos sambuku. ¿Les irá mejor con Temer?

    Desde 2016, han aumentado los asesinatos de ecologistas y la depredación en el Brasil.

    ¿Y cómo andamos por casa?

    El Paraguay está a la altura del país vecino en materia de depredación y asesinatos de campesinos.

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    Publicado por jotaefeb | 25/06/2017, 08:30
  10. Impuesto a la exportación es un error

    César Barreto Otazú

    El impuesto a la exportación de soja, tema recurrente de los últimos 15 años, ha vuelto a la discusión pública esta semana con la aprobación en general del proyecto de ley por parte de la Cámara de Senadores. Si bien el proyecto original fue corregido para excluir el maíz y el trigo, la versión aprobada en general sigue siendo un gran error como política tributaria y sus consecuencias serán absolutamente negativas para la producción agrícola y para el resto de la economía nacional.

    Esto se debe a que es un impuesto a la exportación cuya liquidación y pago recaerán en los exportadores, pero la carga de la misma será trasladada completamente hacia los productores de soja a través de menores precios que serán pagados por los acopiadores a los productores.

    En concreto, si se aplicara este impuesto con la tasa del 10%, la misma implicará una reducción equivalente en el precio pagado al productor. A valores de hoy, en vez de que el productor reciba un precio de aproximadamente USD 272 por tonelada, recibirá apenas USD 240 por tonelada.

    Con estos valores, la producción se vuelve inviable en aquellas zonas de menor productividad y mayor costo como algunas partes de los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Misiones, etc., así como la producción en tierras arrendadas y el cultivo para pequeños y medianos productores, cuyos costos siempre son mayores por efectos de las economías de escala.

    Como consecuencia habrá una reducción en el área de siembra, en la producción y en las exportaciones con efectos colaterales negativos en la venta de maquinaria, de insumos agrícolas, transporte y el comercio minorista, especialmente, en aquellas ciudades del interior que se desarrollaron en la última década alrededor de la producción. Por otro lado, la justificación está basada en la necesidad de mayores recursos fiscales así como en consideraciones de justicia tributaria porque el sector agropecuario tiene una carga tributaria menor que otros sectores económicos.

    En este sentido, he manifestado en varias oportunidades que un sistema tributario tiene que ser simple, basado en pocos impuestos generales que afecten a todos los sectores y equitativo en el sentido de que aquellos que tienen la misma capacidad contributiva deberían enfrentar la misma carga tributaria. Sin embargo, hay opciones menos distorsivas y menos dañinas para lograr este objetivo que las planteadas con esta ley. Todos los impuestos son distorsivos, pero los impuestos específicos como el propuesto lo son de una manera exponencialmente mayor. Los impuestos específicos se utilizan cuando se busca reducir o eliminar la producción de un bien que afecta negativamente a la salud como el alcohol y los cigarrillos.

    La soja es un alimento, cuya producción no debería ser reducida, sino más bien incrementada de tal manera de beneficiar a más personas en el mundo. Por lo tanto, la producción agropecuaria debería estar gravada con los mismos impuestos que gravan a otros sectores, ni más ni menos, para que exista equidad tributaria entre los diferentes sectores económicos del país y mantener un sistema tributario simple con impuestos generales.

    Una opción menos distorsiva y menos dañina es que la producción agropecuaria esté sujeta al mismo régimen de impuesto a la renta aplicado a los sectores comerciales, industriales y de servicios con sus mismas tasas y condiciones. Esto mejoraría la equidad tributaria intersectorial e incrementaría los ingresos fiscales sin los efectos perniciosos de un impuesto a la exportación sobre la producción de soja, evitando sus efectos colaterales negativos y seguir fomentando la inversión y el crecimiento económico, único camino para seguir reduciendo sostenidamente la pobreza en el país.

    Ojalá los parlamentarios revean su posición y busquen opciones menos dañinas para la economía. Debemos evitar que el electoralismo afecte el funcionamiento de la economía. Suficientemente difícil está el mundo, y específicamente la región, como para generar dificultades internas con políticas económicas erradas y fracasadas.

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    Publicado por jotaefeb | 25/06/2017, 08:29
  11. Impuesto a la soja debe llevar a un mejor sistema tributario

    El reciente debate sobre el impuesto a la soja revela la poca seriedad con que se plantean los debates de fondo y la debilidad del sector público por proveer información a la ciudadanía que ayude a analizar con evidencia el rol de cada uno de los actores en un estado de derecho. El sistema tributario es un pilar fundamental del desarrollo. Una baja e inequitativa recaudación de impuestos es un obstáculo, por lo que las autoridades que se manifestaron en contra del impuesto a la soja debieran justificar su posición ante la ciudadanía con información veraz y rigurosa sobre los efectos negativos de un impuesto a la soja.
    El impuesto a la soja retomó fuerzas en la agenda legislativa luego de un pacto político, sin la suficiente información que garantizara un análisis de las ventajas y desventajas de la modalidad que debiera tener. Esto motivó que se emitieran opiniones sin evidencias que avalaran cada una de las razones para su aprobación o rechazo.

    Es grave la postura de organismos públicos, cuya posición debería haber sido acompañada de informes que contribuyan a que la ciudadanía se informe. El Ministerio de Hacienda calificó de “nocivo y nefasto” el impuesto, mientras que el Banco Central manifestó su “preocupación” por el fracaso de este impuesto en otros países. Ninguna justificó técnicamente su posicionamiento, aunque cuentan con información suficiente para haber dado al debate un mayor nivel de inteligencia. La estadística oficial es un bien público y es un rol indelegable del Estado generarla, ya que a la ciudadanía le es imposible por sus propios medios contar con la misma.

    Lo cierto y verificado es que el Paraguay, según múltiples estudios, recauda poco e inequitativamente y un sector importante de la economía de altos niveles de ingresos logra evadir o eludir. En el caso de la soja, además, constituye un foco de conflicto en torno a muchos temas que van desde el acaparamiento de tierras hasta el incumplimiento de las normas ambientales y el deterioro de la calidad de la tierra, externalidades negativas que no son incorporadas en el sistema tributario.

    En términos de desarrollo social, económico y de la infraestructura estamos lejos del promedio de los países de la región, debido a la baja inversión pública en absolutamente todos los ámbitos. De hecho, se están financiando obras que beneficiarán a los sojeros, muchas de ellas con fondos provenientes del endeudamiento. Esa deuda hay que pagarla y deben hacerlo quienes más se beneficiarán con la misma. También hay inversión pública en investigación para la soja que debe ser financiada y cuyos beneficios son privados. Es justo que aporten más al Estado.

    Frente a un contexto de necesidad de recursos, un impuesto al sector que se viene beneficiando del crecimiento económico y contribuyendo poco, no solo en impuestos, sino también en generación de empleos, constituye una oportunidad para reducir las grandes desigualdades que azotan a este país. Paraguay debe dejar de ser un país de privilegios para unos pocos y de mala calidad de vida para la mayoría. Necesitamos recursos para financiar el desarrollo.

    Por la centralidad de un pacto político coyuntural, perdimos la oportunidad de debatir inteligentemente cuáles son los mejores mecanismos para que un impuesto a la soja contribuya más y de manera más justa al desarrollo del país. Ojalá que la medida que lleguen a tomar en el Senado sea la mejor, en términos de equidad y de eficiencia.

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    Publicado por jotaefeb | 25/06/2017, 08:24
  12. Alentador ascenso

    Desde más de 20 años, la prestigiosa Fundación Heritage, una reconocida think tank de Estados Unidos, elabora año tras año su clasificación de libertad económica a nivel mundial. Para establecer este índice, la fundación norteamericana considera una profusa cantidad de variables como ser el tamaño del gobierno, la estructura jurídica y la garantía de los derechos de propiedad y libertades en materia de comercio o regulación crediticia, así como laboral y empresarial. Ascender una posición refleja el buen desempeño que puede tener un Estado en un año, en un esfuerzo que acompañan tanto el sector público como el privado.
    En el ranking 2017, el Paraguay tuvo un desempeño alentador. Según el último índice de Heritage, nuestro país se colocó en la posición 80, ya que alcanzó 62,4 puntos, que significa un avance de 0,9 puntos en relación a la evaluación del año pasado. El mérito radica que esta es la más alta clasificación que ocupa nuestro país en los últimos 22 años.
    No solo por obtener un ascenso, que siempre estimula a seguir trabajando en la dirección correcta, que esta promoción es alentadora, sino porque el Paraguay solo se ubica en la región detrás de países de tan buen manejo y competencia como Chile, Colombia, Uruguay o Perú, y se posiciona por delante de economías más grandes como Brasil, Argentina o Venezuela, entre otros.
    ¿Por qué es tan importante tener avances en materia de libertad económica? Más arriba se señalaba algunos de los aspectos que mide este índice, pero aterrizar estos conceptos deriva en una lección que el ciudadano común debe entender.
    No solo por obtener un ascenso, que siempre estimula a seguir trabajando en la dirección correcta, que esta promoción es alentadora, sino porque el Paraguay solo se ubica en la región detrás de países de tan buen manejo y competencia como Chile, Colombia, Uruguay o Perú, y se posiciona por delante de economías más grandes como Brasil, Argentina o Venezuela, entre otros.

    En este sentido, y aplicando el ejemplo que diera el analista económico argentino Iván Carrino, quien explica de manera sucinta la importancia de una economía libre. Decía este experto que una vez que los ciudadanos no pueden practicar o ejercer el derecho tan básico de controlar su trabajo y su propiedad se produce el derrumbe del aliciente para producir e invertir. En este estado de caída, solo progresarían o se beneficiarían aquellos que tengan vínculos con el poder.
    Al producirse este desplome, es natural que también se contraiga la producción y la inversión –esa de la que tanto ha llegado al país bajo la administración de Horacio Cartes– buscará con toda justicia mejores destinos. Esto desencadenaría consecuentemente que la economía no crezca al ritmo que debiera y se resienta, hasta que termina colapsando. Al no haber inversión, ya sea interna como la proveniente del exterior, y al no haber contratos el salario acaba también afectado, condenando a un estado de pobreza a importantes bolsones de la población.
    Esta cadena es nefasta y aunque en muchos países esta situación se presenta con regularidad, el Paraguay se ha convertido en los últimos años en un caso aislado.
    En los cinco aspectos o principios de la libertad económica (derechos de propiedad, estado de derecho, el libre comercio, un gobierno limitado por la Constitución y moneda sólida) nuestros índices muestran disparidad, pero en su conjunto colocan al Paraguay en una posición en la que camina hacia la dirección correcta.
    El avance, aunque simbólico, es alentador porque señala que a pesar de que este ascenso no es radical sí refleja su progresión y sostenibilidad; y la clasificación definitivamente muestra que solo por detrás de economías saludables de la región ya se encuentra la paraguaya.
    En una nación que proteja y ampare los principios mencionados más arriba es lógico que haya menos pobreza, que el empleo se multiplique y por consiguiente que haya una mejor calidad de vida, entornos saludables y mayor esperanza de vida. En el Paraguay aún hay mucho por hacer, pero los números muestran que hay estímulo para seguir impulsando reformas hacia un Estado más eficiente.

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    Publicado por jotaefeb | 23/06/2017, 08:00
  13. ¿Eusión con apoyo estatal?

    Por Wendy Marton

    En un país donde el 53% de lo recaudado proviene del impuesto al valor agregado (IVA), un tributo indirecto que castiga a los más pobres; mientras que el sector agropecuario tributa apenas el 2,1% en forma directa, a través del impuesto a la renta agropecuaria (Iragro), no está demás pensar en lograr que uno de los sectores más pudientes del país contribuya más.

    En el 2013, cuando asumió recién Horacio Cartes logró extender la aplicación del IVA al sector agropecuario y crear el Iragro, un tributo que sustituyó al fracasado Imagro, con la promesa de que esta reforma impositiva dejaría al fisco un ingreso de USD 300 millones al año. La tasa actual aplicada al IVA agropecuario es del 5%, mientras que la del Iragro es del 10%.

    La excusa otorgada el año pasado por el Poder Ejecutivo por no haber alcanzado el ingreso prometido fue que cayeron los precios internacionales e incidieron otros factores.

    Como el IVA es un impuesto indirecto, hasta el momento no existen datos de cuánto de la recaudación obtenida por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) es aportada por los consumidores finales, o sea nosotros y cuánto por los productores.

    El Iragro, entretanto, dejó el año pasado un ingreso de solo USD 46 millones.

    Cartes también logró la reforma del impuesto inmobiliario. Aunque la normativa es de reciente aprobación y tiene un periodo de implementación de cinco años, los ingresos obtenidos por los municipios por este tributo están lejos de ser los deseables.

    Ya cuando Cartes era candidato su campaña se basó en un rechazo a la creación de un impuesto a la exportación de granos en estado natural. A partir de allí, tomó como suyo el proyecto elaborado por Manuel Ferreira, el ministro de Hacienda de Federico Franco.

    Por ello, se entiende que la postura con relación a este tributo no varíe.

    Ahora, lo que llama la atención es que para contrarrestar el acuerdo logrado con el Frente Guasu, el Ministerio de Hacienda señale que se puede modificar el Iragro para que el tributo deje más ingresos.

    De acuerdo con la nueva propuesta, se pretende equiparar al régimen del Iracis. Además, se plantea la implementación de una tasa especial del 5% sobre el reparto de utilidades, establecer una tasa del 15% sobre las remesas que realizan al exterior, limitar la deducibilidad y eliminar el arrastre de pérdidas fiscales (Diario Última Hora, pág. 11, fechado 22 de junio).

    Si hay posibilidades de que el sector pagué más, ¿por qué el Poder Ejecutivo espera que se trate en el Congreso un proyecto para crear un impuesto a la exportación de granos de soja para plantear alternativas?

    ¿Está pagando menos el sector sojero con la connivencia del Estado?

    ¿Por qué se busca castigar a los más pobres elevando la tasa del IVA agropecuario del 5% al 10% y no que quienes más tienen más tributen?

    Mientras el desempleo crece, es justo que quienes dirigen el país empiecen a buscar fórmulas para que contribuyan los más ricos.

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    Publicado por jotaefeb | 23/06/2017, 07:57
  14. Si del impuesto a la soja el dinero no retorna al a la gente solo queda entre los politicos de turno ,entornce en que nos quedamos ,conviene seguir plantando soja o se busca otro rubro porque alguno dicen que la soja constituye el principal rubro de generación de divisas ,pero esa divisa contruye escuela ,centro de salud ,camino o solo es una fatasia

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    Publicado por Antonio | 22/06/2017, 12:31
  15. ¿Por qué gravar la soja?

    Por Miguel H. Lopez
    Estuve viendo en estos días la propaganda que difunden los productores sojeros para rechazar la idea de que la exportación de granos (soja, maíz y trigo) pague impuesto. También la movilización y las amenazas directas e indirectas que propalan y/o ejecutan para tratar de impedir que el Senado aborde hoy el proyecto de ley sobre el tema o, en su defecto, hacer que sea rechazado. Con estas mismas maniobras y presiones en octubre de 2013 el presidente Cartes vetó la Ley 5082/13 que gravaba hasta un 10% la venta al exterior de los mismos granos, incluyendo el girasol.

    La propuesta actual que entra en el orden del día en la fecha en la Cámara Alta, por impulso de la bancada del Frente Guasu, coloca la carga impositiva hasta en 15%. Un gravamen todavía mínimo a juzgar por las monumentales ganancias que embolsillan los productores y exportadores, sin devolver un poco de los beneficios y subsidios que reciben del Estado.

    Según los cálculos magros (porque si hiciéramos proyección de las ganancias en expectativa quedaríamos cortos), el ingreso anual si los sojeros pagaran impuesto del 10%, para que el país reinvierta en salud, educación, caminos, más apoyo al agro y la industria, sería un aproximado de USD 300 millones.

    Entre los tantos argumentos que alegan está el de que es un impuesto a la producción. Tal tergiversación perversa es como mínimo inmoral. Los que producen la oleaginosa seguirán haciéndolo en la misma situación y con los mismos privilegios. Lo que habrá es que quien venda los granos al exterior pagará el impuesto. También les leí decir que si no hay productores (ellos), no hay alimentos. Verdad manipulada. No acabarán. Los que exportan son quienes deberán pagar gravamen. Una devolución justa por los beneficios que reciben y los daños que causan.

    Muchos especialistas ya lo dijeron: El peso total del tributo en la economía paraguaya es del 12%; los sojeros, por todo lo que producen y ganan, soportan solo el 2%. Esto no es equitativo ni justo. Sigue reproduciendo el modelo donde paga más el que gana menos o paga menos el que gana más.

    Para crear sojales se destruyeron miles de hectáreas irrecuperables de bosques y la subsiguiente contaminación de tierra y cursos de agua. Una masacre ecológica. De unas 3.400.000 hectáreas de cultivos existentes en el país 3.200.000 son de soja: el 88% (el 83% en manos de 4.300 empresarios de la soja), invadiendo incluso tierras destinadas a rubros de consumo, provocando la disminución de alimento y la disparada de precios. Esto, a su vez, aumenta progresivamente la miseria en el campo y la migración a los cascos urbanos; y el número de pobres y miserables suma, suma y suma. La propia OMC reconoce que gravar los granos es la manera más efectiva de enfrentar la miseria. Más de 25 países ya lo ejecutan.

    Muchos sojeros alegan que ya pagan el Iragro y el Iracis, tributos específicos creados para gravar parcialmente y permitir altas evasiones. En la práctica quedó evidenciado que no resultan. Paraguay es uno de los 30 países de mayor flujo de capitales ilícitos al exterior, gran parte por facturaciones fraudulentas de transnacionales, entre ellas, las exportadoras de soja.

    Está claro, ¿no?

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    Publicado por jotaefeb | 22/06/2017, 08:25
  16. Malos políticos desean castigar la producción

    Por Dr. Víctor Pavón

    El partido Frente Guazú presentó días atrás su agenda legislativa para el período 2017-2018, en la que se destacó la importancia de aprobar un tributo al sector agropecuario, aduciendo la necesidad de desalentar la exportación de materia prima. Desde hace años se viene intentando aprobar en el Congreso un impuesto a la exportación de los llamados commodities como la soja, el trigo, el maíz y otros en estado natural. La pretendida legislación encuentra su explicación no solo en el desconocimiento del proceso económico, sino también en el oportunismo y obsecuencia que caracteriza a los malos políticos que no les interesa el perjuicio que puedan ocasionar al agro y a las miles de familias campesinas.

    Establecer un costo a la producción de granos sabiendo que la misma está expuesta a los vaivenes de los precios en el mercado internacional, lo que supone modificaciones en las ganancias y en la posibilidad de contraer pérdidas en el negocio agropecuario, muestra que los propulsores de este tipo de leyes están enceguecidos, tanto por la ignorancia económica como por el odio y el resentimiento hacia aquella parte de la población que desea trabajar en paz y en absoluta independencia de la politiquería. Como los productores no forman parte de los votos cautivos dependientes de los políticos de turno, entonces estos vividores del dinero público prefieren “negociar”, eufemismo de sacar dinero apelando a la extorsión, a cambio de no aprobar la ley o hacer algunas modificaciones menos perjudiciales.

    Lo que los malos políticos – y malos por su mala fe e ignorancia– no entienden es que el productor desea aumentar sus ganancias; y resulta que la exportación de granos en estado natural implica menos dinero que la obtenida por la industrialización. Esto es, no es que el productor no desee industrializar la producción agropecuaria –como de hecho ya se está haciendo en el país– pero la industrialización no funciona como con una varita mágica.

    La industrialización es un arduo proceso de trabajo e inversión, de riesgos por los préstamos contraídos, el clima e inversiones que realiza el productor. Para lograr este propósito, los productores se ven obligados a vérselas con el cálculo económico. La industrialización no tiene nada de malo; por el contrario, es un proceso que se forja en el esfuerzo diario con deudas ligadas a garantías hipotecarias que permiten al productor contar con el suficiente capital para la compra de maquinarias, semillas y tecnología de punta, que, por cierto, mejoran la calidad de los alimentos, aumenta la producción y preservan los recursos naturales.

    Cuando son propicias las condiciones de precio y rentabilidad, el productor pronto se percata de la conveniencia de exportar con valor agregado. Pero si ese productor se ve obligado a pagar un nuevo costo –como lo es el pretendido impuesto a su producción– sin siquiera saber que tendrá ganancias, entonces el resultado será el desaliento a la tan ansiada industrialización, ¡precisamente lo que los legisladores dicen desear con la ley!

    El agravante es todavía peor, por cuanto que lo que ahora ingresa en dinero por la producción disminuirá directamente en el porcentaje del nuevo impuesto y de ese modo se reducirá la cantidad de trabajadores y empresarios en el campo. Asimismo, el fisco percibirá menos ingresos debido a la merma en las compras de maquinarias e insumos en general por el pago de los impuestos que hoy existen. El productor paga el IVA y el impuesto Inmobiliario y Renta (Iragro), mientras que el comercializador y el exportador también pagan IVA y Renta (Iracis).

    Los productores agropecuarios del país, pequeños, medianos y grandes necesitan de verdaderos líderes políticos que hagan de su labor una vocación al servicio del trabajo y del progreso e igualmente rechacen la pretensión de los malos políticos (ignorantes y de mala fe) de castigar la producción.

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    Publicado por jotaefeb | 22/06/2017, 08:17
  17. 15 razones para gravar la soja
    20 junio, 2017

    El periodista Jorge Villalba Dígalo, especialista en temas económicos de larga experiencia, arrima a los lectores estadísticas, informaciones y argumentos para la sanción y promulgación de una ley que grave la exportación de soja en grano.

    1-Los países desarrollados tienen políticas deliberadas que apuntan a la industrialización y para eso necesitan asegurarse la provisión de materias primas. Protegen sus industrias y abaratan la provisión de materias primas desde el exterior. Gravan la importación de productos manufacturados a partir de la soja (aceite, harina, etc) y liberan de gravamen la importación de soja en bruto.

    2-Este decisión tomada en los países desarrollados, sin embargo, tiene un impacto directo en la economía local. Lo que hace es alterar las rentabilidades relativas de la industria y de la producción de soja, ya que disminuye la rentabilidad de la actividad industrial local respecto de la producción y exportación de soja en bruto. Es decir, la medida tomada en los países desarrollados apunta a hacer más atractivo en Paraguay la producción y exportación de granos de soja antes que producir y exportar bienes industrializados. Buscan así condenarnos a ser eternos proveedores de materias primas.

    3-Esta situación planteada por los países desarrollados necesita de una medida local de contrapeso. En consecuencia, lo que corresponde hacer es afectar las rentabilidades relativas de la industria con relación a producir y exportar soja en bruto. Para ello se debe gravar la exportación de soja y dejar sin gravamen la exportación de productos manufacturados o en su defecto gravar en menor medida los productos industrializados a partir de la soja. Esto aumentará el actractivo de exportar soja industrializada respecto de exportar grano en bruto.

    4-La exportación de soja ya tenía un tratamiento tributario diferenciado antes de la ley 125. La exportación de soja pagaba impuestos por 13,4% y la exportación de aceite 1%. En consecuencia, lo que se propone es volver a utilizar la política tributaria para apuntalar la industrialización.

    5-La presión tributaria de la economía paraguaya en su conjunto es del 12%, mientras que los sojeros solamente tienen una presión tributaria como máximo del 2%, por lo que la aplicación del impuesto a la exportación de soja será una cuestión de estricta justicia tributaria.

    6-El impuesto a la soja y otros granos abaratará los precios internos, lo que alentará la industrialización y aumentará el consumo de las personas. Es una forma de alentar la exportación de mayor valor agregado, la creación de empleos, obtener más divisas y aumentar la recaudación fiscal. Y al mismo tiempo es un mecanismo efectivo para combatir el hambre, ya que abaratará los precios de los alimentos.

    7-La agricultura ocupa solamente 3.400.000 hectáreas, de las cuales 3.200.000 son destinadas a la soja. Es decir, el 88 por ciento de las tierras cultivadas es soja. Y es necesario parar el proceso de “sojización” del campo que invade las tierras destinadas a otros rubros de consumo, lo que ha derivado en los últimos años en una disparada del precio de los alimentos y de la miseria rural.

    8-El gravamen a la soja mejorará el atractivo de plantar otros rubros de consumo y favorecerá la soberanía alimentaria y la baja de los precios de los alimentos. El impuesto a los granos es la forma más efectiva de combatir la miseria y, según la OMC, más de 25 países ya lo tienen en marcha.

    9-El Paraguay exporta granos para alimentar a alrededor de 80 millones de personas, mientras tanto en nuestro país tenemos más de 1 millón de personas en la franja de la pobreza extrema, que pasan hambre. Alimentar a 80 millones de personas de afuera, mientras los compatriotas pasan hambre, es un dato que en vez de causar orgullo debería causar vergüenza. La caridad empieza por casa.

    10-En la región Oriental hay más soja que bosques. Solamente existen 1.300.000 hectáreas de bosques, mientras que la soja utiliza una superficie de 3.200.000 hectáreas y va en aumento. La única forma de parar el derribo de los bosques es disminuyendo la rentabilidad de la soja.

    11-El nuevo Iragro resultó ser una estafa que sirvió solamente para trabar el impuesto a la soja. Se dijo que rendiría 250 millones de dólares y terminó rindiendo el 20% de ese monto proyectado. Era de esperar, esta ley fue elaborada y consensuada con los grandes evasores: los sojeros y los ganaderos.

    12-La verdadera razón por la que los empresarios de la soja se oponen al impuesto es porque este es prácticamente ineludible. Bastará con controlar a una media docena de empresas para recaudar casi el 100% de la recaudación potencial del impuesto. Unos 4.300 empresarios de la soja concentran el 83% de las tierras sojeras y están dispuestos a cualquier cosa para trabar el impuesto a la soja porque lo que quieren es seguir disfrutando de sus privilegios fiscales.

    13-El impuesto además de ser ineludible es de bajo costo de implantación y de bajo costo en su mantenimiento, puede ser aplicado inmediatamente una vez promulgada la ley y la relación costo/beneficio es alta para el fisco. Es un impuesto altamente eficiente en materia de recaudación. Esta es la razón por la que los sojeros apoyan seguir con el impuesto a la renta, porque saben que seguirán pagando poco o casi nada, mientras que con el impuesto a la soja pagarán niveles más acordes con el nivel general de impuestos pagados por la economía en su conjunto que rondan el 12%.

    14-La relación sociedad-sojeros, haciendo un balance, viene dando un alto déficit. Los sojeros se han desarrollado gracias a créditos a tasas subsidiadas en la época de los redescuentos del BNF, tratamientos especiales para el registro de sus maquinarias, tasas de impuestos diferenciadas tanto con la ley 125/91 como con la ley 2421/04; una gran parte de las tierras destinadas a la soja están asentadas en tierras malhabidas, y durante décadas han sido favorecidas por la venta de gasoil a precio subsidiado, lo que ha derivado en la acumulación de deudas por parte de Petropar de más de 300 millones de dólares. Además la soja viene contaminando el aire, la tierra y los cursos de agua superficiales y subterráneos, causando serios daños a la salud en las zonas de cultivos, a lo que hay que agregar que los camiones sojeros son los que más destruyen las rutas.

    15-La justicia tributaria no pasa por tratar a todos como iguales, sino por el contrario consiste en tratar a los desiguales como desiguales. Y los exportadores de soja son quienes más ganan, más evaden y menos tributan, por lo que la aplicación de un impuesto del 15%, seguirá siendo insuficiente, pero nos acercará al ideal de la justicia tributaria que consiste en que los que más tienen sean los que más pagan. Es la hora del impuesto a la soja.

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    Publicado por jotaefeb | 21/06/2017, 09:59
  18. A exportadores, no a productores
    20 junio, 2017

    Siempre que se aborda el tema de los impuestos, en general, y el de la soja, en particular, un poco más y “arde Troya”. Los fundamentalismos se disparan, tanto de quienes consideran que la explotación del citado renglón agrícola no solo debe ser objeto de mayor presión tributaria, “porque no aporta nada”, sino directamente eliminarse, como también de los que pronostican el fin del mundo si se impusiera algún nuevo gravamen. A decir verdad, ambos extremos representan un obstáculo para el debate de fondo que debemos desarrollar para avanzar hacia un sistema impositivo más justo, en el cual el que tenga más, pague más, y que en el caso de los granos debe apuntar a las grandes transnacionales, sin afectar la producción y a los productores.

    Establecer una tasa del 20 o del 15% a las exportaciones de soja, trigo y girasol, suena atractivo y hasta simpático. A primera vista pareciera que por fin meterán la mano al bolsillo de empresas como ADM, Cargill, Bunge, Dreyfus y Noble, que constituyen un auténtico oligopolio, al tener el manejo del 80% del total del envío de dichos productos al extranjero. Pero solo a primera vista. Lo que en realidad sucedería en esa eventualidad es que dichas firmas no harán otra cosa más que trasladar esos porcentajes a los productores. Y ahí comienzan los problemas reales.

    El economista Manuel Ferreira, exministro de Hacienda durante el gobierno de Federico Franco, afirmó que un impuesto de esta naturaleza provocaría una reducción del 50% de la producción, de 14 millones de toneladas a solo 7. También dijo que resultaría severamente afectado el sector que provee los fletes, por la eliminación de 350 mil cargas, los puertos graneleros e incluso el sistema financiero, con el cual el sector agrícola tiene una deuda de 2.300 millones de dólares.

    Es muy probable que Ferreira exagere y que sus pronósticos apocalípticos no se ajusten a la realidad. De hecho no brindó datos concretos que los avalen. Sin embargo, es una obviedad que los productores sufrirían un coletazo importante, aunque difícil de dimensionar, y que tendrían muchas dificultades a la hora de honrar sus compromisos con los bancos de plaza, que ya les habían otorgado un refinanciamiento a la luz de la caída que experimentaron los “comodities” en el mercado internacional.

    En cuanto al aporte de los productores, se pude discutir si pagan o no todo lo que corresponde, pero que pagan, pagan. Lo hacen al adquirir insumos, maquinarias, contratar servicios y, obviamente, por medio del consumo. De quienes el Estado recibe muy poco es de las transnacionales, que eluden parte del pago de impuestos sobre sus ganancias porque aquí declaran solo una parte de la misma, la menor, mientras que la mayor lo hacen en “paraísos fiscales”. En consecuencia, el esfuerzo debe girar en torno a encontrar una fórmula que permita cobrarles a estas grandes firmas agroexportadoras lo que están obligadas a pagarle al fisco y no lo hacen.

    Entre tanto, un tema tan delicado como el que se plantea nuevamente, debe ser encarado por medio de un diálogo amplio, maduro, que tome en consideración los efectos económicos y sociales, así como los de índole recaudatorios, porque detrás de números aparentemente muy atractivos podría terminar averiándose uno de los motores de la economía, en tanto que “la caja” de ADM, Cargill y compañía, seguiría siendo inexpugnable para Hacienda, como siempre.

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    Publicado por jotaefeb | 21/06/2017, 08:19
  19. El país del desperdicio

    Por Caio Scavone

    No conozco un país como el Paraguay que sepa desperdiciar todo lo que se puede aprovechar. Siempre tengo presente que como un buen presente, o regalo, hacen los japoneses unas hermosas muñequitas o geishas con el marlo de maíz. Acá tenía una función específica que dejó de usarse al fondo y a la derecha. Ni siquiera se procura que ese marlo vuelva al campo como un buen abono orgánico que fertilice el suelo degradado.

    En los países de verdad nada se pierde y todo se reutiliza. Caaguazú y algunos otros esporádicos artesanos utilizan la madera sobrante en los talleres y carpinterías. Los arrozales proporcionan una cáscara que un amigo reutiliza para extraer el sílice que da vitalidad a las uñas, los dientes, los huesos y las articulaciones, la piel, al cabello y entrega funcionalidad a las células. Aumenta las defensas, disminuye el colesterol, es analgésico, cicatrizante y antioxidante. La cáscara de arroz, a lo sumo, sirve en este país como cama en los gallineros y de piso para las potrancas y caballos de carrera. El sílice se encuentra también en la soja, la espinaca, la avena y en el aguacate. Alimentos tan existentes, inaprovechados y tan sanos a los que el paraguayo ni les mira de reojo.

    Muchas frutas que salen espontánea y salvajemente en el Paraguay “no sirven para nada”. El níspero, el aguai, el guavirami, el guavira pytã, el algarrobo chaqueño, los aratiku, la carambola, el carazón de la India, la guayaba, el mbokaja, los cítricos (toronja, limón, apepu, mandarina, pomelo, naranja), el mamón, el mango, el mburukuja, la mora, el ñandu apysa, el yvapurû, entre otras, son inutilizadas y si rescatamos las propiedades de cada una de ellas nos damos cuenta del atraso cultural, del desconocimiento que tenemos con referencia a estas buenas posibilidades, de dejar de lado a la sanidad preventiva y del desperdicio que hacemos teniendo en cuenta la emergencia que tiene este país en donde cada vez hay más pobreza y una acentuada mala alimentación.

    Los de afuera y los que saben no digieren que este país desperdicie tanta posibilidad de mejorar en todo. Se desaprovecha el sol, el suelo, el clima, a la gente y el agua (salvo las hidroeléctricas que producen más electricidad y cada vez más cara a través de la ANDE). Esto de traer la curativa esencia de marihuana del extranjero, que ni producen la cannabis, pero sin poder cultivarlo libremente acá, solo puede ocurrir en el Paraguay que se encuentra enfermo y en terapia que, así como en materia de corrupción, consiste en la boludez altamente contagiosa.

    Ya llegamos a lo macabro, querer cobrar y sacarle más dinero a los que cultivan y exportan arroz, trigo, soja y maíz. Para producir estos rubros cada agricultor paga impuesto por sus tierras, sus implementos agrícolas, sus insumos y cosechas, amén del riesgo climático y de precios a los que siempre está dependiente y subordinado. Es evidente que el circuito cerebral de sus proponentes no da para que piensen que un 10 % de todas esas compras va como IVA al país. Mover millones de esos granos se realiza con el combustible, lubricantes y peajes para el Estado y para mucha gente involucrada a la cadena productiva de los granos y de todo lo que el Paraguay promueve.

    Somos evidentemente los reyes del desperdicio, no usamos el biodiésel, el contrabando de papa y cebolla campea cada vez más, todo el jengibre y los zapatos vienen del Brasil y si se toma jugo se hace desde una botella y no desde una licuadora.

    Lo único que no se desperdicia en este país son las garrapatas partidarias de cuarta y corruptas que siempre se prenden al presupuesto estatal y, como no saben hacer otra cosa, deben vivir de primera y como parásitos de la gente que produce.

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    Publicado por jotaefeb | 21/06/2017, 07:48

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Escuchas publicas

El tema que tiene que ver con este escándalo de las escuchas telefónicas que envuelve el tráfico de influencias, que todos presumiamos que existía de manera clara pero nunca de manera tan desembozada y tan elocuente, como el que hemos tenido la oportunidad de poder comprobarlo. Lo que queda ahora es corregir lo que está mal y eso significa que el Congreso debería suspender a González Daher, en sus funciones como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y hacer un planteo severo en torno a la continuidad de esta institución, además de eso tendríamos que escuchar de manera mucho más valiente y objetiva las denuncias de fiscales y de jueces en torno a este tráfico de influencias, denunciando en los casos en los que habían sido sometido a una situación similar, haciendo que la justicia vuelva a ser creíble, y por sobre todo previsible de este país, que tiene una gran deuda con la sociedad en ese campo. Si la sociedad define la democracia como el estado de derecho, es evidente cuando vemos que ella es sujeta de las manipulaciones, tergiversaciones, chantajes y extorsiones, más claras que las que hemos podido comprobar en las últimas horas, nadie puede estar seguro en este país, y es el tiempo de corregir aquello que está mal y ademas de eso se tiene la oportunidad este domingo de castigar aquellos que se han apartado de lo que se espera debería ser la democracia, es el tiempo de los ciudadanos y en ese sentido nos queda ajustar cuentas con aquellos que se han apartado de manera clara y elocuente del mandato que recibieron de parte de nosotros, sus mandantes. (BFB)

Empresas del Estado

Uno de los grandes desafíos que tenemos en el país es indudablemente el encontrar un modelo económico que nos permita centrar la labor del Estado en lo que le corresponde realizar, cuando vemos mucho de las empresas públicas y especialmente en este verano, en que volveremos a padecer las consecuencias de una empresa monopólica como la ANDE, que no puede garantizar un buen servicio, por diferentes razones, se quejaron este año, porque las tarifas estaban fuera del rango que debieran, se incrementaron  esos números, pero no se mejoró el servicio, ahora aparece el argumento de que vienen de varios años de desfinanciamiento y que por lo tanto llevará todavía una buena cantidad de tiempo, ponerse a la altura y exigencias de la demanda de la gente. Pero si vemos también hay otras empresas públicas como el caso de la INC, que compra una nueva planta para procesar clinker y que ha tenido más de cien fallas, en un período de prueba y que podría ser otro gran elefante blanco, adquirido por el estado a las costas de cada uno de los contribuyentes, vemos de que hay algo mucho más profundo y grave en todo esto, el Estado no sabe hacer bien estas cosas y cada vez nos cuesta mucho más mantener a un personal ocioso y además de todo eso manipulado en tiempos electorales para que voten por que se sigan siendo manteniendo las cosas hasta ahora, nos cuestan mucho las empresas monopólicas del Estado, pero por sobre todo no vemos un rol del estado propiamente, incluso en aquellos sectores en donde debería actuar como elemento regulador del mercado. En definitiva tenemos dificultades filosóficas, administrativas y de gestión. (BFB)

A platazo

Es evidente que las campañas sacan lo mejor y lo peor de las personas, algunos demuestran cual es su verdadera concepción con respecto al poder, que es lo que entienden con respecto al de la prensa, a las encuestas, al twitter. La expresión del presidente Cartes de acusar de muchos de los males del país a los periodistas y especialmente aquellos que son críticos a su gobierno, y afirmar en términos bastantes soeces a la labor que cumplen algunos es una demostración de pobreza de espíritu que dominan a varias personas en estas elecciones. También ha sido noticia el hijo de la dip. Perla de Vazquez, exhibiendo dólares sobre una mesa dispuesto a comprar la voluntad de los votantes santanianos en el dia de los comicios, otras expresiones más se dieron en el transcurso de esto que casi siempre rodea a la práctica electoral y que demuestra, reitero, nuestra pobreza cívica, nuestra pobreza moral y nuestra pobreza argumentativa, no somos un país en el que estamos acostumbrados a debatir sus diferencias y a plantear propuestas, somos más bien personas que responden con insultos y agravios, cualquier afirmación que no sea la que uno comparte o tiene como argumento central. En definitiva las cuestiones electorales han vuelto a mostrar lo peor y pocos casos de lo mejor de nuestra sociedad, y varios de los temores que son permanentes en la vida política nacional, la posibilidad de comprar las voluntades de los votantes o de torcer las voluntades de los trabajadores del sector público, que más de 300mil de ellos, casi siempre son carne de cañón en los procesos electorales.   (BFB)

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