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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

¿Quién quiere congelar el atraco al Congreso?

Es más que sospechoso que la investigación del vandálico asalto e incendio del Congreso no haya aún ni comenzado. Y más grave aún que las propias autoridades del Congreso estén haciendo lo ridículamente imposible para ningunear el acontecimiento; hasta dilatar la acción de los abogados para llevar adelante el esclarecimiento de los hechos.

Los registros documentales, trasmitidos en directo por los canales de televisión, los documentos y testimonios, incluso de algunos de los atracadores que confesaron haber sido arreados y hasta pagados para sumarse al vandalismo, así como las imágenes de los hechos son más que contundentes; no se trató de una manifestación espontánea de indignación, sino una acción dirigida por dirigentes políticos, perfectamente identificables en los registros visuales, y medios de comunicación, sobre la base de intereses electoralistas sobre la posible enmienda de la Constitución, es decir, el desencadenamiento de la violencia con fines políticos, con graves consecuencias para la infraestructura de la institución, destruida y saqueada a mansalva, pero sobre todo por lo que significa que se haga un acto de violencia sin precedentes para presionar al Congreso Nacional en sus decisiones.

Y con el agravante de que las autoridades actuales del Congreso no estén tomando las medidas necesarias para esclarecer los hechos criminales, sino por el contrario, dilatando la investigación y hasta paralizando la acción de abogados propuestos para impulsar la investigación, mientras que el propio equipo jurídico de la institución permanece en silencio e inactividad.

Es decir, el tremendo atentado contra uno de los poderes del Estado permanece, como se dice popularmente, en el freezer, congelado, mientras que las autoridades de la institución dejan pasar el tiempo, evidentemente especulando con esa facilidad de olvido, esperando que el tiempo perdido nos lleve al olvido.

Esto puede crear un mal precedente; fuera de los tiempos vandálicos de la dictadura, en democracia hemos tenido un solo caso que se “cañoneó” desde un tanque el Congreso, en un intento de amedrentamiento, “un sháke”, que no pasó a mayores, pero que sí tuvo sanciones y sancionados.

En este caso, de mucha mayor gravedad, parece que se está dejando pasar el atentado contra las instituciones democráticas sin mayor escándalo.

Sea cual sea el resultado de la investigación y las consecuencias, no se puede dejar que el olvido se instale sobre un acontecimiento de tanta gravedad, ya que la impunidad se está convirtiendo, al minimizar el atraco, en un posible precedente para la impunidad en el futuro, es decir, para que se pueda usar la violencia para chantajear a los representantes del pueblo.

Es más que grave, gravísimo, porque da la impresión que las instituciones responsables de la seguridad responden a los intereses políticos y prefieren aplicar la cómoda ley del ñembotavy a las leyes nacionales oficiales que exigen esclarecer acontecimientos tan graves como el asalto y la destrucción de una de las instituciones fundamentales de la República.Y es igualmente grave que muchos medios hayan seguido y sigan ignorando, con complacencia, los acontecimientos y sigan ocultando que hay una grave causa pendiente contra la institucionalidad, como si la vara para medir los acontecimientos tenga que ver con los intereses particulares y no con los nacionales.

 

http://www.lanacion.com.py/editorial/2017/06/04/quien-quiere-congelar-el-atraco-al-congreso/

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

16 comentarios en “¿Quién quiere congelar el atraco al Congreso?

  1. Liberales asilados

    Como liberal y militante por años, y siendo director de Capacitación y Cultura del Partido Liberal, me dirijo a usted respetuosamente con relación al editorial de fecha 15 de junio del corriente “Nadie debe ser impune”.

    Lo hago, porque creo que existen incoherencias que hacen confundir a la ciudadanía.

    Dice el editorial: “A Stiben Patrón lo acusaron a una velocidad inusual” (violando el debido proceso). También: “No se le dio al acusado ninguna ventaja que ordinariamente se otorga” (de nuevo arbitrariamente).

    Más abajo dice: “El proceso por el asesinato de Rodrigo Quintana no avanzó ni un milímetro, y los políticos del gobierno manejan la Fiscalía como titiriteros”.

    Asimismo señala: “Con estas condiciones tienen suficientes justificativos para pedir asilo” y “con la justicia paraguaya no hay garantías”. Todos estamos con prisión.

    Y con todo lo que antecede, en otro renglón aconseja que deberían haberse quedado en el país a defenderse… y yo agregaría ¿Con esta justicia?… el resultado sería el mismo que el de Patrón, ir a Emboscada injustamente.

    Y después, de manera paradójica su editorial los compara con Arrom y Martí acusados de secuestro. Le recuerdo el artículo 137 de la Constitución Nacional (Cualquier ciudadano tiene derecho a rebelarse contra LOS USURPADORES… Y el artículo 138 es importantísimo y le recuerdo… “se autoriza a ejercer su derecho POR TODOS LOS MEDIOS” (¿serán piedras, palos, supuestas bombas molotov?) para ejercer su derecho a la resistencia a los usurpadores…

    Le recuerdo Sr. Zuccolillo que una vez nosotros salimos a ejercer el derecho a la rebelión contra otros violadores de la Constitución Nacional junto a Rambo Saguier y yo en menor medida.

    Estoy seguro de que los eternos violadores de la Constitución Nacional tendrían mucho temor si tomáramos en serio los artículos 137 y 138 de la Constitución Nacional y le hiciéramos caso.

    Estoy orgulloso de estos jóvenes que impidieron la enmienda inconstitucional.

    Alfredo Jaeggli

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    Publicado por jotaefeb | 19 junio, 2017, 7:35 am
  2. Liberales exiliados

    Guido Rodríguez Alcalá
    Puedo comprender los temores de los cuatro jóvenes paraguayos que pidieron asilo político en el Uruguay, por la poca posibilidad de un juicio justo.

    ¿En qué país del mundo se condena a un hombre a 35 años de cárcel por haber matado con una escopeta que, según la pericia efectuada en el proceso, no ha disparado? Solo en el país de los exiliados.

    ¿Dónde se condena a dos por haber matado con la misma escopeta, la que no había disparado? Ídem.

    Para mayor precisión debo decir: con la escopeta que no disparó y que disparó proyectiles de un calibre que no existe.

    La contradicción no es mía: según el expediente, el arma homicida disparó proyectiles múltiples de calibre 0.28, que me recuerda la perplejidad del compatriota que preguntaba: ¿se dice Suiza o Suecia? Suiza y Suecia se parecen, pero no son lo mismo, como 0.28 y 28 a secas, como debe decirse.

    El tribunal no efectuó las pruebas de huellas digitales en el arma fantasmagórica, ignorando la ley y los pedidos de la defensa, pero sigamos.

    Cuando una escopeta dispara proyectiles múltiples o perdigones, es imposible saber el calibre del arma que los ha disparado, salvo que ya se la haya elegido como prueba (¿por eso la omisión de las huellas digitales?); no puede hablarse de perdigones calibre 28, ni de ningún otro.

    En el caso Curuguaty, los magistrados no se mostraron muy versados, escribiendo: “revólver calibre 38 milímetros” o “escopeta calibre 12 milímetros”.

    Pasemos por alto que, si en Curuguaty murieron once campesinos y seis policías en un tiroteo el 15 de junio de 2012, solo se investigó la muerte de los seis policías, y no la de los once campesinos.

    A poco de asumir la tarea, y antes de tener los resultados de las pericias, el fiscal Jalil Rachid dijo, en repetidas entrevistas: los campesinos atacaron a los policías, quienes actuaron en cumplimiento de su deber.

    No resulta claro qué quiso decir la fiscala Liliana Alcaraz, el 14 de junio de 2016, en el transcurso del juicio oral y público: “todas las vainas servidas del calibre 38 fueron percutidas al igual por el arma de calibre 12”.

    Más oscura resulta su otra afirmación: “es mentira que cada una de las víctimas no fuera determinada su causa de muerte ni examinada en forma particular”.

    Resulta claro empero que, con semejante jurisprudencia, se modifican las reglas de balística aceptadas internacionalmente y, lo que es peor, las reglas referentes a los derechos humanos.

    Por asesinar al alimón, Rubén Villalba y Luis Olmedo recibieron 35 y 20 años de cárcel, respectivamente. ¿Por qué la diferencia? Porque Villalba, en sus disertaciones, “hacía referencia al comunista Lenin”, según el libelo (literalmente) fiscal.

    ¿Lucía Agüero? Seis años de cárcel porque, al comenzar el tiroteo, “se encontraba con un niño de 3 años en brazos [y] se retiró raudamente de la zona de conflicto”, según la imputación (un inocente nada teme).

    ¿Juan Carlos Tillería? Cuatro años de cárcel porque su nombre apareció en un cuaderno, con los de los integrantes de una organización criminal.

    El policía que encontró el cuaderno cayó a un arroyo con él, pero como tenía buena memoria, se lo contó al fiscal, quien se lo contó al juez, quien no quiso dudar de la palabra de un honesto paraguayo.

    El juez debió haber dudado, como ahora dudan los cuatro compatriotas exiliados.

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    Publicado por jotaefeb | 18 junio, 2017, 6:46 am
  3. Fiscales buscando pirómanos

    Por Alfredo Boccia Paz
    La imagen más fuerte y simbólica de una manifestación de protesta es la de un joven arrojando una bomba molotov. Es la toma soñada por los reporteros gráficos. Por eso siempre eligen una así para informar sobre las movilizaciones en Venezuela. Pues bien, no hay una sola foto de ese tipo durante la noche del 31 de marzo pasado cuando se quemó una parte del Congreso. Y eso que había allí centenares de curiosos filmando el inusual espectáculo. Es lógico asumir entonces que el incendio no fue iniciado por bombas de ese tipo, sino probablemente por otros elementos, como encendedores, papeles y petardos. Sin embargo, algunos genios de la seguridad nacional estaban seguros que bastaba encontrar las bombas molotov para explicarlo todo.

    Sabían, incluso, dónde estarían: en el local del PLRA. Y allá fueron, en una incursión tan bárbara como atolondrada. Sería estupendo encontrar a los dirigentes liberales armando bombas incendiarias. Si hubieran hallado una sola botella con combustible y una mecha de tela la iban a mostrar como un trofeo. Pero no solo no había nada, sino que mataron a Rodrigo Quintana y al proyecto de enmienda constitucional. La Policía, muda de vergüenza, ya no insistió con el tema, pero los fiscales mantuvieron su enrevesada hipótesis. Contaban con las imágenes del circuito cerrado del PLRA. Pero allí solo se ve borrosamente a alguien con una bolsa negra de plástico y a otros con botellitas en la mano. En la bolsa podría haber cerveza, vinagre o lechuga. Para los fiscales había bombas molotov y punto.

    Hasta un estudiante del curso probatorio de Derecho sabe que con eso no va a probar nada en un proceso judicial normal. Pero estos fiscales no parecen muy normales. Aunque demos por hecho que las bolsas negras contenían botellas con combustible –lo que está lejos de ser probado–, faltaría demostrar que fueron esas las bombas que provocaron el incendio. Con un detalle: cuando se hicieron esas filmaciones, el Congreso ardía hacía varias horas.

    El caso terminaría aquí si Cartes no se hubiera enojado con la Fiscalía e indicara el nombre de Stiben Patrón. A los fiscales les agarró una flojera de vientre y apresaron al supuesto piromaniaco de 21 años, cuyo nombre tiene reminiscencias del spanglish y con una activa participación en las movilizaciones liberales previas. Para la derecha sería un vándalo, para la izquierda un guarimbero. En realidad solo había participado de escraches a parlamentarios y, en las grabaciones del interior del Congreso, se lo ve tirando al piso una computadora. No hay ninguna foto o video en los que se lo vea quemando algo. Pero los fiscales ya no podían detenerse: decretaron su prisión pese a que estaba sometido al proceso y allanaron su casa, donde estaban su esposa y su bebé. La salvación de los fiscales sería encontrar allí las bombas molotov. Pero nada; se llevaron un banner que decía “Dictadura nunca más”.

    El pirómano está en Emboscada, aunque lo único que haya quemado sea la respetabilidad de la Fiscalía de este país.

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    Publicado por jotaefeb | 17 junio, 2017, 10:53 am
  4. REFUGIO
    Andrés Granje
    La información publicada en los periódicos señala que el fiscal Hernán Galeano solicitó al Juez Penal de Garantías Nº 10 de la capital declarar en “estado de rebeldía” para Luis Osvaldo Sánchez, Bryan Esteban Martínez Jara, Rubén Moisés Galeano y Osvaldo Daniel Aquino, todos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quienes pidieron refugio en Uruguay luego de que el Ministerio Público liberara orden de captura contra los mismos. Los cuatro integrantes del Partido Liberal están siendo procesados supuestamente por la fabricación de bombas molotov el día en que se quemó el Congreso, el 31 de marzo pasado, en el marco de las protestas en contra de la ilegal enmienda de la Constitución, que buscaba la reelección presidencial de Horacio Cartes.
    Llama la atención la celeridad que imprime la fiscalía a este suceso en tanto se torna lenta y casi no se avanza en toda la investigación fiscal para determinar las reales circunstancias de la muerte del joven dirigente liberal de la Colmena, Rodrigo Quintana, esta disparidad de criterio mueve a la suspicacia o confirma lo que muchos dirigentes políticos gritan a voz en cuello, la manifiesta parcialidad de la justicia que hace lugar y atiende con prontitud todos los pedidos realizados por el oficialismo en contra de los dirigentes opositores que se manifestaron en las plazas del congreso, que terminaron con la quema de parte del edificio del Poder Legislativo en protesta por el deseo de los parlamentarios cartistas de avasallar la constitución nacional permitiendo la reelección vía enmienda.
    Sin embargo esta misma administración de justicia se muestra indolente e irresoluta para avanzar en las investigaciones para saber quiénes fueron los autores morales y materiales del crimen aleve en contra del joven político Rodrigo Quintana de tan solo 26 años. Este caso debiera ser de fácil solución pues existe un video revelador de la forma en que mataron a Rodrigo en el propio local del PLRA, es decir no existen dudas de la autoría del crimen, lo que falta investigar es quien dio la orden trágica y criminal de eliminarlo. En estas condiciones es nula la confianza que se le pueda tener a la justicia en el Paraguay, siendo atendible las razones que movieron a los jóvenes a buscar el refugio en el Uruguay hasta tanto se aclare lo acontecido la noche de la quema del congreso.

    Además, es evidente la pretensión de Javier Díaz Verón, fiscal general del Estado, pues ordenó la apertura de una investigación penal por “frustración de la persecución y ejecución penal” en referencia a las personas que acompañaron la comitiva en Uruguay por “impedir que los procesados sean sometidos a la justicia”, aquí el gran adversario político es el Presidente del Partido Liberal Radical Autentico Efraín Alegre, el es el objetivo mayor de los fiscales y quieren llegar a el por medio de los jóvenes. Cuando la Administración de Justicia esta tan permeada por la corrupta clase política y dicta su agenda al pueblo le asiste el derecho de buscar amparo ante esta situación de injusticia recurriendo a la figura del refugio temporal en otro país.

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    Publicado por jotaefeb | 15 junio, 2017, 8:48 am
  5. Nadie debe ser impune

    Los repudiables hechos violentos producidos el 31 de marzo pasado frente al edificio del Congreso, cuando manifestantes enardecidos atacaron sus instalaciones provocando incendios y hasta robos, constituyó un episodio particularmente confuso, en el cual intervinieron muchas personas y se desataron muchas pasiones. Y especulaciones.

    Hasta el momento se sabe de dos procesos abiertos, uno para el caso del asesinato del joven Rodrigo Quintana, en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), del cual se tiene el testimonio irrefutable de una filmación de cámara de seguridad; y otro para el caso que involucra a las siguientes personas: Stiben Patrón, Brian Esteban Martínez, Osvaldo Aquino, Luis Sánchez y Rubén Galeano, jóvenes adherentes del PLRA.

    A Stiben Patrón la fiscalía lo acusó con una velocidad inusual (lo que se explica porque el presidente Horacio Cartes lo señaló públicamente como culpable). De inmediato, el juez penal de garantías Gustavo Amarilla ordenó su prisión en el penal de Emboscada, involucrándolo en un proceso por supuestos hechos punibles conexos de la Ley 4036/10 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”. El juez Amarilla no le concedió al procesado ninguna de las ventajas que ordinariamente se otorga a los acusados, pese a que las pruebas con que cuenta son harto dudosas y notoriamente débiles, pues ninguna de ellas vincula irrefutablemente al procesado con los hechos que afectaron al local del Poder Legislativo.

    Entretanto, el proceso por el asesinato del joven Rodrigo Quintana, que compromete a personal de la Policía, no avanzó un milímetro. Esta diferencia abismal entre ambos casos nos remite directamente a verificar cuán manipulable es el Ministerio Público, es decir, son los agentes fiscales, por parte de los políticos poderosos, que los manejan como titiriteros.

    Hasta aquí, el relato sucinto de una secuencia de acontecimientos e investigaciones judiciales repletos de dudas, fallas, torpezas, mala fe y politiquería. Una mezcla que hizo, como en muchas otras ocasiones anteriores, que los hechos verdaderos quedaran ocultos tras los embustes y las maniobras destinadas a obtener réditos políticos.

    Este descrédito de la Justicia paraguaya se convierte, así, en suficiente argumento para que –con razón o sin ella– cualquiera que sea procesado por hechos ilícitos, o que esté por serlo, posea suficiente justificativo para pedir asilo en otro país. La frase “con la Justicia paraguaya no hay garantías de ninguna clase”, dada su evidente veracidad, da pie a que gobiernos que sí poseen sistemas judiciales autónomos y respetuosos de la ley concedan rápidamente esos asilos.

    En este caso, sin embargo, los violentos hechos ilícitos sí sucedieron, como lo muestran las filmaciones de la preparación de artefactos que se asemejan a cócteles molotov en el local del PLRA. Nos preguntamos, entonces: si esto mismo hubiera sido filmado, por ejemplo, en el local del Partido Colorado, ¿no se hubiera provocado un escándalo? Con toda seguridad, la oposición hubiera lanzado el grito al cielo, con manifestaciones condenatorias y exigido una investigación urgente.

    Ante esta situación, los dirigentes liberales, más bien, debieron aconsejar a sus jóvenes correligionarios recientemente refugiados en Montevideo que se quedaran en este país a defenderse de las acusaciones que se les hacen en los tribunales. Si no hay pruebas de que hayan participado directamente en los violentos sucesos del Congreso, tendrían una posición ventajosa para desvirtuar las acusaciones fiscales. Pero si realmente aparecieran indicios de participación, deben ponerse a disposición de la Justicia y afrontar las consecuencias.

    El asilo es una antigua forma de defenderse de regímenes autoritarios que gobiernan países donde no funciona el estado de derecho. Mucha gente inocente y valiosa salvó su vida mediante él, bajo las dictaduras que se sucedieron en el Paraguay desde 1947. Mas también puede constituirse en un recurso para lograr la impunidad, como, por ejemplo, ocurrió con Juan Arrom y Anuncio Martí, acusados con evidencias jurídicamente solventes de cometer el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, de cobrar rescates multimillonarios y de poseer armas prohibidas para ser usadas con finalidad subversiva, todo eso entre los años 2001 y 2003. Desde entonces, ambos están exiliados en el Brasil, gozando de la protección que les brinda esta figura jurídica que fue creada para proteger a inocentes, pero no a posibles culpables.

    Las filmaciones de lo sucedido en el interior del local del PLRA, aquella noche del 31 de marzo pasado, dan suficiente pie para el avance de la investigación de la fiscalía y la producción de acusaciones judiciales formales. Allí, según las imágenes, hubo gente fabricando lo que aparentemente son elementos inflamables, algo que, hayan o no sido utilizados, constituyen de por sí un acto reprochable, por lo que sería conveniente que los indiciados limpien sus nombres.

    El PLRA debería ser el primer interesado en que la cuestión se dilucide. Si los cuatro jóvenes que solicitaron asilo en el Uruguay tuvieron algo que ver con hechos ilícitos como la fabricación de cócteles molotov, las autoridades de ese partido, en vez de buscarles impunidad, debieron tratar de presentarlos ante los estrados judiciales de nuestro país. De esta forma, aun cuando la ecuanimidad, la autonomía y la eficiencia de nuestros fiscales y jueces no son muy confiables, al menos se podría salvar la reputación institucional del PLRA y la de los acusados, mediante una defensa contundente y convincente.

    Si cada vez que ocurran hechos graves de violencia política, como en los casos de la muerte del vicepresidente Luis María Argaña, de la masacre de Curuguaty y de estos hechos recientes, se meten de por medio los políticos y la politiquería para distorsionar hechos o desaparecer evidencias, mentir para confundir, sacar partido del enmarañamiento del proceso y hacer pasar inocentes por culpables y viceversa, entonces ninguno de estos graves casos podrá ser aclarado nunca, para descrédito de nuestras instituciones y pésima fama del país mismo.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/nadie-debe-ser-impune-1603729.html

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    Publicado por jotaefeb | 15 junio, 2017, 8:31 am
  6. Una cuestión de prioridades

    Por Marcos Cáceres Amarilla

    En un acto político, el 18 de junio pasado, el presidente de la República cuestionó el trabajo de la fiscalía sobre la investigación del incendio del Congreso.

    Este reclamo público fue tomado por algunos sectores políticos de la oposición como una presión indebida. Santiago Peña, candidato a presidente por Honor Colorado, afirmó que el mandatario habló en esa ocasión “como ciudadano”. Lo manifestado por Peña apuntaría a confirmar lo que dijo de sí mismo en una entrevista: que su peor defecto era la candidez.

    Luego de esta crítica oficial, los fiscales actuaron aceleradamente, imputaron a varios acusados, apresaron aparatosamente a Stiven Patrón y lo remitieron a la cárcel de Emboscada.

    Lo notable es que Cartes, “como ciudadano”, no reclamó antes, por otros hechos tanto o más graves, celeridad a la fiscalía o al Poder Judicial y, menos aún, a la Policía Nacional o a la Fuerza de Tarea Conjunta, organismos estos dos últimos que dependen directamente de su administración.

    Una mirada a vuelo de pájaro revela que durante la gestión de Horacio Cartes se sucedieron hechos de inseguridad muy graves que, hasta ahora, no han tenido resolución o respuesta efectiva de parte de las instituciones del Estado.

    Los casos más evidentes son los secuestros que aún se mantienen de Edelio Morínigo, Abrahán Fehr y Félix Urbieta por el fantasmagórico EPP. A ellos hay que sumar los de Arlan Fick, Hernán Silva, Rober Natto, Ericka Natto, Silvano Páez y Franz Wiebe. De esta última lista, la mayoría fueron liberados, a excepción de la pareja Natto que fue asesinada a tiros en enero de 2015.

    Cartes no reclamó con tanta vehemencia la ejecución en una emboscada de 8 efectivos militares el 27 de agosto de 2016, en una de las acciones más sangrientas atribuidas al grupo criminal que, según dijo cuando asumió, no le marcaría la agenda.

    Una publicación del diario ABC de setiembre de 2015 registraba que en los primeros dos años del gobierno de Cartes ya se habían producido 3 secuestros, 24 asesinatos (13 civiles, 3 militares y 8 policías) y 42 ataques del EPP. En agosto de 2016, la cifra de muertos trepó a 40.

    Al presidente tampoco parece preocuparle mucho los asesinatos con el sello del crimen organizado que se produjeron a montones durante su administración. Uno de los más llamativos, por su espectacularidad fue el de Jorge Rafaat Toumani, señalado como “capo” narco, cuya ejecución el 16 de junio de 2016 quedó registrada en cámaras de seguridad, en las que se vio cómo le disparaban con un fusil antiaéreo calibre 50.

    También el 5 de mayo de 2015 fue asesinado en pleno centro de Yby Yaú, en una feroz balacera, el exdiputado colorado Magdaleno Silva, su hijo Fernando, además de Isaac Peña y Félix Peña.

    Antes y después ocurrieron otros crímenes violentos con mano de obra sicaria. El último caso de mucho impacto fue el asesinato y decapitación de dos mujeres: Adriana y Fabiana Aguayo, en Pedro Juan Caballero, la semana pasada.

    En la era Cartes también asesinaron al periodista Pablo Medina y a su acompañante Antonia Almada, uno de los pocos crímenes que sería resuelto. Como autor moral está acusado Vilmar Acosta, intendente colorado de Ypejhú, cercano a la diputada oficialista Cristina Villalba, una de las políticas favoritas del presidente.

    Ni el mandatario ni su entorno y tampoco gran parte de la ciudadanía parecen percatarse de que algo raro ocurre en este periodo para que haya tantos crímenes y secuestros.

    Cartes no reclama con tanta vehemencia por el asesinato de Rodrigo Quintana a manos de Policías en la sede del PLRA. Pero sí sobre el atraco al Congreso, un hecho que, “casualmente”, precipitó su decisión de renunciar a buscar la reelección en el próximo periodo. Una cuestión de prioridades que no deja de ser llamativa.

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    Publicado por jotaefeb | 15 junio, 2017, 8:30 am
  7. El “Efra-Tour”

    Entre el “házme reir” y la “vergüenza ajena”. No hay otras reacciones posibles ante el proceder de Efraín Alegre, Luis Alberto Wagner, Enrique Salyn Buzarquis y otros dirigentes del oficialismo del PLRA, que “guiaron” a cuatro jóvenes afiliados a dicha nucleación hasta el Uruguay, a los fines de solicitar “refugio político”. Se trata de Braian Martínez, Rubén Galeano, Daniel Aquino y Osvaldo Sánchez, a quienes se sumarían otros en las próximas horas. Ellos no están procesados por razones ideológicas, si es que profesan alguna, ni por expresar sus ideas políticas o defender tal ocual proyecto, sino por preparar las bombas incendiarias con las que se prendió fuego al Congreso el pasado 31 de marzo. Es decir, por la presunta comisión de un delito muy grave, al que corresponde una sanción, sin que a nadie importe en lo más mínimo las creencias de los delincuentes.

    El pedido de “asilo” no puede ser más estúpido: “preservar su integridad personal, sus vidas”. Tan estúpido como los “argumentos” esgrimidos por uno de los abogados efrainistas, Rubén Ocampos, para el cual la responsabilidad del incendio del Congreso es de la Policía, por no proteger la sede, y no de quienes le hicieron arder en llamas.

    Evidentemente, en boca de Alegre y Ocampos, el disparate no tiene límites. El primero, porque nadie en su sano juicio puede afirmar que en el Paraguay no se encuentran vigentes derechos tan elementales, como si fuéramos Siria o, más cerca, Venezuela. El segundo porque, siguiendo su criterio, usted, querido lector, podría ingresar hoy mismo a cualquier domicilio particular, rapiñar y hasta prenderle fuego, total, la inmensa mayoría de ellos no cuenta con custodia policial ni de ningun otro tipo..

    El oficialismo liberal aduce que la Justicia de nuestro país no ofrece garantías a los procesados. Lo dice y repite con harta frecuencia nada menos que Efraín. Un atorrante que hace años tendría que estar tras las rejas, por haber pagado un total de 17 millones de dólares por una ruta que nunca se hizo, cuando se desempeñó como ministro de Obras Públicas. La famosa “Ruta de la mentira”, según la bautizaron en su momento sus propios correligionarios. El mismo que, según informe de la Contraloría General de la República, le produjo a dicha cartera de Estado un faltante de 10 millones de dólares, en un solo ejercicio.

    La Justicia paraguaya en todo caso podría ser acusada de negligente y encubridora de corruptos, por permitir que bandidos de la talla de Alegre sigan sueltos y, encima, intentando mancillar en el exterior el nombre de la República.

    Lo de Efraín y su pandilla no es más que una vulgar fantochada que carece de toda trascendencia, más allá de la que pretenda darle Aldo Zuccolillo, en su decadencia sin gloria. Un circo de barrio, montado por quienes no brillan con luz propia y necesitan, como al oxígeno, de algún show mediático para decir que existen en el firmamento político, pues en caso contrario nadie los tendría presentes, ni para mofarse de ellos, como ahora sucede.

    Si no fuera porque de esta forma manosean una figura tan importante como el asilo, del mismo modo que algunos “luchadores sociales” desnaturalizaron la huelga de hambre al comer a escondidas, esta campaña del oficialismo liberal no pasaría de ser una broma de mal gusto. Una especie de “Efra-Tour”, mediante el cual se premia a 4 prófugos de la Justicia, con pasajes, vivienda y viáticos, para que “sufran” en las playas de Punta del Este, hasta que ya no resulten más útiles y terminen en el olvido.

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    Publicado por jotaefeb | 14 junio, 2017, 10:39 am
  8. Entre presos políticos o políticos presos

    “¡Aquí no hay presos políticos, sino políticos presos…!”. Hay quienes creen que esta irónica frase la pronunció nuestro autóctono dictador, el general Alfredo Stroessner, pero las búsquedas en Google la atribuyen al veterano caudillo dominicano Joaquín Balaguer, el día en que le reclamaron por llenar las cárceles del país con personas que cuestionaban los abusos de su gobierno.

    En nuestro país, el Gobierno de Horacio Cartes se jacta de respetar las libertades públicas y promover la transparencia, pero cada tanto se registran episodios significativos de persecución ideológica, con personas llevadas a prisión con un criterio evidentemente más político que jurídico.

    Sucedió con los campesinos del caso Curuguaty, con varios dirigentes sociales, con el abogado Paraguayo Cubas y sus colaboradores. Sucede actualmente con el joven dirigente liberal Stiben Patrón y con el docente, periodista y dirigente comunista altoparanaense Pedro Espinoza y su ex pareja Dora Meza.

    En un momento en que grupos de sicarios narcos actúan con absoluta impunidad en zonas fronterizas, sembrando el terror como pocas veces se ha visto en el Paraguay, secuestrando a mujeres en su propia residencia, para luego matarlas, descuartizarlas y quemarlas a bordo de un vehículo, las fuerzas represivas del Estado parecían más preocupadas por encarcelar al joven liberal Stiben Patrón, mostrándolo esposado y conducido a una prisión de máxima seguridad, bajo la acusación de haber sido uno de los participantes de las protestas del pasado 31 de marzo, cuando acabó incendiado el edificio del Congreso.

    Las pruebas exhibidas hasta ahora contra Patrón son muy débiles para justificar la aparatosidad de su encarcelamiento. Imágenes de su presencia en un acto de protesta en que hubo miles de personas, o apareciendo con una botella en manos, esa noche, en el local del Partido Liberal, presuntamente preparando cócteles molotov. Mas allá de que se pueda demostrar la comisión de un hecho punible, su gravedad y circunstancias distan mucho del carácter ejemplificador que se le quiere dar, aparentemente, más para satisfacer las públicas exigencias de castigo del jefe de Estado en contra de sus adversarios políticos.

    El caso de Pedro Espinoza y Dora Meza es distinto, pero igualmente llamativo. El propio fiscal de la causa, Manuel Rojas, concluye que la droga hallada en la residencia de ambos fue plantada por la policía, pero el juez se niega a conceder la libertad.

    En un país en donde la Fiscalía y la Justicia siguen prisioneras de los intereses del poder político o económico, no es descabellado suponer que estamos ante preocupantes nuevas situaciones de presos políticos. O, en todo caso, de políticos presos.

    Por Andrés Colmán Gutiérrez

    http://www.ultimahora.com/entre-presos-politicos-o-politicos-presos-n1090391.html

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    Publicado por jotaefeb | 13 junio, 2017, 8:41 am
  9. Periodismo para las graderías

    Por Jorge Torres Romero

    Qué fácil es hacer periodismo en Paraguay y tirotear hacia donde se percibe que recibiremos el mayor de los aplausos o elogios y sin importar la esencia de este oficio que es tender hacia la objetividad, ofrecer información veraz y ecuánime.

    Sin embargo, algunos prefieren estar en el tilinguerío periodístico. Donde putear más te genera más audiencia y seguidores en redes. Donde cuestionar todo te hace mostrar como el menos “vendido” y donde buscar la verdad dejó de ser lo importante porque solo vale mi credibilidad, mi imagen y mi ego. Así está, en gran parte, el periodismo paraguayo.

    La prensa es una de las instituciones que menos se han renovado en esta era democrática, no en nombres y personas sino en formación ética y principios. Es el sector que menos mea culpa y autocrítica ha hecho con el fin de ser un actor importante en el perfeccionamiento de nuestra democracia.

    Jamás pondría en tela de juicio el valor de una prensa crítica, sabuesa, contralora y capaz de desnudar las grandes trapisondas de quienes quieren seguir manteniendo ocultos sus negocios turbios en detrimento de la gente. Pero tampoco podemos dejar de cuestionar a la prensa tilinga, sin rigor, disparatera, manipuladora y oportunista. ¿O me dirán que en nombre de la libertad de prensa todo vale?

    Los periodistas nos hemos tomado esa atribución de cuestionar a todos, de comprar la tapa de un diario como verdadera, de calificar, atacar y juzgar sin el mayor detenimiento de corroborar la veracidad de los hechos, solo porque quien está en el blanco tiene una carga pública encima.

    Parecería que el solo hecho de tener esa carga pública sobre sus hombros, pone en dudas su reputación, honorabilidad, pasado, familia y hasta no verlos destruidos no paramos, por más aclaración, explicación o lógica que nos muestren en sus descargos.

    Pasa que tantas veces hemos acertado y tantas veces hemos sido engañados por todos ellos que es hasta sano dudar, pero no podemos seguir alentando desde nuestros medios a mejorar la representatividad parlamentaria, alentando el saneamiento en el rol del funcionario público, que los buenos se metan en política y cuando lo hacen, ya partimos de la premisa de están de averiados, dañados y con sed de jodernos.

    Pongamos ejemplos actuales: Mario Ferreiro, hombre sincero, honesto y con buenas intenciones, pero hay un sector que ya lo fusila, observando solo lo que no ha hecho aún. Santiago Peña, hombre de buena formación académica, buena familia y capaz, pero hoy tildado de “títere” sin mirar su convicción. Hugo Rubin, comunicador, abogado, de buena familia, ayer tildado por un diario de dispuesto a venderse por un cargo en Diputados. Aunque estas tres personas del ejemplo pongan todas sus explicaciones ya no nos sirve, ya ni siquiera les damos el beneficio de la duda. ¿Por qué?

    También he leído estos días unos disparates mayúsculos cuya intención, según mi percepción, es la de hacer periodismo para las graderías: El caso del joven Steben Patrón.

    Algunos colegas lo presentaron como un preso político, cuyo único pecado fue haber participado de las protestas del 31 de marzo pasado y su situación hoy en la cárcel es una decisión del presidente de la República. O han planteado el disparate de que la prioridad de las fuerzas públicas para encarcelar deben ser los narcotraficantes, los asesinos de frontera y no Patrón. Con este criterio que sigan los motochorros, los robacoches, los ladrones comunes, porque para algunos la prioridad está en otro lugar.

    Cae de maduro que el presidente no puede ordenar ninguna detención. En todo caso fue la Fiscalía en base a una investigación y pruebas de circuito cerrado. Estos jóvenes no lucharon por la democracia, quizás algunos estaban naturalmente indignados, pero quienes se encargaron de violentar tenían sus objetivos sectarios o eran barras bravas contratados. Estas personas, como Patrón, incendiaron y saquearon el edificio del Congreso en hechos de bandalismo y delincuencia común. Estos no son perseguidos, son los que atacaron a la policía con piedras y bombas molotov, son quienes cometieron un delito y están investigados por eso, como sucede en cualquier Estado serio con imperio de la ley. ¿O esto debe quedar impune? Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

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    Publicado por jotaefeb | 11 junio, 2017, 9:05 am
  10. Sobre héroes y vándalos

    La política democrática, que renovó la convivencia de las sociedades, en lugar de las luchas destructivas y criminales, de las guerras raciales, religiosas y regionales, y luego de los imperialismos, y, finalmente, de correligionarios políticos –no es casual que ambos términos pongan por referente la palabra “religión”–, fue uno de los grandes avances de la sociedad moderna. Empezó el fin de los fanatismos, que tardará mucho en terminarse. Se acabó con la guerra, la tortura, las hogueras y otras formas terroríficas de enfrentar a los contrarios, para entrar en la carrera de la convivencia democrática.

    Hoy se maneja en forma más indiscriminada, “sin mirar a quién”, con el terrorismo.

    Entre dirimir los problemas a garrotazos, luego a espadazos, a balazos y a bombazos y, ante la contundencia criminalmente destructiva de los “atomicazos”, los dos terribles bombardeos atómicos que terminaron por dirimir la Segunda Guerra Mundial en una nueva forma de catástrofe, la humanidad, ese abstracto conjunto poblacional que nos hace, aunque nos cueste creerlo, iguales en derechos a todos los semejantes de la especie humana, buscó vías negociadoras para dirimir los pleitos.

    Puede resumirse con la definición del poeta Francois Fenelon: “Todas las guerras son guerras civiles, porque todos los hombres son hermanos”.

    Aunque la enseñanza de la historia sea tan evidente y contundente, hay muchos que aún creen ser más hermanos que otros y tener más derechos que otros, incluso a seguir practicando los métodos elementales y salvajes de la violencia contra quienes discrepan con su pensamiento, catecismo, ideología o propuesta política, predicamento y fanatismo, que, en general, no son sino encubrimientos de la estrategia de imponer su voluntad y su hegemonía de poder; la ambición totalitaria del poder.

    En nuestra coyuntura política actual, no solo de hoy en día, sino desde el comienzo de la transición, hay grupos de poder, que se mantienen en el poder desde los tiempos de la dictadura, con la misma táctica de comprarlo e influenciarlo.

    Valga la reflexión para empezar a diferenciar circunstancias que tornan grotesca la historia cuando trata de repetirse y, como en el caso en que vamos a hacer referencia, manipularse grotescamente: el asalto, saqueo, incendio y destrucción del Congreso Nacional, “casualmente” coincidente con el mes de marzo, el marzo paraguayo, cuando jóvenes indignados por el magnicidio del vicepresidente Argaña, fueron a ocupar y manifestarse en las plazas frente al Congreso, rebelándose contra la criminal violencia política, y a defender la institucionalidad del mandato constitucional del respeto a las instituciones republicanas, de la Constitución Nacional, de los elegidos por el voto popular y sacados del medio por cualquier vía para mantener las viejas estructuras de la claque del poder dictatorial.

    Es decir, hacer una grotesca farsa tratando de repetir la historia, con miras a las próximas elecciones, con fines electoralistas.

    El más grave de los crímenes ocurridos en este bochornoso acontecimiento es, paradójicamente, con el mismo “discurso”; se convocó, al contrario del heroico marzo a la protesta, pero para destruir al Congreso; no para defender la institucionalidad, sino a atropellarla, a avasallarla y, a todas luces de la evidencia, con una campaña política electoralista.

    Es un insulto a la memoria de aquellos héroes que salieron desarmados y a cuerpo gentil a enfrentar a las fuerzas represivas y a los vándalos a los que hoy quiere equiparárselos a aquella juventud que salió a defender a las instituciones democráticas, con los que salieron a atropellarla, a violarla, atentando contra el poder representativo. Y es igualmente lamentable que las autoridades del Congreso hasta ahora no hayan iniciado acciones para esclarecer los hechos y sancionar a los violadores.

    Lamentablemente, hay políticos, empresarios poderosos, especuladores, que arriesgan y violan las instituciones y la democracia, con tal de seguir aferrados al poder, como siempre estuvieron. Es decir, que siguen apostando al pasado, por conveniencia propia, contra la evolución democrática y progresista del país.

    Más lamentable aún es el engaño de pretender confundir a los vándalos con los héroes, a los mártires de la violencia con los violentos.

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    Publicado por jotaefeb | 9 junio, 2017, 8:28 am
  11. Les duele el humor político
    Por Fabio Moreno Acosta –

    Cerraron la fanpage “Línea 27 Rápido, furioso y cachafaz” coincidentemente tras publicar un meme en donde se veía a la hija del presidente Cartes sonriendo y firmando sobre un auto, imagen que los creativos de dicho espacio humorístico satirizaron en el marco de la coyuntural falsificación recolección de firmas pro enmienda para la reelección.

    ¿Fue el Gobierno? ¿Qué significa esto?, son preguntas que nos hacemos…

    Sin dudas la imagen cayó justo a tiempo para continuar con la ola de críticas hacia el cartismo por sus más de mil muertos firmantes y otra serie de irregularidades como “la fábrica de firmas” de la que habló el experto argentino Jorge Luis Mora, calígrafo de la Corte de Justicia de Buenos Aires (Fuente: UH).

    Les duele el humor político y si bien no podemos afirmar que el Gobierno -cual operativo contra el EPP- puso a todo su ejército de perfiles falsos al ataque contra la página en cuestión, nos lo imaginamos con mucha satisfacción. ¿No sabían que el gobierno tiene una milicia de perfiles falsos para posicionar sus noticias en los medios digitales y las redes sociales?

    Vale aclarar que es el propio Gobierno y sus “actores políticos” los que otorgan la materia prima para esta industria humorística.

    El humor político hace que la sociedad preste atención a la política y definitivamente es un nuevo elemento de socialización y politización de los ciudadanos. (McKenzie 2007). Es una clase de discurso humorístico, escrito, oral, o audiovisual, cuya temática se centra en las personas y las estrategias políticas ejercidas en un contexto histórico-social determinado y cuyo objetivo es hacer una valoración crítica de este acontecer político.

    También es descrito como un humor hecho a partir de la actualidad y la realidad nacional e internacional con un trasfondo netamente político, a través de memes, comics, gifts, videos u otros formatos o plataformas que están en un muy buen momento a nivel mundial, nos deleitamos con Trump, Putin, Rajoy, el Papa Francisco, Maduro y varias otras figuras políticas algunas más globales que otras y en nuestro terruño tenemos al presidente Horacio Cartes & CIA.

    Como esta corriente artística seguirá en ascenso, lo que en cristiano significa que los memes seguirán y con más fuerza, que no nos sorprenda en algún momento una novedosa “iniciativa” de censura que vaya más allá de bloquear páginas en Facebook. Hablo de un proyecto parlamentario que busque regular los memes. Si, la censura también se reinventa. En España el Partido Popular ha presentó en 2016 ante el Congreso una propuesta con la intención de reformar la Ley Orgánica de protección del derecho al honor y a la intimidad personal, poniendo el foco en la difusión de montajes en las redes sociales (memes).

    La censura también se moderniza y en situaciones como las que estamos viviendo en Paraguay con una alta crispación política por culpa de grupos que quieren eternizarse en el poder, la libertad de expresión no puede retroceder ni un milímetro, ya compraron todos los medios, nos resta nuestra invaluable libertad en redes sociales, eso no tiene precio.

    Línea 27 Rápido, furioso y más cachafaz volvió a nacer y depende de nosotros (los que defendemos la libertad de expresión) que siga galopante en su tarea de sacarnos de nuestra miseria diaria con humor.

    Como lo dije en mi perfil, lo reitero:

    ¡Viva la lucha memeada!

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    Publicado por jotaefeb | 8 junio, 2017, 10:27 am
  12. El escenario político necesita de un gran pacto

    Por Abog. Rodrigo Medina G

    Después de haber vivido los intensos sucesos del 31 de marzo, donde el enfrentamiento y el mbareteato formaron parte de las estrategias para lograr objetivos políticos dejándonos como ciudadanía bastante alterados, la gran pregunta es hacia dónde vamos y qué deberíamos de hacer.

    Evidentemente hay que innovar en las formas de hacer las cosas. Es realmente necesario lograr algunos elementos centrales como por ejemplo recuperar la credibilidad en una mesa de dialogo. No podemos estar queriendo dialogar cuando el que nos escucha está pendiente de que todo lo que le digamos no podría ser cierto. Por otro lado, lograr tener la capacidad de generar acuerdos y respetarlos, no por la vía de la mayoría sino por la teoría del consenso.

    Nuestra democracia, la cual se está consolidando de a poco, vivió momentos de bastantes agresiones al ser sometida a interpretaciones personales sin tener en cuenta el beneficio colectivo y la limitación de derechos que justamente proponen nuestras legislaciones. Si no tuviésemos el concepto de Estado de Derecho, estaríamos probablemente haciendo más de lo que hoy en día hacemos y muchas de esas acciones podrían ser actos salvajes que atenten con la armonía y la paz social. Está más que definido que los seres humanos pusimos a la legislación por una cuestión de respeto a la incapacidad que muchas veces tenemos de analizar nuestras acciones de manera altruista y por sobre todo racional.

    El gran detalle vivido en estos últimos días, y por sobre todo en los últimos años, con respecto a la Constitución Nacional, nos hace ver lo poco apegados que parecemos estar a la estabilidad jurídica, elemento central de convivencia. Por otro lado, nos hace ver también la necesidad de analizar a fondo nuestra carta magna. No es la primera vez, ni la segunda, que perdemos, en el sentido amplio de la palabra, tiempo valioso sobre las necesidades que tenemos como país en analizar la Constitución para beneficios personales, pero que a la larga nos afectan colectívamente.

    El gran pacto político debería darse sobre una negociación, no de repartija de instituciones o feudos sino sobre planes estratégicos que tengan como prioridad la satisfacción de necesidades y por sobre todo el desarrollo normal de nuestro Estado. En ese campo, un análisis constitucional serio y planes de gobierno a largo plazo deberían ser las llaves que abran las puertas a un escenario futuro que realmente puedan ayudarnos a que la política genere los resultados que esperamos. De lo contrario, el descreimiento de la clase dirigencial aumentará, por lo cual es el momento exacto en que los partidos políticos comiencen a fortalecer a sus nuevos dirigentes, para que con una cultura distinta, sustituya los vicios que hoy tanto criticamos.

    La nueva dirigencia política hoy tiene una oportunidad, que si no la aprovecha será realmente una demostración de su ineptitud para administrar el futuro de nuestro país accionando en el presente.

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    Publicado por jotaefeb | 8 junio, 2017, 10:26 am
  13. El movimiento Equipo Joven, cuyo líder de facto es el senador Blas Llano, ya ni siquiera tiene un precandidato presidencial propio para el 2018, señal de su debilitamiento dentro del PLRA luego de quedar pegado como aliado del presidente Horacio Cartes en su plan de reelección, proyecto que fracasó finalmente.

    El inicialmente presidenciable del llanismo para el 2018, el gobernador de Central Blas Lanzoni, decidió descabalgar anticipadamente en un intento de asegurar su futuro político apuntando a una banca en el Senado. De esta manera, Equipo Joven retrocedió en su plan de enfrentar con un referente del movimiento a Efraín Alegre, actual presidente del PLRA, en las próximas internas de diciembre.

    Como “Plan B”, el llanismo inició la búsqueda de un “punta de lanza” por fuera de su cantera y en este momento intentan convencer al independiente Carlos Mateo Balmelli ser el elegido. El exsenador y titular de Itaipú ya había anunciado su proyecto presidencial para el 2018, pero por fuera del Partido Liberal y ahora los llanistas intentan convencerlo que forme parte de las internas partidarias, prometiendo el apoyo de las bases. Es muy probable que Balmelli acepte la propuesta, mencionaron dirigentes liberales, que destacaron que el presidenciable, al igual que Blas Llano, tiene afinidad con Horacio Cartes. A inicios de este gobierno, se mencionó incluso que Balmelli, quien calificó al actual Mandatario como “un gran amigo” sería parte del Gabinete, lo que no sucedió finalmente.

    En las últimas semanas, tanto el llanismo como el efrainismo tuvieron deserciones importantes. Lo preocupante para varios referentes es que a medida que se acerquen las elecciones internas y las nacionales (diciembre de 2017 y abril de 2018 respectivamente), los sectores de oposición, comenzando por el PLRA, se muestran cada vez más divididos y sin esperanza de unidad, situación que beneficia a la ANR.

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    Publicado por jotaefeb | 8 junio, 2017, 10:24 am
  14. De José P. a HC
    8 junio, 2017

    La debacle política, intelectual e incluso moral de antiguos líderes opositores, francamente no tiene parangón, dejando estupefactos a quienes en algún momento los respetaron por su coraje en momentos en que la patria exigía a sus hijos la defensa de la democracia. No nos referimos a los Efraín Alegre y otros que, como él, jamás movieron un dedo en la lucha anti dictatorial, aunque con total desparpajo ahora alardean de haber ocupado un lugar destacado en las trincheras, sino a figuras como Miguel Abdón Saguier, quien, en el ocaso de su carrera política, justifica lo injustificable, como el salvaje ataque del que fuera objeto el pasado 31 de marzo nada menos que el mayor símbolo de la representación popular: La sede del Congreso.
    Al referirse al tema, un medio colega instaba a sus lectores a imaginar qué hubiera sucedido si en Londres, París o Roma, grupos de vándalos tomaban por asalto el edificio de un poder del Estado, destruían sus equipamientos y le prendían fuego. Pero a decir verdad, no hace falta que imaginemos nada, sino, simplemente, que recurramos a nuestra propia historia, particularmente a los fatídicos sucesos del 23 de octubre de 1931, cuando una manifestación estudiantil fue reprimida a los tiros con el argumento de que pretendían atropellar el Palacio López, arrojando como resultado el asesinato de 10 jóvenes.
    El presidente de entonces, José P. Guggiari, del Partido Liberal, calificó el procedimiento militar como “una reacción natural, de legítima defensa”; versión esta que fue repetida por los dirigentes del liberalismo de todas las épocas, hasta el presente.
    Si Saguier y sus correligionarios mantuvieran una dosis mínima de coherencia, los manifestantes del 31-M, apenas comenzaron a los cascotazos contra el Poder Legislativo, tenían que haber sido respondidos a balazos, sin la menor duda. A diferencia de los sucesos de hace 86 años, en esta ocasión no se limitaron a “intentar” atracar un Poder del Estado, como entonces -lo que por cierto es objeto de polémicas entre los historiadores- sino que lo concretaron, de manera brutal, dejando tiesos a los ciudadanos que observaban horrorizados las imágenes del Congreso ardiendo en llamas, que mostraban todos los canales de televisión.
    Ahora sí cabe que instemos a los lectores a preguntarse ¿qué hubiera sucedido si Horacio Cartes procedía, no digamos como lo harían hipotéticamente el primer ministro de Inglaterra, Francia o Italia en las mismas circunstancias, sino como lo hizo José P. Guggiari aquí, en el Paraguay, en 1931?
    La respuesta es obvia. Se hubiesen registrado varias muertes, no sabemos cuántas, otros tantos resultarían heridos y, en el ámbito político, los mismos instigadores de los actos violentos se iban a desgañitar exigiendo el enjuiciamiento y destitución del presidente de la República, junto con aplicársele la pena máxima, a ser cumplida en Tacumbú, a falta del paredón, la guillotina o la horca.
    Felizmente nada de esto ocurrió, como tal vez esperaban los promotores de dichos sucesos. La situación volvió a la normalidad y las instituciones retomaron sus actividades rutinarias, superándose la grave crisis. Pero los hechos ocurrieron, los autores materiales fueron debidamente identificados y algunos de ellos hoy guardan reclusión, como en justicia corresponde.
    Sin embargo, para Saguier y otros exponentes del oficialismo liberal, los delincuentes que perpetraron tales hechos son “jovenes luchadores” y su procesamiento y castigo “un acto de implacable persecusión política”, prostituyendo así no solo principios básicos del Estado de Derecho sino, incluso, el significado mismo de la palabra.
    Para fortuna de José P., ninguno de éstos tuvo a su cargo juzgar los hechos luctuosos de 1931, pues hubiera sido condenado a la hoguera por “homicida múltiple”, y para bien de nuestra sociedad y nuestra democracia, HC, ante acontecimientos aun peores, no obró como aquel prohombre del liberalismo paraguayo.

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    Publicado por jotaefeb | 8 junio, 2017, 9:31 am
  15. Adentro, todos…

    ¡Que se creen! Este Efraín Alegre, de tanta impotencia por no llegar nunca a nada, se está volviendo realmente esquizofrénico. Cree que está por encima de las leyes. Instó a su gente, la armó, para quemar el Congreso y ahora pretende que nadie pague por ello. Pero, ¿Dónde estamos?

    Ayer, volvió a armar un circo cuando la Policía y la Fiscalía ¡al fin! empezaron a detener a los incendiarios de la sede legislativa. Salieron corriendo por todos lados denunciando el hecho como un “atentado contra la democracia”. Menos mal que ya todo el mundo aprendió su lección y todo se hizo siguiendo puntillosamente las normas legales. La Policía esperó nada menos que 20 minutos frente al departamento del tal “Patrón”, hasta que llegó la orden fiscal para el allanamiento. El fulano de cualquier modo se negó a abrir la puerta por lo cual tuvieron que tumbarla, como ocurre en cualquier país del mundo, enseguida nomás ya los pibes de la prensa contestataria, hablaron de “brutalidad policial”, etc. etc.

    Posteriormente, continuó el show mediático con entrevistas a los abogados, a los fiscales, ¿dónde llevaron al detenido?, etc, todo en medio de una histeria generalizada.

    En realidad a la Fiscalía no le debería temblar la mano en este caso. Evidencias contra los mismos hay a montones.

    Si el tal “Patrón” hasta se ufanaba de haber sido uno de los que quemaron la sede del Congreso, manteniendo una foto de su memorable “actuación” en el hecho, en…su perfil del facebook nada menos.

    Luego, están las evidencias fílmicas donde todo el mundo sale del local partidario con las bombas molotov, calentitas, recién preparadas, en las manos, para ir a perpetrar luego el atentado contra la sede legislativa. Si hasta a un menor de edad le dieron un par de artefactos para que se estrenara en la labor.

    Igualmente, se lamentaron porque solamente estaban inculpando y deteniendo a jóvenes de la JLRA, según dijeron. Y ¿qué quieren? Si ellos, acicateados por Efraín, fueron los protagonistas principales del vandalismo que se desató aquella noche.

    Deben pagar por lo que hicieron. Como cualquier hijo de vecino. Adentro, a la cárcel, todos, fue algo demasiado grave como para andar con medias tintas.

    Y el lote debe estar encabezado por el instigador principal que es Efraín Alegre. El cuento aquel que la Policía entró al local partidario con ganas de matarlo a él, es de lo más ridículo. ¡Qué se ganaría ultimando a semejante mequetrefe sin historia, ni presente, ni futuro! Nada que ver. Menos mal que los fiscales declararon que no existe ni el más mínimo indicio del tal “magnicidio”.

    Pasaron dos meses del suceso. Suficiente tiempo para las investigaciones, para empezar a dilucidar los hechos. Aquí no hay revanchismo, ni vendetta, ni politiquería, ni nada por el estilo. Son todas historias que no tienen ningún asidero. No se puede quemar el Congreso de un país y permanecer impune.

    Bien por la Fiscalía y la Policía. Y estará todo mejor aún, si por ahí tienen los atributos masculinos suficientes como para incluir en el proceso a otro de los grandes culpables de todo lo que ocurrió. El hasta ahora todopoderoso dueño de ABC Color, el famoso “Don Acero”, quien goza de la impunidad más absoluta, pese a la montaña de evidencias en su contra.

    Angante…

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    Publicado por jotaefeb | 7 junio, 2017, 8:40 am
  16. La “rebeldía juvenil” según Efraín Alegre

    Pensemos –solo por un momento– lo que sucedería si en el marco del desarrollo de disturbios se descubriera en Londres, en París o en Roma que en el recinto de un partido político se están elaborado bombas incendiarias. Pensemos también que en tales ciudades en el mismo momento un grupo de vándalos integrados por jóvenes del mismo partido asaltan, destruyen equipamientos e incendian el edificio del Congreso.

    Es muy probable que dos meses después los actores morales y fácticos de los hechos ya estarían en manos de la justicia, con enorme escándalo y angustia ciudadana por la quema de un edificio símbolo de la democracia (buena o mala) como es el Congreso de la República.

    Según el manual que lee Efraín Alegre y los sectores libretados por su doctrina eso no es así, ya que, según se desprende de su actitud, tendríamos que considerar héroes y rendir loas a todos los que ingresaron al local del Congreso, a robar sus equipamientos, a destruirlos y quemar sus muebles y diversas instalaciones.

    Es peligrosa para la democracia la actitud de estas personas que defienden la violencia y el vandalismo como fórmula de resolución de las disputas políticas. Con este mismo criterio de Alegre y sus amigos, los campesinos disgustados por una negativa a la condonación de deudas tienen el derecho “a rebelarse” y asaltar supermercados y robar mercaderías y salir por las calles con electrodomésticos y otros enseres fruto de su caza delictiva.

    De acuerdo al criterio de Efraín Alegre se debe consagrar como héroes nacionales a los vándalos que produjeron las bombas incendiarias y el pillaje e incendio del Congreso, con lo cual tendríamos muy pronto en la calle a una legión de personas armadas con cadenas y molotov, destruyendo vidrieras, asaltando restaurantes y rompiendo vehículos solo porque no están de acuerdo con una u otra medida del Gobierno.

    Alegre y sus amigos representan una forma caníbal y prehistórica de hacer política mediante la que se pretende confundir el derecho a la rebelión con el caos y la pelea callejera y de pandillas.

    Afortunadamente la sociedad civil no atribuye seriedad alguna a esta forma de construir política, razón por la cual la situación de popularidad de Alegre sigue en baja pese a sus enormes despliegues y la generosa aparición en los espacios de televisión.

    Sucede que en el fondo la sociedad Paraguaya está cansada de violencia y violentos. Por década ha experimentado el dolor del enfrentamiento entre hermanos a causa de la política y hoy ya exige el reemplazo de tales métodos por otra política.

    El accionar salvaje y violento de la política, la convocatoria a usar la violencia como reemplazo del diálogo político, ya ha provocado numerosas muertes, y es hora de despojarnos de esa manera vil de gestionar la relación entre la política y los ciudadanos; principalmente porque nunca son los dirigentes los que entregan sus vidas por estas causas, sino –siempre– referentes movilizados para ser mártires de cada ocasión.

    Por otra parte, es deleznable que se utilice tanto la violencia como la muerte de personas como pedestal para la proyección política de algunos y probablemente sea eso lo que la ciudadanía va castigando con sus preferencias por los outsider, dando sus espaldas a la “política-carancho” que se nutre del dolor y la incertidumbre.

    Es de esperar que los jóvenes del Paraguay que afortunadamente son mayoría y van comprometiéndose cada vez más con la política ayuden a fumigar a las rémoras de la vieja política y se encaminen hacia una República verdaderamente basada en el debate pacífico, lejos de la violencia.

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    Publicado por jotaefeb | 7 junio, 2017, 8:23 am

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