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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

¿Quién paga el costo de la “festichola”?

El malhadado proyecto de enmienda constitucional, que pretendió implantar la reelección presidencial pisoteando la Constitución Nacional, fue a parar al basurero, como debió ser desde un principio. La aventura encarada por el presidente Horacio Cartes, con el guiño cómplice del expresidente y actual senador Fernando Lugo, y el apoyo del senador liberal Blas Llano y sus seguidores, tuvo un altísimo costo para nuestro país.

Existen daños como consecuencia del atropello cometido por los “carto-lugo-llanistas” a la República. La orgía política en que se involucraron los reeleccionistas, avasallando todo a su paso, significó pérdidas en utilización de recursos del Estado, en horas/hombre no trabajadas por miles de funcionarios públicos, y, como suele ser habitual, en repartija de dinero público luego disfrazada bajo diversos rubros. A esto pueden agregarse bienes del Estado destruidos, como la sede del Congreso Nacional, y una joven vida truncada para siempre, la de Rodrigo Quintana.

El Congreso estuvo paralizado por varios días, y hasta los ministros estuvieron involucrados en la vorágine reeleccionista, pudiendo recordarse en tal sentido al destituido ministro del Interior, Tadeo Rojas, activo operador de la campaña por el rekutu mientras la delincuencia agredía sin pausa a la ciudadanía.

¿Quién pagará el costo de la “festichola”? Como siempre, no habrá culpables, y se cargará sobre las espaldas de Juan Pueblo. Aunque se conozca al impulsor principal de este intento de subvertir el orden constitucional, que es Horacio Cartes, no ocurrirá absolutamente nada, y así la aventura se repetirá cuando a cualquier desvergonzado se le ocurra otra vez que es el momento propicio, si no en este periodo constitucional, en el próximo. Ahora mismo, no contentos con haber perdido este primer “round”, los luguistas insisten en demoler la Constitución por otra vía, aún más descabellada, alegando que la prohibición de la reelección rige solo para los presidentes en ejercicio y no para los expresidentes.

No se puede esperar absolutamente nada de que surja alguna sanción por este claro intento de subvertir el orden constitucional, porque en nuestro país tenemos una Justicia sorda, ciega y muda, que, en vez de tomar cartas en el asunto, cajonea cualquier caso en contra de las personas que tienen el poder en sus manos. Cuando ella se mueve, lo hace solo para responder a los dictados de los poderosos, a quienes garantiza obsecuencia y lealtad, tratando de no afectar y menos destruir el esquema criminal y corrupto que se yergue frente a sus narices.

El absoluto desprecio que el “carto-lugo-llanismo” exhibió hacia el principal ordenamiento jurídico de la República constituyó –pese al freno puesto al golpe por una ejemplar reacción ciudadana y la evidente presión internacional– un retroceso político desde el momento que demostró, con su actitud abusiva y avasalladora, que basta juntar los votos necesarios para que se pueda burlar desde el reglamento de las Cámaras del Congreso hasta los más claros y rígidos preceptos constitucionales.

De ahora en más, será suficiente el deseo de cualquier otro megalómano político con suficientes recursos para convencer a “interpretadores” de la Constitución y parlamentarios inescrupulosos ambiciosos de que pongan en práctica la receta de forzar los diques de contención colocados justamente para evitar democráticamente los desbordes de potenciales dictadores, causando además una división en la sociedad y una innecesaria distracción de las cuestiones relevantes.

Sería fatal para la República del Paraguay que todo lo sucedido en torno al intento de reelección del presidente Cartes quedara en la impunidad absoluta que caracteriza a nuestro rutinario devenir político, en primer lugar por haberse concretado flagrantes atropellos constitucionales, como el hecho de violar el mandato de que no se puede volver a tratar la enmienda en el plazo de un año cuando la misma fuera rechazada por una de las Cámaras del Congreso, el alzamiento contra las autoridades legítimas y vigentes del Congreso para que el Senado sesionara ilegalmente, y otras tantas arteras maniobras políticas que hacen lucir a este Gobierno como una copia fiel del stronismo dictatorial.

Aunque es como pedir peras al olmo, el Ministerio Público, con su atribución y deber de “velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales”, no debe dejar pasar la oportunidad de investigar a fondo a todos los involucrados en este acontecimiento, cualquiera sea el cargo, rango, influencia y fueros con que cuenten, para ofrecer al Poder Judicial la ocasión de lucirse con la función que le atribuye la Carta Magna de ser “custodio de esta Constitución”, y, por sobre todo, de ejercer la delicada función de representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado que le está asignada.

Si la Fiscalía y la Justicia no ponen fin a este funesto episodio con un merecido y ejemplar castigo a los responsables, lo sucedido no será el entierro de la enmienda para fines torcidos y menos aún el fin del alzamiento político contra la Constitución Nacional, sino un pasaporte para futuros intentos similares, que necesitará simplemente de desvaríos de los autoritarios de turno, apoyados por los sinvergüenzas de siempre de nuestra política criolla, que encuentran en estas iniciativas la oportunidad de continuar medrando en la roña de sus inconductas ilegales e inmorales. La cuestión es si seguimos teniendo Cartes y Lugos para rato, o respetamos los dictados de nuestra Carta Magna.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/quien-paga-el-costo-de-la-festichola-1587988.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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10 comentarios en “¿Quién paga el costo de la “festichola”?

  1. Crónica de un asesinato electoralmente ninguneado

    Cada día que pasa es más evidente que el principal obstáculo para la investigación del asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana, fusilado a quemarropa en el tristemente famoso asalto al Congreso que, prácticamente con escasos y vergonzosos precedentes en la historia política de la humanidad, terminó con el incendio de la emblemática institución democrática y el saqueo de sus bienes; notablemente, con aceptación, consentimiento y la tácita conspiración del silencio de varios de sus representantes, incluyendo a su presidente.

    El principal obstáculo a la investigación, más allá de las oscuras decisiones policiales que hasta ahora no tienen explicación, es el oficialismo del Partido Liberal Radical, quien debería ser el principal denunciante y querellante.

    Tras obstruir la investigación del hecho en más de una oportunidad, esquivando la investigación de los fiscales, se llegó al colmo de que el crimen del joven dirigente, según la dirigencia liberal, pasó a segundo plano; “había sido que”, como se dice en popular paraguayo elusivo, la “principal víctima” no fue el asesinado, sino que la intención era atentar contra el presidente del partido, Efraín Alegre, a quien las cámaras de televisión mostraban a cuerpo descubierto dirigiendo el asalto al Congreso Nacional. Es decir que de haber pretendido alguien asesinarlo en medio de ese caos, hubiera sido de lo más fácil.

    Más notable aún es que los dirigentes liberales, con Alegre a la cabeza, llegaron a esa conclusión un mes después de los hechos.

    Y más notable aún que trabaron las pesquisas de los fiscales en más de una oportunidad y que, ahora, la dilatan, pretendiendo que, ante un crimen real, tome protagonismo la pretensión “heroica” del presidente del partido, por un supuesto intento de crimen que no tiene el más mínimo viso de realidad, en vez de buscar con urgencia la investigación de quiénes son los criminales y la sanción del asesinado real.

    De esta forma, chicana tras chicana, pues no puede calificarse de otra forma la política de obstrucción del oficialismo liberal, viene dilatando la investigación y, por ende, la sanción del crimen, evidente, ante el espejismo fantasmagórico del protagonismo electoralista que quiere construir el candidato a presidente, sin el menor respeto al verdadero mártir de la confusa noche de violencia.

    Si el candidato presidencialista Alegre quiere hacer electoralismo con el río revuelto que se produjo aquella noche escandalosa y fúnebre, está recriminalizando el crimen de un joven dirigente de su partido, que fue la víctima principal.

    Pretender “robar el escenario”, con su intención de ser el objetivo del crimen, es faltar el respeto a la víctima, en un acto injustificable de vedetismo electoralista. A más de obstruir, como se viene haciendo con los tristes y lúgubres acontecimientos de aquella noche del Parlamento roto y pisoteado, la investigación del crimen real, que hay que repararlo mínimamente con la sanción de los culpables y no convertirlo en parte de la campaña electoral, ninguneando a la víctima y obstaculizando la investigación del crimen real en aras de un supuesto crimen.

    Estamos acostumbrados a que en nombre de las campañas políticas electorales se hagan abusos de la ética y del respeto a los electores y a la sociedad en general. En este caso, se está traspasando un límite del respeto a un verdadero mártir, para promover una candidatura. Una aberración vergonzosa que insulta a la ciudadanía.

    http://www.lanacion.com.py/editorial/2017/05/19/cronica-de-un-asesinato-electoralmente-ninguneado/

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    Publicado por jotaefeb | 19 mayo, 2017, 6:59 pm
  2. ¿La desobediencia civil justifica la violencia?

    Por Eduardo Ariel González Báez

    “El derecho humano no puede estar fundamentado en ningún caso más que sobre este derecho natural; y el gran principio, el principio universal de uno y otro es, en todo el globo: ‘No hagas lo que no quisieras que te hagan’. No se comprende, por tanto, según el principio, que un individuo pueda decir a otro: ‘Cree lo que yo creo y lo que no puedes creer, o morirás’. Esto es lo que se afirma en Portugal, en España, en Goa. En otros países que se contentan con decir efectivamente: ‘Cree o te odio; cree o te haré todo el perjuicio que pueda; salvaje, no tienes mi religión, por tanto no tienes religión: debes provocar horror a tus vecinos, a tu ciudad, a tu provincia'”. François Marie Arouet, “Voltaire”.

    Un tema importante para el análisis tras los últimos acontecimientos ocurridos a nivel nacional nos lleva inexorablemente a la reflexión sobre el hecho de determinar ¿cuál es el límite real al invocar a la resistencia violenta ante una usurpación de poderes como “causa de justificación” para llegar a lesiones físicas y daños a bienes patrimoniales públicos y privados en ese contexto?, el otro cuestionamiento, ¿en lo que se conoce como “validez del orden jurídico”, establecido en su artículo 138, permite la utilización de la violencia física como medio de no acatamiento a la norma proveniente de un atentado constitucional?

    El artículo 138 de la Constitución de la República reza así:

    “Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta Constitución, detenten el poder público, sus actos se declaran nulos y sin ningún valor, no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo, en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento. Los Estados extranjeros que, por cualquier circunstancia, se relacionen con tales usurpadores no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o autorizado por el gobierno usurpador, por exigirlo posteriormente como obligación o compromiso de la República del Paraguay”.

    De la simple lectura podemos observar que en momento alguno refiere o justifica la utilización de la fuerza, y se basa en el no acatamiento de las normas que se podrían dictar en un período de quebrantamiento al “Orden Constitucional”, por lo que autoriza a buscar por todos los métodos legales posibles su nulidad, y habilita o libera al ciudadano en no cumplir las órdenes o mandatos de quienes usurpen ilegítimamente el poder, y así lo expone Bernardino Cano Radil al comentar este artículo y dice él:

    “A nuestro entender, la norma del artículo 138 es un error el haberla introducido en la Constitución de 1992, sencillamente no hacía falta. Porque roto el estado de derecho, simplemente, el poder define quién tiene el derecho o no de ejercerlo, hasta que pueda construirse una nueva legitimidad que tendrá su propia legalidad. Es un elemento extraño, dentro de la sistemática del estado de derecho, pero allí está, es válida, vigente y de cumplimiento obligatorio como toda norma”.

    La propia norma no puede obligar así a utilizar la violencia como forma de expresión de su propia protección, no es factible recurrir a la fuerza para llegar a la revolución contra la revolución, sino que dentro del sistema mismo se deben buscar los medios para deslegitimar a las normas dictadas por los usurpadores, dentro del mismo sistema expulsar del poder a los mismos, y juzgar por tribunales con todas las garantías del “debido proceso” a quienes hayan afectado contra el estado de derecho.

    Lo que permite el Art. 138 de la Constitución se denomina “desobediencia civil”, el cual es un derecho al igual que la “objeción de conciencia”. Estos son temas de discusiones de larga data, pero sobre el particular a la “desobediencia civil”, es definida de las siguientes maneras:

    Jhon Rawls: “Es un acto ilegal, público, no violento, de conciencia pero de carácter político, realizado habitualmente con el fin de provocar un cambio en la legislación o en la política gubernativa”.

    Carl Wellman: “La desobediencia civil es un acto ilegal, no violento, de protesta moral”.

    Jorge G. Portela: “La desobediencia civil es un acto de protesta, con fundamento moral, cuya finalidad primaria consiste en intentar reemplazar una norma jurídica o una política gubernativa, o hacer que ésta quede simplemente sin efecto”.

    Como se pude apreciar, la violencia no se encuentra establecida como un medio para no acatar o desobedecer normas que se puedan dictar por algún usurpador del poder. Los actos pueden ser ilegales y de protesta, pero no se refieren a que ellos bajo el rótulo de “todos los medios al alcance” propulsar la violencia, puesto que allí dejarían de ser desobedientes y convertirse en delincuentes o revolucionario, como veremos más adelante.

    Según Guillermo Portela, existen cinco diferencias fundamentales entre la “desobediencia civil” y la “objeción de conciencia”, resaltándose para este análisis a que en el primero no existe violencia, y lo expone de esta manera:

    “El acto de protesta es pacífico; paradójicamente, aunque con la actividad usual del desobediente civil se efectúen puntuales actos en lo que se manifiesta públicamente, y en los que conscientemente cunde el descontento, la violencia se trata de evitar a toda costa. Esto marca la diferencia existente entre el desobediente civil, el delincuente común y el revolucionario… Pero mientras que los actos de protesta del desobediente, como ya se dijo, están exentos de violencia, lo de los delincuentes y el revolucionario se caracterizan por el uso indiscriminado de la fuerza destructiva y la coacción física y moral”.

    De esta forma, Rawls –citado por Portela– expone el siguiente gráfico, la manera en que los diferentes actores citados quedan dentro del sistema jurídico:

    Se señala así que S es el sistema jurídico-político; D, el desobediente; d, el delincuente; r, el revolucionario, y C, el ciudadano común. El ciudadano se encuentra en el centro del sistema, igual que el desobediente pero en un extremo del mismo; el delincuente y el revolucionario están fuera del sistema.

    Lo que de esta manera se puede señalar es que lo que se propone proteger el sistema utilizando el mismo sistema, al salirse del círculo uno traspasa la legalidad y legitimidad de su desobediencia convirtiéndose así en un revolucionario o en un delincuente, con las consecuencias jurídicas de ese accionar, y sin “causa de justificación” alguna.

    De esta manera, si dentro de un sistema en vigencia de un estado de derecho se dictan normas donde un ciudadano al verse afectado en sus legítimos derechos y garantías se encuentra constitucionalmente habilitado para utilizar todos los medios legales para que ese acto o esa norma sea declarada nula, invocando los artículos 137 y 138 de la Constitución de la República, pero en momento alguno se está permitido la revolución de la fuerza contra autoridades legal y legítimamente constituidas, contra los efectivos de seguridad del Estado, y jamás podría invocarse a la “Validez del orden constitucional” para la quema literal de uno de los poderes del Estado.

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    Publicado por jotaefeb | 11 mayo, 2017, 9:26 am
  3. Di Caprio y el Tío Sam

    Posteado por Pepe Costa el 25-04-2017

    Hurreros, prebendarios y zalameros que se congregaron en la ANR aplaudieron “como si fuera Leornardo Di Caprio en Titanic” al presidente Cartes. Lo hicieron un día después de que éste haya “renunciado” a su hipotética pero inconstitucional candidatura presidencial para el 2018. ¿Qué pasó para que esa carta de la renuncia haya aparecido sorpresivamente en el mazo de naipes jugados tan significativamente con viento a favor del propio Cartes? ¿Por qué renunciar cuando había una “mayoría” a favor de la reelección en el Congreso y todo apuntaba a lograr “que la gente decida”?

    Hay quienes piensan que la reculada de Cartes fue provocada por las manifestaciones ciudadanas en contra de su ambición reeleccionista. O por la cruenta consecuencia de los sucesos del “viernes negro”. Más allá de la innegable fuerza de las expresiones cívicas contra el plan reeleccionista, hay detalles que no parecen dar contundencia a esta interpretación, más adobada quizás de romanticismo que impregnada de rigurosidad analítica.

    Veamos. El fuego cruzado en el escenario político respecto al propósito reeleccionista viene de hace tiempo. La última semana de marzo alcanzó su punto crucial con la avanzada de una mayoría circunstancial en el Senado que no dudó en forzar la situación con acciones antijurídicas y antiparlamentarias para promover el proyecto de enmienda constitucional. Las violentas manifestaciones del 31 de marzo revelaron el alto grado de crispación existente. El incendio del edificio del Congreso fue una impensada metáfora realista. Y el crimen de Rodrigo Quintana, un lamentable desenlace, previsible en medio del caos y la violencia generada.

    Pero Cartes no dio muestras de “renunciamiento” ni ese día ni al día siguiente. Al contrario, insistió en arrojar gasolina al incendio iniciado, con mensajes ambiguos, mostrando lágrimas de cocodrilo públicamente y alentando privadamente, mediante sus allegados, a la continuidad del plan reeleccionista. Las “medidas políticas” frente a la violencia y el crimen de un joven opositor, fueron apenas protocolares.

    El “relato oficial” trató de imponerse a ritmo de ruedas de prensa y redes sociales, pero la tecnología de cámaras y grabaciones terminó por desbaratarlo. Por acción o silencio, entretanto, la ruta de la enmienda seguía con su amenaza de violencia y quiebre institucional. Y el socio y cómplice en la onanista aventura, Fernando Lugo, hizo lo propio con su acostumbrado cinismo enjuagado de hipocresía y pusilanimidad. La izquierda neostronista, entretanto, se enredaba en su discurso kele’e hilvanando antípodas ideológicas en función a los apetitos zoqueteriles.
    La “renuncia” vino 17 días después de los eventos sangrientos y 15 días después de la multitudinaria manifestación pacífica contra la enmienda. ¿Tanto tiempo necesitó HC para “reflexionar”? ¿Tanto tiempo precisó el reclamo popular para hacer efecto en el ánimo presidencial? ¿O hubo algún factor más “convincente” que fue pergeñándose en ese lapso para obligar al sorpresivo anuncio –hecho vía twitter- a las 15:29 del 17 de abril?

    Para nadie resultará irrelevante la intervención que hubo de parte del Vaticano y del Gobierno de los EEUU en esta crisis. La Iglesia adoptó una posición decididamente protagónica: liderazgo moral en el diálogo convocado a iniciativa del Ejecutivo, presencia repetida del presidente de la Conferencia Episcopal y del propio Nuncio en Mburuvicha Roga, y por si fuera poco, contacto directo del Vaticano con el Presidente.

    El protagonismo del Tío Sam fue también significativo: Un comunicado muy directo y con indisimulado párrafo de molestia y reclamo, así como el urgente y no previsto envío de un funcionario clave para una sugestiva agenda de reuniones.

    El resultado está a la vista. Quizás no haya certeza total sobre cuál de los tres factores –movilización ciudadana, intercesión vaticana o presión yanqui- obró el “milagro” del renunciamiento o fue principal para su concreción. Pero en el caso del último elemento –la presión e intervención directa del gobierno del Norte- no puede uno ser ciego y dejar de considerar las notas altas de vulnerabilidad que los antecedentes comerciales y financieros del “empresario Cartes” aportan, cual destino irremediable, al “presidente Cartes”. Sospechas o negocios de por medio, “algo” significativo parece siempre haber habido como telón de fondo en esa relación.

    Si las circunstancias y los hechos llevan a coincidir en que dicho factor fue el esencial para la decisión presidencial, estamos ante un problema parcialmente resuelto (el de la tensión política interna, aunque todavía debe desinflarse del todo con el retiro del proyecto de enmienda), pero a la vez, estamos ante otro problema evidenciado: un escenario particularmente preocupante para una real soberanía en el ejercicio del gobierno nacional en los próximos tiempos.

    ¿Será el Tio Sam el que, de ahora en más, marque las pautas de lo que resta de la travesía del Titanic cartista? No lo podemos saber ni adivinar, aunque sí podemos ver sus consecuencias si ello resultara así.

    Di Caprio, en aquél laureado y romántico filme, no logró resistir ni llegar a la otra orilla. El frío del océano terminó por acabarlo y dejarlo hundir en sus entrañas. No quisiéramos creer que tantas metáforas quepan y se encarnen en nuestro escenario político… aunque, en política criolla, más aún con Cartes, nada puede descartarse…

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    Publicado por jotaefeb | 28 abril, 2017, 10:55 am
  4. Una ciudadanía activa es la garantía para la democracia

    Movilizaciones ciudadanas, como las de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, y las protestas que exigían el fin de la crisis política y la violencia, generadas por un proyecto de enmienda para lograr la reelección presidencial, mostraron uno de los mejores rostros de una ciudadanía paraguaya madura y responsable. Estas acciones tienen un gran valor y constituyen una verdadera garantía para la democracia, que para ser completa requiere de la participación de todos. Los universitarios no decayeron hasta lograr los cambios que pedían, y el decidido “no” ciudadano a la enmienda fue la clave para evitar que se siguiera violando la Constitución Nacional. De esta manera vamos construyendo ciudadanía.
    A veces los avances que tenemos como sociedad pasan desapercibidos para nosotros mismos. Es el caso de hechos que nos confirman que la construcción de ciudadanía ya no es un objetivo tan imposible.

    Es emblemático el caso de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional (Fiuna), quienes habían realizado un histórico paro de 168 días para exigir transparencia y la renuncia del decano Éver Cabrera. Las denuncias contra la estructura prebendaria instalada en la casa de estudios estuvieron bien documentadas y fueron presentadas incluso al Congreso Nacional; hace apenas unos días el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería destituyó como decano y docente al ingeniero Éver Cabrera.

    Los miembros del Consejo Directivo de Fiuna tomaron en consideración las transgresiones cometidas por Cabrera: superposición de horarios, alteración de planillas, asistencia y marcador electrónico; provocación de actos de violencia y atropello a estudiantes y padres; violación de reglamentos de la UNA y de Fiuna y aprobación de resoluciones arbitrarias contra personas que no son de su simpatía.

    Ante las situaciones que consideraban injustas y alejadas de la legalidad, los estudiantes, los docentes y hasta los familiares de los universitarios se unieron en una campaña que no descansó hasta lograr el objetivo. Incluso, después de haber sido levantado el paro en unas históricas elecciones, lograron destronar a la claque que manejaba la facultad de Ingeniería.

    Y ciudadanía se comenzó a construir también desde una plaza, en momentos en que todo apuntaba a un quiebre del estado de derecho. Cuando se dejaron de lado las banderías políticas y el gran gesto de desafío fue portar una vela u ofrecer flores a los policías, como un acto de rebelión ante la misma violencia generada por los sectores que solo buscaban fundamentos para generar más violencia.

    Pese a que mucho se dijo al respecto, además de algunas presiones externas que pueden haber incidido en la decisión del presidente Horacio Cartes para desistir de la enmienda, la movilización ciudadana logró hacer retroceder a quienes no dudaban de violentar la Constitución Nacional para lograr la reelección presidencial.

    Las que mencionamos son dos victorias recientes que demuestran que las acciones de la ciudadanía, cuando esta se decide a participar, sea para denunciar o reclamar situaciones injustas o el respeto de nuestra Carta Magna, son los hechos concretos que le dan el verdadero sentido a la democracia. Quienes gobiernan deben entender el mensaje: el poder está en la gente.

    http://www.ultimahora.com/una-ciudadania-activa-es-la-garantia-la-democracia-n1081039.html

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    Publicado por jotaefeb | 28 abril, 2017, 9:27 am
  5. La Carta Democrática de la OEA

    Todo discurso político que pretenda instalar escenarios irreales con el solo objetivo electoral, en algún momento, es desenmascarado. Determinados sectores se han empeñado en los últimos meses en tratar de convencer a la ciudadanía y a la comunidad internacional que el país vive momentos de descomposición de las instituciones, con la supuesta intención del rompimiento del Estado democrático, que por el contrario, entre viento y marea, desde la caída de la dictadura ha dado muestras de estar cada vez más firme.

    Así, la discusión política sobre un proyecto de enmienda en el seno del Parlamento Nacional fue aprovechada por estos sectores en denunciar peligrosamente a Paraguay ante algunos entes, como la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es más, se pidió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se encuentra circunstancialmente en el país para una actividad externa de la organización, aplicar el artículo 20 de la citada Carta Democrática para con Paraguay, lo que implica que convoque a una sesión urgente para tratar la crisis política.

    Almagro, tras una reunión con el presidente de la República, Horacio Cartes, descartó totalmente esa posibilidad, porque “no hay méritos”.

    Expliquemos qué es la Carta Democrática Interamericana y la peligrosa implicancia en su aplicación. Se había aprobado en el 2001 en una sesión especial de la OEA, y tiene como fin fortalecer la institucionalidad democrática en los países miembros de la organización. El artículo 20 de la mencionada carta brinda potestad al secretario general para solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes.

    Por primera vez desde su creación, hace unas semanas un secretario general de la OEA utilizó el artículo 20. Si bien se han estudiado numerosos casos, fueron por pedidos de los países miembros. En esta ocasión, el propio Almagro se amparó en usar el artículo 20 para llamar a una reunión urgente para analizar la grave situación de Venezuela.

    Es decir, el pedido de los sectores políticos en Paraguay fue más allá de una simple preocupación por la situación del país. Pretendían que Almagro tomara la misma decisión respecto a Venezuela, con lo que lograrían instalar la ridícula teoría que Paraguay atraviesa la misma crisis provocada por el gobierno de Nicolás Maduro, algo absolutamente descabellado.

    Pero, como decíamos al inicio, los discursos políticos con fines oscuros siempre son desenmascarados. Y en esta ocasión, sobre la denuncia y el pedido, fue el propio Almagro quien puso acento sobre las íes cuando se le preguntó qué decisión adoptará la OEA respecto al tema.

    Almagro fue bastante claro: “Definitivamente no hay méritos como para ir por el procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. No hay ningún fundamento, no hay en este presente democrático paraguayo, ni alteración del orden constitucional, ni violación de principios de la separación de poderes, ni están desconociendo el derecho del pueblo a elegir o a tomar decisiones en referéndum o plebiscito”.

    Expresó, además, que las libertades de expresión y prensa están garantizadas, por lo que “entonces, definitivamente, no existen ninguno de los fundamentos que serían aplicables para ir por la Carta Democrática”. Almagro insistió con un claro “no existe ninguna razón para eso”. En pocas palabras, Paraguay no atraviesa ningún atisbo de posibilidad de quiebre institucional o ruptura de la democracia.

    Igualmente, Almagro valoró la decisión del presidente Cartes sobre el planteamiento de reelección que le hicieron. “Hemos expresado al presidente Cartes nuestro reconocimiento en su decisión, basada en aspectos institucionales que da el sistema político paraguayo de afirmarse en su dinámica democrática y seguir abiertos sus debates democráticos en todos aspectos como se ha venido haciendo”, expresó.

    Indudablemente, en términos políticos, la clara postura anunciada por el secretario general de la OEA es un duro golpe para las pretensiones de sectores que están empeñados en poner el palo a la rueda del país, con tal de satisfacer sus oscuros intereses basados en el interés de alzarse con el poder por una vía sencilla y sin oponentes.

    Un viejo refrán cabe en esta situación: La verdad siempre sale a la luz algún día y si alguien ha mentido, tarde o temprano será descubierto. La frase sigue con aquello de que el que miente deberá pagar las consecuencias. Y en política, las culpas se pagan en las urnas.

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    Publicado por jotaefeb | 28 abril, 2017, 9:05 am
  6. Que el electoralismo no nos haga olvidar del país otra vez

    La presión ciudadana, sumada a la de organismos nacionales e internacionales, obligó a los legisladores a rechazar el polémico proyecto de enmienda para la reelección presidencial. La fuerte crisis política fue el colofón de largos meses en los que tanto políticos como funcionarios parecieran haberse olvidado del país. Ahora que arrancarán en breve las internas partidarias con miras a las elecciones generales del 2018, esperamos que no vuelvan a olvidar sus verdaderas prioridades. Los políticos, y los que están en funciones oficiales, deben poner por encima de sus intereses particulares el interés general, que no es otra cosa que la búsqueda del bienestar de la mayoría de la población.
    Finalmente, la iniciativa del oficialismo, de los liberales llanistas, oviedistas y luguistas, de forzar una enmienda constitucional –que además de ser inconstitucional derivó en la mayor crisis política de los últimos años, que le costó la vida a un joven dirigente del PLRA, Rodrigo Quintana, y en la quema de una parte de la sede del Congreso– fue remitida al archivo. El proyecto ya no podrá ser tratado hasta dentro de un año.

    Después de tantos meses de agresividad desatada, de atropellos a la Carta Magna y de haber relegado los urgentes temas que afectan a la vida del país, nos encontramos en un escenario que –lamentablemente– nos resulta bastante conocido: internas partidarias y lucha por acceder al poder en el 2018.

    Una vez enterrada la posibilidad de enmendar la Constitución Nacional para aprobar una reelección presidencial, la ciudadanía celebró la decisión que, desde la Cámara de Diputados, ponía fin a los meses de incertidumbre que postergó el tratamiento de importantes temas para la vida nacional.

    Sin embargo, la alegría nos puede durar poco. Una vez que la enmienda dejó de ser un tema para los políticos, estos ya comenzaron de inmediato a pensar en las elecciones del 2018. Esto significa que todos, desde el presidente de la República hasta el último miembro de seccional, tienen la mente puesta solo en candidatos, candidaturas y campañas; con todo lo que esto implica.

    El país entero había sentido el alivio que trajo consigo el anuncio de Horacio Cartes de renunciar a presentarse como candidato a la reelección. Aunque su intención no se ajustaba a la Constitución, su renuncia aportó tranquilidad en un momento muy convulsionado.

    El país estaba harto de la polarización de las posiciones y de la crispación que estas generaban, por eso el anuncio del presidente trajo de vuelta la calma que se había perdido, la confianza en que se volverían todos a concentrar en la tarea de administrar el gobierno, resolviendo los asuntos pendientes.

    Ahora llegó el momento de recuperar el tiempo perdido en los últimos meses debido al debate por la enmienda. Pero sería muy negativo volcarnos a la refriega electoralista, la disputa por los candidatos, las descalificaciones al contrincante de turno, para dejar de lado los temas que son del interés de la mayoría.

    Tampoco podemos permitirnos que las intestinas luchas electoralistas sigan interfiriendo en la administración del país. Los políticos paraguayos, y los que están en funciones oficiales, deben poner por encima de todo el interés general.

    http://www.ultimahora.com/que-el-electoralismo-no-nos-haga-olvidar-del-pais-otra-vez-n1081700.html

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    Publicado por jotaefeb | 28 abril, 2017, 8:59 am
  7. ¿Qué celebran los violentos?
    28 abril, 2017

    Festejaron como si hubieran obtenido la copa del mundo. Apenas concluyó la sesión de la Cámara de Diputados, en la que se resolvió por unanimidad cerrar el capítulo relativo a la reelección vía enmienda, las publicaciones digitales de los “grandes” diarios se apresuraron en titular “victoria ciudadana”, “gran triunfo de la democracia” y otros más que los tenían preparados para un hecho que a nadie causó la menor sorpresa. En las inmediaciones del Congreso, un reducido grupo de adherentes al PLRA festejaba el hecho y Alegre destacaba que con lo resuelto “perdió Cartes”. Pero la verdad salta a la vista. Las “multitudes” que siempre invocaron estuvieron nuevamente ausentes. Las celebraciones corrieron por cuenta exclusiva de esa minoría violenta, encabezada por los medios hegemónicos, que impusieron su voluntad a la fuerza y birlaron a 4 millones de paraguayos el derecho a expedirse en comicios libres sobre un tema que es de su estricta incumbencia.

    Las patrañas sobre el supuesto “golpe” y “quiebre institucional” ya no hacen parte fundamental del discurso político de los violentos. ABC Color y Última Hora están buscando nuevos flancos por los cuales proseguir sus ataques contra el gobierno. Efraín y “Marito”, por su parte, salieron corriendo a empujar sus respectivos aparatos electorales, al igual que los hermanos Ferreiro, quienes parecen tener asumido que harán de furgón de cola del liberalismo. Y es que el objetivo nunca fue “defender la democracia”, que en ningún momento corrió el menor riesgo, salvo cuando ellos mismos desataron el caos, sino sacar de la cancha a los principales candidatos para el 2018, léase Horacio Cartes y Fernando Lugo.

    Así, Zucolillo y Vierci “celebran” la posibilidad de recuperar sus privilegios con un próximo gobierno afín a sus intereses, al igual que su rol en la sociedad como los poderes fácticos que siempre fueron, sobre todo el primero, a quien se le está acabando el tiempo. Y sus peones políticos, por la sencilla razón de que si Cartes y Lugo hubieran sido habilitados a pugnar por un segundo mandato, sus chances desaparecían automáticamente, de un solo plumazo.

    Por estas razones se muestran tan eufóricos, incluso exultantes. Hasta un energúmeno sin el menor predicamento, como el senador Petta, o Desirée, hacen galas de una soberbia sin igual, creyendo, erróneamente por cierto, que a partir de ahora tienen el camino “expedito”. Pero la realidad es que ahora tendrán que lidiar con otros problemas que no le resultarán nada sencillos de resolver, pues, desaparecida la enmienda, con ella desapareció también la bandera que los mantenía aglutinados y “movilizados”.

    Ahora ya no pueden ocultar que en todos estos años no fueron capaces de cosntruir un proyecto alternativo al del gobierno, que jamás hicieron oposición planteando a la ciudadanía lo que consideran superador y que su estrategia de siempre fue la del “no”, la de poner los palos sistemáticos a la rueda de la carreta y el boicot.

    Con este desarme político y programático, el oficialismo liberal y sus socios de la disidencia de la ANR marchan rumbo al 2018. El primero, con el agravante de moverse en el escenario de una oposición profundamente dividida, además de las disputas por la repartija de los cargos. Los segundos, además de su debilidad estrucural, con el estigma de haber sido los que con sus votos traicionaron desde el Senado los proyectos fundamentales del gobierno colorado y sabotearon la reelección.

    En este contexto, el oficialismo corre con mayores posibilidades que los que se hallan en la vereda de enfrente. La línea política está definida de antemano. Es darle continuidad a un modelo que bien puede demostrar a propios y extrañlos que ha sido exitoso, tomando solo los datos de la realidad y comparándolos con los de todos los gobiernos anteriores, restándole como único desafío la integración de una dupla presidencial que tenga la aceptación mayoritarira de la dirigencia que llevó a HC al Palacio de López.

    Pero Efraín y “Marito”, así como sus mentores mediáticos, están todavía en la fase de la borrachera que solo produce alegrías, sin comprender que luego sobrevienen los inevitables dolores de cabeza. Celebran el tremendo zarpazo que le dieron a la democracia en función a sus mezquinos intereses, pero se les viene encima una coyuntura electoral adversa, en la cual esta vez no podrán robarle a la ciudadanía el derecho a decidir según sus criterios y conveniencias, lo que ellos no respetaron, ni representan.

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    Publicado por jotaefeb | 28 abril, 2017, 8:48 am
  8. Zoquete y enmienda

    Por Miguel H. Lopez
    Ahora que el proyecto de enmienda constitucional para la reelección presidencial fue sepultado en Diputados, después de haber sido una inminente realidad, también se desvanecieron los hilos de esperanza que aún abrigaban algunos sectores del cartismo y del Frente Guasu.

    Hasta última hora hubo intenciones oficialistas de buscar una posibilidad dentro de esta figura, pero en el tramo final algunos aliados incondicionales del presidente Horacio Cartes en la Cámara Baja le dieron la espalda. Los números no conjugaron y aumentó la lista de viudas del poder.

    El nuevo escenario que se configura desde la semana pasada, cuando Cartes anunció que descabalgaba de la idea reeleccionaria, muy a pesar suyo, agobiado por la injerencia estadounidense y católica, el disgusto de un sector del país, su caída en las encuestas y sus antecedentes penales en el exterior, plantea desafíos, incluso dentro del Partido Colorado, el menos afectado en el zafarrancho montado en torno a la idea de enmienda.

    El reposicionamiento de piezas en el ajedrez político enfrentará el reciente antecedente de conflicto. Los berrinches del colorado Mario Abdo Benítez se desactivarán entre lisonjas y jugosas promesas, porque así funciona la lógica republicana. Efraín Alegre –con su autoadjudicada victoria pírrica, que siempre es derrota–, ante la caída de la enmienda sostenida por el llanismo, tiene ante sí su impopularidad dentro del mismo PLRA y sus antecedentes de violador de la Constitución en 2012 contra el gobierno constitucional de Fernando Lugo. Sus aliados de ocasión, el PDP y otras agrupaciones, tienen nombre, pero no base para sostener candidaturas. Y el Frente Guasu, el más madrugado en estas lides, ingresa a un denso cono de sombra de donde no es claro si saldrá con alguna chance electoral. Su candidato estrella, Lugo, no pasó de la ambigüedad del no y sí en el debate pro y antienmienda, y ahora depende de la Corte su candidatura a presidente; cosa improbable, porque la máxima instancia judicial es funcional al cartismo y rechazará las pretensiones del ex obispo. En la práctica, solo le resta pugnar por seguir en el Parlamento, en alguna gobernación o concejalía. Su equipo de senadores, que en el último tramo mayoritariamente parecía solo buscar retener los zoquetes sin importarle mucho el programa, está en el llano, mirando el horizonte y pretendiendo que todo haya sido solo un mal sueño.

    Por lo general, estamos siempre en las mismas. Víctimas todos de los malos gobiernos y de una “clase” política mendaz y oportunista, que hiede a corrupción y a desprecio hacia la población.

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    Publicado por jotaefeb | 27 abril, 2017, 9:04 am
  9. Tiempo escaso para decisiones importantes

    Por Marcos Cáceres Amarilla

    Les queda poco tiempo al oficialismo y a la oposición para definir candidatos a las elecciones generales de 2018. Por obra y gracia del dichoso proyecto de enmienda constitucional, llegamos a esta altura del año sin que casi nada esté decidido. Quienes ahora aparecen como actores decisivos pueden transformarse a corto plazo en un lastre y un problema para las posibilidades electorales de sus partidos.

    El cartismo consiguió, por su tozudez de aferrarse a la posibilidad de reelección, o quizás por una simple combinación de casualidades, el efecto de dividir a los sectores de oposición de tal manera que ahora se les hace muy difícil sentarse a dialogar siquiera.

    Cartes pretendería que su movida de bajarse de la posibilidad de pelear por la reelección sea percibida como un acto de desprendimiento altruista y que la ciudadanía se olvide de que el conflicto lo crearon sus contradicciones y sus abiertas mentiras sobre su propósito de continuar en el poder, que hasta costaron una muerte.

    En términos de rédito político, la jugada oficialista dejó con escasas posibilidades de continuar a la candidatura de un adversario temible para la permanencia de la ANR en el poder.

    La insistencia de los colorados y liberales opuestos a la reelección en remarcar que Fernando Lugo es el más perjudicado por el fracaso de la enmienda, revela que realmente lo consideraban el principal posible beneficiado. No obstante, todas las críticas y diatribas apuntaron siempre a la figura de Cartes, evidentemente por ser más fácil de atacar, dado su creciente desgaste en el poder.

    Es difícil que al Frente Guasu y a Lugo les alcance su electorado propio para ganar una elección presidencial y mucho menos si el candidato ya no será el exobispo. Pero, si juegan hábilmente las cartas que les quedan, podrían conservar cierta iniciativa y peso, como para aspirar a hacer una buena elección de aspirantes al Congreso.

    La táctica común de todos los posibles candidatos de la oposición para el 2018 será la de procurar mostrarse como el principal antagonista de Cartes, aunque él no vaya a ser candidato. Se repetirá así, en parte, el escenario de 2008, cuando la candidata era Blanca Ovelar pero el “enemigo” era el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos.

    Sin embargo, lo difícil para cualquiera de ellos será convencer al electorado independiente de su capacidad de derrotar al candidato colorado. Además de persuadirlos, después de tantas decepciones, de que serán medianamente capaces de administrar sin grandes sobresaltos el país.

    Uno de los principales obstáculos a vencer entre las fuerzas opositoras será la mutua y profunda desconfianza que existe, luego de tantas críticas, imputaciones y descalificaciones.

    En tanto, Cartes conserva, en teoría, el poder de decisión en cuanto a designar al próximo candidato del Partido Colorado. Sin embargo, deberá jugar con inteligencia y con una sutileza (de la que parece carecer) para lograr imponer un candidato que sea al mismo tiempo de su absoluta confianza y digerible para los diversos sectores internos.

    Durante estos cuatro años de gestión, el mandatario se ha mostrado alternativamente alejado de su partido recordándoles sus añejos vicios y, de a ratos, pretendidamente como un colorado de profunda convicción partidaria.

    Esta imagen contradictoria puede finalmente jugar en contra de las chances electorales de quien él elija como sucesor.

    La dirigencia colorada, que se ha mantenido leal y hasta con cierta imagen de servilismo al mandatario, podría evaluar ahora que su cercanía al próximo candidato puede constituirse en un riesgo para el sostenimiento del poder.

    Lo exiguo del plazo para definir a los postulantes obliga a opositores y oficialistas a tomar medidas inteligentes y rápidas, combinación que no suele ser sencilla y menos aún si miramos en el escenario político quienes son las que deben decidirlas.

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    Publicado por jotaefeb | 27 abril, 2017, 8:56 am
  10. Fin de la historia
    27 abril, 2017

    Murió la enmienda. No es una muerte que sorprenda a nadie, puesto que desde el 17 de abril muchos sectores políticos y, sobre todo, el sentido común, ya anunciaban que ese sería su fin.

    Resultaba obvio que una vez que HC hubiera renunciado a postularse para las elecciones del 2018, el oficialismo colorado perdería todo interés por impulsar el proyecto en Diputados. Y sin su apoyo, no habría mayoría para aprobarlo.

    Pero también fue obvio que el sentido común no es común a todos los sectores, sino que hay algunos que, contra viento y marea, continuaron con su campaña inmisericorde, preñada de mentiras y violencia extrema, machacando con que la decisión del jefe de Estado no era más que una jugarreta para que la enmienda pudiera ser aprobada.

    Esta campaña, impulsada por los medios considerados hegemónicos y una clase política que les es funcional, tuvo el único objetivo de sacar de la cancha a los candidatos que más chance tenían en la contienda electoral, porque era la única manera de que pudieran mantener sus privilegios.

    Durante meses se pasaron metiendo en el imaginario popular el peligro de un quiebre institucional, y ahora deben enfrentar la realidad de que no hubo golpe, ni quiebre, ni 3 pepinos. Y lamentablemente no se puede decir que no haya pasado nada, porque sus incitaciones permanentes a la violencia motivaron las agresiones al edificio del Congreso y el asesinato de Rodrigo Quintana en el local del PLRA.

    Nada de esto hubiera ocurrido si los medios de comunicación y los políticos embarcados en un intento de desestabilización hubieran tenido la madurez y el sentido de patriotismo necesarios para dirimir los conflictos por las vías institucionales. Se presentó un proyecto para modificar la Constitución respetando los mecanismos que ella misma establece para el efecto. Solamente era una cuestión de analizarlo en las cámaras del Congreso y decidir en base a lo que prefería la mayoría.

    Aún más, la participación ciudadana estaba garantizada en el proceso puesto que solamente el resultado positivo en un referéndum era lo que realmente iba a culminar con la modificación de la Constitución.

    Pero estos sectores perjudiciales para la ciudadanía, guiados por su ambición desmedida, cada uno tirando a favor de sus intereses, armaron tal revuelo que la ciudadanía se vio envuelta en un espiral de violencia que no merecía ni sabía cómo manejar.

    Lo peor de todo esto es que los medios y políticos pretenden continuar como si no hubiera pasado nada, como si ellos no hubieran estado manipulando a la gente con mentiras tan graves que le hicieron perder el norte. Si Cartes no hubiera renunciado a su candidatura con la única intención de pacificar al país, nos asusta pensar hasta dónde hubieran podido llegar estos personajes con tal de salirse con la suya.

    Ayer, la Cámara de Diputados cumplió lo que había prometido, rechazó la enmienda, a pesar de todas las versiones que decían que haría lo contrario. Alguna vez, en este país, quienes cometen este tipo de fechorías, convirtiendo en hechos ciertos lo que no son más que mentiras, deberían pagar las consecuencias de sus actos.

    La única manera de que estos circos no vuelvan a aparecer en la escena es que quienes los montan lo paguen. Ya es tiempo de que nos pongamos serios y hagamos lo que tenemos que hacer, cada uno desde donde le corresponde.

    http://www.adndigital.com.py/fin-de-la-historia/

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    Publicado por jotaefeb | 27 abril, 2017, 8:50 am

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