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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Juegos de azar en un cono de sombras fiscal

Cada vez que alguien intenta meter una sonda para iluminar el oscuro mundo de los juegos de azar en el Paraguay, la reacción es inmediata. No hay manera de saber cuánto se juega, en qué ca­tegorías, cuánto se factura y, sobre todo desde el punto de vista fiscal, cuánto recauda el fisco. En este último aspecto, y mirando el Presupuesto General de la Nación 2016 –que es el único que rige hasta el momento- tenemos que el Estado paraguayo tenía pre­visto recaudar el año pasado, en materia de impuestos a los juegos de azar, la siguiente suma: 1.003.746.000 guaraníes. En letras: mil tres millones de guaraníes. Eso, al menos, es lo que figura bajo el rubro “impuestos internos sobre bienes y servicios”. Es posible que, dada la extrema seriedad que reviste la herramienta presu­puestaria, alguien en el Ministerio de Hacienda decidió introducir un ítem de humor consignando semejante cifra como resultado de la “recaudación” tributaria por juegos de azar. ¿Una tomadura de pelo?

Según la ley que regula el juego en el Paraguay, existen las si­guiente categorías legales: Casinos con ruleta, punto y banca, da­dos, naipes, black jack y juegos electrónicos; lo­terías diferidas con jue­gos en los que se conce­den premios en dinero, en bienes muebles e in­muebles; rifas con sor­teos de sumas de dinero o de bienes muebles, inmuebles o servicios; bingo, quiniela, apues­tas deportivas, juegos electrónicos, apuestas en carreras de caballos y telebingo.

Muchos de estos juegos deben ser concedidos por licitación y otros por adjudicación directa en exclusividad. No en­tran aquí, por ejemplo, las apuestas off shore como las que se hacen a través de bet365, un portal con sede en el Reino Unido y alcance mundial. ¿Y Hacienda nos quiere hacer creer que de todo este mar de dinero le quedan mil milloncitos de guaraníes?

En cuanto a lo de transparencia, el Gobierno debería revisar su cri­terio al respecto, ya que la última rendición de cuentas de Conajzar –el órgano regulador de juegos de azar- alzada a la web ministerial pertenece al primer semestre de 2012. Faltan datos del segundo semestre de ese año así como las rendiciones de 2013, 2014, 2015 y, por lo menos, el primer semestre de 2016. ¿Qué les pasó, se vol­vieron mudos desde julio de 2012?

Como en el Paraguay reina la oscuridad en cuanto al verdadero mo­vimiento de los juegos de azar y su aporte al fisco, tendremos que mirarnos en algún espejo cercano. Por ejemplo, Chile, en donde se aplica el denominado impuesto específico al juego, que gravita sobre los ingresos brutos de los juegos de azar, equivalente al 20% de éstos, previa deducción del impuesto al valor agregado (IVA) y de los pagos provisionales obligatorios. Estimaciones conserva­doras indican que Chile tiene un mercado de juegos de unos US$ 600 millones anuales (según el portal http://www.eldiario.deljuego.com.ar) y el movimiento general de juegos de azar en Latinoamérica es de unos US$ 150.000 millones según la misma fuente. Pero en el Paraguay, el fisco no recauda ni US$ 180.000. Ridículo, ¿verdad?

http://www.5dias.com.py/52744-juegos-de-azar-en-un-cono-de-sombras-fiscal

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Acerca de jotaefeb

arquitecto jubilado, hoy "hurgador" de la filosofía de vida, de las cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

2 comentarios en “Juegos de azar en un cono de sombras fiscal

  1. Apostar al futuro

    Desde hace tiempo la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) busca que se modifique la ley que regula los juegos de azar, la cual data de 1997.

    Cuando se creó la normativa no había sorteos en línea, la tecnología era limitada y la mayoría de los controles se hacían en forma física (cientos de biblioratos con documentos debían ser analizados).
    Hoy, el avance de la tecnología permite el control en línea mientras el apostador está jugando.

    El presupuesto de Conajzar es ínfimo y tiene apenas 20 funcionarios para fiscalizar todos los juegos de azar que se realizan en el país. Al cierre del 2016, había 23 empresas que tenían concesión para explotar algún tipo de juego de azar (telebingo, casino, bingo, apuestas deportivas, entre otros).

    Solo en el caso de la quiniela, se estima que el juego mueve alrededor de USD 1 millón por día.

    Según el titular de Conajzar, Javier Balbuena, la Ley 1016/97 (que regula los juegos de suerte o azar) no le da personería jurídica, presupuesto propio ni potestad sancionadora a la institución, lo que dificulta la realización de controles a las empresas explotadoras de los juegos de azar.

    El turismo unido a los juegos de azar puede ser un excelente atractivo para el país, que puede estar unido a la inversión hotelera.

    De hecho, Conajzar tiene varios proyectos que piden prolongar la concesión de juegos a 20 o 30 años, atados a una inversión hotelera tipo resort. Pero para poder otorgar permisos, el ente regulador precisa que se cambie la ley.

    El proyecto para modernizar la normativa está dando vueltas hace tiempo en la sede del Poder Legislativo, mientras los parlamentarios se niegan a apostar a mejor futuro para el juego de azar.

    Una norma ajustada al presente y proyectada al futuro, con mejores controles y mayor tecnología redundará en enormes beneficios económicos para el país, y en mayores ingresos para el Estado.

    Así, las instituciones que hoy reciben recursos verían mejorados sus ingresos y podrán asistir a más personas y otorgarles mejores condiciones de vida. Es necesario y urgente redoblar la apuesta hacia un sector sumamente atractivo. Mientras más pase el tiempo, más dinero se estará perdiendo y apostando de manera ilegal, beneficiando a unos pocos.

    Es necesario, además, blindar el sistema de manera que quienes tengan a su cargo el control realicen su tarea de la mejor manera posible, para evitar sospechas de amaño en la concesión de los juegos de azar.

    Hay todo por hacer, solo falta voluntad política para atraer inversiones, que redundarán en mayores empleos y más ingresos.

    Por Wendy Marton

    http://www.ultimahora.com/apostar-al-futuro-n1104083.html

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    Publicado por jotaefeb | 28 agosto, 2017, 7:16 am
  2. El dinero negro de fiesta

    En nuestro editorial del 4 de octubre de 2015, afirmamos que el resultado previsible de la Ley Nº 5476/15, “que establece normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de crédito y débito”, iba a ser la exclusión del sistema financiero de unas 400.000 personas de menores recursos, quienes se verían obligadas a “caer en las garras de la usura” si quisieran obtener un préstamo. También dijimos que “bajo un título engañoso, se invocó un noble propósito para impulsar una ley que tendrá consecuencias contrarias a las supuestamente deseadas”.

    Duele constatar que el pronóstico se ha cumplido. En efecto, si hace tres años había 65 “casas de crédito” en todo el país, hoy son 130 y cuentan con unos 300.000 clientes, la mayoría de los cuales se vio forzada a abandonar el sistema regulado, debido a que la ley fue sancionada pese a que el Banco Central del Paraguay (BCP) había anticipado que la limitación de los intereses impediría que los operadores financieros otorguen créditos a los usuarios de tarjetas de bajos ingresos. Como las demás víctimas, ellos deben abonar hoy a unos delincuentes de guante blanco una tasa de interés del 60% al 100% anual, siendo que el límite permitido por el Banco Central del Paraguay (BCP) es del 42,3%.

    Resulta entonces que la usura, que el art. 193 del Código Penal sanciona con hasta diez años de cárcel cuando tiene un carácter comercial, se comete hoy a gran escala y abiertamente por la decisión de diputados y senadores. Las entidades públicas apenas se dan por enteradas. El presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que, para supervisar la actividad de los antros dedicados a esa actividad delictiva, es preciso actualizar la ley de ese organismo, pero agregó que la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) podría “empezar” a controlar que se cumplan los límites de las tasas de interés. Su jefa, Lorena Méndez, anunció por fin que en breve habrá “novedades” sobre la reglamentación de esos topes, y que, por de pronto, la Sedeco ya prohibió que se penalice a los prestararios que se adelanten a cancelar sus deudas para no seguir siendo desangrados por un usurero al que le interesa tanto la devolución de su dinero sucio, como el hecho de seguir cobrando intereses mensuales.

    Nada se sabe del Ministerio Público, pese a que el Código Penal rige desde el 26 de noviembre de 1997: en casi veinte años, solo han sido procesados el exdirector administrativo de la Essap, Abraham Pinazo, y cuatro sindicalistas, por haber montado una agencia financiera clandestina en dicha empresa estatal. Las “casas de crédito” operan sin tapujos, pero la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción hace la vista gorda, aunque el hecho punible que allí se perpetra sea de acción pública. Si tienen cada vez más damnificados es porque las condiciones que fijan para prestar dinero son mucho menos rigurosas que las del sector financiero regulado, sometidos a nuevas exigencias para impedir el lavado de dinero, que aumentan sus costos operativos.

    La Ley Nº 5476/15, sancionada por la unanimidad populista, les vino de perlas a las “casas de crédito”, que así pudieron ampliar el círculo de los esquilmados, acaso con la ayuda deliberada de más de un legislador. Pese a que operan con capital propio, a diferencia de las entidades bancarias y financieras formales, que captan ahorros del público, siguen sin ser sujetos obligados por la Ley Nº 1015/97, “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”. Es claro que los sinvergüenzas que las manejan pueden lavar mucho dinero, propio y ajeno, aunque sea a través de otro delito, como el de la usura.

    Parece que ahora la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ha advertido esa posibilidad, así que está elaborando una normativa, que entraría en vigencia este año, para verificar el origen de los fondos que manejan los voraces “prestamistas”. Habrá que ver si tendrá el suficiente coraje para aplicarla, dado que el abundante dinero mal habido en circulación puede pertenecer no solo a narcotraficantes, sino también a políticos poderosos, incluidos diputados y senadores, que se han enriquecido ilícitamente en el ejercicio del cargo. Claro que hay testaferros, salvo que se tenga la ingenuidad de creer que un humilde mecánico, como Miguel Carballo, nombrado “asesor” de la Cámara Baja cuando era presidida por el actual senador Víctor Bogado, haya podido prestar 300.000 dólares, a un interés del 33,6%, superior a la tasa máxima del 16,76% fijada por el BCP, y que solo haya sido una “casualidad” que un par de años después el prestatario haya sido demandado justamente por Francisco Segura, asesor jurídico del citado senador.

    En el mercado financiero delictivo nadan a sus anchas los peces gordos del narcotráfico y los ladrones de la burocracia y de la política. Ni el BCP, ni la Sedeco, ni la Seprelad ni el Ministerio Público se atreverán a tender sus redes mientras sus máximas autoridades teman perder sus cargos por desconocerse qué capo político está detrás del testaferro de que se trate. La proliferación de las “casas de crédito” debe inquietar a la ciudadanía, no solo porque quienes están ocultos detrás de ellas cometen un delito al aprovecharse vilmente de las necesidades ajenas, sino también porque son el resultado de grandes y sistemáticos latrocinios en la función pública.

    La ley y la moral exigen que sean erradicadas, para lo cual la ciudadanía debe prestar mucha atención a las actuaciones de los organismos estatales pertinentes: que no sigan haciéndose los bobos y sepan que están siendo controlados por la sociedad civil.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/el-dinero-negro-de-fiesta-1553256.html

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    Publicado por jotaefeb | 9 enero, 2017, 8:38 am

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