La misma Constitucional Nacional aprobada en 1992 establece claramente el derecho que tiene el ciudadano de recibir información y de acceder a ella, especialmente, las que son públicas. Esta premisa es la que se debe cuidar especialmente desde los órganos públicos en el proceso de transparencia que se está viviendo, aspecto reconocido recientemente por altos funcionarios de los Estados Unidos.

Mencionábamos a la Carta Magna paraguaya, por lo que es preciso citar textualmente algunos artículos, para ratificar la garantía que tiene el ciudadano de informarse y ser informado de manera responsable. El artículo 26 de la “Libertad de expresión y de prensa” menciona: “Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa”. Señala, también que “toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines”.

El artículo 27 del “Empleo de los medios masivos de comunicación social” dicta lo siguiente: “El empleo de los medios de comunicación es de interés público; en consecuencia, no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento. No se admitirá la prensa carente de dirección responsable. Se prohíbe toda práctica discriminatoria en la provisión de insumos para la prensa, así como interferir las frecuencias radioeléctricas y obstruir, de la manera que fuese, la libre circulación, la distribución y la venta de periódicos, libros, revistas o demás publicaciones con dirección o autoría responsable”.

Además, menciona que “se garantiza el pluralismo informativo” y que “la ley regulará la publicidad a los efectos de la mejor protección de los derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer”.

Debemos sostener desde este espacio que en Paraguay no existe violación de ninguno de los artículos constitucionales. La semana pasada, el propio secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que en nuestro país está garantizado el Estado democrático y que existe plena libertad de expresión, por lo que no consideraba motivo alguno para que ente convoque a una reunión para analizar la situación paraguaya, como lo solicitaron algunos sectores políticos.

Respecto al derecho del ciudadano, el artículo 28 de la Constitución es bastante claro, y habla del “Derecho a informarse”. El texto señala que: “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios”.

En este contexto, en la semana en que se recuerda el Día del Periodista, hay que señalar que si bien existen las libertades de expresión, de prensa y opinión en el país, se debe seguir insistiendo en la necesidad de lograr responsabilidad en el manejo informativo, y el compromiso de los medios privados para con la gente. Igualmente, se necesita el compromiso de las autoridades públicas, la aplicación correcta de los mecanismos de control y la participación de la ciudadanía, para lograr una verdadera transparencia en el manejo de la cosa pública.

Hace unas semanas decíamos que solo así se logrará que esa transparencia que todos desean en un país que estuvo sumido en el oscurantismo por muchos años, permee en todos los ámbitos del Estado. Cabe agregar, sin embargo, que la responsabilidad y la transparencia no deben ser un llamado exclusivo para las instituciones públicas, sino también para los medios privados, que muchas veces por intereses empresariales o políticos desean instalar escenarios irreales sin pensar en que es la gente la que sale perdiendo.

http://www.lanacion.com.py/editorial/2017/04/25/el-derecho-de-informarse/