Intendentes y el abuso de poder

Con el reciente caso del intendente de Santaní, Agustín Ovando, quien declaró asueto en esa localidad para realizar una manifestación en favor del funcionario de la ANDE, Ariel Venialgo, rememoró varios hechos similares protagonizados por los intendentes.

Es evidente que muchos de ellos incurrieron en el abuso de poder y en algunos casos, abusando de la confianza del presidente de la República, aunque a decir verdad, en este tema de Agustín Ovando es difícil que el señor Horacio Cartes confíe mucho él, porque para muchos es un “traicionero”.

En las elecciones municipales de hace un año ganó gracias a la chapa de HC, por apenas 70 votos. Después ya no pudo “engañar” a nadie. Muchos aseguran que le traicionó a Pedro Aliana, en las elecciones de la ANR. Su poca “gente” habría votado íntegramente a Mario Abdo Benítez.

La única elección que ganó Ovando fue la de Intendencia, luego perdió en la Seccional Colorada de Santaní por 1.000 votos, perdió en la elección para la Junta de Gobierno, para Convencional, para la Junta Municipal, Departamental y otras.

Pero volviendo el tema central de este escrito, sobre el abuso de poder, el mismo se está haciendo costumbre y lo que es peor, algunos para tomar decisiones insólitas y el caso de Ovando es uno de ellos, declarando asueto para una manifestación a favor de un funcionario de la ANDE.

Otro hecho inaudito fue el del intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia (PLRA), quien declaró asueto el pasado 10 de agosto. Fue día del encuentro futbolístico entre Sol de América y el club boliviano Jorge Wilstermann. El partido era a las 20 horas ese día, en Villa Elisa.

Este mismo jefe comunal dispuso el pasado 28 de setiembre otro asueto y obligó a los funcionarios municipales a asistir al desfile en conmemoración a la Batalla de Boquerón.

Suman y siguen los abusos de autoridad. En el distrito de Tembiaporã (departamento de Caaguazú), el intendente Sotero Cáceres, declaró asueto el pasado octubre para una movilización hasta la zona de conflicto, por el desalojo de los ocupantes de la una propiedad de la colonia Guahory.

El intendente de Coronel Martínez, Aricio Román, declaró asueto administrativo y financiero, entre el 21 y el 31 de diciembre del año pasado. El argumento fue la necesidad de ordenar la Municipalidad, “pero en realidad el jefe comunal se dedica a atender la construcción de su estación de servicios”, manifestaron algunos pobladores.

Por su parte, Antonio Peralta Reyes, intendencia Municipal de San Pablo declaró “Asueto Distrital” para facilitar la participación de docentes del municipio en el Congreso Regional de Educación, convocado por la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP SN). El mismo se realizó el 11 de octubre último en la ciudad de Liberación (San Pedro).

Y yendo un poco más lejos, en el mes de julio del 2012, intendente municipal de Carapeguá, Isabelino Silva, declaró asueto para las instituciones públicas y privadas, la banca, la industria y el comercio, por motivo de la inauguración del estadio municipal de esa ciudad.

Pedro Antonio Galeano también declaró asueto en Capiatá en el 2014, cuando el Deportivo Capiatá recibió al Boca Juniors, en horas de la noche.

Sin dudas, es una maldita costumbre que se está tomando. Basta de inventar cosas, basta de esgrimir cualquier excusa para no trabajar.

Por: Cirilo Ibarra Enciso.

http://www.adndigital.com.py/intendentes-y-el-abuso-de-poder/

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3 comentarios en “Intendentes y el abuso de poder”

  1. La transparencia y los reelectos
    7 abril, 2017
    Mientras todo el país está enfocado en las discusiones sobre la enmienda constitucional, el ataque policial a la sede del PLRA, las delirantes versiones que cada día difunden voceros del gobierno sobre los sucesos violentos y la mesa de diálogo convocada por Horacio Cartes, ayer se publicaba en nuestro diario una información de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que dio a conocer el informe del cumplimiento de la Ley 5189, o Ley de la Transparencia correspondiente al mes enero de 2017. De acuerdo al reporte de la SFP solo cinco de los veintidoós distritos del Alto Paraná cumplen al 100 por ciento con la Ley de la Transparencia y son: Itakyry, Santa Rita, Naranjal, Iruña y Mbaracayú.
    Entre los que no cumplen están: Ñacunday, Yguazú, Los Cedrales y Minga Guazú. Los que cumplen a medias: Ciudad del Este, Presidente Franco, Domingo Martínez de Irala, J. L. Mallorquín, Hernandarias, Santa Fe del Paraná, J. E. O’Leary, San Cristóbal, Santa Rosa del Monday, Minga Porã, San Alberto, Tavapy y Dr. Raúl Peña.
    A principios de marzo también la SFP había difundido la lista de municipios que cumplieron o no la referida ley, durante el ejercicio 2016. El resultado fue lamentable. De los 22 distritos solo cuatro cumplieron a cabalidad con la Ley de la Transparencia. En los dos casos aparecen Minga Guazú y Ciudad del Este entre los municipios que no cumplen con la referida ley junto a otros como Juan León Mallorquín, San Cristóbal y Tavapy. Coincidentemente, estos municipios que menos informan a la ciudadanía sobre la utilización del dinero de los contribuyentes, tienen intendentes que fueron reelectos. El discurso de los promotores de la reelección es que cinco años no son suficientes para desarrollar un programa de gobierno y que hay que dar oportunidades a los que tienen buena gestión.
    La realidad muestra que es diferente. Aquello funcionaría en un estado sólido con instituciones consolidadas y fuertes. En nuestra sociedad, la reelección solamente sirve para consolidar grupos de privilegios, que se adueñan de las instituciones, aprovechan su permanencia en el poder para expandir su poderío económico y político, rifando el dinero público entre empresas amigas, creadas solamente para acaparar licitaciones y así asegurar la dilapidación del dinero público. Para eso sirve la reelección. Los intendentes que violan groseramente la Ley de la Transparencia no serán sancionados. Seguirán tranquilamente en sus cargos y probablemente, en las próximas elecciones, utilizando la estructura y el dinero malhabido, colocarán a algún fantoche en la administración para seguir asegurando el esquema de privilegios.

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  2. Presupuesto
    21 noviembre, 2016

    Por primera vez en muchos años los habitantes de Ciudad del Este tuvieron el privilegio de conocer algunos que otros aspectos del presupuesto municipal para el año 2017. La existencia de una mayoría opositora en la Junta Municipal trae por primera vez vientos de cambios y permite por lo menos el debate. Es un gran avance en el proceso de construcción de una sociedad democrática.
    La anterior Junta Municipal se caracterizó por estar conformada por una mayoría oficialista, con concejales de escasa preparación y con gran dosis de prepotencia. En contrapartida, tenían como opositores a un grupo de pusilánimes, faltos de coraje, que agachaban la cabeza dando luz verde a todo tipo de barbaridades. Así nadie nunca se daba por enterado del contenido del presupuesto, dado que la administración de Sandra McLeod de Zacarías no se caracteriza precisamente por poner a conocimiento del ciudadano cómo se utiliza el dinero de sus impuestos.
    Este año, por primera vez, la ciudadanía tuvo acceso al presupuesto, no por iniciativa de la administración municipal, sino porque algunos concejales compartieron copias mediante redes sociales, inclusive los medios de comunicación tuvieron acceso al documento.
    El sábado último se realizó la sesión de la Junta y se aprobó el presupuesto con las modificaciones incorporadas por los concejales. En los días previos y luego de la sesión del sábado se desató una campaña de desinformación, propiciada desde la administración municipal alertando sobre posibles recortes para educación y supuesta clausura de centros educativos. Las ventajas de las redes sociales permitieron dejar en evidencia las burdas campañas, que durante años le había funcionado muy bien al grupo político que maneja el poder en la región.
    Lo más seguro es que la intendente vete las modificaciones incorporadas por los concejales. Luego, éstos no tendrán la mayoría calificada para rechazar el veto y terminará aprobándose el presupuesto tal como remitió la intendencia. ¿De qué sirvió entonces tanto desgaste si vamos a llegar a lo mismo? Primero es un gran logro ciudadano abrir el debate, con más sombras que luces, pero es un enorme paso para la educación ciudadana y la construcción de una sociedad democrática. Además, los concejales de la oposición dieron así un pequeño gran paso hacia la transparencia en la Municipalidad.

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  3. La ciudadanía debe controlar a las intendencias

    Se va cumpliendo el primer año de gestión de los intendentes municipales electos y asumidos en todo el país. Es, pues, un momento oportuno para que sus respectivos electores presten atenta observación a su alrededor, en sus barrios, en sus pueblos y ciudades, a ver qué es lo que se transformó en ellos, qué mejoró, qué promesas políticas se cumplieron efectivamente o se hallan en vías de concreción, y, asimismo, si ya pueden detectar cuáles fueron las mentiras del que hasta hace poco era su vecino y candidato electoral y hoy es su intendente o su concejal, sus omisiones y sus errores.

    En Asunción no es mucho lo que puede anotarse en la columna del “haber” del intendente Mario Ferreiro. A los que se tiene bien individualizados y clasificados como grandes problemas de nuestra capital –desorden del tránsito, contaminación de todo tipo, riesgos para la seguridad pública, incumplimiento general, sistemático e impune de la normativa comunal, superpoblación de asalariados, incuria administrativa, etc.– no se les encuentra ninguna mejoría.

    Seguramente no es razonable atribuir el fracaso relativo de esta nueva gestión administrativa exclusivamente al intendente, si se tiene en cuenta que él no es más que la cabeza visible de un armatoste que se volvió monstruosamente obeso, un paquidermo que traga mucho más de lo que trabaja y produce, perezoso, incapaz de avanzar más que a pasos lentos y vacilantes, casi siempre para nunca llegar, o llegar tarde, a todos los problemas para cuya solución se lo requiere.

    Se sabe ya por experiencia histórica que la intendencia de la Municipalidad de Asunción es un cementerio de políticos. Nadie que pretenda realizar una carrera exitosa y ascender hacia puestos superiores debería aceptar ser candidato para ese puesto, porque de allí ninguno, en este último cuarto de siglo, salió profesionalmente prestigiado y con popularidad, sino todo lo contrario.

    Pero ¿acaso todos los intendentes y concejales que tuvo Asunción en este período citado fueron personas incapaces, deshonestas, ineptas, en suma, lo peorcito que los asuncenos pudimos conseguir para esos cargos? Sería injusto e inmerecido generalizar de esa manera. Mas tampoco se les puede exculpar del todo con el pretexto de que cambiar lo que encontraron ya mal hecho “es demasiado difícil”. Conocían la situación antes de asumir. Por tanto, tienen una responsabilidad clarísima e indelegable, una obligación elemental a encarar que no saben honrar o no se animan, por cobardía moral o conveniencia material, y esta es la transformación de la institución que gobiernan.

    Hace ya tiempo que las municipalidades perdieron su condición de centros verdaderamente comunales, de ámbitos creados para ordenar la existencia urbana, para atender prioritariamente las necesidades del vecindario, para procurar que el bienestar sea un bien compartido equitativamente, y que los habitantes de cada localidad se sientan cada vez más íntima y placenteramente ligados a su “valle”.

    En vez de eso, cayeron en manos de los politiqueros, de esos aventureros que convierten a este noble organismo público en su catapulta particular y guarida de sus allegados y parientes, muy necesario y útil para alcanzar las conocidas finalidades ansiadas por el arribista, tales como hacerse rico rápidamente, ganar influencia en los niveles de mando, crear su clientela electoral propia y particular para financiar sus futuras aventuras políticas.

    Este es, en resumen, el gran fracaso de las municipalidades paraguayas, que, con excepciones muy contadas, ya no sirven a los fines de su creación institucional sino a los de los partidos, grupos y personas que se apoderaron de ellas, abusando o usurpando el nombre de la democracia para transformarlas en lo que son ahora: oficinas políticas, agencias de empleo y usinas de negociados.

    Para peor, cada vez los politiqueros crean más municipios, aprovechando los pequeños caseríos o compañías que se hallan un poco alejados para componer con ellos una comuna ficticia, en donde se ubicará a los correligionarios con salarios y privilegios que son financiados con el impuesto inmobiliario, las tasas por servicios que nunca se prestan pero, sobre todo, para repartirse el botín de los royalties y las cuotas de los proyectos de desarrollo del Gobierno central.

    El pueblo trabajador y contribuyente de tributos fiscales y municipales del Paraguay ya tiene que cargar sobre sus hombros el aparato inútil y costoso de las Gobernaciones y sus Juntas Departamentales, los que, bajo la falacia de la “descentralización”, sirven exclusivamente para mantener gordos a los parásitos que medran chupando la sangre del erario, robándose los recursos que tan desesperadamente se requieren en escuelas, centros de salud, comisarías policiales y caminos, por citar solamente lo más deficitario en nuestro ámbito rural.

    Los intendentes honestos, inteligentes, bien intencionados, con sentimientos patrióticos, tienen el deber de, al menos, intentar convertir la institución municipal en lo que debió ser siempre o no debió dejar de ser jamás: un organismo de la gente y para la gente. Esto implica algo muy difícil de hacer, que es arrebatársela de las manos a los politiqueros y devolvérsela a los dirigentes de la sociedad civil, a los referentes más distinguidos, a las personas que desean servir a su ciudad, a su pueblo, a su “valle”, y que no alientan meramente la intención de ir a aprovecharse de la caja comunal para solventar su carrera política y alimentar su codicia personal.

    Así, pues, los ciudadanos y las ciudadanas tienen una gran tarea que realizar: fiscalizar rigurosamente a sus autoridades comunales para recuperar el buen servicio que deben prestar estas instituciones fundamentales para el desarrollo de los pueblos y ciudades del país.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-ciudadania-debe-controlar-a-las-intendencias-1539203.html

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