Asqueroso “fato” en la Municipalidad

El zarpazo económico que el actual contralor general de la República, el abogado José Enrique García, en su época de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, le propinó a la institución que asesoraba es, cuando menos, de 18.975.014.366 guaraníes (unos 3,6 millones de dólares), correspondientes a la suma que el laudo arbitral que definió la controversia entre la Comuna capitalina y la empresa privada Ivesur dispuso que aquella indemnice a esta.

Al exasesor jurídico municipal García “se le olvidó” apelar el laudo, con lo cual la obligación aludida quedó firme y la Municipalidad en estado de indefensión. El infiel asesor jurídico aseguró que sí se había recurrido la resolución, pero el escrito correspondiente no apareció en la secretaría donde debió ser entregado, omisión culposa que fue confirmada en más de una oportunidad por los funcionarios judiciales involucrados.

En menos palabras, lo que sucedió fue que García “se hizo el oso” al propósito y dejó pasar la oportunidad de apelar, con lo cual se consolidó la situación, y ahora la Municipalidad de Asunción –o sus contribuyentes– deben abonar la abultada suma señalada anteriormente.

Pero no es todo, porque un juicio de esas características y con ese monto puede generar al menos un veinte por ciento de honorarios profesionales. Y aquí radica el “quid” de la cuestión: el monto es suficientemente atractivo para que los abogados de ambas partes concierten una componenda para repartirse el dinero, lo que explica la actual situación.

En medio del debate que siguió a este resultado, hubo alegaciones, excusas y acusaciones oscuras e imprecisas, y hasta una denuncia por cohecho pasivo que habría sido cometido por enviados de la Municipalidad que habrían ofrecido veinte millones de guaraníes en la mesa de entrada de la secretaría donde radica el expediente, para que se reciba antedatado el famoso escrito de apelación omitido, según relató Martha Machuca, coordinadora de Mesa de Entrada del Poder Judicial.

Del lío que exprofeso armaron los abogados de la Municipalidad capitalina para ver de introducir más confusión en el caso y así intentar salvar algo de la reputación de su exjefe, y la de ellos mismos, surgió la versión de los afectados de que la apelación habría sido presentada, para lo cual exhibieron una constancia de que el escrito correspondiente había sido recibido, el cual fue tenido por apócrifo en virtud de las resoluciones de los tribunales de apelación, primera y quinta sala.

En definitiva, y para no abundar más en los detalles de este chanchullo y de este modo facilitar las dudas que los representantes de la Municipalidad pretenden introducir en este “affaire”, lo cierto y concreto es que hay demasiados elementos de juicio para afirmar que entre los abogados de la empresa Ivesur y el exasesor jurídico y otros abogados de la Municipalidad de Asunción hubo un acuerdo para que este último omitiera apelar la condena arbitral, con lo cual el pleito quedaba concluido y los que tenían que cobrar algo quedaban habilitados para exigir de inmediato la satisfacción de sus cuentas. ¡Gran negocio para todos! Excepto, naturalmente, para los contribuyentes asuncenos.

Pero hay algo que marcha peor: el que habría sido directamente culpable de la omisión culposa de abstenerse de apelar, el abogado José Enrique García, es actualmente nada menos que contralor general de la República, cargo al que accedió gracias a una componenda entre los legisladores colorados “cartistas” y los de su partido, Avanza País, que es también el del intendente Mario Ferreiro y que cuenta con el apoyo o la alianza de unos cuantos concejales, encabezados por Federico Franco Troche y Elvio Segovia, que responden políticamente en forma directa al intendente y, por consiguiente, hay que inferir que sus opiniones e iniciativas comprometen también a este o provienen de su mismo mandato.

Llamativamente, el concejal Segovia se retiró de la sesión en que se debía decidir denunciar el caso ante la fiscalía penal, con cuya ausencia “justamente” no se alcanzó el número necesario de votos para que se tome esta determinación. Después, contrariando un dictamen del concejal Carlos Arregui, que encabezó una comisión especial que calificó a García de responsable de la evidente omisión culposa, los concejales Franco Troche y Segovia pergeñaron otro dictamen que ni siquiera nombra a José Enrique García y se limita a solicitar una auditoría externa del caso.

Ya sabemos cuáles son siempre las ocultas intenciones de quienes piden tiempo para realizar auditorías, crear comisiones de averiguación de hechos o sumarios especiales: perder tiempo, dar largas al asunto, confundir, enredar, procurar el olvido del caso. Como evidentemente esa es la intención del intendente Ferreiro y de los concejales Franco y Segovia, deberán ir desilusionándose, porque no les va a resultar tan fácil.

Hasta el momento, parece estar extremadamente claro que el exdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Asunción, José Enrique García, habría cometido varios hechos punibles o permitido a algunos de sus subalternos que los cometieran; entre ellos, los de omisión culposa, adulteración de documentos judiciales, intento de soborno a una funcionaria y colusión con su contraparte para perjudicar a su cliente, y obtener, de este modo, provecho para sí mismo.

García tenía la obligación indeclinable de “velar por la economía y conservación del patrimonio público a su cargo”, como reza el inciso o) de la Ley de la Función Pública. También estaba sometido al Art. 296 de la Ley Orgánica Municipal, que establece que “El Intendente y los demás funcionarios municipales están sujetos a la responsabilidad civil y penal por incumplimiento de las disposiciones de esta Ley en el desempeño de sus funciones”.

Así, lo que cabe ahora es que la propia Municipalidad de Asunción acuse formalmente al actual contralor general de la República, José Enrique García, por omisión de obligaciones en el ejercicio del cargo que poseía y que, junto con el intendente, se haga responsable con sus propios bienes del perjuicio patrimonial que ocasionaron a la institución comunal en el caso “Ivesur”. De lo contrario, estaríamos ante un caso de “compincherismo” que en nada desmerecería a los sinvergüenzas que los precedieron en dichos cargos en administraciones anteriores, a los cuales estas personas dijeron desalojar electoralmente para imponer la honestidad y la eficiencia en el manejo de los intereses de la ciudad de Asunción y sus habitantes.

Los ciudadanos y las ciudadanas deben reclamar que este caso no quede en el olvido, para evitar que en la Municipalidad les continúen robando impunemente el dinero que aportan pagando sus impuestos.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/asqueroso-fato-en-la-municipalidad-1546897.html

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3 comentarios en “Asqueroso “fato” en la Municipalidad”

  1. La frustración de pagar tributos que desaparecen

    Por esta época, aprovechando el aguinaldo, la gente se pone al día con los impuestos, tasas y contribuciones especiales en sus respectivos municipios.
    Creo que no erraría mucho al decir que muy pocos serán los que lo hacen con entusiasmo y satisfacción, porque observan que su dinero será reinvertido, y bien, en obras, en seguridad, en hermoseamiento de su ciudad, y en un plan a largo plazo que trasciende los 5 años del intendente de turno.

    En algunas comunas cumplir con el pago de los tributos municipales es aún más a regañadientes, no por falta de voluntad, sino porque desmotiva el manejo corrupto, ineficiente y clientelista de una buena parte de los gobiernos locales.

    Por eso provoca mayor irritación aún tener que hacerlo cuando la desconfianza hacia la intendencia y sus administradores está ampliamente justificada.

    Tomemos como ejemplo a Lambaré donde el anterior intendente, el colorado Roberto Cárdenas, prácticamente desvalijó la institución; y el actual, Armando Gómez (PLRA), está con una intervención pendiente, en menos de un año de gestión, sospechado de irregularidades.

    ¿Qué se puede esperar de una municipalidad así, donde el primero abarrotó de funcionarios el pequeño edificio municipal, el segundo se deshizo de una buena parte de estos, para crear las vacancias y llenar los cargos con sus partidarios?

    El liberal repite las prácticas clientelistas del primero y entre ambos contribuyeron a hundir a la institución. Actualmente, ni siquiera se pudo cubrir los salarios de noviembre y diciembre de los funcionarios.

    En estas circunstancias, y con la certeza de que gran parte de lo que la Municipalidad logre recaudar será destinada a pagar salarios, se agudiza aún más la antipatía que provoca cumplir con la obligación ciudadana de ponerse al día con los impuestos y tasas municipales. Más aún, cuando existen en el país otros municipios que demuestran que con honestidad, mucho trabajo y respeto al contribuyente se convierten en motores de transformación y desarrollo, como sucede en Encarnación o en Mariscal Estigarribia.

    Ejemplos hay. Que quieran tomarlos como modelo es otra cosa, pero lo que tienen que saber las administraciones municipales de pésimo rendimiento y manejos oscuros es que pueden triplicar sus ingresos tributarios si se remangan y trabajan por la comunidad a la que se deben.

    Por de pronto, en Lambaré no se puede esperar que reparen las calles que un año atrás tenían algunos baches y ahora, cráteres. Tampoco inversiones en nuevas obras, mejoramiento de plazas ni programas sociales. La urgencia en estos momentos –provocada por el administrador anterior y el actual– es recaudar para pagar a los numerosos funcionarios que incorporaron, sin un plan.

    Por Susana Oviedo

    http://www.ultimahora.com/la-frustracion-pagar-tributos-que-desaparecen-n1052410.html

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  2. Mal paso político de Ferreiro

    El actual contralor general de la República, José Enrique García, anteriormente ocupaba el cargo de director jurídico de la Municipalidad de Asunción, o sea, el de asesor legal, un alto funcionario bajo cuya dirección actúan, en condición de subalternos, numerosos profesionales abogados y funcionarios administrativos, con la tarea de atender los múltiples asuntos judiciales y conflictos internos de la institución.

    Hay que entender bien este caso. No se trata de un bufete particular de unas pocas personas en el que un caso aislado o un plazo podrían eventualmente olvidarse o extraviarse, sino de una enorme oficina llena de funcionarios y comisionados, archivos y recordatorios. Para que allí suceda el insólito hecho de que se deje transcurrir un plazo y vencer un término procesal debe suponerse que se lo hace en forma premeditada, adrede. No hay posibilidad de pensar otra cosa, pues no cabe admitir una circunstancia fortuita en un tema tan importante con tanta gente trabajando en el departamento.

    En el conflicto judicial con la empresa Ivesur, la Municipalidad de Asunción se jugaba unos cuatro millones de dólares, cifra cuantiosa que convierte al asunto en un caso especial, prioritario, requeridor de la máxima atención. No se puede, por consiguiente, dar por creíble la posibilidad de que alguien se olvidó de apelar el fallo que condenaba a la Comuna capitalina a indemnizar a Ivesur nada menos que por 3,6 millones de dólares y unos 600.000 más en concepto de honorarios y accesorios legales.

    Cualesquiera hayan sido las circunstancias en que este hecho sucedió, el responsable de la falencia mayúscula fue el asesor legal, García, del que bien podría suponerse entró en colusión dolosa con su contraparte, suposición que ya fue admitida formalmente por una mayoría de la Junta Municipal asuncena, que nombró una comisión de investigación del caso, cuyas conclusiones deberán ser remitidas al Ministerio Público, por decisión del mismo cuerpo.

    Más allá de la responsabilidad penal que le corresponda al abogado García por su negligencia o lo que fuere que cometió, el daño político alcanza de lleno al intendente Mario Ferreiro. Este es quien recibe el golpe directamente, por cuanto García no es un actor político y él sí. Puede anticiparse, por lo tanto, que, en el futuro, cuantas veces Ferreiro dé un paso en la política, alguien le reprochará esta grave falla cometida bajo su administración, como se hizo repetidamente con otros intendentes en el pasado.

    Lo más probable es que el intendente Ferreiro no tuviese la más mínima idea de la terrible omisión que se estaba cometiendo en su Asesoría Legal. De haberlo previsto, parece obvio pensar que hubiera intervenido para evitarla.

    Pero Ferreiro cometió un error político personal inexcusable, a estas alturas ya insanable: con motivo del escándalo producido por la omisión negligente o culposa de García, asumió la falla saliendo a reiterar su confianza y obsequiando gratuitamente su apoyo a su exasesor. En una institución pública no se debe mantener confianza por afinidades políticas, porque a la larga la mala actuación de uno arrastra por el fango a los protagonistas, aun al inocente.

    En resumen, la gran pifia política del intendente asunceno consistió en salir a defender a un director que no merecía ser defendido; al menos no antes de una minuciosa investigación y deslinde de responsabilidades.

    Esta actitud responde a ese vicio tan equivocado que se tiene en el Paraguay desde la época de la dictadura, de que el superior está obligado a defender a un subalterno correligionario si comete una irregularidad, aun si los hechos lo muestran con evidencia.

    En vez de precipitarse a intentar cubrir a García como lo hizo, el intendente Ferreiro debió haber tomado la iniciativa de promover una investigación esclarecedora del suceso, lleve esta acción a las consecuencias que llevare.

    Lamentablemente, en este caso que comentamos no se hizo de esta manera sino de la forma contraria; se apaña al amigo, al “correlí”. Si este antiguo vicio político pernicioso continúa, nuestro país está condenado al fracaso. La corrupción que está pudriendo nuestros sucesivos gobiernos nunca será derrotada, ni siquiera debilitada, porque con estas actitudes se expande y se confirma el sofisma de “todos somos iguales de corruptos”, según se escucha repetir constantemente en las declaraciones de los políticos que tuvieron aventuras delictuosas y pretenden continuar en carrera.

    Este repudiable modo de pensar resume el resultado del drama electoral que nuestro país sufre periódicamente cuando vemos que, en cada elección, gran parte de los ladrones vuelven a ser reelectos por sus mismas víctimas.

    Los ciudadanos y las ciudadanas deben exigir a los políticos que cambien esta grave deformidad cultural del “compincherismo”, y la mejor forma de lograrlo es repudiando públicamente en los lugares a donde concurren a los políticos que se cubren sus fechorías los unos a los otros.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/mal-paso-politico-de-ferreiro-1548303.html

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  3. ¿Concejales y coimeros?

    Se rumorea que un concejal de Luque ha pedido 300 millones de guaraníes a la empresa Puma para que esta pueda instalar una estación de servicio en dicha ciudad, aunque la solicitud se haya ajustado a todas las exigencias normativas. De ser verdad, se dirá que ese delincuente no podría determinar por sí solo la decisión de una Junta Municipal de doce miembros, pero bien puede suponerse que la coima reclamada será compartida con otros ediles de la misma calaña. No se trataría aquí de que la oferta presentada esté en situación irregular, en cuyo caso suele ser el propio interesado quien toma la iniciativa de ofrecer el soborno, sino de lisa y llana corrupción por parte de funcionarios inescrupulosos.

    Hechos similares al referido ya se habrán dado no solo en esta ciudad vecina a la capital sino en todo el país, desde que los actuales ediles asumieron sus cargos el 19 de diciembre de 2015. Es innecesario remontarse a experiencias de años anteriores para concluir que los intendentes no tienen el monopolio de la corrupción, pues los concejales son muchas veces partícipes necesarios en la sucia faena. En efecto, no es nada raro que también quienes deben controlar la administración municipal estén muy interesados en enriquecerse ilícitamente mediante, por ejemplo, la aprobación de licitaciones amañadas a cambio de un “vuelto”, según el eufemismo usado alguna vez por el exconcejal asunceno Yamil Esgaib (colorado), al admitir la vigencia de estas repudiables prácticas.

    Al respecto, vale la pena recordar también que, en junio de 2015, el senador Jorge Oviedo Matto (Unace) expresó a candidatos de su partido a la Junta Municipal de Asunción que “no es el sueldo (lo que importa) ahí; ahí es barrido y limpieza, compra de útiles para oficina, compra de uniformes para los funcionarios, el que provee el combustible. Entre 24 (concejales) se reparten la torta. Entonces, a veces su sueldo es lo de menos; muchas veces dejan nomás ya (…), y eso les va a tocar a ustedes ahora” (las negritas son nuestras).

    Ante estas públicas expresiones desvergonzadas, se puede concluir entonces que el sistemático latrocinio perpetrado con los recursos del Fonacide que manejaron las municipalidades requirió la complicidad de los concejales o, en el mejor de los casos, su negligencia culposa.

    Está visto que los coimeros también sientan plaza en las Juntas Municipales y que en las prácticas delictivas a nivel municipal no hay distinción de colores partidarios sino, más bien, un espíritu de cuerpo que actúa bajo la consigna de que hay que sacarle provecho al cargo ejercido, chantajeando, haciendo la vista gorda o adjudicándose jugosos ingresos ilegales, que es lo que hicieron hace un mes los ediles luqueños para cobrar 19 millones de guaraníes mensuales desde el próximo año gracias a un aumento de cinco millones de guaraníes de sus gastos de representación, objetado solo por uno de ellos, el concejal Rubén González (colorado).

    Sin perjuicio de lo que dispongan otras normas, la Ley Orgánica Municipal (LOM) prohíbe a los concejales, entre otras cosas, “recibir obsequios, propinas, comisiones o aprovechar ventajas por razón del cargo”, así como lograr beneficios originados en contratos o en otros actos en que intervengan como autoridad municipal. Pero es evidente que estas disposiciones les importan un pito al común de ellos, si es que las conocen, pues no se distinguen precisamente por su idoneidad. Pero deben saber que la LOM les hace personalmente responsables con sus bienes, según las leyes civiles y penales, por los daños que causen a la Municipalidad los actos y operaciones ilegales que autoricen, si bien no se conocen antecedentes con respecto a la aplicación de esta norma. Pero llegará el momento en que los responsables de tales perjuicios vayan a parar con sus huesos a la cárcel.

    Se impone, pues, que los vecinos controlen a los ediles. Por eso, deben exigir a los presidentes de las respectivas Juntas Municipales que publiquen con anticipación el orden del día de las sesiones ordinarias, que son de carácter público, y formar asociaciones que puedan concurrir a las reuniones de las comisiones asesoras de la Junta Municipal.

    La participación ciudadana, a la que apuntan estos derechos reconocidos por la LOM, es imprescindible para que los concejales se saquen de la cabeza que pueden hacer o dejar de hacer lo que les venga en gana. Se les debe hacer sentir que ellos no recibieron un cheque en blanco de los vecinos y que no fueron elegidos para servirse de los tributos municipales ni para extorsionar a nadie. Antes que confiar en la Contraloría General de la República o en la actuación de oficio del Ministerio Público, los ciudadanos y las ciudadanas deben tomarse el tiempo para observar de cerca la gestión de los ediles, algo que acaso no es muy difícil, sobre todo en las localidades pequeñas y medianas. En tal sentido, los medios de comunicación locales, sobre todo las radios comunitarias, tienen mucho que ayudar para transparentar el desempeño de las Juntas Municipales e impedir que se conviertan en una cueva de ladrones. Entre otros de los perjuicios, las coimas exigidas –por el intendente o por los concejales– desalientan las inversiones, impidiendo la creación de fuentes de trabajo en la localidad.

    Está, pues, en el directo interés de los vecinos y las vecinas que esos órganos colegiados sean saneados de la nauseabunda escoria constituida por los concejales corruptos. Para ello harán bien en estarles encima para denunciar sus fechorías, en la certidumbre de que ellos, ellas y sus hijos e hijas son víctimas directas de su deshonestidad. Y, por supuesto, no votar nunca más por esos desfachatados.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/concejales-y-coimeros-1547942.html

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