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El caso Curuguaty nos dejó la imagen de una Justicia parcial

Mañana se cumplen 5 años de la masacre de Curuguaty, el más grave caso de enfrentamiento por un conflicto de tierras en el Paraguay, que además de dejar un lamentable saldo de 11 campesinos y 6 policías muertos baleados, ocasionó una seria crisis política, que derivó en la destitución por juicio político abreviado del presidente Fernando Lugo. La investigación fiscal y el posterior juicio oral han dejado, además, la imagen de un Poder Judicial que no supo o no pudo encarar el desafío de investigar todas las aristas de la masacre, sin presiones ni intervenciones políticas, esgrimiendo una sentencia que gran parte de la sociedad considera parcial, injusta y politizada.
Este 15 de junio se cumplirán cinco años desde que una trágica noticia sobresaltó a la sociedad paraguaya, cuando se supo que un intento de desalojo de una extensión de terreno en Marina Cué, en el distrito de Curuguaty, había derivado en una verdadera masacre, tras un enfrentamiento a tiros entre policías y campesinos, dejando el trágico saldo de 11 campesinos y 6 policías muertos baleados.

Las primeras versiones hablaban de una emboscada tendida por los ocupantes a las fuerzas policiales. Con base en esa información, los legisladores de los principales partidos políticos, especialmente del Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico, promovieron un juicio político en el Congreso contra el entonces presidente Fernando Lugo, en un proceso que le permitió muy poco tiempo de defensa, decidiendo su destitución el 22 de junio de 2012. En su reemplazo asumió el vicepresidente, Federico Franco.

Desde entonces aparecieron nuevos datos que contrariaron la historia oficial. Se reveló que la situación jurídica de las tierras era irregular, ya que habían sido donadas al Estado por la empresa La Industrial Paraguaya, pero la familia Riquelme había intentado adueñarse de ellas por usucapión. La orden judicial contra los ocupantes ni siquiera era de desalojo, sino de allanamiento. Y con respecto a la supuesta emboscada surgieron muchas versiones contradictorias.

Aun así, la Fiscalía impulsó una operación principalmente política, que solo investigó la muerte de los policías y no la de los campesinos. El Poder Judicial avaló la versión fiscal que fue cuestionada por varios sectores y acabó sentenciando a los campesinos acusados a condenas de hasta 30 años de cárcel, más 5 de medidas de seguridad para el principal dirigente, y de entre 4 y 20 años para los demás. Estas sentencias fueron apeladas y reconfirmadas en segunda instancia, y ahora solo queda la Sala Penal de la Corte como última oportunidad para obtener un trato judicial diferente.

A cinco años, el problema social que originó el conflicto aún no tiene solución definitiva. La Justicia no ha podido determinar a quién pertenecen realmente las 1.748 hectáreas de Marina Cué. Para desembarazarse del problema, la empresa involucrada ha gestionado una donación de las tierras al Estado, y el Gobierno, aún sabiendo las irregularidades, la ha aceptado para convertirlas en una reserva forestal casi sin bosques, pero varias familias campesinas han vuelto a ocupar el sitio. Es decir, el problema de tierras continúa y este quinto aniversario del Caso Curuguaty deja, una vez más, la imagen de una Justicia en deuda.

http://www.ultimahora.com/el-caso-curuguaty-nos-dejo-la-imagen-una-justicia-parcial-n1091021.html

 

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

5 comentarios en “El caso Curuguaty nos dejó la imagen de una Justicia parcial

  1. El video misterioso

    Una semana después de la masacre de Curuguaty en Marina Cué el Dr. Carmelo Caballero juró como ministro del Interior en el Paraguay.
    Desde aquel día quedó involucrado en lo que podríamos llamar “el video misterioso”. Hasta hoy ha guardado silencio.

    Se cuenta con una grabación donde Humberto Rubin pregunta al comisario Roque Fleitas, jefe de la Agrupación Aerofluvial de la Policía Nacional: “Vos tenés todo registrado eso, Roque? A lo que responde: “Hay mucho material” (20 de junio de 2012. Rubin insiste: “No me querés decir todo todavía… tenemos que hablar mucho más si tenés muchos materiales…”.

    Sin embargo, el 17 de diciembre del mismo año, el representante del Ministerio Público, Jalil Rachid, informó por medio de ABC Color digital: “No hay video de la matanza de Curuguaty”.

    El comisario Roque Fleitas agregó el mismo día que la Fiscalía no llevó los chips, “tampoco existe una orden para requisarlos y que los mismos aún están en poder de la Policía”.

    La defensa técnica de los once campesinos acusados, el abogado Guillermo Ferreiro, solicitó al ministro del Interior de entonces, Carmelo Caballero, la entrega de las filmaciones. Le dice que resulta llamativo que la Policía Nacional ni el Ministerio del Interior no haya “iniciado un sumario para averiguar si se cuenta o no con dicha prueba”.

    El pedido de informe a Carmelo Caballero lleva sello de mesa de entrada 516/13, el 28 de febrero de 2013, a las 10.15. Pero el ministro del Interior nunca respondió a este pedido de informe.

    Más adelante y en el juicio oral, llamaron a declarar al comisario Roque Fleitas (31/03/16). Entre otras declaraciones dijo: “El helicóptero estaba equipado con cámara de alta potencia… La empresa Proibérica tiene todas las filmaciones”. Y, al final: “El informe lo entregó al fiscal Jalil Rachid”.

    ¡Cuánto misterio, contradicciones, silencios, irregularidades, etc., sobre un elemento esencial para la Justicia!

    Conclusión: No hay justicia y sí presos políticos.

    Pai Oliva

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    Publicado por jotaefeb | 15/01/2018, 7:57 am
  2. Navidad sin presos políticos

    ¡Qué buena hubiera sido una Navidad sin presos políticos en el Paraguay!

    Por desgracia, no ha sido así: con recursos más o menos ilegales, más o menos grotescos, sigue esa persecución política que ha sido el caso de Marina Cué o Curuguaty, iniciado el 15 de junio de 2012, con la matanza de aquel día. Desde entonces toda la acusación recayó sobre los campesinos, porque se quería encontrar culpables, y porque se quería encubrir a políticos y funcionarios públicos involucrados en el hecho de sangre. “No existe tiranía más cruel que aquella que gobierna a espaldas de la ley y aparentando justicia”, dijo Montesquieu. Justicia se le llama al sistema judicial, que de justicia puede tener solo el nombre: la Cámara de Apelaciones de Canindeyú, en mayo de 2017, confirmó la condena de los campesinos en primera instancia (julio de 2016). Una y otra tienen aspectos tragicómicos.
    La Corte Suprema hubiera podido anular el galimatías para esta Navidad porque, en junio de este año, los abogados defensores le presentaron un pedido de casación, un recurso para anular errores garrafales. Pese a la demora, me tranquiliza que los miembros del tribunal de casación sean capaces de distinguir entre el Código de Procedimientos paraguayo y el Código de Procedimientos argentino. La diferencia se le pasó a la Cámara de Canindeyú, que bajó un material de internet, el fallo de un tribunal argentino, para apoyar una decisión.

    La Cámara afirmó: (1) que no iba a corregir el fallo de primera instancia porque estaba bien; (2) que no hubiera podido corregirlo aunque estuviera mal. Con relación a (1) dijo: “no existe ninguna duda que los hechos ocurrió (sic) en la forma en que lo sostiene la parte acusadora”. Concediendo que un tribunal sea “parte acusadora”, el tribunal juzgó a Rubén Villalba y Luis Olmedo por “homicidio intentado” y los condenó por “homicidio consumado”. Si se probó lo de “intentado”, no se probó lo de “consumado”, una imposibilidad lógica; además la ley prohíbe ese tipo de cambios (artículo 400, CPP). Según la Cámara, no se cambió nada, sino que “se subsumió la conducta [de Rubén Villalba] dentro del tipo más agravado”. No lo subsumieron a Luis Olmedo, pero igual recibió ese regalo al revés.

    Con relación a (2), la Cámara afirmó que ya pasó el momento procesal para enmendar los errores denunciados por la defensa.

    ¿En qué momento procesal un absurdo deja de ser un absurdo? Villalba y Olmedo fueron condenados, presuntamente, por haber matado a policías entre los dos, con cuatro balas; las mismas balas y disparadas con la misma escopeta, que por lo demás no había disparado según el informe pericial. Si los camaristas no pueden corregir un disparate así, ¿para qué cobran su sueldo? Conste que no es el único disparate de este calibre, pero basta como ejemplo de la seriedad de la condena, que la Corte debe anular.

    Por Guido Rodríguez Alcalá

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    Publicado por jotaefeb | 26/12/2017, 6:20 am
  3. Marina Cué, ¿otro desalojo violento?

    Unos funcionarios de la Seam, que ingresaron a Marina Cué para ver cómo estaba la reserva natural del lugar, constataron una gran deforestación por parte de los ocupantes del predio.

    Tanto la deforestación como el cultivo de soja y de pasto artificial están prohibidos en una reserva natural; los de la Seam, que constataron la gran deforestación, no pudieron terminar su trabajo a causa de la actitud amenazadora de los ocupantes y debieron retirarse.

    Marina Cué, un terreno adquirido por usucapión por la familia Riquelme, fue cedido por esa familia al Estado paraguayo, que lo convirtió en reserva. Esto, según el artículo publicado el 28 pasado en ABC, con el título de “Constatan depredación en Marina Cué”.

    En toda cuestión polémica, es obligación del periodista escuchar las dos campanas. En esta, escuchando la otra, yo me permito señalar que la usucapión, la adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo, no vale contra el Estado. Siendo Marina Cué una propiedad de la Marina paraguaya, era imposible que los Riquelme la adquirieran por usucapión.

    Por otra parte, la propiedad de Marina Cué todavía no ha sido resuelta en los tribunales paraguayos, en el fuero civil, aunque los poderes Ejecutivo y Legislativo, ignorando el principio constitucional de la división de los poderes, hayan declarado propietarios a los Riquelme, primer paso para permitirles donar al Estado un terreno que ya era del Estado. En el fuero penal, varios campesinos han sido condenados, en un largo y absurdo proceso que no comentaré aquí.

    Olvidando lo más grave, las condenas injustas y la muerte de diecisiete personas en junio de 2012, y aceptando que Marina Cué pudiera ser declarada reserva forestal, debemos preguntarnos: ¿es una reserva forestal? Respuesta: no, porque allí se ha plantado marihuana, soja y pasto brizantha. La marihuana no la plantaron los campesinos; fueron sus defensores quienes, utilizando fotografías satelitales, descubrieron el próspero marihuanal y lo denunciaron, sin que la Fiscalía se hubiera tomado el trabajo de investigar quién había plantado la macoña. ¿Se sigue plantando marihuana? No lo sé, pero sería muy fácil constatarlo con simples fotografías satelitales.

    Dicho sea de paso, dirigentes campesinos que reclaman Marina Cué me han dicho que ellos, en ningún momento, amenazaron a los funcionarios de la Seam.

    ¿Pudieron amenazarlos los narcos? No lo sé, pero no puede descartarse la posibilidad, porque el lugar es un punto importante en el camino de la droga, según opiniones.

    Hace ya unos años, Luis Rojas y Francisco de Vargas, cuando eran titulares de la Senad y del Ministerio del Interior, dijeron que la matanza de Curuguaty pudo haber sido obra del narcotráfico.

    Pero sigamos. Que hay soja en el lugar lo he visto con mis propios ojos, hace unas semanas. Ya la había en junio de 2012, según declararon en el proceso penal del caso varios policías intervinientes.

    ¿Una reserva con centenares de hectáreas de soja mecanizada? Me parece muy rara, como rara me parece la extensa pastura artificial.

    ¿Por qué no las prohíbe el Gobierno, ya que ocupan una extensión mucho mayor que las modestas viviendas de los campesinos? Tengo la impresión de que, tolerándolas y acusando a los campesinos, se prepara un nuevo desalojo violento.

    Guido Rodríguez Alcalá

    http://www.ultimahora.com/marina-cue-otro-desalojo-violento-n1099330.html

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    Publicado por jotaefeb | 01/08/2017, 9:34 am
  4. La sombra de Curuguaty

    Por Marcos Cáceres Amarilla

    El 15 de junio se cumplieron 5 años de la masacre de Curuguaty en la que murieron violentamente 11 campesinos y 6 policías, se instaló una crisis política en el país y fue utilizada para el juicio político al entonces presidente Fernando Lugo, que se transformó así en el primer mandatario de la historia paraguaya destituido por ese mecanismo constitucional.

    Las familias campesinas que fueron víctimas y las organizaciones sociales recordaron la fecha y pidieron la necesaria justicia y la aclaración de muchas cuestiones que siguen en una nebulosa. Pero para buena parte de la ciudadanía el recuerdo de aquel hecho parece haber pasado desapercibido.

    Es raro. Porque la sombra de ese episodio trágico y sus consecuencias se siguen proyectando en nuestro presente social y político, ahora más que nunca.

    Algunos quisieran pensar que el caso Curuguaty quedó atrás y que difícilmente se vuelva a repetir. Parecen no advertir que la realidad que mostró aquel suceso nunca fue encarada y mucho menos solucionada.

    Esa masacre truncó un gobierno elegido por voluntad popular y otorgó el poder momentáneo a algunos actores políticos al precio de asegurarles su posterior tumba política.

    También fue el trampolín para que incipientes figuras políticas irrumpieran en el escenario, como el caso de Horacio Cartes, uno de los arquitectos del juicio político posterior.

    Algunos actores prefirieron negociar cargos y lograr réditos políticos momentáneos antes que buscar la verdad de lo que ocurrió realmente en esa tragedia.

    Quienes se beneficiaron transitoriamente de aquel terrible episodio creyeron tal vez que saldrían indemnes. A esta altura, sabrán que no todo se puede perdonar y olvidar.

    Las víctimas políticas de aquel suceso parecen estar aisladas y han buscado insertarse en esta nueva realidad política que tiene como actores principales a la mayoría de los que propiciaron y se aprovecharon de las consecuencias de lo ocurrido.

    Los políticos ya casi no nombran aquel hecho. Algunos adrede, otros por desmemoriados y otros más, tal vez, por una sensación de vergüenza de su cobardía.

    Muchos no entienden que el descreimiento, el desaliento, el desconcierto y la rabia que se perciben en mucha gente hasta ahora tienen que ver con la impresión de injusticia y de algo no resuelto.

    Es una percepción que seguramente nos acompañará como ciudadanos hasta que nos podamos responder ¿qué pasó en Curuguaty?

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    Publicado por jotaefeb | 18/06/2017, 7:53 am
  5. CINCO AÑOS DESPUÉS
    Andrés Granje
    En la fecha se cumple cinco años de la masacre de Marina Cue, en Kuruguaty, en donde murieron 17 personas, entre ellas 6 policías y 11 labriegos en uno de los episodios más tristes y trágico de los muchos que sufrieron los campesinos en la lucha por acceder a un pedazo de tierra propia. También con esa masacre comenzaba una de las etapas negras de la justicia paraguaya que en un juicio plagado de irregularidades finalmente condena a diversas penas carcelarias a muchos labriegos ocupantes de la propiedad que estaban en el lugar y que se enfrentaron a los policías que vinieron con intenciones de desalojar el inmueble generándose la balacera que culminó con el saldo ya conocido de 17 personas fallecidas.
    El juicio y luego el juzgamiento fue un circo como nunca antes se vivió en la justicia paraguaya, miren que desde la época de Stroessner se han dado situaciones Kafkianas, por lo irreal y enrevesado de esos procesos, verdaderas mascaradas inentendibles, donde la racionalidad o el sentido común estaban ausentes pero nada superó a este proceso por la informalidad y los errores cometidos por los responsables del juicio en toda su extensión. Por eso cuando se dio a conocer el fallo castigándose solamente a los labriegos y no a los policías cuando también murieron campesinos es algo difícil de entender y muestra como en el país la vara de la justicia siempre se dobla a favor de los poderosos.
    Nunca se hizo la pericia de las armas utilizadas en la masacre, hasta la misma muerte de los policías a manos de los labriegos está en entredicho, pues con las armas de bajo calibre y algunas escopetas caseras para cazas menores es imposible que se pueda haber cometidos los crímenes mencionados y lo mas grave de la situación es que la tierra donde las fuerzas de seguridad está comprobado no pertenece a la familia Riquelme que reclamaba el inmueble y solicitó la presencia de las fuerzas de seguridad para el desalojo, lo que derivó posteriormente en la muerte de labriegos y campesinos, es decir los policías jamás debieron intervenir para desalojar esta propiedad porque los que reclamaban no eran los propietarios originales del inmueble.
    Claro que para una justicia totalmente funcional al poder político el fallo era absolutamente necesario en la dirección que salió pues avalaba y justificaba la mascarada de juicio político y la anterior destitución del entonces presidente Fernando Lugo, que según muchos opinologos más que una destitución con recursos constitucionales se trató de un burdo golpe de estado, inaugurando una nueva modalidad de interrumpir un proceso democrático por medio de golpes palaciegos de guantes blancos que suplantan a los violentos y con muchos saldos fatales como eral los de antes. Esta forma de aplicar los golpes de estado evita la violencia y la sangre derramada de parte de la ciudadanía, pero no deja de ser injusto y una manera torcida de acabar un proceso.

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    Publicado por jotaefeb | 16/06/2017, 9:31 am

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