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Con el foco en la reelección la economía queda olvidada

Mientras el tema de la reelección presidencial absorbe el tiempo y la energía de gran parte de políticos, parlamentarios y autoridades del Poder Ejecutivo, la economía del país se debate en sus históricos problemas estructurales. Los datos estadísticos muestran lo que es de suponer ante la ausencia de políticas públicas: la persistencia de indicadores económicos que nos ubican como un país de crecimiento volátil, vulnerable a factores externos y magros resultados. El Gobierno no puede desconocer que el actual contexto político no contribuye a garantizar un buen desempeño económico.

Más allá del crecimiento del PIB, gran parte de los indicadores económicos no muestran cambios sustanciales que nos permitan señalar una trayectoria decidida hacia el desarrollo. No cabe duda de que la estabilidad macroeconómica es un pilar para el crecimiento, pero no ha sido suficiente para el desarrollo ni el bienestar, a pesar de más de una década de tasas del PIB relativamente altas.

Si bien es cierto que la inflación y el tipo de cambio se han mantenido relativamente estables contribuyendo a la previsibilidad, también es verdad que otros indicadores empezaron su deterioro a un ritmo mayor que el adecuado, como el déficit público y el endeudamiento.

La atención, hasta este momento, se ha centrado en el crecimiento económico, lo que ha tenido un costo relativamente alto, ya que el país no ha logrado aprovechar muchos años de buen desempeño para solucionar problemas estructurales, como un sistema productivo de bajo valor agregado, la desigualdad económica, la inequidad tributaria, la escasa diversificación productiva, la excesiva dependencia del clima y de los mercados internacionales, el bajo nivel de ingreso promedio y la mala calidad del trabajo remunerado.

Este es el último año de gestión del actual Gobierno. No se pueden esperar cambios sustanciales en los resultados económicos en un solo periodo de gobierno, pero sí señales positivas contundentes. Lastimosamente esto no fue posible y el último año llega mostrando pocos resultados; los más importantes, en infraestructura.

Sin embargo, el aumento de la inversión pública, necesario desde todo punto de vista, estuvo contaminado en casi todos los casos por denuncias de corrupción, tráfico de influencias, dudosa legalidad y legitimidad de los procesos licitatorios, y problemas de diseño en las obras y en los contratos.

A la situación poco alentadora en los cambios económicos estructurales que requiere el país, en los últimos meses se agrega la pelea por la reelección. El sector empresarial ya levantó su voz en torno a la desaceleración económica que enfrenta el país y el riesgo de profundización derivado de la crisis política. Los medios de prensa internacionales se han hecho eco de la situación, y en algunos casos, como el de una calificadora de riesgo.

Las autoridades no pueden desconocer los estrechos vínculos entre la política y la economía. No solo es ingenuo, sino principalmente irresponsable. La negación de este vínculo significa mentirle a la ciudadanía y, sobre todo, asumir que no son necesarias políticas para minimizar los efectos negativos.

La economía paraguaya no fue efectiva para mejorar gran parte de los indicadores económicos, aun en periodos de alto crecimiento económico. La coyuntura política corre el riesgo de acentuar el problema y llevarnos, en un contexto internacional desfavorable como el actual, a un estancamiento, e inclusive, a retrocesos en algunos ámbitos. Las autoridades económicas deben tomar cartas en el asunto.

http://www.ultimahora.com/con-el-foco-la-reeleccion-la-economia-queda-olvidada-n1076943.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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11 comentarios en “Con el foco en la reelección la economía queda olvidada

  1. Legalidad, salud, educación, seguridad

    Ricardo Rodríguez Silvero
    Konrad Adenauer decía: “¡Tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible!”. Hacía referencia a que el sector público debe tener su mínima expresión y a que el mercado debe prevalecer. No obstante, como este por sí solo no provee bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas imprescindibles, hay que recurrir al sector público, pero manteniéndolo lo más chico posible, porque tiende a sobredimensionarse y corromperse en su intento por proveerlos. Esos objetivos del título, propios del desarrollo sostenible, son atribuciones de un Estado transparente, eficiente y controlado.

    MERCADO IMPRESCINDIBLE. Fanáticos del mercado argumentarán que tales adjetivos son una contradicción con el sector público. Pero está demostrado, con mayor frecuencia en los últimos siglos, que legalidad, salud, educación y seguridad no pueden ser abastecidas espontáneamente por fuerzas del mercado. Cuando estas predominan y la administración pública es débil y venal, prevalecerán informalidad, enfermedades, ignorancia e inseguridad.

    Nuestro país falla en la satisfacción plena de estas necesidades: Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes, así como atención y seguros médicos, acceso a educación general y técnica, juntos con la necesidad de sentirse y estar seguros en el camino hacia la prosperidad compartida.

    ILEGALIDAD. El grado de informalidad (clandestinidad, delitos económicos y criminalidad) en nuestro país es mayúsculo y se encuentra tan expandido como descontrolado. Clandestinidad es la no registración, en los registros públicos, de las actividades de personas físicas y jurídicas. Aquí tienen vigencia aún estilos de vida y de producción al margen de la legalidad, deformados por sistemas híbridos de mercantilismo trunco, capitalismo salvaje y estatismo incompetente. Delitos económicos de gran envergadura siguen en auge, como evasión tributaria, contrabando y lavado de dinero. La presencia, en municipios y gobernaciones, de individuos vinculados a mafias y narcotráfico, es síntoma de degeneración precoz. Corremos peligro de repetir lo de Colombia, en décadas pasadas, y de México, en las presentes.

    SALUD DESATENDIDA. La atención de las enfermedades y los seguros médicos siguen siendo deficitarios. La menor parte de la población tiene acceso a profesionales de la salud y a seguros sociales. Los porcentajes de cobertura se encuentran en torno al 20% y aún así sufre con la escasez de médicos, enfermeras y personal de apoyo, así como de medicamentos a precios asequibles.

    IGNORANCIA. La educación sigue siendo una de las peores del continente. A pesar de los esfuerzos de dotar al país de mejores programas de enseñanza, maestros e instituciones educativas, los resultados logrados son magros. Existe una proliferación de estas, incluidos institutos superiores y universidades, pero la mayor parte no cumple con los requisitos más elementales de su área.

    INSEGURIDAD. Es en materia de seguridad donde mejor puede notarse la ausencia del estado de derecho. Se hace referencia a seguridad jurídica y física. Hay zonas del país, donde el sector público parece no ejercer soberanía, como en el centro, norte y este de la Región Oriental, la más habitada. El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que no es ni del pueblo ni es ejército, sigue secuestrando y vejando impunemente, sin que el Gobierno haya podido imponer estado de derecho. Lo mismo puede decirse de las mafias que activan en la frontera con el Brasil. El narcoterrorismo ya no es un neologismo.

    INTERACTIVIDAD. Finalmente hay que aclarar que en las áreas mencionadas arriba, obviamente se necesita la colaboración del sector privado para que tales servicios puedan ofrecerse mejor. Además, hay otras áreas, que son también del ámbito del sector público, pero en las que la actividad del privado es tan fundamental como imprescindible, como son la generación de puestos de trabajo y la preservación del equilibrio ambiental. En conclusión, en todos los casos será necesaria la cooperación público-privada, en mayor o menor medida.

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    Publicado por jotaefeb | 5 junio, 2017, 8:29 am
  2. La institucionalidad de la política fiscal está en riesgo

    La carrera por la candidatura presidencial no debe interferir en la gestión del Ministerio de Hacienda. Esta institución es de capital relevancia para que las demás entidades gubernamentales realicen su trabajo de manera oportuna y eficiente y sus acciones redunden en beneficio de la ciudadanía. Los funcionarios y la gestión de la autoridad fiscal del país deben mantenerse totalmente separados de la campaña electoral. Debe evitarse a toda costa que la necesidad de mostrar resultados para ganar votos interfiera en las decisiones públicas y que la figura del ministro se confunda con la del candidato a las internas.

    Las señales que empezó a dar este Gobierno en torno al inicio de la campaña electoral para la gestión 2018-2023 deben alertar a la ciudadanía. Las reuniones partidarias en Mburuvicha Róga y las visitas realizadas por el ministro de Hacienda a líderes del partido –actualmente en ejercicio de la presidencia de la República– si no violan el marco legal –lo cual es dudoso–, claramente constituyen un problema ético.

    El Ministerio de Hacienda y el virtual candidato a la presidencia, actualmente ministro, deben mantenerse totalmente al margen de la influencia que indefectiblemente significa el electoralismo. El permiso solicitado por el ministro fue denunciado como ilegal, pero aunque tenga fundamentos jurídicos, de ninguna manera puede considerarse una conducta dentro de los márgenes éticos en los que debe mantenerse un ministro.

    No hay argumento que justifique que en horario laboral, tampoco en horario no laboral, una autoridad dedique tiempo a actividades partidarias y, menos aún, participe en actividades públicas habiendo pedido permiso. Este último hecho muestra claramente que la aspiración política partidaria es incompatible con la gestión técnica. Participar de un acto oficial en medio de una campaña electoral es desde cualquier punto de vista ilegal e ilegítimo.

    Cualquier país del mundo es vulnerable, pero Paraguay es particularmente débil teniendo en cuenta la cultura prebendaria y clientelista de los políticos, los conflictos de intereses por parte de sectores económicos que permanentemente buscan imponer sus intereses particulares por encima de los generales, y la ausencia de una carrera del servicio civil que proteja el profesionalismo de los funcionarios públicos.

    Paraguay está ubicado en cualquiera de los índices mundiales que miden el desempeño institucional público en los lugares más bajos de la lista. No debiera ser justamente la principal autoridad fiscal –el ministro y el Ministerio– y con aspiración de llegar al máximo cargo público posible el ejemplo de que dichos índices reflejan la realidad.

    Nuestro país necesita acelerar su proceso de desarrollo. Durante la última década ha avanzado en muchos indicadores sociales y económicos, pero la lentitud de los avances no le ha permitido cerrar las brechas con el promedio latinoamericano, ni mucho menos con los países del Cono Sur.

    Dar pasos hacia adelante exige un compromiso con la vigencia de un estado de derecho y de instituciones fuertes en los que la política partidaria y los intereses particulares tengan cada vez menos peso. Ojalá no demos marcha atrás en los mínimos logros alcanzados.

    http://www.ultimahora.com/contenidos/edicion_impresa.html

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    Publicado por jotaefeb | 5 junio, 2017, 8:29 am
  3. Despartidizar la economía

    Por Wendy Marton
    El presidente de la República Luis González Macchi partidizó la economía al nombrar a Francisco Oviedo como ministro de Hacienda.

    De profesión economista, Oviedo siempre fue más conocido como político que como técnico y llegó a ocupar la vicepresidencia de la República, no sin antes pasar por el Ministerio del Interior, gracias a su militancia partidaria.

    Durante el gobierno de González Macchi se produjo la mayor recaída de la economía paraguaya, lo cual casi provocó que el país ingrese en una cesación de pago de sus deudas. Fue también durante ese gobierno que se malgastó un crédito del Gobierno chino taiwanés de USD 400 millones, que fue obtenido gracias a la colocación de bonos en la Bolsa de Nueva York.

    Desde entonces, los gobiernos que le sucedieron a González Macchi se cuidaron de poner a técnicos apartados de cualquier injerencia política al frente del Equipo Económico Nacional.

    Cuando Nicanor Duarte Frutos insinuó que echaría mano a los recursos del Estado para hacer frente a su intención de buscar la reelección presidencial, su ministro de Hacienda, Dionisio Borda, dimitió. Nicanor entendió que debía mantener la conducción económica del país alejada de sus apetencias políticas y quienes le sucedieron a Borda pudieron trabajar en paz.

    Pero el Gobierno de Horacio Cartes está volviendo a partidizar la economía. Lo hizo en octubre del año pasado, en un acto en el local de la Asociación Nacional Republicana, cuando obligó al ministro de Hacienda, Santiago Peña, a afiliarse para permanecer en el cargo. Peña se perfila como posible sucesor de Cartes ahora que el primer mandatario renunció a postularse para el periodo 2018-2023.

    Lo partidiza también al permitir a Gustavo Leite, ministro de Industria, hablar sobre política en inauguraciones de industrias, varias de ellas de capital foráneo; y al haber nombrado a Juan Carlos Baruja al frente del Ministerio de Agricultura.

    Peña partidizó aún más a Hacienda cuando convocó a una reunión de prensa liderada por la senadora Lilian Samaniego, para anunciar que se posponía el cobro del IVA a las cooperativas.

    Cartes necesita entender que la economía debe estar desprendida de cualquier vaivén político para poder mantener un crecimiento aceptable y que la estabilidad macroeconómica se sienta en cada rincón de la patria.

    Ya arruinó una de las mayores fiestas internacionales, la Asamblea del BID, al permitir que sus partidarios traten un tema político en medio de esta reunión y que acabó con la quema del Congreso y la muerte de un dirigente liberal, cuando todos los ojos del mundo estaban puestos en Paraguay.

    La economía necesita estar aislada de cualquier coyuntura electoral. La solidez macroeconómica actual permitió que los últimos hechos no hayan quebrado los cimientos de lo edificado.

    Si Peña va a ser su sucesor, será mejor que Cartes vaya pensando en alguien más para la conducción del Tesoro paraguayo. Si no, es hora de que le diga a Peña que debe enfocarse en lograr la sostenibilidad social que tanto pregona el Gobierno y que mientras sea ministro guarde su pañoleta colorada en un cajón de su escritorio.

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    Publicado por jotaefeb | 21 abril, 2017, 11:45 am
  4. La crisis política y sus efectos sobre la economía

    Por Samuel Acosta

    Un clima de incertidumbre es el primer efecto que deja la crisis política en la economía local; y es por ello que los principales gremios empresariales se manifestaron en contra de este ilegal proyecto de enmienda a la Constitución.

    Paraguay se jactó en los últimos años de tener uno de los mejores ambientes de negocios en la región y, justamente, esta fue la carta de presentación ante más de 500 inversores extranjeros en el lanzamiento de la marca país; pero, todos esos esfuerzos terminaron por embarrarse con la triste imagen de una sede parlamentaria en llamas y la represión policial que derivó en la muerte de un joven.

    Para este año se espera un repunte en la inversión extranjera directa (IED), aprovechando el envión de la recuperación económica de Argentina y Brasil. Pero las expectativas podrían verse frustradas tras la imagen de fragilidad democrática que dejamos ante los inversores y que se vio reflejada en extensos reportajes publicados por The Economist, Financial Times, BBC, CNN y New York Times.

    La discusión también paralizó las actividades en el Poder Legislativo, relegando a un compás de espera a proyectos como la actualización de la carta orgánica del Banco Nacional de Fomento y la del mismo Banco Central. La indefinición en la ley de libranzas o la introducción del interesante proyecto de factoraje como sistema de crédito alternativo para las pymes.

    Sin dejar de mencionar la espera de una aprobación en el Senado a la ampliación presupuestaria para compensar al sector público el reajuste de 7,7% del salario mínimo vigente desde diciembre.

    Y mientras los políticos siguen en sus trincheras, observamos que el crédito bancario no logra recuperarse y la desaceleración, inclusive, está afectando los indicadores financieros del sistema cooperativo. A nadie parecen preocupar las señales de alerta, pues aunque ayer Horacio Cartes dijo renunciar como candidato en 2018, sus aliados insisten con el plan ilegal.

    Un eventual referéndum polarizará la atención del país, complicaría la aprobación en el Parlamento de importantes créditos para proyectos de inversión pública afectando así al ritmo en las obras.

    Por ello, el propio titular de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán), Beltrán Macchi, advertía semanas atrás que la microeconomía, que es el bolsillo del paraguayo común, será la primera afectada.

    El equipo económico del Poder Ejecutivo ha pedido insistentemente “blindar a la economía” de estas discusiones políticas; sin embargo, es desde el mismo Gobierno que se están marcando las primeras fisuras a una economía que costó años fortalecer.

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    Publicado por jotaefeb | 18 abril, 2017, 8:19 am
  5. Debate pascual

    Por Luis Bareiro
    ¿No le parece que en vez de repartir el presupuesto público en cientos de miles de escuelitas diseminadas en todo el país, destartaladas y con docentes de pobre formación, sería más lógico concentrar recursos en grandes centros educativos, dotados de laboratorios y bibliotecas, con puestos de salud, conectividad y transporte escolar para acercar a los niños a su área de cobertura? Si concesionamos la construcción y mantenimiento de rutas mediante alianzas público-privadas (APP), ¿no podríamos hacer lo mismo para la construcción, administración y mantenimiento de esos centros educativos públicos, dejando el gerenciamiento en manos privadas y concentrando el esfuerzo estatal en la formación de docentes y la elaboración de políticas de educación de calidad?

    ¿Cómo convertimos la docencia en una carrera atractiva que atraiga solo a las mejores mentes?, ¿cómo le devolvemos prestigio al rol del docente? ¿Cómo podemos crear una carrera docente que sea financieramente sostenible para el Estado, pero que permita mejores resultados y mayor capacitación a los maestros?

    ¿No podríamos aplicar el mismo sistema de APP para montar más hospitales públicos, dejando la construcción y el gerenciamiento en manos privadas, concentrando la energía estatal en la elaboración de políticas públicas de salud? ¿No deberíamos estar discutiendo la creación de un seguro de salud universal que garantice una cobertura mínima a todos los ciudadanos? ¿Cómo hacemos para ampliar la red del seguro social que hoy beneficia a apenas tres de cada diez trabajadores, lo que nos augura un futuro con siete de cada diez ancianos sin jubilación ni protección médica?

    Si vamos a seguir tomando créditos, aumentando la deuda pública, ¿no deberíamos invertir la mayor parte de esos recursos en educación pública y salud?

    ¿No sería mejor simplificar el sistema de selección de jueces y fiscales, eliminando el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? ¿No es mejor que los ministros de la Corte Suprema sean elegidos directamente por el presidente, con aprobación del Senado, y que apenas se los nombre sean inamovibles en sus cargos para cortar cualquier dependencia política; y que los jueces y fiscales sean nombrados en iguales condiciones por la Corte Suprema?

    ¿No deberíamos tener impuestos progresivos a la tierra que hicieran un mal negocio la concentración de su propiedad? ¿Cómo hacemos para que el sistema tributario se base más en impuestos directos como la renta personal y menos en los indirectos que gravan el consumo y afectan más a quienes menos ganan?

    ¿Cómo corregimos este presupuesto monstruoso que sigue gastando casi nueve de cada diez guaraníes que pagamos en impuestos en el pago de salarios públicos?

    A un año de las elecciones, estas son preguntas que nos deberíamos estar haciendo. Una agenda país tendría que contener estos puntos. Un potencial candidato debería estar esbozando sus propuestas para solucionar estos problemas.

    Vale la pena recordarlo ahora que tenemos algún tiempo de reflexión antes de que el ruido del debate sobre cuestiones tan secundarias e innecesarias como la reelección nos vuelvan a distraer de lo que realmente importa.

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    Publicado por jotaefeb | 16 abril, 2017, 12:21 pm
  6. Crisis política comenzará a afectar a la microeconomía
    La crisis política se extiende sin visos de solución y con probabilidad de que los ánimos se exacerben aún más en el futuro; mientras, la economía se ralentiza y la ciudadanía empieza a sentir con mayor fuerza sus efectos. Las autoridades económicas deben garantizar el menor impacto posible de la situación política que vive el país, aunque eso se ve difícil ya que no se conoce sistema económico en que no existan vasos comunicantes entre la economía y la política. Más tarde o más temprano la inestabilidad política termina afectando las decisiones económicas de los agentes, lo que se traduce en el deterioro de las condiciones económicas y, por ende, de los indicadores.
    La economía paraguaya, de la mano de una ralentización de la economía mundial, viene reduciendo su dinamismo medido por el producto interno bruto. De tasas promedio de crecimiento cercanas al 5,5% durante casi una década, en los últimos años se verifica una reducción, aunque no tan importante como en el resto de la región.
    De mantenerse esta tendencia, probablemente empezaremos a verificar estancamiento de algunos indicadores que desde hace varios años venían mejorando, como el desempleo y subempleo y la cobertura de la seguridad social en la población ocupada. De hecho, en los últimos dos años la pobreza que venía con una persistente tendencia a la reducción se estancó.
    Estos indicadores repercuten de manera importante en la población. Las personas que tienen un empleo no solo cuentan con ingresos para lograr cierta autonomía, sino también la posibilidad de un desarrollo personal. Si además el empleo es de calidad –con seguridad social, contrato, cumplimiento de las leyes laborales, estabilidad de los ingresos–, aumenta la probabilidad de bienestar del trabajador y su familia.
    Para que estas condiciones se den es necesario que el país cuente con estabilidad macroeconómica, buenos servicios públicos, seguridad jurídica e inversión privada, entre las principales condiciones. El logro de buenos resultados en estos ámbitos exige, a su vez, estabilidad política y previsibilidad en el marco normativo e institucional.
    En este momento, las condiciones económicas internacionales que habían sido el soporte del crecimiento económico se han deteriorado y el contexto político nacional tampoco contribuye, por lo que los riesgos de un empeoramiento de las condiciones económicas internas empiezan a verse.
    No hay ninguna posibilidad de que un desempeño macroeconómico mediocre y una crisis política de la profundidad que estamos teniendo no tengan impacto negativo sobre la situación económica, especialmente en lo relativo al empleo y los ingresos de las familias.
    Es urgente que los líderes políticos tomen conciencia de que el bien común debe estar por encima de cualquier interés particular. El bienestar general tiene claros determinantes a nivel microeconómico, uno de ellos es el empleo y los ingresos que se derivan de él.
    Es imposible pensar que con este contexto externo y el creciente conflicto interno no empecemos a percibir el malestar de la población y el deterioro de los indicadores microeconómicos. Esto puede acrecentar aun más el descontento político de la ciudadanía y generar un círculo vicioso muy peligroso para el país.
    Ojalá las autoridades logren llegar a un acuerdo en el marco de las normas vigentes y con la legitimidad ciudadana que permita restablecer al menos niveles mínimos de estabilidad política para aspirar a cerrar el año con indicadores micro con claras tendencias positivas.

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    Publicado por jotaefeb | 16 abril, 2017, 12:04 pm
  7. Cuando la economía tiene ruedas políticas

    Por Jorge Benítez Cabral

    El sistema económico de nuestro país tiene unas fortalezas propias que nos han permitido crecer desde hace algunos años a un ritmo moderado pero permanente. Los “motores” de nuestra economía no son por supuesto asimilables a aquellos de los afinados y poderosos monoplazas de las competencias internacionales, pero han sido suficientes hasta ahora para llevarnos hacia adelante, por lo menos en el campo macroeconómico.

    Y hasta se alentaba la esperanza que cada vez nos iría mejor y que, más temprano que tarde, las buenaventuras y los beneficios de este andar terminarían por alcanzar cada vez más a quienes se mueven por la ruta de la pequeña economía, o por el sendero terraplenado de la microeconomía, e incluso a quienes, casi sin caminos, sobreviven de lo que les da la agricultura familiar, en el fondo de los confines del país.

    Pero por estos días, tras los últimos acontecimientos cívicos, y sin siquiera entrar a hacer el ejercicio de tomar partido por algunos de los diversos frentes formados en torno a la crisis actual, hay que concluir que el camión de nuestra economía tiene todavía, 28 años después del retorno de Paraguay a la democracia, unas ruedas políticas muy endebles, flojas, desajustadas, descalibradas y recauchatadas apenas con fajas de etilvinilacetato (goma eva).

    Ahora que los vidrios rotos del Congreso y los restos chamuscados de varias cosas siguen ahí, al igual que las velas y el dolor a las puertas del PLRA, las discusiones y desavenencias en las Cámaras, los escraches en las calles y los deseos de enmienda supuestamente firmes, entre otras cosas más o menos parecidas, justo ahora, aunque desde luego es costumbre y habitual, ha salido el informe de comercio exterior del primer trimestre preparado por los técnicos del Banco Central del Paraguay (BCP).

    Por supuesto son números fríos, sin corazón, queremos creer que sin color ni religión ni candidatos ni banderas de enmienda. A través de ellos se puede evaluar cómo están algunos de los motores de nuestra economía, principalmente el de la producción y el comercio con el exterior.

    Las exportaciones en general crecieron a marzo (en valores) en un 18,4%, con una clara preeminencia de las semillas de soja (17,9% más) y la carne (14,3% más). Los gremios de la producción hablan de una cosecha récord de la oleaginosa, que está a punto de confirmar una cifra superior a las 10 millones de toneladas. Es decir, nuestra cosecha de soja crece y nuestros principales mercados de la carne cada día compran más: Chile (31,4% más), Rusia (41,8% más), Brasil (2,6% más) y Taiwán (80,9% más).

    Esto hasta nos hace pensar que estos “motores”: la agricultura a gran escala y la ganadería en general, son menos dependientes de las ruedas políticas y se deslizan hasta si se quiere por sí mismos, o quizá sobre otras vías más constantes, menos variables, cuando necesitan hacerlo.

    Algunos economistas advierten, y habría que tenerlos en cuenta, que hay otros “motores” que no pueden escapar a los desórdenes políticos porque su base principal es la confianza y la tranquilidad del mercado, y hablamos allí del movimiento de capitales; de inversiones, principalmente en construcciones y fábricas, y detrás de todo esto, el mundo financiero, y agreguemos el turismo, un rubro cada vez más importante para nuestra creciente oferta hotelera y gastronómica.

    Y ahí sí, si seguimos con estas ruedas rotas por una política carente de calidad y abundante en estupideces, golpearemos directa e indirectamente al empleo, la seguridad social, las recaudaciones tributarias y los programas de ayuda social, como mínimo.

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    Publicado por jotaefeb | 16 abril, 2017, 12:00 pm
  8. La economía, a resguardo

    No cabe duda que los procesos políticos de un país tienen enorme peso y relevancia sobre la forma de conducirse de sus autoridades económicas y estos, a su vez, en el desempeño de las finanzas. Cuánto más presente se encuentre la situación de conflicto, más riesgo y más nubarrones se levantarán sobre la economía de un país.

    En las últimas semanas, en Paraguay ha experimentado una situación de crisis política latente, que se fundamenta en el debate sobre la forma en la que hay que modificar la Constitución Nacional, una situación que ha generado enorme polarización entre todos habitantes de la República. Pero lo cierto y lo concreto es que los nubarrones que se yerguen hoy y que inquietan a los técnicos y economistas no pasan de ser una mera amenaza. Puede decirse, a raíz de esto, que las cifras macroeconómicas están aún a salvo de los vaivenes de la política criolla.

    Pero el riesgo político, siempre solapado y latente, puede llegar a provocar efectos si no se alcanza consenso y no se disipa de una buena vez el peligro. Pese a ello, lo que realmente ha mantenido la economía fuera del aprieto es la fortaleza y la robustez de sus políticas públicas aplicadas a lo largo de los últimos años. Esta administración financiera tuvo el tino de haber disciplinado en materia económica y tener finanzas públicas sanas, como lo demuestran los números oficiales.

    En los últimos años, estas políticas han permitido que se cimente una sólida política macroeconómica, además de estrechar sus metas de inflación, y aprovechar su buen momento para hacer emisiones de títulos públicos en el exterior. Paraguay posee hoy altos niveles de productividad, una macroeconomía sólida y estable, un sostenido crecimiento económico y una amplia disponibilidad de recursos naturales.

    Naturalmente, estas buenas acciones ante los ojos del mundo, han posibilitado que más inversores se interesen en economías prometedoras como la paraguaya.

    Naturalmente, estas buenas acciones ante los ojos del mundo, han posibilitado que más inversores se interesen en economías prometedoras como la paraguaya. Lo señalado más arriba ha posibilitado que con un 22% alcanzado, nuestro país sea el segundo en Latinoamérica y décimo a nivel mundial con el mayor retorno a la inversión.

    Otros aspectos que respaldan el desempeño local es la propia imagen que en el exterior se ha podido lograr, y que ha posibilitado estabilizar su calificación, según las compañías calificadoras internacionales. Es el caso de la prestigiosa calificadora de riesgos, Moody’s, que en su último ha minimizado por ahora el impacto que vaya a tener la actual crispación política y recordó el modelo histórico más cercano para sostener esta idea: el juicio político a Fernando Lugo, en el 2012, fue un acontecimiento de enorme repercusión regional a internacional. Sin embargo, ni resintió el impacto y se mantuvo el crecimiento económico a pesar de esos sucesos que desembocaron con la salida del gobierno del ex obispo de San Pedro y actual senador.

    Lo que sostienen los expertos en materia económica, tanto locales como extranjeros, es que por ahora los grandes números del país aún salen ilesos de la agitación, pero también coinciden que la misma debe acabar cuanto antes, ya que si se alarga indebidamente empezará a resentirse. Lo primero que se debilitará es el consumo interno y posteriormente lo que más duele, la suspensión de las inversiones a raíz de la desconfianza de parte del capital extranjero.

    Es mucho lo que hoy se juega la República, por eso es menester que la clase política deponga sus intereses partidarios o sectarios y se siente a buscar el diálogo y el consenso, removiendo la discordia y promoviendo la reconciliación. Cientos de miles de paraguayos que dependen de lo que el país produzca aguardan un gesto que se enfoque en el bien común de todos los habitantes.

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    Publicado por Anónimo | 12 abril, 2017, 7:56 am
  9. La crisis política y sus derivaciones económicas

    Por Dionisio Borda (*)

    El atropello a la Constitución Nacional y a las reglas jurídicas configurado por el proyecto de enmienda y los procedimientos para impulsarlo desataron una crisis política que está bloqueando el debate abierto y la construcción de consensos, propios del sistema democrático.

    Este clima de confrontación y quiebre de las normas constitucionales y jurídicas socaban los fundamentos de las instituciones democráticas y republicanas, cuya integridad y fortalecimiento son condiciones indispensables para diseñar e implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y el logro del bien común.

    Se equivocan quienes piensan que las estrategias y las políticas económicas son simples aplicaciones técnicas y de gestión de gerentes. Si ésta fuera la vía, no hubiéramos tenido tantos países subdesarrollados. Las políticas públicas que promueven el crecimiento económico y el bienestar social surgen de la visión y fortaleza del sistema político, la participación plural de la sociedad y el respeto y cumplimiento de las normas.

    La democracia, condición básica para el desarrollo económico, no se puede construir sobre el resquebrajamiento y la negación de los partidos políticos. Precisamente, necesitamos mejorar el sistema de partidos y sus representaciones, y la participación ciudadana para avanzar en la intermediación genuina de las demandas de la sociedad; articular y armonizar intereses contrapuestos para converger hacia el bien común, más allá de los intereses particulares y de las ambiciones personales.

    La enmienda no tiene una motivación que apunte a mejorar las reglas de juego, a despolitizar la Justicia, a limitar algunas atribuciones del Congreso, a agilizar la gestión del Poder Ejecutivo, a mejorar la representación parlamentaria, ni a disminuir la inequidad en la distribución de la riqueza, ingresos y oportunidades. Estos necesarios cambios solo podrán ser introducidos mediante el procedimiento de la reforma de la Constitución Nacional de 1992, no de una simple enmienda para favorecer a determinados líderes circunstanciales. Lo que sí haría la enmienda es impedir la posibilidad de una reforma futura.

    Lo que se pretende hoy es simplemente la reelección. Y no se puede desconocer la amplia coincidencia en que, de acuerdo con el espíritu y la letra de la Constitución Nacional, la enmienda no es la vía para introducir la figura de la reelección. El actual intento de imponerla, lejos de constituir un avance en la consolidación de las instituciones, significa más costo para la sociedad: las infortunadas derivaciones de las manifestaciones ciudadanas y sus amplias repercusiones mundiales, la división de la sociedad, el enrarecimiento del clima electoral y la secuela de incertidumbre para los inversores y los demás agentes económicos.

    La crispación política suscitada por la reelección nos impide pensar en cómo resolver las fallas estructurales que son los obstáculos del crecimiento económico inclusivo y sostenible. Hemos logrado recuperar y mantener la estabilidad macroeconómica mediante el debate y el acuerdo político iniciados en 2003. Los actores políticos y sociales valoran y respetan hoy esta conquista. Pero no hemos avanzado aún en disminuir la brecha social y la inequitativa distribución del ingreso que nos mantiene como uno de los países con mayor desigualdad del mundo. Comenzar a andar en esa dirección requerirá esfuerzos creativos, renunciamientos y negociaciones de largo plazo.

    Además, nos queda por delante el desafío de garantizar la sostenibilidad del crecimiento mediante el continuo aumento de la productividad y la diversificación de la matriz productiva. Esto es, al mismo tiempo de poner en práctica medidas que mejoren la distribución del ingreso, para lograr lo que hoy se reconoce como la prosperidad compartida.

    La actual crisis política pone en peligro la solución de los grandes problemas del desarrollo económico inclusivo. Debemos superarla para acordar entre todos una agenda económica que comprenda, entre otros puntos, la mejora de las condiciones del mercado laboral y la generación de empleos; la ampliación de la cobertura de la seguridad social y de las políticas sociales básicas; la eliminación de la pobreza extrema, la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad social, y la expansión de las inversiones públicas.

    Estos retos exigen debates, negociaciones y acuerdos de mediano y largo plazo, basados en el fortalecimiento del sistema de partidos políticos y de las representaciones genuinas y auténticas de la sociedad. El gobierno tiene aquí la responsabilidad mayor y debe dar señales claras de su compromiso de fortalecer las instituciones y de encaminar la economía hacia el crecimiento sostenible e inclusivo.

    (*) Economista y exministro de Hacienda, 2003-2005 y 2008-2012

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    Publicado por Anónimo | 12 abril, 2017, 7:48 am
  10. “El crecimiento se debe a operaciones electrónicas”

    Por César Paredes

    En los últimos años la Bolsa de Valores ha tenido un desarrollo interesante en cuanto a volumen operado, acompañado por la presencia de nuevas Casas de Bolsa y emisores, llegando a 8 entidades intermediarias activas hoy en el sistema. Sin embargo, queda mucho por hacer, pues todavía los volúmenes operados son bastante bajos en relación al Producto Interno Bruto (PIB) o a los depósitos bancarios.

    El gran salto de las operaciones de la Bolsa y principalmente del mercado secundario se dio gracias a la operativa electrónica de Bonos, una modernización del sistema que bajó considerablemente los costos transaccionales y permitió atender con mayor eficiencia a los inversionistas, logrando la confianza de los mismos y así se generó un círculo virtuoso de crecimiento que se consolida día a día.

    A mí manera de ver, el crecimiento se tiene que dar haciendo electrónica y transparente la operativa de instrumentos de mercado ya existentes, comenzando por las Acciones Preferidas y continuando luego con los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) de bancos y financieras.

    Hoy, el mercado secundario de estos instrumentos ya existe, pero todavía opera con los títulos físicamente, lo que dificulta la liquidación de las operaciones, generando altos costos de transacción y le necesidad de invertir en medidas de seguridad adicionales; llevando a márgenes elevados de intermediación.

    Otro canal de crecimiento va a ser el aumento de la negociación de Bonos del Tesoro Nacional, esto se va a dar por dos vías, una es la posibilidad de negociar los instrumentos que ya están en poder de los bancos hoy día, cuya custodia está en el Banco Central del Paraguay y que está en proceso de poder operarse vía Bolsa, a través de la conexión del Banco Central con el Sistema de Custodia de la Bolsa y la otra, es la emisión de nuevos bonos por parte del Gobierno en el recinto bursátil, permitiendo el acceso de cada vez más inversionistas privados no financieros a la posibilidad de adquirirlos.

    “El crecimiento se tiene que dar haciendo electrónica y transparente la operativa de instrumentos de mercado ya existentes, comenzando por las Acciones Preferidas y continuando luego con los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) de bancos y financieras”.
    Finalmente, otra vía de crecimiento de las operaciones será la puesta en marcha de la operativa de Futuros Dólar Guaraní, un producto que lleva varios años de desarrollo y que está para arrancar este año si se cumplen los procesos necesarios en los plazos previstos.

    Esta va a ser una innovación de mercado, que fortalecerá y dará seguridad a la inversión en moneda extranjera y que de consolidarse permitirá la creación de instrumentos financieros hoy no desarrollados.

    La Bolsa seguirá su camino de modernización, permitiendo que cada vez más empresas e inversionistas puedan beneficiarse con su gestión.

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    Publicado por Anónimo | 10 abril, 2017, 10:18 am
  11. Institucionalidad y desarrollo

    César Barreto Otazú

    La crisis política desatada alrededor del proyecto de enmienda de la Constitución nos genera una profunda preocupación respecto al futuro de nuestro país, por el impacto negativo que puede tener en su desarrollo, dependiendo de cómo vayan evolucionando los acontecimientos en los próximos meses.

    En las últimas décadas, los economistas expertos en el desarrollo económico y social de los países han enfatizado acerca de la importancia de la calidad de las instituciones políticas y económicas, como los determinantes fundamentales del desarrollo de los países, por encima de otros factores. En un artículo que escribí en junio del 2014 me referí al libro Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu y James Robinson. En ese libro, ellos exponen claramente que aquellos países que han alcanzado altos niveles de desarrollo económico y social son los que diseñaron un sistema político pluralista, que garantice una amplia participación y distribución del poder entre los miembros de la sociedad.

    Eso les permitió implementar sistemas económicos inclusivos con incentivos adecuados para que sus ciudadanos estudien, trabajen, ahorren, inviertan, y de esa forma progresen, incrementando al máximo su capacidad creativa.

    Las instituciones, desde el punto de vista de los economistas, son el conjunto de reglas de juego en las cuales nos ponemos de acuerdo los ciudadanos de una nación para regular nuestra conducta y nuestro comportamiento, con el objetivo de alcanzar el bien común para todos.

    Estas reglas de juego buscan limitar los poderes individuales para evitar que aquellos con más poder político y/o económico puedan abusar de su posición y aprovecharse de los más débiles.

    La Constitución Nacional es, sin duda, el principal instrumento donde se plasman estas reglas de juego que nos autorregulan y de la cual derivan todas las demás leyes y reglamentaciones que constituyen el marco institucional dentro del cual cada uno de nosotros puede desarrollarse libremente en todo su potencial.

    Sin embargo, estas reglas de juego solo son creíbles y generan confianza si ellas son respetadas y cumplidas estrictamente por todos los ciudadanos.

    La principal responsabilidad recae en los líderes y más aún en aquellos que detentan el poder económico y político de una nación.

    Si los líderes respetan estrictamente las reglas de juego incorporadas en la Constitución y sujetan a ella su comportamiento, entonces estas reglas generarán confianza y credibilidad en toda la ciudadanía.

    De otra manera, como ocurre en nuestros países, lo que la sociedad percibe es que las reglas se aplican con todo el rigor para los débiles, pero los que detentan el poder están por encima de ellas y no se sienten en la obligación de cumplirlas. Una situación como esta solo puede llevar al caos y a la desintegración de la sociedad, como ha ocurrido en varios países en el mundo.

    Por otro lado, las reglas necesitan estabilidad en el tiempo para dar a los ciudadanos el horizonte adecuado que les permita tomar decisiones relevantes de largo plazo. Por otra parte, estas reglas también necesitan ir actualizándose y adecuándose a las situaciones cambiantes que la misma sociedad va experimentando.

    Sin embargo, estos cambios en las reglas de juego, para tener legitimidad frente a todos los ciudadanos, deben realizarse con base en un método que garantice un amplio debate y participación ciudadana y dentro del propio marco previsto en ellas para su revisión. En este sentido, el proceso que se siga para la modificación de la Constitución Nacional es determinante para su legitimidad ante la ciudadanía.

    Finalmente, lo que hace diferente a un país desarrollado es que sus líderes políticos, económicos y de la sociedad civil sujetan su conducta y comportamiento a las reglas de juego vigentes, lo cual les da credibilidad ante sus ciudadanos.

    En momentos como el que vivimos en nuestro país, los líderes debemos hacer la diferencia, respetando la Constitución por más que represente un límite para nuestros intereses particulares.

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    Publicado por Anónimo | 10 abril, 2017, 9:55 am

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