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En un país con estado de Derecho no rige la justicia por mano propia

Recientemente, hemos registrado una verdadera ola de casos, en donde vecinos enfurecidos toman “la justicia en manos propias”, reaccionando ante el constante acoso de los motochorros. En la capital del país, el caso del comerciante detenido tras disparar y asesinar a un hombre que presuntamente intentaba robar una despensa en la ciudad de San Antonio es uno de los muchos ocurridos en las últimas semanas, en que ciudadanos, en forma individual o en grupos, deciden portar armas de fuego, enfrentar y perseguir a los supuestos delincuentes, ante la creciente inseguridad.
La onda de ciudadanos decididos a hacer justicia por mano propia, ante la falta de una mayor presencia y acción de la Policía y de la Justicia para contener la creciente situación de inseguridad ante los constantes asaltos y robos, se va extendiendo cada vez más.
Lo grave es la tendencia cada vez mayor de los ciudadanos que, en forma individual o en grupos, deciden portar armas de fuego, enfrentar y perseguir a los supuestos delincuentes, ante la creciente inseguridad.
Casi a día reportamos sobre grupos de vecinos que han organizado una especie de cacería humana para perseguir, detener y golpear a personas sorprendidas intentando cometer robos y asaltos. El caso más reciente, que se divulgó a través de las redes sociales en internet, es el de un video de personas que persiguen a dos jóvenes disparándoles con armas de fuego en la localidad de Presidente Franco.
Se han divulgado incluso experiencias de grupos de vecinos que se están organizando en forma más permanente para enfrentar y perseguir a los llamados motochorros o motoasaltantes y los casos más extremos son los asesinatos de presuntos delincuentes que han ocurrido en la zona de Pedro Juan Caballero, en la frontera con el Brasil, crímenes que se atribuyen a un grupo parapolicial autodenominado Justicieros de la Frontera.
Evidentemente, se trata de una espiral de violencia que va abarcando cada vez más al país, y si bien desde muchos sectores se aplauden este tipo de iniciativas, en donde el ciudadano común toma la decisión de defenderse del acoso de los malhechores, no podemos sino remarcar que esta tendencia es nefasta para un país en donde rige el Estado de Derecho.
Por ello, es necesario ponerle un alto a estas iniciativas de hacer justicia por mano propia que, además de ser claramente ilegales, acaban casi siempre en situaciones mucho más trágicas. Hay que insistir con un control más estricto sobre el uso de las armas de fuego y exigir a la Policía y a la Justicia que hagan su trabajo de brindar mejor seguridad a la ciudadanía.

http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

2 comentarios en “En un país con estado de Derecho no rige la justicia por mano propia

  1. La Justicia, tentáculo de los políticos

    Durante la infame dictadura, los magistrados cumplían órdenes de los generales y de los coroneles, sabedores de que su permanencia en el cargo dependía de que estuvieran dispuestos a violar la ley en favor de los jefes militares o de sus protegidos. Ahora, en democracia, los de uniforme han sido reemplazados por los legisladores en la delictiva tarea de influir en las decisiones de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, de los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de los jueces de primera instancia, de los camaristas y de los jueces de paz. De esta manera, la administración de justicia en los hechos está en manos de los diputados y de los senadores, con lo que la independencia del Poder Judicial, garantizada por el art. 248 de la Constitución, se convierte en letra muerta.

    Esa atinada norma parece una burla cruel a la luz de su manifiesta incongruencia con la penosa realidad del país, cuando los jueces están prestos para condenar a ladrones de gallinas y de bicicletas –lo que no está mal–, pero son expertos en cajonear expedientes cuando afectan a legisladores y capitostes políticos que asaltaron las arcas públicas de diversas formas.

    La perversa práctica de los parlamentarios quebranta el principio de separación de poderes y conlleva la comisión de los hechos punibles de prevaricato, y, eventualmente, de tráfico de influencias, en beneficio de unos y en perjuicio de otros, con lo que también se destruye la seguridad jurídica y se vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley. La disposición citada dice que “en ningún caso, los miembros de los otros poderes (…) podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios”, (las negritas son nuestras).

    Dejando de lado que los legisladores pueden participar como abogados en un pleito judicial, según surge de los debates de la Convención Nacional Constituyente, la prohibición de que intervengan en modo alguno en los procesos es muy amplia e incluye, por ejemplo, las llamadas telefónicas a un ministro de la Corte para “bajarle la línea política” y la “visita” a magistrados en sus despachos, tal como ha salido a la luz más de una vez.

    Considerando los hechos cotidianos, el art. 28 de la Constitución termina con un chiste de mal gusto, diciendo: “Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la ley”. Que se sepa, desde 1992 hasta hoy, nadie ha sido inhabilitado por haber cometido semejante atropello.

    ¿Se imagina el lector que los parlamentarios vayan a ser imputados por haber dado o prometido dinero o cualquier otro beneficio para obtener el favor de un juez, hecho punible que la Ley Nº 2513/04 castiga con hasta tres años de cárcel o multa? Claro que no necesitan sobornar, pues les basta y sobra el cargo que ejercen para amedrentar a los timoratos que conforman la amplia mayoría de la magistratura, y que castigan o perdonan de acuerdo a los intereses de su protector.

    En efecto, los miembros del Poder Judicial son designados a partir de unas ternas de candidatos elaboradas por el Consejo de la Magistratura, órgano en el que están representadas ambas Cámaras del Congreso. Como el principal criterio de selección es la distribución de “cupos” político-partidarios, los agraciados se ven obligados luego a retribuir favores, no solo mediante las resoluciones que dicten, sino también con el “nombramiento” de los recomendados por sus respectivos correligionarios.

    Así mismo, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano que puede destituirlos, están representados los legisladores, quienes pueden recurrir a sus colegas para que sancionen a quienes se nieguen a obedecer sus órdenes. Los senadores participan en la designación de los ministros de la Corte y los destituyen, vía juicio político promovido por los diputados, así que entre diputados y senadores están en condiciones de remover a quienes se porten “mal”.

    En síntesis, aparte de mostrarse agradecidos con sus padrinos legisladores, todos los miembros del Poder Judicial, desde la Corte Suprema para abajo, deben temer que recurran al chantaje de la eventual remoción. Según el art. 3º de la Constitución, debe haber un control recíproco entre los Poderes del Estado, pero en la práctica ocurre que el Legislativo tiene sometido al Judicial.

    Los senadores y diputados cuentan con mecanismos constitucionales de control en materia no jurisdiccional, pero no los cumplen mientras la judicatura esté rendida a sus pies: el Poder Judicial puede hacer lo que se le antoje con el dinero público, porque de su malgasto se beneficia la clientela política de diputados y senadores. La crítica de las decisiones judiciales es libre, pero nunca se escuchó que algún legislador se interesara, por ejemplo, en ciertos fallos aberrantes de los que la opinión pública indignada se ha hecho eco. Si promueven algún juicio político, lo que les interesa a los legisladores es que las “negociaciones” –vulgares transas– les permitan ubicar a sus alfiles en reemplazo de los defenestrados.

    La Constitución busca asegurar la independencia del Poder Judicial disponiendo, incluso, que el Presupuesto General de la Nación le asigne por lo menos el tres por ciento del presupuesto de la Administración Central, de modo que los otros poderes no castiguen su autonomía reduciendo sus fondos. El grave problema de la sumisión de la magistratura radica en la mala fe de la casta política, que no tiene el menor empacho en ignorar las más sensatas normas concebidas para precautelar la independencia judicial y el Estado de derecho, cuando están en juego sus propios intereses o los de sus conmilitones.

    Mientras por temor a los diputados y senadores los jueces no apliquen imparcialmente la Constitución y las leyes como corresponde, el país seguirá inmerso en la arbitrariedad y la Justicia continuará favoreciendo a los poderosos, por más ladrones que sean.

    Si los ciudadanos y las ciudadanas del Paraguay quieren un mejor Poder Judicial, deben reclamar con firmeza y perseverancia el fin de las nefastas “listas sábana” para comenzar a limpiar con sus votos el Palacio Legislativo de los políticos corruptos que bastardean la administración de Justicia y la convierten en tentáculo de sus intereses personales.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-justicia-tentaculo-de-los-politicos-1545910.html

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    Publicado por Anónimo | 11 diciembre, 2016, 9:53 am
  2. Una línea cada vez más delgada

    Ha sido preocupación de 5días, desde su primer número en circulación efectiva, el tema de la inseguridad ciudadana y sus costos, no sólo en vidas, sino también en términos de deterioro de la economía.
    A esas dos variables, que son perfectamente mensurables como demostraremos más adelante, se agrega un factor de muy difícil medición: el impacto de la inseguridad sobre las conductas sociales. Las reacciones populares de “justicia por mano propia” han dejado de ser la excepción para marchar hacia la formulación de lo que parece asomar como un nuevo orden: “Quien la hace, la paga”. Motochorros, descuidistas y rateros de poca o mediana monta están siendo capturados por grupos de vecinos auto convocados que llenan los huecos dejados por una policía a menudo ausente y una justicia extremadamente generosa con sus medidas sustitutivas. Hasta ahora, estas actitudes espontáneas de la población se saldan –salvo algunas excepciones- con verdaderos arrestos civiles y la entrega del reo a la policía. Lo que nadie puede calcular es cuándo terminará de borrarse, ante la flagrante lenidad de la Policía y la Justicia, esa delgada línea entre el arresto civil y el linchamiento, entendiendo esto último por lo que significa realmente: ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo (RAE). Este verdadero mal humor social es consistente con un estudio de las Naciones Unidas titulado “Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 – Seguridad ciudadana con rostro humano”. En lo que respecta al Paraguay, el documento señala que los ciudadanos creen que la inseguridad es un clima creado por la acción descontrolada de delincuentes comunes, pandillas y crimen organizado. Aunque nuestro país figura al final de la tabla con una tasa de 7 homicidios y 18 robos por cada 100.000 habitantes, el impacto que estos crímenes provocan sobre la convivencia ciudadana ha determinado que el 34,7% (2011) haya limitado sus salidas nocturnas mientras que un 13% ha sentido la necesidad de mudarse de residencia. “Esto limita profundamente –según el informe- las capacidades y las libertades de las personas, la manera como construyen su vida en sociedad y su relación con las instituciones del Estado”. Y finalmente, el costo en metálico. Dice el informe de la ONU: “La inseguridad genera importantes costos que van desde el gasto público de las instituciones y los gastos privados de los ciudadanos para procurarse seguridad, hasta los costos irreparables en la vida y en la integridad física y mental de las personas”. El documento cita al BID y al PNUD asegurando que ese costo en el Paraguay equivale al 8,7% del PIB, una cifra que se acerca a los US$ 3.000 millones al año.

    Y aquí, ¿hacemos algo para abordar este drama?. En Chile, que va por su tercera generación de políticas públicas de seguridad, creen que “la ‘delincuencia’ no es otra cosa que la suma de miles de problemas delictivos a lo largo del país, y no ocurre al azar. Es predecible y, por lo tanto, prevenible”. Estudiaron y diagnosticaron el problema, actuando en consecuencia. Y hoy Chile muestra uno de los rangos de inseguridad más bajos de América Latina.

    http://www.5dias.com.py/52001-una-linea-cada-vez-mas-delgada

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    Publicado por Anónimo | 9 diciembre, 2016, 5:41 am

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