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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Hacia la Reforma del Sistema de Salud del Paraguay

Los paraguayos y paraguayas tenemos la obligación más que nunca de construir el futuro. Cada uno debe contribuir con sus ideas o actividades en el área de su mayor conocimiento. Si todos lo hiciéramos dejaríamos un mejor país para nuestros hijos del que recibimos. En el caso mío, en materia de salud. Aunque no soy el primero que aborda este tema, mi paso por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, me confiere una experiencia práctica de lo que he vivido y de lo que podemos mejorar. A nadie escapa que el sistema de salud de nuestro país es uno de los más atrasados de nuestro continente. Y esto es un fracaso colectivo, aunque los mayores responsables son aquellos que han conducido las políticas de salud en los últimos 50 años.

En materia de la salud, lograr una substancial mejoría en el acceso y cobertura, con reducción al mínimo de las desigualdades, constituyen una tarea pendiente e impostergable del Estado paraguayo. Las desigualdades en el acceso a los bienes y servicios básicos, que se percibe en todas las áreas de la administración del Estado, en el ámbito de la salud, resulta dramática e insostenible. Y si incorporamos al análisis la calidad del gasto público, considerando quienes lo están pagando y viendo la participación del Estado en la torta presupuestaria, el resultado es, sencillamente, inmoral.

La dirección hacia el cual deben ir las políticas de salud pública debe ser hacia la cobertura universal de salud, la cual lejos de ser un beneficio laboral es un derecho ciudadano y debe ser considerado como una cuestión de Estado de alta prioridad cualquiera sea el signo político que detente el gobierno de la República.

El concepto de cobertura universal de salud concibe a la salud pública como un sistema capaz de brindar a todas las personas, a lo largo de las distintas etapas de su vida, la atención sanitaria integral, oportuna y con calidad que necesitan en el momento que lo precisen sin que dependa de la capacidad de gasto de las personas. Incluye la atención de las catástrofes en salud (cáncer, trasplante de órganos, cirugía cardiaca, enfermedades congénitas). La cobertura universal de salud es un derecho ciudadano amparada en la Constitución Nacional (Art. 68) y su implementación ha sido incluida como una recomendación fundamental por la Naciones Unidas en la Asamblea General del 2012.

Una buena salud de la población no debe analizarse exclusivamente desde la perspectiva sanitaria. Desde el informe sobre desarrollo mundial en 1993, lo que un país gasta en salud no debe ser visto como un gasto sino como una inversión. Una buena salud de la población no sólo es una consecuencia del desarrollo económico, sino que retroalimenta al mismo, ya que la gente saludable puede hacer más por la economía. Una población sana tiene mayor productividad, es más emprendedora, presenta mejor rendimiento educativo, permite que los niños puedan asistir a la escuela y aprender y finalmente impacta en reducción de la pobreza. Además, un sistema de salud eficiente no sólo mejora estos aspectos económicos mediante la mejora de la condiciones sanitarias de la población sino también permite a las familias obtener beneficios económicos adicionales.

En particular, cuando mejor es la protección financiera de las familias contra gastos médicos catastróficos, se reduce el riesgo de quiebra económica de las familias y hace que los ahorros y activos sean más seguros, lo que les permite ahorrar más; cuando muchas familias se benefician, el aumento de su actividad económica puede estimular mejor el desarrollo económico. El Informe de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud del 2001 llevó esta idea más lejos, mostrando que una mejora del 10% en la esperanza de vida al nacer se asocia con crecimiento económico anual del 0.3%-0.4%.

Por tanto, un sistema de administración de salud de buena calidad con acceso universal protege a los individuos de la enfermedad, estimula el crecimiento económico y ayuda en la lucha contra la pobreza al mantener sana a la gente. Además, contribuye a la armonía social al proporcionar el aseguramiento a la población que los servicios están disponibles en caso de enfermedad.

El sistema de salud del Paraguay radica básicamente en una combinación de servicios integrados por un sistema público de salud ofrecido por el Ministerio de Salud para la población de bajos ingresos, el servicio de seguridad social para los empleados formales y parte de sus familias (Instituto de Previsión Social) y los servicios privados de salud para los que tienen capacidad de pago. De menor impacto son instituciones que brindan asistencia a sectores específicos de la población como el Hospital Militar y el Policlínico Policial al permitir los mismos acceso exclusivo a personal militar y policial.

Las prestaciones del servicio de salud pública son actualmente gratuitas, pero limitadas a lo que el sistema dispone (gratuidad en las consultas, camas para hospitalización, limitados insumos, limitada capacidad diagnóstica y casi ausencia de medicación de alto costo). La coordinación ineficiente entre los tres subsectores (público, seguridad social y privado) agrava la situación atentando contra el uso eficiente de los recursos requeridos para alcanzar la cobertura universal de salud.

A manera de ejemplo, el sector privado de la salud que asiste al 3% a 5% de la población dispone de al menos 6 equipos de resonancia magnética nuclear (equipo de imágenes necesario para el diagnóstico de múltiples enfermedades, más importantemente enfermedades del sistema nervioso) en tanto el sector público que asiste al 75% de la población dispone de solo uno de capacidad diagnóstica limitada. Terrible expresión de la inequidad en salud. Pero también debe aclararse la limitada cobertura de los servicios privados de salud del Paraguay cuyas prestaciones orillan a la estafa. No contemplan cobertura para situaciones de alto costo, como atención de prematuros, enfermedades congénitas o preexistentes, cáncer, cirugía cardíaca, trasplantes y muy limitada cobertura en caso de hospitalización en cuidados intensivos, abarcando sus coberturas casi exclusivamente a cuadros de bajo o mediano costo (ej. consultas médicas, partos y cesáreas y cirugías de baja complejidad).

En la situación actual, toda la carga de alto costo recae finalmente en la capacidad de gasto de bolsillo de las familias (una minoría de los casos) y en caso de que ello no fuera posible por la capacidad económica (la mayoría de los casos) la atención recae en el sistema público de salud o en la seguridad social, cuya capacidad de cobertura al momento actual son insuficientes. Deberá regularse, por tanto, la prestación de los servicios de salud por las entidades privadas. A manera de ejemplo, entre sus prestaciones no deberían excluir a aquellos que tienen enfermedades congénitas, enfermedades preexistentes o enfermedades catastróficas. Esta visión ha constituido uno de los pilares fundamentales de la reforma de salud auspiciada en EE.UU. por el presidente Barak Obama (Obamacare).

Por Prof. Dr. Antonio Arbo

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/hacia-la-reforma-del-sistema-de-salud-del-paraguay-1582045.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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4 comentarios en “Hacia la Reforma del Sistema de Salud del Paraguay

  1. Paraguay requiere un sistema de salud universal y equitativo

    El acceso a un sistema de salud de calidad y que no represente costo para las personas que enfrentan una enfermedad es un derecho garantizado constitucionalmente y en numerosos compromisos internacionales asumidos por Paraguay, además de una condición para el desarrollo. Las autoridades sanitarias y la política de salud deben dar señales claras acerca de las reformas que se están realizando para transitar hacia un sistema de salud de cobertura universal y con un uso de los recursos disponibles más eficiente y eficaz. No avanzaremos como país si la salud continúa siendo un determinante de la pobreza y la desigualdad y una condición para el prebendarismo político.
    La enfermedad y la necesidad de contar con recursos económicos para hacer frente de los gastos de salud constituyen un problema que debe ser abordado por cualquier gobierno que se enmarque en los principios de un estado de derecho y que promueva el desarrollo.

    Las consecuencias de la ausencia de una política de salud eficiente y eficaz traen aparejados un alto costo social y económico y la violación de derechos fundamentales. La existencia de enfermedades que podrían ser prevenidas, las muertes tempranas por exclusión de los servicios de salud, las incapacidades generadas por accidentes y tratamientos tardíos o mal realizados afectan a las personas en todas sus dimensiones.

    La falta de salud impide una trayectoria educativa de calidad en la niñez y juventud y en la adultez afecta a la productividad y autonomía económica. No se puede aspirar a un país desarrollado si su gente no estudia lo suficiente y no desarrolla toda su potencialidad en el trabajo.

    Desde el punto de vista político, en un país como Paraguay donde las prácticas prebendarias están a la orden del día y es el mecanismo principal para lograr la simpatía y lealtad a los partidos políticos, la vulnerabilidad asociada a una dolencia implica dependencia de las personas a un caudillo político.

    Paraguay está muy lejos todavía de lograr los estándares regionales en la cobertura de los servicios de salud. Una importante proporción de la población está excluida de cualquier servicio de salud cuando se enferma o se accidenta. Estas personas terminan sin ningún tipo de tratamiento o automedicándose debido al mal funcionamiento de los servicios: tardanza en la atención, falta de insumos y medicamentos, mal trato del personal de blanco, costos de transporte o necesidad de dejar de trabajar.

    Si bien en los últimos años hemos aumentado de manera importante la inversión en salud, los indicadores sanitarios han mejorado a un ritmo mucho menor, lo que ha ocasionado que en comparación con la mayoría de los países de la región hayamos quedado atrás.

    Una de las principales causas de estos magros resultados es la inexistencia de un sistema de salud único que garantice universalidad en la atención. A pesar de los recursos invertidos desde el Gobierno central, las municipalidades y el Instituto de Previsión Social con los aportes de trabajadores y empleadores, las familias deben contar con recursos económicos si algún integrante se enferma. Si no cuenta, debe recurrir a la solidaridad para solventar sus gastos.

    El Gobierno debe dar señales claras de que está direccionando sus esfuerzos a modificar esta situación.

    La política de salud debe mostrar un claro direccionamiento hacia una reforma progresiva tendiente a crear un sistema de salud universal que garantice eficiencia, eficacia, calidad y equidad. No avanzaremos como país si la salud continúa siendo un determinante de la pobreza y la desigualdad y una condición para el prebendarismo político.

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    Publicado por jotaefeb | 16 abril, 2017, 12:17 pm
  2. Cobertura universal en salud: de las palabras a la acción. Final

    Por Prof. Dr. Antonio Arbo

    La creación de capacidades para avanzar hacia la consecución de la cobertura universal de salud en el Paraguay requiere que se tomen medidas en diferentes áreas: (1) aumento de los ingresos impositivos y una combinación equilibrada de los recursos de los impuestos generales y de los impuestos sobre los salarios que no creen incentivos para la informalidad, la evasión o la elusión; (2) esfuerzos para aumentar la proporción del gasto público en salud, para que la capacidad del individuo de hacer pagos de bolsillo no se constituya en una barrera para el acceso a los servicios de salud; (3) optimización de la asignación y distribución de ese gasto, con una adecuada integración de las diferentes fuentes de financiamiento, capaz de garantizar fondos para los diferentes gobiernos departamentales.

    Construir un modelo de cobertura universal de salud que se base en la expectativa de que el acceso a los servicios de seguridad social y atención en salud con protección financiera a través de los pagos de los trabajadores en el mercado laboral formal permitiría alcanzar a toda la población es una ilusión (solo el 18% a 22% de la población paraguaya tiene empleo formal), y no se vislumbra a corto ni a mediano plazo disminución del elevado porcentaje de trabajadores del sector informal. Por lo tanto, la seguridad social actual tiene un efecto limitado para el logro de la cobertura universal de salud.

    En nuestro país se deben combinar ambos tipos de financiamiento (modelo mixto), para lograr un mecanismo que haga sustentable una cobertura universal de salud. El Estado debe invertir más en atención de salud, pero la mayor inversión requerirá necesariamente aumentar impuestos. Para poner en perspectiva, la carga tributaria de los países europeos es del 39,2% del PIB y de los países incluidos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organización donde solo dos países latinoamericanos están incluidos (Chile y México) del 39.3%.

    En América Latina solo tres países de la región (Brasil, Argentina y Uruguay) han alcanzado cargas tributarias superiores al 25% del PIB. El Paraguay está entre los países con menor carga tributaria (alrededor del 12.5% del PIB), menos que Bolivia, país utilizado como referencia porque comparte con el nuestro su rezago en la atención de los determinantes sociales (18, 19). Sin embargo, existen nichos a los que se puede recurrir. Por ejemplo, aumentar el impuesto a los productores y comerciantes de cigarrillos es una imperiosa necesidad, pues los mismos están lucrando a expensas de un daño que causan en la población, la cual tiene que pagar por enfermedades causadas por el consumo de los mismos.

    Los tabacaleros se quedan con las ganancias, los consumidores con la enfermedad y la población asume los gastos. Lo mismo puede decirse de actividades agrícolas que llevan aparejadas el uso de agroquímicos o la actividad ganadera. Los sojeros deben entender que si bien la venta de sus productos permiten el ingreso de divisas al país, la población requiere una compensación por los efectos de sus actividades tanto en lo que respecta a la ecología (pauperización de la tierra) y contaminación de cauces hídricos por el uso de agroquímicos, así como daño a rutas y caminos.

    A manera de ejemplo, cuando el país se dispone a financiar rutas de todo tiempo para las comunidades agroganaderas del Chaco, ¿cuál es el beneficio que recibe un campesino que reside en Canindeyú o San Pedro? Se pueden éticamente sostener estas inversiones, si con el mayor lucro que tendrán las empresas agroganaderas, tributarán mayores impuestos, y esos ingresos al fisco se tradujeran en mejor atención en salud y educación de la población más necesitada. Además con los ingresos generados por la mayor contribución se puede reinvertir más en el combate a la pobreza y en seguridad (rubro en el cual, actualmente, estos dos gremios invierten altos recursos particulares sustituyendo la incapacidad del Estado de brindarles seguridad).

    Aunque deberá haber un sustancial incremento de la inversión pública en salud, no será posible hacer sostenible una cobertura universal de salud en el Paraguay con la participación exclusiva del Estado a través de los impuestos. La otra parte del financiamiento en salud debe ser proporcionada por la población, Esto demandará que todos los que pueden, paguen un seguro de salud (del Estado o privado), excluyendo a los más pobres de la población.

    En Suiza, por ejemplo, el Estado subsidia a casi el 25% de los potenciales contribuyentes. Determinar quiénes deben pagar y quienes están exentos es perfectamente factible. Existen herramientas sociales y económicas que permiten determinar quiénes tienen capacidad de pago y quiénes no. Igualmente el arancel de salud debe estar relacionado a los ingresos económicos (el que gana más, paga más, dentro de un espectro consensuado) así como debe dejarse en libertad de elección el seguro a elegir (público y privado).

    Para el aseguramiento público, el Estado debe generar planes simplificados para contribuyentes (que no cotizan para el Instituto de Previsión Social) que incluya una contribución para garantizar el acceso al seguro de salud, excluyendo por supuesto a los más pobres de la población. Existen países que han alcanzado una cobertura universal de salud incluyendo enfermedades de alto costo, esto ha sido posible confiriendo al pago por salud como un mandato y penalizando a aquellos que pudiendo hacerlo no lo han hecho, ya que implica un alto grado de irresponsabilidad ciudadana. Si todos aportamos, todos nos beneficiamos. ¿Y qué pasará con los costos de las enfermedades catastróficas?

    Nuestro país dispone de una herramienta para el sostén de las enfermedades catastróficas. Pero para ello es fundamental que se efectivice la Ley Nº 4392 que crea el Fondo Nacional de Recursos Solidarios de Salud, promulgada el 30 de junio del 2011 (cuyo decreto reglamentario se halla dormido en la Presidencia desde el 4 de julio del 2013), con el cual los gastos que demandan el tratamiento de las enfermedades catastróficas tendrán cobertura. La promulgación de este decreto reglamentario no puede permitir retardo excepto bajo el amparo de la irresponsabilidad en el manejo de la Res publica.

    Conclusiones. La salud pública es un derecho ciudadano y es obligación del Estado poner en marcha todos los mecanismos que permitan lograrlo. Ningún proyecto país puede obviar este cometido. Alcanzarlo será un proceso cuyo inicio no admite dilaciones.

    * Profesor titular. Universidad Nacional de Asunción. Miembro de la Academia Nacional de Medicina. Investigador Nivel III del Sistema Nacional de Investigación. Exministro de Salud.

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    Publicado por Anónimo | 12 abril, 2017, 7:48 am
  3. Cobertura Universal en Salud: experiencias de otros países – Parte III

    Por Prof. Dr. Antonio Arbo

    El aspecto fundamental para alcanzar una cobertura universal de salud para todos los habitantes del Paraguay es lograr un financiamiento que haga sostenible las prestaciones en salud. Diferentes modelos de financiamiento han sido seguidos por los diferentes países que han logrado una cobertura universal de salud o están en fase próxima a alcanzarlo. Fijémonos primero en países del primer mundo.

    El modelo de cobertura universal de Taiwán o Canadá depende casi exclusivamente de la parte contributiva del Estado. En estos países los ciudadanos –población casi totalmente ocupada– pagan altos impuestos sobre sus ganancias y, en retribución, el Estado garantiza la atención de salud de la población, la cual no requiere gasto adicional de bolsillo, aunque se trate de una enfermedad catastrófica.

    El impuesto a la renta de los países con este tipo de modelo oscila entre el 40% y 60%. Sin ninguna duda, una condición sine quan non en este modelo es el manejo honesto del dinero de los contribuyentes.

    Si analizamos los países de la región, se observa que pocos han tenido éxito en la integración de los sistemas de salud y logrado su financiamiento mediante ingresos fiscales generales. Un modelo que ha sido seguido por algunos países –ejemplo, Brasil– es basar el financiamiento de la salud básicamente en impuestos generales. De esta manera, toda la población está cubierta por un sistema financiado por impuestos generales, siendo por tanto la cobertura independiente de la capacidad de pago de las personas.

    En el Brasil, la reforma constitucional de 1988 proporcionó el acceso universal e integral a los servicios de salud estatales financiados con ingresos fiscales generales. Sin embargo, este modelo no es sostenible por mucho tiempo, y en la medida en que aumenta la población que accede a los servicios de salud, el sistema tiende a colapsar (al aumentar el acceso de la salud se identifican más casos de enfermedades crónicas que requieren tratamiento –ejemplos: diabetes e hipertensión–, así como enfermedades de alto costo –como cáncer, insusficiencia renal, enfermedades cardiacas–), ya que la sostenibilidad de este modelo solo es posible con un incremento sustancial de los impuestos e incremento del denominador de aportantes.

    Otros países han adoptado como modelo de financiamiento una combinación de financiamiento (sistema mixto), integrado por impuestos sobre los salarios con los sistemas públicos financiados por impuestos generales. Un ejemplo de este tipo de modelo es el de Costa Rica, país en el cual más del 93% de la población esta asegurada, y aproximadamente el 50% del financiamiento depende de la cantidad aportada por los empleados del sector formal y el otro 50% del Estado, cubriendo ambos financiamientos los servicios médicos de la población que no contribuye, dada su pobreza.

    Chile tiene un sistema de integración parcial, donde los ciudadanos deciden si se inscriben en el sistema público (Fondo Nacional de Salud, FONASA), financiado por sus contribuciones y también por los impuestos generales, o en una aseguradora privada (Instituciones de Salud Previsional, (ISAPRES). Esta elección depende en gran medida de los ingresos de los aportantes.

    Actualmente, el 80% de la población se encuentra cubierta por FONASA, y el 17% por las ISAPRES, con lo cual este país esta alcanzando una cobertura universal de salud. En un inicio, este sistema dual ha tenido la dificultad de la asimetría en la calidad de la atención en salud entre los dos fondos (el sistema privado –más caro– proporcionaba mejor cobertura que el sistema público). Sin embargo, en el año 2005 el sistema de salud chileno experimentó una gran reforma adoptando el plan denominado Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE).

    Este plan, que en un principio cubría 25 enfermedades prioritarias, últimamente aumentó a más de 100 afecciones, donde no solo están garantizadas la atención de la gran mayoría de las dolencias, sino también esta preestablecido el periodo máximo de espera. Por ejemplo: el plan establece cuál es el tiempo máximo que una persona con una dolencia determinada puede aguardar para obtener la solución, y esto se ha establecido con cada enfermedad en un consenso definido por un Consejo Médico y de acuerdo amplio.

    En Colombia, la reforma del sistema de salud comenzó en 1993. En un inicio se tuvieron dos seguros: un régimen contributivo, para los empleados formales, y otro subsidiado, para la población de bajos ingresos. Para el año 2014, ya prácticamente toda la población estaba asegurada, habiéndose creado el Fondo de Solidaridad y Garantía, que agrupaba las contribuciones sobre los salarios y los ingresos fiscales generales para financiar un plan de beneficios estándar, permitiendo una equiparación gradual del plan de beneficios de los sectores de bajos ingresos, mediante el incremento de los subsidios estatales. Esta reforma aún en transición tuvo un efecto importante al reducir los gastos privados en materia de salud de la población más carenciada.

    Otro ejemplo de país latinoamericano que ha alcanzado una Cobertura Universal de Salud es el Uruguay. En este país, cada habitante desde el nacimiento está obligado a registrarse al sistema de prestación de salud, ya sea público o privado, dependiendo de sus ingresos, elección que por decisión propia puede cambiar año a año. En el caso de que se opte por afiliación al sistema privado, el aporte ya va deducido en el salario o son pagados en forma directa en el caso de trabajadores que lo hacen en iniciativa privada.

    Los que no pertenecen a estos dos fragmentos se afilian al sistema público cuyos costos son asumidos por el Estado. La atención de las catástrofes en salud son sostenidas adicionalmente por un Fondo de Salud, el cual se encarga de los costos ya sea en el sistema público o en el privado. * Profesor titular. Universidad Nacional de Asunción.

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    Publicado por Anónimo | 11 abril, 2017, 8:53 am
  4. Cobertura Universal en Salud en el Paraguay: ¿es posible?

    Por Prof. Dr. Antonio Arbo

    En pleno siglo XXI, un país en el que una porción importante de su población no cuente con acceso adecuado a un sistema de cobertura de salud es un país que no puede considerarse haber abandonado el atraso. Aun cuando se pudieran presentar todos los mejores índices macroeconómicos, de qué sirve si la gestión de República no es capaz de brindar seguridad social y una vejez digna a sus ciudadanos que en un alto porcentaje hoy viven en incertidumbre con respecto a su futuro.

    El problema de salud se agudiza al considerar aspectos particulares que requieren atención particular del Estado. En este sentido, la atención de pacientes con discapacidad, ya sea congénita (metabolopatías, genopatías) o adquirida (secundaria a enfermedades –meningoencefalitis, accidentes cerebrovasculares– o a accidentes de tránsito por citar las situaciones mas frecuentes), requiere un análisis especial. Actualmente, cuando nace un niño o niña con discapacidad, representa una tragedia para la familia. Los servicios públicos de salud no están preparados para la atención de este tipo de enfermos (solo una institución de Salud Pública tiene una limitada capacidad para el diagnóstico de los mismos, el Hospital de Niños Acosta Ñu) y la capacidad del Senadis (Secretaría Nacional de los Discapacitados) es mediocre.

    Para el tratamiento de algunas enfermedades congénitas que producen discapacidad se disponen actualmente medicaciones –de alto costo– que pueden permitir una calidad de vida excelente (como algunas metabolopatías) o dispositivos que permiten paliar la discapacidad (el implante coclear para algunas sorderas). Aunque parte de esta responsabilidad del Estado es realizada por organismos no gubernamentales que brindan asistencia en forma parcial o totalmente gratuita (Teletón, por ejemplo.), esa atención resulta insuficiente e incompleta.

    Los padres están obligados a abandonar sus trabajos remunerados (habitualmente, uno de ellos), gran parte del tiempo lo destinan deambulando en busca de atención médica, y una significativa parte del ingreso económico va para pagar los gastos que demandan los cuidados médicos. Esta situación dolorosa afecta a los demás hijos sanos cuya educación se ve afectada (menor calidad educativa, ya que para proteger el presupuesto familiar los hijos deberán educarse en instituciones públicas con baja calidad educativa o experimentan abandono forzoso en la etapa de educación media o terciara porque deben trabajar y contribuir con sus ingresos al presupuesto familiar).

    Así se constituye una espiral que conduce a la quiebra anticipada de dos o tres generaciones (ya que los abuelos igualmente contribuyen a los gastos de salud). El comentario de un padre afectado por el nacimiento de un hijo prematuro refleja muy bien la situación: “.. en las primeras semanas, ya tuvimos muy claro qué era lo que podíamos esperar del Estado. Su contribución consistió en cobrarnos, al contado, 60 millones solo en concepto de IVA, por el consumo de los servicios de salud”. “Y con otros tantos, se quedó también el mismo estado y en el mismo concepto, con la venta de los bienes que malvendimos para obtener el dinero para pagar esos servicios”. “Resultó el Estado beneficiado con el 20% de los gastos motivados por una situación que descalabra física, emotiva y económicamente a las familias”.

    Esto mismo se aplica a familias de pacientes con otras enfermedades catastróficas, como cáncer, o enfermedades que requieren diálisis o como opción de tratamiento para salvar la vida el trasplante o enfermedades que requieran cirugía cardiaca. En una sociedad civilizada, ¿es posible permitir este modelo? No me cabe la menor duda de que estas situaciones deben caer bajo el amparo del Estado. No se puede abandonar a las familias con estas circunstancias y los gastos que demanden la atención de los mismos deber ser sostenidos por el Estado.

    La descentralización del sistema de salud representa igualmente un desafío que requiere encararlo con firmeza pero con prudencia. La descentralización mejora la participación ciudadana en los sistemas de salud, pero también genera entornos más complejos para la gestión de gobierno y la eficiencia, debido a la diferente capacidad y riqueza de diferentes localidades (no podemos comparar la capacidad económica de distritos de Itapúa con distritos de San Pedro). Si es encarada en forma populista, la descentralización podría fragmentar la toma de decisiones, ampliar las desigualdades entre municipios y el riesgo de politización de las decisiones de salud. A nadie escapa los múltiples ejemplos de intendentes y gobernadores o diputados regionales que, apenas llegan al cargo, quieren colocar a sus operadores políticos en los cargos de gestión en salud. De ahí que deberá iniciarse en forma progresiva pero supervisada.

    La visión país debe ser alcanzar la Cobertura Universal de la Salud para todos los ciudadanos que habitan este país. Con la estructura actual de la salud en el Paraguay, es lógico que el logro de la cobertura universal de salud sea visto como una quimera. Reconvertir el sistema de salud que tenemos –altamente deficiente y de inequidad y solo permitida por la mansedumbre fatalista de la población fruto de la poca educación– requiere alto compromiso patriótico y responsabilidad en el manejo de la cosa pública.

    En esencia, la salud nunca es gratuita. Alguien lo tiene que pagar, y ese alguien son las personas, ya en forma directa (a través de un monto preestablecido) o en forma indirecta (en este caso, es el Estado el que solventa, pero el dinero proviene de las personas a través de los impuestos). Ambas formas de financiamiento pueden ser únicas o complementarias, surgiendo así los diferentes formas de solventar la cobertura sanitaria. Pero la mayor carga no puede recaer exclusivamente en la capacidad económica de las familias, como es actualmente, por lo menos en lo que se refiere a enfermedades catastróficas. Por lo tanto, la estructura de financiamiento del sistema de salud desempeña un papel fundamental para el logro de la cobertura universal de la salud.

    La inversión pública en salud medida por porcentaje del gasto total del Estado en nuestro país es alrededor del 11,2%, claramente inferior de los que invierten otros países de la región, como Argentina (21,7%), Uruguay (21,8%) o Costa Rica (28%). Así, nuestro país es uno de los países con menor inversión pública en salud. Por otra parte, el gasto privado en salud en el Paraguay representa el 65% del gasto total en materia de salud, el cual como porcentaje del PIB es el mayor del Mercosur (Argentina 33,5%, Uruguay 30,5%, Brasil 51,3%, Bolivia 29,2%) y de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

    Esto revela que son las propias familias en el Paraguay las que financian, en gran medida, a través de pagos directos de bolsillo, los niveles bajos de inversión pública en materia de salud. La necesidad de incurrir en gastos de bolsillo para tener acceso a servicios de salud o procurarse medicamentos es una de las mayores fuentes de inequidad, ya que el que tiene medios tendrá mejores posibilidades de sortear una dificultad en salud, en contraste con gran parte de la población de recursos económicos limitados. Estos no podrán acceder a una atención y tratamiento de calidad, con lo cual se afecta directamente el pronóstico y la calidad de vida, lo que es moralmente inaceptable en cualquier sociedad medianamente civilizada.

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    Publicado por Anónimo | 9 abril, 2017, 6:05 pm

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