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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

La Corte Suprema y la educación superior

¿Son los ministros de la Corte Suprema de Justicia los únicos que no entienden la importancia de sanear y mejorar la educación en el Paraguay? Tal parece que están empeñados en frenar cualquier intento de combatir a la corrupción académica y cualquier tentativa de poner fin a la proliferación de universidades de garaje y las carreras truchas.
Solo en los últimos días la “justicia”, por llamarla de alguna manera, ha reabierto facultades y carreras de más de media docena de universidades de garaje que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) había cerrado por no cumplir con los requisitos mínimos.

Entre las facultades y carreras reabiertas figura nada menos que medicina, lo que no solo atenta contra la educación, sino contra la salud y la vida de los ciudadanos que tengan la desgracia de caer en manos de algún matasanos habilitado por un título trucho de una universidad de garaje.

Hildegardo González, presidente del CONES, hizo un pedido público a la Corte para que revoque la disparatada medida. Lo hizo ante la prensa, como es lógico, porque si lo hiciera solamente por la vía judicial, la misma Corte que tanto se apuró para reabrir las universidades, podría pasarse años estudiando el pedido de revisión de la medida.

Estos hechos no son de ninguna manera un problema jurídico. Sean cuales fueren las argumentaciones legales que puedan aducir los ministros, la lógica más elemental indica que permitir el funcionamiento de las universidades de garaje no es defender un derecho, sino prolongar la realización sistemática de varios delitos.

Señores ministros, las universidades de garaje son una estafa a los estudiantes y, por supuesto, fuente de graves daños al patrimonio o incluso a la vida de los ciudadanos que recurran inadvertidamente a profesionales con título, pero sin ninguna formación para ejercer como médicos, odontólogos, enfermeras, abogados, ingenieros, etc.

Por otra parte, desautorizar al CONES, que en mi opinión ni siquiera ha cerrado todas las carreras y universidades que debiera, sino apenas aquellas más clara y descaradamente pésimas, no es solo una “medida cautelar”, sino emitir una sentencia de muerte para la educación superior de nuestro país.

Conceder un amparo a instituciones cuya actividad no es formar profesionales sino vender títulos, es sentenciar al desamparo a los estudiantes, es imponer competencia desleal a las universidades serias y exigentes y, finalmente, es condenar a los ciudadanos a los servicios de profesionales truchos con titulaciones “mau”, que tienen menos valor que los papeles en los que están impresos los títulos o en los que fue escrita la orden de la Corte Suprema.

 

Por Rolando Niella

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/la-corte-suprema-y-la-educacion-superior-1593523.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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10 comentarios en “La Corte Suprema y la educación superior

  1. Educación basura y desprestigio

    Es un acto de responsabilidad nacional que el Cones, Consejo Nacional de Educación Superior, mantenga firme su posición de negar títulos a las carreras descalificadas, es decir, no reconocer los títulos universitarios profesionales expedidos para tales carreras y las instituciones que venden educación basura: pese al perjuicio que representa para los cientos y miles de estudiantes que invirtieron tiempo y dinero, a familias que invirtieron dinero para dar educación superior a sus hijos. Ese daño debe ser reparado por los irresponsables que abrieron las carreras, las impulsaron y cobraron a los estudiantes que, en principio, cabe pensar que fueron a esa universidad concreta de buena fe, es decir, convencidos de que estaban siguiendo una formación profesional habilitada por las autoridades correspondientes, ya que estaban públicamente ofertadas.

    De hecho, el ministro de Educación Enrique Riera ya había respaldado al Cones en esta posición. Fue claro al apoyar que ningún título profesional vinculado con estas universidades “de garaje” será expedido, ya que no cuentan con la certeza de que el nivel de educación haya sido el adecuado y que, por lo tanto, los profesionales tengan la formación profesional, la idoneidad necesaria para ejercer la profesión.

    Se trata de un caso de estafa, al vender un servicio para el que no tienen ni idoneidad ni la certificación correspondiente, por lo tanto se debe exigir la reparación a los estafadores, a los falsificadores de títulos universitarios. Es decir, debe haber una responsabilidad penal y reparación del daño.

    Como también planteó el ministro, hay que buscar una salida para los estudiantes, ya que aparte del daño económico, existe la tremenda pérdida de tiempo que ha significado para los estafados asistir y pagar por años por un papelucho sin valor alguno, sin las exigencias de formación que exige cada carrera.

    El tema de las universidades “garaje”, como se las ha dado en llamar, con sabiduría popular, es decir, que en vez de tener un centro educativo a los fines de la enseñanza, cumpliendo los requisitos que implica una formación universitaria, funcionan en un garaje cualquiera, sin la más mínima responsabilidad, ni el reconocimiento oficial necesario para ejercer la función y otorgar un título con reconocimiento.

    El tema se viene cuestionando desde hace décadas, principalmente desde que se aprobó la llamada Ley 2529, popularmente conocida como “Ley Marcos”, por haber sido promovida por el ex legislador liberal; aunque no se trata del único parlamentario desde aquel entonces hasta la actualidad que ha estado vinculado a las universidades creadas bajo el manto protector de esa ley tremendamente generosa con las instituciones que se dedican a lucrar con la educación. De hecho, hoy en día, ante la actual crisis, ya son varios los legisladores que se están movilizando para tratar de salvar de la hecatombe a la Unasur y evitar que la operación limpieza y trasparencia pare con el engaño de vender títulos sin ningún valor académico ni legal. Es decir, educación basura.

    El tema no es solamente local; la facilidad de vender títulos ha florecido en la frontera y hay casos de estudiantes que vienen desde Brasil, tras fracasar en el intento de ingresar a universidades formales y serias, a buscar títulos fáciles; ya varios medios regionales se han hecho eco de este fenómeno que, lamentablemente, termina siendo “blanqueado” con el silencio, pero que en gran medida pone en riesgo la calificación de los profesionales universitarios paraguayos en general.

    Ese es un punto clave a tener en cuenta: la mala fama que se puede generar si no se pone freno drástico al negociado de la venta de títulos sin garantías de formación profesional.

    Hay, entonces tres valores fundamentales que defender; en primer lugar la calidad de la educación y la garantía de que las instituciones que ofertan educación tengan el reconocimiento necesario y la capacidad para ofrecer una formación seria; y que la justicia se encargue de sancionar a los que administran instituciones fraudulentas; en segundo lugar, sin duda, hay que pensar en los estudiantes y en sus familias, para exigir a los falsificadores la reparación económica correspondiente, buscando alternativas para completar su educación profesional. Y, por último, pero no menos, está la necesidad de defender la legalidad y la calificación de las universidades paraguayas que enseñan formal y cabalmente y que, en muchos casos, se han ganado un merecido prestigio nacional e internacional.

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    Publicado por jotaefeb | 28 mayo, 2017, 5:03 pm
  2. Punta del iceberg de una catástrofe

    Por Rolando Niella

    El caso de la universidad UNASUR no es el único, ni siquiera es el más grave, sino apenas la punta del iceberg de la auténtica catástrofe que aqueja a la educación superior en el Paraguay; con docenas de universidades de garaje, cada una de ellas con múltiples carreras y muchas de ellas con varias sucursales en distintas localidades.

    Los miles de alumnos que quedaron en el aire, con estudios insuficientes para obtener un título universitario, parecen muchos; pero en realidad son pocos cuando se piensa en la enorme cantidad de universidades y carreras de garaje que no cumplen los más elementales requisitos para impartir enseñanza superior.

    No se trata solo de un problema de calidad educativa, sino de falta de ética y de respeto por la educación, como lo explicó en su columna del pasado lunes Jesús Montero Tirado: “El estado de la Educación Superior es calamitoso, el desprestigio de las universidades en la ciudadanía es progresivo, la resistencia al cambio por parte de las instituciones es pertinaz, la corrupción está instalada en sus entrañas”.

    Así pues no se trata solamente de lo que esas universidades basura no enseñan, sino también de lo que sí enseñan a sus estudiantes: enseñan a camandulear, enseñan que el conocimiento no tiene valor, enseñan que en realidad los títulos no se obtienen por méritos, sino que se compran y se venden como baratijas.

    Más allá del oportunismo delictivo de las universidades de garaje, el sistema institucional no solo corrupto, sino también inculto de nuestro país permitió que esas universidades se abrieran y los mecanismos de control de la calidad educativa no reaccionaron hasta que el problema había tomado proporciones de catástrofe, y probablemente no hubieran reaccionado nunca sin la denuncia periodística de Algo Anda Mal, que destapo el primer gran escándalo en la carrera de enfermería de Santa Librada.

    De cualquier manera, cuando finalmente el Cones reaccionó, en mi opinión de forma tardía y tibia, y cerró algunas de las universidades y carreras más evidentemente pésimas, la justicia las volvió a abrir contra toda lógica, como ya comenté la semana pasada.

    ¿No sabía el Cones que, en nuestras fronteras, brasileños y argentinos cruzan a conseguir los títulos universitarios que en sus países no pueden obtener, a veces haciendo como que estudian y a veces simplemente comprando la titulación?

    Las consecuencias de la situación actual constituyen para el futuro de la educación universitaria de nuestro país una catástrofe de proporciones apocalípticas: los títulos paraguayos, no tienen ningún valor internacional; inclusive los de grados y posgrados de las buenas facultades, que sin culpa se han visto salpicadas y menoscabadas por el desprestigio general de la educación superior paraguaya.

    Los ciudadanos no podemos confiar en que un médico sea realmente médico; una enfermera, enfermera, o un odontólogo, odontólogo, y, en consecuencia, por supuesto, los buenos profesionales jóvenes con títulos legítimos tendrán difícil diferenciarse de aquellos otros que ostentan títulos de garaje.

    ¿Y qué decir de esos miles de estudiantes estafados? Sin duda algunos fueron cómplices, seducidos por la posibilidad de obtener un título superior “barato y fácil”; pero la gran mayoría son víctimas de unas instituciones educativas inmorales y de unas autoridades nacionales, en el mejor de los casos, ineficientes, y en los peores coautores y partícipes de la destrucción de la enseñanza superior, porque: ¿cuántos de nuestros legisladores tienen cátedras o cargos en universidades de garaje?

    Como dije al principio: los casos de las universidades Unasur y Santa Librada son apenas la punta del iceberg de una catástrofe educativa de proporciones apocalípticas.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/punta-del-iceberg-de-una-catastrofe-1598127.html

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    Publicado por jotaefeb | 28 mayo, 2017, 4:44 pm
  3. Sin perdón para nadie

    Por Jesús Ruiz Nestosa

    “Si quinientas personas quemaron el Congreso e hicieron cambiar la decisión del Presidente sobre la reelección, ¿por qué 10.000 alumnos no podrían revertir la decisión del Cones?”, fueron las palabras dichas por Arnaldo Decoud, directivo de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur), a los estudiantes que esta misma institución había engañado después de que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) resolviera ordenar el cierre de una decena de carreras que ofrece dicha universidad particular.

    A buen puerto vamos si cada vez que nos disgusta o no nos favorece una ley, alentamos a nuestros seguidores a lanzarse contra el Congreso.

    El problema es complejo, pero lo que se deduce a primera vista es que todos tienen su cuota de culpa. La tiene la universidad, por ofrecer carreras que no está capacitada para ofrecer. La tienen los estudiantes, que no pueden alegar inocencia y falta de información. Nadie, en su sano juicio, puede creer, honestamente, que se logra un doctorado, un masterado, ni siquiera un titulado, yendo a clase dos horas por semana. Y a veces ni siquiera eso. No se olvide que hace menos de un año estallaba un escándalo semejante a este cuando se descubrió que había “universidades” que ofrecían títulos para estudiantes que debían acudir a la institución nada más que dos veces: una para inscribirse y pagar la matrícula, y la siguiente, seis meses después, para retirar el título, previo pago de una buena suma. También lo tienen los legisladores que aprobaron la famosa y nefasta Ley 2529/06, más conocida como “Ley Marcos”, que entró a regir el 27 de abril de 2006 y abrió las puertas al negocio de la educación. Me corrijo: al negociado de la educación. Entre los legisladores que propusieron, alentaron y presionaron para su aprobación había muchos relacionados de manera directa o indirecta con estas universidades. Vale decir, actuaron como jueces y parte.

    Vivimos en un país donde el “realismo mágico“, tan cacareado en la literatura del continente, es nuestra historia cierta de todos los días. Desde la creación de esa “Ley Marcos”, muchos periodistas, educadores y personas, preocupados por la formación de los jóvenes, hemos insistido en la atrocidad que se estaba cometiendo, el engaño que eran víctimas los estudiantes, la estafa descarada de tales empresas “educativas”, pero nadie se preocupó ni tomó en serio las denuncias. Como en tantos otros casos, se dejó pasar pues ya el tiempo y, sobre todo, la “magia”, que son las “soluciones” habituales. Del mismo modo que los limpiavidrios, los vendedores ambulantes, los cuidadores de coches, los niños que venden frutas en las esquinas. Las autoridades decidieron mirar hacia otro lado pensando que el tiempo se encargaría de darle una solución. Ahora el problema se ha vuelto gigantesco y nadie se siente con las fuerzas necesarias para poder solucionarlos.

    Estas universidades bien llamadas “de garaje”, porque en un garaje comenzaron, han creado un problema social de proporciones y exigen que se les dé una solución. Dar vuelta la cara y pensar que no ha sucedido nada con Unasur solo hará postergar el problema y alimentarlo para que siga creciendo. Hay que ver los datos publicados días atrás en la prensa para entender lo que está ocurriendo. Estas universidades, además de su casa central, tienen sucursales en todas partes, veinte por aquí, otras treinta por allá, en diferentes barrios de Asunción, en los más remotos pueblos de todo el país.

    Estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional salieron en defensa de los estudiantes de Unasur alegando el derecho de todo ciudadano de tener acceso a la educación. Absolutamente de acuerdo. Pero que la educación sea cierta, de buena calidad, de verdadero nivel universitario. También tenemos derecho a la alimentación, pero no por eso vamos a contentarnos en comer carroña diciendo que ella es buena.

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    Publicado por jotaefeb | 26 mayo, 2017, 9:07 am
  4. Alumnos de universidades de garaje deben tener opciones

    La intervención de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur) por parte del Cones, con el cierre de 14 carreras y 31 filiales, afectando a unos 9.000 estudiantes, profundiza la crisis educativa. La depuración de las universidades de garaje, apuntando a elevar la calidad de la educación terciaria, es urgente y necesaria, pero hay que ofrecer opciones valederas a los alumnos que se quedan sin posibilidad de seguir sus estudios. Son las principales víctimas de comerciantes de la educación, que los han estafado o engañado, respaldados por políticos inescrupulosos y por organismos del Estado que durante mucho tiempo cerraron los ojos ante la proliferación de la mediocridad.
    La decisión de los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) de cerrar 14 carreras –diez del área de la Salud– y de 31 filiales de la Universidad Nacional del Sur (Unasur) desató la lógica protesta de más de 9.000 alumnos que se han visto afectados por la crisis, pero era un paso que resulta lógico en el proceso de depuración de la educación superior, ante la masificación de las llamadas universidades de garaje.

    Tienen toda la razón los estudiantes en protestar, ya que son las principales víctimas y los mayores perjudicados de un mecanismo armado por los comerciantes de la educación, amparados por una rosca de políticos inescrupulosos que crearon las condiciones legales para que esto suceda, ante la complacencia de varios organismos estatales que durante muchos años cerraron los ojos a una verdadera prostitución del sistema educativo superior, pero las actuales acciones de corrección iniciadas por el Cones son inevitablemente urgentes y necesarias.

    Hace años que se viene denunciando la degradación de las carreras universitarias en el país, cuando los propios legisladores, en una maniobra tendiente a evitar controles de calidad, crearon leyes que les sacaron atribuciones al Ministerio de Educación y al Consejo de Universidades, sobre todo con la Ley 2529/04, que modificó la Ley 136/93 de Universidades, facultando que sea el Congreso Nacional el que directamente apruebe por ley la creación de nuevas universidades. Llamativamente, el Poder Ejecutivo no se opuso en su momento a esta situación y también promulgó la ley.

    Fue así como el país se llenó de universidades privadas que en su mayor parte solo tenían como principal objetivo el lucro, instalándose en locales con pésima infraestructura, que en muchos casos eran solo salones, tinglados o garajes, habilitando carreras que no tenían el equipamiento adecuado para una buena formación de los alumnos. Tuvo que pasar una década para que se apruebe la Ley 4995/13, de Educación Superior, que impuso nuevas reglas de mayor control por parte del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), pero ya gran parte del daño estaba hecho.

    Ahora que se busca volver a poner las cosas en su debido lugar, hay que ofrecer, sin embargo, opciones valederas para que los alumnos afectados puedan ser debidamente resarcidos, y puedan proseguir sus estudios en otras universidades con mejores condiciones, con todas las adaptaciones pedagógicas que se deban cumplir. Los sueños y los esfuerzos por estudiar y ser alguien en la vida no se deben perder.

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    Publicado por jotaefeb | 24 mayo, 2017, 8:43 am
  5. Estafadores con toga

    Posteado por Ilde Silvero el 23-05-2017

    Así como hay ladrones de guante blanco, ahora también tenemos a estafadores con toga que entregan títulos truchos en ceremonias oficiales de colación en las cuestionadas universidades “de garaje”. Lo más lamentable del caso es que no solamente engañaron a los pobres estudiantes sino que ahora los incitan a rebelarse contra las autoridades de educación superior.

    Un directivo de la polémica Unasur arengó a los universitarios estafados a que piensen que si un grupo de manifestantes incendió el Congreso y obligó al presidente de la República a cambiar una decisión, por qué diez mil estudiantes no podrían hacer que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) revise y anule su resolución de clausurar varias decenas de carreras que jamás obtuvieron aprobación legal.

    Efectivamente, hay más de diez mil estudiantes universitarios que estaban cursando carreras que no contaban con existencia legal; en su mayor parte, esta situación fraudulenta se viene registrando en “filiales” de varias universidades que funcionan en pueblos del interior, aprovechándose de la ignorancia de los jóvenes rurales.

    La repentina proliferación de las universidades “de garaje” empezó en el 2004, cuando se aprobó la Ley 2529/04, promovida por el entonces senador Juan Manuel Marcos, rector de una universidad privada, que modificó la ley de universidades y permitió al Congreso crear universidades e institutos superiores sin atender el dictamen del Consejo de Universidades.

    La “Ley Marcos” dio lugar a que varios políticos, incluidos algunos legisladores, descubriesen la mina de oro de crear universidades y habilitar carreras sin satisfacer ningún tipo de requisitos académicos, ni infraestructura adecuada ni plantel docente calificado. La educación superior se declaró so’o y las casas de “altos estudios” se habilitaban en cualquier garaje.

    Ante este desorden, se inició un largo y difícil proceso de redacción de una nueva ley de educación superior en busca de la regularización y saneamiento del área. Luego de varios intentos fallidos, recién en el 2013 se aprobó la Ley Nº4995 de Educación Superior, que crea el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) como el máximo órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para la educación superior.

    Al ponerse a trabajar, el Cones encuentra serias irregularidades y procede al cierre de varias instituciones universitarias y clausura decenas de carreras. Al mismo tiempo, el Cones pide al Ministerio de Educación y Ciencias que suspenda los registros de los títulos expedidos por las carreras de grado y de posgrado sin existencia legal.

    Las autoridades del Cones están cumpliendo lo que la ley les obliga a hacer y constituye una acción de mala fe, propia de grupos mafiosos, instar a los estudiantes a que se opongan a las resoluciones de dicha entidad.

    En todo caso, son los estafadores quienes deben asumir las consecuencias de sus actos delictivos. Son los rectores y administradores de estas universidades quienes ofrecieron y cobraron buena plata por carreras que no tenían la aprobación legal ni del anterior Consejo de Universidades ni del actual Cones.

    Comprendemos que el haber sido estafados constituye un problema grave para los diez mil universitarios de carreras mau, pero eso no es culpa del Cones ni del MEC, sino de los dueños de las instituciones en donde estaban cursando sus dudosos estudios.

    Como en cualquier otra faceta de la vida humana, quienes resultan estafados deben emprender las acciones legales pertinentes contra los autores de la estafa, exigiendo, en primer término, la devolución del dinero que les han robado y, luego, solicitar el juzgamiento y el envío a la cárcel de los delincuentes, aunque los mismos estén vestidos con toga y exhiban un diploma de phd en ciencias ocultas.

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    Publicado por jotaefeb | 23 mayo, 2017, 10:51 am
  6. Qué buen negocio es la educación
    Por Brigitte Colmán

    Paraguay es uno de los países más desiguales de América Latina.

    Si fuiste a un colegio público, vas a tener un millón de posibilidades menos al lado del que estudió en el ASA; para empezar nomás esa persona va a saber inglés y vos no. Bueno, podrías, si tus papás pueden pagar un curso en algún instituto de idiomas, pero ¿qué hacés si tu papá apenas puede costear el colegio nacional?

    Una persona que entra en la categoría de pobre no puede ni siquiera pensar en estudiar Medicina o Ingeniería en la Universidad Nacional. Es como pensar en viajar a Marte; a pesar de las becas y las frases buenudas que circulan por Facebook. No se imaginan la cantidad de astros que deben alinearse para que el hijo de un obrero pueda estudiar una carrera como esas.

    Y esto es así porque el Estado paraguayo nunca tuvo políticas públicas para sacarnos de la pobreza, y acortar las brechas de la desigualdad. Por eso la educación es un privilegio; y por eso acá no cualquiera puede estudiar.

    Con la clausura de 14 carreras de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur), que está dejando un tendal de damnificados, se desató un carnaval de hipocresía.

    Algunos culpan a los mismos estudiantes, porque ¿cómo no se van a dar cuenta de que su carrera ni siquiera estaba habilitada? Para eso luego se van a estudiar a esas universidades de garaje. Cómo pío van a tener un título si se van a dar clases dos veces por semana; unos avivados lo que son…

    Para mí, los culpables son los sospechosos de siempre. Los dueños de las universidades que comenzaron a crecer como yuyos a lo largo y ancho de la geografía patria son los responsables y la cara visible de un floreciente negocio. Ganan mucho aprovechando la necesidad, las expectativas y la esperanza de miles de jóvenes.

    Los otros, los parlamentarios. Durante cuatro años (desde el 2006 hasta el 2010) el Parlamento Nacional permitió la creación de universidades a tutiplén. Y ahora es cuando se están viendo los resultados.

    Por tanto, habría que revisar también quiénes fueron los que aprobaron la creación de tantas universidades de garaje. Si escarbamos bien, podríamos encontrar a más de un congresista con los intereses mezclados.

    Mientras tanto, en Misiones, una señora mayor vende chipas, cría chanchos y gallinas para que su hija pueda estudiar. Ella jamás fue a la universidad y, de hecho, su hija es la primera de la familia que pudo hacerlo. Al menos hasta hace poco, porque no solo tuvo la mala suerte de nacer pobre, sino además de haber pagado año tras año cuotas y matrículas y estudiado con gran ilusión, para ser enfermera con un título de Unasur. Esta historia solo va a terminar bien el día en que la educación deje de ser un negocio.

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    Publicado por jotaefeb | 23 mayo, 2017, 10:50 am
  7. ¿Quieren realmente los estudiantes una revolución educativa en Paraguay?

    Clausura de carreras e inhabilitaciones. Manifestaciones de estudiantes que se sienten estafados. El lucrativo negocio en Paraguay de las universidades “de garaje” a costa del abuso de la credibilidad pública está desmoronándose.

    No extrañan las revueltas estudiantiles, pero sí la complicidad generacional de la juventud con la mediocridad en detrimento de la transformación cultural en el que está inmerso Paraguay.

    El Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) suspendió 14 carreras y 31 sedes de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur) por diversas irregularidades tanto académicas como legales. Esto dejaría sin educación a unos 10 mil jóvenes y adultos de varios puntos del territorio paraguayo.

    La opción que tendrán los alumnos será reubicarse en otra universidad de plaza. ¿Pero por qué muchos se resisten?

    Existe diversas razones por la que los estudiantes exigen reponer a las universidades sin que estas realicen los cambios y mejoras necesarias para otorgar títulos de grado y posgrado.

    Precio: las universidades “de garaje” cobran cuotas bajas pero enchufan con diversos aranceles. El negocio es redondo y algunas tienen denuncias por no pagar a tiempo a sus docentes. El CONES estaría presionando para que las universidades que acogen a los estudiantes reubicados rebajen precios como incentivo, pero esto está generando muchas críticas del sector estudiantil.
    Rehacer la carrera: luego de tomar los exámenes técnicos de ubicación, las universidades que reciben a los nuevos alumnos los acomodarían en años o cursos inferiores, ya que muchos no contarían con la preparación científica y académica para recibirse o promocionarse como profesionales.
    El mercado brasileño: un gran consumidor de los posgrados de las universidades “de garaje” en Paraguay es el estudiantado brasileño, que ve en estas instituciones educativas una posibilidad de obtener títulos más baratos y en menor tiempo, lo cual en Brasil no lo conseguirían.
    Facilidad de estudio: las universidades “de garaje” se caracterizan por ser extremamente flexibles, con programas de estudios rimbombantes que no se desarrollan, con laboratorios fantasmas o centros de investigación inexistentes. La mayoría de estas instituciones no cuentas con investigadores a tiempo completo ni tienen publicaciones científicas.
    Riesgo legal: muchas universidades — y no solo las “de garaje” — tienen diversos problemas con la justicia, desde estafas hasta incumplimientos laborales con empleados. Algunas, por ejemplo, tercerizan a sus docentes para no pagar jubilaciones o IPS. Hoy existen 54 universidades para una población de 7 millones, de los cuales apenas el 3% accede a la educación universitaria.
    CONES, ANEAES y MEC fortalecidos: por primera vez, las instituciones de control sobre la educación superior cuentan con el apoyo de la ciudadanía y del sector académico para mejorar la situación de las universidades y estandarizar los programas y formación al nivel del Mercosur.
    Participación ciudadana universitaria: la sociedad civil ha reaccionado de manera directa al apoyar decididamente a los estudiantes secundarios y universitarios en los dos últimos años. La población está pendiente de los cambios que se avecinan y un sector sabe que no se puede seguir ninguneando el protagonismo e importancia de las universidades y centros de investigación.
    No debe sorprender si en los próximos meses se clausuran más carreras, facultades y universidades. Muchos políticos ya no tienen el poder que tenían antes y buscan imponerse a la comunidad educativa y científica del país. Lo seguro es que esta crisis universitaria no terminará fácilmente.

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    Publicado por jotaefeb | 22 mayo, 2017, 8:14 pm
  8. Cuestionamientos éticos a universidades

    Por Jesús Montero Tirado

    Se multiplican las publicaciones (libros y artículos especializados) de analistas e investigadores de América Latina denunciando el crecimiento de comportamientos no éticos en las universidades, a partir de los años 90 hasta el presente. Aluja y Birke, Carlos Montaña, César Domínguez, Rogelio Macías-Ordoñez, entre otros, alertan sobre las consecuencias y daños graves que la falta de ética, precisamente en las instituciones donde debería enseñarse, dar ejemplo y promover la ética, justamente ahí se siembra y cultiva la inmoralidad, por lesiones a la ética.

    La denuncia no es generalizada. Lo que se afirma no es que todas las universidades, en todas sus facultades, por parte de todos los directivos, administradores, profesores y alumnos actúan sin ética, lo que se afirma es que crecen el número y los campos donde abundan cada día más los comportamientos no éticos. Y preocupa este crecimiento porque los efectos destructivos ya están afectando gravemente no solo a las universidades y sus jóvenes estudiantes, sino a las profesiones, las investigaciones y la sociedad.

    La lista de ataques a la ética en las universidades es desgraciadamente frondosa. Y lo que se denuncia de “universidades de América Latina” sin duda puede aplicarse plenamente a muchas de las universidades de Paraguay.

    Se denuncia la permisividad de profesores que no cumplen con su responsabilidad de actualizarse permanentemente en los conocimientos propios de la disciplina que enseñan y ofrecen clases con exposiciones sin preparar para el nivel de calidad exigible a una cátedra de universidad; “dictan” clases, ofrecen apuntes elementales, no investigan ni estudian, ni publican artículos y libros con sus nuevos conocimientos, y aprueban a sus alumnos, tras hacerles pasar exámenes superficiales para que no abandonen la institución y sigan pagando cuotas, sin tener en cuenta ni siquiera la escolaridad necesaria para justificar su derecho a ser evaluados.

    ¿Dónde están los artículos y libros de producción personal de los miles de profesores de nuestras cuantiosas universidades y sus más cuantiosas filiales? ¿Dónde están las publicaciones de las rectores de nuestras universidades?

    Se denuncia la mentira de tesis de licenciaturas, maestrías y doctorados, que se presentan como resultado de investigaciones que nunca se hicieron. ¿Se podrá saber algún día cuántos doctores hay en Paraguay que recibieron su título de doctor con tesis compradas o plagiadas y aprobadas a cambio de dinero o favores políticos?

    Se denuncian aprobados de asignaturas a cambio de sobornos, coimas o favores sexuales. Igualmente malversación de fondos, especialmente graves cuando se trata de universidades financiadas por el Estado, es decir, por la ciudadanía, y una inequidad en el reparto de sueldos impresionante. Algún día, alguien investigará cuánto gana cada uno de los que trabajan en las universidades nacionales y quedaremos sorprendidos de que hay profesores que ganan poco más (y también menos) de un millón al mes, mientras secretarias privilegiadas ganan más de quince millones y decanos con sueldos de treinta millones al mes entre gastos de representación y otros beneficios.

    Las universidades están siendo cuestionadas por la ciudadanía, no ya por su baja calidad como tales universidades en su servicio académico de formación de profesionales y en su rol de instituciones para la producción de conocimientos, sino por cuestionamientos éticos en comportamientos básicos por parte de no pocos de sus actores y responsables. ¿Por qué las universidades ponen trabas para informar de lo que son y lo que hacen? ¿No existe para ellas la ley de la transparencia? Una abusiva y perniciosa interpretación de la “autonomía” las está convirtiendo en pequeñitos y ridículos “estados” dentro del Estado.

    El Estado creó leyes (Ley de la Aneaes, Ley de Educación Superior y creación del Cones) e instituciones para mejorar la Educación Superior, pero los corruptos ya han encontrado sutiles estrategias para ir esterilizando las leyes y las instituciones creadas.

    El estado de la Educación Superior es calamitoso, el desprestigio de las universidades en la ciudadanía es progresivo, la resistencia al cambio por parte de las instituciones es pertinaz, la corrupción está instalada en sus entrañas. Sin ética y con corrupción impune, el destino es la destrucción. Según la Constitución Nacional finalmente la pelota está en la cancha del Estado y el Gobierno, que jura cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.

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    Publicado por jotaefeb | 22 mayo, 2017, 9:49 am
  9. Universidades truchas

    En lo que va del año, el Consejo Nacional de Educación (Cones) cerró el Instituto Superior Latinoamericano, 15 filiales del Interregional, así como 32 filiales de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur). También clausuró 56 carreras de ciencias de la salud (Medicina, Enfermería, Obstetricia, Radiología. Nutrición, Fisiología y Farmacia) de diversas entidades “educativas”, entre las que figura la Universidad Privada del Guairá, que cuenta con nada menos que 82 filiales. No es casual que tantas carreras clausuradas tengan que ver con la salud, pues las cuotas percibidas por cursarlas son las más altas, es decir, las más lucrativas para los inescrupulosos mercaderes académicos que apeligran la vida de la gente al lanzar al mercado profesionales de muy dudosa preparación académica. Al disponer el cierre, el Cones solicitó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que suspenda los registros de los títulos expedidos por las carreras de grado y de posgrado.

    A esas atinadas medidas deben seguir otras en igual sentido para ir depurando la educación terciaria, tan degradada por la Ley N° 2529/04, promovida por el exsenador Juan Manuel Marcos, rector de una universidad privada, que permitió al Congreso crear universidades e institutos superiores sin atender el dictamen del Consejo de Universidades, pero sí el interés de varios legisladores comerciantes que se volcaron con fruición al muy rentable negocio de vender títulos universitarios, sin interesarse en absoluto por la calidad educativa. Intervinieron en esas gestiones, mediante testaferros o hasta directamente, legisladores como el exdiputado Dionisio Ortega, el “parlasuriano” Juan Antonio Denis y la diputada Esmérita Sánchez, que hoy fungen de rectores como si tuvieran autoridad moral e intelectual para serlo.

    No debe sorprender, entonces, que el presidente del Cones, Hildegardo González, haya denunciado presiones políticas para impedir el saneamiento del sector, ni que la Corte Suprema de Justicia, irresponsablemente, haya otorgado una medida cautelar para que se siga “enseñando” nada menos que medicina en seis universidades de “garaje”.

    A la ciudadanía y al Ministerio Público les interesaría saber quiénes son esos políticos que intentan cometer el delito de tráfico de influencias para que ellos mismos o sus compinches sigan ganando mucho dinero a costa del interés general de que los profesionales universitarios estén bien formados para precautelar la vida, la libertad o los bienes de quienes recurran a sus servicios.

    Alegra saber que, pese a todo, el Cones seguirá clausurando carreras fraudulentas y que en los últimos tiempos haya reforzado su plantel y mejorado su equipamiento, gracias a la colaboración del MEC. Es improbable que el Presupuesto nacional le otorgue fondos suficientes, dado que su sanción depende justamente de varios personajes inescrupulosos ligados al sucio negocio de marras, de modo que convendría que la sociedad, con firmeza, le dé todo el respaldo moral a su loable propósito.

    En las condiciones actuales, el Cones sigue siendo demasiado débil para que pueda encarar con la eficiencia deseada el urgente saneamiento de la hoy corrompida educación universitaria, hasta el extremo de que se otorgan franquicias para la apertura de filiales como si se tratara de una despensita comercial más. Parece un chiste de mal gusto, pero lo cierto es que en Vallemí se llegó a habilitar una carrera de Derecho dirigida por un alumno del segundo curso (!), mientras en Choré funcionaba una carrera de Periodismo, como si fuera la más necesaria para esa región.

    El Paraguay cuenta con 54 universidades, de las cuales 46 son privadas, para una población de unos 6.700.000 habitantes, en tanto que la Argentina solo tiene 97 para una población seis veces mayor. Su proliferación fue el resultado de la irresponsabilidad y de la codicia de mercachifles ligados a la política, y de la absoluta falta de control estatal. Poco después de asumir el cargo, el ministro Enrique Riera informó que unos 8.000 estudiantes fueron lisa y llanamente estafados, porque las carreras que cursaron no estaban habilitadas por el Cones o certificadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

    Los responsables de esta verdadera estafa a la juventud que anhela prepararse para una vida mejor no han sido procesados y condenados, como corresponde, sino que continúan enriqueciéndose a costa de todo un país que necesita profesionales idóneos. Es comprensible que los alumnos vilmente estafados exijan un resarcimiento, aunque no debería ignorarse que entre las víctimas también figuran quienes no buscaban precisamente aprender un oficio, sino solo obtener una cartulina que les permitiera, entre otras cosas, recibir una bonificación mensual en el sector público.

    Entre las universidades privadas, solo 17 tienen al menos una carrera cuya buena calidad está acreditada por la Aneaes, y hasta hay al menos una filial en la que solo se imparten clases los días sábado (!). Si se recuerda el paso del nefasto Froilán Peralta por la Universidad Nacional de Asunción y se considera que en la de Pilar sientan plaza, como “docentes”, operadores políticos del rector-diputado Víctor Ríos, resulta que el panorama que ofrece la educación terciaria es alarmante.

    En un mundo globalizado y competitivo, en el que el saber juega un rol cada vez más importante, el Paraguay no debe seguir teniendo universidades que son una verdadera tomadura de pelo y un insulto a la razón. Quienes estafaron a tantos jóvenes deben ir a parar a la cárcel.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/universidades-truchas-1595873.html

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    Publicado por jotaefeb | 22 mayo, 2017, 9:45 am
  10. Estafadores

    Por Arnaldo Alegre
    Lo de Unasur es solo la punta del ovillo. 9.000 estudiantes con el futuro hipotecado por una institución que imparte carreras sin la habilitación correspondiente. Y que, para colmo del cinismo, protesta y trata de soliviantar al alumnado porque las autoridades hacen cumplir las leyes y ordenan que se cierren las carreras de marras.

    Este solo hecho demuestra el nivel de precariedad y de informalidad en el que se gestó el mayor crecimiento de la educación terciaria en la historia del Paraguay. Las universidades son prácticamente edificios con cartelones con nombres pomposos, pero más vacíos que la moralidad de sus directivos.

    Es el más abyecto de los comercios. En gran parte de esas universidades lo único que importa es el dinero. No interesan ni la calidad educativa, ni la formación moral y social del estudiante, ni las necesidades de un país que requiere de la preparación de todos sus ciudadanos.

    Las universidades establecidas desde hace decenios tampoco son ejemplos de pureza y probidad educativa sin mácula. Allí se pueden comprar exámenes como caramelos o asignar rubros docentes a la amante, al esposo, a la amante del esposo, a alguna sobrinita tentadora o a la tía abuela.

    Detrás de todo ello está nuestra patética clase política. Reyes Midas del revés: pudren todo lo que tocan. Y al contrario del héroe mitológico, no mueren de hambre.

    Todas las universidades que se abrieron en los últimos años tienen detrás a un padrino político o directamente son sus cotos de caza. Eso sí, acá no hay banderías políticas ni sensibilidad ideológica. El único color al que responden es el del vil metal. Y como corifeos interesados están jueces y fiscales para avalar con sus resoluciones el negocio.

    Un informe del Banco Mundial indica que en este siglo se dio el mayor crecimiento de la educación universitaria en América Latina y el Caribe. En la década de los 90, el aumento del alumnado fue de solo 4%. A partir del 2000, se duplicó.

    Precisa que hay tres millones de nuevos estudiantes que provienen de los sectores carenciados. Además la inversión en este campo es casi similar a la de los países desarrollados.

    En ese contexto, en el país hay personas, tanto estudiantes como profesores y directivos, que hacen esfuerzos tenaces para honrar con su trabajo a la universidad. Pero en las actuales circunstancias, la abnegación no es virtud. Ellos deben movilizarse para imponerse a los comerciantes y aprovechadores y, así, depurar de una vez por todas la educación terciaria.

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    Publicado por jotaefeb | 21 mayo, 2017, 9:01 am

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