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La Corte Suprema y la educación superior

¿Son los ministros de la Corte Suprema de Justicia los únicos que no entienden la importancia de sanear y mejorar la educación en el Paraguay? Tal parece que están empeñados en frenar cualquier intento de combatir a la corrupción académica y cualquier tentativa de poner fin a la proliferación de universidades de garaje y las carreras truchas.
Solo en los últimos días la “justicia”, por llamarla de alguna manera, ha reabierto facultades y carreras de más de media docena de universidades de garaje que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) había cerrado por no cumplir con los requisitos mínimos.

Entre las facultades y carreras reabiertas figura nada menos que medicina, lo que no solo atenta contra la educación, sino contra la salud y la vida de los ciudadanos que tengan la desgracia de caer en manos de algún matasanos habilitado por un título trucho de una universidad de garaje.

Hildegardo González, presidente del CONES, hizo un pedido público a la Corte para que revoque la disparatada medida. Lo hizo ante la prensa, como es lógico, porque si lo hiciera solamente por la vía judicial, la misma Corte que tanto se apuró para reabrir las universidades, podría pasarse años estudiando el pedido de revisión de la medida.

Estos hechos no son de ninguna manera un problema jurídico. Sean cuales fueren las argumentaciones legales que puedan aducir los ministros, la lógica más elemental indica que permitir el funcionamiento de las universidades de garaje no es defender un derecho, sino prolongar la realización sistemática de varios delitos.

Señores ministros, las universidades de garaje son una estafa a los estudiantes y, por supuesto, fuente de graves daños al patrimonio o incluso a la vida de los ciudadanos que recurran inadvertidamente a profesionales con título, pero sin ninguna formación para ejercer como médicos, odontólogos, enfermeras, abogados, ingenieros, etc.

Por otra parte, desautorizar al CONES, que en mi opinión ni siquiera ha cerrado todas las carreras y universidades que debiera, sino apenas aquellas más clara y descaradamente pésimas, no es solo una “medida cautelar”, sino emitir una sentencia de muerte para la educación superior de nuestro país.

Conceder un amparo a instituciones cuya actividad no es formar profesionales sino vender títulos, es sentenciar al desamparo a los estudiantes, es imponer competencia desleal a las universidades serias y exigentes y, finalmente, es condenar a los ciudadanos a los servicios de profesionales truchos con titulaciones “mau”, que tienen menos valor que los papeles en los que están impresos los títulos o en los que fue escrita la orden de la Corte Suprema.

 

Por Rolando Niella

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/la-corte-suprema-y-la-educacion-superior-1593523.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

3 comentarios en “La Corte Suprema y la educación superior

  1. Cuestionamientos éticos a universidades

    Por Jesús Montero Tirado

    Se multiplican las publicaciones (libros y artículos especializados) de analistas e investigadores de América Latina denunciando el crecimiento de comportamientos no éticos en las universidades, a partir de los años 90 hasta el presente. Aluja y Birke, Carlos Montaña, César Domínguez, Rogelio Macías-Ordoñez, entre otros, alertan sobre las consecuencias y daños graves que la falta de ética, precisamente en las instituciones donde debería enseñarse, dar ejemplo y promover la ética, justamente ahí se siembra y cultiva la inmoralidad, por lesiones a la ética.

    La denuncia no es generalizada. Lo que se afirma no es que todas las universidades, en todas sus facultades, por parte de todos los directivos, administradores, profesores y alumnos actúan sin ética, lo que se afirma es que crecen el número y los campos donde abundan cada día más los comportamientos no éticos. Y preocupa este crecimiento porque los efectos destructivos ya están afectando gravemente no solo a las universidades y sus jóvenes estudiantes, sino a las profesiones, las investigaciones y la sociedad.

    La lista de ataques a la ética en las universidades es desgraciadamente frondosa. Y lo que se denuncia de “universidades de América Latina” sin duda puede aplicarse plenamente a muchas de las universidades de Paraguay.

    Se denuncia la permisividad de profesores que no cumplen con su responsabilidad de actualizarse permanentemente en los conocimientos propios de la disciplina que enseñan y ofrecen clases con exposiciones sin preparar para el nivel de calidad exigible a una cátedra de universidad; “dictan” clases, ofrecen apuntes elementales, no investigan ni estudian, ni publican artículos y libros con sus nuevos conocimientos, y aprueban a sus alumnos, tras hacerles pasar exámenes superficiales para que no abandonen la institución y sigan pagando cuotas, sin tener en cuenta ni siquiera la escolaridad necesaria para justificar su derecho a ser evaluados.

    ¿Dónde están los artículos y libros de producción personal de los miles de profesores de nuestras cuantiosas universidades y sus más cuantiosas filiales? ¿Dónde están las publicaciones de las rectores de nuestras universidades?

    Se denuncia la mentira de tesis de licenciaturas, maestrías y doctorados, que se presentan como resultado de investigaciones que nunca se hicieron. ¿Se podrá saber algún día cuántos doctores hay en Paraguay que recibieron su título de doctor con tesis compradas o plagiadas y aprobadas a cambio de dinero o favores políticos?

    Se denuncian aprobados de asignaturas a cambio de sobornos, coimas o favores sexuales. Igualmente malversación de fondos, especialmente graves cuando se trata de universidades financiadas por el Estado, es decir, por la ciudadanía, y una inequidad en el reparto de sueldos impresionante. Algún día, alguien investigará cuánto gana cada uno de los que trabajan en las universidades nacionales y quedaremos sorprendidos de que hay profesores que ganan poco más (y también menos) de un millón al mes, mientras secretarias privilegiadas ganan más de quince millones y decanos con sueldos de treinta millones al mes entre gastos de representación y otros beneficios.

    Las universidades están siendo cuestionadas por la ciudadanía, no ya por su baja calidad como tales universidades en su servicio académico de formación de profesionales y en su rol de instituciones para la producción de conocimientos, sino por cuestionamientos éticos en comportamientos básicos por parte de no pocos de sus actores y responsables. ¿Por qué las universidades ponen trabas para informar de lo que son y lo que hacen? ¿No existe para ellas la ley de la transparencia? Una abusiva y perniciosa interpretación de la “autonomía” las está convirtiendo en pequeñitos y ridículos “estados” dentro del Estado.

    El Estado creó leyes (Ley de la Aneaes, Ley de Educación Superior y creación del Cones) e instituciones para mejorar la Educación Superior, pero los corruptos ya han encontrado sutiles estrategias para ir esterilizando las leyes y las instituciones creadas.

    El estado de la Educación Superior es calamitoso, el desprestigio de las universidades en la ciudadanía es progresivo, la resistencia al cambio por parte de las instituciones es pertinaz, la corrupción está instalada en sus entrañas. Sin ética y con corrupción impune, el destino es la destrucción. Según la Constitución Nacional finalmente la pelota está en la cancha del Estado y el Gobierno, que jura cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.

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    Publicado por jotaefeb | 22 mayo, 2017, 9:49 am
  2. Universidades truchas

    En lo que va del año, el Consejo Nacional de Educación (Cones) cerró el Instituto Superior Latinoamericano, 15 filiales del Interregional, así como 32 filiales de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur). También clausuró 56 carreras de ciencias de la salud (Medicina, Enfermería, Obstetricia, Radiología. Nutrición, Fisiología y Farmacia) de diversas entidades “educativas”, entre las que figura la Universidad Privada del Guairá, que cuenta con nada menos que 82 filiales. No es casual que tantas carreras clausuradas tengan que ver con la salud, pues las cuotas percibidas por cursarlas son las más altas, es decir, las más lucrativas para los inescrupulosos mercaderes académicos que apeligran la vida de la gente al lanzar al mercado profesionales de muy dudosa preparación académica. Al disponer el cierre, el Cones solicitó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que suspenda los registros de los títulos expedidos por las carreras de grado y de posgrado.

    A esas atinadas medidas deben seguir otras en igual sentido para ir depurando la educación terciaria, tan degradada por la Ley N° 2529/04, promovida por el exsenador Juan Manuel Marcos, rector de una universidad privada, que permitió al Congreso crear universidades e institutos superiores sin atender el dictamen del Consejo de Universidades, pero sí el interés de varios legisladores comerciantes que se volcaron con fruición al muy rentable negocio de vender títulos universitarios, sin interesarse en absoluto por la calidad educativa. Intervinieron en esas gestiones, mediante testaferros o hasta directamente, legisladores como el exdiputado Dionisio Ortega, el “parlasuriano” Juan Antonio Denis y la diputada Esmérita Sánchez, que hoy fungen de rectores como si tuvieran autoridad moral e intelectual para serlo.

    No debe sorprender, entonces, que el presidente del Cones, Hildegardo González, haya denunciado presiones políticas para impedir el saneamiento del sector, ni que la Corte Suprema de Justicia, irresponsablemente, haya otorgado una medida cautelar para que se siga “enseñando” nada menos que medicina en seis universidades de “garaje”.

    A la ciudadanía y al Ministerio Público les interesaría saber quiénes son esos políticos que intentan cometer el delito de tráfico de influencias para que ellos mismos o sus compinches sigan ganando mucho dinero a costa del interés general de que los profesionales universitarios estén bien formados para precautelar la vida, la libertad o los bienes de quienes recurran a sus servicios.

    Alegra saber que, pese a todo, el Cones seguirá clausurando carreras fraudulentas y que en los últimos tiempos haya reforzado su plantel y mejorado su equipamiento, gracias a la colaboración del MEC. Es improbable que el Presupuesto nacional le otorgue fondos suficientes, dado que su sanción depende justamente de varios personajes inescrupulosos ligados al sucio negocio de marras, de modo que convendría que la sociedad, con firmeza, le dé todo el respaldo moral a su loable propósito.

    En las condiciones actuales, el Cones sigue siendo demasiado débil para que pueda encarar con la eficiencia deseada el urgente saneamiento de la hoy corrompida educación universitaria, hasta el extremo de que se otorgan franquicias para la apertura de filiales como si se tratara de una despensita comercial más. Parece un chiste de mal gusto, pero lo cierto es que en Vallemí se llegó a habilitar una carrera de Derecho dirigida por un alumno del segundo curso (!), mientras en Choré funcionaba una carrera de Periodismo, como si fuera la más necesaria para esa región.

    El Paraguay cuenta con 54 universidades, de las cuales 46 son privadas, para una población de unos 6.700.000 habitantes, en tanto que la Argentina solo tiene 97 para una población seis veces mayor. Su proliferación fue el resultado de la irresponsabilidad y de la codicia de mercachifles ligados a la política, y de la absoluta falta de control estatal. Poco después de asumir el cargo, el ministro Enrique Riera informó que unos 8.000 estudiantes fueron lisa y llanamente estafados, porque las carreras que cursaron no estaban habilitadas por el Cones o certificadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

    Los responsables de esta verdadera estafa a la juventud que anhela prepararse para una vida mejor no han sido procesados y condenados, como corresponde, sino que continúan enriqueciéndose a costa de todo un país que necesita profesionales idóneos. Es comprensible que los alumnos vilmente estafados exijan un resarcimiento, aunque no debería ignorarse que entre las víctimas también figuran quienes no buscaban precisamente aprender un oficio, sino solo obtener una cartulina que les permitiera, entre otras cosas, recibir una bonificación mensual en el sector público.

    Entre las universidades privadas, solo 17 tienen al menos una carrera cuya buena calidad está acreditada por la Aneaes, y hasta hay al menos una filial en la que solo se imparten clases los días sábado (!). Si se recuerda el paso del nefasto Froilán Peralta por la Universidad Nacional de Asunción y se considera que en la de Pilar sientan plaza, como “docentes”, operadores políticos del rector-diputado Víctor Ríos, resulta que el panorama que ofrece la educación terciaria es alarmante.

    En un mundo globalizado y competitivo, en el que el saber juega un rol cada vez más importante, el Paraguay no debe seguir teniendo universidades que son una verdadera tomadura de pelo y un insulto a la razón. Quienes estafaron a tantos jóvenes deben ir a parar a la cárcel.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/universidades-truchas-1595873.html

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    Publicado por jotaefeb | 22 mayo, 2017, 9:45 am
  3. Estafadores

    Por Arnaldo Alegre
    Lo de Unasur es solo la punta del ovillo. 9.000 estudiantes con el futuro hipotecado por una institución que imparte carreras sin la habilitación correspondiente. Y que, para colmo del cinismo, protesta y trata de soliviantar al alumnado porque las autoridades hacen cumplir las leyes y ordenan que se cierren las carreras de marras.

    Este solo hecho demuestra el nivel de precariedad y de informalidad en el que se gestó el mayor crecimiento de la educación terciaria en la historia del Paraguay. Las universidades son prácticamente edificios con cartelones con nombres pomposos, pero más vacíos que la moralidad de sus directivos.

    Es el más abyecto de los comercios. En gran parte de esas universidades lo único que importa es el dinero. No interesan ni la calidad educativa, ni la formación moral y social del estudiante, ni las necesidades de un país que requiere de la preparación de todos sus ciudadanos.

    Las universidades establecidas desde hace decenios tampoco son ejemplos de pureza y probidad educativa sin mácula. Allí se pueden comprar exámenes como caramelos o asignar rubros docentes a la amante, al esposo, a la amante del esposo, a alguna sobrinita tentadora o a la tía abuela.

    Detrás de todo ello está nuestra patética clase política. Reyes Midas del revés: pudren todo lo que tocan. Y al contrario del héroe mitológico, no mueren de hambre.

    Todas las universidades que se abrieron en los últimos años tienen detrás a un padrino político o directamente son sus cotos de caza. Eso sí, acá no hay banderías políticas ni sensibilidad ideológica. El único color al que responden es el del vil metal. Y como corifeos interesados están jueces y fiscales para avalar con sus resoluciones el negocio.

    Un informe del Banco Mundial indica que en este siglo se dio el mayor crecimiento de la educación universitaria en América Latina y el Caribe. En la década de los 90, el aumento del alumnado fue de solo 4%. A partir del 2000, se duplicó.

    Precisa que hay tres millones de nuevos estudiantes que provienen de los sectores carenciados. Además la inversión en este campo es casi similar a la de los países desarrollados.

    En ese contexto, en el país hay personas, tanto estudiantes como profesores y directivos, que hacen esfuerzos tenaces para honrar con su trabajo a la universidad. Pero en las actuales circunstancias, la abnegación no es virtud. Ellos deben movilizarse para imponerse a los comerciantes y aprovechadores y, así, depurar de una vez por todas la educación terciaria.

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    Publicado por jotaefeb | 21 mayo, 2017, 9:01 am

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@Pocho_py El tema acá es que el PJ es elegido por el Congreso y no es un poder independiente, son elegidos amigos y parientes y a dedo, lastimosamente.
@MarcosMikelj Por favor no a Lugo, ya probó las mieles del poder y todo lo que quiere es volver a sentir el "placer" de gobernar. Sabemos de sus negocios.
@Pykare Sólo la indignación lleva a poco. Para cambiar hay que convertirla en organización política con capacidad electoral y movilización.
@jjfd60 El MOPC y el Ministro Jiménez Gaona adjudican todas las obras a los "amigos", sin importar que esté mal diseñada.
@Vlad_Jara Hace dos o tres días atrás... Y puede ser pio hace dos o tres días adelante?...

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