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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Políticos corruptos fomentan y protegen a contrabandistas y evasores

Prosiguiendo su irresponsable política de endeudamiento, el Gobierno prepara otra emisión de bonos soberanos, esta vez por 550 millones de dólares. No está satisfecho, pues, con que la deuda pública haya pasado de 4.174,2 millones de dólares a fines de 2013 a 6.294,3 millones al concluir el año pasado, suma que equivale al 23,1% del producto interno bruto (PIB). Para peor, la nueva colocación es para cancelar deudas anteriores, algo que en el lenguaje coloquial se designa como “bicicleteo”.

Este desesperado recurso, al que suelen apelar las personas y las empresas insolventes, conduce, tarde o temprano, al “default”, que ahora menta el propio Banco Central. En efecto, el jefe de su División de Programación Macroeconómica, William Bejarano, acaba de advertir que se caería en esa gravísima situación si los poderes del Estado no coincidieran en la necesidad de contraer nuevas deudas en marzo de este año, para cancelar las obligaciones que vencerán en breve. Tanto los medios de prensa como prestigiosos economistas ya habían llamado la atención al respecto. Lo novedoso ahora es que el llamado de alerta provenga de un alto funcionario, aunque tenga la connotación de un chantaje al Congreso y, por extensión, a la opinión pública: si el país no se sigue endeudando, nadie le prestará más dinero y será demandado por sus acreedores.

Si el Paraguay ha llegado a este extremo de mendicancia es por culpa de los políticos que padecemos, ya que las deudas del país deberían pagarse con recursos genuinos, es decir, con la recaudación tributaria, los royalties y los cánones por la concesión de servicios, tal como lo sostiene el exviceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Manuel Alarcón. Empero, resulta que el 70% de los actuales ingresos tributarios es absorbido en forma de salarios y remuneraciones adicionales y no alcanza para pagar nada.

Esa tragedia nacional de no tener fondos para pagar las deudas es producto de la llamada economía informal, cuyo volumen alcanza 12.000 millones de dólares anuales, equivalentes a nada menos que el 40% del PIB, un porcentaje “inusualmente elevado”, según lo calificó un informe del Fondo Monetario Internacional de 2015. Se estima que la mitad de esa suma corresponde a las actividades ilícitas del narcotráfico y el lavado de dinero.

Esos grandes contrabandistas y evasores que realizan operaciones multimillonarias ilícitas que están ligados al poder político privan al fisco de los ingresos que deberían emplearse para evitar este pavoroso endeudamiento en marcha y que coloca al Paraguay al borde de la cesación de pagos.

Fundado quizá en su propia experiencia, el mencionado exviceministro de Economía señala que la administración solo se ocupa de controlar a los contribuyentes de siempre, y que no se conoce ninguna estrategia para incorporar a los evasores de impuestos.

Desde luego, el exfuncionario tiene toda la razón del mundo, tanto que no ha hecho más que incurrir en una perogrullada al señalar una cuestión de pública notoriedad.

Antes que insistir en el tema, debemos preguntarnos cómo es posible que en un país relativamente pequeño, de apenas siete millones de habitantes, ni la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ni la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) pueden combatir la vastísima economía subterránea.

La respuesta es fácil: es por culpa de los “padrinos” –diputados, senadores, autoridades del Gobierno y partidarias– que reciben maletines de los recaudadores y que por su poder político están fuera del alcance de la Justicia. Hasta ahora, por ejemplo, no se pudo aclarar de dónde y para quién venían desde el Este mil millones de guaraníes en efectivo que fueron hallados en junio de 2015 en el maletín de un funcionario aduanero que falleció en un accidente cuando se dirigía a Asunción.

Es así que a quienes manejan las riendas del poder recaudador, con el ministro Santiago Peña a la cabeza, no les interesa que el Estado aumente sus ingresos persiguiendo y encarcelando a contrabandistas y evasores de impuestos, sino a costa de los contribuyentes que ya los pagan, porque, además de la protección de políticos corruptos de que gozan los ilegales, los propios funcionarios no quieren abandonar sus lucrativas fuentes paralelas de ingresos que obtienen haciendo la vista gorda a las irregularidades.

Por eso es que al Gobierno corrupto del Paraguay no le queda otro camino que recurrir al actual “bicicleteo” para cumplir con sus compromisos con los acreedores. Endeudarse más para pagar deudas anteriores. Total, cuando llegue la avalancha de reclamos de los prestamistas por cobrar, Horacio Cartes y sus funcionarios principales que están endeudando al Paraguay hasta el cuello ya estarán en sus prósperas estancias, lujosos departamentos o paseando por el Caribe, disfrutando de lo “ahorrado” durante su paso por el poder.

No es difícil vaticinar que el “default” será la dramática culminación de una faena lisa y llanamente delictiva en la que están involucradas las autoridades.

Si la ciudadanía quiere evitar que caigan sobre sus hijos y nietos las nefastas consecuencias de este irresponsable “bicicleteo”, debe sacudirse ahora exigiendo que se ponga fin al mismo, y se envíe a la cárcel a los funcionarios públicos y sus padrinos.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/politicos-corruptos-fomentan-y-protegen-a-contrabandistas-y-evasores-1565742.html

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Acerca de jotaefeb

arquitecto jubilado, hoy "hurgador" de la filosofía de vida, de las cosas cotidianas y trascendentes.

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8 comentarios en “Políticos corruptos fomentan y protegen a contrabandistas y evasores

  1. La Tía Perla y el Tío Elio
    Ago 19, 2017

    Utilizar niños se ha vuelto una práctica habitual entre nuestros siempre inescrupulosos políticos. Todos lo hacen en algún momento, probablemente en la intención de mostrarse sensibles y afectuosos, explotando el lado sensible del electorado, porque los niños no son votantes. Sin embargo, constituye una práctica perversa y lamentable, que cualquier ciudadano con un mínimo de razonamiento, debe condenar.
    En estos días circuló masivamente por las redes sociales una fotografía de la concejal Perla de Cabral entregando regalos a los niños de una escuela y luego exhibiendo un grotesco cartel con la inscripción “Gracias tía Perla, Gracias tío Elio”. Muy probablemente esos niños ni siquiera sepan quién es Perla ni mucho menos Elio, como muchos otros altoparanaenses, dado que ambos funcionarios públicos no se caracterizan precisamente por su productividad y su labor social, hasta hace algunos meses.
    Perla de Cabral (concejal colorada), cumple su segundo periodo como concejal municipal de Ciudad del Este. En todo este tiempo no se sabe que haya presentado algún proyecto, minuta o aunque sea una sugerencia en la Junta Municipal se la conocía como la “concejal muda” ya que nunca hizo uso de la palabra en las sesiones. La única ocasión en que utilizó el micrófono fue para referirse de forma despectiva hacia las personas que acuden a la Fundación Apamap. Desde aquella ocasión nunca más tuvo intervención. Esta concejal cobra mensualmente una millonaria dieta, plata de los contribuyentes gratis, sin aportar absolutamente nada, que no sea su voto a favor de los proyectos de la intendencia.
    De repente, de la nada ahora aparece tratando de aprovechar cualquier evento para figuretear, buscando catapultar la candidatura a la gobernación del Alto Paraná de su esposo, el cuestionado exaduanero Elio Cabral, cuya productividad en el parlamento también es escasa.
    En vez de exhibirse públicamente, esta pareja debería esconderse de la ciudadanía por sus negros antecedentes como funcionarios públicos. Todos los meses cobran jugosas dietas, sin aportar nada para el desarrollo de la región y de repente pretenden aparecer “solidarios” y benefactores con el dinero dilapidado del presupuesto público.
    Esta clase de funcionarios públicos haraganes e improductivos todavía tienen la suerte de toparse con una ciudadanía bastante dócil y sumisa. En cualquier otra sociedad, la aparición pública de esta clase de crápulas valdría el reproche y el escrache ciudadano. Lamentablemente en esta sociedad nos encontramos con gente sin principios ni valores, como lo es la directora de esta escuela, que ensalzan a esta clase de figuras. No tienen ningún empacho ni pudor en utilizar a los niños y exhibir un grotesco cartel de agradecimiento a los seudo tíos. Los padres de esta institución educativa deberían pedir la destitución y expulsión de esta clase de docentes sin valores. ¡Qué enseñanza pueden brindar a los niños las personas sin escrúpulos ni valores! ¡Lamentable!

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    Publicado por jotaefeb | 19/08/2017, 09:57
  2. La ciudadanía debe perseguir a las autoridades ladronas

    Cada cierto tiempo, cada habitante de este país debe preocuparse en observar la conducta de los gobernadores, intendentes y concejales de los departamentos y las localidades del interior, personas que se corrompen, que defeccionan y que traicionan a sus compueblanos y cuyas trapisondas permanecen en el anonimato por falta de divulgación.

    Paseando por nuestras ciudades, pueblos y compañías, lo que se ve es que las únicas obras públicas y de servicio comunitario que se realizan o que se reparan son las que pueden proporcionar ganancias a las empresas que comparten sus beneficios con los intendentes y concejales. Las que no les van a dar provecho particular no reciben atención ni son objeto de su preocupación.

    Hay muchos ejemplos. Véanse los casos de las ciudades que se hallan sobre las rutas, en particular las hoy ya mal llamadas “internacionales”, que en muchos tramos dejaron de ser rutas para convertirse en avenidas internas de esas ciudades, al llenarlas sus municipalidades de semáforos, lomadas y obstáculos. De hecho, la Ruta II, por ejemplo, solamente merece tal nombre en algunos pocos kilómetros, porque en los demás se convirtieron en vías internas de cada localidad por la que pasa. Lo mismo sucede con las nuevas rutas, como la denominada “Acceso Sur” y tantas otras.

    Esas localidades están dirigidas por intendentes y concejales que dan la impresión de carecer de sentido de orden urbanístico elemental, pues permiten cualquier tipo de construcción sobre esas vías, sin guardar retiro, sin solución para los cruces y sin ninguna medida inteligente de seguridad para el tránsito y las personas ni otras que son recomendadas por planes regulares sencillos y fáciles de aplicar. El desorden en los semáforos y la ausencia de los demás tipos de señalización, por ejemplo, constituyen una réplica del desorden mental e ineptitud de esas autoridades.

    Por ejemplo, el pavimento de las calles internas de pueblos y ciudades depende sobre todo de los posibles beneficios a obtener por las autoridades; si no hay provechosos acuerdos de “comisiones” entre las empresas que concurren a las llamadas a licitación o concurso y los intendentes y concejales, simplemente no se ejecutan.

    Los munícipes hacen vito de los aportes del Fonacide y los famosos royalties de Itaipú sin ningún escrúpulo ni temor. Cada municipalidad los emplea en lo que le viene mejor. Así, pese a las limitaciones estrictas que imponen las leyes respectivas en cuanto a la finalidad de esos aportes, se los emplea para pagar salarios y gratificaciones, para adquirir bienes suntuarios o directamente para repartirse entre los “muchachos”.

    Luego viene el proceso de control y verificación de dichos actos administrativos, el cual se lleva adelante con criterio partidista. En este momento, ningún exintendente está preso por defraudación de estos fondos, a pesar de la forma grosera en que, en muchos casos, se los dilapidó.

    Según los últimos informes de la Contraloría General, el cuadro de las 250 municipalidades de la república ofrece el siguiente panorama: en relación con los aportes de Fonacide, 175 de ellas presentaron rendición de cuentas y 72 no lo hicieron. Con relación a los royalties, presentaron rendición de cuentas 159 y 85 no lo hicieron.

    Estas cifras fueron variando durante los años anteriores, incrementándose o reduciéndose las omisiones y los rechazos. La cuestión muestra claramente que, si bien las municipalidades poseen todos los instructivos y formularios acerca de cómo deben rendir cuentas de los aportes recibidos de ambos fondos, muchas no lo hacen, lo hacen mal o, simplemente, pasan por alto las reglas porque no pueden justificar sus defraudaciones. Tan seguros están de que, por el apoyo político del que gozan, ningún brazo de la justicia les alcanzará.

    De que haya tantos haraganes, bandidos y negligentes entre los gobernadores, intendentes y concejales son responsables, en mayor medida, los partidos políticos que los propusieron como candidatos y promocionaron sus personas en las campañas electorales. Pero también lo son los propios vecinos de cada departamento y municipio, que, conociendo la personalidad negativa de esos candidatos, que son sus compueblanos, en su mayoría les otorgaron igualmente sus votos. Estos últimos no tendrán, por tanto, de qué quejarse si sus pueblos y ciudades continúan en el atraso y hasta en tren de retroceso.

    Todas las personas tienen la obligación moral de denunciar públicamente a las autoridades locales corruptas, inútiles o ineptas para el cargo que desempeñan. Es preciso emplear contra ellas y sus administradores desleales todas las armas que la ciudadanía posee, como la acusación formal, el escrache público, la denuncia por los medios de comunicación masiva, en particular los de cada localidad. Los jóvenes, especialmente, tienen en sus manos un gran poder, que es su legitimidad, impulso y entusiasmo por manifestar su lealtad a sus pueblos y ciudades; tienen que hacer uso permanente de él para impulsar la sanción a los políticos que defeccionan. Si así no lo hacen, no tienen por qué quejarse de que los mismos les continúen metiendo las manos en los bolsillos.

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    Publicado por jotaefeb | 22/02/2017, 08:30
  3. Los ladrones continúan con las manos intactas

    En un acto oficial realizado en Villa Hayes el 13 de enero de 2015 el presidente Cartes instó a los funcionarios a que “paren de robar” y aseguró a los ciudadanos que “si aparece un ladrón, van a ver que le vamos a cortar la mano”. A estas alturas es notorio que los primeros siguen robando y que los segundos no han tenido la ocasión de observar a algún facineroso manco. Así se explica que el último informe de Transparencia Internacional califique al Paraguay como el segundo país más corrupto de Sudamérica, según la percepción de sus propios habitantes, y que el Foro Económico Mundial lo ubique en el cuarto lugar en el contexto latinoamericano, de acuerdo a una encuesta hecha a 15.000 líderes de negocios. Si los ladrones siguieron metiendo sus intactas manos en el erario y en el bolsillo de la gente es porque intuían que la exhortación presidencial no había por qué tomarla en serio, tal como lo ha confirmado la experiencia de los últimos dos años.

    Se trató así de un ejercicio de vana grandilocuencia dirigido a la gradería, similar a aquello de que “los grupos violentos –como el EPP– no me van a marcar la agenda” o de “tolerancia cero” frente a la corrupción.

    El mensaje de “paren de robar” fue emitido a los dieciséis meses de que Horacio Cartes haya asumido su alto cargo, lo que implica que durante todo ese tiempo estuvo tolerando el saqueo, sin haber cumplido con su deber de impedirlo, al menos en el ámbito del Poder Ejecutivo. Sabía que se estaba delinquiendo, pero no destituyó a los ladrones ni, por supuesto, los denunció ante la Justicia. Solo se le ocurrió incitarles para que, a las cansadas, abandonen el vicio de quedarse con lo ajeno, como si sus meras palabras fueran más disuasivas que el Código Penal. Y lo hizo justamente en el feudo de su “asesor político” Basilio Núñez, el flamante ministro que lideró el clan que se apropió de la Opaci para beneficio personal durante años y recibió en Mburuvicha Róga al famoso diputado suplente Carlos “Chicharõ” Sánchez, en ese momento con orden de captura por presunto lavado de dinero. Lamentablemente, el Presidente de la República tiene la mala costumbre de frecuentar el trato de personas que no se destacan precisamente por sus virtudes, como las diputadas Cristina Villalba y Perla de Vázquez, el senador Óscar González Daher y el exintendente Javier Zacarías Irún. Siendo así, ¿cabía esperar que los funcionarios dejaran de robar si al Presidente de la República no le repugna la indecencia?

    Es comprensible, entonces, que los corruptos siguieran campeando en la Dirección Nacional de Aduanas, en el Indert, en las empresas estatales y, desde luego, en los ministerios. Si los de arriba no temían quedarse mancos, por qué habrían de temerlo ellos, ya que les sobraban razones para confiar en seguir usando las dos manos para el saqueo cotidiano con toda impunidad.

    El caso de la DNA es bien ilustrativo: en febrero de 2014, es decir, mucho antes de la declaración de Villa Hayes, sus máximas autoridades fueron convocadas al Palacio de López para que tomen nota de que su ocupante nunca pidió “recaudar para la corona” y que debían elevar en gran medida los ingresos. En otras palabras, les exhortó a que en ese órgano se deje de robar, mensaje que fue retransmitido por el director Nelson Valiente a los jefes de Visturía. Ningún funcionario fue destituido ni enjuiciado; a lo sumo, como es habitual en las entidades públicas, algunos cuestionados fueron trasladados de un puesto a otro como si eso fuera un castigo y los “maletines” siguieron circulando, como se constató a raíz del accidente de tránsito sufrido por un aduanero cerca de Minga Guazú en junio de 2015.

    Así es que, luego de lo de “paren de robar” y de la amenaza de la amputación, siguieron apareciendo muchos ladrones, pero salvo en el caso de la defraudación de 1.110 millones de guaraníes en un solo mes en el rubro combustibles de la Policía Nacional, cuando fueron destituidos el comandante de la Policía, comisario general Francisco Alvarenga, y algunos jefes y oficiales, la ciudadanía no tuvo ocasión de presenciar el espectáculo prometido por el Jefe del Poder Ejecutivo.

    Lo que la gente pudo ver, sí, es, por ejemplo, la conversión de Juan Carlos Baruja, asesor en la lucha contra la pobreza, en ministro de Agricultura y Ganadería, pese a que sus operadores políticos se valieron del programa “Sembrando Oportunidades”, destinado a fomentar la agricultura familiar, para comprar del Mercado de Abasto de Asunción productos para la merienda escolar y revenderlos a mayor precio a las Gobernaciones de Paraguarí y Misiones. De esta manera los corruptos no solo han conservado sus manos, sino incluso las han alargado, metiéndolas también en la lata del Fonacide.

    Es cierto que Horacio Cartes no es responsable de los delitos cometidos por intendentes y gobernadores en la administración de esos recursos, pero también lo es que muchos de esos delincuentes son aliados suyos en su infame lucha por la reelección inconstitucional.

    En su momento las palabras del Presidente despertaron esperanzas en la población, pero se las llevó el viento, mientras los bandidos siguen allí, con su integridad física intacta, para continuar enlodando al país ante el mundo e impidiendo que se venza la pobreza. Y mientras los ladrones engordan, el Gobierno del presidente Cartes sigue endeudando al país para “bicicletear” la deuda pública.

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    Publicado por jotaefeb | 20/02/2017, 08:40
  4. Para recortar y guardar

    Es para recortar y guardar: el juez federal del estado de Washington, al justificar la suspensión de una orden de la Casa Blanca nos da una lección a todos los países que sufrimos un grave déficit de legalidad y democracia. Quizá sea repetitivo recordar que Donald Trump había emitido una orden ejecutiva de prohibir la entrada al país de ciudadanos de siete países (Libia, Sudán, Siria, Irak, Irán, Yemen y Somalía), todos ellos de mayoría musulmana. Pero un juez federal de Seattle (Washington), James Robart, anuló su vigencia. Su justificación es ejemplar, sobre todo para nosotros y un motivo de reflexión sobre la situación de nuestro país por lo que ella significa.

    Robart afirma que “el juzgado es una de las tres ramas del Gobierno, iguales en su autoridad” refiriéndose a los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y agrega: “No es trabajo de esta Corte hacer política ni juzgar lo acertado de ninguna política en particular promovida por las otras dos ramas. El trabajo del Poder Judicial, y de esta Corte, se limita a asegurarse de que las acciones de las otras dos ramas se ajustan a nuestras leyes y, más importante, a nuestra Constitución”. En la parte final el juez Robart añade que “es consciente del impacto que la decisión tiene en las partes implicadas en el conflicto y en la ciudadanía (…) pero las circunstancias presentadas hoy son tales que la Corte debe intervenir para cumplir su papel constitucional en nuestro Gobierno tripartito”.

    A quienes hayan leído estas declaraciones de manera distraída, les ruego que vuelvan a leerlas las veces que sean necesarias para entender hasta qué punto todas estas palabras, sin quitarle una sola coma ni agregarle absolutamente nada, son perfectamente aplicables a nuestro medio.

    También es repetitivo explicar para qué sirve la división de poderes en un sistema democrático: para que dos de ellos sirvan de contrapeso y control al tercero; para que si uno se extralimita en sus funciones, los otros dos lo frenen y lo regresen a sus cauces naturales. Vale decir, justamente lo que no sucede en nuestro medio. La ineficacia y la incompetencia de la justicia la comprobamos en estos días en los que los jueces no han reaccionado como debían hacerlo ante la falsificación de las firmas de la mascarada que fue la campaña “que la ciudadanía decida” y que fueron presentadas al Tribunal de Justicia Electoral como expresión “del clamor del pueblo”. Muertos, firmas repetidas varias veces, firmas que no coincidían con el número de documento, firmas que no coincidían con la firma real de personas que fueron agregadas incluso por orden alfabético, fueron algunos de los muchos engaños que se cometieron.

    Las denuncias que hicieron las personas cuyos nombres fueron agregados sin su consentimiento en dichas listas se recibieron muy tibiamente y llevó tiempo realizar las gestiones de rigor. Tampoco se tomó medida contra las autoridades del Partido Colorado responsables de dicha campaña mientras que los presidentes de seccionales coloradas que tomaron parte del embuste fueron citados por el juez y no se presentaron a los tribunales porque se había cometido “un error” en la citación. Tenemos así que en nuestro país se ha creado un quinto poder: el de las seccionales que yo diría que actúan en realidad como un segundo, después del Ejecutivo. Sus presidentes son inimputables de acuerdo se ve en la práctica.

    Payo Cubas ha estado preso un buen tiempo ya que ha dirigido su crítica al corazón mismo del sistema corrupto en el cual estamos viviendo: la Justicia. Sean discutibles o no los métodos que ha utilizado, lo cierto es que acertó de pleno en su disparo. Mientras no tengamos una justicia justa no podremos superar los intentos presentes y futuros por parte de quienes solo desean instaurar un régimen totalitario para aprovecharse de él: poder, fama y fortuna.

    En su número de la semana pasada, la revista alemana “Der Spiegel” en su portada incluye un dibujo en el que aparece Donald Trump con un cuchillo ensangrentado en la mano izquierda mientras con la derecha sostiene la cabeza cercenada de la estatua de la Libertad. Podemos estar seguros que el excéntrico y populista presidente estadounidense nunca logrará decapitar a la (estatua de la) Libertad porque atrás de él hay un sistema de justicia que funciona y no se deja amedrentar por las bravuconadas de un empresario que se quiere inventar político.

    Por Jesús Ruiz Nestosa

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/para-recortar-y-guardar-1564730.html

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    Publicado por jotaefeb | 19/02/2017, 16:54
  5. Significado de las palabras

    Por no prestarle la debida atención, cada día se nos escapan el verdadero significado de las palabras y, sobre todo, lo que ocultan o lo que quieren ocultar personas que no están interesadas en que nos enfrentemos con la realidad. De este modo nos dejamos engañar o terminamos por no darle importancia a lo que está ocurriendo delante de nuestras narices y, ordinariamente, cuando ya es demasiado tarde nos decimos: ¡cómo no me di cuenta de ello!
    Recientemente dos periodistas venezolanos escribieron un “diccionario” de términos utilizados por el Gobierno de ese país para disfrazar la crisis en que se encuentran sumidos, borrando del discurso oficial términos como “crisis”, “desabastecimiento”, “inflación”, “carestía”, sustituyéndolos por otros que se aproximan más al agua, vale decir: incoloros, insípidos e inodoros. Y se les podría agregar: indoloros. Claro que esto no sucede solo en Venezuela sino también en todos los países en que los políticos no quieren que la población se enfrente con problemas que ellos no pueden, o no quieren, solucionar.

    Días atrás Donald Trump, al saber que un juez del estado de Washington había anulado su orden ejecutiva de prohibir la entrada al país de ciudadanos de siete países (Libia, Siria, Irak, Irán, Yemen, Somalia y Sudán) que tienen mayoría islámica, montó en cólera y recurrió a su canal favorito de comunicación: Twitter, y buscó descalificar al magistrado llamándolo “pseudojuez”. La palabra viene del griego y significa “falso”. Difícilmente puede ser falso un juez que está en ejercicio después de superar todas las exigencias para llegar a dicho puesto. Y mucho menos un juez federal. Al ver la noticia me vinieron a la memoria los años de la dictadura en nuestro país cuando el Gobierno calificaba a todos los grupos políticos y personas opositoras al régimen de “pseudo”. El Encuentro Nacional era “un pseudopartido”, el Mopoco era “un pseudomovimiento” y así sucesivamente. Hasta que la dictadura, que no era falsa sino bien real, cayó y todos recuperaron su legalidad.

    Este no es el único ejemplo. En nuestro país abundan las palabras que fueron desterradas del léxico oficial y sustituidas por otras nuevas. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado decir que tal ministro o tal intendente o tal legislador o tal dirigente político es un ladrón? ¡Jamás! Cuando se descubre un hecho nada claro en materia de manejo de dinero se dice que “tal ministro (o intendente o legislador) desvió cierta suma de dinero”. Pero nunca se aclara hacia dónde lo desvió cuando todos sabemos que dicho desvío, en la mayoría de los casos, es a una cuenta personal radicada en un paraíso fiscal difícil de ubicar. También se dice que “distrajo”. Vaya distracción: quinientos millones de guaraníes provenientes de fondos del Fonacide “distrajo” tal intendente en lugar de construir las escuelas a que se había comprometido al solicitar tal suma. “Distraer” es divertir o desviar la atención de alguien. ¿Qué habrá hecho el habilidoso intendente para divertir a esa suma de dinero? ¿Se habrá vestido de payaso? ¿Le habrá contado un chiste? ¿Le habrá imitado a alguien? Nada de eso. En buen castellano lo que se ha querido, y debido, decir es que fulano de tal se robó quinientos millones de guaraníes. Claro que suena muy duro, pero es el verdadero camino para decirle a la gente que hay zonas del país que están gobernadas por auténticos delincuentes, así, con todas las letras. Como un acto de sinceridad de esta naturaleza sembraría el descontento y fácilmente se despertaría la indignación de los ciudadanos, se disfraza el delito con una palabra “incolora, insípida, inodora e indolora”. Así mantenemos la calma de todos, se salva la situación, sigue el statu quo y si algún juez se atreve a intervenir, pues tendremos adelante a un “pseudojuez”.

    Lo dijo el poeta español Gabriel Celaya: “La poesía es un arma cargada de futuro”, y se podría agregar que cada palabra es tan punzante, letal y desgarradora como una bala. Por eso los corruptos tanto la temen.

    Por Jesús Ruiz Nestosa

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/significado-de-las-palabras-1563532.html

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    Publicado por jotaefeb | 19/02/2017, 16:53
  6. El ejemplo de los encarnacenos

    Los encarnacenos iniciaron ayer una serie de movilizaciones en contra de la impunidad en casos de defraudaciones en la Municipalidad de la capital de Itapúa, en los años 2013, 2014 y 2015. El año pasado nuestro diario ya se había hecho eco de una iniciativa de los encarnacenos, que llegaron a protagonizar caravanas y juntar firmas y hasta recaudaron fondos para pagar una auditoría en la municipalidad. En aquella ocasión, los concejales colorados, que son mayoría se habían opuesto a la auditoría, pero debido a la presión ciudadana revieron su postura y lograron que la administración municipal pague los gastos del examen de los ejercicios cuestionados.
    Finalmente, hace unas semanas se conocieron los resultados de la auditoría y se comprobó que más de G. 26.000 millones provenientes de royaltíes fueron dilapidados en gastos corrientes y pago de combustibles entre 2013 y 2015. La mala administración llevó a la municipalidad a una quiebra técnica e hizo que aumente su deuda en 421%, saltando de unos G. 4.000 millones a G. 22.000 millones. La conclusión a la que llegaron los auditores es que hubo un “incumplimiento sostenido y sistemático de la ley”.
    La reacción de los encarnacenos no se hizo esperar y decidieron salir a las calles nuevamente para exigir transparencia. ¿Qué es lo que hace que los compatriotas del sur se involucren y se comprometan con la administración de su ciudad?. En nuestra región, en la mayoría de los municipios, se experimenta la misma situación. Las autoridades dilapidaron recursos de royaltíes y Fonacide, algunos en obras inservibles y otros directamente en obras que no se ejecutaron o se ejecutaron a medias. Las denuncias sobre irregularidades groseramente están archivadas en las fiscalías, donde los agentes del ministerio público, tan corruptos como los posibles investigados, congelan los expedientes y aguardan que el olvido los lleve al opareí.
    Los encarnacenos, una vez más, nos dieron una gran lección al exigir la rendición de cuentas a sus autoridades. Sería muy saludable para la democracia que los ciudadanos de este departamento empiecen a emular este tipo de iniciativas, comiencen a participar y exigir transparencia en las instituciones, a través de manifestaciones para lograr que termine el grosero saqueo de los recursos públicos.

    http://www.vanguardia.com.py/2017/02/16/el-ejemplo-de-los-encarnacenos/

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    Publicado por jotaefeb | 19/02/2017, 16:33
  7. Terquedad

    Por Wendy Marton

    La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) emitió un comunicado en el cual expresa su preocupación –y la de todos los que no están ocupados en la reelección– sobre cuatro temas que ocupan la agenda actual.

    Si Horacio Cartes tuviera una buena asesoría y les hiciese caso a sus asesores, debería tomar nota de los reclamos y entender la necesidad de corregirlos ahora. O por lo menos tres de ellos si su objetivo real es la reelección.

    Los cambios realizados al impuesto a la renta personal (IRP) quizá fueron correctos, pero mal realizados y sobre todo a destiempo. Lo que podría haber sido tomado a favor por los sectores que no están alcanzados por este tributo, terminó generando un rechazo de todos los sectores económicos debido a que los cambios se dispusieron casi al finalizar el año y tienen efecto sobre los gastos realizados el año pasado.

    ¿Qué grado de confiabilidad se puede tener en un gobierno que busca la reelección, pero que cambia las reglas de juego cuando se le antoja, sin pensar en las consecuencias sobre los aportantes del impuesto?

    El silencio del presidente de la República sobre la falsificación de firmas a favor de la enmienda constitucional por la reelección a esta altura es lamentable. Solo superado por el bochornoso intento de hacer creer que se está gestando una conspiración de magnicidio en un grupo de Whatsapp y mover a todo el Ministerio Público para un montaje que parece de niños.

    Cartes hubiese cortado de raíz las críticas y pedido disculpas por aquellos correligionarios colorados que provocaron este vergonzoso hecho.

    El mensaje que deja el Gobierno es que la justicia sigue siendo para los poderosos, para aquellos que están bien con el gobierno de turno y que cae con todo el peso de la ley para los adversarios políticos.

    En este periodo presidencial, tras el bajón económico provocado por la decisión de cortar los pagos estatales a todos los proyectos y obras ejecutados durante el gobierno de Federico Franco hasta tanto sean revisados, la economía inició un repunte lento. Los empresarios, si bien se mantienen cautos aún sobre lo que deparará este año político, tienen mejores expectativas de las que tenían el año pasado sobre el horizonte económico.

    Hay aún muchos cambios impositivos que deben realizarse, pero para eso se necesita dialogar con los sectores afectados. Además, Cartes necesita entender que si sigue centrando su atención en la reelección, los temas importantes se le van a ir de las manos.

    Falta poco para que comiencen las clases y las escuelas aún siguen en mal estado. La salud pública sigue en terapia intensiva y casos como el de Jennifer, que no puede conectarse a un corazón artificial porque se adeuda a la empresa proveedora de insumos, destrozan el alma.

    Cartes necesita dejar de lado su terquedad, y hacer entender a su entorno que es vital para el crecimiento del país que el ambiente económico no se contamine con el político.

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    Publicado por jotaefeb | 17/02/2017, 08:00
  8. Bonos buitres

    Por Theodore Stimson (*)

    El ministro de Hacienda declaró a la revista LatinFinance la intención de emitir bonos soberanos por US$ 550 millones. Esta pretendida emisión está triplemente viciada.

    Primero, el veto del Ejecutivo que produjo la reconducción tácita del Presupuesto 2016 es inconstitucional por extralimitación de funciones. Cumplidos los procedimientos constitucionales de aprobación para el Presupuesto 2017, y sancionado el mismo, el veto fue injustificado.

    Segundo, la reconducción tácita del presupuesto fenecido, prevista en la Ley de Administración Financiera, es un expediente contrario a la Constitución. El único caso de reconducción es la no presentación por parte del Ejecutivo del proyecto de presupuesto en plazo al Legislativo. En la CN 1992, el Ejecutivo inexcusablemente debe preparar y presentar a la consideración del Legislativo el proyecto de presupuesto, que sancionará lo aprobado por la Bicameral y las respectivas plenarias. La Ley de Administración Financiera viola el Art. 3 de la Constitución al otorgar al Ejecutivo una facultad extraordinaria, inventando una reconducción tácita inconsistente con la Constitución.

    Tercero, el consentimiento legislativo para contratar un nuevo empréstito debe ser expreso, actual y directo; la autorización no puede resultar de una intrincada y errada hermenéutica, que solo sirve para confirmar que en esta ocasión –a diferencia de las anteriores– la aprobación legislativa requerida por la Constitución Nacional, no fue otorgada.

    En retrospectiva, hasta es posible presumir que hubo “dolo” del Ejecutivo para el inmotivado veto al PGN 2017; emitido solo para eludir el control y consentimiento legislativo para contraer nueva deuda pública, asumiendo erróneamente que tal cosa era posible. Si en el derecho privado no es posible inferir el consentimiento para endeudarse sino por una voluntad expresa, directa y actual del obligado, mucho menos en el derecho constitucional puede inferirse la voluntad de comprometer la fe pública del Estado paraguayo. La determinación de la existencia de un consentimiento legislativo para aprobar deuda pública no puede descansar primordialmente en la interpretación de instrumentos y actos externos al acto de aprobación en sí mismo, tales como un veto y la reconducción tácita de un presupuesto fenecido, sino debe fundarse en un acto autorizante expreso y actual, cuya vigencia debe sostenerse sola.

    La atribución del Congreso de sancionar el Presupuesto es separada a la atribución de aprobar o rechazar empréstitos. En las materias que no pueden ser objeto de referéndum, por ejemplo, el numeral 5/Artículo 121 de la Constitución establece que no puede serlo el Presupuesto General de la Nación, y, por otra parte, que no puede serlo la “contratación de empréstitos”. Asimismo, en el artículo 202, el numeral 5, establece la atribución del Legislativo de sancionar anualmente el presupuesto, y, por otra parte, en el numeral 10, la atribución de consentir (aprobar) o rechazar empréstitos. La aprobación legislativa otorgada en disposiciones especiales de un presupuesto fenecido, consecuentemente, resulta insuficiente para establecer el consentimiento expreso, directo y actual del Congreso de nuevos bonos.

    La más autorizada doctrina concuerda: La reconducción tácita del presupuesto fenecido “no alcanza a los créditos sancionados por una sola vez cuya finalidad hubiera sido satisfecha” (Fonrouge).

    “Es inaceptable en nuestro régimen institucional la idea de que esta materia (empréstitos) no corresponde a la competencia legislativa, como también la otra de que el papel del Parlamento se reduce jurídicamente a una autorización de principio, expresa o implícita, previa o posterior a la celebración del contrato de empréstito. El empréstito no es autorizado sino dispuesto, ordenado, por el Congreso, en razón de ser la única autoridad que puede resolverlo según disposiciones de nuestra Constitución, tanto más constituyendo un acto de soberanía, y no un contrato…” (Fonrouge).

    Peña Villamil escribe en su obra “Derecho Financiero” que la Constitución “establece normas específicas acerca de las condiciones de orden jurídico que deben seguirse para la aprobación y ratificación de los empréstitos. Son disposiciones de orden general que deben respetarse, cualquiera sea la naturaleza del empréstito: interno o externo… La Constitución Nacional es en este sentido muy rígida y no admite desviaciones o atribuciones a otros organismos del Estado…”.

    Inferir el consentimiento legislativo para aprobar deuda pública cuando ese consentimiento debe expresarse en forma positiva, directa, y actual, es promoción fraudulenta de inversiones, tipificado en el art. 191 CP, bonos buitres.

    (*) Abogado, máster en Leyes.

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    Publicado por jotaefeb | 17/02/2017, 07:37

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Escuchas publicas

El tema que tiene que ver con este escándalo de las escuchas telefónicas que envuelve el tráfico de influencias, que todos presumiamos que existía de manera clara pero nunca de manera tan desembozada y tan elocuente, como el que hemos tenido la oportunidad de poder comprobarlo. Lo que queda ahora es corregir lo que está mal y eso significa que el Congreso debería suspender a González Daher, en sus funciones como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y hacer un planteo severo en torno a la continuidad de esta institución, además de eso tendríamos que escuchar de manera mucho más valiente y objetiva las denuncias de fiscales y de jueces en torno a este tráfico de influencias, denunciando en los casos en los que habían sido sometido a una situación similar, haciendo que la justicia vuelva a ser creíble, y por sobre todo previsible de este país, que tiene una gran deuda con la sociedad en ese campo. Si la sociedad define la democracia como el estado de derecho, es evidente cuando vemos que ella es sujeta de las manipulaciones, tergiversaciones, chantajes y extorsiones, más claras que las que hemos podido comprobar en las últimas horas, nadie puede estar seguro en este país, y es el tiempo de corregir aquello que está mal y ademas de eso se tiene la oportunidad este domingo de castigar aquellos que se han apartado de lo que se espera debería ser la democracia, es el tiempo de los ciudadanos y en ese sentido nos queda ajustar cuentas con aquellos que se han apartado de manera clara y elocuente del mandato que recibieron de parte de nosotros, sus mandantes. (BFB)

Empresas del Estado

Uno de los grandes desafíos que tenemos en el país es indudablemente el encontrar un modelo económico que nos permita centrar la labor del Estado en lo que le corresponde realizar, cuando vemos mucho de las empresas públicas y especialmente en este verano, en que volveremos a padecer las consecuencias de una empresa monopólica como la ANDE, que no puede garantizar un buen servicio, por diferentes razones, se quejaron este año, porque las tarifas estaban fuera del rango que debieran, se incrementaron  esos números, pero no se mejoró el servicio, ahora aparece el argumento de que vienen de varios años de desfinanciamiento y que por lo tanto llevará todavía una buena cantidad de tiempo, ponerse a la altura y exigencias de la demanda de la gente. Pero si vemos también hay otras empresas públicas como el caso de la INC, que compra una nueva planta para procesar clinker y que ha tenido más de cien fallas, en un período de prueba y que podría ser otro gran elefante blanco, adquirido por el estado a las costas de cada uno de los contribuyentes, vemos de que hay algo mucho más profundo y grave en todo esto, el Estado no sabe hacer bien estas cosas y cada vez nos cuesta mucho más mantener a un personal ocioso y además de todo eso manipulado en tiempos electorales para que voten por que se sigan siendo manteniendo las cosas hasta ahora, nos cuestan mucho las empresas monopólicas del Estado, pero por sobre todo no vemos un rol del estado propiamente, incluso en aquellos sectores en donde debería actuar como elemento regulador del mercado. En definitiva tenemos dificultades filosóficas, administrativas y de gestión. (BFB)

A platazo

Es evidente que las campañas sacan lo mejor y lo peor de las personas, algunos demuestran cual es su verdadera concepción con respecto al poder, que es lo que entienden con respecto al de la prensa, a las encuestas, al twitter. La expresión del presidente Cartes de acusar de muchos de los males del país a los periodistas y especialmente aquellos que son críticos a su gobierno, y afirmar en términos bastantes soeces a la labor que cumplen algunos es una demostración de pobreza de espíritu que dominan a varias personas en estas elecciones. También ha sido noticia el hijo de la dip. Perla de Vazquez, exhibiendo dólares sobre una mesa dispuesto a comprar la voluntad de los votantes santanianos en el dia de los comicios, otras expresiones más se dieron en el transcurso de esto que casi siempre rodea a la práctica electoral y que demuestra, reitero, nuestra pobreza cívica, nuestra pobreza moral y nuestra pobreza argumentativa, no somos un país en el que estamos acostumbrados a debatir sus diferencias y a plantear propuestas, somos más bien personas que responden con insultos y agravios, cualquier afirmación que no sea la que uno comparte o tiene como argumento central. En definitiva las cuestiones electorales han vuelto a mostrar lo peor y pocos casos de lo mejor de nuestra sociedad, y varios de los temores que son permanentes en la vida política nacional, la posibilidad de comprar las voluntades de los votantes o de torcer las voluntades de los trabajadores del sector público, que más de 300mil de ellos, casi siempre son carne de cañón en los procesos electorales.   (BFB)

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