Un necesario mecanismo de seguridad para los periodistas

La firma de una carta de intención entre los representantes de los tres poderes del Estado y la Unesco para establecer un mecanismo de seguridad para los periodistas del Paraguay significa un importante avance, siempre que no quede como un acto protocolar, de pura imagen ante la comunidad internacional, mientras las amenazas reales siguen plenamente vigentes. Hasta ahora, el Gobierno y los demás organismos estatales no han mostrado mucha voluntad política para frenar los ataques contra la prensa y hay una larga lista de 17 periodistas asesinados, la mayoría en situación de total impunidad. Si este nuevo instrumento jurídico sirve para romper ese círculo de violencia, merece el total apoyo ciudadano.

Desde hace años, el Paraguay figura entre los países en donde el ejercicio del periodismo es una aventura peligrosa, especialmente en las zonas de frontera, donde impera la acción de bandas armadas y grupos del crimen organizado, especialmente del narcotráfico, debido a que el Gobierno y las demás instituciones del Estado no han conseguido crear condiciones de seguridad para el trabajo de la prensa.

Desde que el director de Radio Mburucuyá, Santiago Leguizamón, fue acribillado a balazos por sicarios de la mafia fronteriza, en Pedro Juan Caballero, Amambay, el 26 de abril de 1991, simbólicamente en el propio Día del Periodista Paraguayo, se han sumado otras 16 situaciones de trabajadores de prensa asesinados por la tarea de informar. La mayoría de estos casos no han sido debidamente investigados por la Justicia y permanecen en la impunidad, incluyendo el caso de Leguizamón, que próximamente sería revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante un pedido de los familiares y de organizaciones de periodistas.

Hasta ahora, el Estado paraguayo no ha mostrado mucha voluntad política en crear mecanismos de seguridad para periodistas. Una primera iniciativa de un protocolo de protección, elaborado por una comisión de la Policía Nacional y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), con respaldo del Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep), quedó congelado desde hace más de un año porque las autoridades no respondieron más a los insistentes reclamos para su firma e implementación.

También hay un proyecto de ley elaborado por la diputada Olga López, que propone un mecanismo de protección a comunicadores, con respaldo de los gremios de prensa, pero tampoco ha encontrado suficiente apoyo de las distintas bancadas políticas en el Congreso, hasta el momento.

Por ello, la firma de una carta de intención entre los representantes de los tres poderes del Estado y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para establecer un mecanismo de seguridad para los periodistas del Paraguay significa un importante avance, siempre que no quede como un acto protocolar, de pura imagen ante la comunidad internacional, mientras las amenazas reales siguen plenamente vigentes.

Hasta ahora, varios corresponsales en la zona fronteriza deben trabajar con protección policial y recibiendo constantes amenazas de muerte. Hace pocos días, el local del diario TNPress fue baleado en Ciudad del Este, un par de meses otra emisora de Pedro Juan Caballero fue atacada con explosivos y periodistas de Itapúa fueron golpeados como represalias por publicaciones.

Si este nuevo instrumento jurídico entre los poderes del Estado y la Unesco sirve para romper ese infernal círculo de violencia contra los periodistas, merece el total apoyo ciudadano.

http://www.ultimahora.com/un-necesario-mecanismo-seguridad-los-periodistas-n1043665.html

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Un comentario en “Un necesario mecanismo de seguridad para los periodistas”

  1. De la intención, a la acción que no sucede

    Por Susana Oviedo
    El Paraguay se convertirá en el primer país que establecerá un mecanismo de seguridad de periodistas en el que estarán involucrados los tres poderes del Estado, con acompañamiento de la Fiscalía General. Así será, si se concreta este anuncio.

    La noticia debería provocar regocijo a los ciudadanos en general y a los periodistas en particular. Pero no es así.

    El lunes se firmó una carta de intención en la Cancillería Nacional con la que el Gobierno Nacional se compromete con la cooperación de la Unesco a diseñar ese mecanismo para mayor protección del ejercicio periodístico en el país y así enfilar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

    Como ocurre históricamente en el Paraguay, cualquier iniciativa del gobierno de turno, primeramente despierta sospecha y dudas. La gente inicialmente se pregunta qué se traen entre manos las autoridades de turno.

    Por lo general, anuncios positivos como este se asocian con la intención de distraer a la opinión pública de algún tema urticante o que haya provocado una fuerte polémica, con efecto en la popularidad de los gobernantes. O bien se asocian con los fines electoralistas que, normalmente, comienzan a potenciarse entre el tercer o cuarto año de gestión de un gobierno, como sucede ahora con el de Cartes.

    En la Cancillería anunciaron que el mecanismo al que apunta será para impulsar iniciativas tendientes a fortalecer las políticas y la legislación vigentes en el Paraguay sobre la libertad de prensa y seguridad de periodistas. Implicará crear una comisión con representantes de los tres poderes del Estado.

    Cuando hace dos años asesinaron al compañero de ABC, Pablo Medina, a través del Sindicato de Periodistas y del Foro de Periodistas Paraguayos se pidió a las autoridades nacionales que tomaran en serio las condiciones de inseguridad en que se desempeñan los colegas en regiones del país, donde dominan poderes fácticos, como el del narcotráfico y su vertiente más extendida últimamente, la narcopolítica.

    Un grupo de compañeros periodistas trabajaron con la Policía Nacional en un protocolo de protección que, por el desinterés de los sucesivos comandantes, quedó en nada. Pero además, desde las dos organizaciones de periodistas se ha estado trabajando con la diputada Olga Ferreira, en un proyecto de ley de “protección de la libertad de expresión y ejercicio del periodismo”, que sigue pendiente de aprobación. Entonces, en este asunto, la cuestión es que hace más de un año el Gobierno tiene elementos para pasar de la intención a la acción. Algo que una vez más, veremos si sucede.

    http://www.ultimahora.com/de-la-intencion-la-accion-que-no-sucede-n1043974.html

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