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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Política fiscal en tiempos electorales

El Ministerio de Hacienda ha retomado el control de la política fiscal. Los resultados de las finanzas públicas en el 2016 han sido mejores de lo que estábamos estimando inicialmente.
Si bien los ingresos tributarios y no tributarios crecieron en los niveles estimados, hubo una importante contención en los gastos corrientes del Estado respecto a años anteriores con un crecimiento nominal de apenas el 3,2%, los gastos salariales estuvieron congelados y el ritmo de ejecución de las inversiones públicas aminoró en el último cuatrimestre del 2016, lo que terminó con un crecimiento del 20% respecto al año anterior.

Con esta combinación de cosas, el déficit fiscal terminó en un 1,46% del PIB, por debajo del límite fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Este hecho es muy destacable y positivo porque permite ir consolidando a la Ley de Responsabilidad Fiscal como un instrumento de política fiscal responsable y su cumplimiento genera credibilidad. El Ministerio de Hacienda ha persistido en cumplir los límites fijados en la Ley a pesar de todas las necesidades y dificultades que naturalmente tiene la administración financiera del Estado en un país en desarrollo.

Sin embargo, los desafíos hacia adelante son aún más difíciles y complejos y la verdadera prueba para una regla fiscal es su cumplimiento en periodos electorales. En los últimos meses del 2016, empezamos a entrar crudamente a los tiempos que marcan la política con un enfoque marcadamente electoral. Un poco temprano, pero son los tiempos de la política.

En el presupuesto 2017, inicialmente aprobado por el Congreso, ya se notó esta realidad, principalmente, en los incrementos salariales poco razonables para docentes y personal de blanco, aunque en menor proporción que la observada en el presupuesto del 2012. Solo que ahora los márgenes de maniobra del presupuesto son muy estrechos y no existe ningún espacio para ajustes salariales de tal magnitud.

El Poder Ejecutivo decidió el veto total del presupuesto, principalmente, por la reducción del monto autorizado para la emisión de bonos soberanos decidida por el Congreso. Un hecho sin precedentes. Había otras opciones, pero el Poder Ejecutivo optó por el veto total y este fue aceptado por la Cámara de Diputados.

Como consecuencia, el Poder Ejecutivo ha puesto en vigencia para este 2017 el mismo presupuesto del 2016 basado en el artículo 19 de la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado, para garantizar el funcionamiento y evitar una parálisis del sector público que tendría consecuencias muy catastróficas para la economía del país. Si el Estado no paga salarios, jubilaciones o a sus proveedores, se cortaría de manera muy brusca la cadena de pagos y el sistema económico colapsaría totalmente en el corto plazo. Por lo tanto, mantener la continuidad de los gastos corrientes basados en el presupuesto anterior, me parece una decisión adecuada considerando que otras opciones requieren de un tiempo largo para su materialización y el Estado tiene que seguir funcionando lo más normalmente posible.

Sin embargo, por una cuestión de seguridad jurídica en algunos aspectos muy importantes del presupuesto, como la autorización para la emisión de bonos soberanos o la autorización de reprogramaciones presupuestarias, es necesario un diálogo serio y responsable entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para aprobar una ley complementaria que despeje los riesgos e incertidumbres que aún quedan pendientes y asegurarles a los administradores de todas las instituciones públicas que sus actos y decisiones tienen la debida legalidad que se requiere en la administración pública.

Ojalá los líderes de los distintos sectores encuentren la manera de dialogar sobre aquellos aspectos que son fundamentales para que las instituciones públicas puedan funcionar normalmente y presten los servicios que la gente necesita, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir entre ellos en un momento determinado y que podamos seguir consolidando una política fiscal responsable y creíble. Por el bien de nuestra gente.

César Barreto Otazú

http://www.ultimahora.com/politica-fiscal-tiempos-electorales-n1055208.html

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Acerca de jotaefeb

arquitecto jubilado, hoy "hurgador" de la filosofía de vida, de las cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

4 comentarios en “Política fiscal en tiempos electorales

  1. El diálogo y las decisiones públicas

    Alejandro Jara

    No me voy a detener a opinar sobre la legalidad o no de la eventual modificación de la Constitución Nacional, para la reelección. Dejaré esto a los más entendidos en el tema, pero me gustaría sí compartir algunas consideraciones respecto a las últimas modificaciones producidas y realizadas en las normas jurídicas vinculadas al Impuesto a la Renta Personal.

    No veo conveniente detallar por qué se está en contra o a favor de los aspectos técnicos y tributarios de la materia, pues para esto estamos los especialistas y profesionales en el ámbito impositivo para poder compartir con los respectivos contribuyentes. Pero si algo podemos comentar y manifestar es la manera ortodoxa en que la normativa va a afectar a los que tributan y a la sociedad toda.

    Y ¿por qué? Han pasado varios gobiernos desde la caída de la dictadura y del inicio de la transición democrática. Y una herramienta fundamental para la construcción del tejido societario y jurídico de cualquier pueblo democrático es “el diálogo/la comunicación”.

    Lo que supone el ponerse a conversar, el ponerse en el lugar del otro, a sentirse como afectado de las decisiones que estaré tomando. Es asimismo volver a preguntar y volver a escuchar su nueva o repetida respuesta a la misma pregunta. Es saber dónde está la piedra en el zapato, es ponerme a sentir los gastos políticos de una decisión no dialogada. Y así podemos citar más virtudes de esta fantástica acción que tenemos los seres humanos: “el diálogo/la comunicación”, de manera a que los interlocutores sean capaces de comprenderse y entenderse del ¿por qué?, del ¿para qué? o ¿cuándo? y ¿cómo?

    Vale decir, una estructura capaz de dejar huellas y un legado del Gobierno a los futuros gobiernos. En fin, tener no solo reglas claras y predecibles sino capacidad de diálogo estatal.

    Claro está y cae de maduro que no todos los temas que afecten a la función pública pueden hacerse con una consulta a los afectados.

    No podemos por ejemplo estar consultando sobre las nuevas tarifas de multas de la policía caminera establecidas este último fin de semana. No estoy hablando de decisiones que tienen valores absolutos o valores numéricos, pero sí estoy hablando sobre temas de interpretación en algunos casos, productos de las lagunas “grises” de la Ley marco.

    Esto muestra la capacidad de dirigir y pensar que deberíamos tener un mínimo de lógica básica de conversación y comunicación entre las partes, para tener “la temperatura” de cómo se comportará la sociedad antes algunos cambios. ¿Qué dirá? ¿Qué sentirá?

    Este comportamiento deja la puerta abierta a dos futuros hechos. El primero, qué cambio a realizar será recibido con más madurez y pueda ser de una implementación sin muchos traumas y contingencias administrativas y jurídicas, tanto para el sector público como privado; y no hagamos correr el tiempo tan valioso en reuniones de confrontaciones como las que se mantienen hoy día. ¿Por qué? Porque no se tuvieron reuniones de dialogo y de construcción. Y, segundo, el que permitirá tener la puerta y ventanas abiertas para otros temas que no sean el Impuesto a la Renta Personal.

    Y esto es así y será siempre así, pues nos guste o no nos guste, los países, las naciones, las regiones o los estados, están gobernados por grupos de poder o de personas en general, con los cuales en las democracias no es posible ignorarlos. No es posible dejarlos de lado en el necesario diálogo.

    Estos temas no pueden ser solo analizados en las oficinas públicas. Debemos conversar y tratarlos con el Diálogo, más aún cuando se trata de un tema que tiene dificultades para su implementación inicial, y aún no concluimos la implementación. Pero podrá tener debilidades o aspectos a mejorar, que deben ser corregidos esos aspectos jurídicos.

    Lo cierto es que debemos aprender a “dialogar” antes de firmar los decretos y resoluciones de cuestiones extremadamente ácidas. Y si no estamos en condiciones para el Diálogo, cualquier determinación no la vamos a construir sobre base sólida.

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    Publicado por jotaefeb | 2 febrero, 2017, 5:44 am
  2. País en serio
    20 Ene 2017

    Por Pablo Noé

    La esperanza de construir un país mejor debe estar centrada en fortalecer la cultura ciudadana, que es la fuerza real de cambio en toda sociedad. Así se evitan grandes decepciones que se generan al esperar algo de personas incorrectas. Muchas veces, enceguecidos por las luces mediáticas, quedamos obnubilados desviando la atención hacia otras cuestiones que aparecen como los grandes temas que deben marcar nuestra agenda cotidiana. Así olvidamos los pequeños detalles de nuestro día a día, que dicen, no solo mucho, sino demasiado de cómo somos en verdad.

    Una de las cuestiones que parecen intrascendentes, pero que demuestran mucho, es la infraestructura vial del Paraguay, en comparación a los vecinos, que demuestran estar en otro nivel. Al ver los caminos de Brasil y Argentina, por citar los países limítrofes más visitados, podemos entender la notable diferencia que existe con nuestras vías.

    Nuestros preparativos para vacacionar allí también exhiben la manera en la que configuramos nuestra conducta. Intentamos cumplir a rajatabla con la legislación afuera, porque sabemos que aquí podemos recurrir a artimañas que nos permitan completar sin mayores trámites que algún que otro recurso para refrigerar a los agentes de tránsito.

    De estos dos puntos podemos destacar la manera en la que fracasamos socialmente en aspectos fundamentales. Por un lado, el déficit en infraestructura es producto de las eternas peleas politiqueras que solamente generan atraso, un grave perjuicio para todos los ciudadanos. No conseguimos llegar a acuerdos mínimos de necesidades básicas, que sean satisfechas por encima de la coyuntura política. Fracasamos en establecer los temas que son cruciales, que no deben sufrir de los avatares de las peleas intestinas de los grupos que se disputan el ejercicio del poder.

    Los ciudadanos tampoco elevamos la vara cuando nos adecuamos a la realidad de sociedades en donde sabemos que la ley se respeta, y aplicamos la ley del ñembotavy para nuestro andar cotidiano. Para que tenga más fuerza nuestro pedido a las autoridades, debemos entender que nosotros somos los primeros en adecuarnos a las normas que rigen nuestra convivencia.

    Los ciudadanos tampoco elevamos la vara cuando nos adecuamos a la realidad de sociedades en donde sabemos que la ley se respeta, y aplicamos la ley del ñembotavy para nuestro andar cotidiano. Para que tenga más fuerza nuestro pedido a las autoridades, debemos entender que nosotros somos los primeros en adecuarnos a las normas que rigen nuestra convivencia.

    Por eso, cuando se habla de temas que parecen tan alejados a la cotidianeidad de la gente, que ya de por sí está tristemente acostumbrada vivir en el “peichante”, las mismas no ofrecen una respuesta contundente. Al hablar de la violación de la Constitución, por citar el tema del momento, la discusión se reduce a los principales actores políticos y parece no entusiasmar a las personas. Más todavía cuando las prioridades de la gente, como la infraestructura, la educación, la salud, el acceso al empleo, la seguridad, son eternamente postergadas por la clase política que vive en su mundo paralelo en donde su objetivo central es alcanzar el poder para beneficiarse del mismo.

    La falsedad de las firmas, en donde muertos, personas que viven afuera, y extranjeros hayan engrosado la lista de los que solicitan una enmienda para la reelección en este contexto se plantea como una de las manchas más del tigre, acostumbrado a deambular por sinuosos caminos alejados de las preferencias de un pueblo que necesita otro tipo de tratamiento a sus intereses, pero que espera callado una transformación que no va a llegar en la medida que no exija otro tipo de gestión de sus recursos.

    Para consolidar un país en serio, el proceso debe iniciarse con la participación de la gente, que interpele a los dirigentes para que comiencen a mirar sus necesidades y no quedarse en la anécdota intrascendente. Es una tarea fundamental en una sociedad cuya democracia trajo libertad de expresión y posibilidad de elegir autoridades, pero que sigue insuficiente a la hora de dar calidad de vida a sus ciudadanos.

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    Publicado por jotaefeb | 20 enero, 2017, 11:50 am
  3. Año perdido y años perdidos
    15 Ene 2017

    Por César Paredes

    El Presupuesto General de la Nación 2017 fue pensado durante 8 meses por el Poder Ejecutivo (ministerios, Poder Judicial, Congreso y empresas públicas, que tienen gente destinada a diseñarlo y ejecutarlo), que lo entregó al Congreso Nacional a fines de agosto.

    La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso estudió y discutió el proyecto durante más o menos 3 meses, para elevar una propuesta a las dos cámaras del Parlamento. Lo aprobó la Cámara de Diputados con algunos ajustes, así como la Cámara de Senadores, dándole suficientes toques para complicar la vida al Presidente, sus ministros y el Banco Central del Paraguay.

    ¿Crear dificultades para negociar facilidades? ¿O simplemente revancha política? Parece cualquiera de las dos cosas o ambas. Un golpe de derecha, que respondió el Presidente vetando el Presupuesto 2017 y sin que nadie entienda muy bien cómo arreglar el desastre, se ejecutará el Presupuesto del 2016. De la nada, se acabó la discusión porque parece que todos se fueron de vacaciones.

    Resumen 1. Año perdido para todos los que trabajaron en sus respectivos presupuestos y en el Presupuesto General de la Nación. La Bicameral tiene que replantearse su existencia.

    Por otra parte, hay algo más serio. Esta trifulca política, sumada al tema de la reelección, que si sale va a salir forzando las vías legales, va a tener sus efectos a mediano plazo. Paraguay estaba a un paso de obtener el deseado grado de inversión, un nivel de riesgo que, entre otras cosas, permite que los fondos de inversión y de pensiones más grandes del mundo puedan invertir en nuestro país, a través de bonos públicos o privados, préstamos directos o cualquier tipo de financiamiento. Este financiamiento tiene un costo y ese costo está atado al riesgo. Es sabido que a menor riesgo, menores tasas.

    Se preguntarán qué tiene que ver eso con la aprobación de nuestro Presupuesto General de la Nación, pues esa pulseada política, desnuda nuestra débil institucionalidad, lo que a mi criterio postergará la llegada al grado de inversión por 2 años más por lo menos, si no pasa nada más grave.

    Resumen 2. Años perdidos y más intereses que pagar a causa de una disputa política.

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    Publicado por jotaefeb | 15 enero, 2017, 8:48 am
  4. Un país que crece, pese a las lacras del pasado
    15 Ene 2017

    Las opiniones de medios de prensa económicos especializados, de organismos internacionales, de referentes empresariales y, lo más importante, los hechos reales de inversión en el Paraguay, tanto del Gobierno, como del sector privado, como de empresas que desplazan sus negocios a nuestro mercado y de multinacionales que consideran al país como una economía estable y rentable y, sobre todo, que vienen a invertir aquí, no dejan lugar a la mínima duda de que pasamos por un período económico de crecimiento e interés internacional, que hemos ganado un espacio y que estamos creciendo, pese a una coyuntura no tan positiva, como la del alto crecimiento regional y nacional de hace una década.

    Hoy en día, con una región cuyos principales referentes, Brasil y Argentina, vienen atravesando una aguda crisis, Paraguay mantiene su ritmo y da una imagen de estabilidad, que ni siquiera se ha conmovido con la crisis de aprobación del presupuesto, que a los ojos económicos del mundo fue el disparate de cercenar al Banco Central su capacidad operativa para estabilizar y regular la economía.

    Eso no debe dejarnos una conformidad triunfalista; el conflicto presupuestario, que no es tal, sino un conflicto electoralista para debilitar al Gobierno, pensando en trancar la posibilidad de reelección, sigue vigente, solo que descansa en la larga vacación legislativa.

    De acuerdo a la raleada presencia de la Comisión Bicameral, el tema sigue vigente y ya se anuncian conflictos referentes al manejo de los bonos, como si constitucionalmente no estuviera claro que, una vez vetado el Presupuesto, entra a regir el Presupuesto del 2016, a cargo del Ejecutivo, que ya ha anunciado que los privilegios recortados en el proyecto del 2017, pero vigentes en el del 2016, no van a ser aplicados.

    La lógica, como venimos constatando, no tiene nada que ver con la política en nuestro país cuando estamos en campaña política, y, lamentablemente, la campaña política no está regulada a un período preelectoral, sino que es permanente.

    Sin duda, una asignatura pendiente de los poderes del Estado es encarar esa regulación que establece el período electoral y prohíbe el electoralismo eterno, sin freno y sin límites.

    La Comisión de Hacienda como arma de negociación, como se viene denunciando desde hace muchos años en los medios, y que en algunos casos ha alcanzado niveles de escándalo público; todavía es reciente el caso de una ministra que tuvo que echar a un legislador de su despacho, con testigos nacionales e internacionales, por un escandaloso hecho de chantaje.
    Pero volviendo al quid de la cuestión, hay que establecer un diálogo que plantee la limitación del “electoralismo salvaje” y que establezca con mayor precisión las atribuciones de los poderes del Estado, respetando la autonomía administrativa del Ejecutivo que es el que tiene que administrar las cuentas del país y, por consecuencia, al que hay que pedirle la rendición de cuentas.

    Lo grave, de acuerdo, más que a nuestra legislación, a nuestra tradición, es que los legisladores negocien con los ministerios y reparticiones presupuestos que, obviamente, terminan en intercambio de favores.

    Es decir, que la unidad que debe estar en hacienda de la administración pública esté llena de ranuras por las que se cuelan cargos, presupuestos y privilegios políticos contrarios a los intereses nacionales y partidarios de los intereses sectoriales del electoralismo político.

    Se ha escrito y repetido hasta el cansancio que el Presupuesto General de Gastos de la Nación es la ley capital de administración del Estado; es decir, que debe estar sujeta a la política económica que debe establecer el Poder Ejecutivo, el administrador, con los controles correspondientes. Es decir, que no pueden negociarse reajustes a cambio de cargos políticos o intereses prebendarios.

    Lamentablemente, la práctica de muchos legisladores de utilizar la Comisión de Hacienda como arma de negociación, como se viene denunciando desde hace muchos años en los medios, y que en algunos casos ha alcanzado niveles de escándalo público; todavía es reciente el caso de una ministra que tuvo que echar a un legislador de su despacho, con testigos nacionales e internacionales, por un escandaloso hecho de chantaje; y, sigue vigente, la política del tira y afloja que hace que funcionarios del Ejecutivo y legisladores intercambien visitas, a todas luces prebendarias, sigue vigente.

    Las generosas donaciones a instituciones afines a legisladores del Presupuesto Nacional conforman un hecho aberrante que viene desde los tiempos de la dictadura.

    Es urgente y necesario que el mismo Congreso Nacional tome la iniciativa de evitar esta lacra y que se establezca un respeto por esa ley fundamental de la República que es la que debe administrar los recursos económicos del país con eficiencia y resultados.

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    Publicado por jotaefeb | 15 enero, 2017, 8:48 am

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