El pueblo debe elevar su voz en defensa de la Constitución

El obispo de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo, no pudo ser más preciso y sensato en su respuesta a los periodistas tras la misa que presidió ayer en Caacupé. Consultado sobre la posible decisión del presidente Horacio Cartes de renunciar para presentarse luego a la reelección ya como expresidente, dijo que la Constitución es clara al respecto, que establece los mecanismos de enmienda y reforma para modificarla, pero que este ya no es momento oportuno para recurrir a ellos. Consultado acerca de que sea la máxima instancia judicial la que resuelva al respecto, el prelado dijo: “La Corte Suprema de Justicia no puede estar por encima de la ley máxima de la República, que es clara al respecto”, aludiendo a la actual prohibición constitucional para la reelección de los presidentes.

Lamentablemente, unos pocos ambiciosos que piensan que solo ellos pueden salvar al país y llevarlo a un mejor porvenir, secundados por sus respectivos adulones, no dejan de manosear el tema de la reelección presidencial. Quieren pasar por alto el art. 229 de la Constitución, que dice en su primera parte: “El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. NO PODRÁN SER REELECTOS EN NINGÚN CASO” (las mayúsculas son nuestras).

Pero, para el presente estadio de las discusiones y para quienes impulsan el ansiado “rekutu”, tal vez sea aún más esclarecedora la segunda parte del mismo artículo, que dice: “El Vicepresidente solo podrá ser electo Presidente para el período posterior si hubiese cesado en su cargo seis meses antes de los comicios generales. Quien haya ejercido la presidencia por más de doce meses no podrá ser electo Vicepresidente de la República” (las negritas son nuestras).

Quienes hoy pretenden que la prohibición de la reelección solo rige para los presidentes en funciones, podrán observar que el mencionado artículo solo permite al Vicepresidente pugnar por la presidencia en el próximo periodo, para lo cual debe renunciar al cargo seis meses antes. NO HABLA DE UNA PREVIA RENUNCIA DEL PRESIDENTE con el mismo objeto: para él rige la prohibición absoluta de la reelección. Y, aun más, establece que un Presidente que ejerció el cargo por más de doce meses no puede ser electo ni Vicepresidente de la República.

Como puede verse, la frase “no podrán ser reelectos en ningún caso” no establece ninguna excepción; no habla, por ejemplo, de presidentes que fueron destituidos a través de juicio político o que hayan renunciado en algún momento.

Está todo muy claro e indiscutible.

Esta es la Constitución que el obispo Robledo pide que se respete. Este mismo religioso, coincidiendo seguramente con muchos paraguayos, aclara que no está en contra de la reelección, pero aboga por que, en un momento más conveniente que el actual, se sigan los canales establecidos para una modificación constitucional y, eventualmente, aprobar un segundo mandato para los presidentes.

Pese a que la prohibición constitucional es clarísima, se le está buscando la vuelta para violar su letra y su espíritu de una manera francamente disparatada. La última ocurrencia surgió del caletre de los asesores del senador Fernando Lugo, y todo indica que ha sido acogida con beneplácito por el presidente Horacio Cartes ante sus repetidos fracasos de enmienda o de reforma. Pero, como puede apreciarse, el art. 229 de la Constitución les cierra todos los atajos. Sin embargo, a juzgar por la ambición sin límites que están demostrando ambos, no puede descartarse que se produzca una grosera violación de la Constitución para permitirles el rekutu, y también a otros –como Nicanor Duarte Frutos– que están mirando de reojo y con simpatía que se les abra una nueva posibilidad.

A mayor abundamiento, eso de renunciar seis meses antes del día de las elecciones para ser candidato a la presidencia de la República, previsto en el art. 235 de la Constitución, solo rige para, entre otros, los ministros del Poder Ejecutivo, los magistrados judiciales, el defensor del Pueblo y los intendentes municipales y gobernadores, mencionados en los incisos 1, 2, 3 y 6. Como son enormes las ganas de retorcer la Constitución, no sería nada raro que los “reeleccionistas” de uno y otro bando lleguen a invocar una absurda interpretación analógica para sustentar la nueva vía inventada. La ciudadanía no debería sorprenderse si los ingeniosos asesores jurídicos sacan de la galera esa artimaña, pues en este país los que mandan son capaces de cualquier cosa con tal de satisfacer su interés personal. Se recurre con todo desparpajo a los más evidentes sofismas para adecuar normas bien claras a las más variadas apetencias.

El presidente de la República que concluye su mandato se convierte en un senador vitalicio, según el art. 189 de la Constitución, tal como el actual senador Lugo le recordó a Duarte Frutos el 6 de septiembre de 2010, algo de lo que parece haberse olvidado ya a esta altura. De nuevo, parece innecesario subrayar que dicha clara disposición fue incorporada justamente para evitar interpretaciones capciosas como la que se está pretendiendo.

La Constitución de 1870, en su art. 89, estableció que el presidente y el vicepresidente de la República “no pueden ser reelegidos en ningún caso, sino con dos periodos de intervalo”. Lo que los convencionales constituyentes de 1992 hicieron fue eliminar la última parte de la norma, precisamente porque no querían que el presidente fuera reelegido, ni siquiera en forma mediata. No lo quisieron por la sencilla razón de que, considerando la dolorosa experiencia pasada con la dictadura stronista, era necesario erradicar de cuajo el vicio del “reeleccionismo”. Para ellos fue tan claro el significado de “en ningún caso” que en los debates plenarios en torno al art. 229 no creyeron necesario abundar al respecto.

En realidad, el manido asunto de la reelección no merece mayores consideraciones desde el punto de vista jurídico, dada la contundencia irrefutable de la norma, por lo que resulta llamativo y alarmante que se hayan unido el hambre del senador Lugo y las ganas de seguir comiendo del presidente Cartes para tratar de chulear descaradamente a la Constitución. ¿Por qué tanto empeño? ¿Acaso creen que solo ellos están en condiciones de gobernar bien, como les hacen creer sus corifeos?

Los líderes de la sociedad que no están incluidos en el contubernio que se está orquestando deben convocar a los ciudadanos y las ciudadanas para hacer oír públicamente su voz en las calles en defensa de la Constitución, para evitar que, una vez más, la República caiga en manos de inescrupulosos que quieren manejarla como un coto privado, esclavos incluidos. Todos nosotros.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/el-pueblo-debe-elevar-su-voz-en-defensa-de-la-constitucion-1542889.html

63 comentarios en “El pueblo debe elevar su voz en defensa de la Constitución”

  1. La Constitución somos nosotros

    Posteado por Ilde Silvero el 12-12-2016

    No hace falta ser un eminente jurista para conocer lo básico de la Constitución Nacional. La Carta Magna solo recoge los principios legales que nuestros compatriotas convencionales consensuaron. Por tanto, podemos enmendar, reformar o cambiar totalmente su contenido.

    Las naciones se organizan políticamente de muy diversas maneras. Persisten algunos antiguos sistemas de imperios milenarios, en los cuales el emperador es una especie de dios supremo, como ocurre en Japón. Luego están las naciones que optan por mantener a los reyes y las familias reales y, en segundo plano, los líderes políticos que se ocupan de las cosas cotidianas, como sucede en los países nórdicos, en Inglaterra y en España.

    Aunque hay otras modalidades citables, pongamos atención en los gobiernos republicanos en los cuales el sistema político se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, buscando el equilibrio en la administración del poder, con el objetivo de que la soberanía resida en el pueblo y nunca en una sola persona.

    En la Convención Nacional Constituyente de 1992, nosotros elegimos este sistema de gobierno, el de la república democrática y representativa, con los tres poderes del Estado. Teniendo en cuenta nuestra mala experiencia con los gobiernos autoritarios y las dictaduras, nuestra Constitución excluyó la posibilidad de que el presidente de la República sea reelecto “en ningún caso”. Por tanto, en Paraguay, la reelección es inconstitucional.

    No se trata aquí de una discusión sobre la reelección de los presidentes en un sistema democrático de gobierno. Esta modalidad existe, sea en forma de reelección continua o alternada, en varios países, empezando por EE.UU.

    Lo que ahora nos tiene los pelos de punta y un ambiente político altamente crispado, es que se plantea la reelección del actual presidente en ejercicio del cargo, mediante la modificación, a través de la enmienda, de un artículo de la CN que lo prohíbe.

    La mayoría de los expertos juristas y de los propios exconvencionales dicen que eso va en contra de la Constitución; que el cambio hacia la reelección de los presidentes solo puede hacerse a través de una reforma para lo cual debe convocarse a una Convención Nacional Constituyente, que puede modificar ese y cuantos artículos se le antoje, incluso cambiar parcial o totalmente la Carta Magna.

    Vistas así las cosas, no se explica la urgencia de por qué se quiere cambiar de forma tan repentina y a los apurones una disposición constitucional muy importante: la prohibición de la reelección. Parece lo más sensato, tranquilizarnos, analizar en tiempo y forma el tema, convocar a un proceso de reforma constitucional y allí establecer la reelección, si nos parece conveniente hacerlo.

    Los atajos y desvíos por fuera de la Constitución siempre son muy peligrosos, aunque los promotores del bypass tengan las mejores intenciones.

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  2. Comencemos por cumplirla

    Enamorados del infortunio. La frase, atribuida a Augusto Roa Bastos, sirve para describir el clima político tóxico en el que cíclicamente nos sumergimos los paraguayos, dejando de lado la consideración de asuntos con mayor rango de urgencia.
    Por ejemplo: en un noticiero de la televisión se documentaba la desaparición de una escuelita rural. Así como se dice: desaparición. Mientras en Asunción se contabilizaban febrilmente los votos a favor o en contra de la reelección, se denunciaban compras de conciencias y se ocupaban horas de radio y televisión –y espacios físicos en el papel, como éste-, la Escuela N° 4.938, ubicada a 39 kilómetros de Yby Yaú, era borrada del mapa por un poderoso torrente que dejó un zanjón de 10 metros de profundidad en donde antes había una escuela de dos ambientes para 26 alumnos y un maestro director. Si tuviéramos la grandeza de pisar el freno y pensar, aunque sea durante un par de minutos, lo que esta tragedia significa para 26 familias del interior, comprenderíamos la desproporcionada duración de los arrebatos pasionales dedicados a asuntos que quizá no lo merezcan.

    No estamos diciendo que el tema de la reelección presidencial carezca de importancia. Lo que cuestionamos es la fenomenal barahúnda armada a su alrededor, obligando a todos –políticos, periodistas, expertos en derecho constitucional, decodificadores de sistemas electorales, etc.- a derrochar tiempo y espacio en llenar el aire y el papel con declaraciones, denuncias, condenas y enérgicas jaculatorias que en lugar de arrojar claridad sobre el tema sólo contribuyen a profundizar la confusión existente.

    Compartimos la opinión de preclaros constitucionalistas que afirman que la Constitución Nacional debería ser objeto de una reforma que corrija imprecisiones y actualice conceptos, sobre todo a la vista de los grandes cambios operados en todos los órdenes del quehacer humano. Pero también decimos esto: antes de pensar en reformarla, lo que debemos hacer los paraguayos es aprender a respetarla, cumplirla al pie de la letra y defenderla en su integridad como instrumento de convivencia y de progreso, porque en ella está reflejado el pensamiento de los representantes del pueblo que la redactaron y sancionaron en 1992.

    Cuando un servidor público, y comenzamos por el Presidente de la República del Paraguay, jura “cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes” (Artículo 238, inciso b), asume un compromiso sin beneficio de inventario, es decir, debe observar sin excepción todas las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes, no sólo las que le conviene. Y con él, todos los demás servidores del

    Estado, sean electos o designados. Sólo así, cuando demostremos ser capaces de cumplir con lo ya establecido podremos ir pensando en reformar nuestra carta política. El chapucero intento de enmendarla para satisfacer aventuras personalistas no entra en esta consideración. Debe ir al basurero de la historia como muchos otros engendros similares.

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  3. APOCALIPSIS NOW
    14 diciembre, 2016

    Uno no sabe si reír o llorar al escuchar tanta cantidad de disparates como los que se están escuchando últimamente con el tema del rekutu, vía enmienda.

    Que violación de la Constitución, que se avecina un golpe de Estado, que se implantará una dictadura, que correrán ríos de sangre, que defenderán el Estado de Derecho con su vida si necesario fuere (el esquizofrénico Bacchetta), que pitos que flautas, una cosa de locos.

    Se abrirá la Caja de Pandora y saldrán todos los espectros a castigar a los paraguayos por semejante despropósito.

    Y los tilinguitos de la prensa izquierdosa instando a la gente a la rebelión, a salir a las calles a defender la institucionalidad, ¡¡¡qué bárbaro!!! ¡¡¡qué irresponsabilidad!!!, qué se podría esperar de ellos que no han superado la etapa de que se tiene que ser “contrera” para ser buen periodista.

    Menos mal que nadie les dio pelota. En el primer intento juntaron a 50 personas, el segundo prometía algo más, pero leeeejos de la gran convocatoria ciudadana que esperaban.

    Pero aun así no se amilanan. Denunciaron que la Policía demoraba a los “contingentes” que venían a la manifestación. En realidad, fueron…seis colectivos pagados con dinero del efrainismo.

    Los que estos botarates de la política ocultan también ex profeso es un dato fundamental. Dan a entender que si sale la enmienda automáticamente HC se convierte en el Supremo Dictador de la República. Lo que la enmienda va a habilitar es un Referéndum al respecto que hay que sortear, en primera instancia. En segundo lugar se tienen que pasar las internas partidarias para la elección del candidato presidencial y en tercer lugar hay que ganar las generales. Bien empinado el camino restante. Pero no, según ellos la dictadura está a la vuelta de la esquina. En realidad el terror que le tienen a HC les hace pensar que el mismo sorteará todas esas instancias sin ningún problema. Entonces…qué queda…a batir el parche de la inminente violación de la Constitución, que siempre hay idiotas útiles en los medios y propietarios no tan idiotas, útiles a sus intereses, que le van a dar bolilla al asunto.

    Y entonces correrán ríos de…sandeces

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  4. Como dijimos el 25 de agosto
    13 diciembre, 2016

    Los que se oponen a que los paraguayos seamos consultados, referéndum mediante, respecto a si estamos a favor o en contra de la reelección, sostienen que ésta es una maniobra seudo democrática del oficialismo, un engaño para tratar de conseguir la adhesión ciudadanía a último momento. Pero no es cierto, al igual que los pocos y pobres argumentos que exponen para sacar de la cancha a los líderes políticos más influyentes, como son Horacio Cartes, Fernando Lugo y el propio Nicanor Duarte Frutos.

    Desde ese ángulo arremeten contra quienes levantan la consigna “que decida la gente”, una reivindicación por cierto justa y democrática, que se planteó en las redes sociales hace menos de una semana. Y a quienes nos hacemos eco de ella, nos atacan por repetir lo que “el patrón manda”, según propalan a los cuatro vientos.

    Demás está decir que no tenemos el menor prurito sobre la relación existente entre empleador y empleado, aunque no se aplica a nuestro caso, al menos con el presidente. Sin embargo, nuestra posición a favor de la enmienda data de mucho antes que se lanzara la referida campaña, cuando ningún sector político, incluyendo al oficialismo, destacaba que la figura de la enmienda era, a lo lejos, la más democrática de todas para zanjar las discrepancias políticas relativas a la relección.

    En nuestro editorial del pasado 26 de agosto, hace dos meses y medio, decíamos: “Lo que pasó ayer en el Senado, que a la velocidad del rayo rechazó la enmienda de la Carta Magna para tales fines (la reelección), no fue más que una maniobra rastrera, de bajo nivel y claramente antidemocrática, planeada entre gallos y medianoche por senadores de la disidencia colorada y sectores de la oposición, que siendo solo 23, se atribuyeron la facultad, cuando no, de decidir sobre un tema que es de incumbencia de casi 4 millones de paraguayos, a quienes les negaron el derecho a expedirse sobre esta cuestión de tanta trascendencia”.

    Y seguidamente agregábamos que “más allá de esta actitud, propia de timoratos que debieran dedicarse a otros menesteres, lo más cuestionable de los promotores del rechazo a la enmienda es la forma grosera en que expresaron su desinterés por escuchar la voz del soberano, de todos los electores. Porque en el caso de haberse aprobado un proyecto de esta naturaleza, el mismo tenía que ponerse a consideración de la ciudadanía, por medio de un Referéndum, en el cual, votación mediante, ejercería el derecho a decir sí o no a la reelección. Pero no, ellos prefirieron “cocinar” todo entre 23 senadores”.

    Hoy vemos con satisfacción la existencia de sectores ciudadanos, dirigentes políticos, sociales e incluso algunos periodistas que comparten ésta posición de que sean los electores quienes decidan lo que la llamada “clase” política no puede resolver, por las diferencias que tienen en la materia.

    Desconocemos si ésta posición terminará primando en el Congreso. Son muchos los intereses en juego y los poderes fácticos que intervienen en sentido opuesto, como la tenebrosa campaña de desinformación que impulsan algunos medios de prensa, como ABC color y los del Grupo Vierci, los cuales apuestan a que la Presidencia de la República se dirima en el 2018 entre Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre.

    Desde ADN alentamos con todos nuestro bríos la puesta en práctica de la democracia participativa para definir si corresponde o no la figura de la reelección, a lo que se oponen contra viento y marea los antidemocráticos de siempre, los que “engordaron” al amparo del stronismo y nunca, como ahora, se avinieron a escuchar la voz del pueblo, para dar cumplimiento a su mandato.

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  5. La dictadura como pasado presente

    Por Edwin Brítez

    “El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado”, reflexiona el escritor norteamericano William Faulker en la obra Réquiem por una mujer, que otros traducen Réquiem por una monja, y con ese pensamiento nos ayuda a recordar que en nuestro país la dictadura es un pasado presente.

    Recurrir a las multitudinarias concentraciones con asistencia obligatoria de funcionarios públicos, la destitución de funcionarios infieles al movimiento en el cual milita el jefe de turno y el nombramiento en su reemplazo de operadores leales a la causa, sin idoneidad ni mérito, son algunas de las prácticas que vienen cruzando la frágil frontera en la memoria entre el pasado y el presente.

    A todo ello puede sumarse aún el descuento obligatorio de sueldos de funcionarios afiliados para la tesorería del partido, el intento de armar sucursales de empresas del Estado en seccionales coloradas, premios o castigos a uniformados de acuerdo con el grado de lealtad, o al compromiso con la traición al movimiento.

    Hay más. La vuelta al liderazgo indiscutible, las múltiples formas de confundir al partido con el Estado y lemas acuñados durante el stronismo, como “en la democracia manda la mayoría”, “hacer apología del delito” y prácticas abusivas que en dictaduras puras pasan casi desapercibidas pero en dictablandas caen en ridículo, como detener vehículos de manifestantes para evitar el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

    Durante el stronismo, por ejemplo, hicieron desviar un vuelo internacional para evitar el desembarco de un personaje relevante del exterior que venía a solidarizarse con un perseguido; no dejaban desembarcar a paraguayos que fueron a “hablar mal del Paraguay” en el exterior e impedían a camiones de nuestro diario realizar a tiempo el reparto del periódico.

    Y para no perder la costumbre, el infaltable “pedido del pueblo, sin mover un solo dedo”, tal como decía el “único líder”. Igualito. Es como si el pasado estuviera habitando en nosotros o nosotros en él, esperando que suceda lo que ya sabemos sucedió antes aquí, o recientemente por aquí cerca, con la otra forma de dictaduras vecinas.

    ¿No hay nada que hacer para evitar la enmienda porque ya están los votos?

    Claro que hay mucho por hacer; es más casi nada se hizo aún para frenar la ambición enfermiza de políticos pro-dictadura y pro-impunidad, ladrones y asaltantes a cara descubierta. La manifestación de anteayer apenas fue una picardía de esta gente que prestó escenario y “su pueblo” para que la ciudadanía hablara.

    Pero la ciudadanía no solo debe hablar; debe discutir desde ahora el mecanismo más efectivo de echar a patadas a todos aquellos que usurparon la representación política y no permite con sus listas sábana que la política sea ejercicio de virtudes y talentos, en vez de vicios y depravaciones.

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  6. Quién gana y quién pierde con la reelección

    Por Marcos Cáceres Amarilla

    Aunque no se trate ni se apruebe la reelección vía enmienda en el Congreso, el oficialismo ya consiguió varios efectos importantes: la oposición está claramente dividida, la figura de Fernando Lugo fue embarrada y, por si no fuera suficiente, se creó una gran cortina de humo que deja en segundo plano algunas cuestiones urticantes para el Gobierno.

    Por nombrar algunos hechos: el pedido de interpelación en el Senado al jefe de Gabinete Juan Carlos López Moreira por tráfico de influencias; las 4 personas que permanecen desde hace tiempo secuestradas en manos del EPP, sin que haya visos de que puedan ser rescatadas; el asesinato impune de 8 militares de las FTC, en Arroyito a manos, aparentemente, del narcotráfico; la muerte de una niña por agentes de la Senad; la repentina aparición de una “célula” del cártel de Sinaloa en nuestro país, la violencia descontrolada en la zona norte fronteriza con Brasil, entre otros varios crímenes y cuestiones a las que el Poder Ejecutivo debería dar solución o, al menos, explicaciones.

    Todos los temas han pasado al olvido por obra y gracia del plan oficialista de reelección que concentra todo el interés de los políticos y los medios de comunicación.

    El debate sobre la reelección presidencial, como pasó en otros periodos de nuestra historia política reciente, divide aguas y motiva que medios de comunicación y periodistas en forma particular asuman posiciones de uno y otro lado, en forma evidente y hasta fanática.

    Como también ocurrió y ocurre muchas veces en las coyunturas políticas, de un lado y otro de la cancha se ven alianzas inverosímiles.

    Resulta insólito que de un lado estén juntos contra la enmienda, por ejemplo, Calé Galaverna, Efraín Alegre, Desirée Masi y José María Ibáñez. Del otro lado, a favor del proyecto, se ve a Lilian Samaniego, José Manuel Bóbeda, Blanca Fonseca y Hugo Richer, por citar a algunos.

    En esta disputa, los argumentos legales o constitucionales pasan a un segundo o tercer plano, aplastadas por la lógica del cálculo político y de los intereses personales o grupales.

    Que el oficialismo se haya lanzado con todo a este intento no puede extrañar demasiado. A todos los mandatarios, más temprano que tarde, les entra el gustito por el poder y quieren mantenerse mayor tiempo que aquel para el cual fueron electos. Cartes, en particular, que ha sufrido un acelerado desgaste y cuya impopularidad está en alza, precisa instalar, pese a todo, la ilusión de que puede aspirar a un nuevo mandato para evitar una mayor pérdida de influencia y de maniobra a nivel partidario y el consiguiente desbande de sus fuerzas.

    La eventual aprobación de la reelección le abriría a Lugo las puertas para competir, pero en un escenario impredecible de gran división opositora, especialmente en el PLRA, sumado a un feroz ataque de los grandes medios de comunicación que apuntarán a su “pacto” con el cartismo. Ya en la carrera electoral, deberá soportar la arremetida del cartismo que con seguridad apelará a todo tipo de recursos sucios, a través de sus medios de comunicación y de la estructura de la ANR para destruir su figura electoral y personal.

    El fracaso del intento de enmienda tendría consecuencias catastróficas para el proyecto cartista. Sería una muestra de inutilidad y de que ni con todo el dinero que tiene puede lograr resultados políticos. El Frente Guasu quedaría maltrecho, con la obligación de preservar la figura de su único candidato para que, más allá de no poder aspirar a la presidencia, siga siendo actor clave con vistas a las elecciones de 2018.

    Sin la posibilidad reelección, aparecerían como figuras estelares Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre, actores políticos que parecen lejos de poseer carisma pero que, evidentemente, tienen buena acogida en ciertos sectores que quieren que las cosas cambien un poco, pero no demasiado.

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  7. Enmienda reelectoral

    Por Miguel H. Lopez
    En esta historia de la reelección y la enmienda constitucional todos perdemos. Los únicos que generan escenario para su provecho particular son los avivados y corruptos de siempre. El debate ya salió del ámbito jurídico y se tornó estrictamente político. Finalmente, lo único que importan son los votos. Y parece que hoy se definirá en el Senado.

    Muchas medias verdades, o medias mentiras (que en el fondo es mentira genérica) despliegan los sectores interesados, incluyendo la gran prensa comercial cuyos propietarios también se juegan su influencia en el poder.

    Es falso que se producirá un quiebre democrático y que se instaurará la dictadura. Este es un país quebrado con una institucionalidad tísica. Los políticos que se autoflagelan y buscan instalar la alarma, mienten como siempre. En esta línea están los Efraín Alegre, Rafael Filizzola, Desirée Masi, Mario Abdo Benítez (h), por citar a los más visibles. Los mismos que pulverizaron la institucionalidad –aliados con Horacio Cartes, hoy su enemigo de ocasión– el 22 de junio de 2012 al destituir por golpe parlametario al gobierno constitucional de Fernando Lugo. Este ahora ingresa al ruedo pretendiendo forzar las normas para su habilitación reelectoral, pegado a Cartes quien promovió su caída.

    La reelección vía enmienda no puede volver a tratarse hasta agosto de 2018, porque 4 meses atrás ya fue rechazado en el Senado. Sin embargo, los que promueven la idea –pese a reconocer en el pasado que esta no es la vía– ahora solo esperan cerrar números y dar el golpe de gracia. Cartes y Lugo quieren habilitarse. Alegre y Abdo Benítez se oponen, no porque les importe la República, sino porque si aquello prospera sus candidaturas irán al traste en 2018. Y Blas Llano medra para sacar tajada con los primeros.

    Desde un sector del progresismo se instala la idea de que –a trote y moche– debe enmendarse la CN porque Lugo es el único que puede hacer frente a Cartes y ganarle. Es verdad que tiene muchos seguidores, pero no es como 2008. Los del PLRA ya no son sus aliados y el coloradismo castiglionista difícilmente vuelva a votarle. Y tiene encima mucha gente decepcionada por su actitud errática, cobarde y autoritaria.

    Que Cartes es el peor peligro, nadie duda. Está llevando al país al colapso y pretende rematarlo. Y si no hay reelección, lo que se viene, de igual modo, es terrible.

    No haber hecho la tarea generando figuras democráticas y progresistas coloca al país en una agónica encrucijada. Patear el tablero es temerario y el desenlace puede ser peor que aquello que se pretende evitar.

    Estamos como palo de gallinero…

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  8. Picardía, chicanería y prevaricación
    16 Dic 2016

    Todos los senadores “disidentes y opositores” que declaran inconstitucional la vía de la enmienda para la reelección mintieron y saben que mintieron; por eso recurrieron ellos mismos a presentar en términos positivos el tema de la reelección vía enmienda, para después rechazarlo en la misma breve y expeditiva sesión.

    Los doce apóstoles de la constitucionalidad, que elogiaron la enmienda, a renglón seguido, la negaron.

    Sabían que la enmienda es un canal constitucional, de acuerdo al Artículo 290 de la Constitución, así que recurrieron a lo que algunos de los “astutos legisladores” calificaron como una picardía, lo que en términos de legalidad se llama con un poco menos de infantilismo e irresponsabilidad, chicanería, y judicialmente, prevaricación: “Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta”.

    Para asegurar la picardía o la chicana o la prevaricación, los apóstoles de la democracia culminaron la operación rechazando la propuesta propia de aprobación de la enmienda, con el único objetivo de rechazarla para, al menos –ya que constitucionalmente no es rechazable– dilatarla y evitar que se pueda realizar antes de las próximas elecciones; es decir, un evidente acto de política electoralista, con total desprecio de la política legislativa, ya que la primera debe estar al servicio de partidos y candidatos y la segunda al servicio del país. Mezclar los tantos es un acto de suma irresponsabilidad.

    Y todo esto a sabiendas, ya que la mayoría de los 12 tienen experiencia legislativa y conocimientos jurídicos, y hasta la información de que la enmienda ya fue utilizada para “enmendar” la Constitución.

    La enmienda se aprobó y se realizó con el correspondiente referéndum, en el año 2011, pese a tratarse de un tema que sí está explícitamente excluido en el Artículo 290, por tratarse “del modo de elección”, ya que el Artículo 120 que se pretendía enmendar y se enmendó, aunque con poca precisión, solo permitía el voto de los paraguayos residentes en Paraguay, excluyendo a todos los residentes en el exterior.

    Algunos de los “astutos legisladores” calificaron como una picardía lo que en términos de legalidad se llama con un poco menos de infantilismo e irresponsabilidad, chicanería, y judicialmente, prevaricación: “Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta”.

    La discusión generada y la decisión tomada pueden ser revisadas en la documentación del Congreso y en los medios de prensa de la época. Es contundente y la polémica fue bastante más racional que en estos días, pues se priorizó enmendar un error, que es lo que plantea la Constitución en sus artículos 289, de la reforma, y 290 de la enmienda de la Constitución; los constitucionalistas y legisladores de entonces fueron más amplios y menos absolutistas que los de nuestros días, ya que pensaron en que en el futuro había que hacer correcciones a una Constitución cuyo principal problema fue hacerse bajo el espanto de la entonces reciente dictadura, y establecieron los procedimientos y los plazos para hacer los cambios necesarios en el futuro.

    En aquel entonces se debatió el tema del cambio del “modo de elección” que estaba explícitamente establecido entre los prohibidos por vía enmienda, aunque quedaba la duda de que la multitud de paraguayos en el exterior desprovistos de uno de sus principales derechos de ciudadanía pudiera ser “constitucional”.

    En este caso ni siquiera cabe la consideración, ya que en los ítems explícita y claramente prohibidos no figura la reelección.

    La campaña de ciertos sectores opositores y medios de prensa, con escaso éxito, por cierto, no tiene absolutamente nada que ver con el texto de la Constitución ni con la posible violación de la misma, más bien con la intolerancia y la falta de respeto que debe primar en una sociedad democrática a quienes opinan diferente.

    Y, lo más preocupante, que se pretenda distorsionar la Constitución, es decir, violarla, bajo el engañoso empeño de defenderla, confundiendo a la ciudadanía.

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  9. Maldita polarización
    16 Dic 2016

    Por Pablo Noé

    El tema de discusión de moda en la política no es más que otra de las escaramuzas que demuestra los intereses reales de los diferentes sectores. La posición frente a este tema es directamente proporcional a las apetencias de cada sector. Los que buscan seguir o retornar al poder a favor, los que intentan allanar su camino hacia el Palacio de López, en contra. El tablero, sin embargo, es vertiginosamente dinámico de acuerdo a cada coyuntura particular.

    Quienes se llenan la boca de institucionalidad y defensa del Estado de Derecho y verdaderamente lo defienden por convicción, son muy pocos. Solo hay que escarbar los antecedentes cercanos y las filas de propulsores de una idea estaba conformada por muchos de los que ahora están en contra. Y viceversa. El mismo escenario se vivió en junio del 2012 o en marzo de 1999 (y sus meses posteriores), tiempos duros de nuestra frágil democracia

    En los tiempos que estamos viviendo, del acceso casi ilimitado a fuentes de información, el diagnóstico es peligrosamente similar al desarrollo de todo el proceso democrático. La influencia de los grupos fácticos sigue imponiendo su voluntad. La realidad cruel es que la distancia entre los intereses de la gente, que sufre la pesada carga de la politiquería extrema, es exponencialmente diferente a los planteamientos con los que se llenan los espacios en los medios de comunicación.

    La guerra se huele en el ambiente y las armas están al viento, elevando el nivel de tensión a niveles insoportables. Los golpes bajos y los contragolpes certeros empezaron a notarse. La duda que queda es saber cómo marcará el nivel de cordura, cuando lo único que se busca es ostentar la fuerza de instalar verdades, sin analizar a profundidad el costo que acarrea cada decisión tomada.

    Lo que realmente preocupa, y es el motivo de este comentario, apunta a lo cerca que estamos de dar el siguiente paso, de la polarización. Esa que divide las aguas en dos y en donde se impone el fanatismo por encima de la racionalidad. En donde todo es maleable de acuerdo a los intereses puntuales, y el relativismo cobra un protagonismo irreversible. En donde, como la ley de la selva, impone su voluntad el más fuerte, sin importar el costo que eso implique.

    La guerra se huele en el ambiente y las armas están al viento, elevando el nivel de tensión a niveles insoportables. Los golpes bajos y los contragolpes certeros empezaron a notarse. La duda que queda es saber cómo marcará el nivel de cordura, cuando lo único que se busca es ostentar la fuerza de instalar verdades, sin analizar a profundidad el costo que acarrea cada decisión tomada. En medio de estos fuegos de artificio, existe un montón de ilusiones ciudadanas que navegan con destino desconocido, ya que a pesar de clamar a los cuatro vientos sus verdades, las mismas están subordinadas a la futura conformación del tablero político.

    El Paraguay es un país con enorme potencial, con una economía sólida, con recursos naturales, talento humano y niveles de competitividad empresarial que son envidiables, pero que sufre por la tergiversación de las prioridades sociales. Con estos factores a favor, es inconcebible que siga existiendo una desigualdad de oportunidades que es grosera, con personas que no acceden a condiciones mínimas de educación y salud, con un sector subempleado al borde de la explotación, con una población que sufre con sus necesidades fundamentales insatisfechas.

    La fórmula, cual solución mágica, en la retórica se plantea simple, acuerdos comunes para temas nacionales, y priorizar los esfuerzos para paliar las carencias principales de la gente. Sin embargo, el objetivo esencial de la élite política apunta a fortalecer sus intereses sectoriales, con un crecimiento a espalda de la población, aquella a la que piden su apoyo cíclicamente, y a la que olvidan patológicamente.

    El desafío ciudadano es evitar caer en un camino sin retorno, la maldita polarización de sectores, tanto porque nuestras prioridades son diferentes y porque las diferencias partidarias son solamente cromáticas.

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  10. La chapuza política es muy cara

    Decíamos en este mismo espacio en julio pasado: “Violar la Constitución por oportunismo político es pésima carta de presentación como República y como Nación. Hasta bien entrado el siglo XX, esa práctica paraguaya era puramente anecdótica y a nadie en el mundo importaba.
    Pero en el universo globalizado e hiperconectado de hoy, el más leve desliz institucional es percibido, señalado y penalizado por todos los organismos internacionales de evaluación y convivencia”.

    Aunque suene autoreferencial, debemos decir que esta advertencia, fundada única y exclusivamente en el más elemental ejercicio de la lógica, tuvo eco en la realidad. Paraguay está destinado a ser un jugador importante en las entidades regionales de cooperación y crédito, entre ellas, la Corporación Andina de Fomento, a cuya presidencia aspiraba la representación nacional. Pero las turbulencias causadas por el intento de modificar la Constitución para asegurar un periodomás al Presidente Horacio Cartes y haciéndolo, por lo demás, violando la propia Carta Magna, no cayó muy bien en el seno de la CAFque prefirió optar por el candidato peruano quien asumirá en abril próximo. Naturalmente, por razones obvias, estas cosas no se explicitan abiertamente, pero en términos protocolares hay formas mediantelas cuales un colectivo hace saber qué cosas no cuadran o no son aceptables en alguno de sus miembros.

    Hay algo que la dirigencia política paraguaya debe entender de una buena vez. Ya no estamos en las turbulentas épocas en que el país resolvía sus crucigramas políticos derribando gobiernos de la noche a la mañana y llamando revolución a hechos que no pasaban de simples asonadas, cuartelazos o golpes de Estado.

    Esta barbarie mantuvo durante décadas al país en el atraso, la miseria y el aislamiento internacional. El golpe de 1904, que derivó en una cruenta guerra civil de cuatro meses, tardó semanas en conocerse en las capitales latinoamericanas y casi un año en cobrar entidad en Europa.

    Hoy, el más leve pestañeo institucional gestado en el Paraguay aparece en forma instantánea en las redes informativas de todo el mundo. Y aunque el hecho suene a minucia frente a acontecimientos inmensamente más graves –la guerra civil de Siria, las travesuras de Donald Trump, etc.-, sus consecuencias no dejan de hacerse sentir con fuerza. Ahí tenemos el caso de la CAF, que aunque acaba de aprobarnosun crédito de US$ 150 millones, decidió confiar su presidencia a un peruano cuando todo indicaba que el candidato paraguayo era el preferido. Lectura rápida del tema: somos confiables para deber, pero no para dirigir.

    No es demasiado lo que se le pide a la actual generación de políticos a cargo de la conducción del país. Por el momento, conque sean seriosy respeten el orden constitucional alcanza. A la próxima habrá que exigirle capacidad para planificar el futuro y diseñar escenarios que hagan del Paraguay un país vivible para sus habitantes y buen destino de negocios para todo el mundo.

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  11. Maniobras para buscar mayores espacios

    Por Osmar Gómez

    La reelección presidencial por ahora esta varada; pero no desechada. La falta de acuerdo entre un sector del PLRA y el Frente Guasu dejó en el limbo la presentación del proyecto en el Congreso.

    Cuando todo parecía acordado, el senador Fernando Lugo, en unas ambiguas declaraciones a inicios de semana, anunció que no votaría a favor de la iniciativa. Eso lo devolvió de un solo golpe al centro de la escena política. Se convirtió de nuevo en el gran elector capaz de sellar un acuerdo o terminar una iniciativa del Gobierno.

    En paralelo los senadores que conforman la bancada del expresidente en el Senado confirmaron que estaban de acuerdo con un segundo mandato presidencial. Incluso anunciaron un voto favorable.

    La maniobra tuvo destinatarios diferentes. Por un lado el Frente Guasu mantuvo su acuerdo con liberales y colorados de apoyar la reelección presidencial. No deshicieron lo pactado. Por el otro Lugo fortaleció su posición en la mesa de negociaciones. El objetivo es llegar a la candidatura presidencial en el 2018; pero no implica ceder espacios más allá de los que sean estrictamente necesarios.

    En el sector liberal encabezado por el senador Blas Llano la posición gaseosa del exmandatario genera crispación poniendo en duda todos los acuerdos. No solo el voto en bloque se puso en cuestión, también se reinició todo el debate sobre la integración de un frente político para las elecciones presidenciales de 2018. Los liberales se preguntaban si era seguro armar un proyecto político cuando se renunciaba a los compromisos.

    Ahora el Frente Guasu y los liberales que responden al liderazgo del senador Llano volvieron a la mesa de negociaciones para tratar de rearmar un acuerdo. Sin Lugo apoyando la enmienda constitucional, las ventajas del Frente Guasu en el proyecto político para las elecciones presidenciales se reducen. No se pueden obtener espacios amplios si el compromiso es mínimo. Aún así los sectores de izquierda se niegan a resignar cuotas de poder. Además de la candidatura presidencial pretenden una importante cantidad de bancas en el Congreso.

    La situación está en un punto bastante frágil y complicado. La amenaza del senador liberal Fernando Silva de no votar por una enmienda si Lugo no votaba a favor fue la muestra más clara del debate interno que mantienen ambos sectores.

    El margen de maniobra del expresidente es acotado. Cada día que pase su nominación presidencial se complica. Dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia su candidatura es un paso con demasiados riesgos.

    Esos riesgos se mostraron más claros que nunca en la tarde de ayer cuando la Justicia Electoral falló a favor del Partido Colorado admitiendo que la campaña del expresidente era engañosa. Una decisión similar de último momento podría acabar con su candidatura.

    En medio de ese juego de intereses el Frente Guasu y los liberales deberán resolver qué camino será el más conveniente para sus aspiraciones. Un acuerdo a favor de la enmienda abre el juego a todos, pero somete al país a una fuerte tensión política capaz de desbordar. Cerrar el camino de un segundo mandato presidencial pone un muro a los seguidores de Lugo allanando el camino para el PLRA encabezado por Efraín Alegre y para todos aquellos que pretendan representar a la izquierda.

    Desde el oficialismo liberal, la disidencia colorada y sectores de izquierda no afines a Lugo se endurecen las posiciones, se eleva la virulencia del discurso y se abre la posibilidad de una confrontación plena, sin concesiones.

    Lugo en las últimas horas trató de recomponer en algo la alianza con los liberales. Admitió que la concertación es el camino, pero por ahora no hay nada cerrado.

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  12. Decíamos ayer…
    Alfredo Boccia Paz –
    Siempre se dijo que es muy difícil resistir a un archivo, pero lo que estamos viendo y escuchando en estos días incursiona en lo delirante. Cuesta elegir a los ganadores de este insólito certamen de incoherencia política.
    Aparecen alianzas increíbles entre sectores que hasta hace poco tiempo estaban dispuestos a acuchillarse. El Frente Guasu reinició un idilio con el llanismo que parecía imposible. Ya olvidaron que en las últimas municipales de Asunción dijeron que no podían apoyar a Mario Ferreiro porque este era el candidato de los liberales que traicionaron a Lugo.
    En la OEA no se reponen del asombro. Los que están en contra de la enmienda fueron allí a denunciar un delito aún no cometido. Y los que están a favor fueron a mostrarle que aquellos que están contra la enmienda habían presentado hace unos meses un proyecto a favor de la misma con una hermosa exposición de motivos. Si era para rechazarlo, ¿por qué se esforzaron tanto en escribir argumentos tan contundentes? También se recordó un ejemplo en sentido contrario: el actual asesor jurídico de Horacio Cartes, Darío Filártiga, había firmado en 2006 un magistral dictamen en el que descartaba que se pudiera apelar a la enmienda como vía para la reelección. Cartes aportó sus propias contradicciones. Y fueron tantas, que se ganó un buen espacio en la CNN, un medio internacional en el que las noticias del Paraguay no son frecuentes.
    Para intentar poner algo de orden en este caos de incoherencias, le propongo un ejercicio de memoria. Para ello será necesario que aceptemos considerar el juicio político de junio del 2012 contra Lugo como algo muy parecido a un golpe de Estado. Esto puede ser discutible, pero es preciso asentirlo para que podamos seguir. Del mismo modo, el intento de los senadores de volver a presentar el proyecto de enmienda ya rechazado también debe ser aceptado como algo muy parecido a un golpe de Estado. Esto nos permitirá clasificar a las bancadas parlamentarias en cuatro grupos.
    En el primero están los que en el 2012 estuvieron en contra del golpe, pero están a favor en el 2016. Aquí entra el Frente Guasu. En el segundo grupo están los que apoyaron el golpe hace cuatro años y ahora son defensores de la institucionalidad. Aquí están los liberales efrainistas, los colorados disidentes y el PDP.
    En el tercero hay que incluir a los que estuvieron a favor del golpe tanto en el 2012 como en el 2016. Son los colorados oficialistas, los liberales llanistas y el Unace. En rigor, estos son coherentemente anticonstitucionales. Hay muy pocos en el cuarto grupo, el de los que estuvieron en contra del golpe en el 2012 y siguen estando en contra ahora. Luis Alberto Wagner es uno de ellos. Y también la bancada de Avanza País, aunque esta no existía como tal en 2012. Como ve, la coherencia es una virtud escasa en estas tierras. Por suerte están los archivos, para que no nos engañen con discursos inflamados.

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  13. ¡Todo es ilusión!
    17 diciembre, 2016
    Por Fito Cabral

    Cada vez que escucho a los únicos líderes decir que NO son ellos los que buscan la reelección y que hasta se molestan cuando les plantean la posibilidad, ¡me río de janeiro!

    Mi paso por la dirigencia sindical y por la militancia política partidaria me enseñó que el autoritarismo es una de las formas más aceptadas de liderazgo en nuestra sociedad en la que es natural que las reglas se adapten a los dirigentes y no al revés.

    Tengo una noticia para los que creen que Stroessner ignoraba lo que hacía su entorno, para los que creen que Lugo estuvo en contra del proyecto de enmienda para la reelección en el 2011 y para los que creen que Cartes ordenó a sus lugartenientes que se concentren en gobernar y se olviden de buscar votos para modificar la Constitución Nacional: ¡cayeron como chorlitos! (eso quiere decir en mi idioma: no sean sonsos…)

    Cartes y Lugo lideran los esfuerzos por lograr la reelección y cada vez que dicen lo contrario les crece un poco más la nariz.

    Es que si lo dicen abiertamente van a quedar como unos angurrientos de poder, como unos líderes mesiánicos que no dejan crecer a ningún otro líder político bajo su extensa sombra patriarcal, como el resto de los que no dudan en lanzar una blanca mentirita con tal de conseguir su objetivo, van a quedar como… como lo que son.

    Tengo que decir que no los culpo; el entorno también es responsable de alimentar sus ansias de poder porque al fin y al cabo, como las rémoras que viven pegadas al tiburón, su sobrevivencia depende del líder que de acuerdo a su lealtad incondicional les dará un privilegiado lugar en la mesa del banquete.

    Los líderes autoritarios siguen siendo muy atractivos para nuestra sociedad y esto no solo es una opinión personal, es lo que concluían los estudios de opinión en las últimas elecciones presidenciales, reflejando una preferencia mayoritaria hacia el candidato que demostraba firmeza en su discurso y mano dura en sus decisiones.

    Cartes y Lugo, o Lugo y Cartes, sueñan despiertos con la reelección porque, como bien lo dijo Lenin: “Salvo el poder, todo es ilusión”.

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