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El abandono de las familias indígenas

Una comunidad indígena de Itakyry fue arrasada supuestamente por un grupo de civiles armados que hacen de guardia a una empresa privada de la zona. Ocurrió el pasado domingo según la denuncia, y durante el operativo, los atacantes derribaron la única escuela. El lunes quemaron las casas y balearon en el brazo a un niño, de acuerdo a las publicaciones periodísticas.
Se trata de la comunidad indígena 3 de Julio Ysatî, ubicada en el distrito de Itakyry. Allí residen unas 20 familias de la parcialidad Avá Guaraní, quienes mantienen un conflicto sobre la titularidad del inmueble que ocupan. De acuerdo a los antecedentes, habría una superposición de títulos. Entonces, por un lado los nativos sostienen que son dueños legítimos de la parcela que ocupan desde hace más de 10 años y por el otro lado, la firma Industria Paraguaya de Alcoholes S.A. (INPASA) también contaría con un título sobre la misma propiedad y exige que los indígenas abandonen el inmueble.
Sin embargo, nada autoriza para que los indígenas sean violentados por civiles armados. Nuestro país, una vez más, se expone a una sanción internacional, por graves violaciones a los Derechos Humanos y de los pueblos originarios, ante este atropello. Se sabe que las familias indígenas pertenecen al sector más vulnerable de nuestra sociedad y como tal, tienen que tener la protección del Estado.
Lamentablemente en nuestro país, las escasas comunidades nativas que aún sobreviven son considerados como parias de la sociedad. A pesar de contar con el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), las comunidades nativas, sobreviven en el más absoluto abandono. Muchos ni siquiera tienen la titularidad de sus tierras y deben sufrir este tipo de atropellos. Otros pueblos nativos abandonan sus tierras, o las arriendan a terceros, porque no existe una política de acompañamiento real, que garantice condiciones de vidas dignas a los aborígenes.
En estos casos conflictivos, los primeros debieron haber actuado, precisamente son la gobernación y el Indi para garantizar el respeto a los derechos de las familias indígenas. Es de esperar que después de este vergonzoso ataque, las instituciones del Estado se preocupen y busquen una salida al problema, y por sobre todo, garanticen el respeto a las comunidades nativas. Estas merecen contar con un territorio y condiciones de vidas dignas, para su desarrollo.

http://www.vanguardia.com.py/2017/05/10/el-abandono-de-las-familias-indigenas/

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

4 comentarios en “El abandono de las familias indígenas

  1. Paraguay, Estado y sociedad, discrimina a las 17 etnias autóctonas que todavía quedan en el país. Hay mucho racismo de los paraguayos. Según Galeano, los indígenas no se creen paraguayos, sino que por siglos construyeron su teko en Itakyry. Hoy son masacrados y exiliados

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    Publicado por jotaefeb | 13 mayo, 2017, 11:21 am
  2. PARAGUAYOS DE VERDAD
    Andrés Granje
    Las informaciones periodísticas señalan que el primer ataque a la parcialidad indígena Ava Guaraní de Itakyry del Norte se produjo el lunes al mediodía, el segundo y definitivo en horas de la madrugada del martes, grupos de “Un grupo de personas civiles armados irrumpieron esta parcela de tierra y 15 familias indígenas fueron echados del lugar”, detalló el abogado Reinaldo Lugo. Se habla igualmente que los atacantes hirieron a los nativos, entre los cuales u n niño de 4 años de vida con un refilón de un tiro en el brazo. El segundo ataque ocurrió esta madrugada, también protagonizado por quienes serían guardias de la empresa Industria Paraguaya de Alcoholes SA (Inpasa). Según el abogado, iban encabezados por el mismo gerente identificado como Roberto de Sosa.
    Esta crónica relatada en el Diario ABC Color refleja situaciones similares que desde centurias se viene cometiendo en contra de las parcialidades indígenas en el Paraguay, la indefensión de los originarios de estas tierras es evidente y patética, pudiendo afirmarse con propiedad que no existen jueces, ni fiscales que se compadezcan de la humillante postración de estos pueblos y menos se atrevan a aplicar la ley garantizando la ecuánime y criteriosa aplicación de las leyes vigentes que en los papeles parecen proclives a beneficiar los intereses de las etnias teniendo en cuenta la situación de sumisión de siglos en donde el avasallamientos a sus derechos y el abandono han sido la constante permitiendo el exterminio lento pero seguro de estas parcialidades en territorio paraguayo.
    Sin embargo desde que la fiebre verde se extendió, primeramente en la zona fértil y fronteriza con el Brasil y luego tierra adentro, con el cultivo sistemático y mecanizado de la soja, que coincide con el éxodo de los campesinos expulsados de sus tierras y sus labranzas, cuyo epilogo todos conocemos, pasan a engrosar la larga fila de las casitas precarias del cinturón de pobreza de nuestro país o los bañados de Asunción, en donde abundan la marginalidad y la delincuencia tornándose sus vidas inseguras y luchando día a día en un combate cruel por la sobrevivencia. Los indígenas no corrieron mejor suerte, al contrario, si hubo algún tipo de miramiento con los campesinos, compra de sus tierras, pagos medianamente justos antes de la diáspora, los indígenas como no representan cifras importantes en la sociedad se los expulsan sin contemplaciones ni cuidados.

    Episodios dramáticos como el que relatamos muestran el cinismo sin límites de las autoridades nacionales y de toda la sociedad paraguaya, adentro y afuera del país, nos llenamos la boca de nuestro patriotismo, de lo maravilloso que es ser descendientes de los guaraníes, raza indígena original de esta parte del subcontinente americano a quienes debemos el idioma y otras bondades, los exaltamos en nuestros cantos y sin embargo permitimos que los pocos originarios que quedan en sus pequeñas y pobres colectividades, vivan en la miseria extrema, la codicia de grupos de facinerosos llevan a incendiar estas chozas, como sucedió en Itakyry, porque indudablemente la mafia de la soja exigen mayores territorios cada día donde cultivar.

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    Publicado por jotaefeb | 11 mayo, 2017, 9:28 am
  3. Karacha’i y las miserias del Gobierno

    Por Miguel H. Lopez
    La indignación selectiva, el cinismo crónico y la amnesia fingida son materia cotidiana en estos días en la sociedad y en particular entre los políticos de viejo y nuevo cuño y sus seguidores. Hace 5 días recrudecieron los ataques del Gobierno, a través de su mecanismo de represión, y de los parapoderes enfundados esta vez en productores, en contra de campesinos e indígenas. En Guahory (Caaguazú) e Itakyry (Alto Paraná) sencillamente se reinstaló el estado de guerra en contra de los pobres. Civiles armados y la propia policía desatan el terror en contra de poblaciones indefensas. No importan derechos ni soberanía. Solo el dinero –casi siempre de espurio origen– y la prepotencia que brindan la impunidad y el guiño de las autoridades nacionales, regionales y municipales.

    Guahory es una herida abierta en donde policías que custodiaban los sojales de colonos brasileños y su descendencia reprimieron, lastimaron, dispararon y desbarataron el asentamiento campesino, en proceso de expropiación con media sanción en la Cámara de Diputados.

    Casi en simultáneo, en la comunidad Ava Guarani de 3 de Julio, asentada en tierra propia en Itakyry, capangas de la empresa Industria Paraguaya de Alcoholes SA (Inpasa) desataron la violencia con disparos, quema de casas y escuela, destrucción de cultivos y violencia física, incluyendo herida de gravedad a un niño de primer grado que estaba en aula. Parte de las tierras arrendadas ilegalmente a los privados por líderes corruptos, fue el pretexto para la criminal incursión.

    En ambos casos, el primero con varios antecedentes similares y el segundo con amenazas desde hace mucho tiempo, no hubo intervención efectiva ni resolutiva del Gobierno, de sus organismos, ni de los demás poderes del Estado. El silencio y la omisión, fueron cómplices de los delincuentes de la producción.

    El caso del asentamiento indígena constituye una violación de altos estándares de DDHH. Y si bien no genera la indignación de “la población bien” paraguaya, que vive en una burbuja de indiferencia regurgitando enojos selectivos, si no se atiende –al igual que otros casos potenciales o no– llegará a representar un alto costo en vidas humanas y en demandas contra el Estado.

    Un video donde la niña ava Cari, junto con su cachorro Karacha’i en brazos, relata con inocente crudeza la violencia desatada por los civiles armados, lleva el caso a un nivel que denota el desprecio de seres humanos hacia seres humanos. Y el Gobierno, cómplice de los productores y terratenientes, es el principal culpable; por esa criminal actitud y por la falta de políticas públicas efectivas y de protección real. La Fiscalía, también. La Constitución le manda la protección de intereses indígenas. Sin embargo, ahí les vemos medrando, perjudicando más que protegiendo.

    La mal llamada clase política, las autoridades electas y las designadas son responsables de estas cosas que ocurren. No realizan el trabajo para el que están en sus puestos; ni sirven para los mandatos de las leyes. Bien les vendría un escarmiento a ver si reaccionan…

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    Publicado por jotaefeb | 11 mayo, 2017, 9:20 am
  4. Atropello contra indígenas no debe quedar en la impunidad

    El violento desalojo de una comunidad Ava Guarani, en la zona de Itakyry, Alto Paraná, no debe quedar en la impunidad. Más allá de las versiones de que un sector de los nativos estuvo de acuerdo en trasladarse y otro sector se resistió a salir, nada justifica que peones armados y guardias privados destruyan escuelas e incendien humildes ranchos, en abierta violación a los derechos humanos y de los pueblos originarios. Las tierras ancestrales indígenas están protegidas por la Constitución y son intransferibles. El Estado tiene la obligación de intervenir, esclarecer lo ocurrido, sancionar a quienes hayan cometido delitos y restituir la tierra a sus dueños primigenios.
    Las fotografías y los videos que se han vuelto virales en las redes sociales y en los medios de comunicación, durante los últimos días, mostrando a humildes ranchos indígenas ardiendo en llamas, mientras mujeres y niños clamaban auxilio, han causado mucha conmoción en la opinión pública.

    Las escenas corresponden a una situación de desalojo de un grupo de familias indígenas Ava Guarani, de la comunidad 3 de Julio, de Ysatî, en el distrito de Itakyry, Alto Paraná, durante un violento operativo ejecutado por parte de peones armados y guardias privados de la firma Industria Paraguaya de Alcoholes SA (Inpasa), en los últimos días, según la denuncia realizada por el abogado de los nativos, Reinaldo Lugo, de unas tierras cuya tenencia está en litigio, ya que las comunidades sostienen que es parte de las reservas indígenas, mientras la empresa alega que es parte de su propiedad.

    La situación parece aun más compleja, ya que unas 20 familias de los indígenas, que responden al cacique Luciano Villalba, han aceptado la propuesta de la firma Inpasa de trasladarse a otro sitio, pero otro grupo se resiste a mudarse, lo cual habría motivado recurrir a capangas armados para intentar echarlos por la fuerza.

    Se cual sea la verdadera versión de lo ocurrido, nada justifica el empleo de la fuerza y la violencia por parte de personas particulares para intentar expulsar a humildes miembros de pueblos originarios de sus tierras ancestrales, muchos menos recurriendo a métodos criminales –como la quema y destrucción de ranchos y escuelas y realizar disparos intimidatorios sobre los pobladores, entre ellos numerosos niños y mujeres–.

    El artículo 64 de la Constitución Nacional, “De la propiedad comunitaria”, sostiene con mucha claridad que “los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo. Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.

    El Estado –a través de la Fiscalía, la Justicia y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi)– tiene la obligación de intervenir ante las graves denuncias formuladas por los miembros de la comunidad 3 de Julio, de Ysatî, esclarecer la verdadera relación de lo ocurrido y, en el caso de comprobarse que se han cometido realmente los bárbaros crímenes que se mencionan, sancionar ejemplarmente a quienes resulten responsables.

    Principalmente, los organismos estatales deben cumplir con la obligación constitucional de amparar y proteger a los pueblos originarios, que en su gran mayoría siguen olvidados y abandonados a su suerte, víctimas de la injusticia y los intereses creados.

    http://www.ultimahora.com/atropello-contra-indigenas-no-debe-quedar-la-impunidad-n1084910.html

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    Publicado por jotaefeb | 11 mayo, 2017, 9:19 am

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