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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Golpe de timón

La familia de Franz Wiebe cumplió todas las exigencias del grupo criminal EPP para rescatar con vida al joven que estuvo en poder de los captores por 214 días. Fue secuestrado el 27 de julio de 2016. La liberación del joven también fue aprovechada para la entrega de panfletos con otras exigencias para el dueño de la Estancia Toroveve. Sin más ni más, los propietarios del establecimiento cumplieron los requerimientos de la banda delictiva que opera en el norte.
Con estos dos hechos, una vez más el EPP hace una ostentación de poder y humilla a las autoridades demostrando que tienen absolutamente controlada la región y doblegada a las instituciones y a los pobladores. Fue el gobierno de Horacio Cartes el más propicio para la banda criminal, ya que durante su gestión, esta banda perpetró nada más y nada menos que 59 golpes.
Mediante un decreto, el 24 de agosto del 2013, fue creada la Fuerza de Tarea Conjunta, como organismo de combate contra el EPP y que tiene su base de operaciones en la zona norte. Este organismo está conformado por efectivos de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y de la Senad. A pesar de la aparatosidad de la conformación y de los recursos que fueron destinados para este organismo su efectividad es casi nula, porque en la región controlada se tienen los casos de secuestros más prolongados de la historia del país y los forajidos, que fungen de “guerrilleros”, siguen perpetrando golpes y burlándose de las autoridades, hasta del mismo presidente de la república. En una demostración más de la inutilidad de la FTC, los familiares de los secuestrados y los ganaderos de la zona siguen cumpliendo al pie de la letra, los dictados de los criminales.
Nuestro diario, desde el inicio había criticado la iniciativa de involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al grupo criminal, ya que esta función puede estar a cargo de la policía. Gobiernos anteriores, tuvieron mejores resultados en el combate, dejando el trabajo de investigación y persecución a cargo de la policía.
Es hora de que el gobierno replantee toda su política de combate al grupo criminal que tantos sufrimientos ya ha ocasionado a la sociedad paraguaya. Los sucesivos fracasos de las fuerzas de combate, no hicieron más que fortalecer la figura de la banda criminal, poniendo en peligro la vigencia de las instituciones del Estado en la región controlada por la banda armada. Esto es más que peligroso para el funcionamiento de la república y requiere un urgente golpe de timón, para devolver la seguridad y la tranquilidad a la población, demostrando que las instituciones no están subyugadas a un reducido grupo de delincuentes.

http://www.vanguardia.com.py/2017/03/06/golpe-de-timon/

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Acerca de jotaefeb

arquitecto jubilado, hoy "hurgador" de la filosofía de vida, de las cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

3 comentarios en “Golpe de timón

  1. La FTC es imprescindible en el Norte
    12 marzo, 2017

    Por: Néstor Ojeda Mendoza.
    Sería un disparate la desaparición de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), cuya base de operaciones se encuentra en el Norte del país. Si eso llega a concretarse sería como abrirles las puertas grandes del Paraguay, a los grupos criminales para que hagan lo que se les plazca a lo largo y ancho de la geografía nacional.

    Un sector de la oposición a toda costa están siempre con la intención de eliminar esta tarea desplegada por la Fuerza Pública, constituida por militares y de la Policía Nacional para hacer frente al grupo criminal autodenominado “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP), que viven agazapados en la región Norte del país.

    Quieren obviar esta función, y en esta ocasión el senador liberal, Miguel “tito Abdón Saguier, arguyó las supuestas causales de la eliminación de esta figura. El objetivo apunta a otra dirección, dejar mal parado a la administración del presidente Horacio Cartes, con la intención de desestabilizar al país, al extremo de volverlo ingobernable.

    Sería como la Fuerza Acción Revolucionaria Colombiana (FARC), en su apogeo en la antigua Colombia, en su momento dorado en la lucha encarnizada a través de la guerra de guerrilla. Con estas intentonas por parte de algunos parlamentarios que no comulgan con la administración central de la nación, ofrecerían mesa servida y brindarían carta blanca para que el grupo criminal se adueñe de la zona Norte del país.

    Los parlamentarios de la oposición, conformado por los del Frente Guasu, sumados los liberales, disidentes, y otros, ya plantearon en ocasiones la eliminación de la FTC. Sin embargo, hay que reconocer que existen cuestiones que reajustar en el cuadro de uniformados, para mejorar sus acciones y eliminar a los terroristas, con el fin de instalar seguridad y tranquilidad en la población norteña.

    La guerra contra el EPP, sin duda constituye un enfrentamiento de largo alcance, pero tampoco se le puede dar tregua, y mucho menos por cuestiones políticas coyunturales suspender su acción, por el simple hecho perjudicar y pretender dejar sin escenario de acción política al actual presidente de la República, cuya administración está redoblando las acciones, para que estos grupos armados de guerrilleros no crezcan en sus intenciones desestabilizadoras.

    A ninguna persona, mucho menos aquellas que ostentan autoridad dentro del parlamento nacional, se le puede permitir seguir insistiendo en la erogación de esta figura de defensa a favor de la sociedad en general.

    Esto constituiría una señal de debilidad de las autoridades arropadas de ciertos rangos en los poderes de la nación. Como ya dijimos sería abrir las puertas del Paraguay para el crecimiento de este grupo criminal que se instaló en la región Norte del país.

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    Publicado por Anónimo | 12 marzo, 2017, 5:18 pm
  2. Los narcotraficantes financian al EPP

    En su discurso de toma de posesión de cargo, el 15 de agosto de 2013, el presidente Horacio Cartes prometió acabar con el azote del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que su predecesor, Federico Franco, había también prometido falsamente “traerlo del jopo”. Para el efecto, el Congreso aprobó con inusitada diligencia la modificación de la Ley Nº 1337 “De defensa nacional y seguridad interna” solicitada por el flamante Primer Mandatario a los efectos de poder cumplir su promesa, supuestamente, con más efectividad. Hacía más de diez años que la banda criminal organizada como grupo terrorista mantenía en zozobra a las poblaciones de la zona norte del país, en particular en los departamentos de Concepción y San Pedro, por lo que la promesa del Presidente de la República de que la gavilla de facinerosos no le iba a marcar la hoja de ruta a su Gobierno fue recibida con complacencia por la ciudadanía.

    Sin embargo, a casi tres años y medio de gestión gubernamental, tal promesa se la ha llevado el viento. A esta altura del tiempo, el desempeño operacional de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) –el comando híbrido compuesto de militares, policías y agentes civiles de la Senad– desplegada en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay continúa siendo tan inoperante como en el principio, mientras que el EPP se muestra cada vez más fuerte y agresivo.

    El fracaso de la guerra contra el grupo criminal por parte de las fuerzas de seguridad del Estado no es ficción, como quieren hacernos creer las autoridades responsables de la seguridad interior de la República. Las estadísticas lo confirman. En lo que va del Gobierno del presidente Cartes, el EPP ha asestado 59 golpes, matando a 19 civiles, 8 policías y 13 militares. Un total de 40 personas, frente a las 24 que fueron asesinadas por la gavilla criminal en los diez años anteriores.

    La cruel ironía que irrita a la gente es que, pese a tan rotundo fracaso, el presidente Cartes, bajo cuyas directivas opera la FTC, no se ha inmutado en revisar su fallida estrategia de lucha contra el grupo criminal insurgente. Esto, pese a que recientemente ha dado nueva señal de su creciente poderío con el anuncio hecho por las autoridades nacionales de la aparición de un nuevo grupo criminal autoproclamado Ejército del Mariscal López (EML), supuestamente liderado por Alejandro Ramos, un conocido líder del EPP.

    La aparición de esta nueva columna terrorista es la prueba de que en la zona norte del país las cosas van de mal en peor. Ínterin, el inoperante ministro del Interior, Tadeo Rojas, y los comandantes militares de la FTC se han asido a un ridículo chivo expiatorio para excusar su inutilidad: la falta de colaboración de la población de la zona para obtener información sobre los movimientos del EPP. Por debajo de este vulgar rezongo semántico subyace una gran verdad: ante la manifiesta incapacidad de la FTC para brindar seguridad a la gente del lugar, ellos han optado por la sombrilla protectora del EPP. Esta es una verdad de perogrullo.

    Aparte de su inutilidad operativa, la FTC ha cometido el error estratégico de no haber procurado en su momento ganarse el corazón y la mente de la población, como condición sine qua non de éxito contra el grupo criminal insurgente. Por el contrario, desde el inicio de su actuación, los componentes de la FTC se han caracterizado por su arbitrariedad y prepotencia, irrespetando los derechos humanos de los humildes lugareños, irrumpiendo en los vecindarios y asentamientos, y golpeando sus puertas a las dos de la mañana, guiados por informaciones falsas o mal procesadas. Así es como fueron ganándose la malquerencia de la población que, a esta altura, está casi enteramente cooptada por el EPP. Y en estas condiciones, la gente cree que lo más conveniente es que el presidente Cartes desmantele la FTC, en vez de gastar tiempo y dinero inútilmente.

    Pero he ahí un enigma: ¿por qué el Presidente de la República se resiste a cambiar la estrategia de su lucha contra el EPP, siendo su fracaso evidente e irreversible, dado el comprobado apoyo de la población a la gavilla criminal? O, lo que es lo mismo, ¿por qué, aparentemente, el Primer Mandatario no tiene la voluntad política de revertir su estrategia de lucha contra esta banda criminal terrorista? La “simpatía” del Gobierno hacia el EPP, recientemente insinuada por el vicario general de la diócesis de Concepción, monseñor Pablo Cáceres, podría ser parte de la respuesta. ¿Pero, por qué?

    Dada la penetración que tiene la “narcopolítica” en el gobierno de Cartes, no sería extraño que, mediante una estrategia político-criminal de aproximación indirecta, los narcotraficantes y otras gavillas del crimen organizado transnacional, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), que operan en Brasil y tienen sus tentáculos en Paraguay, estén financiando la actividad criminal del EPP a cambio de protegerlos de las fuerzas de seguridad del Estado, como sucedía en Colombia hasta el acuerdo de paz de las FARC con el Gobierno.

    De hecho, es de conocimiento público que la Senad ha constatado que en la zona de influencia del EPP existen decenas de pistas clandestinas que sirven como puntos de destino intermedio de toneladas de cocaína provenientes de Bolivia y Perú, y hasta de Colombia. Con el correr del tiempo, dueños de tales establecimientos forestales y ganaderos se han hecho inclusive de flotas de avionetas dedicadas al transporte de drogas desde los citados países hasta las pistas ubicadas en sus propiedades, lucrando así por partida doble: haciendo flete aéreo y alquilando sus pistas y depósitos a los cárteles de las drogas.

    Siendo la inseguridad pública una creciente preocupación de la ciudadanía y la penetración del crimen organizado en nuestro país una comprobada realidad, y dada la indiferencia del Gobierno para tomar las medidas que corresponden, se hace necesario que, como Poder de contrapeso del Ejecutivo, el Congreso tome la iniciativa de interesarse en el tema, conformando una comisión bicameral encargada de investigar exhaustivamente lo que está sucediendo realmente en el norte del país. Para el efecto, debe centrar su foco en el desempeño operacional de la FTC, en la actividad criminal del EPP y el crimen organizado transnacional, así como en la actitud de las poblaciones del norte del país de cara al drama de inseguridad que sobrellevan.

    Lo cierto y concreto es que el EPP, con el apoyo de los narcotraficantes, está ganando terreno, y antes de que todo el país caiga en sus garras, los ciudadanos y las ciudadanas deben exigirle al Gobierno medidas concretas y enérgicas que tiendan a su erradicación.

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    Publicado por jotaefeb | 10 marzo, 2017, 8:52 am
  3. Persistencia del EPP, clara señal de ausencia del Estado

    El grupo criminal EPP reapareció con fuerza en las últimas semanas, siendo protagonista de numerosas acciones, incluidas instrucciones a ser seguidas por un productor de la zona Norte. La presencia de este grupo da cuenta de la debilidad del Estado en el cumplimiento de sus roles más básicos como el de la provisión de servicios públicos, la distribución económica y la seguridad jurídica. Esta ausencia, además de implicar pobreza, malas condiciones de vida y situaciones de extrema desigualdad, genera una fuerte inseguridad económica. El Gobierno debe asumir de una buena vez su rol e impulsar las acciones necesarias para el combate al EPP y la efectiva vigencia del estado de derecho en el Norte del país.
    Es inadmisible que después de tantos meses y recursos invertidos en la Fuerza de Tarea Conjunta, el EPP continúe marcando la agenda pública nacional y departamental. La existencia de secuestrados por tanto tiempo y el poder con que cuenta para hacer cumplir sus exigencias son claras señales de la incapacidad estatal para enfrentar a este grupo delictivo.

    Este grupo es capaz de mantener secuestradas a personas por largos periodos en un contexto geográfico que no es de mayor dificultad. No hay selvas ni montañas que impidan una cobertura adecuada de militares que se supone han sido capacitados para la función que tienen allí.

    Generan tanto temor en la zona que nadie duda en cumplir sus exigencias y, tal vez, probablemente generen cierto tipo de aceptación por parte de determinados sectores ante las arbitrariedades de la FTC periódicamente denunciadas por los pobladores.

    La presencia de un Estado inútil en garantizar los derechos, en proveer las condiciones necesarias para el bienestar y la reducción de la pobreza y de las desigualdades crean el contexto adecuado para el surgimiento y permanencia de este tipo de grupos. La situación empeora si consideramos que una de las últimas exigencias del EPP fue que el empresario saque sus cabezas de ganado de las tierras indígenas que alquilaba. Este caso particular da cuenta de dos profundos problemas.

    Por un lado, la deficiencia estatal para implementar políticas que contribuyan al arraigo y la producción de la población indígena. Por otro lado, y directamente relacionado con lo anterior, la necesidad de los pueblos indígenas de lograr ingresos para subsistir arrendando sus tierras y exponiéndose a condiciones sumamente desiguales frente a los empresarios del sector. El arrendamiento de tierras indígenas está prohibido por ley, por lo que el EPP, además de que con sus exigencias distribuye alimentos a las comunidades, termina haciendo cumplir la ley ya que el sistema judicial también está ausente.

    Este contexto no favorece para nada el desempeño económico de la región ni mucho menos la vigencia de un estado de derecho. El Norte parece estar destinado a permanecer con altos niveles de pobreza, vulnerabilidad, inestabilidad política y económica y conflictividad social. Mientras, las políticas sociales y económicas son inexistentes y cuando hay alguna, es ineficaz.

    Todo parece señalar que no existe voluntad de ninguno de los poderes del Estado por solucionar de raíz la persistencia del EPP. La única solución propuesta es la represiva, que hasta ahora no tuvo impacto ya que solo ataca las consecuencias. Para las causas, hasta ahora no se observan intervenciones efectivas.

    http://www.ultimahora.com/persistencia-del-epp-clara-senal-ausencia-del-estado-n1067916.html

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    Publicado por jotaefeb | 7 marzo, 2017, 9:31 am

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