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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

El próximo fiscal general

Dentro de unas semanas más, el Consejo de la Magistratura deberá conformar una terna de tres candidatos de la cual el Congreso deberá nominar a uno de ellos para que ocupe el cargo de fiscal general del Estado, con el aval del Ejecutivo. Más de 50 candidatos ya se presentaron en audiencias públicas –aún faltan otros– y expusieron los motivos que los llevan a querer dirigir la Fiscalía. Hay que decir que entre ellos hay profesionales que demostraron poseer ética e inteligencia, quizás las cualidades más importantes para el cargo.

Las exposiciones se desarrollaron con el mismo tenor en su mayoría, descontando algunas excepciones. Las promesas de transparencia, de independencia y de ferocidad en la persecución a corruptos y criminales. Con ciertas variaciones, algunos más críticos que otros hacia el actual manejo de la Fiscalía, los discursos que nos ofrecieron estas cuatro semanas de audiencias públicas no huyeron demasiado de los lugares comunes.

Muy poco y de manera superficial se habló de ciertos males endémicos del sistema judicial penal, del cual la Fiscalía es una pieza esencial. Entre ellos, la encarcelación masiva que en los últimos siete años motivó la duplicación de la población penal. ¿Qué política pública real de seguridad puede funcionar bajo la sombra del hacinamiento criminal en las penitenciarías?

Alguien tiene que frenar y colocar este tema en la agenda nacional, bien podría hacerlo nuestro nuevo fiscal general.

Un concepto muy mencionado por todos los concursantes fue el de independencia frente a políticos y ahí cabe preguntarse, ¿se creen sus palabras? Algunos postulantes por lo menos fueron sinceros al advertir que no serían ternados por no contar con padrinos en el Parlamento.

El Consejo de la Magistratura es un órgano político, integrado por políticos y hoy por hoy con mayoría colorada. En la última terna conformada por el Consejo para el cargo de ministro de Corte, todos los ternados eran colorados. Coincidencias que le dicen.

El año pasado un grupo de abogados, fiscales, defensores públicos y asistentes fiscales se organizaron en pos de una reforma constitucional para cambiar, entre otras cosas, la conformación y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Muchos de ellos, que por cierto ahora son candidatos a fiscal general, advertían que los operadores de Justicia nunca serán independientes hasta tanto eso cambie.

Hoy por hoy, una de las condicionantes más importantes en el proceso de selección no parece ser la honorabilidad ni la vida académica de los candidatos, sino la interna colorada entre oficialistas y disidentes, y los efectos que podría tener en el seno del Consejo.

La verdad es que así como están las cosas, es muy difícil pensar que el próximo fiscal general del Estado podrá hacer siquiera una hendidura a las bases que sostienen la impunidad, la morosidad, la desigualdad y la corrupción en nuestra Justicia.

Por Fernando Boccia

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

6 comentarios en “El próximo fiscal general

  1. ¡Cháke, Fiscalía!

    Hace ya unos años, un sobrino mío fue embestido por un auto; los del auto le dijeron que eran de la Fiscalía y que se quedase tranquilo. Mi sobrino se quedó tranquilo, se hospitalizó y se calló.
    En el momento del accidente, tuvo la suerte de manejar un auto duro; de haber manejado una moto, hubiera terminado como el motociclista que mató el fiscal alcoholizado, que se negó a que le hicieran el alcotest hasta que apareciera una colega para hacérselo, horas después, y la concentración del alcohol en la sangre no fuera tan alta. Dudo de que se lo impute, salvo que sea pro forma.
    Otro fiscal, el que dirigió el operativo en una granja de Nueva Italia, en que mataron a una nena de tres años, Vivian Paredes Zanotti, e hirieron al joven Alessandro Zanotti y no lo mataron porque no le acertaron más tiros, siguió en su puesto sin contratiempo. Los tiradores, agentes de la Senad, dieron negativo en la prueba de nitratos y nitritos, algo muy raro en quienes han disparado pistolas y subfusiles varias veces. Esa prueba sale negativa cuando se quiere que salga negativa, me dijo una persona entendida en el asunto.

    Por otra parte, cuando no se trata de civiles desarmados, cuando una banda criminal equipada con fusiles kalashnikov y ametralladoras calibre 50 perpetra un asalto en pleno día, no se encuentra un fiscal en diez leguas a la redonda. Eso pasó en el asesinato de Rafaat en Pedro Juan Caballero, o en el asalto a Prosegur en Ciudad del Este, que más de un funcionario fiscal habrá visto en la televisión.

    Con el reciente golpe parlamentario, las cosas van a empeorar. El manejo de la Fiscalía General, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados quedan en manos de Horacio Cartes, dueño de facto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para los socios menores del Ejecutivo, los grupos supuestamente opositores, las ventajas son muy limitadas: ventajas personales y desventajas para el grupo. El liberal Enzo Cardozo, de enjuiciado, pasa a ser un hombre influyente en el nombramiento de los magistrados; es dudoso que algún magistrado sea muy severo con él. Bueno para Cardozo, malo para la imagen de los liberales.

    No ha caído bien que el senador Adolfo Ferreiro, defensor de Lugo en el golpe parlamentario del 2012, fuera defenestrado por el golpe parlamentario del 2017, con activa participación del ex defendido Lugo. Es una maniobra poco ética, que no puede justificarse alegando su conveniencia, pues un grupo con poca gente, solo puede conseguir más votos presentándose como una alternativa a la corrupción generalizada. El impuesto a la soja, con que el luguismo trata de mejorar su deteriorada imagen, no tiene viabilidad. ¿Por qué habría de apoyarlo el aliado Cartes? ¿Por su carácter social? Cartes socialista es como un elefante en el elenco del Ballet Bolshoi.

    Por Guido Rodríguez Alcalá

    http://www.ultimahora.com/chake-fiscalia-n1092256.html

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    Publicado por jotaefeb | 26 junio, 2017, 10:49 am
  2. Falta de respeto

    Por Osvaldo Cáceres Encina

    Es loable que los candidatos a altos cargos expongan su programa de trabajo y respondan a las preguntas del jurado y del público en general. Es decir, está bien que se sometan a un examen ante una sociedad, a la que aspiran servir desde la cúspide.

    El Consejo de la Magistratura, con buen criterio, hace un tiempo viene promoviendo el sistema de audiencia pública que reemplaza a aquellas entrevistas individuales, cuyo contenido solo conocían el postulante y el consejero que le tocaba en suerte.

    Para el cargo de fiscal general del Estado hay un centenar de candidatos que se viene sometiendo a una audiencia pública, transmitida en directo por la TV Pública y en la cual son examinados por los miembros del Consejo (son los que votan para la terna), un Tribunal de Honor formado por juristas de renombre y por el público que presenta sus preguntas.

    Tanto el presidente Osvaldo González, como los miembros Cristian Kriskovich, Carlos Raúl Cabrera, Adrián Salas y Claudio Bacchetta tienen una activa participación.

    No así el diputado Julio Javier Ríos que por diversas circunstancias, en varias ocasiones, salió de la audiencia antes que concluya y Luis María Benítez Riera, cuya función de presidente de la Corte, indudablemente absorbe su tiempo.

    A partir de esta situación vemos que cinco de los siete miembros son los que están siguiendo activamente las audiencias y son los que contarán con todos los elementos, a la hora de votar.

    Pero resulta que ahora se habla de que es inminente el cambio del representante de la Diputados (JJ. Ríos), por lo que habría un nuevo representante de la Cámara Baja ante el Consejo cuando esté terminando la serie de exposiciones.

    Y además se anuncia que una vez que se conforme la próxima mesa directiva del Senado, se elegirá a un nuevo representante de esa Cámara ante el Senado.

    Así las cosas, si tomamos en cuenta que Benítez Riera no puede asistir por razones obvias, que al representante de Diputados (que por lo menos estuvo en parte) lo van a reemplazar y que el Senado incorporará a un nuevo consejero que asumirá para votar por la terna de candidatos a fiscal general, nos encontramos que serán tres los que no tendrán en cuenta las exposiciones de los candidatos.

    Esto constituye una falta de respeto al postulante que puso su esfuerzo y tiempo para demostrar por qué cree que puede llegar a presidir el Ministerio Público.

    Y es también una falta de respeto que los políticos hablen de obtener bloques mayoritarios en el Consejo, con el fin de conformar la terna que asegure la elección de un fiscal general amigo.

    La contaminación política en la Justicia es dañina y en este caso será excesivamente condicionante para el que sea elegido como titular del Ministerio Público.

    Los efectos están a la vista. En la fiscalía se observa una interna entre los postulantes al cargo. También repercuten en aquellos abogados que decidieron renunciar al concurso por falta de confianza y en otros postulantes que se presentan y dicen que son conscientes de que ya está todo cocinado.

    El Consejo de la Magistratura es un órgano extrapoder pero sufre de la presión política. Una salida a ello es que sus miembros –sobre todo los que respetaron el proceso– tomen una posición firme y elijan a los mejores.

    Luego sí, ya será una cuestión política porque el que elegirá al fiscal general del Estado será el Presidente de la República y para el efecto precisará del acuerdo del Senado.

    Empero si el Consejo presenta una terna con los mejores, el elegido no se verá condicionado por los que le eligen, sino que entenderá que será sus méritos los que le llevaron a ese cargo.

    No hay situación imposible y es el momento de empezar. De lo contrario todo será solo un desperdicio de tiempo para el abogado que pretende llegar a un cargo de tanta relevancia como lo es el de fiscal general del Estado.

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    Publicado por jotaefeb | 12 junio, 2017, 7:15 pm
  3. Prostituyen las instituciones para seguir robando

    Si algo quedó demostrado en las Cámaras del Congreso en estos últimos meses, es que a los senadores y diputados les importa un bledo promover un país en el que se vayan afianzando las leyes y las instituciones para merecer la confianza ciudadana de la que ahora carecen. Desde la Constitución hasta sus propios reglamentos pueden ser manoseados cuando se les antoja; solo se requiere que convenga a los intereses del grupo político que obtenga la mayor fuerza en el momento.

    Hay ejemplos a montones; casos que se fueron sumando, acumulando episodios vergonzosos, al menos para quienes entienden que las normas jurídicas fueron establecidas para merecer respeto, entre los cuales seguramente el caso “enmienda” fue el más publicitado y prolongado.

    Paralelamente al largo e inútil debate sobre ese asunto, se iban conformando los movimientos internos del Partido Colorado, con los consabidos ajetreos de los legisladores que pasan de uno a otro bando de acuerdo a las “ofertas” y los “premios” que van recibiendo. Lo cierto es que el “caso enmienda”, seguido ahora por los tironeos internos que sacuden a la ANR, paralizaron la acción de los legisladores y convirtieron así al Congreso en una institución parapléjica.

    En este momento, resulta que el conflicto de los colorados se desplaza hacia el control del Consejo de la Magistratura, debido a que es aquí donde debe comenzar el proceso de selección del futuro fiscal general del Estado, funcionario de crucial importancia para Horacio Cartes y su equipo gubernamental, ya que de él dependerá fundamentalmente que en el futuro no sean cuestionados por actos y hechos de su administración.

    En nuestro país, la impunidad es un elemento esencial para la vida de todo político que tiene o tuvo alguna responsabilidad administrativa, simplemente porque todos, o casi todos, tienen algo muy feo que esconderle a la Justicia. Coimas, licitaciones y concursos amañados, colusión, planillerismo, tráfico de influencias, dobles o triples remuneraciones, defraudaciones, malversaciones, enriquecimiento ilícito y la larga lista de hechos ilegales que se pueda imaginar y que los llevaría a la cárcel en cualquier país donde las leyes y las instituciones funcionan.

    En el Paraguay, ningún político ladrón sufre las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque mientras mandan –como en este caso– se aseguran de montar un sistema de compincherismo que se basa en la práctica de instalar a amigos y favorecidos en los puestos claves del Ministerio Público, la Contraloría General, los juzgados y tribunales, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Policía Nacional y en cuanto organismo exista que pueda “molestar” a estos que se creen intocables.

    En esta inmensa red de cómplices y encubridores que los políticos van tejiendo, se producen fuertes colisiones a medida que unos van migrando, cambiando de movimiento o de líderes. Es así como, por ejemplo, en este momento surge otro conflicto en el seno de la Cámara de Diputados, completamente ajeno a sus deberes y atribuciones, o a los intereses de la ciudadanía. En efecto, de la presidencia de ese cuerpo legislativo desean desalojar al actualmente excartista Hugo Velázquez, en castigo por pasarse al bando de los disidentes. Para el grupo oficialista “Honor Colorado”, que había instalado a Velázquez, este ya no es persona de confianza y hay que sacarlo del camino. Para lograrlo, según el propio Velázquez, el presidente Horacio Cartes ofreció a los liberales salvar de la intervención, a través de sus partidarios en el Congreso, a un intendente de ese partido, Armando Gómez, de Lambaré, imputado por supuesta lesión de confianza. Como una práctica ya común en nuestro vapuleado Congreso, los cartistas, a pesar de estar en el recinto parlamentario, decidieron dejar sin quorum la sesión de ayer miércoles, evidentemente al no conseguir los votos necesarios para destituir al titular de la Cámara de Diputados.

    Para estos indignos legisladores resultó más importante una cuestión partidaria que temas de gran interés nacional que figuraban en el orden del día, entre ellos el referente al crucial desbloqueo de las “listas sábana” a que aspira la ciudadanía. Con este lamentable episodio, no puede resultar más claro que para los políticos que tenemos lo más trascendente es el poder, conseguido como sea, para seguir llenándose los bolsillos y ubicando a su parentela y a sus operadores en las instituciones públicas. Y para seguir con el carnaval, es importante asegurarse la mayoría de votos en el Consejo de la Magistratura y, consecuentemente, la “correcta” conformación de la terna para designar al futuro titular del Ministerio Público, a fin de que la maquinaria de impunidad mencionada continúe sin alteraciones.

    La inmoralidad de nuestros gobernantes en general es demasiado evidente como para que requiera mayores demostraciones. Ella es resultado de la manera torcida y viciosa como hasta ahora se practica la política en nuestro país, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada miope puesta sobre las sinvergüencerías del interés sectario coyuntural.

    La mayoría de los políticos que nos gobiernan, sea el que sea dentro del aparato estatal, ya demostraron demasiadas veces ser ineptos para encarar profesional, honesta y patrióticamente la conducción del rumbo de nuestro país.

    Es muy triste la imagen proyectada por un Poder Legislativo convertido en secretarías partidarias, por un Poder Ejecutivo obsesionado con la permanencia en el mando, y por un Poder Judicial títere que otorga impunidad a las fechorías de los integrantes de los dos primeros.

    Las organizaciones sociales, las entidades políticas juveniles y los ciudadanos y ciudadanas en forma particular, deben plantearse hasta cuándo el pueblo paraguayo va a seguir soportando a tantos bandidos instalados en los poderes del Estado. Hay que repudiarlos públicamente donde se los encuentre. Y, sobre todo, deben insistir públicamente sus reclamos con firmeza para que se desbloqueen las “listas sábana”, en las cuales estos inescrupulosos se agavillan para acceder a los cargos electivos y desde allí robar todo lo que pueden mientras conspiran contra los anhelos de la población.

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    Publicado por jotaefeb | 1 junio, 2017, 9:03 am
  4. Velázquez debe responder por grosera suspensión de audiencias públicas

    En un evidente afán de incidentar el proceso, el ex oficialista y hoy acérrimo opositor (por obra y gracia del transfuguismo) HUGO VELÁZQUEZ, presidente de la Cámara de Diputados, suspendió esta semana las audiencias públicas, vitales para el proceso de elección del nuevo fiscal general del Estado con un poco creíble argumento sobre que la sala de audiencias está en proceso de mantenimiento.

    Un argumento, por cierto, que solo se puede creer desde la estupidez absoluta, en tanto –por el volumen de personas que acuden tales audiencias– podría realizarse en cualquiera de los múltiples sitios del edificio con sillas, una mesa y un sistema de audio mínimamente.

    Pero aún es más estúpido el argumento si se tiene en cuenta que Velázquez ha suspendido el proceso de designación de un nuevo fiscal general del Estado como si en toda la República no existiera otro sitio para desarrollar tales audiencias, que bien podrían hacerse en un centenar de lugares sin modificar en nada su sentido.

    Una grave responsabilidad asociada en este tema lo tiene el propio Consejo de la Magistratura, algunos de cuyos miembros, como Julio Javier Ríos, actúan como vulgares escuderos de Velázquez, al asumir mansamente este argumento y suspender las audiencias, lo cual es una bofetada para la ciudadanía.

    Lo que debía hacer el Consejo de la Magistratura es cambiar de inmediato el local de las audiencias y seguir haciéndolas sin interrupciones porque al quedar durmiendo la siesta ante la caprichosa maniobra de Velázquez lo que está generando es un atraso lamentable en el calendario constitucional que determina la designación de un nuevo responsable principal para el Ministerio Público.

    El Consejo de la Magistratura también deberá dar explicaciones sobre por qué se suspendió un proceso de audiencias públicas solo porque –supuestamente– un micrófono de la sala de audiencias de Diputados está fallando o algún problema similar que pueda ser pasible de “mantenimiento. El mismo Consejo debería explicar por qué un plan de mantenimiento de la Cámara de Diputados, que podría entenderse como un procedimiento programado, no se encontraba previsto y con alternativas en otro recinto.

    Y finalmente debería tratar de explicar por qué una situación llevará una semana o más, salvo que –definitivamente– desee correr el riesgo de ser parte cómplice de un plan de incidentar el proceso.

    En tanto y en cuanto las instituciones democráticas de nuestro país sigan en manos de la politiquería que no termina de enterarse que es mandataria y no mandona, en tanto la ética de los personajes de nuestra política siga averiada y consideren que la institucionalidad vale menos que los intereses sectarios a los que van perteneciendo hoy en una vereda y mañana en otra, la salud de nuestra democracia siempre estará afectada y siempre, cada vez que existan reacomodos y sucesivos transfuguismos se resentirán las instituciones.

    La Cámara de Diputados debe debatir este tema y por sobre todo su presidente Hugo Velazquez debe asumir una postura de seriedad al respecto de un itinerario –ya de por si complicado– que no puede modificarse a su voluntad como es el proceso de elección de un nuevo fiscal general del Estado.

    No puede comportarse como un niño pendenciero que recoge la pelota –que siquiera es suya– y se va, frustrando un juego que es fundamental para el orden constitucional de la República.

    http://www.lanacion.com.py/editorial/2017/05/31/velazquez-debe-responder-por-grosera-suspension-de-audiencias-publicas/

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    Publicado por jotaefeb | 1 junio, 2017, 9:02 am
  5. La Justicia autónoma e independiente como medio de defensa de la República – El ejemplo del Poder Judicial brasileño – ¿Cuál es la posible clave de esta realidad?

    Por Eduardo Ariel González Báez

    “Así es, que un joven no puede ser un buen juez. Es preciso que la edad le haya madurado, que haya aprendido tarde lo que es la injusticia, que la haya estudiado por mucho tiempo, no en sí mismo, sino en los demás, y que distinga el bien del mal, más bien por la reflexión que por su propia experiencia”. Platón – “La República”.

    Siempre me llamó la atención el análisis que realizó Platón sobre la justicia, y en especial cómo deberían ser los jueces, en la “República Platónica”, describe o la analiza posterior a la medicina, por ser ambos necesarios para la sociedad en su desarrollo, puesto que compara al cuerpo humano en su desarrollo con esa sociedad que él anhelaba, y cómo las enfermedades perjudican al cuerpo y los médicos que la deben tratar, y también refiere que existen enfermedades que destrozan a una nación, y en esa comparación hablar de los jueces como los médicos para curar a las enfermedades de la sociedad, y allí desarrolla los caracteres o requisitos para llegar a ser un “juez”, proveniente de una buena formación con virtudes, y en especial con experiencia de vida para poder impartir “justicia”, discerniendo a través de lo que conoció por vivencia de vida entre el bien y el mal, pero producto de los años.

    Esto fue a lo que me remonte reflexionando sobre lo que percibimos de la fortaleza y temeridad con la cual actuó y lo sigue haciendo el Poder Judicial brasileño, que viene realizando en los procesos y ya condenas de autoridades nacionales, líderes políticos de primer nivel, y empresarios de las más altas esferas del vecino país. Este poder judicial, el cual hizo tambalear tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo llegando incluso a allanamientos a la propia sede del Congreso, casas de ex presidentes de la República, condena ejemplar a uno de los empresarios más ricos y poderosos del Brasil, han llegado producto del avance de las investigaciones llegando no solo a los eslabones de menor jerarquía, sino han producido un impeachment (juicio político) de la presidenta Dilma Rousseff, y su salida del poder por esta vía, y aparentemente su predecesor Michel Temer está al borde de correr igual suerte, prácticamente por los mismos motivos.

    Para poder dimensionar este “tsunami” como lo titula la prensa brasileña, y se hace eco la internacional, veamos algunos nombres y números de la investigación del Tribunal Supremo liderado por el juez Edson Fachin, donde actualmente se encuentran procesados cuatro (4) ex presidentes, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello; se encuentran procesados nueve (9) ministros del Poder Ejecutivo actual; también investigados veintinueve (29) senadores; siguen cuarenta y dos (42) diputados; también tres (3) gobernadores; se suman veinticuatro (24) políticos que no cuentan con fueros del Partido de los Trabajadores (PT), Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Partido Social Democrático Brasileño (PSDB); dos (2) candidatos a presidentes en las últimas elecciones (Aecio Neves y José Serra), según los datos obtenidos se cuenta aproximadamente con ciento ocho (108) acusaciones contra la clase política y empresarial del más alto nivel del Brasil.

    Ahora bien, el objetivo de este artículo es a la luz de lo expuesto, es determinar, ¿cuál podría ser la clave que tiene la República Federativa del Brasil para contar con una justicia tan autónoma y autárquica que le permita procesar a los políticos, autoridades y empresarios de relevancia de su país? Con respecto a esta pregunta me permito señalar algunas realidades del ejemplo brasileño, donde creo yo obtiene su éxito, para ello marco dos circunstancias muy importantes, que son las siguientes: 1) La forma en que se obtiene la matrícula de abogado para el ejercicio de la profesión; 2) El mecanismo de selección de los magistrados. Veamos cada punto:

    1. La rigurosidad para la obtención de la matrícula de abogado para el ejercicio de la profesión en el Brasil. Como sabemos, el Brasil es un país federal, lo que hace necesario para el ejercicio de la profesión de abogado obtenerla por en cada estado. Quien otorga la matrícula profesional es la “Ordem dos Advogados do Brasil – OAB”, este cuerpo de pares se encuentra así facultado por la Ley Federal N° 8.906. La matrícula se la obtiene posterior a un extensivo y complejo examen de pares, es decir, la obtención del título profesional es un requisito para inscribirse a la evaluación, pero el ejercicio real y la habilitación profesional se encuentran pendientes a que el postulante apruebe dicho examen. Para tener en cuenta, es que la evaluación de la OAB contiene cien (100) preguntas, se realiza cuatro (4) veces al año, el postulante puede presentarse la cantidad de veces que requiera hasta obtener la calificación correspondiente para su aprobación, y un dato estadístico importante es que, solo el veinticuatro por ciento (24%) de los postulantes la aprueba, es decir dos de cada diez. El nivel de la calidad de la educación superior a nivel de universidades se mide justamente teniendo en cuenta la cantidad de ex alumnos que aprueban el examen de la OAB, para obtener la matrícula.

    2. La forma de selección de los magistrados y su ascenso posterior como fortaleza del sistema: este creo yo otro tema sumamente importante a considerar por lo que saco al tapete en este análisis sobre el acceso a los cargos. Tal como lo señala Alvarado Velloso, el sistema brasileño fruto de experiencias a nivel regional, para el ingreso a la judicatura se hace en la primera vez, es decir, por el primer grado de conocimiento, como también depende de un concurso de oposición (no de meros antecedentes). Esto se lleva adelante organizado por el Tribunal de Justicia con la colaboración del respectivo Consejo Seccional de la Orden de los Abogados. También señala el mismo autor que a partir del ingreso a la carrera de la magistratura, los ascensos sucesivos deben hacerse necesariamente de un grado de conocimiento a otro inmediatamente superior mediante la aplicación de dos criterios que operan alternadamente: la antigüedad y el merecimiento (con lo cual se descarta el simple concurso para acceder, por ejemplo, a una Cámara de Apelación). Cuando corresponde el primer criterio, asciende necesariamente el más antiguo en el correspondiente escalafón, salvo que su designación sea rechazada por tres cuartas partes de los jueces superiores en votación efectuada al efecto. El tal caso, se repite la votación quien sigue en el orden escalafonario. Cuando, a su turno, corresponde el ascenso por merecimiento, ha quedado librado a la reglamentación de cada Estado el modo de valorarlo. Según la normativa vigente en 1950 en el Distrito Federal, se establece que debe tomarse en cuenta la conducta del juez en su vida pública y privada, la productividad y laboriosidad puestas en el ejercicio del cargo desempeñado, las demostraciones de cultura jurídica que hubiera dado y el número de asuntos fallados, teniéndose en cuenta al efecto el número de pronunciamientos anulados, confirmados y revocados por el Superior. Es decir, las cualidades para el ascenso son: a) vasto conocimiento del derecho, b) probidad a toda prueba, c) gran independencia de carácter, d) espíritu recto y e) consumada experiencia.

    Lo puntos tratados posiblemente no hacen a la causa principal de la clave del poder real y efectivo de la Justicia de la República Federativa del Brasil, pero son temas que le dan esa fortaleza, esa independencia efectiva con la cual actúan, donde evidentemente ni tan siquiera para obtener la matrícula profesional dependen de algún poder del Estado, sino del celoso cuidado de la profesión que hacen los pares, y donde el acceso al cargo dependen tanto del Tribunal Superior en coordinación nuevamente de los pares, es decir, son los auxiliares de la Justicia, los reales usuarios del sistema quienes evalúan a sus pares tanto para el acceso al ejercicio profesional, para llegar al cargo de magistrado, como también para el ascenso pero teniendo en cuenta la antigüedad y meritocracia real para seguir en la magistratura.

    Es por ello que debemos analizar a la luz de lo expuesto, cómo estamos a nivel de la independencia del Poder Judicial tanto en nuestro país como incluso en la región teniendo en cuenta la experiencia del Brasil. En el Paraguay a partir de la Constitución de la República promulgada en el año 1992 se estableció un extrapoder, el Consejo de la Magistratura, como órgano encargado para la selección de postulantes para el acceso a los cargos en el Poder Judicial en toda su conformación, como también para los cargos del Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública. Siendo este órgano un ente conformado por representantes de los abogados, profesores de universidades públicas y privadas con más de 20 años de vigencia, miembros de la Corte Suprema de Justicia, de la Cámara de Senadores y la de Diputados, hacen que la designación o conformación de ternas sea sumamente política con las consecuencias que ellas trae aparejado. Afecta también los cambios constantes en los requisitos para los postulantes según cada conformación del Consejo cuyos integrantes son removidos cada tres (3) años, no se cuenta con reglas claras, y se la hace lejos de la experiencia real comprobada y la meritocracia. De esta manera podemos hacernos la siguiente pregunta, ¿con el sistema actual contamos con un buen sistema para la elección de quienes deben ser los custodios de la República, la democracia, el patrimonio de los ciudadanos tanto propios como los colectivos?, es esto lo que debemos analizar con la experiencia de veinticinco años desde que se estableció este órgano, y de esa misma manera debemos también incluir y considerar la efectividad de su primo hermano el, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, otro órgano que debemos pensar realmente si es o no independiente, y si colabora en la realidad en el fortalecimiento institucional del sistema, o es un elemento extorsivo en manos de los políticos.

    La democracia brasileña estuvo y está en juego, pero hasta ahora el Poder Judicial ha demostrado que si se encuentra a la altura de los históricos acontecimientos, y tal vez, algo que no se ve ni se conoce sea la fuente de su autonomía y autarquía, y lo expongo para su análisis considerando que las virtudes que hacen a la experiencia de vida cuando uno ya está más allá del bien y del mal, tal como dice Platón, hace que tengamos buenos jueces.

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    Publicado por jotaefeb | 23 mayo, 2017, 11:03 am
  6. Fiscal general

    Por Osvaldo Cáceres Encina

    Se cumplió la cuarta semana de audiencia pública para el cargo de fiscal general y ya expusieron 51 de los 101 postulantes.

    Los candidatos se esmeraron por causar la mejor impresión ante el Consejo, el tribunal de honor y la ciudadanía ya que la televisión del Estado transmite íntegramente estas audiencias.

    Las ponencias se extenderán hasta el 13 de junio, luego se pasará a la etapa de análisis de los documentos y el resultado del perfil sicotécnico para finalmente, llegar al momento cumbre previsto finales de junio y principios de julio.

    Será el momento de conformar la terna para lo cual se requerirá de una mayoría simple. Es decir 4 votos de siete.

    Y allí ya cambiará la cuestión porque a los méritos demostrados en este concurso, se deberá sumar el apoyo político.

    El cargo de fiscal general constitucionalmente es autónomo, pero en el ámbito político es considerado, tácitamente, como privativo del presidente.

    Esto es porque la misma Carta Magna establece que el presidente es el que elige de la terna al fiscal general y para la confirmación requiere del acuerdo del Senado.

    Ese también es el momento que se desvirtúa el proceso porque a la hora de la conformación de la terna priman los intereses políticos, en donde el más interesado es el Ejecutivo que busca una terna afín a sus intereses, o que por lo menos el “elegido” esté en el ella.

    Hasta antes de nombrar al fiscal general, el presidente Horacio Cartes tenía una cómoda mayoría en el Consejo.

    La Justicia, a través de los senadores cartistas impidió que el disidente Enrique Bacchetta asuma como representante del Senado ante el Consejo. Es el motivo por el cual el Consejo funciona con siete de los ocho miembros que establece la Constitución Nacional.

    El único ligado a la disidencia era Claudio Bacchetta, representante del gremio de los abogados ante el Consejo y hermano del senador Bacchetta.

    Pero con el anuncio del retiro de Hugo Velázquez de la carpa oficialista, el oficialismo del Consejo pierde un voto: el del diputado Julio Javier Ríos, muy ligado al presidente de la Cámara Baja.

    De esta forma Ríos y Velázquez pasarían a conformar un minibloque.

    De todas formas, la mayoría oficialista aún sigue, pero estará ligada a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Si Cartes respalda al senador Óscar González Daher, provocará el retiro del oficialismo de Adrián Salas (representante del gremio de los abogados y de Cristian Kriskovich (Derecho UC).

    Los dos son representantes del Consejo de la Magistratura ante el Jurado.

    Con esto el oficialismo solo contaría en el Consejo con el voto del su titular Osvaldo González (Derecha UNA), Luis María Benítez Riera (Corte Suprema de Justicia) y Carlos Raúl Cabrera, representante del Poder Ejecutivo.

    Con este nuevo escenario político tiende a tratarse la conformación de la terna para fiscal general.

    Algunos postulantes se adelantaron en señalar en la misma audiencia pública que no serán electos porque no tiene padrinos políticos o no les conoce el mismo presidente de la República.

    Si este va a ser el escenario en el cual se resolverá la terna es poco lo que podemos esperar.

    La ciudadanía tiene que hacer sentir al Consejo de que el peso del mérito es superior al político. La terna no debe ser conformada para el agrado del político de turno, sino para potenciar a un Ministerio Público al que se le reclama con fuerza una postura vehemente contra la corrupción que está enraizada en los poderes fácticos.

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    Publicado por jotaefeb | 23 mayo, 2017, 10:53 am

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