Corte Suprema de Justicia en una encrucijada de hierro

La mentirosa actitud dialoguista asumida por el presidente Horacio Cartes, después de haber ensuciado su imagen local e internacional a raíz del grave episodio en que se metió su régimen con los sucesos violentos del viernes pasado, no tiene sentido ni es oportuna. Cartes hubiese llamado al diálogo antes de pergeñar la grosera violación constitucional que cometieron, él, su sector partidario de apoyo y sus ocasionales aliados en la tramoya, antes de introducir subrepticiamente su proyecto de ley de enmienda constitucional por el portón trasero de la Cámara de Senadores, como lo hicieron, suscitando el repudio generalizado del que todos fuimos testigos y que desembocó en los lamentables hechos posteriores.

Esa artera e ilícita maniobra, además de generar la irritación colectiva de una sociedad harta de soportar esta sucia manera de hacer política, supuso también la división entre los senadores, que, liados en bandos opuestos, actualmente no pueden trabajar con sentido corporativo y nacional, que es como deben hacerlo. Horacio Cartes y Fernando Lugo, obnubilados por su descomedida ambición, los separó, los enfrentó, les hizo ser desconfiados uno del otro, de modo que, al igual que gran parte de la ciudadanía, acabarían siendo pasto seco para el fuego de la discordia, que el Gobierno, aplicando la vieja ley del “divide y vencerás”, tuvo y tiene por plan principal.

Actualmente, obra en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad presentada por el sector institucionalista de la Cámara de Senadores, representado procesalmente por su presidente, Robert Acevedo, quien ahora también está invitado por Cartes a “dialogar”. ¿En qué condiciones va a asistir Acevedo a la reunión con Cartes? Hay pendiente de fallo una acción de inconstitucionalidad que ataca directamente una iniciativa del gobierno de Cartes. ¿No dice el sentido común que antes de entablar conversación sobre un asunto que está en manos de magistrados, hay que conocer la suerte que el caso judicial merece?

Por este camino se llega a una primera conclusión: la reunión convocada por Cartes para hoy no es más que una maniobra de distracción dirigida a desviar el foco de la atención pública, con el objetivo de que el verdadero problema principal se pierda de vista. Porque el asunto que constituye el fondo de todos estos conflictos son las descaradas inconstitucionalidades cometidas por los reeleccionistas; no son los hechos sucedidos el viernes pasado en la vía pública, consecuencia del mal principal.

Ahora es la Corte Suprema de Justicia la que tiene en sus manos reencauzar los procesos políticos y jurídicos, y hacerlos volver a la normalidad. Para eso tiene que anular los trámites ilegales realizados por los agentes impulsores del tramposo y extemporáneo proyecto reeleccionista, de tal suerte que las cosas vuelvan a su cauce jurídico correcto.

Pero para declarar nulas las actuaciones de los secuaces de Cartes y Lugo en la Cámara de Senadores hay que tener autonomía, coraje y sólida formación moral para aplicar la ley a rajatabla. ¿Tienen los miembros de esta Corte esos atributos? Esta pregunta es precisamente la que quedará respondida por su decisión, cuando la tomen, que, además, les marcará su imagen pública por el resto de sus vidas.

La Corte tiene el deber legal, profesional, ético y patriótico de ocuparse con urgencia de este asunto, porque, como bien expresó una de sus miembros, Miryam Peña, este caso excede lo ordinario al convertirse en un asunto de importantísimo interés nacional. En efecto, en el momento actual están afectadas la paz pública, la estabilidad de nuestro sistema democrático y la concordia política. De modo que, por cada día que los magistrados demoren en expedirse, se profundizarán todos los fosos que ya comenzaron a abrirse en nuestro país desde que se usurpó la competencia del presidente de la Cámara de Senadores.

Entretanto, hay que tomar en cuenta que, paralelamente a la iniciativa antedicha, también fue interpuesta una acción de amparo para impedir que la Cámara de Senadores trate ningún proyecto de enmienda que no lleve su rúbrica.

Una magistrada dio curso a la acción, de manera que existe un nuevo obstáculo legal para que ninguno de los otros dos Poderes del Estado continúe intentando llevar adelante el malhadado proyecto.

Con estos dos trámites judiciales pendientes de resolución, Cartes no debió invitar a nadie a la denominada “mesa de diálogo” y nadie debería aceptar concurrir, porque, sin tener certeza de lo que la justicia va a determinar acerca del motivo de la conversación, las propuestas que se hagan y los eventuales acuerdos carecerán de fundamento.

La ciudadanía está harta de la contumacia de Cartes, de Lugo y de sus respectivos satélites en esta desatinada aventura que emprendieron, y que quebranta todo el sistema democrático y legal de la República. Si persisten en no retroceder en su propósito para retornar por las sendas correctas, lo que van a cosechar es una resistencia popular cada vez más amplia y firme a lo largo y ancho del país, que ya se cobró la vida del joven liberal Rodrigo Quintana, y podría producir más derramamiento de sangre y del que serán responsables. ¿Será que esta posibilidad no les alarma? ¿Es que no leen las informaciones de prensa, no acceden a las redes sociales, no recogen comentarios en las reuniones públicas?

La ciudadanía espera que la Corte Suprema de Justicia rompa ese humillante sometimiento de sus miembros al poder político, resuelva conforme a derecho, y rechace la burda pretensión de los reeleccionistas de atornillarse en el poder como hizo Stroessner.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/corte-suprema-de-justicia-en-una-encrucijada-de-hierro-1581082.html

18 comentarios en “Corte Suprema de Justicia en una encrucijada de hierro”

  1. Lección para crecer

    Por Lourdes Peralta

    Estamos pasando días muy agitados y cada grupo y clase social percibe soluciones de la misma manera. El Congreso fue quemado. Para algunos fueron vándalos, para otros fue el pueblo. Aunque condenamos lo mismo, estamos divididos en las opiniones y formas de sentir o interpretar la política nacional. Injustamente un joven manifestante murió en manos de un policía que entró a matar. Su muerte enlutó al país, no obstante muchos siguieron con sus fiestas de fin de semana.

    Un joven desde la plaza se grabó diciendo que pacíficamente se hubiera juntado más gente y que la responsabilidad de cada uno está en el día a día, en la escuela de sus hijos, en su estudio, en su trabajo. Buscando un punto de apoyo, miles le dieron me gusta y lo compartieron. A esto me permito agregar que este muchacho habla desde un trabajo, una familia estable, un futuro que puede ser mejor. En nuestro país no todos tienen estas condiciones, y en el estallido social fueron en su mayoría los que sufren desigualdades socioeconómicas los que arremetieron. No vamos a determinar aquí a quién importa más y quién menos (nadie es menos en un debate de humanidad, pero sí en la selección de producción y proyección), no obstante, si nos situamos en la madre de todas las pobrezas, la falta de trabajo o trabajos mal pagados, entonces podemos decir que es mayormente fue parte de esa gente que, manipulada o no, fue la que se levantó. Sin embargo, fuera de toda discriminación (de uno y otro lado) tenemos que preguntarnos si somos una sociedad común y unida como necesitamos no todos los días. También de dónde nace la rabia de esta última violencia, si es hija de otras violencias.

    Nunca es una pregunta fácil de responder: dónde estoy yo parado y si tengo no solo mi propia razón en claro, sino cómo la relaciono con los demás descontentos, además de cuándo y cómo activar el proceso de cambio.

    Lo que deja esta batalla es una oportunidad para sentar diálogos donde surjan, directos y claros entre vecinos, padres, de compañeros de trabajo en la manera conseguir lo que nos parece justo para toda la sociedad. Porque en los barrios adentro, saliendo del centro, hubo y hay mucha gente que no entiende bien qué ocurrió. Para algunos fue “un kilombo”, “una suerte que no fui ese día al centro”, “se les pagaba a los manifestantes”, también jóvenes que dijeron haber sido levantados por la policía “sin tener nada que ver con la manifestación”… Lo cierto es que tuvimos un saldo que lamentar, una lección dolorosa. Una persona, un padre joven murió asesinado por la Policía. Otro padre comentaba el día después que había ido a la plaza con toda su familia porque su hija adolescente quedó tan impactada con lo ocurrido que quería estar ahí, hablar, escuchar, participar del micrófono abierto. Todas estas necesidades son buenas.

    Todo esto nos está pasando, mucho para pensar, para actuar juntos por la salud y el bien social que anhelamos. Lo que vivimos nos trajo además muchos sentimientos encontrados respecto a cómo se debe hacer un cambio, un poder ver nuestros recursos para avanzar. Más allá de los discursos exacerbados y emotivos de bravos leones, de pechos muralla, etc. está la realidad y el deber de conocernos como pueblo para unir las aristas.

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  2. ¿Dónde está la pelota?

    Por Caio Scavone

    El resto de los paraguayos que no formamos parte de la selección nacional de fútbol que compite para el mundial de Rusia se nos perdió la pelota. En el último combo, ante Ecuador y Brasil, el seleccionado de Chiqui Arce también sufrió el problema de no encontrar la pelota ni a los atacantes adversarios. Contra Brasil ya no solo se perdió la pelota, sino se perdió el partido y hasta los jugadores estaban perdidos en la cancha como para pensar que, si Paraguay va al próximo mundial, será para confraternizar, para que viajen más dirigentes que jugadores y para autenticar que en materia de este deporte hace tiempo que venimos en bajada, tan igual al papel de las embajadas criollas diseminadas en muchos países.

    Las indicaciones de los técnicos paraguayos que brindan desde el costado de la cancha, por más de 90 minutos se asemejan como el turno normal y sin recargo en un motel, es lo que cuentan mis amigos… y yo a ellos. Desde el inicio se escucha gritar a los técnicos futboleros: apretale fuerte, agarrale y no le sueltes, encimale, no lo dejes pensar, en clara referencia que significa que si se piensa, se gana.

    A medida que avanza el tiempo, el encuentro se torna más hot y se escucha: vayamos arriba, hay que apretar más, no lo dejes respirar, rotemos, hay que amagar por la derecha y entrar por la izquierda y hasta se escucha: andá adelante para entrar por atrás, subite encima, bajate vos y que suba el otro y terminar con un largo: saliiiiimos…!!

    Hoy la gente ya no puede diferenciar quién va por la derecha y quiénes van por la izquierda, el diestro se hizo zurdo y el zurdo hoy chuta con la derecha. En otra época sabíamos que la fórmula exitosa era; centro, cabeza y gol. Y hoy ya no existe tanta cabeza ni para tirar un centro. Se mezclaron todos para gritar el gol de la enmienda y del rekutu.

    El pasado viernes se juntaron todos y con los mismos términos cuasi eróticos de los DD.TT. de fútbol y algunas variantes como: atacá con la zurda y por la derecha, atacá con la derecha y por la zurda, que no pase ese hombre, pateale y golpeale a ese que quiere entrar, disparale unos balines.. digo un balonazo, correle y que no se escape, ese es tu contrario, lanzale al suelo, ya lo tenemos acorralados, corran que falta muy poco para ganar, hay que jugar a matar y hasta: el presidente dijo que hay que ganar, cueste lo que cueste, él tiene mucha plata y dicen que ya le compró a todos los jueces.

    Después de Stroessner todos dijeron: dictadura nunca más..!! ¿Se puede cambiar de forma de pensar y de hacer? Claro que sí. Solo que cuando uno lo hace es madurez y cosas de la política y si otro lo hace es el clásico “yvytuismo”. El exobispo hizo la de Poncio pero no la del jugador del Ríver porteño. Un liberal se puso a favor de los colorados, todo por no quedar en el llano. ¿Será que veremos una alianza azulgrana contra el libidinoso exobispo o una coalición Frente Guasu-Pytã en contra de los liberales?

    La renuncia de referentes por no estar de acuerdo con el Chiqui difícilmente ocurra en la política partidaria. Aquí nadie renuncia y es más fácil crear una carpa nueva con unos adeptos e ir recorriendo otras carpas según las motivaciones. Si es en dólares, mejor. Y son otros tiempos los que nos toca vivir, Laíno era un nadie sin Stroessner y Pancho de Vargas no hubiera vivido tan panchamente sin Pastor Coronel. Hoy cambiamos de amigos y de enemigos en menos de lo que se queman un Congreso y 25 de sus miembros.

    A pesar de nuestros gobernantes, la economía florece y muchos tratan de frenar el crecimiento pero, felizmente, puede más la producción y la industria en manos privadas.

    Entre la política y el fútbol se registra un empate: estamos muy lejos de ir a Rusia y de la enmienda para el rekutu, es que nadie sabe dónde está la pelota…

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  3. ¿Me permite una pregunta, señora Sarah Cartes?

    Posteado por Daniel Ortiz el 04-04-2017

    Hola. La molesto por una consulta. Usted era una de las personas que más influía en su hermano, el presidente Horacio Cartes. ¿Que pasó? ¿En qué momento perdió esa posición contra los aduladores? Entiendo que nunca estuvo de acuerdo con el tema de la enmienda pro reelección, que hoy ya está manchada con la sangre de un joven de 25 años. Sabe usted que esa no es la vía.

    ¿Se acuerda ese 16 de agosto de 2013, cuando con satisfacción su familia observaba aquella entrevista que hacía CNN a nuestro flamante presidente. Suspiró, entre orgullo y alivio, cuando su hermano aseguraba al periodista de esa cadena internacional que no buscaría la reelección, que la gente estaba cansada de eso. Me imagino que ahora siente ese pesar en la boca del estómago cuando el mismo canal, hace unos días, reclamaba la descarada mentira.

    La veo serena e inteligente y eso me anima a preguntarle: ¿Es tarde ya para hacer cambiar de opinión a su hermano? Le quiero comentar que anoche estuve en la manifestación por la paz. Fui con mi esposa y mi hija de 14 años. Vi muchos jóvenes que repetían convencidos que «sus pechos serán las murallas» ante cualquier intento de atropello a la Constitución. También gritaban «vencer o morir». Sentí que en verdad estos chicos no dudarían en recibir golpes y balas si se intenta algo ilegal desde el Gobierno. La verdad que me dio miedo por lo que pueda ocurrir. De ahí mi consulta sobre si su hermano puede dar un paso hacia atrás en cuanto a su deseo de seguir en el poder.

    Hablando de seguir en el poder, el otro día me ubiqué cerca de usted durante la misa en la Iglesia San José. Fue el domingo 19 de marzo a las 11:00. Usted fue con su hija, su sobrino y un joven que no pude identificar. Se sentaron, al igual que yo, en el último banco. No tenían ningún guardia y vestían con sencillez. ¿Se acuerda de lo que trató la homilía? El padre Mario había pedido no buscar saciar nuestra sed interna con dinero, poder y placeres, pues esto solo nos lleva a tener más sed de esas cosas. “No conozco a ninguna persona con dinero que diga ‘ya tengo suficiente’; quiere más y más dinero. Lo mismo pasa con los que tienen poder y los que priorizan los placeres. Quieren más y nunca se les aplaca la sed interna; al contrario, tienen cada vez más sed”, había dicho el religioso al señalar que el único que aplaca esa sed es Jesús. Le tengo que confesar que, al escuchar el mensaje, no pude evitar pensar en su hermano, nuestro presidente.

    Sé que esa mañana usted también pensó en su hermano, cuando el padre daba su homilía. Pensó en ese deseo que él tiene de seguir en el poder. A mi me duele señora, porque su hermano, en febrero del año pasado, juró por Dios que no iba a buscar la reelección. Usted como creyente sabe lo grave que es eso. Su hermano perdió ese temor a Dios. Eso es triste y peligroso para su descendencia. Muchos católicos y evangélicos están orando por su hermano, para que tome buenas decisiones. Las palabras del justo son poderosas ante los ojos de nuestro Creador. Ojalá también usted pueda interceder por la paz en nuestro país y que nuestro presidente pueda ser como aquel líder del 31 de octubre pasado, cuando pidió a sus diputados retirar el proyecto de enmienda con el siguiente argumento: «Las diversas interpretaciones (de la enmienda) no tienen claridad respecto de la viabilidad legal y en consecuencia, pueden dividir a la sociedad paraguaya y fracturar al Partido Colorado. Somos testigos de la crispación y tensión que ha generado, no seré partícipe de este camino».

    Espero no haberla importunado, pues la única intención es que en las familias paraguayas tengamos paz.

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  4. El Gobierno debe entender el mensaje de la ciudadanía

    Es cada vez mayor la cantidad de ciudadanos que salen a manifestarse en calles y plazas, exigiendo que se ponga fin a la crisis política y a la violencia, y por sobre todo que los promotores de la enmienda en favor de la reelección desistan de su propósito de violar la Constitución. Sin embargo, hasta ahora los referentes del Gobierno y del Partido Colorado, principalmente el presidente Horacio Cartes y sus aliados, Fernando Lugo y Blas Llano, parecen no entender el mensaje de la ciudadanía y persisten en su plan de consumar la ilegalidad. Habrá que ver cuánto más de movilizaciones y conflictos deberá sufrir el país, hasta que se impongan la racionalidad y la cordura.
    Uno de los gestos más conmovedores durante la movilización del lunes a la noche, en la Plaza de Armas de Asunción, fue cuando varios jóvenes se acercaron de entre la multitud hasta la valla que rodeaba al edificio quemado del Congreso y obsequiaron flores a los policías que estaban custodiando el local.

    Ese simbólico acto de ofrenda en favor de la pacificación del país significaba mucho y podría interpretarse como una forma de diálogo que un sector de la ciudadanía está encarando con resultados mucho más positivos, mientras las principales autoridades y los protagonistas políticos de la crisis aún no lo están logrando.

    Desde la noche del viernes, en que tras el atropello cometido por los 25 senadores que aprobaron ilegalmente el proyecto de enmienda, se produjo una primera reacción de manifestantes, que derivó en una violenta represión policial, seguido por el incendio del edificio del Congreso por parte de algunos vándalos, el ataque policial ilegal a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico y el asesinato a sangre fría del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, la cuestión de estar en contra de la enmienda dejó de ser solamente la lucha de un grupo político, para pasar a ser cada vez más una reivindicación ciudadana.

    Una clara demostración fue la gran concentración de personas en la Plaza de Armas capitalina, en la noche del lunes, en un acto que esta vez no fue convocado por los opositores y disidentes políticos, sino por los propios ciudadanos indignados, a través de las redes sociales en internet. En esa oportunidad, el mensaje de la ciudadanía contra Cartes, Lugo, Llano y los 25 senadores resultó claro: desistan de la enmienda y restablezcan la quebrada institucionalidad democrática.

    Esta misma movilización fue replicada por pobladores de varias otras localidades del interior del país, como Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, Concepción, Villarrica, San Estanislao, Pedro Juan Caballero, Santa Rosa, San Juan Bautista, Carapeguá, María Auxiliadora, entre otras ciudades, todos compartiendo el mismo clamor. A ello se suman los diversos actos de escrache o repudio ciudadano contra los 25 senadores, así como la decisión de los dueños de varios locales comerciales y gastronómicos de negarles el acceso.

    Sin embargo, hasta ahora los referentes del Gobierno y del Partido Colorado, principalmente el presidente Horacio Cartes y sus aliados, Fernando Lugo y Blas Llano, parecen no entender el mensaje de la ciudadanía y persisten en su plan de consumar la ilegalidad.

    Habrá que ver cuánto más de movilizaciones y conflictos deberá sufrir el país, hasta que se impongan la racionalidad y la cordura.

    http://www.ultimahora.com/el-gobierno-debe-entender-el-mensaje-la-ciudadania-n1075895.html

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  5. Zoqueteros de ayer y de hoy

    Por Guido Rodríguez Alcalá
    «Al final, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos». ¡Cuánta actualidad tienen estas palabras de ese gran luchador de los derechos humanos, Martin Luther King! Esas palabras suenan ahora, en medio de un silencio culpable. El silencio de quienes considerábamos nuestros amigos, no porque existiera una relación de amistad, sino porque los creíamos comprometidos con el cambio. ¡Qué decepción! Matan a Rodrigo Quintana y ellos se callan. O, lo que viene a ser lo mismo, mienten acusando a quienes no tienen la culpa para seguir adelante con el plan de reelección de Horacio Cartes.

    ¡Cómo cambian las cosas! En 1991, yo celebré el triunfo de Carlos Filizzola, la primera victoria electoral democrática de un intendente municipal en varias décadas. Pensaba que, con la caída de Stroessner en 1989, había caído también el stronismo, y todo sería diferente. Me equivocaba, como se equivocaban los miles de asuncenos que queríamos un país mejor: es muy difícil superar tantos años de corrupción y de violencia.

    Sin embargo, creíamos que ya había llegado el cambio en el 2008, con el triunfo electoral del presidente Fernando Lugo. Por desgracia, los viejos personeros del stronismo, junto con los nuevos hombres escombro surgidos durante la transición política, decidieron bloquear el proyecto de cambio. Prepararon una matanza en Ñacunday, que no salió, y aprovecharon la matanza de Curuguaty para destituirlo a Lugo en el 2012.

    Yo protesté contra el golpe parlamentario que tumbó a Lugo y ahora, ¡oh, sorpresa!, veo a Lugo, Filizzola y su equipo embarcados en un segundo golpe parlamentario, al alimón con los golpistas del 2012. Pidiendo la reelección inconstitucional de Lugo, los del Frente Guasu saben que apoyan la reelección inconstitucional de Cartes, sin reparar en el asesinato de Rodrigo Quintana, la lesión grave del diputado Édgar Acosta, la brutal represión policial. A medida que la ciudadanía se movilice contra la intentona golpista, la represión aumentará; esta es una consideración racional que debería alarmar a cualquiera, pero no influyen en el ánimo golpista.

    La movilización cívica, por otra parte, tiene un aspecto esperanzador: muestra que aún existen miles de personas deseosas de un país mejor, pese a las claudicaciones de una dirigencia política que no les dirige ni les representa. En varias localidades del país, espontáneamente, se han reunido miles de personas para exigir el final de los abusos. «Lo que pasa es que el pueblo está cansado», me dijo un taxista. Sí, está cansado y además alarmado: sabe que se viene una dictadura con la reelección de Cartes. ¿La reelección de Lugo? ¡Una fantasía! Lugo tiene tantas posibilidades de ganarle a Cartes como los zoqueteros liberales de antes las tenían de ganarle las elecciones a Stroessner.

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  6. Las movilizaciones sociales

    En las últimas semanas, el país ha sido testigo de una serie de movilizaciones y protestas, varias de ellas concebidas y ejecutadas en el marco del respeto. Aunque sus protagonistas sean diferentes, en esencia y motivaciones son las mismas. Tanto la marcha campesina realizada el pasado 29 de marzo como la realizada el lunes 3 de abril, los paraguayos y paraguayas que participaron de estas marchas demostraron un absoluto respeto al civismo y a las instituciones.

    Los labriegos que integran la Federación Nacional Campesina (FNC) llegaron hasta Asunción, una vez más, para una marcha sobre la capital que está muy cerca de cumplir su primer cuarto de siglo, el próximo año. Aunque hace ya casi 25 años vienen planteando los mismos reclamos y similares reivindicaciones, en todo este tiempo nunca hubo desmanes o disturbios, salvo algunos conatos violentos en los primeros años posteriores, durante la transición democrática. En este 2017, la semana pasada apenas, los campesinos dieron ejemplo de conducta ciudadana al marchar hacia el centro de Asunción de manera pacífica, prolija, aunque firme en sus reclamos.

    Similar situación se vivió el domingo y el lunes pasado, tanto en la plazoleta Herminio Giménez, donde la manifestación estuvo a cargo de estudiantes universitarios, y en la Plaza de Armas, en el centro de la capital, donde miles de personas se movilizaron en contra de la reelección presidencial, para exigir que los políticos depongan sus intereses sectarios y poner fin a la violencia.

    Sin embargo, en un enorme contraste con la muestra de civismo exhibida en estas movilizaciones, la revuelta con marcado signo de vandalismo salvaje registrada el viernes 31 de marzo pasado, riñe y se distancia de la pacificación alcanzada en las marchas que en esta columna se analizan.

    Si bien el ataque al Congreso comprende una carga simbólica, porque aunque desprestigiada por una pésima calidad legislativa, representa a uno de los tres poderes del Estado, este acto supone más que una revolución una regresión en la institucionalidad, y hasta en la conducta ciudadana.

    La marcha campesina y la del 3 de abril son una muestra clara que los ciudadanos pensantes y con convicción de esta República no se dejan manipular ni vender por fruslerías; ejercen su civismo movilizándose pacíficamente y el mayor «daño» que causan es provocar congestión en el tránsito vehicular.

    Aunque hubiese razones para perder la paciencia, ninguna protesta debe desbordarse como sucedió el viernes pasado en el microcentro de la ciudad, donde los vándalos y los bárbaros, muchos de ellos motivados por intereses sectarios, se apoderaron del centro para sembrar el caos y el descontrol.

    Un escenario absolutamente irreal es el que se vive cuando los «manifestantes» que dicen jactarse de democráticos y patriotas siembran el terror al violentar, saquear e incendiar un emblemático edificio como lo es el Congreso de la Nación. Estos revoltosos solo tenían el interés de causar el mayor daño posible. Y no solo se limitaron a la sede legislativa, sino que se extendió a otros edificios públicos como la Secretaría de Tributación o el Panteón de los Héroes, un ícono de la ciudad que también sufrió la acometida de los brutos.

    Si bien el ataque al Congreso comprende una carga simbólica, porque aunque desprestigiada por una pésima calidad legislativa, representa a uno de los tres poderes del Estado, este acto supone más que una revolución una regresión en la institucionalidad, y hasta en la conducta ciudadana.

    Desde este diario, desde hace más de dos décadas se defiende el legítimo derecho de los paraguayos y las paraguayas a movilizarse y a protestar; pero también desprecia aquellos hechos que desvirtúan la lucha original y se desagradan a simples actos vandálicos. Esto no tiene cabida en el Paraguay del Siglo XXI, sí caben el pacifismo y la cordura que mostraron los labriegos la semana pasada y hace dos días los manifestantes de la Plaza de Armas.

    http://www.lanacion.com.py/editorial/2017/04/05/las-movilizaciones-sociales/

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  7. La mayoría silenciosa

    Por Richard E. Ferreira-Candia

    Mucho se habla sobre las mayorías y minorías en este embrollo político. Mayorías circunstanciales, simples, absolutas. Se pone como argumento que la legitimidad de algunas acciones están amparadas en la mayoría, por lo que –exigen– se respete.

    Pues bien, hablemos de mayorías, entonces, dijo el Comandante con una cara de pocos amigos. Tomó un sorbo del café negro, sin azúcar, que había pedido, mientras el amigo mozo bajaba una taza para mí en la mesa del altillo del Café Literario.

    Se acomodó, hizo una pausa y mirando hacia uno de los cuadros ubicados en la pared, indicó que le venían a la mente algunas consideraciones de Aristóteles sobre el Estado. Bajó la mirada y de manera pausada indicó que el Estado está conformado por una asociación de familias que tienen como fin la búsqueda del bien común. El hombre es un ser naturalmente sociable, por lo que la formación de un Estado es un hecho natural. El hombre –dijo leyendo desde su teléfono– no puede bastarse a sí mismo separado del todo como el resto de las partes, siendo aquél que vive fuera de ésta, un ser superior a la especie, o una bestia. Por todo esto, la naturaleza arrastra instintivamente al hombre a la asociación política.

    Tomó un nuevo sorbo de su café y continuó. Desde siempre, vivimos asociados y para que exista un orden debieron crearse las instituciones, los poderes, las leyes. Lo que se olvida siempre es que éstos no tendrían razón de ser si no fuera por el hombre, por la sociedad. Es decir, las instituciones, los poderes y quienes ostentan el poder desde alguna representación, en realidad, se deben a la gente, a la sociedad, y no viceversa.

    Así es, dije, y agregué que en esta lucha de poderes políticos y económicos algunos entienden que en la política la regla es que la mayoría define. Eso señalan –interrumpió–, aunque debemos determinar de qué mayoría se habla.

    La Real Academia Española (RAE) define mayoría, en términos políticos, como «mayor número de votos conformes en una votación»; también –siguió– como «parte mayor de las personas que componen una nación, ciudad o cuerpo». Describe, además, lo que es «mayoría absoluta» (más de la mitad de los votos) y «mayoría relativa» (formada por el mayor número de votos, no con relación al total de estos, sino al número que obtiene cada una de las personas o cuestiones que se votan a la vez). En la última parte, menciona la «mayoría silenciosa», explicada de esta manera: «En el debate político, mayoría que supuestamente compone la generalidad de los ciudadanos que no expresan públicamente su opinión».

    Quiero detenerme acá, apuntó el Comandante para luego sostener: Se habla mucho de la «mayoría circunstancial», que trata de ser explicada como una que se tiene por un tiempo, que no es segura. Es decir, las determinaciones, en el Congreso, por ejemplo, depende hacia dónde apunta esa «mayoría circunstancial». Hoy, según esa interpretación, se puede aprobar o rechazar una ley, pero cuando exista una nueva «mayoría circunstancial» se hará todo lo contrario. Esa no es una mayoría que piensa en la sociedad. Esa es una mayoría que generalmente hace prevalecer sus intereses.

    La verdadera mayoría es aquella definida como «silenciosa», la que comúnmente no comparte públicamente su opinión, no porque no lo quiera, sino porque está concentrada en otras cuestiones más urgentes, como trabajar, estudiar, cuidar, educar. La verdadera mayoría en un Estado no es la «circunstancial», ni la «simple», ni la «absoluta».

    La verdadera mayoría está en el campo, con el campesino que cultiva la tierra; está en las amas de casa; está en los maestros, que tratan de encaminar a sus alumnos; está en los estudiantes, que esperan una mejor educación; está en los trabajadores, que diariamente se rompen el lomo para llevar el pan a su familia; está en los artistas, en los músicos, en los actores y actrices, en los pintores, en los poetas, que con su arte nos dicen que no todo está perdido y que vale la pena seguir luchando.

    La mayoría está en los ancianos, que esperan irse viendo a un Paraguay distinto; está en los adolescentes, que anhelan un mejor país donde desarrollarse como profesionales; está en la inocencia de los niños, que sueñan con un país mágico donde sus sueños se hagan realidad. La mayoría está en la gente, en la gente sacrificada; la mayoría sos vos, soy yo, y no una circunstancial.

    Hizo una nueva pausa y con su ronca voz añadió: Hay algo que debe ser entendido, la regla de la mayoría no puede ser confundida con democracia. La democracia no es «tener mayoría» simplemente. Una democracia funciona si todos los actores políticos y la sociedad en su conjunto forman parte de ella.

    Cuando se intenta hacer prevalecer la interpretación de la mayoría, sobre todo la circunstancial, es cuando la mayoría silenciosa deja el silencio y sus cosas cotidianas para gritar a los cuatro vientos. Eso.

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  8. Promover la pacificación
    5 abril, 2017

    La discusión se instaló y se centra en el atropello a la Constitución y si corre o no la enmienda, si los diputados van a seguir con la terquedad de aprobar lo resuelto por un grupo de senadores. El oficialismo ensaya cada día, a través de sus voceros y corifeos todo tipo de argumentos para tratar de desviar la atención y justificar el despropósito perpetrado en el Congreso y que derivó en la muerte de un joven dirigente del Partido Liberal.
    La división se profundiza peligrosamente en la sociedad paraguaya y no hay perspectiva de que se puedan reencaminar los acontecimientos hacia la pacificación social de la república. Nuestra historia es una sucesión de sangrientos enfrentamientos entre hermanos por cuestiones políticas. Lo venimos arrastrando desde los inicios de nuestra república y hoy, nuevamente los principales líderes políticos alientan y atizan la confrontación, porque saben que el resultado será su ganancia.
    Cuando apenas estábamos curando las heridas provocadas por el Marzo Paraguayo y la masacre de Curuguaty, de nuevo aparece el presidente Horacio Cartes y sus seguidores más cercanos blandiendo la idea de la reelección, pese a que el mismo Cartes había negado en varias ocasiones que pretenda volver a postularse.
    El problema no está, de hecho, en la intención de aspirar nuevamente al sillón presidencial, sino en los mecanismos utilizados para tal efecto, porque violentan las normativas que establecimos como sociedad. Esta persistencia en hacer tabla rasa de lo establecido en nuestra Constitución está generando una gran crispación en la ciudadanía, sobre todo en el sector mayoritario que busca fortalecer el proceso democrático y las instituciones de la república.
    La ciudadanía está reaccionando y está comenzando a movilizarse pacíficamente. El pasado lunes, en diferentes puntos del país jóvenes, niños y adultos salieron a las calles para expresar su rechazo a la reelección y exigir el respeto a la Constitución. El mensaje de las movilizaciones pacíficas, sin ningún tinte político, es que existe una ciudadanía consciente que busca la pacificación, que quiere fortalecer la democracia y las instituciones de la república, pero por sobre todo, es una ciudadanía que ya no quiere más muertes de inocentes. Ojalá que los promotores del atraco a las instituciones entiendan el mensaje y procuren devolver la paz social, que tanto necesita el país.

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  9. Acuerdos básicos para administrar las divergencias
    5 abril, 2017

    Hoy arranca el diálogo convocado por el presidente de la República y, con él, la ciudadanía tendrá la oportunidad de medir la madurez de su dirigencia política. La de los que asisten y los que no, la de los que concurran a fin de tomar en sus manos la tarea de buscar salidas concretas a la crisis que hizo eclosión el pasado viernes y los que lo hagan como un simple formalismo, para sentar postura y luego retirarse. Esto los sabremos en pocas horas más.

    Para que el diálogo sea fructífero, lo primero que deben asumir sus protagonistas es que ninguno de ellos tiene porqué exigir que el otro renuncie a su posición política, sea ésta favorable o contraria a la enmienda constitucional para habilitar la reelección, que es precisamente la piedra del escándalo en torno al cual se configuraron bandos antagónicos. Si ésta fuera la pretensión, el diálogo estaría condenado de antemano al fracaso, y ni qué decir si fuera una condición para poder hablar, tal cual plantearon algunos de manera irracional y hasta temeraria, amenazando con más violencia si no se retira la enmienda de manera inmediata.

    La validez del diálogo, como método para zanjar una crisis, no radica en la imposición de una tesis sobre la otra, sino en el establecimiento de puntos comunes acerca de cómo administrar esas diferencias, hoy por hoy inconciliables, con el objeto de garantizar una convivencia pacífica y civilizada, aun en el marco de las profundas discrepancias de las que todos somos testigos y/o partícipes directos.

    Un primer acuerdo, imprescindible y factible, podría ser deponer actitudes belicosas y repudiar todo acto de violencia, dirigiendo un mensaje claro e inequívoco a la ciudadanía en tal sentido. Basta ya de anuncios de “guerra civil”, de “marzos” , de ocupar el Congreso o el Palacio, o de “correr a patadas al adversario”. Y el mismo mensaje dirigir a la prensa, exhortándola a que abandone los llamados a la “desobediencia civil” o a “resistir por todos los medios a los usurpadores”, como lo vino haciendo con insistencia en las últimas semanas.

    En suma, un llamado a la pacificación, que no es a la desmovilización, sino a que las manifestaciones que se sucedan se desarrollen en paz, en los marcos de la ley, como la del pasado lunes, en contraste con la del viernes último.

    Parece muy poca cosa, pero sería un gran avance que la dirigencia política se ponga de acuerdo, al margen de todas sus divergencias (que seguirán existiendo), en no dirimir las diferencias a los cascotazos, como en la época de las cavernas, o a los tiros, como en pasajes infaustos de nuestra historia, que las circunstancias presentes no lo ameritan bajo ningún punto de vista.

    Un segundo aspecto, elemental de parte de toda organización y líder democrático, es el posicionamiento a favor de que las discrepancias de índole legal y/o constitucional, se resuelvan, no por medio de la coacción y el chantaje, sino de acciones que se libren en ámbitos del Poder Judicial, comprometiéndose las partes a acatar sus disposciones, que es como funciona todo Estado de Derecho.

    Ejemplo, si la Corte dice que la mayoría compuesta por 25 senadores obró de manera insconstitucional, ésta deberá acatar lo decidido, y lo mismo si falla en contra de la reelección vía enmienda, lo que tornaría inviable dicha iniciativa. Pero, si lo hace favorablemente, la otra parte deberá proceder del mismo modo y en ese caso, el soberano, el electorado, será finalmente el que resuelva si los que fueron presidente podrán o no postularse para un segundo periodo.

    No hace falta apelar a la genialidad de expertos negociadores. Solo hace falta voluntad política, una dosis de racionalidad y otra de patriotismo.

    Hoy sabremos quiénes reúnen esas caracteristicas tan elementales que debería reunir todo dirigente político. Y también sabremos quiénes no.

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  10. Periodismo y enmienda: ni criminalización, ni caza de brujas

    Andrés Colmán Gutiérrez

    En este critico abril, los comunicadores nos aproximamos a la conmemoración del Día del Periodista Paraguayo (26 de abril) y a la recordación del asesinato aún impune de nuestro recordado colega Santiago Leguizamón, en medio de una sorda guerra política que no solamente nos divide en una grieta cada vez más profunda, como al resto de la sociedad, sino que nos sitúa especialmente como protagonistas de la información y la propaganda, nos pone como blanco de críticas, ataques, odios, amores, rencores y pasiones.
    Inevitablemente, como siempre ocurre en los grandes conflictos históricos (lucha contra la dictadura; intento de golpe abril 1996, Marzo Paraguayo…), a los periodistas nos cuesta mantenernos neutrales y acabamos casi inevitablemente tomando partido. Aunque lo ideal es que no perdamos una óptica profesional, también somos ciudadanos y compartimos las angustias y esperanzas, los dolores y los ideales del resto de la gente.
    En esta ocasión, cuando desde el primer momento el oficialismo colorado cartista planteó el plan de forzar la enmienda de la Constitución para lograr la reelección de Horacio Cartes, con la posterior alianza con los sectores políticos aliados por Fernando Lugo y Blas Llano, la mayoría de los periodistas de los principales medios de comunicación entendimos que esa acción llevaría a violar la Constitución y por tanto asumimos posturas en contra, en nuestras respectivas columnas de opinión, en nuestras opiniones personales en redes sociales y en entrevistas que no solicitan otros medios, aunque en un importante número hemos tratado de que nuestra tarea informativa no deje de ser plural y recoja todas las aristas y todas las voces del conflicto. Quizás no siempre lo hayamos conseguido.

    Coincidentemente, nuestras posturas de muchos en el gremio han coincidido con las líneas editoriales de los principales medios, lo cual ha llevado a que desde el sector oficialista nos acusen de expresarnos siguiendo los dictados de nuestros empleadores, principalmente los empresarios Zuccolillo y Vierci, como si en nuestra larga trayectoria profesional no hayamos demostrado de modo suficiente que podemos pensar por cabeza propia y tener nuestras propias ideas.
    A partir de esta postura, en la medida en que se radicalizaban las posiciones, hemos sido acusados de ser “ratas de la oligarquía”, “sicarios mediáticos”, “empleaditos de Vierci y Zuccolilo”, etc.
    En el gremio han existido y existen también colegas más identificados con la izquierda, específicamente más próximos al Frente Guasu, que han sostenido libre y públicamente sus posturas a favor de la enmienda, argumentando que el referéndum sobre la enmienda permitirá una participación democrática del pueblo, y sobre todo defendiendo la opción de que Fernando Lugo sea habilitado, por creer ellos que es el único candidato “con una opción progresista”, capaz de vencer a los colorados. Por esta posición hoy se los acusa de ser “cómplices de los violadores de la Constitución”, “títeres de Lugo y Cartes”, y también son víctimas de ataques mediáticos, escraches y amenazas…
    En otro sector se encuentran muchos colegas que trabajan para los medios del Grupo Cartes, donde hay que distinguir muy bien a los pocos y conocidos mercenarios que se ocupan de lo que en el ambiente denominamos TS (trabajo sucio), manipulando la información para defender al Gobierno, propagar mentiras y atacar a los adversarios… de una gran cantidad de colegas que cumplen una tarea informativa digna, y para quienes el periodismo es una auténtica vocación de servicio a la sociedad, además de un elemental medio de subsistencia.

    Hay dos ejemplos últimos de la situación a la que hemos llegado.

    -Uno de ellos es el que afecta la querida colega y amiga Mercedes Menchi Barriocanal, a quien -junto a su marido Oscar Acosta y a otros colegas- los cartistas, luguistas y llanistas han acusado de haber sido los instigadores de los hechos de violencia que desembocaron en el incendio del Congreso y en el asesinato de un joven liberal en manos de la Policía, en la noche del viernes 31 de marzo.
    Cualquiera que conozca a Menchi, a Oscar, a Santula… y que haya seguido de cerca sus trabajos, saben que eso es mentira. La quizás recargada pasión ciudadana que ponen en informar y opinar desde sus respectivas posturas cívicas o políticas jamás puede asociarse a nada de violencia. Es lo que el propio Oscar calificó como “la criminalización de la labor periodística”.
    Casi todos hemos escuchado la voz quebrada de Menchi ante las amenazas proferidas contra ella y su familia, como también su firme determinación de no renunciar a sus convicciones (me hizo recordar una dura etapa de las investigaciones del programa televisivo El Ojo, en los años 90, cuando sicarios del narcotráfico también la amenazaron y persiguieron a ella y a su productor Augusto Barreto, incluso con un grave intento de secuestrar a una de sus hijas).

    -El otro ejemplo más reciente y sonado es el de la también querida amiga y colega Yolanda Yota Park, quien este martes 4 de abril renunció a las dos emisoras de radio del Grupo Cartes, Montecarlo y 970, de la que era una de las figuras principales como comunicadora. En los últimos días, Yota fue blanco de fuertes críticas y ataques, principalmente en las redes sociales, solamente por trabajar para las empresas de la familia del presidente, y por acompañar en las programaciones a dos periodistas que si asumían abiertamente la defensa de los intereses del sector cartista.
    Fiel a su estilo, Yota trató de permanecer neutral en un conflicto que cada vez polariza más a los paraguayos… pero aparentemente no lo consiguió. Su renuncia fue un gesto digno y aunque uno pueda no estar de acuerdo con algunos términos de su carta manuscrita de despedida, en donde expresa “esta no es mi lucha, nunca lo fue”, su gesto de renuncia indica otra cosa: Desde ese momento, con ese gesto, también –incluso en contra de su propia visión- ha acabado tomando partido, porque tiene un efecto político: Su salida priva a los medios del Grupo Cartes de una de las últimas figuras con buena credibilidad y alta empatía con el público.

    Este momento crítico que los periodistas estamos viviendo, junto con toda la ciudadanía, lo debemos asumir como un gran desafío para nuestro oficio.
    Es el momento en que debemos salir a pedir y exigir: ¡No a la criminación del trabajo periodístico! ¡No a la “cacería de brujas” contra los colegas que piensen de modo diferente!
    Una buena comunicación, transparente, responsable, investigativa, analítica, es necesaria… ¡más que nunca!
    No renunciemos a nuestras pasiones, a nuestras convicciones cívicas o políticas… pero tratemos de preservar la profesionalidad de nuestro trabajo, pensando en la utilidad que este puede seguir teniendo para la ciudadanía.

    Que este mes de abril, mes de los periodistas paraguayos, nos sirva como espacio de reflexión y reafirmación de nuestras convicciones.

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  11. Lo que hay que enmendar

    Quizá logren entrar por la ventana y llevar todo a una debilidad institucional extrema, consecuencia necesaria del despropósito político en que se convirtió el país.
    Con la enmienda, haciendo decir a la constitución lo que no dice, o quizá también en las maravillosas interpretaciones de ese oráculo especial que se instaló en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que hace lo que le pide el poder como un trámite de escribanía desde hace un buen tiempo.
    Parece que nada importa ya, pero debería.
    Es necesario revisar el escenario de lo constitucional porque hay que prepararse a dar esa batalla, una disputa que en el mundo está tomando colores más que interesantes.
    La monstruosa concentración de la riqueza hace rato destruyó el modelo republicano, de la división de poderes, que hoy opera apenas como máscara del poder real.
    Basta ver el funcionamiento del Congreso de los Estados Unidos para entender de qué se trata. Allí, interminables listas de lobbistas ponen plata para que los legisladores voten cualquier barbaridad a favor de sus corporaciones.
    Aquí no hay lobbistas legalizados e inscriptos en una lista, pero las cosas operan de manera similar, la aprobación de las semillas transgénicas que no se usan en ningún otro lugar del mundo durante los gobiernos de Federico Franco y Horacio Cartes exime de mayores comentarios.
    El poder del dinero ataja, por dar el ejemplo más crudo, el impuesto a la exportación de soja en bruto, una locura por donde se lo mire, una realidad sostenida en el poder real de la corrupción.
    La obsesión de Cartes, que del poderoso caballero sabe bastante, deja esta situación al desnudo en el país.
    La coincidencia de intereses que en este punto, la posibilidad de reelegirse, que tiene Fernando Lugo con el actual presidente debería sin embargo tener otra carga para intentar validarse.
    Sin embargo queda claro que todo el Frente Guasu, la mediana estructura que puede comenzar el debate por hacer una reforma constitucional con seriedad está paralizada esperando la suerte de su líder.
    Un error, porque de este escenario, sólo se sale con un acuerdo para la cambiar la carta magna o, con la temida dictadura cartista que es el otro extremo, probable, de este sin sentido.
    Dificil que las fuerzas políticas que hicieron un golpe de estado parlamentario en el 2012 comprendan esto, pero hay que intentarlo.
    Los extremos de pobreza, la recesión económica, la crisis educativa, la falta de atención de la salud pública, el abandono a la agricultura familiar campesina, la falta de incentivos a la producción, se deben revertir consagrando en la constitución moderna, un estado social de derecho que garantice inclusive el acceso a la tierra con un mecanismo fijado en la norma.
    Esta discusión es la que debe abrirse más temprano que tarde.
    De cambiar el régimen se trata.
    Jorge Zárate

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  12. Palos y cascotes Vs. diálogo político
    6 abril, 2017

    Algunos, como Efraín Alegre y Rafael Filizzola, ni siquiera fueron al diálogo convocado por el gobierno, pese a que su objetivo era nada menos que buscar mecanismos para zanjar la crisis política, que a todos nos afecta. Otros sí, como el presidente del Senado Robert Acevedo, quien se comprometió públicamente a asistir a la reunión pautada para el próximo viernes, a fin de discutir sobre la enmienda, pero luego recibió nuevas instrucciones y anunció que ya no concurrirá a futuros encuentros, demostrando con ello no estar a la altura de la investidura que ostenta, ni actuar en representación del colegiado que encabeza. Así, los detractores de la reelección demostraron que el país les importa un pito. Solo tienen como idea fija los comicios del 2018, al que pretenden llegar sin rivales de peso, para lo cual chantajean salvajemente a Horacio Cartes, al Frente Guasu y al llanismo con la amenaza de incendiar la República y generar más actos de violencia, como los acaecidos el pasado viernes.

    ¿Acaso estos posicionamientos políticos invalidan la iniciativa? Definitivamente, no. El diálogo debe seguir siendo defendido como el mecanismo fundamental para que los actores políticos, sin renunciar a sus posturas, puedan hallar las formas de administrar de manera civilizada sus diferencias. Habrá que ver lo que tienen por decir otros protagonistas muy importantes de la vida nacional, como los gremios de empresarios, las Centrales Sindicales y otras organizaciones de la sociedad civil, pues la marcha del país no depende ni puede depender de un puñado de políticos que, por intereses mezquinos, quieren condenarnos a los tiempos de las cavernas, cuando las controversias se resolvían con palos y cascotes.

    En esta dirección, la de los palos y los cascotes, pretende avanzar el oficialismo liberal y los grupos menores que se aglutinan a su alrededor, como el PDP de Filizzola y Masi, que ya convocan a nuevas movilizaciones “hasta que se retire la enmienda”, es decir, hasta imponer su voluntad por la fuerza. Y lo hacen con el apoyo incondicional de la disidencia colorada, de los “Añeteté”, como se autodenominan ellos, que alientan desde la oscuridad a sus aliados antigubernamentales para que estos hagan todo el trabajo sucio.

    Estos sectores están desarrollando una “lógica” extremadamente peligrosa y opuesta al funcionamiento institucional de la República. Según ellos, si un Poder del Estado adopta una resolución que no es de su agrado, la cuestión es simple: Aplicar la estrategia de “armar quilombo” hasta lograr su objetivo, lo que resulta inaceptable en un Estado de Derecho, pues para eso están los organismos jurisdiccionales a los que se puede apelar en el caso de considerar ilegal o inconstitucional la decisión que se cuestiona.

    En cuanto a los partidarios de la enmienda, está muy bien que insistan en el diálogo con toda la paciencia que requiere el caso. Es una cuestión básica de madurez y responsabilidad política. Pero junto con eso también es necesario que se manifieste en todos los campos en los que hoy prácticamente está ausente y juegan solos los que a sí mismos se declaran enemigos de consultarle al pueblo. Y esto va, desde el ámbito de las comunicaciones, en el cual los órganos del gobierno merecen un feroz aplazo, pues ni siquiera son capaces de desmentir las falsedades que sistemáticamente divulgan los medios hegemónicos en contra del Ejecutivo, hasta el de las calles, mediante actos pacíficos en los que otro sector de la ciudadanía, muy amplio por cierto, pueda expresar su adhesión a la enmienda y al Referéndum, para decidir democráticamente si procede o no la reelección y acatar lo que mande el soberano.

    Ayer decíamos que las partes en conflicto podrían arribar a acuerdos básicos que nos garantice a todos una convivencia pacífica, voluntad política mediante, más una dosis de racionalidad y otra de patriotismo. Lamentablemente, el rechazo al diálogo de una de ellas, que esperemos reconsideren, evidencia que hoy por hoy, sus dirigentes carecen de esa predisposición y no reúnen las otras dos características.

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  13. La Justicia enfrenta una gran responsabilidad ante la crisis

    Mientras el país entero sigue pendiente de la resolución de la crisis política generada por el intento de violar la Constitución para aprobar la enmienda e introducir la reelección, los miembros de la Corte Suprema de Justicia tienen ante sí una gran responsabilidad para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores opositores y disidentes. Aunque se teme que los ministros de la Justicia sigan sometidos al poder político, también hay esperanzas de que sean conscientes del gran desafío y tengan en cuenta el clamor cada vez más creciente de la ciudadanía. Según cual sea la decisión, ayudarán a la pacificación del país y a que se restituya el estado de derecho, o dejarán que se prolongue y se agrave aún más el conflicto, con más graves consecuencias.
    Como muy pocas veces en la historia, la Justicia paraguaya tiene ante si una enorme responsabilidad para ayudar a destrabar la grave crisis que divide a la sociedad y que mantiene paralizados a sectores claves del país.

    Desde hace varios días los miembros de la Corte Suprema de Justicia tienen ante sí la tarea de resolver una acción de inconstitucionalidad presentada el jueves pasado por el presidente de la Cámara de Senadores, Roberto Acevedo, en representación de los senadores opositores y disidentes, luego de que un grupo de 25 senadores que responden al oficialismo colorado, liderado por el actual presidente de la República, Horacio Cartes, junto a sus aliados del Frente Guasu, liderados por el ex presidente Fernando Lugo, y del sector liberal disidente, comandado por Blas Llano, cometieran un abierto atraco al Congreso al instaurar un Senado paralelo para aprobar un proyecto de enmendar la Constitución e imponer la figura de la reelección.

    Hay quienes coinciden en que si los ministros de la Corte hubiesen dado señales de atender la cuestión con más urgencia y celeridad se habrían podido evitar los graves incidentes registrados el viernes pasado cuando, tras la aprobación del proyecto de enmienda por parte de los 25 legisladores del Senado paralelo, numerosos ciudadanos salieron a manifestarse y fueron reprimidos con mucha violencia por la Policía, derivando los desmanes en la toma y el incendio del Congreso, además del asalto policial sin orden judicial a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en donde fue asesinado a sangre fría el joven dirigente Rodrigo Quintana.

    Es imperioso que las máximas autoridades se comprometan a resolver la cuestión planteada ante su competencia con la máxima celeridad, y que lo hagan con criterio ecuánime y patriótico, teniendo en cuenta que está en juego la misma institucionalidad democrática. Es de esperar que a la hora de emitir su fallo tengan presente el interés de toda la República, y no sus intereses particulares.

    También se espera que el Poder Judicial ponga especial celo en garantizar una investigación objetiva y profunda acerca del cobarde asesinato del joven Rodrigo Quintana, como en aclarar quiénes dieron la orden de atracar la sede del PLRA sin orden judicial, violando toda norma de derecho civilizado. La manera en que la cúpula policial está intentando cubrir el caso, fabricando versiones y evidencias que son desmentidas por las múltiples grabaciones en video, demuestran que existen poderosos intereses políticos y mafiosos que buscan encubrir el asesinato.

    En momentos en que las posibilidades de diálogo entre los protagonistas políticos se han cortado, ante la intransigencia del sector gubernamental y sus aliados, la actuación del Poder Judicial puede significar la mejor contribución para superar la grave crisis que mantiene en vilo al país.

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  14. En defensa de la Constitución

    Camilo J. Filártiga Callizo

    «Independientemente de la discusión legal, consideramos prudente no insistir en la introducción de la figura de la reelección presidencial por la vía de la enmienda constitucional, porque está visto que produce una innecesaria tensión, crispación y polarización social y que, si no se maneja adecuadamente, podría traducirse en violencia con impredecibles consecuencias. (extracto del comunicado de la CEP, emitido en fecha 28 de marzo de 2017)».

    En medio de la crisis política generada desde el Poder Ejecutivo y sectores políticos afines a su proyecto inconstitucional de instalar la reelección vía enmienda, quiero referirme al proyecto de enmienda presentado por los senadores oficialistas con la adherencia de llanistas y luguistas, al que dieron entrada en el Senado violentando preceptos legales, desconociendo el reglamento interno de dicho órgano legislativo y el carácter de publicidad y transparencia que toda propuesta legislativa, en un sistema democrático, debe inexorablemente respetar.

    El proyecto presentado modifica los artículos constitucionales 161 (del gobierno departamental), 197 (de las inhabilidades para ser candidatos a senadores y diputados) 229 (de la duración del mandato) y finalmente el 235 (de las inhabilidades para ser candidatos a presidente de la República o vicepresidente).

    De esta descripción lo primero que surge es que el proyecto presentado va mucho más allá de una propuesta de inclusión de la figura de la reelección presidencial, modificando criterios sensibles en relación a los gobiernos subnacionales y las inhabilidades para cargos electivos (presidente de la República, vicepresidente, senadores y diputados), pretendiendo alterar con reformas parciales el conjunto de normas que no están aisladas entre sí, sino integradas en forma sistémica en el instrumento jurídico denominado Constitución Nacional.

    Una institución, dos cuerpos. En cuanto al artículo 161 del gobierno departamental, el proyecto presentado incorpora la reelección, alternada o consecutiva, por un periodo más para los gobernadores, pero no mencionan a la Junta Departamental, cuando que la redacción constitucional de dicho artículo claramente establece que el gobierno departamental es ejercido por un gobernador y por una Junta Departamental, es decir, una sola institución (gobierno departamental) ejercida por dos cuerpos (gobernador y Junta Departamental). De introducirse la posibilidad de reelección para los gobernadores, se estaría alterando sustancialmente con este principio (una sola institución, dos cuerpos), sin además tener una evidencia fáctica que demuestre la necesidad de dar continuidad a la gestión de los gobernadores.

    Al respecto, en el diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente, el ciudadano convencional Bernardo Villalba sostenía cuanto sigue: «Estamos creando una sola institución, compuesta por dos cuerpos, gobernador y Junta Departamental, es por esta razón que me inclino a solicitar que tanto gobernador y Junta Departamental sean electos en elecciones coincidentes, por tratarse de una sola institución que es el gobierno departamental».

    La prohibición constitucional de la reelección para gobernadores es coherente además con lo dispuesto para el representante del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, a quien el gobernador debe representar en la ejecución de la política nacional.

    En relación con la modificación del artículo 197 (inhabilidades para ser candidatos a senadores y diputados) la propuesta permite, a diferencia de lo establecido en la Constitución de 1992, que los candidatos a presidente o vicepresidente de la República que no hayan sido proclamados para dichos cargos en sus respectivos partidos, puedan competir por una banca en el Congreso, reforzando en principio la representación de estos sectores en el Congreso Nacional.

    La modificación, sin embargo, va de contramano con el criterio de los constituyentes de 1992, que fue el de evitar la concentración de poderes en determinados actores políticos, tendiendo a la distribución del poder de la manera más equitativa posible, evitando con esto la propagación de liderazgos personalistas. La propuesta permite además, que los ministros o religiosos de cualquier credo puedan ser candidatos a senadores o diputados, hecho que tendrá su impacto, no menor, en un país con alta adherencia a la religión católica. En este caso ya los constituyentes del 92 advertían la conveniencia de mantener inhábiles a estos actores en razón de la gran ascendencia espiritual y moral que tienen (o deberían tener), y que puedan dedicarse a servir realmente a su ministerio, de manera que ese ejercicio no se vea condicionado por la actividad político-partidaria y el proselitismo.

    Inconstitucional. La modificación propuesta del artículo 229 es quizás la que presenta mayores problemas, en primer lugar, porque la Constitución del 92 es contundente al afirmar en el artículo 290 (de la enmienda) aquellos temas que no pueden ser objeto de enmienda y sí de reforma, entre los cuales se establece, el de la duración de mandatos (Art. 229) formulación bajo la cual se incluyó la imposibilidad total de la reelección para presidente y vicepresidente de la República, «durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones» y «no podrán ser reelectos en ningún caso» reza de manera categórica dicho artículo.

    Con el precepto de «no podrán ser reelectos en ningún caso», se plasmó la reacción política e histórica del momento, que buscó derogar la reelección indefinida, en salvaguarda de la esencia e ideal de la República, para que a futuro no se repitan autoritarismos y se posibilite la alternancia en el Gobierno de la nación, a fin de asegurar la igualdad y la transparencia en el manejo de la cosa pública.

    Teniendo en cuenta estos antecedentes, pretender modificar este articulado constitucional vía enmienda (reforma parcial), a efectos de introducir la posibilidad de reelección, riñe frontalmente con lo dispuesto en la Carta Magna, y es por tanto inconstitucional.

    Concentración de poder. Por otra parte, el efecto de esta modificación, realizada de forma aislada a todo el ordenamiento constitucional, será el de concentrar el poder en el presidente de la República, fomentando la consolidación de liderazgos caudillistas, de contramano con el espíritu de nuestra Carta Magna, que fue el de la distribución de poderes, a fin de evitar la concentración del mismo.

    Agrego en este punto, una preocupación no menor, la propuesta presentada modifica las competencias de un poder del Estado, restando facultades al Poder Legislativo, al sustituir la aceptación o rechazo de la renuncia por la simple comunicación de parte del Ejecutivo.

    Finalmente, la propuesta de modificación del Art. 235 elimina el inciso 5º que impedía a los religiosos ser candidatos a presidente o vicepresidente.

    ¿Cuál es la pertinencia política, social y económica que justifique llevar adelante estas importantes modificaciones constitucionales? ¿Cuál es el sentir ciudadano respecto a estos cambios? ¿Son iniciativas genuinas que pueden tener efectos positivos sobre el sistema político y social en el Paraguay, o son solo producto del acuerdo de cúpulas partidarias?

    A decir del profesor abogado Daniel Mendonca, las constituciones nacen con vocación de permanencia y estabilidad, lo cual no impide que las mismas puedan alterarse en el futuro por el cambio de las circunstancias sociales o la voluntad de la comunidad política.

    Modificaciones vía reforma. Los constituyentes del 92 se han ocupado en evitar que la Carta Magna sea objeto de modificaciones caprichosas o coyunturales de parte de líderes o grupos políticos que pretendan desconocerla, estableciendo para ello cláusulas dirigidas a garantizar su propia estabilidad en el tiempo.

    Es por ello, que han establecido un apartado en el Título IV denominado «De la reforma y de la enmienda de la Constitución», que establece las condiciones para que dichos cambios sean realizados, definiendo el proceso de la reforma para todas aquellas «cuestiones constitucionales» que tengan relación con los pilares fundamentales de nuestra constitución (sistema electoral, composición y duración de mandatos, atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado, derechos, deberes y garantías) y la enmienda para los demás temas. Es oportuno recordar lo expresado por el ciudadano convencional doctor Federico Callizo Nicora: «Por la reforma se entiende la modificación total de la Constitución, en tanto que por la enmienda se refiere a la reforma parcial».

    De acuerdo a las características de las modificaciones introducidas en la propuesta de enmienda presentada, estas, deben formar parte de una reforma constitucional integral, convocante y democrática, que incluya a todos los sectores protagonistas de las sociedad paraguaya, a fin de lograr la construcción de un nuevo pacto social que tenga la legitimidad popular imprescindible para cualquier contrato social en democracia.

    *Abogado y docente universitario.

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  15. Jueces de sabiduría y coraje

    Por Dr. Víctor Pavón

    El equilibrio de poderes se manifiesta como una delicada balanza en la que ninguno de los órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tiene preeminencia. Este es el modelo liberal- republicano resultado de un proceso de ensayo y error que duró siglos para su consolidación, siendo una barrera contra la barbarie siempre en acecho y el mejor modo de impulsar la civilización.

    En el caso concreto de la enmienda promovida por el Ejecutivo y una parte del Congreso, se hace necesario impedir la agresión de estos poderes por medio de un Poder Judicial conformado por jueces de sabiduría y coraje. Estos requisitos son necesarios para hacer valer el control de constitucionalidad establecido en el famoso caso Marbury vs. Madison (1803) y que hoy forma parte del compendio jurídico internacional.

    El artículo 229 de nuestra a Ley Fundamental dice: “El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso”.

    La enmienda impulsada por el Ejecutivo y una parte del Congreso debe ser declarada contraria a la letra y el espíritu de nuestra Ley Fundamental, haciendo valer la doctrina de la supremacía constitucional, de manera que las normas y actos contrarios a la Ley Suprema sean declarados inconstitucionales.

    La enmienda es ciertamente un caso político, en el sentido del lema “Que la gente decida”, que el oficialismo colorado sostiene; sin embargo, su aprobación está supeditada a la sana doctrina de subordinar el poder político a la juridicidad. En el modelo liberal republicano prevalece el imperio de la ley mediante la aplicación de lo que los griegos y los romanos denominaron isonomía, expresión para comprender la igualdad ante la ley sin privilegios.

    Nuestra Constitución no está ajena a los preciosos principios del liberalismo republicano. El artículo 247 de nuestra Ley Fundamental dice: “El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir”.

    El antecedente resolutivo emanado del poder jurisdiccional será un mensaje para el Ejecutivo y el Legislativo, de manera que sus miembros sepan que las pasiones de la política y de las masas populares se encuentran condicionadas al cumplimiento de las reglas institucionales.

    En un momento en que todavía se está a tiempo de evitar la fractura definitiva de las instituciones de la democracia constitucional, los jueces deben mostrarse sabios y con el coraje de hacer prevalecer la República y la Constitución por sobre cualquier interés personal o coyuntural que de la política emerge.

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  16. La Corte Suprema de Justicia no tiene la última palabra

    La última palabra la tiene el individuo, el ciudadano soberano. ¿Por qué “soberano”? Porque es dueño de sí mismo y de su libertad.

    Cuando se rompe el estado de derecho, cuando se hace trizas el pacto social –La Constitución– mediante el cual ese individuo soberano delegó su soberanía al poder constituido mediante elecciones… ahí ni la Corte Suprema ya tiene la última palabra.

    La tiene el individuo que tiene derecho a su legítima defensa. Así entiendo yo el artículo 138 de nuestra Constitución Nacional vigente.

    Olivia González

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  17. Teresita Cazal

    Ya no es ninguna novedad que los policías, los jueces y los fiscales ejecuten hasta las maniobras más impensables para acomodar la liberación de delincuentes altamente peligrosos. Los profesionales del derecho afirman incluso que ya nada les sorprende, porque la ayuda institucional a malhechores se ha tornado una práctica común que no se castiga. Esta vez, la denuncia salpica a la juez Teresita Cazal, oriunda de Asunción, quien se convirtió en juez penal de garantías de Ciudad del Este, cargo que ocupa desde setiembre del 2013. La magistrada, a pesar de la oposición y la advertencia del Ministerio Público, benefició con arresto domiciliario a un grupo de supuestos criminales detenidos con un lote de armas de guerra y que estaban siendo investigados por su participación en una serie de asaltos violentos en la zona. El año pasado, Cazal ya había sido salpicada en un supuesto cobro de 50.000 dólares para beneficiar con un procedimiento abreviado a tres clonadores de tarjetas de créditos y de débitos. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) había iniciado una investigación, pero hasta ahora sin resultados.

    El abogado Mauro Barreto, del Colegio de Abogados del Alto Paraná (CAAP), dijo ayer que la situación de complicidad entre los policías, los fiscales, los jueces y los criminales llegan al colmo de que estos últimos se pasean a sus anchas en esta zona, sin que nadie los moleste. “Se manejan con tranquilidad porque saben que pueden coimear con las autoridades y lograr su libertad”, expresó. En efecto, el crecimiento de la criminalidad en esta zona del país no solo es causa de la falta de oportunidades sino es muy especialmente por la impunidad, que anima cada vez a más personas a optar por el dinero fácil, en la seguridad y la tranquilidad de que no van a ser castigados. Esta es una realidad que se debe tomar con la seriedad y la delicadeza que lo requiere. Se está alentando la criminalidad y la situación se tornará cada vez peor, si no se limpia la justicia de personajes corruptos que vienen a expandir en nuestra región la pestilencia de su corrupción. Hay que expulsar de la ciudad a esta clase de personajes que vienen a destruir nuestra sociedad para luego mandarse mudar llevándose el dinero sucio de la corrupción. La sufrida sociedad altoparanaense está pagando muy caro el precio de su complacencia con la delincuencia. Comenzaremos a limpiar la imagen de la región el día en que los ciudadanos tengan la valentía de expulsar a los funcionarios públicos que vienen de la capital para usar sus cargos a fin de mejorar su posición económica.

    http://www.vanguardia.com.py/2017/06/03/teresita-cazal/

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  18. La responsabilidad del Poder Judicial

    La estupenda entrevista de Santiago González al jurista Jorge Vasconcellos, me decidió a escribir esta semana (¡Otra vez!) sobre el Poder Judicial. Es un tema sobre el que está casi todo dicho, pero tan crucial que conviene repetirlo hasta el cansancio, con la esperanza de que la insistencia logre penetrar donde la razón no fue escuchada.
    Resumo de memoria lo que más me llamó la atención de la entrevista: el abogado afirmó que el principal problema de la democracia paraguaya es la debilidad del Poder Judicial, que es la causa de la impunidad y de la interpretación antojadiza de las leyes a tenor de los intereses de los otros Poderes del Estado, a veces del Ejecutivo y otras del Legislativo o, lo más peligroso como ocurre últimamente, de ambos.

    Por su parte, el periodista preguntó si un Poder Judicial más poderoso no sería un peligro para la democracia. La respuesta de Vasconcellos fue terminante: para un Estado de Derecho no hay nada más peligroso que un Poder Judicial débil y, en consecuencia, sumiso e ineficaz.

    Agregaría que una justicia débil se trasforma inevitablemente en fuente de conflictos interminables, en la medida en que todas las sentencias que llega a dictar son sospechosas. Hoy en día los paraguayos creen hasta a los delincuentes más notorios cuando ponen en duda la honorabilidad de fiscales y jueces.

    El Poder Judicial es la clave del funcionamiento del Estado de Derecho, porque en su potestad de aplicar la ley descansa la responsabilidad de evitar que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional se excedan, abusen de sus funciones, se tornen autoritarios o gocen de la facultad de cometer todo tipo de delitos impunemente.

    Lo trágico, en el Paraguay de hoy, es que el Poder Judicial no solo es débil y está desprestigiado ante la ciudadanía, sino que es evidente que se está debilitando más aún. Los cambios en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no son disparatados (¿en qué país serio se nombra para supervisar a la justicia a personas que están imputadas como sospechosas de un delito?), no son fortuitos, sino que también son un mensaje, una amenaza nada casual a fiscales y jueces: “La ley no existe: nuestra voluntad es la única norma”.

    Como ya he repetido varias veces, el Paraguay no es todavía una dictadura, pero cada vez se parece menos a un Estado de Derecho y ello es en gran parte porque tenemos un Poder Judicial endeble, timorato, sumiso.

    Nuestro país es pequeño y aún no hay grandes resentimientos sociales. Nadie le pide a nuestras autoridades que nos conviertan en una potencia mundial; pero es en cambio relativamente fácil convertirlo en un país serio y ordenado, y para ello solo hace falta lo que menos tenemos: respeto a la ley y justicia de verdad, justicia honorable y confiable, justicia con mayúsculas… Justicia, Justicia y más Justicia.

    Por Rolando Niella

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/la-responsabilidad-del-poder-judicial-1608985.html

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