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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Corrupción policial

No es un hecho nuevo. Es algo que todo el mundo lo sabe, un suboficial de Policía reveló el millonario esquema de coimas del cual se beneficiaban los principales jefes del departamento de Alto Paraná, a través de cobros mensuales a narcos de Itakyry. En este caso, se habla de marihuaneros. Se sabe que el mercado de las recaudaciones policiales en el Alto Paraná es de los más amplio e incluyen las extorsiones a personas con antecedentes, la protección a delincuentes internacionales, connivencia con caballos locos, motochorros y otros delincuentes comunes, a lo que hay que sumar los cobros por servicios de guardias de seguridad y otras tantas maneras de recaudación ilegal, que por años fueron generando los uniformados.
Probablemente, nuestro departamento no sea el único privilegiado en la cuestión de la corrupción policial, porque este es un mal endémico de la institución uniformada. En Pedro Juan Caballero, el famoso narcotraficante Rafaat tenía protección policial, lo mismo que aquí lo hacían otros grandes poderosos del tráfico de drogas.
La corrupción policial no es ninguna novedad y hay policías corruptos aquí y en Europa. El problema está en que desde el Estado no existe ningún plan de combate y programa para la lucha contra este flagelo. A todas luces, los policías tuvieron participación en el reciente atraco a la firma Prosegur. Sin embargo, lo único que se hizo fue trasladar a los principales jefes a otras funciones, en otros puntos del país. Es lo que acontece siempre. El traslado, antes que un castigo es un premio, que garantiza la impunidad.
Es casi seguro que el caso de la denuncia del suboficial de Itakyry termine en el oparei como otros tantos casos. El problema no es que haya policías corruptos, el problema es la terrible impunidad que reina en aquella institución, porque los principales jefes son los primeros mafiosos, que encabezan los esquemas de recaudación.
Mientras siga esta terrible impunidad y hasta que los máximos jefes no sean investigados sobre el origen de su fortuna y sean enviados a la cárcel, seguiremos teniendo una policía corrupta, que puede negociar con los delincuentes la seguridad de toda una población, como ocurrió en el caso Prosegur. Si no hay investigación seria y profunda; y castigo a los responsables, seguiremos siempre saltando de escándalo en escándalo.

http://www.vanguardia.com.py/2017/05/16/corrupcion-policial-2/

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

6 comentarios en “Corrupción policial

  1. Urge combatir los casos de abusos en la fuerza policial

    Una nueva denuncia de extorsión y abuso durante un operativo realizado por agentes policiales de la comisaría de Ñemby, que presuntamente mantuvieron secuestrada por varias horas a una persona con antecedentes delictivos, sometiéndola a torturas para sacarle dinero, ratifica el nivel de corrupción que sigue imperando en el organismo de seguridad. El episodio se suma a varios casos similares denunciados con anterioridad. Es difícil confiar cuando la policía, en lugar de generar protección y seguridad en la ciudadanía, se convierte en una amenaza. Es imperiosa la necesidad de emprender más acciones que ayuden a depurar las filas de la fuerza policial.
    La corrupción y el poco profesionalismo de los miembros de la Policía Nacional no dejan de ser una mala noticia con reiterada frecuencia. Esta vez, una nueva denuncia apunta a cuatro agentes policiales de la comisaría de Ñemby, acusados de haber formado parte de un dudoso procedimiento en la noche del sábado último.

    De acuerdo con la versión arrimada ante el Ministerio Público, los efectivos policiales detuvieron a Óscar Patricio Escobar, un ciudadano con antecedentes por hurto y otros delitos, a quien presuntamente mantuvieron secuestrado durante varias horas en el local del Banco de Fomento de Ñemby, exigiéndole la suma de 10 millones de guaraníes para no involucrarlo en un hecho punible.

    Presuntamente, Escobar fue acusado de un caso de robo a otro oficial de Policía, pero en lugar de dejar el caso en manos del Ministerio Público, como corresponde, el detenido fue víctima de un secuestro y una extorsión para sacarle dinero en forma ilegal, según la denuncia que sus familiares.

    Lo lamentable es que este caso es muy similar a varios otros anteriores denunciados, lo cual denota que es un procedimiento de recaudación al que recurren muchos policías, abusando de su función, para obtener dinero en forma ilegal. Cabe recordar el caso de la empresaria Tanya Villalba, quien denunció que policías de la Comisaría 11ª Metropolitana la retuvieron ilegalmente en su vehículo y le plantaron droga para exigirle dinero, o numerosos casos de ciudadanos que en la noche del 31 de marzo último –durante los sucesos de protesta ciudadana que derivaron en la quema de la sede del Congreso– denunciaron haber sido víctimas de detenciones ilegales, maltratos y extorsión de parte de la policía.

    Este nuevo hecho denunciado ratifica el nivel de corrupción que sigue imperando en el organismo de seguridad. En varios de los casos se ha comprobado que la acción ilegal por parte de los agentes cuenta con la aprobación y la complicidad de los jefes de las respectivas comisarías y reparticiones judiciales, lo cual hace sospechar que el sistema de recaudación ilegal es reconocido y autorizado por altos miembros de la cúpula policial. Es decir, la corrupción sigue involucrando a altos miembros de la institución.

    El dilema que esta situación plantea es cuán difícil resulta contar con la confianza de la ciudadanía cuando la policía –en lugar de generar protección y seguridad– se convierte una amenaza.

    Es imperiosa la necesidad de emprender más acciones que ayuden a depurar las filas de la fuerza policial, de modo a devolver la seguridad que el país necesita para salir adelante.

    http://www.ultimahora.com/urge-combatir-los-casos-abusos-la-fuerza-policial-n1100978.html

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    Publicado por jotaefeb | 13 agosto, 2017, 11:28 am
  2. Lleven al comisario Sosa al Ministerio de Hacienda

    Por Iván Lisboa

    Días atrás, Última Hora reveló cómo, supuestamente, un comisario pudo adquirir tres lujosos vehículos valuados en nada más y nada menos que 143.000 dólares, equivalentes a unos 792 millones de guaraníes.

    Este superior policial, de nombre Alfredo Sosa Blanco, es actualmente subjefe de la Comisaría 34ª de Posta Gaona, Itá. Su sueldo, de acuerdo con la nómina de funcionarios y salarios del Ministerio del Interior, totaliza 9,6 millones de guaraníes.

    Para poder pagar estos seis rodados, el comisario Sosa tuvo que haber trabajado 6 años y 5 meses, sin haber gastado un solo guaraní en combustible, descuentos de jubilación, comida, luz, agua, etc.

    El funcionario dice que ahorra unos siete millones de guaraníes de forma mensual y que actualmente solo cuenta con uno de los tres rodados, los otros los revendió antes de que se desvaloricen, intentando convencernos de que estas compras que hizo fueron válidas y legales.

    En medio de la actual crisis económica en la región, la merma en el porcentaje de los ingresos tributarios y el déficit fiscal que se viene arrastrando, sería bueno que el Ministerio de Hacienda analice contratar a este astuto comisario como uno de sus principales asesores financieros.

    Quizá y hasta puede recomendar a los economistas del Tesoro cómo el Estado puede aumentar su inversión pública y dotar de infraestructura en zonas olvidadas mediante la cultura de ahorro. Sería estupendo.

    Ni sumario, ni investigación. Pero esta revelación parece haber pasado desapercibida para el Ministerio Público y la Policía Nacional.

    Ninguna de las dos instituciones ha iniciado una pesquisa para saber cómo este mago de las finanzas se hizo de tres lujosos vehículos y ni siquiera paga el impuesto a la renta personal (IRP).

    Por parte de la Policía Nacional, ni siquiera se ha comunicado el inicio de un sumario para esclarecer este hecho. El comisario Sosa ni siquiera ha sido llamado por los altos comandos policiales.

    La Fiscalía, a su turno, solamente lleva adelante una investigación por la presunta clonación de una lujosa camioneta (Toyota Hilux). Esto tras la denuncia de un comprador, quien aseguró que le vendieron una máquina que no existe legalmente.

    Sin embargo, los agentes fiscales al parecer no pudieron descifrar todavía la nula probabilidad de que un comisario sea capaz de comprar rodados por ochenta y dos veces más que sus ingresos mensuales totales.

    Este no es el primer ni el último caso en que un agente policial ve aumentado su patrimonio de forma poco creíble.

    Atrás quedaron grandes casos de sobrefacturaciones, adquisición de valiosos inmuebles y terrenos. Sin embargo, el esclarecimiento de este caso en particular, podría servir para que la gente vuelva a creer en instituciones que con el correr del tiempo fueron perdiendo su auténtico objetivo de creación.

    El ciudadano común, que paga sus impuestos y espera protección de los policías, necesita tener una explicación de las autoridades sobre esta supuesta irregularidad.

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    Publicado por jotaefeb | 1 junio, 2017, 9:29 am
  3. Buscar las causas de la inseguridad

    Una vez más, los concejales municipales de Minga Guazú se mostraron preocupados por la ola de inseguridad que azota a los pobladores de este laborioso distrito de nuestro departamento. Cada cierto tiempo, los miembros de la Junta Municipal se hacen eco del drama de los mingueros agobiados por los asaltos y ataques de motoasaltantes y delincuentes de todo tipo. La gota que colmó el vaso fue el caso de una agente de la policía que fue víctima de asalto, cuando se dirigía a su puesto para cumplir con su trabajo.
    El concejal Blas Báez (PLRA) pidió conversar con el nuevo jefe de Policía de la región para solicitar más personal policial y patrulleras. “Es preocupante la situación, porque son tres a cuatro asaltos por día en los barrios. Algunos que hacen su denuncia y otros que no lo hacen. Hay asaltos, ya sea en los centros comerciales y hasta el punto que un efectivo policial sea asaltado”, lamentó el concejal.
    Cada cierto tiempo, los pobladores de Minga Guazú levantan su voz de protesta contra la ola de inseguridad. En una ocasión llegaron inclusive a realizar cierre de ruta para exigir cambios en la policía, el aumento de los controles y mayor efectividad en el combate a la delincuencia. Cada vez que se realizan estos reclamos, se desarrollan también operativos de control y otras labores para devolver la tranquilidad a la población. Así, por un tiempo la situación se calma, pero a los pocos meses todo vuelve a lo mismo.
    Es evidente que el contexto del distrito de Minga Guazú ha cambiado. El proceso de urbanización se ha expandido de forma exponencial, conformándose nuevos centros poblacionales. La instalación de industrias y las nuevas oportunidades laborales también han atraído la migración hacia el distrito, conformándose también nuevos asentamientos precarios. En ese contexto, también aumentan las necesidades y existe una carencia de respuestas del Estado para estos nuevos conglomerados.
    Se sabe que la inseguridad tiene también una alta incidencia de las necesidades sociales, muchos jóvenes ingresan a la delincuencia, al no encontrar oportunidades laborales. En consecuencia, está bien solicitar mejores equipos y la dotación de más personal para la policía para combatir el problema de la inseguridad, pero al mismo tiempo hay que plantear soluciones de fondo y buscar la causa real del problema. De lo contrario, la espiral de violencia irá aumentando peligrosamente.

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    Publicado por jotaefeb | 1 junio, 2017, 9:27 am
  4. Pena ejemplar

    Esta semana se conocieron condenas a dos policías en situaciones de extrema violencia.

    En uno de los casos se aplicó la máxima pena. El Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Christian González (presidente), Christian Bernal y Sonia Villalba condenó a 30 años de cárcel al oficial 2º de Policía Carlos Miguel Velázquez Torres (27), tras ser encontrado culpable del asesinato de Blanca Benita Duarte (35), ocurrido el 6 de junio de 2013 en la compañía Costa Guazú de Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes.

    Su cómplice, el también uniformado Humberto Francisco González, fue condenado a 15 años de prisión.

    Fue un caso de feminicidio en el cual la gravedad del hecho se acrecentó, debido a que la mujer, quien mantenía relaciones con el policía, estaba embarazada. Así sostuvo el fiscal Jorge Figueredo.

    El agente hasta el último momento negó su implicancia. Sin embargo, lo desmintió su camarada González, quien contó con lujos de detalles lo ocurrido y de esa manera se salvó de una pena similar.

    El oficial 1º Óscar Sosa Meira fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas. Es por haber agredido al estudiante de derecho Iván Recalde en un control de barrera realizado el 5 de enero del 2015.

    El fallo fue el resultado del voto unánime del tribunal de sentencia presidido por María Luz Martínez e integrado por Víctor Alfieri y Daniel Ferro.

    De acuerdo a la acusación de la fiscala Liliana Zayas el joven estudiante de derecho Iván Recalde, quien se desplazaba en una camioneta 0 km adquirida en diciembre último, fue esposado, rociado con gas pimienta (lo cual le causó lesiones en el ojo izquierdo y en la piel) y detenido por horas por no contar con chapa, pese a que el fiscal Emilio Fuster ordenó su libertad.

    Otro caso de comprobado exceso policial.

    Es preocupante que la institución encargada de resguardar la seguridad del país siga contando en sus filas con este tipo de policías y nada se haga al respecto.

    Es bueno aclarar que no se debe generalizar, porque no se tiene que incluir a todos los policías en una misma bolsa.

    Hay agentes que son muy buenos y honran el uniforme, pero hay otros que hacen de la profesión una escuela del crimen.

    En el caso de la condena a Velázquez es evidente que tenía un desequilibrio mental que lo volvió un criminal. Se trata de un policía que era el mejor de su remesa.

    Si mató a su examante que encima estaba embarazada, ¿cómo se le puede confiar la seguridad?

    En el caso de Sosa estamos ante una típica situación de apriete, muy común en las zonas de barrio Obrero, Tacumbú, etc. No olvidemos el caso Richar Pereira que quedó parapléjico.

    Si Sosa actuaba así, con tanta prepotencia, es porque tenía protección de sus superiores. Probablemente de no haber mediado el camarista José Agustín Fernández, amigo de la familia, el hecho hubiera quedado en la impunidad.

    Entonces cabe cuestionar por qué la Policía no puede establecer un perfil sicológico de sus agentes antes de lanzarlos a la calle de o de darles el uniforme.

    También preguntarse ¿ para qué sirve la oficina de Asuntos Internos que ni se da por enterada de los casos de extorsión de los agentes?

    En el 2014 el entonces ministro del Interior Carmelo Caballero hablaba de que tenían que pasar diez años para un cambio real en la Policía. Pero el proceso se debe apurar, no solo para recuperar la confianza de la gente sino para evitar más víctimas de la brutalidad policial.

    Es menester que el mismo presidente de la República, Horacio Cartes; el encargado de despacho del Ministerio del Interior, Lorenzo Lezcano; y el comandante interino de la Policía Nacional, Luis Carlos Rojas, inicien de inmediato este proceso, antes de lamentar nuevos hechos como los que ahora llegaron a un estado de sentencia.

    Por Osvaldo Cáceres Encina

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    Publicado por jotaefeb | 31 mayo, 2017, 9:40 am
  5. Un viejo esquema

    Por Mariana Ladaga

    Una escandalosa confesión respecto a cómo se reparten en la Policía Nacional los “regalos” de los narcos sacudió las redes sociales esta semana. Un ofuscado agente, que era cambiado de la jefatura de una lejana y solitaria subcomisaría, la número 48 de Itakyry, al tiempo de reprender a quien iba a reemplazarlo develaba cómo había pagado G. 4 millones para que no lo trasladen y cómo había distribuido un “aporte” entregando G. 50 millones a un jefe, G. 50 millones a otro, mientras él mismo se había quedado con G. 45 millones porque consideraba que ya le correspondía.

    La reacción de la Comandancia de la Policía Nacional y de Asuntos Internos de la institución fue lógica: suspendieron a los supuestos involucrados y denunciaron el caso a la Fiscalía, anunciando que habrá “tolerancia cero” porque “es momento de sanciones ejemplificadoras a los corruptos”. Pero la verdad sea dicha: la recaudación paralela en la Policía Nacional data de tiempos inmemoriales.

    Los narcos, los líderes de grupos delincuenciales, los que tienen antecedentes policiales y no quieren que los persigan, los que necesitan seguridad frente a sus grandes tiendas, todos pagan por “protección” y ese dinero, colectado por los de menor rango, llega hasta las instancias más altas. Esos datos incluso están documentados e informatizados.

    El sistema de recaudación paralela es imparable hasta que, siempre por un hecho fortuito –como la circulación de un audio donde se da cuenta de eso– algún detalle toma estado público. Entonces se suspende en el puesto o se traslada a los involucrados –como en ese caso en particular– se anuncian sumarios y procesos penales con bombos y platillos y, tiempo después, vuelta la calma, todo sigue igual.

    Se trata de escándalos que acaban en la nada porque directamente no existe voluntad política real, ni en filas policiales ni en el Ministerio del Interior, de acabar con este esquema corrupto que lleva años enriqueciendo con dinero de las mafias a unos cuantos, pero acaba salpicando a todos los miembros de la fuerza de seguridad por igual. ¿Algún indicio que nos lleve a pensar que esta vez será distinto?

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    Publicado por jotaefeb | 21 mayo, 2017, 8:42 am
  6. Desbaratar rosca policial que protege a los narcotraficantes

    La reciente filtración de un audio grabado entre policías del Alto Paraná pone en evidencia lo que para muchos es un secreto a voces: la existencia de una rosca dentro de la Policía que recibe dinero de traficantes de marihuana para permitirles operar con toda tranquilidad en la zona de frontera con el Brasil. El enojo de un suboficial ante su repentino traslado de una subcomisaría en Itakyry, a pesar de haber dado –según su versión – una suma de dinero al propio jefe de Policía del departamento, revela cómo funciona el esquema de corrupción. Urge aclarar esta grave situación y tratar de depurar las roscas mafiosas que siguen enquistadas en la Policía.
    Un audio grabado y compartido en un grupo del servicio de mensajería instantánea WhatsApp entre policías del Departamento del Alto Paraná ocasionó un gran revuelo mediático en los últimos días, al confirmar la presunta existencia de una rosca mafiosa dentro de la Policía Nacional que estaría recibiendo dinero de los traficantes de marihuana para permitirles operar sin muchos problemas.

    En el audio, según las fuentes, se escucha una voz que se atribuye al suboficial de Policía Marco Antonio Verdún Jara, quien se desempeñaba como jefe de la Subcomisaría 48 de la colonia Nueva Conquista, distrito de Itakyry, Alto Paraná, y que expresa su enojo con el jefe de Policía del Alto Paraná, comisario Manuel Sosa, por haber dispuesto su repentino traslado a la Subcomisaría 6 de Hernandarias.

    El reclamo, que va dirigido a otros colegas policías, es porque el comisario Manuel Sosa decidió trasladarlo, a pesar de que el supuesto Verdún asegura que le había entregado una suma de dinero para mantenerlo en dicho puesto, ubicado en una zona que se considera una meca del cultivo de marihuana, y donde los policías presuntamente reciben grandes sumas de dinero para proteger la actividad ilegal. “¿Para qué agarraste de mí los 4 millones de guaraníes si ahora me vas a cambiar?, le dije”, narra el presunto Verdún en el audio, en idioma guaraní, en reproche al jefe de Policía del Alto Paraná, a quien asegura le advirtió que iba a ventilar “todo lo que se hace en esa zona”.

    En el mismo audio, el supuesto suboficial Verdún también asegura que tiene pruebas de que se le entregaron 50 millones de guaraníes al “comisario Fernández”, otros 50 millones al jefe de Investigación y otros 50 millones al jefe de Antinarcóticos, mientras él asegura que recibió 45 millones de guaraníes de los supuestos traficantes de marihuana en la zona. La autenticidad del audio parece confirmada, ya que el jefe de Asuntos Internos de la Policía, comisario Eladio Sanabria, presentó una denuncia por cobro indebido de honorarios ante la Fiscalía, contra personas innominadas, con base en el audio. En la misma zona de disputa entre policías, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizó una incursión el lunes pasado, logrando desmantelar 19 campamentos de narcotraficantes y confiscando cerca de 20 toneladas de marihuana y equipamientos, por un valor estimado en 1.200.000 de dólares.

    El enojo de un policía presuntamente desplazado de una zona de alta recaudación permite evidenciar cómo opera el esquema de corrupción que sigue instalado dentro de la Policía Nacional y explica por qué, con mucha frecuencia, caen grandes cantidades de droga en operativos de la Policía del lado brasileño, pero muy pocas del lado paraguayo. La Fiscalía y la Justicia deben investigar a fondo este caso y desbaratar la rosca mafiosa que sigue operando en la Policía. De lo contrario, son tan cómplices igual que ellos.

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    Publicado por jotaefeb | 18 mayo, 2017, 8:04 am

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