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El pueblo debe elevar su voz en defensa de la Constitución

El obispo de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo, no pudo ser más preciso y sensato en su respuesta a los periodistas tras la misa que presidió ayer en Caacupé. Consultado sobre la posible decisión del presidente Horacio Cartes de renunciar para presentarse luego a la reelección ya como expresidente, dijo que la Constitución es clara al respecto, que establece los mecanismos de enmienda y reforma para modificarla, pero que este ya no es momento oportuno para recurrir a ellos. Consultado acerca de que sea la máxima instancia judicial la que resuelva al respecto, el prelado dijo: “La Corte Suprema de Justicia no puede estar por encima de la ley máxima de la República, que es clara al respecto”, aludiendo a la actual prohibición constitucional para la reelección de los presidentes.

Lamentablemente, unos pocos ambiciosos que piensan que solo ellos pueden salvar al país y llevarlo a un mejor porvenir, secundados por sus respectivos adulones, no dejan de manosear el tema de la reelección presidencial. Quieren pasar por alto el art. 229 de la Constitución, que dice en su primera parte: “El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. NO PODRÁN SER REELECTOS EN NINGÚN CASO” (las mayúsculas son nuestras).

Pero, para el presente estadio de las discusiones y para quienes impulsan el ansiado “rekutu”, tal vez sea aún más esclarecedora la segunda parte del mismo artículo, que dice: “El Vicepresidente solo podrá ser electo Presidente para el período posterior si hubiese cesado en su cargo seis meses antes de los comicios generales. Quien haya ejercido la presidencia por más de doce meses no podrá ser electo Vicepresidente de la República” (las negritas son nuestras).

Quienes hoy pretenden que la prohibición de la reelección solo rige para los presidentes en funciones, podrán observar que el mencionado artículo solo permite al Vicepresidente pugnar por la presidencia en el próximo periodo, para lo cual debe renunciar al cargo seis meses antes. NO HABLA DE UNA PREVIA RENUNCIA DEL PRESIDENTE con el mismo objeto: para él rige la prohibición absoluta de la reelección. Y, aun más, establece que un Presidente que ejerció el cargo por más de doce meses no puede ser electo ni Vicepresidente de la República.

Como puede verse, la frase “no podrán ser reelectos en ningún caso” no establece ninguna excepción; no habla, por ejemplo, de presidentes que fueron destituidos a través de juicio político o que hayan renunciado en algún momento.

Está todo muy claro e indiscutible.

Esta es la Constitución que el obispo Robledo pide que se respete. Este mismo religioso, coincidiendo seguramente con muchos paraguayos, aclara que no está en contra de la reelección, pero aboga por que, en un momento más conveniente que el actual, se sigan los canales establecidos para una modificación constitucional y, eventualmente, aprobar un segundo mandato para los presidentes.

Pese a que la prohibición constitucional es clarísima, se le está buscando la vuelta para violar su letra y su espíritu de una manera francamente disparatada. La última ocurrencia surgió del caletre de los asesores del senador Fernando Lugo, y todo indica que ha sido acogida con beneplácito por el presidente Horacio Cartes ante sus repetidos fracasos de enmienda o de reforma. Pero, como puede apreciarse, el art. 229 de la Constitución les cierra todos los atajos. Sin embargo, a juzgar por la ambición sin límites que están demostrando ambos, no puede descartarse que se produzca una grosera violación de la Constitución para permitirles el rekutu, y también a otros –como Nicanor Duarte Frutos– que están mirando de reojo y con simpatía que se les abra una nueva posibilidad.

A mayor abundamiento, eso de renunciar seis meses antes del día de las elecciones para ser candidato a la presidencia de la República, previsto en el art. 235 de la Constitución, solo rige para, entre otros, los ministros del Poder Ejecutivo, los magistrados judiciales, el defensor del Pueblo y los intendentes municipales y gobernadores, mencionados en los incisos 1, 2, 3 y 6. Como son enormes las ganas de retorcer la Constitución, no sería nada raro que los “reeleccionistas” de uno y otro bando lleguen a invocar una absurda interpretación analógica para sustentar la nueva vía inventada. La ciudadanía no debería sorprenderse si los ingeniosos asesores jurídicos sacan de la galera esa artimaña, pues en este país los que mandan son capaces de cualquier cosa con tal de satisfacer su interés personal. Se recurre con todo desparpajo a los más evidentes sofismas para adecuar normas bien claras a las más variadas apetencias.

El presidente de la República que concluye su mandato se convierte en un senador vitalicio, según el art. 189 de la Constitución, tal como el actual senador Lugo le recordó a Duarte Frutos el 6 de septiembre de 2010, algo de lo que parece haberse olvidado ya a esta altura. De nuevo, parece innecesario subrayar que dicha clara disposición fue incorporada justamente para evitar interpretaciones capciosas como la que se está pretendiendo.

La Constitución de 1870, en su art. 89, estableció que el presidente y el vicepresidente de la República “no pueden ser reelegidos en ningún caso, sino con dos periodos de intervalo”. Lo que los convencionales constituyentes de 1992 hicieron fue eliminar la última parte de la norma, precisamente porque no querían que el presidente fuera reelegido, ni siquiera en forma mediata. No lo quisieron por la sencilla razón de que, considerando la dolorosa experiencia pasada con la dictadura stronista, era necesario erradicar de cuajo el vicio del “reeleccionismo”. Para ellos fue tan claro el significado de “en ningún caso” que en los debates plenarios en torno al art. 229 no creyeron necesario abundar al respecto.

En realidad, el manido asunto de la reelección no merece mayores consideraciones desde el punto de vista jurídico, dada la contundencia irrefutable de la norma, por lo que resulta llamativo y alarmante que se hayan unido el hambre del senador Lugo y las ganas de seguir comiendo del presidente Cartes para tratar de chulear descaradamente a la Constitución. ¿Por qué tanto empeño? ¿Acaso creen que solo ellos están en condiciones de gobernar bien, como les hacen creer sus corifeos?

Los líderes de la sociedad que no están incluidos en el contubernio que se está orquestando deben convocar a los ciudadanos y las ciudadanas para hacer oír públicamente su voz en las calles en defensa de la Constitución, para evitar que, una vez más, la República caiga en manos de inescrupulosos que quieren manejarla como un coto privado, esclavos incluidos. Todos nosotros.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/el-pueblo-debe-elevar-su-voz-en-defensa-de-la-constitucion-1542889.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

6 comentarios en “El pueblo debe elevar su voz en defensa de la Constitución

  1. Reelección y estabilidad
    2 diciembre, 2016
    De forma absolutamente irresponsable y hasta peligrosa, el presidente Horacio Cartes y el expresidente Fernando Lugo vienen promoviendo una absurda teoría que pretende validar la reelección presidencial, recurriendo a la Corte Suprema de Justicia. El sofisma que se utiliza como base de la argumentación es que la Constitución habla de presidente y vicepresidente y que en ningún momento habla de expresidente ni exvicepresidente.
    Lo que la Constitución señala en su artículo 229 es que: “El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso”.
    Se sabe que esta disposición fue incorporada por los convencionales constituyentes, teniendo todavía la sombra de la nefasta experiencia de sucesivas reelecciones del dictador Alfredo Stroessner. Connotados constitucionalistas ya explicaron que el espíritu del artículo constitucional se refiere precisamente a cualquiera que haya ocupado el cargo de presidente y vicepresidente de la República, no hace distinción entre los que renunciaron 12 meses antes o hayan sido destituidos por juicio político. Nuestra Constitución es clara, No podrán ser reelectos en ningún caso, no hay más discusión.
    Más allá de las discusiones legales y de la facilidad con que en nuestro país se pueden torcer las normas, cuando se tiene dinero y sobre todo cuando los intereses de sectores políticos coinciden, existe otro aspecto que hay que analizar y que deberían tener en cuenta, quienes están promoviendo la teoría de la reelección vía Corte Suprema y es el de la gobernabilidad.
    Ni Horacio Cartes ni Fernando Lugo han demostrado ser los mejores presidentes de la República, que hayamos podido tener. En el eventual caso de que pudieran acceder nuevamente a la primera magistratura, qué garantía pueden ofrecer a la sociedad paraguaya de que tendrán la capacidad para una buena gestión. Fernando Lugo no pudo concluir su presidencia por su absoluta inutilidad para administrar conflictos. Alentó la invasión de tierra en el Alto Paraná y llevó al enfrentamiento entre campesinos y policías en Curuguaty, lo que finalmente le costó el juicio político y su destitución.
    Horacio Cartes, antes de concluir su tercer año de mandato ya está generando división dentro de su mismo partido y ya ni siquiera tiene mayoría en Diputados, lo cual le tornará más complicado todavía la última parte de su mandato. Si ambos aspirantes a la reelección ni siquiera pueden terminar con tranquilidad su gestión ¿qué sustento tienen de que en el próximo periodo puedan ofrecer estabilidad y tranquilidad a la sociedad paraguaya?
    Aquí convendría recordar las palabras el presidente EE.UU., Barack Obama, el 28 de julio del 2015 ante la Unión Africana. En un esclarecedor discurso Obama califica de “líderes fracasados” a aquellos que violan su Constitución para extender su periodo presidencial. “Cuando un líder trata de cambiar las reglas a medio juego sólo para quedarse en el poder, se arriesga a la inestabilidad y a la contienda”. Nuestra sociedad está cansada de la inestabilidad creada para satisfacer intereses personales, razón suficiente para de una buena vez poner fin a la telenovela de la reelección.

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    Publicado por Anónimo | 2 diciembre, 2016, 10:52 am
  2. Nuestro frágil Estado de Derecho está en peligro
    02 Dic 2016

    Por Óscar Germán Latorre

    Los políticos están destruyendo el país y nos están exponiendo a vivir en un mundo sometido a sus barrabasadas y arbitrariedades que son contrarios a la Constitución Nacional.

    Los senadores colorados disidentes, los opositores, los liberales que siguen a Efraín Alegre y algunos otros que acostumbran pasar de carpa en carpa, primero se negaron a la vía de la enmienda para modificar la Constitución y permitir la reelección del Presidente. Según alegaron, la enmienda no era el camino –lo que es absolutamente falso– y que solo la reforma podía permitir la modificación del texto del Art. 229 de la Constitución Nacional.

    Cuando el oficialismo colorado desistió de la enmienda y planteó una posible reforma constitucional, aquellos que se opusieron a la enmienda dijeron que no apoyarían una reforma constitucional que permita a Horacio Cartes ser reelecto. Esta posición tiene fundamentos exclusivamente políticos y persigue el objetivo de excluir toda posibilidad de que el actual presidente de la República, a pesar del supuesto bajo porcentaje de aceptación que señalan algunas encuestas, pueda postularse nuevamente como candidato a Presidente. Estos omnipotentes senadores que siempre se han burlado de la Constitución no se han percatado que al cerrar las vías constitucionales para modificar la prohibición de reelección, están permitiendo que algunos ex presidentes que pretenden la reelección en el año 2018, desarrollen estrategias y posibles planteamientos que si vulneran el mandato constitucional.

    En efecto, los asesores de Fernando Lugo siguen sosteniendo que la restricción solo afecta al actual presidente, por encontrarse en ejercicio del cargo pero no a quienes concluyeron su mandato. Este dislate jurídico en un país serio no generaría comentario alguno, pero vivimos en el Paraguay donde el 1 + 1 no siempre da 2 y muchas resoluciones judiciales se dictan conforme a los intereses coyunturales del momento, sin importar la Constitución y las leyes.

    Fernando Lugo es ligero e irresponsable cuando pretende imponer la vía de la certeza constitucional para ser habilitado como candidato a presidente en el 2018. Su planteamiento es sencillamente un disparate. Pero es necesario reconocer que estamos llegando a una situación de posible quiebre constitucional porque la mayoría del Senado bloqueó las dos vías constitucionales habilitadas para permitir la reelección presidencial.

    Y esa verdad incontrovertible plantea una interrogante necesaria: ¿quién es más responsable de esta posible crisis constitucional? ¿Es Fernando Lugo o quienes usurparon la voluntad popular y le cerraron las puertas a su reelección? Antes que la crisis estalle con un efecto devastador para el ordenamiento jurídico constitucional de la República, los políticos deberían pensar en el daño que están causando al país y plantearse la posibilidad de convocar a una enmienda o a una reforma constitucional para que sea el pueblo el que, directa o indirectamente, decida si la reelección presidencial será admitida o rechazada. Esta posibilidad parece un sueño inalcanzable en nuestro país pero me permito platearla para evitar un daño mucho mayor del que hasta ahora tenemos.

    Por último, resalto que no son los senadores ni los diputados quienes tienen la soberanía, sino el pueblo y es éste el que debe decidir su destino.

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    Publicado por Anónimo | 2 diciembre, 2016, 10:37 am
  3. Cultura del compromiso
    02 Dic 2016

    Por Pablo Noé

    Es difícil comprender racionalmente lo que implica el fenómeno de las festividades de Caacupé para el pueblo paraguayo. La movilización en masa de la población que acude cada año a ofrendar su sacrificio, o a pagar sus promesas a la Virgen es prácticamente inexplicable tomando en cuenta varios factores.

    Una de las dudas se produce cuando habitualmente el paraguayo asume una postura radicalmente diferente al ser convocado a manifestarse contra las injusticias de una sociedad totalmente desigual. En estas citas, el ciudadano no ofrece el mismo compromiso. Si es convidado a participar de una manifestación contra el despilfarro de bienes del Estado, o la inseguridad, o para pedir una mejora en las condiciones de educación y salud de su comunidad, la asistencia suele ser mínima. El grado de vinculación que tiene para defender estas demandas tampoco alcanza los niveles esperados. Lo máximo que se consigue es un compromiso a regañadientes de boca para afuera.

    El motivo principal por el que nos comportamos así se puede entender en el grado de credibilidad que existe en nuestra sociedad hacia nuestras organizaciones. Se asume que honrar el compromiso con la Virgen de Caacupé es fundamental, por la retribución particular que reciben las personas en recompensa a este esfuerzo. El vínculo emotivo con la promesa a la Virgen y su imagen inmaculada, genera una empatía que trasciende las barreras de la racionalidad y el mediocre accionar de los hombres, incluso aquellos vinculados a la administración de la Iglesia.

    Una situación totalmente diferente cuando analizamos los otros temas sociales que nos agobian. Principalmente porque el liderazgo de estas convocatorias, o tienen un tinte político, o finalmente, el ciudadano común se siente defraudado pensando en que sus manifestaciones están destinadas al fracaso.

    La educación es un factor fundamental para apuntalar esta conducta. La Iglesia Católica, a pesar de su infinita cantidad de gruesos errores que se originan en la propia cabeza de la misma, tiene un impacto fuerte en la sociedad y el paraguayo está formado desde antes de tener uso de razón para comportarse como un buen practicante de las costumbres de la religión. Las escuelas, colegios y universidades sirven para fortalecer este espíritu cristiano que queda grabado en un gran porcentaje de las personas.

    En contrapartida, la educación cívica, la defensa de nuestros derechos, el pensamiento crítico son totalmente ajenos a nuestra formación. No se llega a conmover a las personas intentando despertar su interés por defender sus derechos. También se fracasa en establecer el sentido del compromiso. En este punto, la Iglesia Católica también presenta una importante similitud, ya que la inmensa mayoría de los que asisten a la misa central de Caacupé lo hacen por única vez en el año. El resto del tiempo, son católicos de palabra.

    Es difícil encontrar motivos en los que los paraguayos podamos unirnos para hacer causa común, buscando obtener satisfacciones, que honestamente nos merecemos. Una mejor formación ciudadana, necesariamente estará acompañada de liderazgos diferentes que ofrezcan y cumplan con sus compromisos y responsabilidades sociales.

    Solamente así se podrá comprender que salir a defender nuestros derechos y respetar nuestras obligaciones es el único camino para construir una nación más equitativa, con niveles de desigualdad que se eliminen paulatinamente.

    Todos los estamentos sociales requieren de una revisión a fondo. En donde se encuentren los problemas para fortalecer las instituciones y que las personas se transformen en partes de un engranaje y no los únicos salvadores de la patria. Que la racionalidad ayude a comprender y respetar nuestra condición humana, fortaleciendo nuestras acciones respaldadas en una imprescindible paz espiritual.

    En la semana de la peregrinación del pueblo paraguayo a la Virgen de Caacupé es importante destacar como ejemplo este signo innegable de nuestra cultura. Debiéramos aprovechar esta conducta para aprender de la misma y no para seguir dividiéndonos. Quizá este sea el rumbo para empezar a construir un país mejor.

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    Publicado por Anónimo | 2 diciembre, 2016, 10:36 am
  4. La Corte no debe caer en el juego político de la reelección

    La Corte Suprema de Justicia aparece como la instancia que podría avalar que los ex presidentes de la República puedan presentarse nuevamente como candidatos, a pesar de la prohibición constitucional. La versión de la ex presidenta del Partido Colorado, de que si Lugo llega a ser habilitado, Cartes renunciaría seis meses antes y también volvería a ser candidato, es cuestionada por varios constitucionalistas, pero en un país en donde lo político suele primar sobre lo jurídico hay que llamar la atención a los ministros de la Corte acerca del grave daño que le pueden causar al sistema democrático.
    Entre las muchas vueltas que se le vienen dando en los ámbitos político y jurídico a la pretensión de que el actual presidente de la República, Horacio Cartes, pueda ser reelecto en el cargo, a pesar de la expresa prohibición contemplada en la Constitución Nacional, surge ahora una nueva versión, difundida por la ex presidenta del Partido Colorado, la senadora Lilian Samaniego.

    La estrategia revelada por la legisladora oficialista, luego de una reunión con el mandatario en Mburuvicha Róga, es que si la Corte Suprema de Justicia termina habilitando al ex presidente Fernando Lugo –quien también busca su reelección con el argumento de que no se le permitió terminar su mandato en el anterior periodo presidencial, tras haber sido destituido por un juicio político abreviado en junio de 2012–, el actual jefe de Estado renunciaría a su cargo seis meses antes de concluir su periodo de gobierno y de ese modo podría presentarse nuevamente en busca de su reelección.

    Aunque la mayoría de los expertos constitucionalistas sostienen que la Carta Magna es muy clara en su artículo 229, al disponer que el presidente y el vicepresidente “no podrán ser reelectos en ningún caso”, son varios los intentos que se están haciendo, en forma separada, desde el oficialismo colorado y desde el izquierdista Frente Guasu, por lograr la reelección de Horacio Cartes y de Fernando Lugo.

    La tesis del equipo jurídico de Lugo –planteada el lunes último durante una presentación ante la Justicia Electoral, en respuesta a una demanda presentada por el Partido Colorado acusando al ex mandatario de hacer propaganda política “engañosa” y violar la Ley Electoral– es que la Corte Suprema de Justicia debe interpretar lo dispuesto en la Constitución y definir si Lugo puede ser o no candidato a presidente para el 2018.

    Sobre esta misma tesis, ahora el oficialismo colorado, a través de la senadora Lilian Samaniego, anuncia que si la Corte Suprema habilita a Lugo como candidato, el mismo dictamen beneficiaría al actual mandatario, quien en este caso está dispuesto a renunciar a su cargo seis meses antes de concluir su periodo presidencial, para presentarse de nuevo como candidato a las elecciones.

    Aunque varios constitucionalistas aseguran que estas tesis no son viables, muchas voces temen que desde la Corte Suprema se haga primar de nuevo lo político sobre lo jurídico, y se acabe concediendo un dictamen favorable a la reelección, lo que significaría violar la Constitución, tal como lo ha advertido el obispo de San Lorenzo, monseñor Joaquín Roble, durante las celebraciones de la Virgen de Caacupé.

    Los ministros de la Corte deben ser muy conscientes y no caer en este perverso juego político, que dañaría gravemente al sistema democrático.

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    Publicado por Anónimo | 2 diciembre, 2016, 10:16 am
  5. DICIEMBRE 01, 2016
    Que Cartes y Lugo se alíen para violar la Constitución Nacional podría contemplarse dentro de los acuerdos y componendas propios de la emporcada política vernácula. Pero llevar al contubernio a la Suprema Corte de Justicia con un argumento falaz y amañado, es violar con premeditación, alevosía y contumacia no solo a la CN, sino al mismo concepto de democracia.
    La CN establece con meridiana claridad la imposibilidad de reelección de quienes hayan sido presidentes de la república.
    La CN establece que la única manera de modificar los artículos vinculados con la reelección es la reforma constitucional.
    El único paso válido es convocar una constituyente y, en caso de que así se decida, articular el criterio de reelección que pudiera establecerse.
    Reiteramos que cabe comprenderse que en la política se puedan elucubrar acciones a contrapelo y no siempre claras, como podríamos discutir respecto de la destitución de Lugo, por ejemplo. Lo que es inaceptable, es que se involucre a la Corte Suprema para validar lo invalidable.
    Si Lugo, Cartes y los miembros de la Cortes Suprema de Justician se alían para llevar adelante este despropósito, estaremos ante un caso flagrante de asociación ilícita para delinquir.
    O.B.

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    Publicado por Anónimo | 1 diciembre, 2016, 11:34 am
  6. Primero la patria después los bolsillos
    1 diciembre, 2016

    Caacupé se convierte todos los años en la esperanza de todos los paraguayos y los obispos en la caja de resonancia de las preocupaciones ciudadanas. La fiesta de la Virgen congrega a miles de compatriotas y es una oportunidad para la Iglesia Católica de emitir su mensaje para la sociedad. Este año, una vez más, la corrupción se convierte en el punto central de las homilías de los celebrantes. Es así que durante el novenario a la Virgen de Caacupé, el obispo del vicariato apostólico del Chaco, monseñor Gabriel Escobar dedicó gran parte de la reflexión a la necesidad del combate a la corrupción en el gobierno.
    “Con mucha tristeza vemos que la corrupción sigue latente y no podemos quedarnos callados ante esto, porque el que calla otorga. Muchas veces nos callamos por amedrentamiento, por miedo. El papa Francisco decía a las autoridades y a todos los paraguayos: primero la patria y después los bolsillos. Lo primero tiene que ser el amor a este terruño donde hemos nacido, primero el bien común y después lo particular. Ayudémonos a vencer este flagelo de la corrupción”, instó el religioso.
    Monseñor Escobar expresó también su preocupación por los jóvenes, quienes necesitan nuevos modelos de líderes a imitar, líderes que tengan amor a la justicia, a la transparencia y la tolerancia. Es precisamente en ese sentido que nuestra sociedad está carente de modelos de patriotas. Los líderes a quienes elegimos para representarnos una vez en el poder, decepcionan a la ciudadanía respondiendo a intereses sectarios y muchas veces obrando en perjuicio de los ciudadanos.
    Son los funcionarios públicos, responsables de las instituciones del Estado, quienes antes que responder a la ciudadanía se convierten en cómplices y eslabones de la cadena de la corrupción. El obispo Escobar criticó las obras encaradas con el dinero del pueblo, que nunca se concretan, o quedan inconclusas a pesar del dinero que se desembolsa. “Hay algo que no funciona y creo que ese algo son nuestras fiscalizaciones, porque están amañadas. No puede ser que si sos fiscalizador no digas: ‘esto no está bien, están robando al pueblo’. Y nos callamos. Debemos denunciarlos, porque es dinero del pueblo que debe volver al pueblo, no a algunos bolsillos”.
    Lo triste es que aquellos que más fervorosamente demuestran su convicción cristiana y su fe en la Virgen María, son los que años tras años engrosan su fortuna a costa de la miseria de la mayoría. Las prédicas desde el púlpito de Caacupé, al parecer no hacen mella en ellos. A pesar de las críticas de la iglesia de todos los años, los corruptos siguen campantes, acudiendo a misa haciendo oídos sordos a los reclamos de los pastores.

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    Publicado por Anónimo | 1 diciembre, 2016, 7:45 am

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